Opinión

Uno de los delitos más antiguos del país estaría disminuyendo sensiblemente según las cifras oficiales: se trata del abigeato que, en los últimos seis meses disminuyó un 43%, según lo expresado en el Prado por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, durante un encuentro con directivos de la Asociación Rural del Uruguay.
Si bien reconoció que es necesario incrementar el número de camionetas y efectivos para que los buenos resultados continúen, sostuvo que la creación de la Dirección Nacional de Seguridad Rural, con sede en Florida, ha sido determinante para la mejora de la gestión en el combate al mencionado delito.

El abigeato no es un tema nuevo en nuestro país puesto que en diferentes modalidades ha existido casi desde que pasta ganado en nuestro suelo. Sin embargo, los contextos sociales e históricos han cambiado y continúa siendo un grave problema que deben enfrentar los productores, un asunto delicado con gran impacto económico tanto por el valor de los animales al precio de mercado como en la pérdida de la genética.
Numerosos casos –algunos de ellos tomaron estado público a través de los medios de comunicación– en los últimos años dan cuenta de la matanza de valiosos animales –reproductores ovinos y vacunos e incluso vacas de alto rendimiento lechero– para quitarles solo los cuartos. O el caso de también algunos productores ovinos que han liquidado sus majadas tras la deprimente situación de ver menguado sistemáticamente su capital y fuente de trabajo por la matanza de animales producto del abigeato.

El cuatrerismo ha dado lugar a la existencia de pequeñas, medianas y grandes organizaciones dedicadas al hurto sistemático de ganado y la ineficiencia de la policía para combatirlas ha sido objeto de numerosos reclamos dado que es igual de lamentable que un productor pierda 500 ovejas como que otro pierda dos o tres, porque si uno pierde dinero el otro quizá pierda el sustento.
Se trata de un problema de muchos años en el campo pero que en los últimos tiempos se acrecienta por la “modernización” de los “amigos de lo ajeno” y sus prácticas delictivas. Los productores, por su parte, poco pueden hacer más que indignarse al ver cómo el esfuerzo de su trabajo se esfuma en un abrir y cerrar de ojos.

Por otra parte, la existencia de bandas organizadas dedicadas a este delito es algo vox populi entre los productores, que han denunciado varias veces, al igual que agremiaciones que los nuclean, que hay grupos que trabajan por encargue y con nuevas formas de comercialización de la carne faenada en forma clandestina.
Tan grave es el asunto que hace un tiempo surgieron emprendedores tecnológicos que han diseñado mecanismos de alarma y aviso. Por ejemplo, una empresa vende un dispositivo de electrónico que transforma el alambrado perimetral del establecimiento en una barrera de seguridad. El sistema permite detectar el corte de alambrado e inyecta una señal en los hilos, que es monitoreada en tiempo real y en caso de detectar su ausencia (por corte), se dispara una alarma enviando el aviso correspondiente a los celulares programados (llamada y SMS). Además, acciona dispositivos disuasivos locales, como sirena y foco de luz.

Evidentemente, se trata de una solución tecnológica que no siempre está al alcance del productor ni soluciona el problema de raíz.
La desarticulación de estas prácticas delictivas es un tema complejo, máxime si pensamos en las grandes áreas geográficas que comprenden la mayoría de las jurisdicciones policiales así como el escaso personal y equipamiento que históricamente han tenido para emprender acciones efectivas.
Por otra parte, uno de los principales reclamos de productores y gremiales ha sido la necesidad de un marco legal más contundente, que castigue con severidad a los delincuentes, que operan generalmente en bandas organizadas y rápidas, con gran conocimiento de los movimientos de los productores y la propia Policía.

Ahora, el anuncio del ministro del Interior respecto a la disminución de este delito resulta no sólo una buena noticia sino una buena señal que permite cierto alivio y esperanza.
En este sentido, Heber sostuvo que la creación de la Dirección Nacional de Seguridad Rural “cambió sustancialmente lo que fue el abigeato en el país” y agregó que su trabajo es “formidable”.
La creación de dicha Dirección fue señalada por el presidente Luis Lacalle Pou como “una vocación del gobierno de tener clara la autoridad de colaborar y el rumbo de la libertad y la independencia”. Al momento de dejar operativa la misma recordó también “hoy el país tiene escrita una nueva normativa que respalda a los vecinos y le permite a la autoridad actuar”, siendo ésta una “legítima defensa rural ante la industria organizada del abigeato”.

En aquel momento el mandatario fue enfático al afirmar que el gobierno respaldaría el accionar policial y se protegería a los ciudadanos que cumplan con la ley. Añadió que se trabaja en la protección de los pequeños, medianos y grandes productores y afirmó que el que más sufre el delito de abigeato es el pequeño productor. En ese sentido, subrayó la voluntad de las autoridades del Ministerio del Interior para descentralizar la Dirección Nacional de Seguridad Rural, abrir más dependencias policiales en el país y mejorar la infraestructura y citó, como ejemplo, la incorporación de nuevos móviles.
Ya en el primer trimestre del año el Ministerio del Interior había informado un descenso del 38% en relación a 2020. En tanto, para el ministro Heber las nuevas estadísticas respecto a este delito indican que si bien no se ha erradicado, ahora la gestión es eficiente para combatirlo y también hizo referencia a la actuación policial, ya que, aunque se cometan delitos, la Policía captura a los delincuentes y obtiene elementos de prueba que permiten formalizarlos y condenarlos.

La situación de Paysandú está en sintonía con los acontecimientos nacionales, en la medida que el abigeato en el departamento de Paysandú bajó 45%, gracias al patrullaje que realiza la Brigada de Seguridad Rural, con 4 vehículos nuevos que fueron asignados el año pasado y un amplio despliegue que se realiza diariamente en el terreno, según señaló a este medio el Jefe de Policía de Paysandú, comisario general Eduar Álvez De Almeida Torres.
La disminución de un delito que tanto daño hace a los pequeños, medianos y grandes productores es no solo una buena noticia sino también una muy esperada. Es necesario seguir trabajando firmemente en este sentido y que se cuente con los recursos humanos y materiales suficientes para poder cumplir fehacientemente con la labor de posibilitar mayor seguridad para que los medios de sustento y producción de muchos uruguayos de tierra adentro dejen de estar permanentemente expuestos a la depredación de particulares y bandas organizadas para delinquir. → Leer más

