Opinión

En los últimos meses se han registrado varios siniestros de tránsito que por su espectacularidad o por el desenlace trágico con pérdida de vidas jóvenes que cobraron han tenido gran impacto en la sociedad sanducera.
La “mala racha” comenzó ya en enero, apenas 24 días de comenzado el año y en pleno empuje de la pandemia de COVID-19. En esa oportunidad una moto de alta performance impactó contra un automóvil que intentó cruzar la ruta 3 a la altura del paraje La Lata, falleciendo en el acto el joven piloto y quedando gravemente herida una chica que viajaba como acompañante. La víctima formaba parte de un grupo de fanáticos de las motocicletas que solían hacer encuentros en distintos puntos, por lo que la noticia impactó de inmediato en su comunidad.

Dos meses después, la escena se repite casi en el mismo lugar y con características idénticas: el 22 de abril un motociclista –que casualmente integraba el grupo de amantes de la motos al que pertenecía el joven fallecido en enero– impactó contra una camioneta que intentaba cruzar la ruta, perdiendo la vida en forma instantánea.
La trágica lista sumó un nuevo renglón dos meses más tarde, el 18 de junio, esta vez en un cruce de calles del radio urbano. Una motociclista perdió la vida tras impactar contra una camioneta en Treinta y Tres Orientales e Instrucciones del Año XIII, convirtiéndose en la tercera víctima fatal en el mismo lugar. Al momento de producirse el accidente la visibilidad era óptima, ocurrió al mediodía en un lugar amplio y con excelentes condiciones del pavimento.

En agosto, dos días antes de la “Noche de la Nostalgia” dos mujeres de 22 y 26 años fallecieron en otro choque, en este caso contra una columna en la zona del Balneario Municipal, en la curva de Avenida de los Iracundos frente al antiguo parador La Angelina. Según testigos, las jóvenes circulaban a cierta velocidad cuando adelantaron a otro motociclista al cual rozaron, para finalmente impactar contra la columna, donde fallecieron en forma instantánea.

Una vez más, se trata de un lugar que ha visto otras tragedias incluso antes de estar las columnas del alumbrado público contra el cordón, así como infinidad de vehículos han terminado sobre la vereda o chocando contra el muro que la delimita en los últimos 50 o 60 años, según cuentan memoriosos.
Pero como las rachas vienen por pares, dos meses más tarde, el 3 de octubre un automóvil volvió a derribar una columna de iluminación en el mismo lugar. En esta oportunidad hubo mayor suerte y, a pesar de que al menos una de las cinco ocupantes recibió graves lesiones –principalmente en las cervicales y una pierna— y otras resultaron con traumatismo de diversa entidad, afortunadamente no hubo víctimas fatales.

Pero el hecho de que en tan poco tiempo esa columna fuese chocada dos veces motivó el reclamo de la ciudadanía a través de las redes sociales para que tales elementos fueran retirados, dado que generan un gran riesgo en caso de accidentes. Esta sucesión de hechos lamentables en el tránsito de nuestra ciudad y alrededores no es un relevamiento completo de lo que ha sucedido en el presente año, pero sirve para analizar la situación que se vive con respecto a la otra pandemia: la de los siniestros de tránsito, para la cual no hay vacuna y sólo se puede apelar a la conciencia colectiva para combatirla.

Y si bien cuando ocurren situaciones tan tristes es difícil hacer un análisis sin afectar sensibilidades, se vuelve imprescindible hacerlo con la mayor objetividad y amplitud posible para encontrar la forma de evitar que se repitan. En cada uno de estos casos lógicamente han habido responsables y responsabilidades compartidas, más allá de las conclusiones cargadas de subjetividad por el lógico dolor de las personas involucradas o allegados y la contaminación de las redes sociales, que suelen hacer justicia medieval ante cada hecho de repercusión mediática.
Por supuesto que en última instancia quien está a cargo de resolverlo es la Justicia, aunque ahí también puede haber injusticias, valga el juego de palabras, a veces por falta de medios para llegar a conclusiones científicamente válidas y otras por la contaminación de la opinión pública, que lamentablemente influye porque tanto los jueces como los fiscales y los abogados son tan humanos como cualquiera y están insertos en la sociedad.

Es así que hay elementos en común en todos estos casos expuestos que no necesitan demasiado análisis. En primer lugar está la velocidad. Ninguno de estos siniestros hubiesen ocurrido si los vehículos hubiesen circulado a la velocidad permitida. Absolutamente ninguno. En los casos ocurridos en la ruta, es cierto que hubo un vehículo involucrado que se cruzó determinando la tragedia, pero de seguro que si el otro viajase a 90 kilómetros por hora hubiese sido perfectamente visto por el conductor que se cruzó en el camino y obviamente no se hubiese “tirado” a doblar. Porque aunque la Justicia no suele analizarlo demasiado, hay un hecho determinante y es que cuando el exceso de velocidad es demasiado grande nadie, pero absolutamente nadie, está preparado para adelantarse tanto para realizar una maniobra, por lo que en ese caso la suerte está jugada de antemano.

Y por supuesto, en los papeles y ante tanta falta de análisis científico la responsabilidad penal terminará recayendo sobre el supuesto “generador” del accidente.
También la velocidad fue determinante para terminar impactando contra una columna en el Balneario Municipal; de seguro que estos accidentes no ocurrirían de circular a 40 kilómetros por hora o menos, o al menos no tendrían la gravedad que se registró recientemente. Es cierto que la columna en cuestión también agrega un riesgo potencial y es determinante para la gravedad del siniestro, pero éste no ocurre por estar la columna allí. De hecho hace años en esa curva hubo fatalidades en las cuales la víctima terminó su carrera desenfrenada contra al muro del otro lado de la vereda, o contra el cordón.

También en los casos del cruce de 33 Orientales e Instrucciones del año XIII la velocidad jugó un papel fundamental, más allá de las preferencias de circulación. Porque como se suele decir los accidentes ocurren porque ninguna de las partes lo evitó, pudiendo hacerlo cualquiera de los dos involucrados cuando se circula a velocidad normal y con la debida precaución.
Pero hay un factor que no está en la calle, la velocidad, el trazado, el alcohol –que en algún caso también estuvo presente—y es la responsabilidad de las autoridades. Porque lo que está faltando a todas luces son controles, tanto de los inspectores de Tránsito como de la Policía y la Caminera. Cuando los controles se distienden, la historia nos muestra que la siniestralidad se dispara.