La pandemia de COVID-19 aún no está cerca de terminar, quedan todavía muchos lugares del mundo afrontando problemas serios, países en los que el acceso a las vacunas y materiales para los tratamientos han perjudicado y sellado la suerte de miles de personas, lugares donde también existe el riesgo cierto de la aparición de nuevas variantes que puedan complicar el panorama. Ha transcurrido poco más de año y medio desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró la situación de pandemia, y en algunos países, como el nuestro, da la impresión que se empieza a ver la luz al final del túnel (toquemos madera). La enfermedad es, cuando menos, mucho menos mortal que al inicio, también se aprecia que las internaciones por cuadros severos son muchísimas menos y el tema también va perdiendo fuerza, en tanto el mundo está regresando a sus antiguas discusiones y preocupaciones, y a otras nuevas, después de esta fase tan monotemática.
Pero este cambio, este giro, no se dio así nomás, espontáneamente; no ocurrió que el virus simplemente perdió fuerza y miles de millones de seres humanos se volvieron inmunes (o al menos más resistentes) por arte de magia. Para llegar a este estado de situación hubo millones de horas en todo el mundo de dedicación, de estudios, de análisis, de desarrollo, de investigación, pero también de desvelo, de apartamiento de la familia, de resignación de un montón de cosas por parte de personas que dieron con la clave para el desarrollo de las vacunas. Aquí en nuestro país ese esfuerzo tuvo un justo reconocimiento que se personalizó en los integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario, GACH, que trabajó con el gobierno, pero que debería hacerse extensivo a todos quienes desempeñaron tareas en la investigación asociada a enfrentar la pandemia, de la manera que fuera. Y han sido muchos.
Pero no solamente se trata de vacunas. En este período se han desarrollado –o masificado, porque algunos ya existían– cientos, o seguramente miles, de técnicas, procedimientos, productos, servicios o accesorios, que han tenido como fin mejorar las condiciones generales de la población. Muchos de ellos están contenidos en compendio de tecnologías sanitarias innovadoras para la COVID-19 y otras enfermedades prioritarias, de reciente publicación por la OMS, tecnologías realmente algunas muy sencillas, usos prácticos para aparatos preexistentes, en otros casos desarrollos más complejos, que seguramente demorarán en estar disponibles en países menos desarrollados, pero que ya están en el mundo, y será su expansión cuestión de tiempo y de voluntad política, siempre necesaria.
Por mencionar un ejemplo bien conocido, la educación a distancia ha sido tal vez el de mayor penetración, sobre todo para quienes tienen hijos en edad escolar o liceal. Ya existía todo como para impartir cursos de forma virtual: las máquinas, los software, la conectividad (no en todos los países es igual, lógicamente), pero no tuvo una explosión sino hasta que fue necesario que todos permaneciéramos en nuestros domicilios. Está claro que no es lo mismo que ir a la escuela a tener clases presenciales, no hace falta ni explicarlo, en primer lugar porque la pantalla no puede sustituir el aspecto de la socialización, que es uno de los pilares de la educación tal como la conocemos, pero hay que imaginarse cómo hubiese sido este período sin esta herramienta. Es más, hoy, que están de regreso los niños y los jóvenes en las aulas, la educación a distancia parece tender a volver a fase cero; seguramente no desaparezca del todo, pero vamos rumbo a dejar pasar la oportunidad de desarrollarla como una solución de verdad para tiempos no pandémicos, para personas que habitan en zonas alejadas, para no fomentar la migración hacia las grandes ciudades. Pero eso es tema para otro día.
Solamente por mencionar otros ejemplos interesantes, están incluidos en el compendio, y ya en el mercado, un concentrador de oxígeno a energía solar, desarrollado en Canadá; un ventilador de baja presión de entrada de oxígeno, made in Vietnam; un aparato de rayos X portátil con múltiples posibilidades de alimentación energética, optimo para países de ingresos medios y bajos, desarrollado también en Canadá. Lista también este compendio algunos desarrollos que todavía están en fase de prototipo, como un modelo de mascarilla facial (tipo tapabocas) reutilizable, basado en polipropileno, patentado en Estados Unidos; test de microfluidos para la detección de COVID-19, de origen sueco; un software para screening de recién nacidos que utiliza la cámara de los smartphones, creado en Noruega; equipos de protección biodegradables basados en celulosa, diseñados en Bangladesh; entre otros.
La doctora Mariângela Simão, subdirectora general de Acceso a Medicamentos y Productos Sanitarios de la OMS destacó que las tecnologías innovadoras “están acelerando el acceso a la atención de la salud en todas partes, pero debemos asegurarnos de que estén fácilmente disponibles en todos los establecimientos de salud a un precio justo y con garantías de calidad”. Ese es el verdadero desafío. Sin embargo, la historia nos enseña que más temprano que tarde la tecnología siempre se vuelve accesible y se masifica.
Pensando en los desafíos que tiene el país por delante, y no solamente en lo relacionado con la pandemia, aunque también, cabe traer algunas reflexiones del doctor Gonzalo Moratorio en el portal de la Universidad de la República (UdelaR), quien considera que Uruguay “tiene lo más difícil de generar que son los recursos humanos. Lo que hace falta es apostar a una infraestructura biotecnológica, apostar a la creación de ecosistemas innovadores que tengan como eje central a la biología para poder catapultar y terminar de consolidar la ciencia del siglo XXI”. Considera que “en biología será posible generar avances tales como los que tuvo la física a mediados del siglo XX o el poder de cómputo de sistemas informáticos hacia finales del siglo XX, gracias a tecnologías como las del ARN, a tecnologías como la de Crispr, que permiten la edición genómica. Estas permiten claramente hacer de la biotecnología un motor para la sociedad, donde ya estamos inmersos”.
Para aprovechar esto, dijo, “es fundamental un alineamiento político, una decisión como sociedad de utilizar la ciencia para impactar absolutamente en todo lo que hacemos como especie”. Y agregó que la ciencia “tiene que impactar en lo medioambiental, en las energías renovables, en la salud, en la tecnología agropecuaria, en la tecnología veterinaria, en la industria de los alimentos, en el manejo de nuestros ecosistemas; la ciencia tiene que ser transversal a todas actividades humanas y a las disciplinas como las finanzas y la economía. Tenemos que ponerle ciencia a las cosas, ese es el camino”. → Leer más

La semana anterior el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, viajó hacia Brasil, para mantener una reunión de trabajo con su par del vecino país, la ministra de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, Tereza Cristina, con las prioridades centradas en intercambiar opiniones sobre aspectos claves entre ambos países a nivel productivo.

Previamente y en este contexto, se llevó a cabo en la sede de Farsul en Expointer, una reunión entre el ministro Mattos, la cónsul general del Uruguay, Liliana Buonomo, la secretaria de Estado de Agricultura, Pecuaria y Desenvolvimiento Rural (SEAPDR), Silvana Covatti, el secretario de Defensa Agropecuaria, José Guilherme Leal y la superintendente Federal de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) de Rio Grande do Sul, Helena Pan Rugeri y los directores de Servicios Ganaderos, Diego de Freitas y de Sanidad Animal, Martín Altuna, teniendo en cuenta sobre todo que el estado de Río Grande del Sur pasó desde este año a ser libre de aftosa sin vacunación y se acordó la necesidad de fortalecer la agenda entre Brasil y Uruguay en materia de colaboración técnica, entrenamiento conjunto, e intensificación de vigilancia de fronteras.

El ministro Mattos destacó que dicho estatus fue una meta definida en el plan hemisférico de erradicación de fiebre aftosa y que nuestro país, actualmente “observa la evolución”. Subrayó que “Uruguay no ha tomado la decisión, ni técnica ni política, de dejar de vacunar”.
En ese sentido, el secretario de Estado dijo que “las enfermedades no conocen fronteras” y que “la única garantía es a través del sistema de coordinación y equipos técnicos”, en tanto aclaró que para Uruguay “dejar de vacunar representa un riesgo grande para la economía y no vemos un beneficio claro”, aunque enfatizó que Uruguay “está para colaborar”.

Posteriormente, el jerarca del MGAP junto al director de los Servicios Ganaderos, Diego De Freitas y el director de Sanidad Animal del MGAP, Martín Altuna, mantuvieron una reunión con integrantes de los servicios veterinarios del vecino país a efectos de considerar la perspectiva inmediata de continuar y reforzar conjuntamente el seguimiento epidemiológico de enfermedades, por lo que los técnicos uruguayos y brasileños, coinciden en que se deberá articular mucho más la vigilancia entre fronteras y predios.

Y no es para menos, teniendo en cuenta los antecedentes y la decisión de estados brasileños de dejar de vacunar para lograr mejores precios. Ya desde principios de la presente década está primando en los países productores y exportadores de carne del Cono Sur Sudamericano, su disposición a encarar la mejor forma de coordinar las acciones para prevenir el azote de epizootias que en su momento diezmaran al ganado bovino fundamentalmente, y en otras alcanzara para afectar las perspectivas de exportación de sus productos a un mejor precio, ante la exigencia de los mercados.

Nuestro país es parte del corazón de esta producción, y precisamente resultó uno de los más afectados cuando la última gran crisis producto de la epidemia de aftosa. Desde 2001 a la fecha, cuando la gran epidemia de fiebre aftosa, que fue uno de los orígenes –no el único– que precipitó la crisis que vivió nuestro país entonces, ha habido consenso en los países productores, bajo la coordinación de organismos técnicos y políticos, de actuar en forma conjunta para preservar la riqueza ganadera, en el entendido de que ante la amenaza continua de focos en zonas endémicas, había que mantener el esquema de vacunación, pese a sus costos y cierta pérdida de valor de la carne.

Se trata siempre de una relación costo – beneficio, naturalmente, que se mantiene vigente hasta nuestros días, solo que en base al tiempo transcurrido hay países, como Brasil, que entienden que es pertinente dejar de vacunar para acceder a estos mercados, ante un riesgo de contagio que ha descendido.
Precisamente el análisis con los costos y beneficios que implicaría a futuro dejar de vacunar contra la fiebre aftosa en Uruguay, forma parte de la tarea de una consultora que trabajó desde hace un tiempo en el tema, la que señaló que un dato a tener en cuenta es que Uruguay destina unos 37 millones de dólares anuales para vacunar contra la fiebre aftosa, asegurarse el acceso a los mercados con su ganado en pie, carne y subproductos, además de los análisis que prueben que no hay circulación viral.

Igualmente, las gremiales de productores han reafirmado su postura tradicional –lo hizo también hace pocas horas el ministro Mattos en Brasil– contraria a dejar de vacunar contra la fiebre aftosa.
Pero una cosa es la visión y la realidad brasileña y otra la de Uruguay, donde sus productores y técnicos consideran que la carne bovina de nuestro país, desosada y madurada, puede entrar en mercados de primera línea como Estados Unidos, Unión Europea, Corea del Sur y Japón.
Los productores uruguayos, como ha señalado uno de sus voceros, mantienen recelo en cuanto a dejar de vacunar, “porque tenemos muy pendiente lo que ocurrió en 2001, con una epidemia que se extendió con más de dos mil focos activos detectados por el país. De alguna manera, lo que se está invirtiendo es como un seguro, porque no hay ningún impedimento de acceso a los mercados de mayor potencial porque estemos vacunando contra la aftosa”, en tanto el costo de la lucha activa contra la enfermedad “no justificaría el riesgo de infectación que se correría si surgiera algún problema”.
Precisamente en un subcontinente donde el Uruguay y otros países vecinos tienen a la carne como un valor preciado de exportación, resulta vital la cooperación e interrelación entre los que comparten el recurso para preservarlo y potenciarlo, porque además al no existir fronteras sanitarias un problema puntual en determinada zona puede llegar a extenderse hasta lugares recónditos, cual reguero de pólvora, como ya ha ocurrido.

Al ser la aftosa endémica, aunque bajo control, el interés común de los países que comparten el recurso es establecer reglas de juego claras y controles adecuados para evitar que se den emergencias como las que arrastraron a Uruguay a una crisis sin precedentes y que dinamitó por determinado tiempo nuestras posibilidades como exportadores de carne, y que en 2001 naturalmente no solo afectaron a nuestro país. Los eventuales escenarios de focos episódicos reafirman la necesidad de que las redes de vigilancia en la región sigan en estado de alerta permanente, ante la fragilidad de las fronteras y la forma en que en varios países de la región se maneja la cría de animales, sin los controles y acciones protocolares correspondientes para preservar esta riqueza, con un contagio potencial siempre presente.

Estos elementos deberían bastar para compartir plenamente las reservas de Uruguay y otros países de la región para mantener los esquemas de vacunación, de forma de no asumir riesgos de perder de un plumazo el status sanitario y el escenario que ha costado tanto trabajo lograr en una región siempre complicada en esta problemática, y más aún con buena parte del Brasil sin vacunación.
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No es posible comparar el año lectivo 2020 con el 2019, sin tener en cuenta el contexto de la pandemia, las dificultades para la accesibilidad y conectividad de los estudiantes de los sectores más vulnerables cuando se suspendió la presencialidad en la educación y las flexibilizaciones en las pautas de calificación resueltas por las autoridades educativas, que estuvieron atadas a estas circunstancias.
Por todo lo demás, si se analizaran los resultados fríos y descontextualizados, se puede afirmar que el 47 por ciento de los estudiantes que residen en Montevideo terminó el bachillerato y que en todo el país el total llega al 57 por ciento, de acuerdo a los resultados del Monitor Educativo Liceal 2020.
También podría aseverarse que, a la luz de estos resultados, significa que la mayoría de los uruguayos no termina la Secundaria. Sin embargo, y bajo otras circunstancias previas a la pandemia, las pruebas PISA han reiterado conclusiones poco halagüeñas, que se profundizaron durante las condiciones especiales de la contingencia sanitaria. Al igual que los elevados niveles de repetición y las condiciones de desigualdad, cuyo velo descorrió la pandemia pero que estaban instalados en la sociedad en forma crónica.
La mayor desvinculación se registró en adultos y jóvenes que habían planificado terminar su educación secundaria y, tal como lo menciona el documento, más de la mitad de los estudiantes de bachillerato que viven en la capital no lograron egresar del sistema.
En forma paralela, se verificó un descenso en la matrícula y hubo unos 5.000 estudiantes menos. “Mientras que en 2020 ascendía a 271.146, en 2021 se ubica en 266.259 estudiantes”, señala el informe. Las sucesivas autoridades educativas que cumplieron funciones en distintos gobiernos, han argumentado tal descenso en la caída de la natalidad que registra el país desde hace décadas.
Pero ese argumento puede resultar válido en la educación primaria con las inscripciones de cada año, en tanto en la educación secundaria el abandono –o desvinculación– es real y se trata de adolescentes o jóvenes que quedaron afuera del sistema educativo. Y una cosa no quita la otra.
Por eso el contexto en sí mismo resulta un obstáculo para efectuar cualquier comparación con honestidad intelectual. En cualquier caso se puede afirmar que cayó el nivel de repetidores, pero no debe perderse de vista que la emergencia sanitaria posibilitó que las faltas a clase no se tomaran en cuenta. Incluso los estudiantes repetían si tenían más de seis materias bajas en vez de tres, o se duplicaron los períodos de exámenes.
En el mapa del monitor, Paysandú registró una promoción del 90 por ciento en Ciclo Básico. El guarismo más alto fue en Colonia, con 95.6 por ciento y el más bajo en Rivera con 79.4 por ciento.
En Bachillerato, egresó el 63.6 por ciento en Paysandú. El más elevado fue, nuevamente, en Colonia con el 77.5 por ciento de los estudiantes y el registro más bajo estuvo en Montevideo, con el 47.3 por ciento.
No obstante, es encomiable el esfuerzo docente y familiar en tratar de retener a los estudiantes en el sistema. Pero la virtualidad ayudó a esas cifras, ante los problemas preexistentes de resultados académicos y equidad. Por eso, nuevamente, no es posible desatar este panorama del contexto de pandemia y creer que la emergencia sanitaria no impactó en los resultados de los diferentes subsistemas.
Y, en este sentido, un resultado sensible es la propia percepción de los docentes sobre las dificultades que enfrentan los estudiantes diariamente para continuar su vinculación en los diferentes ciclos. Esa continuidad se pierde si se toma en cuenta la trayectoria estudiantil desde Primaria hasta la educación media.
No obstante, a estas alturas, también es posible afirmar que se cuidaron las circunstancias para evitar que una mayor cantidad de adolescentes quedara por fuera de los centros educativos.
La gran pregunta que falta instalar es si esta modalidad vino para quedarse y, con el fin de evitar el mal mayor –es decir, la desvinculación estudiantil– no se apuntará a la calidad de los aprendizajes, que permanece como un problema en la educación uruguaya, luego de los resultados de las sucesivas pruebas PISA.
Es así que, luego de esta experiencia en pandemia, se reafirma la idea de que los centros educativos están llamados a ser un espacio de contención, además de evaluación académica. Y que ambos aspectos pueden convivir y dejar de ser una variable para mostrar solamente la mejora de resultados. Constituyen, en sí mismos, un punto de inflexión para el desarrollo humano y el sentido de pertenencia de ambos lados. Es decir, los estudiantes junto a sus familias y los docentes. Porque en este sentido, ha quedado confirmado que las comunidades educativas estaban preparadas para responder ante coyunturas difíciles.
Igualmente, tampoco pueden quitarse de este contexto a las situaciones familiares o personales de cada estudiante, sobre todo aquellos en cuyos ámbitos se sufrió el desempleo y la violencia que se agudizó por la situación de aislamiento.
Por eso, en este tema nadie tiene “la sellada” que era aquella figurita tan difícil de conseguir para completar los álbumes. Los factores que se agregaron en 2020 no fueron posibles de conseguir en otros años lectivos. Sin embargo, el trasfondo educativo tenía la misma base y eran los escasos resultados académicos que el país arrastra desde hace varios años.
Porque matemática es la materia que complica los resultados e informática la que registra los mejores porcentajes de promociones. Y eso ocurrió con pandemia o sin ella.
La pandemia, que tuvo afectaciones mundiales sobre las formas de vida, desarrollo humano y empleo, también cambió las formas de enseñar y aprender. Hemos asimilado a fuerza de mucho dolor aquellas palabras de Heráclito que “lo único constante es el cambio”. Cambios que, aunque cuesten, vinieron para quedarse. → Leer más