Tanto se han distendido los controles que las imprudencias se pueden ver a pleno día y son cometidas sin prurito ninguno, incluso para llamar la atención de la mayor cantidad de espectadores posible. Basta recordar el vuelco en ruta 3 en los acceso al Trébol, delante de centenares de personas que vieron cómo derrapaba sin control un auto de alta gama hasta terminar con las ruedas para arriba contra la cuneta. Por suerte no produjo lesiones a terceros, que pudieron ser trágicas también, por lo que el suceso se saldó sin consecuencias para nadie.
Entonces, lo que falta es un ajuste de tuercas en el tránsito. Más controles, en todo momento y lugar y por sobre todo, severidad con quienes juegan con la vida propia y la ajena. Es la única forma de evitar seguir llorando la pérdida de vidas jóvenes, y además un acto de justicia, porque después que ocurren los hechos la culpa terminará recayendo sobre otro, con justicia o no.
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En el marco del intento de hacer sustentable el esquema de seguridad social para los desafíos que implica en los próximos años el financiar el sistema con los recursos siempre escasos que se generan en nuestra economía, está en su etapa final el trabajo del equipo de técnicos interdisciplinario y de distintas ideologías en procura de llegar a una propuesta de reforma que concite el mayor respaldo posible.
Esta tarea insumió inicialmente una fase de compilación de información para pasar luego al diagnóstico y propuestas con vistas a llevar adelante una reforma que permita superar áreas críticas que de acuerdo a la tendencia irán acentuando su impacto con el paso de los años, y donde además del aspecto técnico –fundamental para hacer sustentable la reforma– se tienen que incluir elementos que deben ser objeto de decisiones políticas que difícilmente puedan dejar satisfechos a todos los actores en esta problemática, y mucho menos cuando se sigue en muchos casos priorizando la mirada ideológica por sobre el panorama general.
El punto es que no solo es un tema de difícil dilucidación, sino que conlleva un reto adicional para todo partido político que se tome la cosas seriamente y no piense en la inmediatez de una contienda electoral, y de ahí que se haya mencionado poco y nada en las plataformas electorales.
Recientemente, la delegación de nueve miembros designados por el oficialismo en la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) presentó para discutir a los otros seis representantes un borrador de recomendaciones de reforma jubilatoria, y entre los cambios que se proponen figuran la edad mínima para jubilarse, cómputos de años de aportes, forma de cálculo de los montos de las pasividades, régimen de AFAP, cajas paraestatales, entre otros aspectos.
A fines de este mes, según se indicó, el CESS llegaría al documento final de recomendaciones, para luego el Poder Ejecutivo redactar un proyecto de ley con su propuesta de reforma jubilatoria, y someterla al tratamiento parlamentario.
Por supuesto, no será debate de un día ni de dos, sino que pese a la ardua y prolongada tarea del comité de expertos, el llegar a un documento que reúna un apoyo altamente mayoritario es muy difícil, porque precisamente entre los partidos hay visiones no coincidentes y a veces hasta antagónicas. Incluso hay determinados grupos con una visión preponderantemente ideológica, pese a que los números les muestren que están equivocados, y la idea que les guía es imponer su visión voluntarista y por lo tanto se desemboca en un desfinanciamiento crónico, con el desenlace de que el tesoro nacional –que se nutre del aporte de todos los uruguayos– se haga cargo del déficit.
El que se haya soslayado el tema en la campaña electoral tiene su explicación por el lado de que lejos de ser un tema que arrime votos, tiene muchas espinas que indefectiblemente implican que deben establecerse correctivos que no van a resultar simpáticos, desde que de una u otra forma habrá que rascar recursos para revertir un proceso de deterioro en el que siempre hay damnificados o por lo menos un ajuste de cinturón que trae consecuencias.
Además, no hay ningún partido en el mundo que tenga por sí solo la varita mágica de las soluciones en el tema y mucho menos en el Uruguay, por lo que las respuestas deben responder a un gran acuerdo entre partidos y las organizaciones que de una u otra manera están involucradas en el tema, lo que tampoco parece haberse logrado en esta instancia.
El borrador de 107 páginas también incluye propuestas para el Banco de Previsión Social, “cincuentones”, que quedaron fuera de la solución legal, las pensiones de sobrevivencia y la creación de una nueva unidad reguladora y de supervisión del sistema jubilatorio.
Debe tenerse presente que los sistemas previsionales en todo el mundo se encuentran amenazados por una realidad demográfica que presenta una tendencia irreversible, con un constante incremento de la proporción de personas de mayor edad y una población que tiende a estabilizarse en los países desarrollados, por lo que la presión y el conflicto entre términos de la ecuación opuestos, seguirá in crescendo.
Y el Uruguay no es ajeno a esta problemática, solo que mientras por un lado no tiene espalda financiera para sostener el sistema de previsión social, por otro presenta un envejecimiento poblacional comparable al mundo desarrollado pero con una economía muy crítica, además de una relación activo-pasivo que no alcanza para sostener el sistema sin aportes del Estado, en las condiciones actuales.
Los representantes oficialistas en el CESS recomiendan mantener el régimen mixto como eje central del sistema, con algunos agregados de previsión complementaria, además de sugerir un ingreso mínimo garantizado a partir de los 71 años y elevar la edad de retiro a los 65 años, entre otras posibilidades, además de un modelo para combinar el trabajo y la jubilación.
Otro punto neurálgico tiene que ver con las cajas especiales, como las de policías, militares, escribanos, profesionales de otras carreras y bancarios, que se entiende no son sustentables en el mediano y largo plazo, pero que como contrapartida establecen regímenes de prestaciones muy importantes para sus beneficiarios.
Sobre todo la Caja de Profesionales Universitarios tiene una situación deficitaria “severa e inmediata” y “el diseño vigente de beneficios y financiamiento cumplió su ciclo”, según el texto del CESS, lo que da la pauta de la entidad del desafío y del hecho de que mientras más se demore en las respuestas, más difícil será una solución que contemple debidamente los intereses en juego, y algo similar ocurre con las cajas de militares y policías, con su régimen especial.
En todos los casos, las propuestas deberían ser aterrizadas y tienen el común denominador de un gradualismo para compatibilizar que se contemple el esfuerzo de los que aportan al sistema y a la vez sostener un régimen solidario para quienes no llegan a determinados mínimos para hacer sustentable su prestación, por lo que de una forma o de otra hay subsidios en juego, que pagarán parcialmente los que más aportan y también desde Rentas Generales.
Pero, la tendencia indica que cada vez hay menos aportantes en la relación para sostener un sistema que demanda más recursos por efectos incluso de la mayor expectativa de vida, y esta brecha entre necesidades y realidad debe cubrirse por la vía de los aportes de Rentas Generales, es decir de todos los uruguayos, en base a gravámenes.
Y es fundamental lograr un acuerdo final por lo menos en los grandes puntos en el análisis de la comisión de expertos para elaborar un proyecto, al conjugar la diversidad de componentes que inciden en la problemática, para que en el Parlamento pueda generarse un proyecto de ley de consenso para atacar el problema en sus aspectos sustanciales, y no seguir como hasta ahora, lamentando que no se haya hecho lo debido para que las respuestas posibles no resulten cada vez más dolorosas y las urgencias terminen llevando a decisiones traumáticas, cuando ya no haya tiempo.
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La puesta en valor de los recursos patrimoniales materiales e inmateriales es una vía para desencadenar procesos de desarrollo local con énfasis en la dinamización de la economía, el turismo, la creación de fuentes de trabajo y la cohesión social.
La asociación entre territorio y el desarrollo cultural, social y económico de las comunidades en vinculación con rutas culturales es algo que existe desde hace mucho tiempo en el mundo y más recientemente se han comenzado a desarrollar en nuestro país como propuestas formales y avaladas e impulsadas institucionalmente.
Podríamos citar como ejemplo el caso del Comité Rutas Unesco, que en 2017 comenzó a encargarse de la gobernanza interinstitucional de la ruta que vincula el Barrio Histórico de Colonia del Sacramento y al Paisaje Industrial de Fray Bentos, al tango y al candombe, al geoparque Grutas del Palacio y a las reservas Bañados del Este y Bioma Pampa-Quebradas del Norte.
Se trata de un esfuerzo interinstitucional –dado que este comité está presidido por la Comisión Nacional de Uruguay para la Unesco e integrado por los ministerios de Educación y Cultura, Turismo, Transporte y Obras Públicas, Vivienda y Medio Ambiente; las intendencias de Colonia, Flores, Montevideo, Río Negro, Rivera y Rocha; la Administración Nacional de Educación Pública y el Consejo de Educación Técnico Profesional– que aún en pandemia ha desarrollado interesantes acciones como la organización este año, a través de Instagram, de la primera edición del Premio Rutas Unesco, que recibió más de 3 mil fotos a concurso y otorgó 4.750 dólares en premios.
En otra iniciativa que está en sintonía con lo anteriormente expresado, el Ministerio de Educación y Cultura realizó recientemente la presentación de la primera ruta del programa Rutas Culturales y Creativas que según fue anunciado, promoverá una serie de recorridos históricos guiados por diferentes puntos del país.
Esta primera ruta que se pone en marcha es la “Ruta de la Guerra Grande”, en el marco del 170º aniversario de la firma del tratado del 8 de octubre de 1851, que dio por finalizado este conflicto desarrollado entre 1836 y 1851.
Sin memoria histórica “la vida se vuelve menos rica y nosotros, menos capaces de saber quiénes somos”, afirmó el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira durante la actividad de presentación de dicha ruta, realizada en el Museo del Arma de Ingenieros Aduana de Oribe, en Montevideo, como inicio de una propuesta de circuitos realizados el fin de semana pasado en diferentes puntos de la capital, entre ellos un recorrido guiado por el que fuera el centro comercial, industrial y portuario del gobierno del Cerrito, entre 1843 y 1851, y visitas por la Ciudad Vieja.
De acuerdo a lo expresado por la directora nacional de Cultura, Mariana Wainstein, hay varias rutas que están siendo trabajadas y se pondrán en marcha, tales como la Ruta de las Migraciones, Ruta del Tango, Ruta del Candombe o Ruta del Folclore.
A su vez, recordó que el programa Rutas Culturales y Creativas, creado el año pasado, ya ha realizado convocatorias como Arte Cartográfico, que tuvo como resultado la realización de mapas artísticos de la región litoral y próximamente realizará una convocatoria para la creación de mapas de la región Este del país. “Entusiasma mucho también que las rutas no partan de nuestras oficinas, sino que partan de la gente, de las diferentes localidades”, dijo mencionando un proyecto de Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres, en donde se está trabajando una ruta que llega hasta el sur de Brasil, que contará con el apoyo de la Dirección Nacional de Cultura, dijo la jerarca al destacar el potencial enorme de las rutas culturales.
Existen muchos ejemplos en el mundo de rutas culturales como las que se están proponiendo, recorridos que sirven como andamiaje para construir relatos culturales en el territorio, asociados derroteros físicos y simbólicos que vinculen diferentes hechos históricos y sociales y como se señala desde el propio programa de Rutas Culturales y Creativas, “buscando que tengan la intención de narrar una historia, dejando lugar para la ilusión, la creación y la imaginación”.
Uruguay, en su pequeñez geográfica posee una gran diversidad y riqueza cultural producto de nuestra propia historia como nación y la conformación heterogénea de su población a través del tiempo. Posee también riquezas naturales, tradiciones y costumbres que poco necesitan para constituirse en el centro de una ruta, un camino, un recorrido. En cada caso es posible posicionar a la cultura local como eje fundacional de los relatos y trabajar los imaginarios colectivos.
La experiencia y la puesta en valor de las narrativas culturales que aúnan lugares, relatos y personajes son ejes fundamentales de este tipo de propuesta y, como bien señaló el ministro Silveira en la presentación de la Ruta de la Guerra Grande, el valor de la creación de programas donde se visibilice la historia de la nación, “la vida se vuelve menos rica y menos cargada de temas interesantes y nos volvemos menos capaces de saber quiénes somos si olvidamos lo que tiene que ver con la historia de la sociedad a la que pertenecemos […] perder la capacidad de recordar eso nos empobrece”.
A diferencia de otras formas de turismo cultural, las rutas culturales llevan en su esencia la movilidad, es decir, exigen recorrer, ver, conocer y sentir para disfrutar la experiencia. Requieren también un entramado de actores sociales, gubernamentales, empresariales o comunitarios que sostengan esa actividad.
En este sentido, la generación, desarrollo y sostenibilidad de estas rutas necesitan apoyos públicos que impulsen, asesoren y dinamicen. En muchas ocasiones eso es posible de realizar redireccionando recursos humanos y materiales existentes y, en otros, será necesario crearlos.
Como contrapartida, está comprobado que el funcionamiento de este tipo de rutas conlleva un efecto dinamizador de las economías locales, en particular los pequeños emprendimientos y empresas asociadas dado que los visitantes necesitan realizar estos recorridos en el marco de una experiencia de calidad.
Son esfuerzos que es necesario coordinar, incluso a nivel de políticas públicas, para fortalecer las capacidades del país para la puesta en valor y salvaguarda comunitaria de su patrimonio material e inmaterial así como para la generación de nuevas oportunidades para las poblaciones locales. → Leer más

“En Paysandú estamos tirando plata”. La frase, que se ha vuelto una muletilla del intendente departamental Nicolás Olivera, refleja una realidad que todos vemos a diario pero que dimensionamos. Hay dinero en la basura y por ello hay personas que lo están extrayendo.
No hablemos de la cooperativa de clasificadores, que trabaja con los circuitos limpios de los Centros de Entrega Voluntaria, donde deberíamos todos desprendernos de los materiales reciclables, sino de quienes “minan” en las volquetas entre los residuos domiciliarios “generales” (por llamarles de alguna manera) para retirar elementos por los que puedan recibir a cambio alguna suma. Al ocurrir esto en un circuito informal –o al menos no del todo formal–, ayuda a que las condiciones en que realizan esta tarea los exponga a infinidad de riesgos. Pero mucho más se exponen quienes hacen esto mismo directamente sobre montañas de residuos en el vertedero.
Pero esto podría empezar a cambiar a corto plazo. Olivera anunció la semana pasada que se está cerrando la adquisición de una máquina con la que se apuesta a eliminar el vertedero a cielo abierto y que se apresta a, una vez recibidos losequipos, realizar un llamado para adjudicar su operativa a una empresa privada para que la opere y gestione los residuos, que dejarán de disponerse a cielo abierto y serán “encapsulados”.
Antes de ese encapsulado habrá un proceso de clasificación para extraer de los residuos que se van a encapsular todo lo que pueda tener valor comercial. Esto va a tener varias ventajas, por un lado se va a reducir significativamente el volumen de residuos y por otra parte se va a formalizar la situación de las personas que realicen ese trabajo de minería. Además los residuos que se recuperen y se comercien para su reciclaje reportarán recursos que ayudarán a pagar la misma máquina. La idea cierra por todos lados, por lo menos en los papeles.
Hay quienes ya han salido a poner el grito en el cielo porque implica la privatización de la gestión del vertedero, pero seamos sinceros, la gestión en manos públicas no ha sido un éxito ni nada que se asemeje, independientemente de qué partido esté en el gobierno. Pero este esfuerzo de la Intendencia de Paysandú va en la misma línea que un objetivo que se ha planteado el gobierno a nivel nacional con un nombre bastante marquetinero: “Relleno sanitario Cero / Cierre de vertederos a cielo abierto”. Este objetivo, trazado para el año 2025, forma parte del Plan Nacional de Gestión de Residuos (PNGR) que presentó el Ministerio de Ambiente, con la intención de que paute el camino para los próximos 10 años.
Se lo anunció como una herramienta de planificación estratégica, que apuesta a ser motor de las transformaciones en residuos para lograr el desarrollo sostenible. Hoy este Plan está en la etapa de consulta pública, hasta el 15 de noviembre, es decir que hasta esa fecha cualquiera de nosotros puede ingresar por los canales habilitados para hacer comentarios, aportes y sugerencias.
El plan consta de 10 ejes en los que se abordan todos los tipos de residuos establecidos en la Ley N° 19.829 y a efectos de su gestión considera tres dimensiones: ambiental, social y económica. Establece además mecanismos de seguimiento y gobernanza e impulsa fuertemente la disminución de la generación de residuos y los posiciona como recursos, apostando al desarrollo de capacidades nacionales para que no sea la disposición final de residuos la base de la gestión. Es decir, que solo terminen yendo al vertedero aquellos residuos que no haya más remedio que tirar.
“El Plan Nacional busca reducir los flujos de residuos con destino a enterramiento, a la vez que determina el cierre de los vertederos y la instalación de rellenos sanitarios, eventualmente regionales”, expresó el ministro Adrián Peña, durante su presentación. Esto quiere decir que si Paysandú logra un sitio de disposición final que funcione eficientemente y que ademas de dar respuestas a los problemas que hoy existen permita pasar a esa siguiente fase, a generar dinero a partir de la basura, es posible captar residuos de otras ciudades o localidades de la región.
Pero no nos adelantemos. Es un camino que va a llevar muchos años de trabajo, de investigación, de inversión y de compromiso por parte de la comunidad, porque nada de esto será posible si al menos la mayor parte de la población decide que será posible.
El plan pretende otras cosas, como la reducción de los plásticos de un solo uso, con una certificación para empresas que apliquen a esta condición, y otra muy importante, como la reducción de “las pérdidas y desperdicios de alimentos, en todos los eslabones de las cadenas de alimentos”.
Es una visión futurista. Son, indudablemente, objetivos ambiciosos los que están planteados sobre la mesa, van a requerir mucho esfuerzo de educación, de investigación y de comprometer a la comunidad, pero es el camino que hay que transitar.
Dijo hace pocos días aquí en Paysandú el coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas en Uruguay, Pablo Ruiz Hiebra, que en el contexto internacional “Uruguay es un país muy activo en discusiones internacionales, pero también puede incidir con ejemplos concretos de sostenibilidad”. Consideremos entonces que esto es también una oportunidad para mostrarle al mundo que es posible. → Leer más

Las últimas décadas –bueno, no solo las últimas, al fin de cuentas– en América Latina se ha caracterizado por avatares de todo tipo, tanto políticos como de índole socioeconómica, y la constante, aunque con distribución heterogénea ha sido de una significativa inestabilidad, porque a una crisis ha seguido una supuesta bonanza o casi, para recaer luego en otra crisis y así sucesivamente.
Es que el subcontinente, como es sabido, está integrado por países en vías de desarrollo –un eufemismo para un “desarrollo” que se ha hecho esperar, por supuesto– que son los que resultan más vulnerables a los altibajos en el mercado internacional, donde a precios buenos para las materias primas que se exportan desde la región, le siguen valores depreciados y las consecuentes crisis, al tratarse de países que venden muy poco valor agregado, en el mejor de los casos, y sí materias primas para que el trabajo y se dé fuera de fronteras, fundamentalmente en los países industrializados.
En los últimos dos años, además, la región ha sufrido como ninguna otra parte del mundo las consecuencias de la pandemia, tanto en pérdida de vidas como en la caída de la economía, a la vez de contar con pocas herramientas para un despegue rápido, teniendo en cuenta el piso desde donde se parte.
Al respecto, el Banco Mundial está alertando en su último informe por riesgos de una “nueva década pérdida” en la región. William Maloney, nuevo economista en jefe del Banco Mundial –designado en julio de este año– advirtió esta semana que América Latina corre el riesgo de enfrentar una “nueva década perdida en términos de desarrollo”, si no logra hacer reformas estructurales de largo plazo en términos de infraestructura, educación, política energética e innovación.
Tras la presentación del nuevo informe semestral del organismo titulado “Recobrar el crecimiento: Reconstruyendo economías dinámicas pos COVID-19 con restricciones presupuestarias”, Maloney afirmó en rueda de prensa que si bien la región latinoamericana “está saliendo poco a poco” de la crisis provocada por la pandemia, la recuperación económica “está siendo más débil de lo esperado”.
En este sentido, el economista en jefe del BM informó que la economía de América Latina rebotará este año 6,3%, lo que implicó una mejora en las proyecciones del organismo –basado en la campaña de vacunación contra la COVID-19– de hace cuatro meses, cuando había estimado un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) regional del 5,2%.
No obstante, Maloney señaló que ese crecimiento proyectado para 2021 será “insuficiente para revertir la caída de 6,7%” que se registró el año pasado.
A su vez, en el caso de la economía uruguaya, el BM mantuvo sin cambios las proyecciones que había realizado en su último informe publicado en junio. El organismo prevé que en 2021 el PBI de nuestro país tenga una expansión del 3,4%, que se desacelerará a 3,1% en 2022 y 2,5% en 2023. En tanto, las previsiones realizadas por el organismo para los países vecinos mejoraron en comparación con el último informe. En este sentido, el BM espera que la economía brasileña crezca 5,5% este año mientras que en junio había previsto una expansión de 4,5%. En el caso de Argentina proyecta un crecimiento de 7,5% en 2021, por encima del 6,4% previo.
Pero más allá del rebote económico esperado para este año, y el nivel del que se parte en la reactivación, la preocupación del organismo multilateral sobre la región latinoamericana y la del Caribe tiene que ver con el mediano y largo plazo. Según sus estimaciones, tanto en 2022 como en 2023, el PBI regional se ubicará por debajo del 3%.
Entre las sugerencias para consolidar el crecimiento y desarrollo a largo plazo, apuntó a que los países usen los recursos fiscales “más efectivamente”, destinar el gasto público a reformas estructurales, reasignar recursos a proyectos con más retorno social, aumentar los ingresos de los estados mediante la ampliación de la base impositiva y aprovechar el nuevo “boom de los commodities” para implementar reformas de largo plazo.
Es decir sugerencias que son de recibo en una región donde lamentablemente a la dependencia excesiva de las materias primas, con presión sobre los recursos naturales, se le agrega la sucesión de gobiernos populistas en varios países, que en su momento incluso hicieron gala de que fueron gestores de supuestas décadas “ganadas” cuando lo que realmente hicieron fue vivir el momento, aprovechando los altos precios de las materias primas para gastar todo los ingresos extra y aún endeudándose para “mejorar” presuntamente calidad de vida con políticas asistencialistas y sin ningún sustento.
Por supuesto, lo que queda luego es el “agujero” por estos intentos irresponsables, porque al no tratarse de políticas sustentables, con creación de empleos genuinos, una vez que se terminó el dinero las cosas vuelven a ser como antes.
Es decir, no hubo décadas ganadas ni nada que se parezca, porque si el dinero se fue a nada que valiera la pena, han sido todas “perdidas”, más allá del autobombo del gobierno de turno. De lo que se trata precisamente es de llevar adelante políticas de Estado, de creación de infraestructura, de promoción de inversiones, de mantener reglas fiscales que eviten los descomunales déficits en las cuentas del Estado, que se pagan con inflación, endeudamiento, desempleo y pobreza.
Claro, no sirve en el corto plazo para obtener votos, pero es lo que se debe hacer para pasar del crecimiento ocasional y la recaída de crisis en crisis a crecimiento con desarrollo.
Sin infraestructura que posibilite la inversión, sin cadenas de valor agregado, sin equilibrio fiscal que genera urgencias, seguiremos dando vueltas sin ton en la rueda, aún cuando la pandemia se deje definitivamente atrás en el corto plazo, como todos esperamos.
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María Ressa y Dimitri Muratov compartirán el premio Nobel de la Paz. La filipina y el ruso fueron galardonados por sus esfuerzos para “salvaguardar la libertad de expresión”, según el comité noruego que evaluó a los dos periodistas.
Una vez difundidos sus nombres, la mujer dedicó el premio a “todos los periodistas del mundo” y animó a continuar la lucha por la libertad de expresión. Porque además de obtener el reconocimiento a sus trayectorias por enfrentarse a totalitarismos tan diversos, es también un llamado de atención a los gobiernos de sus países.
Muratov lidera una de las pocas voces que enfrentan al régimen de Vladimir Putin en Rusia, donde sus reporteros denuncian escándalos políticos, sonados casos de corrupción, violaciones reiteradas a los derechos humanos, torturas, persecuciones, los crímenes en el Cáucaso o las represiones diarias.

En la era posterior a la Unión Soviética y en épocas de mayores aperturas, las autoridades rusas llevan adelante una campaña sin precedentes con redadas a periodistas, amenazas, denuncias judiciales y, en el peor de los casos, la muerte.
Es lo que ha ocurrido en Nóvaya Gazeta, el diario que dirige Muratov, donde asesinaron a varios periodistas desde su fundación en el año 1993. Porque su país ocupa el puesto 150 en el ránking de libertad de prensa correspondiente a este año, con el homicidio de 28 periodistas en los últimos 20 años.
Este Nobel llega en el momento justo, no solo para el reconocimiento de su trabajo, sino para enfrentar al Kremlin, lugar de poca accesibilidad para el equipo que dirige.
La filipina realiza una tarea similar en su país con Rappler, que fundó en forma independiente. Y, tal como lo resume: “Que hayamos recibido este galardón un periodista ruso y yo dice mucho del estado de Filipinas, del estado del mundo”. Aunque es clara su referencia a Rodrigo Duterte, quien firmó una decena de órdenes de detención contra Ressa en los últimos dos años, no deja atrás lo que en realidad ocurre con el periodismo en la actualidad.