Así se titula un libro escrito por el siquiatra Vittorino Andreoli, en el que se refiere a los dos cerebros que usamos: el natural, que está en la cabeza, y el smartphone, el teléfono inteligente, el cerebro artificial que llevamos, generalmente, en el bolsillo, en la tasca.
Este cerebro de litio, así dice, es una conquista fantástica, un elemento que se ha hecho indispensable en este mundo líquido en que vivimos. Es fantástica su rapidez, y es fantástica la cantidad de conocimientos que nos puede ofrecer, gracias a su memoria de números y memoria de significados, semántica. La memoria, sobre todo, es de gran ayuda para los que la están perdiendo con la edad, y para los que necesitan tener muchos datos guardados en sus trabajos.

Pero hay que valorizar la gran, fundamental, importancia del cerebro natural, con el que pensamos, percibimos, imaginamos, nos comunicamos, con el que podemos inventar, crear cosas que no existían, y que dirige toda nuestra acción, y aun nuestras emociones y nuestros sentimientos.
El cerebro artificial puede sustituir algunas funciones de nuestro cerebro, puede sustituir a nuestra mente, pero no puede hacerlo todo, porque nuestro cerebro es insustituible, es una máquina magnífica e insuperable.

El gran problema es el exceso del uso del celular, del smartphone, que es la terminal de una computadora digital. Cuanto más funciones de nuestro cerebro delegamos en el cerebro artificial, más se deterioran nuestras neuronas y más nos deshumanizamos. No hay que demonizar el cerebro artificial, pero hay que usarlo con mucha cautela, en especial los jóvenes.
El cerebro humano tiene más de ¡noventa mil millones de neuronas!, que están interconectadas formando una red, por la cual corren las informaciones, mediante señales eléctricas. El término red y otros, que se usan en la tecnología provienen de la biología. Este cerebro, el natural, tiene creatividad, es decir, puede inventar cosas que no existían antes, puede intuir algo que después trata de representar. El cerebro artificial puede repetir, puede memorizar números y significados, pero cuanto más trabaje este cerebro del bolsillo, menos lo hará el cerebro natural nuestro, que se va despojando de esos números y significados, hasta que podemos llegar a depender exclusivamente de este instrumento para pensar, nuestra mente se va debilitando. Nuestro cerebro va perdiendo espontaneidad, plasticidad y creatividad, se va anquilosando. Se llega así a que los jóvenes tienen un número muy limitado de palabras y un pensamiento reducido, de acuerdo a su vocabulario, que se va empobreciendo cada vez más con el uso excesivo del celular.

Es muy importante recordar que las últimas investigaciones han descubierto que no es verdad que las neuronas se van muriendo con la edad. Con la experiencia y el aprendizaje, con la ejercitación de la mente, las neuronas van formando nuevas conexiones. Además los dos hemisferios cerebrales de los mayores, trabajan en armonía, y aunque su cerebro es más lento, siempre toman las decisiones más acertadas, quiere decir que su cerebro tiene plasticidad y sus neuronas funcionan bien, siempre que se lleve un estilo de vida saludable.
Para mantener la riqueza humana, hay que evitar el uso excesivo del smartphone. Con el uso continuo del cerebro artificial, cada uno con el suyo, la comunicación familiar queda bloqueada, los sentimientos se van enfriando, no se sienten las relaciones humanas reales. En la imagen virtual participa sólo la vista, a veces el oído, pero en la imagen real participa todo el cuerpo, todos los sentidos. La verdadera interacción humana que es la función más importante de los humanos, necesita de la presencialidad, que el cerebro digital no la puede dar.
Se pregunta el siquiatra: ¿Por qué se prefiere la virtualidad a los aspectos sociales reales? Y se responde: porque digitalmente podemos hacer desaparecer todo lo que no nos gusta, mientras que en la realidad debemos afrontar y resolver los inevitables conflictos.

El uso de los cerebros artificiales es limitado. Hay cosas que un smartphone no puede hacer, un cerebro digital no es capaz de emociones y sentimientos,(aunque sí los puede transmitir), no puede inspirar, no puede crear los pensamientos, no puede resolver los problemas complejos que nos afectan. Pero a pesar de sus limitaciones, no hay que demonizar al cerebro artificial.
No nos es posible renunciar a los instrumentos digitales que han llegado para quedarse, pero el cerebro humano es insustituible. Por eso debemos buscar una colaboración entre nuestro cerebro y la tecnología. Al fin y al cabo, fue el maravilloso cerebro humano quien creó el de bolsillo.
Hay que concientizar de esta realidad a los jóvenes, que no se dejen esclavizar por un cerebro de bolsillo. → Leer más

Los centros nocturnos, ya sean bailes, pubs, boliches o como quiera llamárseles, siempre son problemáticos en todas las ciudades, debido a la naturaleza de la actividad. En todos los casos, se trata de una concentración de gran cantidad de gente hasta altas horas de la madrugada, que conlleva un intenso tránsito de vehículos de todo tipo, con jóvenes que ya de por sí son ruidosos y descontracturados, pero lo son mucho más cuando están en “modo salida nocturna”. A eso hay que agregarle las aceleradas en la vía pública, la música a alto volumen tanto de vehículos como de los propios centros nocturnos, los gritos en la calle, alguno que orina donde le vino la gana y todo tipo de desbordes que siempre ocurren.