A pesar de los cambios generacionales, las transformaciones tecnológicas, la llegada de los medios de información y, fundamentalmente, el avance del pensamiento, aún es necesario hablar de ciertas cosas. Si el periodismo es tan importante ahora, cabe cuestionarse las razones por las cuales se ha vuelto tan difícil su ejercicio. Como en Filipinas, donde Duterte lleva adelante una brutal guerra contra las drogas y sus consumidores, con miles de muertos anuales. Una cifra tan incierta, como los resultados de su feroz campaña.
Tanto ella como el periodista ruso, esperan que este Nobel actúe como una coraza y sea el respaldo para el trabajo periodístico en el mundo entero. Y porque es bastante infrecuente que los periodistas reciban un galardón como el que entrega el comité sueco.

Sin embargo, se ha vuelto cada vez más común la necesidad de matar al mensajero, presionarlo, someterlo a escarnio público –si es posible a través de las redes sociales– en un mundo plagado de posverdades, con el único objetivo de demoler a quienes piensan diferentes. Porque la multiplicidad de criterios es la base de la democracia, tan apreciada en el mundo entero. Una realidad que en Uruguay cada día damos por sentada, como si hubiese existido desde siempre.
O como lo expresa el comité: “El periodismo libre, independiente y basado en hechos sirve para proteger contra el abuso de poder, la mentira y la propaganda de guerra”. Por eso, más que un Nobel a dos personas es el premio a una profesión.

El mundo convulsiona por los conflictos bélicos, pero también lo hace con los desencuentros provocados por las falsas noticias, la judicialización de los hechos que, en ocasiones se vuelven necesarios por las difamaciones y la constante ubicación política que hacen de sus líneas editoriales.
Porque es en las redes sociales donde no existen barreras ni límites para las acusaciones a otros medios de comunicación. Es una tarea que cada día se vuelve más difícil de controlar porque quienes ejercen el constante ninguneo a la libertad de expresión, están cómodamente sentados frente a una computadora o celular, asegurando que su verdad es única.

Hoy debería ser una redundancia que la libertad de pensamiento habilita al ejercicio de la libertad de expresión. Sin embargo, hay que aclararlo una y otra vez.
América Latina no está libre de estos peligros. Desde el norte hasta el extremo más austral, las luchas por preservar las libertades son diarias.
Incluso en Uruguay, donde las circunstancias son muy distintas a los países de referencia de los galardonados. No obstante, hay que tener la memoria amplia para recordar algunos sucesos ocurridos unos años atrás. Cuando en este país avanzaban las investigaciones contra el exvicepresidente Raúl Sendic, la polémica sobre su licenciatura e investigaciones en torno al ente que presidió, su fuerza política arremetió contra el mensajero.

El plenario emitía una declaración donde acusaba a la oposición de entonces y a distintos medios de comunicación de “debilitar la institucionalidad democrática del país”. Con los años, reconocieron que fue “un error”. No medir las palabras –habladas o escritas– siempre resultará provocador e instalará las bases de todos los hábitos que después se volverán una costumbre.
Porque aún quedamos en medio de una contradicción al preguntarnos las razones de la existencia de tantos medios de expresión como nunca antes y la necesidad de respetar la libertad de expresión. O de defender la información de la información falsa.

Porque sus promotores se encuentran en diversos ámbitos y ya no se habla de un medio o varios medios, sino de un sistema que ofrece alternativas a sus ciudadanos para escrutar y elegir. Es un ejercicio peligroso la subestimación de la inteligencia de otro y acusar siempre a los medios por su llegada.
Este premio Nobel nos recuerda que el medio es el camino y no el fin. → Leer más

En los últimos días la opinión pública internacional se ha visto sacudida por la divulgación, a través de Internet, de documentos denominados Pandora Papers y que, de acuerdo con el sitio web BBC Mundo, “son una filtración de casi 12 millones de documentos y archivos que exponen la riqueza y los tratos secretos de los líderes mundiales, políticos y multimillonarios. Los datos fueron obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en Washington DC y han dado lugar a una de las investigaciones mundiales más importantes de la historia. Más de 600 periodistas de 117 países han analizado las fortunas ocultas de algunas de las personas más poderosas del planeta. El programa de investigación de la BBC Panorama y The Guardian dirigieron la investigación en Reino Unido”.
Según BBC Mundo, “un paraíso fiscal es un territorio que ofrece a individuos y empresas extranjeras poca o ninguna carga tributaria en un entorno estable política y económicamente. Eso lo suelen combinar con que proporcionan poca o ninguna información financiera a las autoridades fiscales extranjeras. (…) Los individuos y las empresas que no tienen su residencia en un paraíso fiscal pueden tomar ventaja de los regímenes de estos países para evitar el pago de impuestos en sus países de origen. Y en ese momento es cuando se convertiría en una operación ilegal, porque los países de residencia van a exigir que sean declaradas las cuentas o empresas offshore que registraron movimientos o ganancias en el extranjero, según explican los expertos. (…)”.
De acuerdo con los expertos consultados por BBC Mundo, “es perfectamente legal que una persona posea una empresa en el extranjero que simplemente mantiene cuentas bancarias. Lo que es ilegal es tener cualquiera de estos tipos de cuentas o empresas en paraísos fiscales o en el extranjero en general sin informar a las autoridades del país de su país de residencia sobre las mismas”.
La lista de políticos, deportistas y empresarios que han usado la operativa offshore es larga e incluye nombres muy conocidos, como los artistas  Shakira, Miguel Bosé, Julio Iglesias, Luis Miguel, Chayanne, Elton John, Ringo Starr, la supermodelo Claudia Schiffer, los futbolistas uruguayos Diego Godín y Luis Suárez; y políticos como el ex primer ministro Tony Blair, el presidente ruso Vladimir Putin, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, el rey de Jordania, Abdalá II bin Al Hussein, así como el presidente de Chile Sebastián Piñera, el presidente de Ecuador Guillermo Lasso y el presidente de República Dominica Luis Abinader, entre otras figuras de notoriedad. En efecto, tal como lo señala la periodista Mónica Mena Roa “Europa y Latinoamérica no están exentas del escándalo. Ucrania, en Europa del Este, es el país más afectado, con 38 políticos, seguido de Rusia, con 19. Reino Unido (9) y España (5) son las otras dos naciones europeas con más políticos nombrados en la publicación. En América Latina, Colombia y Honduras son los países con más políticos incluidos, con 11 cada uno. Tres presidentes y 11 expresidentes de países de América Latina figuran en los Pandora Papers”.
Muchos países combaten este tipo de prácticas a través de normas de diferente alcance, tal como sucede con la denominada FATCA. De acuerdo con la institución bancaria Scotiabank, “la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativa a Cuentas en el Extranjero (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA, por sus siglas en inglés) fue promulgada como ley en los Estados Unidos de América en marzo del 2010. Su intención es prevenir que los contribuyentes estadounidenses utilicen cuentas financieras fuera de los EE.UU. con el fin de evadir impuestos. De acuerdo con FATCA, y en algunos países, con regulaciones locales vinculadas a FATCA, se requerirá a las instituciones financieras reportar, anualmente, ciertas cuentas que contribuyentes estadounidenses mantengan fuera de los EE.UU. Estos reportes serán puestos a disposición del Servicio de Impuestos Internos de los EE.UU. (IRS, por sus siglas en inglés), ya sea directamente, o a través de organismos de regulación locales”.
Lo cierto es que durante años, especialmente luego del ataque a las Torres Gemelas en el año 2001, varios países y organizaciones internacionales han prevenido, perseguido y castigado el lavado de dinero realizado con recursos provenientes de actividades ilegales tales como el narcotráfico, el terrorismo o la evasión de impuestos, por citar algunos ejemplos. Los países e instituciones privadas que no han colaborado con esa lucha han quedado aisladas y enfrentan serios problemas de credibilidad en el mundo financiero internacional pero también ante autoridades como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, Naciones Unidas, etc. Hoy por hoy cualquier institución financiera antes de recibir un depósito o transferencia de un nuevo cliente (e incluso de un cliente ya existente si esa operación no guarda relación con su actividad, nivel de ingresos e historial de operaciones) quiere conocer cuál es el origen de esos fondos y porque tiene por destino la cuenta de esa persona o empresa.
La tendencia mundial es tal que, aún cuando el uso de esas cuentas o sociedades offshore sea debidamente declarado a las autoridades tributarias y por ende constituyan operaciones legales, la voracidad estatal para cubrir los pagos por deuda externa o el financiamiento de los sistemas de seguridad social, hace que las mismas sean catalogadas como “planificación fiscal agresiva” si son llevadas a cabo por grandes empresas multinacionales al entender que constituyen una amenaza de daño (o un daño real) para las cuentas públicas de diversos países.
Esa desesperada búsqueda por recursos ha llevado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a anunciar, el 8 de octubre del presente año, la concreción de un acuerdo histórico que supone una profunda reforma del sistema fiscal internacional y que las empresas multinacionales estén sujetas a un tipo impositivo mínimo del 15% a partir de 2023. De acuerdo con la OCDE, “el acuerdo histórico alcanzado por 136 países y jurisdicciones, que representan más del 90% del PBI mundial, también reasignará más de 125.000 millones de dólares estadounidenses de beneficios procedentes de alrededor de las 100 mayores y más rentables empresas multinacionales a países de todo el mundo, lo que asegurará que dichas empresas paguen la parte equitativa de impuestos que les corresponda, con independencia de donde lleven a cabo sus actividades y generen los beneficios”.
De la información divulgada a través de los Pandora Papers resulta paradójico que muchos políticos que publicitan a sus países como lugares seguros y convenientes para radicar inversiones tengan su dinero personal en cuentas bancarias en el extranjero o adquieran bienes (incluso en sus propios países) a través de sociedades de paraísos fiscales. Es sumamente censurable que esos servidores públicos utilicen esos mecanismos offshore para evitar o disminuir el peso de los impuestos que deben abonar legalmente, ya que violentan las importantes responsabilidades de gobierno que tienen a su cargo y terminan “borrando con el codo lo que escribieron con la mano”, al tiempo que constituyen un pésimo ejemplo para sus conciudadanos, generando un descrédito en la actividad política que termina por dañar la democracia como sistema de gobierno.

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En los últimos días EL TELEGRAFO ha informado que, de acuerdo con lo consignado por nuestro colega Cambio de Salto, en la zona de Salto Grande se espera concretar un proyecto de centro logístico que incluye un puerto seco, combinado con un puerto de barcazas para la zona norte del país. El emprendimiento fue analizado en el marco de la visita efectuada recientemente al vecino departamento por el secretario de la Presidencia de la República, Dr. Alvaro Delgado, junto al presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Dr. Carlos Albisu, y los inversores de los proyectos que gestiona el jerarca del organismo binacional. La instancia incluyó una reunión de los empresarios con el intendente Andrés Lima, ocasión en la cual el titular del gobierno salteño expresó su decidido apoyo. De acuerdo con lo informado, el propio presidente Luis Lacalle Pou, manifestó interés en que se lleve adelante la iniciativa. Como si ello fuera poco, de acuerdo con “La Diaria”, el intendente Lima “anunció que se creará un nuevo puerto sobre el arroyo Itapebí, al norte de la represa de Salto Grande. En un video que hizo circular, el jefe comunal dijo que la inversión será privada y rondará los 40 millones de dólares”. De acuerdo con lo expresado por Lima a ese medio de prensa, esto permitirá “beneficiar al transporte nacional recibiendo barcazas que traen producción desde el sur del Brasil hacia el norte de nuestro país, especialmente soja y otros granos” e integrar esa carga al circuito logístico nacional.
Si bien se trata de dos noticias de indudable importancia para el litoral norte y para el Uruguay en general, no podemos dejar de recordar que desde hace muchos años y desde esta misma página editorial se viene impulsando la creación de un centro logístico que posicione a Paysandú en el mapa logístico nacional e internacional, aprovechando no sólo su privilegiada ubicación sino también la posibilidad de operar cargas portuarias y el propio hecho que, a pesar de un descenso muy marcado de la actividad industrial en las últimas décadas, aún existen empresas que necesitan movilizar mercaderías desde y hacia nuestro departamento. A pesar de los años transcurridos, los proyectos no se concretan mientras las administraciones departamentales se suceden unas a otras sin poder concretar temas que serían un cambio muy beneficioso para todos los sanduceros.
Resulta importante recordar que a inicios del presente año, la ingeniera Antonella Goyeneche anunció que Paysandú contaría con una Codelog (coordinadora de logística) departamental que según la referida trabajaría “en pos de lo que es el desarrollo logístico de ruta, el ferrocarril, y por supuesto en el desarrollo del trabajo de puerto seco” señalando que “están todos ya invitados a formar parte de la coordinadora y ponernos a trabajar en pro de potenciar las características y ventajas que tiene Paysandú como hub logístico desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista de la cercanía de otros puertos y no solamente de los ejes de ruta que tenemos, porque la idea es ponernos a trabajar para eso”. A pesar de los meses transcurridos, y sin perjuicio del trabajo que se pueda estar desarrollando, resulta claro que la Codelog no ha generado en el departamento y en el país en general, acciones concretas que hagan visible y posicionen a Paysandú como un centro logístico. En efecto, algunas de las interrogantes que EL TELEGRAFO planteó en su editorial del 7 de febrero de 2021 siguen vigentes: “Sin lugar a dudas la Intendencia Departamental de Paysandú tiene un papel fundamental en la creación y efectivo funcionamiento de este nuevo instrumento, pero el mismo requiere de un amplio respaldo desde los sectores relacionados con la actividad logística que le permita avances reales en la materia. Asimismo, debe dotarse a la Codelog de una institucionalidad que se proyecte más allá del gobierno departamental de turno, sin importar a qué partido político o sector del mismo pertenezcan los responsables de ejercerlo”. Sería más que oportuno que la Intendencia Departamental difundiera a la opinión pública los avances, las acciones que ha concretado la Codelog y sus proyectos de corto, mediano y largo plazo como forma de que todos los sanduceros podamos apreciar y comprender la importancia de la misma y de la actividad logística en general.
Los sanduceros debemos mantener en nuestra agenda la creación de una zona franca como incentivo no excluyente para potenciar la actividad logística en nuestro departamento y sin que ello signifique tratar de “inventar la rueda”. Como expresamos en nuestro editorial del 25 de octubre de 2020, “es claro que el régimen de zonas francas no es nuevo en Uruguay. Las primeras zonas francas (Colonia y Nueva Palmira), fueron creadas por la ley 7.593 de 20 de junio de 1923 con lo cual se han completado más de 97 años sin que Paysandú haya resuelto instalar una en nuestro territorio. Gobiernos departamentales de todos los partidos políticos han dejado pasar la oportunidad de contar con un instrumento cuyas virtudes y ventajas hemos destacado y reclamado en varias ocasiones desde esta página editorial. A pesar de que parecería que en este tema hemos escrito sobre el agua durante décadas, no renunciamos a resaltar su importancia para que nuestro departamento retome su senda exportadora, generadora de recursos genuinos provenientes del exterior y sea impulsora de la economía local y del consiguiente bienestar de todos los sanduceros”.
En todo caso, la actividad logística no sería la primera actividad en la cual los salteños han demostrado ser más emprendedores y ejecutivos que los sanduceros. Basta comparar el desarrollo alcanzado por las Termas del Daymán con el eterno letargo en el cual transcurre Termas del Guaviyú, punto turístico que transcurre desde hace décadas sin un rumbo claro y sin una visión sobre cuál es el perfil y los servicios que quieren ofrecerse a quienes la visitan. Eterna piedra en el zapato tanto de intendentes como de directores de Turismo, las Termas del Guaviyú constituyen una auténtica “tumba de los cracks”, donde todas las ideas que se prometen en las campañas electorales se transforman luego en papel mojado una vez que llega la hora de llevarlas a la realidad. No se puede ni se debe dejar de mencionar a Corrales de Abasto, sobre cuyo potencial termal se ha especulado durante años sin lograr concretar una propuesta que nos permita tener una atracción turística cercana a la ciudad y casi sobre la ruta 3, eje del corredor termal de nuestro país.
Lejos estamos como departamento de aquella famosa escena de la película argentina “Esperando la carroza” en la cual la actriz uruguaya “China” Zorrilla se queja de su poco original vecina con la inolvidable frase “yo hago puchero… ella hace puchero, yo hago ravioles… ¡ella hace ravioles!” En efecto, Paysandú no debe salir corriendo a copiar “a tontas y a locas” lo que hacen otros departamentos, pero tampoco puede quedarse al costado del camino mientras los vecinos e incluso departamentos más distantes como Rivera se posicionan para transformarse en polos logísticos de indudable importancia, generando trabajo y bienestar para sus habitantes. → Leer más