Por eso nadie quiere tener como vecino un comercio de ese ramo; cuanto más lejos esté, mejor. Por otra parte, son actividades que deben existir en toda ciudad, es necesario que los jóvenes tengan lugares donde reunirse, distenderse, relacionarse y divertirse. El problema es lograr el equilibrio entre el derecho de los vecinos al correcto descanso y el de los jóvenes –o no tanto– a su esparcimiento.

En ese sentido, la alcaldía de Sarandí Grande en el departamento de Florida parece haber encontrado una solución que ha dado muy buenos resultados. Se trata de fogones en un terreno alejado de las zonas más pobladas, dispuestos para que ese sector de la población pueda reunirse libremente, sin molestar el descanso de la ciudad. No es un descubrimiento nuevo; de hecho en Salto en algún momento se hizo algo parecido sobre la costanera norte de la ciudad, donde se establecieron los bailes lejos del centro. Incluso desde estas páginas propusimos hacer algo similar en la costanera sanducera, por cuanto al no haber un ordenamiento de estas actividades proliferaban los bailes y los pubs por toda la urbe, ocasionando inconvenientes insalvables en los barrios donde se encontraban.

Pero la experiencia de Sarandí Grande vuelve a poner el tema sobre la mesa, en este caso porque tras la publicación en medios de prensa de alcance nacional la experiencia ha tenido una amplia difusión.
¿Habría entonces que copiar la iniciativa floridense en Paysandú? Si bien es cierto que últimamente no ha habido denuncias por ruidos molestos –al menos de la misma forma que hace unos años–, la verdad es que lo que cambió no ha sido el comportamiento de la gente que concurre a estos lugares sino que, debido a la pandemia de COVID-19, tanto los bailes como los pubs vieron restringida su actividad casi completamente. Pero eso está cambiando ahora que, por efecto del éxito de la vacunación, el coronavirus está en franco retroceso en nuestro país. Así que no sería de extrañar que en poco tiempo volvamos a tener los mismos inconvenientes cada fin de semana.

De hecho, algo de esto ya sucede, pero sin los impactos negativos de la época prepandemia, justamente porque al estar prohibidas las reuniones multitudinarias, las que igualmente se hacen son “clandestinas” y para evitar el control de las autoridades se realizan en terrenos alejados del centro, en zonas poco pobladas y –en cierta forma– fuera del alcance de la vista de quienes no participan en ellas. Y si bien es cierto que oficialmente se indica que los bailes no están habilitados como tales, en la práctica ocurren dos cosas: por un lado están las “fiestas clandestinas” que mencionábamos, con cientos de jóvenes reunidos alrededor de discotecas muy bien montadas sin ningún tipo de control de la autoridad; y por el otro, es vox populi que hay algunos “boliches” que no respetan la normativa y se les hace la vista gorda. Está mal pero no tanto, por cuanto si no se controlan las reuniones clandestinas –por imposibilidad de hacerlo o por decisión política–, sería justo no perseguir al negocio establecido, que al fin y al cabo solo trata de sobrevivir frente a la catástrofe económica que le significó este año sin poder trabajar.

Paralelamente, los argumentos esgrimidos respecto al riesgo sanitario, a esta altura parecen más una excusa que una real preocupación, tras la permisividad con que se actuó en la Noche de la Nostalgia. Además, si estuviésemos en una situación de tanto riesgo como hacen ver las medidas dispuestas, a esta altura deberíamos estar en la cresta de la ola de la pandemia, porque es claro que el acatamiento es ínfimo y sólo para salvar las apariencias en la mayoría de los casos.
Volviendo al tema que motiva esta opinión, como decimos la experiencia de Sarandí Grande hace rato que tiene su similar en nuestra ciudad, solo que en las sombras, con convocatoria a través de redes sociales y sin publicidad.

No caben dudas que el hecho que estas fiestas multitudinarias se hayan realizado durante tanto tiempo sin provocar inconvenientes ya es muy meritorio. Entonces lo que habría que ver es cómo se regulariza esta situación de la forma menos traumática posible, y al mismo tiempo rescatando las virtudes de las experiencias clandestinas.
En primer lugar, lo que se rescata de los casos de Sarandí Grande como aquí en Paysandú es que la movida nocturna no puede hacerse en zonas densamente pobladas. Por lo tanto, un buen comienzo sería obligar a que los bailes o locales similares que concentran mucha gente hasta altas horas de la madrugada se establezcan fuera de la zona urbana. Por otra parte, para una mejor organización se podría establecer un lugar exclusivo para ello, en un sector específico a las afueras de la ciudad, e incluso ir más allá y fomentar esos entornos como lugares de reunión de la juventud. Si bien hace unos años planteamos que ese lugar podría ser la costanera al norte de Antonio Estefanell, habría que analizar si realmente es ese el mejor sitio, por cuanto en los últimos tiempos la ciudad ha crecido mucho para ese lado. Pero si no es ese, bien puede ser otro con buenos accesos, iluminación pública, seguridad y demás, que si aún no existe se puede crear.

Tendría además la ventaja que al estar todos los “boliches” juntos, las autoridades podrían realizar las fiscalizaciones correspondientes con mucho más facilidad; por ejemplo venta de alcohol o el ingreso de menores, horarios, cumplimiento de protocolos, aforos, etcétera. A la vista está que hoy no se hace al menos como se debería, quizás justamente por la dispersión de los lugares de reunión.

Cabe aclarar que no desconocemos la realidad actual ni la precariedad de la situación sanitaria que, aún encontrándonos en un momento en que parece controlada la evolución de los contagios por coronavirus, todo lo logrado podría irse por la borda de un momento a otro si no se establecen controles adecuados. Lo que sí decimos es que ese podría ser el camino, porque si bien restan algunas “perillas” por abrir, las que están cerradas tienen demasiadas pérdidas y, a fuer de sinceros, tan mal no estamos.
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Por cierto que ha tenido impacto, no solo en Uruguay sino en la región mercosureña –léase Argentina– el anuncio del mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou en el sentido de que nuestro país decidió avanzar en un estudio de prefactibilidad para concretar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, porque ha generado un sacudón geopolítico, pese a la pequeñez y muy bajo peso relativo de nuestro país.

Y no es para menos, porque ante la quietud y cierre a cal y canto dentro de la región del Mercosur, sin que el bloque haya suscripto siquiera un solo acuerdo de libre comercio con otro bloque, contrasta la perspectiva de una salida al mundo por fuera del acuerdo o en el marco de una flexibilización que permita zafar del corsé que implica este rígido y disminuido acuerdo regional, donde hay intereses contrapuestos sobre todo entre economías muy asimétricas y filosóficamente hasta opuestas en esencia, como el caso notorio de Argentina con sus pares del acuerdo regional.

“El que avisa no traiciona”, dice el refrán, y desde que asumió el mandatario Lacalle Pou ha señalado la intención de su gobierno de promover una flexibilización del bloque regional que permita incrementar las exportaciones extrarregión, con un rotundo rechazo del gobierno de Alberto Fernández, fundamentalmente.
Al anunciar que Uruguay avanza en un tratado de libre comercio (TLC) bilateral con China, las repercusiones no se han hecho esperar y dentro de nuestro país los operadores han reaccionado con cierta cautela, pero en general abiertamente a favor de esta perspectiva, sobre todo en el caso del agro, en tanto hay reservas en sectores como la industria, que consideran que la competencia de productos chinos les sería abiertamente perjudicial.