El sentido común indica que más allá de los reparos y reticencias de determinados grupos, incluso los que se regodean en delirios conspiranoicos contra la humanidad, las personas de grupos de riesgo tienen mucho más para ganar que para perder si se vacunan contra el COVID-19, –las estadísticas sobre muertes a nivel global son contundentes en este sentido– pero también está de por medio el factor de riesgo del contagio por aquellos que por su trabajo o actividad profesional, en caso de enfermarse, se convierten en difusores masivos del virus ante el contacto directo con la población.
Por supuesto, en primera línea se encuentran los funcionarios del sector de la salud, pero lamentablemente incluso en estos grupos hubo –hay todavía– quienes consideran que están por encima del bien y del mal, y se niegan a vacunarse, aunque por esta actitud pongan en riesgo la salud de sus semejantes.
Acerca de esta problemática, el director general de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), Dr. Miguel Asqueta, evaluó que “hoy el plan es seguir fortaleciendo la campaña de vacunación y llegar a las personas que han decidido no vacunarse aún”.
Según indicó el jerarca a El País, desde hace meses el Uruguay está entre los primeros países del mundo en cobertura de vacunación contra el COVID-19, con muy buenos números, pero consideró que quienes no se han vacunado en su mayoría lo han hecho por decisión propia, por convicción, y no por problemas de accesibilidad, por cuanto todo aquel que tenga la voluntad de inocularse lo ha podido hacer.
En el caso concreto del personal de la salud, precisamente, según datos del MSP, “hay instituciones de salud grandes donde hasta un 5 por ciento del personal decide no vacunarse. Incluso yo he dialogado sobre esto con algunos y, aunque suene petulante decirlo, hasta ahora ninguno nos ha ganado la discusión. Conozco personas que trabajan en la salud que saben de medicina y ciencia que han discutido el hecho de que estas vacunas fueron aprobadas para uso de emergencia. Eso es simplemente no saber de qué se habla, porque no es más que un término técnico para la aprobación. Es sabido que la investigación de esa vacuna se hizo en todas las fases correspondientes y las vacunas que nosotros dimos cumplieron con todo. El uso de emergencia asustó a algunas personas cuando era un término técnico y normativo de los países”.
Acerca de si la vacunación contra el COVID-19 debería ser obligatoria para estas personas evaluó el jerarca del MSP que “creo que en esos casos es una obligación moral, ética, y de quien tiene el saber científico y el accionar técnico. Sobre todo porque pueden estar expuestas y hacer que un paciente se contagie. Más allá de una persona que va a la consulta porque le duele una rodilla, también hay que pensar en un paciente con una enfermedad respiratoria que al ser contagiado de COVID-19 puede empeorar mucho su cuadro. Por eso la ética, el saber científico, y como se maneja la praxis en la salud debe tener una única manera de conducirse y de leerse, que para mí es esa. Si no se cumplen los preceptos éticos y técnicamente no se hace lo debido, estas personas no deberían llamarse profesionales, uno no es muy profesional si no se vacuna”.
Tan contundente como cierto, solo que no se trata solo de no ser profesional, sino que la responsabilidad en esta problemática se potencia al tratarse de un virus de muy alta transmisibilidad y del gravísimo riesgo que implica contraerlo en una institución de salud, a la que asisten personas a menudo con problemas del sistema inmulogógico disminuido y múltiples afecciones de alto riesgo.
Es decir, que la convicción personal de desconfianza hacia la vacuna –con un fundamento altamente cuestionable– se antepone en estos casos ante la profesión y los deberes inherentes a sus funciones, además de una falta de solidaridad manifiesta al hacer primar su parecer individual sobre todo lo demás.
Felizmente, el grueso de la población –hasta ahora entre un 70 y un 80 por ciento– ha tenido una disposición a asumir los “riesgos” –mínimos, por cierto– de inocularse en esta campaña, ante el bien mayor de contribuir a contener la expansión del virus, y con ello no solo ha actuado en defensa individual y de sus seres queridos, sino del prójimo, al ir estableciendo una barrera de contención para la expansión del virus y/o reducir los riesgos de tener que ser ingresado al CTI para tratar de salvarlo, como está debidamente probado. Por cierto, poniéndonos en un ejercicio contrafáctico, no cuesta mucho imaginarse lo que hubiera sido del Uruguay y de la enorme mayoría de los países del mundo si se hubiese extendido este rechazo a vacunarse por mil y una teorías absurdas: hoy estaríamos en el país con decenas de miles de muertos, la gran mayoría de la población contagiada y con la economía en derrumbe, en medio de un caos global de imprevisibles consecuencias.
Y si bien vacunarse no asegura en un cien por ciento que no se contraerá el virus, las posibilidades de contagiarse sí disminuyen sustancialmente en caso de contar con las dos dosis, y mucho más aún de sufrir consecuencias graves, incluso la muerte.
Viene al caso traer a colación el informe que indica que las personas que no están vacunadas contra la COVID-19 tienen once veces más probabilidades que los que sí lo están de morir por la enfermedad, según un estudio de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en inglés).
El estudio estuvo basado en el análisis de más de 600.000 casos de COVID-19 en Estados Unidos, anunció la directora de los CDC, Rochelle Walensky. “Los que no estaban vacunados tenían unas cuatro veces y media más probabilidades de contraer COVID-19, más de diez veces más probabilidades de ser hospitalizados y once veces más probabilidades de morir por la enfermedad”, explicó Walensky; datos incontrastables y concisos, no rumores pseudo científicos.
Consideró que la investigación “ofrece todavía más pruebas del poder de la vacunación” contra la COVID-19, en un momento en el que más del 20 de la población estadounidense que cumple los requisitos para vacunarse se resiste todavía a hacerlo.
Argumentos valederos si los hay, que son absolutamente de recibo cuando todavía la epidemia no ha sido derrotada y deben seguirse aplicando los protocolos, los aforos, las restricciones en la circulación entre países, sobre todo cuando se avecina una nueva temporada turística con reapertura de puentes, y debemos seguir cuidándonos entre todos para que la pandemia no recrudezca.
Y si estamos mejor preparados que hace un año para este escenario, es porque la gran mayoría de los uruguayos hemos asumido nuestra responsabilidad, individual y colectiva, para no dejarnos llevar por los agoreros antivacunas, como si la humanidad no tuviera una larga historia de enfermedades erradicadas por esta vía.
Felizmente estamos generando una barrera de contención contra la COVID-19, para beneficio de los que se han vacunado pero también para los que se han negado a hacerlo y no quieren reconocer esta realidad. Allá ellos.
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En todos los departamentos los museos abrieron sus puertas el pasado fin de semana para sumarse a la celebración del Día del Patrimonio. Se trata de un hecho significativo en el contexto de la nueva normalidad, luego de haber sido otras de las instituciones culturales fuertemente afectadas por la pandemia de COVID-19.
Según las encuestas elaboradas por el Consejo Mundial de Museos y el programa Ibermuseos los museos del mundo vivieron un gran impacto por la pandemia, dado que todos cerraron sus puertas con consecuencias que van más allá de la situación sanitaria, debido a la afectación de presupuestos y suspensión de contratos del personal. Recordemos en este sentido que no todos los museos funcionan bajo la órbita estatal, de hecho la gran mayoría son museos privados y que dependen en gran medida de los ingresos que generan para funcionar, e incluso muchos de los museos dependientes de organismos estatales dependen de los recursos que generan por sí mismos.
En América Latina y el Caribe, la situación de las instituciones culturales –que ya era muy frágil con anterioridad a la crisis sanitaria– también hubo importantes impactos en este sector de gran importancia cultural y económica.
“Las organizaciones culturales son parte fundamental de la Economía Naranja que en América Latina representa el 2,2% del PBI, emplea a más de 1,9 millones de trabajadores, lo que equivale a la fuerza laboral de la economía de Costa Rica y Uruguay combinada. Además de su innegable aportación económica y generación de empleo directo e indirecto, los museos e instituciones culturales no sólo son el corazón que atesora nuestra identidad y nuestro patrimonio artístico y cultural, son centros educativos, lugares de encuentro de la comunidad, centros vitales de las ciudades, atraen turismo, investigación y conocimiento”, afirmó Julieta Maroni, registradora de la colección de arte del Banco Interamericano de Desarrollo y artista plástica.
Una encuesta realizada por Ibermuseos para conocer en profundidad la situación de las instituciones museológicas de la región iberoamericana, comprender sus desafíos, identificar las necesidades inminentes y poder actuar en consecuencia, reveló que más de un 50% de los museos reajustaron sus actividades en respuesta a las medidas restrictivas. Sus resultados constataron una gran preocupación por la gestión interna de las instituciones, pero también cuestiones centradas en la relación de los museos con su entorno, tanto vinculadas al uso de herramientas virtuales con las que mantener vigente su labor y discurso museológico, como en lo relativo al diseño de planes de reapertura y estrategias para la recuperación de la confianza del público.
Según el análisis del Banco Interamericano de Desarrollo, un punto clave de la profundidad del impacto ha sido la escasa preparación para la transformación digital del sector: sólo el 29% de las instituciones culturales tiene personal a tiempo completo dedicado a las actividades digitales. Por otra parte, más del 80% de las instituciones afirmaron que no tenía un plan de transformación digital antes del COVID-19.
En el camino de las soluciones para enfrentar la crisis y ante la fragilidad en que la pandemia situó a museos y otras instituciones culturales latinoamericanos, el BID creó la plataforma Open Museum, con la finalidad de acompañar la transición digital del sector y con el objetivo de ayudarles a transitar a la era digital, mantenerse relevantes y ganar resiliencia para el futuro.
Se trata de una plataforma en línea que ofrece programas para crear exposiciones virtuales, softwares abiertos para digitalizar colecciones y poder seguir conectándose con las audiencias, o buenas prácticas e ideas inspiradoras de otros museos del mundo.
En el mismo sentido, Ibermuseos realizó webinarios en línea para reflexionar en torno al presente y futuro de los museos y mini cursos virtuales para capacitarse con especialistas iberoamericanos en temas urgentes como el diseño de planes de reapertura, el uso de las herramientas virtuales, la sostenibilidad de los museos entre otros temas. Asimismo, creó el Repositorio COVID-19 para los museos, una herramienta online con un amplio conjunto de informes, protocolos y decretos de referencia producidos por los museos de la región y puestos a disposición del sector para apoyar la gestión. Con el mismo objetivo se lanzaron una Herramienta de autodiagnóstico de accesibilidad y un Centro de Documentación de Ibermuseos.
También adaptó el 11º Premio Ibermuseos de Educación y el Fondo Ibermuseos para el Patrimonio Museológico, destinado por primera vez a proyectos educativos virtuales, se entregó a 20 proyectos de la región –entre ellos dos de Uruguay: el Museo de la Revolución Industrial de Fray Bentos y el Museo de la Memoria en Montevideo–, a la vez el referido Fondo se destinó a la protección de bienes museales de 5 museos afectados por su cierre.
Los museos –que junto con las bibliotecas y los centros de documentación suelen ser las cenicientas de los presupuestos públicos– son un medio importante para los intercambios culturales, el enriquecimiento de las culturas, el avance del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos, así como para el acceso al conocimiento y la información y, fundamentalmente, la construcción de ciudadanía. Y no deberíamos perder de vista este rol social tan relevante a la hora de pensar su futuro.
La historia reciente muestra en Uruguay una mayor preocupación de las esferas gubernamentales y administrativas por la mejora de las condiciones de nuestros museos, la formación de sus recursos humanos y la coordinación de esfuerzos para la preservación y divulgación de sus colecciones. El sacudón de la pandemia y su impacto en los museos y otras organizaciones culturales han sido también fuente de experiencia y aprendizajes.
Las nuevas herramientas antes mencionadas, que apoyan un avance hacia la transformación digital requieren también de trabajo especializado de museólogos, bibliotecólogos y archivólogos así como otros funcionarios asignados a diferentes actividades en estas instituciones culturales y se requiere también contar con recursos y, en muchos casos, capacitación. Son éstos aspectos claves que deberían ser tenidos en cuenta por los tomadores de decisión.
Expandir audiencias, generar nuevos públicos y redefinir el rol de los museos en el ecosistema de las industrias creativas y culturales de la región son procesos que seguramente deberán acompañar su transformación hacia nuevas etapas que seguramente se caracterizarán por su hibridez porque si bien visitar un museo es básicamente una experiencia presencial –y a veces intransferible– es innegable que la era digital amplía las posibilidades y –quizá– las potencialidades de una de las más antiguas instituciones culturales de la Humanidad.
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La semana pasada fue la Semana del Corazón, un apartado en el calendario que comenzó a dedicarse hace 30 años en nuestro país a concientizar sobre la necesidad de prevenir las enfermedades cardiovasculares. Las primeras tres ediciones fueron organizadas por la Asociación Procardias y el Programa de Enfermedades Cardiovasculares del Ministerio de Salud Pública y desde 1994 estos organismos, en conjunto con la Sociedad Uruguaya de Cardiología, la Cátedra de Cardiología de la Facultad de Medicina, el Sindicato Médico del Uruguay y la Federación Médica del Interior, fueron los asesores para la creación de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular.
La ley que creó la Comisión establece que es la encargada de organizar la Semana del Corazón, y todos los años se elige la semana del 29 de setiembre, Día Mundial del Corazón.
Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte de uruguayos. La campaña que se lleva adelante durante la Semana del Corazón se enfoca a nivel nacional en estrategias de prevención de enfermedades y de promoción de la salud, orientadas a toda la población, pero con un mensaje que hace énfasis en aquellos que presentan mayor riesgo.
Aumentar el conocimiento de las personas sobre los factores de riesgo, permite mejorar su salud, su bienestar general, y combatir la mortalidad prematura causada por enfermedades cardiovasculares.
De allí que durante la Semana del Corazón se realicen y promuevan actividades que ayuden a generar hábitos “cardiosaludables”, bajo la premisa de que “pequeños cambios en el estilo de vida hacen la diferencia”.
Sin embargo de un tiempo a esta parte se ha sumado otro enfoque a la campaña de la Semana del Corazón, y refiere a la posibilidad de que eventualmente cualquiera de nosotros podría convertirse en el último recurso de otra persona, y salvar una vida. Claro, para ello hay que tener una base mínima de conocimientos que es la que se requiere para, primero, detectar que alguien está sufriendo un paro cardiorrespiratorio, y después, llevar a cabo los movimientos que se requieren para mantener a esta persona con vida mientras llegan los profesionales de la salud. En el marco de una política pública en este sentido fue que en 2017 se crearon los Sitios Cerca, uno de los cuales funciona en Paysandú, cuyo propósito es ir a capacitar “a domicilio” a grupos de personas, empresas, instituciones, en estos relevantes conocimientos.
Y es que esto de la salud cardiovascular requiere de un esfuerzo mayor al que se puede hacer durante una semana. Y esto, la instrucción en la aplicación de las técnicas de RCP, reanimación cardio pulmonar, es de las cosas que se puede seguir haciendo por la salud de las personas a lo largo de todo el año.
“Estas maniobras de reanimación sí salvan vidas”, afirmaba una de las instructoras en Paysandú, Luján Méndez, que además destacaba que este tipo de cursos se dictan con mucha practicidad, en un lapso de tres horas, y sin ningún tipo de costo adicional para las personas, empresas o instituciones. De hecho es una inversión que el Estado ya está haciendo en salud pública, al disponer los equipos en el territorio, por lo que es un recurso que es importante que la población aproveche. “Los paros no suceden a las puertas de las emergencias, suceden en cualquier lado, en la casa, haciendo una cola para pagar en un local, haciendo actividad física como se ha visto que grandes deportistas sufren enfermedades cardiovasculares. Cuanto más preparados estemos –porque vamos a hacer la primera respuesta para la persona que sufre este paro cardíaco–, van a haber más posibilidades de sobrevida de esa persona. Porque estadísticamente está comprobado que por minuto que pasa, si no hacemos nada, se pierde el diez por ciento de sobrevida de una persona”, afirmó Méndez.
Cuantas más personas poseen los conocimientos adecuados para aplicar estas técnicas, más chances hay de que si a cualquiera de nosotros nos toca sufrir un accidente de este tipo, encontremos una mano dispuesta a ayudarnos. Puede ser la diferencia entre la vida o la muerte, o incidir directamente en la calidad de vida de quienes sobreviven. Por eso, francamente, todos deberíamos plantearnos como una meta el aprender a realizar RCP.
Incluso hay países en los que el aprendizaje de estas técnicas ya se han incorporado a la formación básica, aún desde muy pequeños.
Claro está, no es lo único que se puede hacer, y no es lo único que se hace. Es valorable el esfuerzo que se realiza desde los equipos de nutrición de las entidades de salud, así como también desde las instituciones educativas por inculcar hábitos saludables alimenticios, solo que en este caso enfrentan varias barreras: por un lado aspectos culturales que hacen que la población en líneas generales se siga alimentando mal, algo en lo que la oferta no ayuda de manera alguna. Otro aspecto cultural que será difícil de combatir es el consumo de alcohol, también hondamente enquistado en la tradición nacional, un país que se vanagloria de los mayores indicadores de consumo per cápita. Hay otros hábitos a inculcar, como el combate al sedentarismo, las periódicas visitas al médico y los controles que deberían ser habituales y no quedarse solo en aprovechar que los están haciendo en la plaza durante la Semana del Corazón. → Leer más