Según comentó a Montevideo Portal Ignacio Bartesaghi, experto en relaciones internacionales, la flexibilización del Mercosur, algo muy discutido a nivel regional, “tenía sentido con China. Tenía sentido si es que dábamos un paso hacia el cierre de un acuerdo de importancia económica comercial para el país como es China y eso va a tener impactos en el desarrollo”.
Opinó que este anuncio de un inicio de un proceso para pactar un TLC con su principal socio comercial desde hace algunos años “es de las decisiones más importantes que ha tomado Uruguay en política exterior en los últimos 30 años”.

El ingreso a la Organización Mundial del Comercio fue la primera; la firma del Tratado de Asunción que creó el Mercosur fue la segunda; y esta última es la tercera decisión más importante de política internacional de la historia del país, enfatizó el experto, a la vez de señalar que “es muy bueno” que el mandatario haya convocado a todos los partidos políticos para anunciarles este hecho. “Ojalá que todos los actores nacionales acompañen esta gran decisión”, dijo Bartesaghi.
Por otro lado, es importante también considerar que es China quien tomó la iniciativa con Uruguay sin el resto de los miembros del bloque. Y en esto sin dudas debe pesar mucho el acercamiento que mantuvo con los gobiernos anteriores, en manos del Frente Amplio, por lo cual no sería descabellado pensar que en este caso sería una política de Estado que se continúa y profundiza en la actual Administración.

Por supuesto, de lo que se trata es de abrir nuevas oportunidades para el país, con o sin Mercosur, y en la discriminación por sectores, habrá algunos netamente favorecidos y otros que serán más vulnerables o expuestos al avance del gigante asiático, pero lo que debe primar es la visión país del tema, sin olvidar que no se trata solo de comercio, sino de una puerta abierta para inversiones significativas transferencia de tecnología y asociaciones con cadenas de valor que podrían potenciar nuestra economía y el bienestar general, viendo las cosas desde su lado positivo.

Todo indica que aunque sin hacerlo abiertamente, Brasil no ve con malos ojos la decisión de Uruguay de avanzar con China, pero la interrogante surge en los demás miembros del bloque. A partir del anuncio de Lacalle Pou se inició un proceso de estudio de prefactibilidad para la firma del TLC, por lo que hay que ver qué pasa en los próximos meses, qué pasa con las propias dinámicas internas de Argentina y con la propia estabilidad de Brasil.

Por su lado, para el secretario de la Presidencia de la República, Dr. Alvaro Delgado, el avance de negociación con China es un acto “de una política exterior como hacía tiempo no se daba”, y apuntó que lo que se busca es que Uruguay “sea punta de lanza de un proceso”, “que Uruguay sea puerta de entrada del Mercosur, con el Mercosur mismo”.
“Avanzar en este caso es un acto de responsabilidad política con mayúscula, de una política exterior como hacía tiempo no se daba, que es una política exterior de Estado”, destacó este miércoles en rueda de prensa el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y recordó que la intención de firmar un TLC con China no es nueva.

“Todos los gobiernos intentaron este proceso”, dijo y señaló que así viene siendo desde el año 1988, además de que el expresidente Tabaré Vázquez había anunciado un acuerdo de este tipo, que finalmente no se pudo concretar.
En ese sentido, también mencionó la resolución 32, suscrita por los países del Mercosur en el año 2000, que impide la negociación individual de cada uno de los miembros con terceros países, pero recordó que en ocasión del TLC entre Uruguay y México hubo una “no objeción” y se pudo avanzar.
Delgado consideró además que “avanzar en un estudio de factibilidad habla muy bien de Uruguay, de China y de la política del gobierno en materia exterior y comercial y habla de una oportunidad que no solo va a ser para Uruguay”. Por eso, afirmó, es que el presidente Luis Lacalle Pou pidió al canciller que informe a los países del Mercosur antes de la reunión que se mantuvo este martes en Torre Ejecutiva con representantes de todos los partidos con representación parlamentaria.

A su vez, el anuncio del presidente Luis Lacalle Pou descolocó a las autoridades argentinas, que no se imaginaban la rapidez con que el gobierno uruguayo llevaría a la realidad su anuncio de salir a buscar acuerdos comerciales por afuera del Mercosur, según evalúan los observadores.
El gobierno uruguayo defiende la movida diplomática con China, asegurando que la decisión política se hace sin violar ninguna norma mercosuriana, y que no hay una intención de abandonar el bloque, en tanto las primeras reacciones del gobierno de Alberto Fernández sostienen que Uruguay es un país soberano, libre de tomar la decisión que considere más pertinente, pero que un acuerdo de ese tipo y magnitud solo puede hacerse dentro del Mercosur con el resto de los socios plenos (Argentina, Brasil y Paraguay) o fuera del bloque fundado el 26 de marzo de 1991.

Claro, se trata de un país gobernado por el peronismo desde hace décadas, que aplica políticas proteccionistas y un encierro económico basado en subsidios cruzados, con retenciones a las exportaciones y un tramado de ayuda “social” y planes para hacer depender del Estado a vastos sectores de la población como enganche electoral.
Desatar este “paquete” no puede hacerse de un día para otro y menos en proceso electoral, como ahora, sin más o menos transparentar y abrir la economía, por lo que la Argentina seguirá haciendo esta bicicleta por mucho tiempo y al margen del rumbo por el que va el mundo.

Pero no es el caso de Uruguay, felizmente, que desde hace ya tiempo incursiona por un camino diferente, de apertura y sinceramiento de la economía. Está por lo tanto en condiciones de por lo menos intentar algo mejor en el intercambio comercial, como una apertura a un futuro TLC con China, en el que habrá complejidades y vicisitudes, pero sin dudas una oportunidad en la que hay más para ganar que para perder, si se negocia bien, con o sin Mercosur.
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El turismo de reuniones y eventos, también llamado Turismo MICE (Meetings, Incentives, Conventions & Exhibitions) es considerado como la 13ª economía más grande del mundo. Tomando en cuenta los impactos indirectos e inducidos, los eventos del segmento significan un aporte al impacto económico a nivel global de alrededor de U$S 2,5 trillones, generando aproximadamente 26 millones de empleos en el mundo.

Ocurre que un turista de negocios o un asistente a algún congreso, tiene un gasto promedio diario de 3 a 4 veces mayor que el de un turista tradicional, por lo que se trata de un sector altamente rentable. En consecuencia, en las últimas décadas diversas regiones o ciudades han hecho importantes esfuerzos por desarrollarlo y posicionar así sus propios destinos, de la mano de la oferta turística adecuada que permita las sinergias necesarias entre el evento en sí mismo y el destino donde se desarrolla.
Se trata de una industria que genera múltiples beneficios dado que fortalece el posicionamiento e imagen de una región o destino; fomenta la expansión del turismo recreativo; rompe la estacionalidad de la oferta turística, genera nuevos empleos, beneficia a diferentes rubros: hoteles, centros de convenciones, transporte, tour operadores, restaurantes, comercio local, pequeñas y medianas empresas. Además favorece el desarrollo del conocimiento y el posicionamiento de la ciudad anfitriona.

Se trata también de un sector en el que el impacto de la pandemia por COVID-19 fue casi fatal. Ha sido una de las actividades más golpeadas por los efectos de la crisis sanitaria mundial y las diversas restricciones –aún vigentes en muchos países– al funcionamiento de los eventos y reuniones.
La situación ha causado un impacto nunca antes visto en la historia de la industria. A nivel mundial un total de 4.209 reuniones fueron afectadas en el año 2020, con más del 60% de eventos y reuniones pospuestos. Para tener idea de la magnitud alcanza con decir que esto equivale a 17.052 días de congresos así como unos 2,5 millones de participantes y pérdidas estimadas en alrededor de 7.000 millones de dólares, según datos del Internacional Congress and Convention Association (ICCA).

Algunos de los eventos mundiales de mayor relevancia que fueron cancelados en 2020 fueron la Feria Internacional de Turismo de Berlín (ITB), el 11º Congreso Mundial de Turismo de Nieve y Montaña, la Conferencia sobre el Turismo y la Industria Audiovisual, el Congreso Mundial de Turismo Deportivo, la 65ª Reunión de la Comisión Regional de la Organización Mundial de Turismo (OMT) para las Américas, la Cumbre sobre Emprendimiento, Innovación y Resiliencia, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la Copa América y Eurocopa, las Eliminatorias Mundialistas, Ligas de Fútbol Sudamericanas y Europeas, la NBA, la Fórmula 1. Además de los anteriores, eventos ligados al ciclismo, festivales de cine, conciertos, parques de diversiones como Disneylandia, desfiles, entre otros, han parado completamente, afectando seriamente a la dinamización de la economía mundial y poniendo en riesgo a la industria turística internacional.
De acuerdo a la misma fuente, en América Latina el 70% de las reuniones (192) fueron pospuestas, el 13% se realizó en formato virtual (36) y el 16% fueron canceladas (45) en tanto que solo una fue relocalizada.

La situación de Uruguay no ha sido muy diferente. En este sentido, el presidente de la Cámara de la Asociación Uruguaya de Organizadores de Congresos y Afines (Audoca), Ing. Alejandro Abulafia dijo en una charla realizada la semana pasada por el Bureau Paysandú que también en Uruguay los efectos de la pandemia fueron muy graves para el sector. “Nos pegó en nuestra razón de ser, nosotros vivimos de juntar gente y de lo que resulta de esas reuniones y esos encuentros”, expresó.
No obstante, dijo que los sondeos realizados en Uruguay indican que “la gente está desesperada por volver a reunirse, obviamente a la espera de que las condiciones lo permitan” y opinó que la relativa mejora en la situación de nuestro país lo posicionan en un lugar ventajoso para captar las reuniones de congresos y eventos que se preveían realizar en países de la región.
Para lograrlo no solo es necesario trabajar en protocolos sanitarios sino también tener presentes algunas tendencias en el contexto de la nueva normalidad.
En este sentido, se entiende que las reuniones de negocios serían las primeras en recuperarse, mayoritariamente corporativas y de menor magnitud; en tanto que interesaran especialmente los destinos no masivos con poco nivel de contagio, protocolos seguros y es de esperar la existencia de ferias y exhibiciones híbridas con pocos participantes y versiones digitales.

La reactivación será primero en eventos locales (dentro de una misma ciudad), nacionales (entre ciudades) y posteriormente internacionales (entre países) y el pasaporte sanitario digital se volverá prácticamente un requisito para viajes así como la necesidad de un alto poder de organización y trazabilidad en los eventos.
Según los expertos en el nuevo escenario pos COVID-19, la situación favorece a destinos que comenzarán a ser más buscados para reuniones y eventos generando reactivación en el turismo de proximidad, de naturaleza, aventura, rural y los destinos no saturados.
Otros de los desafíos que se vienen para el sector es el control de la cantidad de turistas, la redefinición de rutas para evitar aglomeraciones, la asociación de destinos y una fuerte apuesta a la transformación digital.

Tampoco hay que descuidar que las necesidades de los organizadores de los eventos también están cambiando y posiblemente cambiarán aún más cuando comience la recuperación del sector. La seguridad y sanidad, así como excelentes condiciones de limpieza en sus múltiples aspectos, serán prioridad en cualquier evento y en todos los proveedores que trabajen para desarrollarlo además de los hoteles y el propio lugar de sesiones del congreso. Además, se estima que las asociaciones tendrán presupuestos más ajustados, serán necesarias mejores políticas de cancelación para dar confianza y se requerirán centros de convenciones más flexibles, polivalentes e, incluso que faciliten sesiones al aire libre o lugares naturales.
Es claro que en el nuevo escenario impuesto por lo que ha significado y aún significa la pandemia, no solo los organizadores de congresos y eventos sino también los gobiernos locales deben desplegar una estrategia global que integre a los diferentes sectores vinculados para atraer a sus ciudades reuniones y eventos.
En este sentido, si Uruguay y Paysandú pretenden captar eventos que podrían realizarse aquí, será necesario tener muy presente estas cuestiones y trabajar duro –hasta en los mínimos detalles– para lograrlo. Solo de esa manera tendremos realmente la posibilidad de aprovechar la oportunidad. → Leer más

El título de este artículo es el lema elegido este año para el Día Internacional del Aire Limpio por un cielo azul, que fue justamente ayer, y con este motivo el Ministerio de Ambiente, desde el Observatorio Ambiental Nacional, OAN, presentó una serie de instrumentos de los que dispone para generar datos que reflejan la evolución de la calidad del aire en nuestro país. El ministro Adrián Peña, a través de su cuenta de Twitter recordó –además de publicar un vínculo a los contenidos del OAN– que “Desde este año está vigente el ‘Reglamento del Aire’. Hoy es el Día Internacional del Aire Limpio”.
La fecha, establecida por la Asamblea de las Naciones Unidas, hace hincapié en los aspectos relacionados con la salud de la contaminación atmosférica, y este año en particular, en lo que refiere a la pandemia de la COVID-19.

“Este año reclamamos con especial énfasis aire saludable para todas las personas. Asimismo, la conversación retoma otros grandes problemas como el cambio climático, la salud humana y del planeta, así como la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Día sirve para hacer un llamamiento a la acción para aunar esfuerzos y reclamar aire limpio para todas las personas”, dice la publicación en la web de ONU, que convoca a usar la etiqueta digital #AireLimpioParaTodos.

La publicación es acompañada de algunos datos que dan cuenta de lo preocupante de este problema: “La contaminación atmosférica es el mayor riesgo ambiental para la salud humana y una de las principales causas evitables de muertes y enfermedades en todo el mundo, responsable de aproximadamente 6,5 millones de muertes prematuras en todo el mundo (en 2016) atribuidas a la contaminación atmosférica en interiores y al aire libre”, expone. Agrega que en los países en desarrollo “este tipo de contaminación afecta de manera desproporcionada a las mujeres, los niños y los ancianos, y en particular a las poblaciones de bajos ingresos, que a menudo están expuestas a altos niveles de contaminación del aire en interiores y en espacios abiertos resultante de los métodos de cocina y calefacción que utilizan leña y queroseno”.

Como es de prever, el panorama a futuro no es alentador, “porque, si no se produce una intervención agresiva, el número de muertes causadas por la contaminación del aire en espacios abiertos va camino de aumentar en más de un 50 por ciento antes de 2050”.
La publicación menciona además que los problemas originados por la pérdida de calidad del aire se extienden también “sobre la economía, la productividad laboral, los costos de atención sanitaria y el turismo, entre otros”.

En cuanto a los instrumentos que presenta el Observatorio, por cierto que tienen mucho detalle y estadísticas, pero todo está presentado a un nivel eminentemente técnico, es decir, se requiere de la intervención de especialistas que “traduzcan” o “aterricen” esos datos que se generan y se ponen a disposición de la población en general. Sin esta mediación es difícil salir de esa página con una idea acabada de qué es lo que está pasando, más allá de constatar que alguno de los parámetros subió o bajó, sin poder tampoco interpretar qué quiere decir esa variación. Que se facilite no solo el acceso a los datos sino también a una evaluación de los mismos, es un debe para este Observatorio.