En la lenta –pero esperemos que sostenida– salida de la pandemia, también en el ámbito de nuestro país como a nivel global, todavía se dista de llegar a los niveles inmediatos de la prepandemia, pero más aún, hay interrogantes agregados a los ya acostumbrados altibajos de la economía mundial que solo podrán ser disipados, aunque más no sea parcialmente, cuando se retome el rumbo con cierta firmeza.

Es así que un año y medio después de la irrupción del COVID-19 en el Uruguay, la economía de nuestro país se va recuperando en forma relativa, es decir si tomamos en cuenta el piso al que se llegó en el peor momento de la pandemia, aún haciendo la salvedad de que al no ingresar en cuarentena obligatoria y acentuada como se hizo en la Argentina –con un resultado desastroso, como es sabido– la caída no fue tan estrepitosa.
Si bien la COVID-19 impactó fuertemente en el Producto Bruto Interno (PBI) en 2020, cuando cayó un 5,9 por ciento, con duras consecuencias sobre el tramado socioeconómico, ya en este ingreso hacia el cuarto trimestre de 2021 las expectativas se presentan un poco más alentadoras.

En este sentido, la ministra de Economía y Finanzas, Ec. Azucena Arbeleche, estima que el PBI mejorará un 3,5 por ciento, mientras que el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) prevé cifras similares de crecimiento en este año y por lo tanto cuando culmine 2021 estará en un nivel similar al de diciembre de 2019.
Pero también ese nivel era un pobre desempeño, desde que sobre todo el quinquenio anterior la economía estaba estancada y en retroceso, con fuerte incremento del desempleo, problemas de competitividad y caída de actividad y de la rentabilidad de las empresas.

Al analizar el escenario, el director ejecutivo del CED, Agustín Iturralde, señaló que los problemas económicos del país “van a ser básicamente los mismos”, dado que si bien la pandemia agudizó y aceleró las dificultades preexistentes, no hay nada novedoso en los desafíos que tiene que enfrentar el gobierno.
Quiere decir, en buen romance, que en el mejor de los casos, lo que ha hecho la pandemia ha sido diferir o congelar el escenario de diciembre 2019, desde el punto de vista de la economía, aunque debe tenerse presente que como consecuencia de la aguda crisis por la COVID-19, todavía no se han recuperado miles de empleos. Es que si bien se ha retomado la dinámica de la economía en buena medida, las empresas aun se muestran reticentes a la contratación de empleos hasta no tener un panorama claro de como se presentará la mano en el futuro inmediato.

Ocurre que por lo tanto se ha perdido un año en cuanto a la instrumentación del grueso de la propuesta electoral del gobierno, desde el punto de vista práctico, lo que no es poca cosa, cuando urgen las necesidades del ciudadano común, por más comprensivo que se sea respecto a tener en cuenta el fuerte impacto negativo del coronavirus.
En lo relativo al escenario internacional, vital para la economía de un país pequeño como el Uruguay, con mínima economía de escala y un mercado interno muy reducido, el mercado externo presenta algunos elementos favorables para nuestros productos de exportación, básicamente materias primas, pero contando con la misma infraestructura que la que teníamos en diciembre de 2019.

Se mantiene por ahora un aumento en los valores de las materias primas, en tanto las tasas de interés siguen históricamente bajas y gradualmente los países que empujan la economía mundial van mejorando su performance.
El director ejecutivo del CED considera que esta coyuntura favorable debe ser aprovechada por nuestro país, pero precisamente por tratarse de una coyuntura, la interrogante que queda planteada es hasta cuándo cabe esperar que se den estos precios atractivos para nuestros productos de base agropecuaria, esencialmente.
Según da cuenta El País, Iturralde analiza que el contexto internacional “luce razonablemente estable pero no podemos soñar con un contexto de 10 o 12 años de buenos precios de los commodities. Hay que ser más pesimistas al respecto y hay señales de que esto no dura para siempre”.

Es decir, de lo que se trata fundamentalmente de tener presente es que no hay repetir lo que se hizo en los 15 años anteiores: asumir, alegremente, que la bonanza de los precios internacionales podría seguir indefinidamente, por lo que se incrementó el gasto estatal como si fuera a contarse para siempre con estos ingresos excepcionales. Cuando la cosa cambió, nos quedamos sin ingresos adicionales, pero con la deuda y los costos de un presupuesto público inflado solo posible de más o menos financiarse en los tiempos de vacas gordas.
Ergo, en los hechos recién en la línea de arranque, el gobierno tiene planteados desafíos impostergables para tratar de generar sustentabilidad en la economía, más allá de vivir el momento en base a los avatares de las coyunturas, que son la mejora de la competitividad, bajar la inflación, recuperar el empleo y lograr una consolidación fiscal, como señala el director del CED.

No se trata además de componentes aislados, sino que están concatenados entre sí, en gran medida, y asociados con otros factores que inciden en la ecuación y que se enmarcan en la representación de “platitos chinos” que deben mantenerse girando al mismo tiempo, como señalara en su momento el expresidente del Banco Central del Uruguay, Ec. Mario Bergara.
Lo que es ratificado por la asesora económica de la Cámara de Comercio y Servicios, Ana Laura Fernández, quien evaluó que aunque algunos desafíos se han exacerbado por la pandemia, “las barreras de competitividad y productividad” que enfrentan las empresas uruguayas siguen siendo las mismas que tenían previo al COVID-19.

Y aunque como bien analizan los economistas, en el sentido de que el país va a salir de la pandemia “sin daño económico permanente”, la realidad indica que la recomposición de la economía recién empieza, en el mejor de los casos, para tratar de hacer lo que tenía que hacerse hace ya más de un año y medio, cuando además sin dudas la pandemia proyecta una larga sombra de inestabilidad social, que hará que el desafío sea aún más exigente, pero insoslayable, si es que se pretende que la recuperación sea sustentable y no prendida con alfileres. → Leer más

Al comienzo de la actual legislatura, el 15 de febrero del año pasado, cambió el escenario parlamentario. Aquellos que tuvieron mayorías durante tres períodos pasaron a la oposición. El Frente Amplio anunciaba ese día que iba a priorizar el debate sobre el proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC), los Consejos de Salarios y el presupuesto.

El cambio de estrategia fue, incluso, tema de debate en la interna de la bancada frenteamplista durante horas. En la Huella de Seregni mantuvieron un encuentro antes de comenzar la labor legislativa con el objetivo de establecer la gimnasia parlamentaria.

Con ese perfil se comprometían a no abusar de las interpelaciones y cuidar la herramienta. Tampoco pensaban en la posibilidad de censurar a un ministro, porque –además– no cuentan con los votos para eso.

A priori se enfocaban en la LUC, contra la que darían una “batalla política”. Reclamaban por la falta de “calidad democrática” de la iniciativa y el poco tiempo de debate. Apostaban a un diálogo con la población que implicara la comprensión de los aspectos contenidos en la ley.

Un año y medio después está claro que ocurrió otra cosa. La mayoría opositora se unió a otras organizaciones sociales y sindicales para juntar firmas con el fin de instalar un referéndum, donde no está en debate la necesidad de informar a la ciudadanía, sino la de confrontar con un proyecto político con el que discrepan.
Y, a fuerza de comparaciones, también es lógico reconocer que durante los gobiernos frenteamplistas, el entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, protagonizaba una interpelación por cada año de su gestión. El actual senador del MPP estuvo allí, al frente de la secretaría de Estado, por diez años.

Por aquél entonces, la agenda de temas instalados en el Parlamento era variada y transcurría desde la primera interpelación –a poco de asumir Bonomi en 2010– por los muertos en el incendio de la cárcel de Rocha, siendo el interpelante el diputado Germán Cardoso. En esa oportunidad se habló también de los altos niveles de inseguridad ciudadana, hubo acusaciones por nepotismo y hasta de vinculaciones con barrabravas del fútbol.

Claramente: una y otra vez Bonomi era respaldado por su fuerza política y por los expresidentes Mujica y Vázquez. De hecho, el para entonces ministro reconoció que durante este último período, había presentado “por lo menos tres veces” su renuncia, pero no había sido aceptada.

El exministro definía a las interpelaciones como “un recurso político”, donde el reclamo de renuncia de un ministro se presentaba como la solución a un problema no resuelto. Aquellos dirigentes aseguraban que las interpelaciones no iban a cambiar nada porque contaban con las mayorías necesarias para que eso no sucediera.

Una de esas citaciones –encabezada por el exsenador Pedro Bordaberry y su última actuación antes de retirarse de la vida política– era considerada un récord al alcanzar 17 horas de sesión parlamentaria, con pedido de censura incluida que obviamente no prosperó.

El Programa de Estudios Parlamentarios, a cargo del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de la República, informa que entre el 1° de marzo de 1985 y el 1° de octubre de 2016, hubo 130 interpelaciones. El documento académico calcula una cada 87 días, cuatro anuales o unas veinte por período legislativo.
El gobierno de Jorge Batlle encabeza, por ahora, la lista de interpelados con 26 ocasiones, seguida de Mujica con 25 y Vázquez con 23. La que tiene menor cantidad, es la segunda presidencia de Sanguinetti con 11.

No obstante, con el ritmo actual de llamados a ministros, no es muy difícil estimar que se va a terminar realizando una interpelación cada 50 días. De hecho, hubo dos en menos de 48 horas, con los llamados al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en la Cámara de Senadores y al ministro de Defensa, Javier García, en la Cámara de Diputados.

Totalizan cinco en lo que va del período, han batido todos los récords y ahora resta esperar la decisión de la oposición por interpelaciones a Omar Paganini, de Industria y Minería, y a Pablo Mieres, de Trabajo y Seguridad Social.

Este “recurso político”, de acuerdo a la definición de Bonomi, ha superado hasta ahora cualquier tiempo de debate con más de 20 horas. Es decir, casi un día de discusión para que nada ocurra. Solo una gimnasia. Tal y como la llamaba en su momento la fuerza política que hoy utiliza la herramienta de la que prometió no abusar.

Heber fue llamado en dos oportunidades. En el primer caso, para explicar el contrato con la empresa belga Katoen Natie en el puerto de Montevideo, que decantó en una paralización portuaria y, por ende, del comercio exterior.

La segunda vez, asistió para explicar la fuga de un preso, recapturado a los pocos días. Un escape que en nada lo iguala al de Rocco Morabito, uno de los diez narcos más buscado en el mundo y con una notificación de color rojo emitida por Interpol a nivel internacional, desde las narices de la Policía en la Cárcel Central de Montevideo.

Y si la situación carcelaria es débil, hay que recordar el caso de antropofagia más conocido, cuando Marcelo “Pelado” Roldán terminó frito y en el estómago de su compañero de celda en 2019. Casos por los cuales, cualquier presidente hubiese pedido la renuncia de su ministro o la presentación de una dimisión indeclinable, para que el mandatario de turno no tenga dudas de que su secretario de Estado se va. Y lo hace de una, sin necesidad de insistir “tres veces”.

Hasta ahora la operación desgaste conspira contra los intereses políticos de la oposición. La última encuesta de Factum señala que el presidente Luis Lacalle Pou tiene el 61% de aprobación. Y ese nivel, dentro de los votantes del Frente Amplio, pasó del 12 al 21%.

Cabe recordar que a finales de 2020 su aprobación subía a 66%, en un escenario previo a la ola de aumentos de contagios por COVID-19. Cifra, una encuestadora diferente, ubica el guarismo de aceptación en 56%, o sea en niveles similares.

Si bien el concepto de aprobación de una administración política no debe compararse con la decisión del voto, tampoco está mal recordar que el presidente llegaba a la segunda vuelta electoral sólo con el 28,6% de los votos de su partido. → Leer más

Desde hace algunas semanas se viene desarrollando en nuestro país la novena ronda de los Consejos de Salarios, un ámbito de negociación colectiva tripartita creado en al año 1943 y cuyo funcionamiento constituye un elemento distintivo de las relaciones laborales en nuestro país y lo ha hecho merecedor de un fuerte reconocimiento a nivel internacional por la calidad e institucionalidad de su diálogo laboral. En Uruguay, la negociación colectiva a nivel de rama de actividad o de cadenas productivas podrá realizarse a través de la convocatoria de los Consejos de Salarios o por negociación colectiva bipartita, pero la negociación en los niveles inferiores (a nivel bipartito) no podrá disminuir los mínimos adoptados en los convenios colectivos de nivel superior, salvo lo dispuesto en el Consejo de Salarios respectivo. Esto quiere decir que lo que se resuelve de manera centralizada en los Consejos de Salarios celebrados en Montevideo es obligatorio para todas las empresas sin importar en qué lugar del Uruguay desarrollan su actividad industrial o comercial. En efecto, el convenio colectivo por sector de actividad celebrado por las organizaciones más representativas es de aplicación obligatoria para todos los empleadores y trabajadores del nivel de negociación respectivo, una vez que sea registrado y publicado por el Poder Ejecutivo.

Sin perjuicio de lo mencionado, es importante tener en cuenta que “no todo lo que reluce es oro” y que muchas veces las empresas más pequeñas (especialmente aquellas establecidas en el Interior) no participan de las negociaciones de los Consejos de Salarios, las cuales son llevadas a cabo por representantes de cámaras empresariales de cada sector, integradas mayoritariamente por las empresas más poderosas. El sistema, en definitiva, se transforma en un perversa ejercicio de selección natural donde “el pez más grande se come al más chico” ya que se fijan salarios y beneficios laborales que resultan imposibles de afrontar para las empresas que son más pequeñas y cuyos mercados son también más reducidos. Este funcionamiento de los Consejos de Salarios resulta tremendamente injusto para las empresas del Interior, ya que un bar de la ciudad de Guichón, Tranqueras o Dolores está obligado a pagar los mismos sueldos y dar los mismos beneficios a sus trabajadores que un establecimiento similar localizado en pleno Punta Carretas o Carrasco de Montevideo, Punta del Este o Colonia, lugares en los cuales el número de habitantes y por ende de potenciales clientes así como el poder adquisitivo es notoriamente mayor.

Es claro que esta opción ha despertado y despierta airadas críticas en el movimiento sindical, el cual muchas veces invoca en su defensa el artículo 8 de la Constitución Nacional según el cual todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes. Quienes defienden esta posición sostienen que todos los trabajadores que desarrollen una misma tarea deben percibir la misma remuneración, sin importar el lugar del territorio nacional en el cual cumplen funciones y como consecuencia de la norma constitucional antes mencionada.

Sin embargo, y tal como lo ha señalado el Profesor Juan Raso, “No existe en el derecho laboral uruguayo el reconocimiento explícito del principio de igual tarea, igual remuneración, también llamado ‘principio de equiparación salarial’. Quienes defienden el mismo acuden al artículo 8° de la Constitución y a las normas internacionales, cuya limitación señalamos en el numeral anterior. Cabe anotar sin embargo que el principio de igualdad, reconocido en nuestra Constitución, tampoco es absoluto. (…) La jurisprudencia uruguaya en todos los grados ha reconocido a lo largo del tiempo límites al principio de equiparación salarial. (…) El empleador puede retribuir de forma diferente a trabajadores que realicen la misma tarea, siempre que respete los mínimos salariales por categoría y actividad determinados en la legislación, los laudos de los Consejos de salarios o en la negociación colectiva”. Nuestro régimen laboral solo prohíbe la diferencia salarial por una igual tarea, cuando esa diferencia obedece a una discriminación basada en motivos ilegítimos. Estos son definidos en el artículo 1° del Convenio Internacional del Trabajo Nº 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y refieren a “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”.

Por otra parte, un informe del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) del año 2008 titulado “La negociación colectiva en Uruguay: análisis y alternativas” y cuyos autores son Adrián Fernández (coordinador), Bibiana Lanzilotta, Graciela Mazzuchi y Juan Marcelo Perera sostiene que “una negociación colectiva muy centralizada, que fije condiciones laborales uniformes y vinculantes para trabajadores con productividades muy distintas y para empresas en situaciones muy diferentes, podrá convertirse en una restricción importante para la actividad económica. (…) Existe un factor tamaño: las empresas tienen tamaños diversos y previsiblemente diversos niveles de productividad. Hay un factor localización, con dos grandes situaciones, las empresas de la capital y las del Interior, donde el nivel de actividad suele ser más reducido. Y hay problemas de empresas concretas que por motivos particulares no están en condiciones de afrontar los niveles salariales que se acuerdan en los Consejos, donde los representantes de los actores tanto sindicales como empresariales suelen responder a empresas grandes. El modelo de negociación debería tener capacidad de atender a esta diversidad de situaciones”. En este panorama, el informe de Cinve destaca que la necesidad de incluir “negociación a nivel de sector económico pero también a nivel de empresa, porque los temas vinculados a la competitividad de la misma sólo pueden discutirse a ese nivel”. Las afirmaciones de este informe de Cinve mantienen plena vigencia a pesar de la entrada en vigencia, en el año 2009, de la Ley de Negociación Colectiva que fue denunciada por las cámaras empresariales ante la OIT dando origen a un procedimiento que aún no ha finalizado.

Los dieciséis años transcurridos desde la reinstalación de los Consejos de Salarios en el 2005 han dejado en claro que no se puede tratar igual a quienes se encuentran en situaciones diferentes: los comerciantes e industriales del Interior también existen y desarrollan sus actividades en mercados más restringidos y con menores posibilidades que aquellas empresas que terminan gravitando en la firma de los laudos de los Consejos de Salarios. Una situación de tanta desigualdad debe solucionarse permitiendo a las empresas del Interior negociar en forma bipartita con sus trabajadores los salarios y beneficios laborales, lo que sin dudas redundará en un mayor número de puestos de trabajo y una mayor estabilidad de los mismos. De nada sirve firmar acuerdos rimbombantes en Montevideo si resultan impagables para las empresas del interior del país y perjudican a quienes supuestamente buscan favorecer, o sea a los trabajadores. → Leer más