Lo que sí agrega en un cuadro al final es una serie de acciones que se puede tomar a nivel de la población para mejorar las condiciones del aire. Entre las recomendaciones aparecen: Transportarse más a pie o en bicicleta cuando sea posible; Fomentar la movilidad compartida; Apoyemos la renovación del parque automotor con bajas emisiones; Realizar mantenimiento a los vehículos; Evitar quemas a cielo abierto de restos de poda, hojas y/o pastizales, así como plásticos, cables, neumáticos o cualquier otro tipo de residuos; Utilizar leña seca para calefacción y/o cocción de alimentos; Optar por equipos de calefacción eficientes; Hacer mantenimiento a los equipos de calefacción; Apuntar al buen aislamiento térmico en las viviendas y Mantenerse informados de cómo podemos mejorar nuestros hábitos.

Da la impresión, en base a los informes que publicó ONU en la víspera que el país no está mal posicionado en el contexto internacional. De por sí, por las características de nuestra economía y la conocida baja densidad poblacional, el Uruguay no es propenso a tener inconvenientes con la calidad del aire, excepto por situaciones puntuales. Además, en relación a la población Uruguay cuenta con una gran cantidad de árboles que ofician de “filtros” de aire.
El nuevo reglamento (Decreto 135-021) obliga a los emprendimientos a realizar los monitoreos en el entorno, de hecho las plantas automáticas que aportan los datos que se presentan en el OAN han sido instaladas por emprendimientos privados en vistas de estas exigencias.

“Artículo 7° (Monitoreo). Sin perjuicio del monitoreo que se realice en el ámbito público para la evaluación de la calidad del aire ambiente, cuando la necesidad del monitoreo se relacione o pueda relacionarse con determinadas fuentes fijas, será de cargo del titular o responsable de cada una de esas fuentes, la instalación y seguimiento del monitoreo destinado a conocer la calidad del aire en su entorno, de conformidad con las pautas, metodologías y protocolos que establezca la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

En caso que se identifique más de una actividad que puede ser la causante de las emisiones contaminantes al aire en un mismo sitio o zona, la Dirección Nacional de Medio Ambiente podrá autorizar la realización de monitoreos conjuntos entre los involucrados”.

De hecho, en Paysandú en algún momento funcionaron hasta tres equipos que medían la calidad del aire, a cargo de la Intendencia Departamental, ubicados en puntos clave de la ciudad. Incluso uno de ellos estaba en Nuevo Paysandú, dado que en ese barrio se producían muchas quejas de los vecinos por las emisiones de la planta de portland de Ancap. No sería mala cosa que si estos equipos siguen operativos se comience a aportar la información que generen y que esta se haga pública a través del observatorio, o que, si es necesario, se actualicen, con aportes de los generadores de contaminación que se detecten, tal como se prevé en la norma. → Leer más

Desde diciembre se encuentra a estudio de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores el proyecto de reforma de la Ley de Usura, promovido por partidos menores de la coalición de gobierno, como es el caso del Partido de la Gente y de Cabildo Abierto, pero que es vista con buenos ojos por los otros partidos de gobierno y eventualmente desde el Frente Amplio, según se indica.
Al respecto, el diputado Daniel Peña, autor de la iniciativa, indicó al semanario La Mañana que “luego de que los bancos compraran la mayoría de las financieras, integraron las operaciones de venta de las mismas a su unidad de negocio. Eso hizo que la tasa media bancaria se elevara casi al triple y que por ende aumentara la tasa de usura, incrementándose los intereses a la gente”.
Amplió que “cuando nosotros convocamos al Banco Central del Uruguay (BCU) a la comisión para trabajar en esta iniciativa, le planteamos al presidente del organismo, Diego Labat, que nos parecía que la Ley de Usura no permitía que los bancos incluyeran dentro de su unidad de negocio los resultados de las financieras de su propiedad. Las autoridades del BCU comentaron que estaban de acuerdo con nuestra visión y que la ley era bastante clara al respecto”.
Aclaró el legislador que a raíz de este planteo, el BCU anunció a los bancos y las financieras que a partir de enero de 2022 no va a permitir más esta operativa, lo que determinará la imposibilidad de computarlo para el cálculo de la tasa media bancaria, “que es la madre de todos los males”, según el diputado Peña.
Reveló que por esta causa la baja en la tasa de interés va a estar en el entorno del 40 por ciento, nada menos, aunque los bancos privados y las financieras ya presentaron un recurso contra el decreto del Banco Central, mientras a su vez Peña tiene la expectativa de que su iniciativa pueda fusionarse con la de Cabildo Abierto sobre el mismo tema, para agilizar el tratamiento en comisión del Senado.
Los proyectos tienden a modificar la Ley de Usura y crear procedimientos para la reestructuración de la deuda de personas físicas, lo que a juicio de varios legisladores tiene vínculos directos con abusos en la aplicación de tasas de interés, que son exorbitantes, y que afecta a los segmentos más pobres de la población.
Otro de los defensores de la instrumentación de modificaciones a la normativa en vigencia es el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, quien manifestó al respecto que “se termina pagando intereses de ciento y pico por ciento en un país donde la inflación no llega a dos dígitos. O sea que no tiene gollete y se lo permiten hacer. Lo hacen financieras que dependen de los bancos principales, casi todas ellas. Esa usura termina con que el ciudadano no tiene formas de salir. Entra en una calesita de la cual no tiene salida”.
La iniciativa de Daniel Peña, del Partido de la Gente, procura dar lugar a una herramienta legal que sirva a los consumidores como protección de todo tipo de contratos de crédito, de manera que las “abusivas” tasas de interés no los lleven a un sobreendeudamiento.
La propuesta tiene por finalidad reformar y ampliar el alcance de la Ley de Usura, para así evitar la “muerte civil” de aquellos que acuden al crédito, “de la que difícilmente puedan salir, no por su falta de voluntad de pago, sino por la imposibilidad de pagar los adeudos luego de la aplicación descontrolada de los intereses”.
El legislador subrayó que “el objetivo que yo persigo con el proyecto es bajar la tasa de interés que pagan los uruguayos. Lo que nosotros consideramos es que el cálculo que hoy acepta el país, en base a lo que se cobra por interés, raya la usura. No solo eso, sino que la ley acepta como norma lo que se cobra, pero estamos convencidos de que eso es usura y que no se debería permitir”.
La regulación del sistema financiero es una inquietud que el diputado tiene desde hace largo tiempo, sobre todo, porque “el sistema se transformó en un oligopolio de cuatro o cinco bancos que terminan regulando todo el mercado financiero”. Según explicó, dichas entidades fueron las que compraron la mayoría de las financieras, por lo cual manejan no solo el crédito bancario, sino también la mayoría del préstamo al consumo.
Aseguró que ellas conforman una mesa de bancos donde prácticamente se negocia todo y se deja “presa” a gran parte de la población, más que nada, la de menos recursos y más necesitada.
“Es un sistema muy maquiavélico que armó el Frente Amplio, que fue la bancarización obligatoria, donde una persona que hoy se atrasa en alguna cuenta, entra al clearing y pasa a ser un muerto civil”, puntualizó. Para evitar llegar a ese punto, comentó que los consumidores van entrando en un mecanismo que termina siendo muy injusto porque, en definitiva, quienes menos tienen son quienes terminan pagando más.
Esto significa que acceden con el salario al crédito bancario, pero después, ante cualquier atraso, ingresan a financieras donde la ley hoy permite que haya hasta un 240% de interés anual en pesos en créditos al consumo.
Asimismo, el legislador calificó esa ganancia como “totalmente extralimitada” y “fuera de lo normal”, sobre todo, si se considera que la inflación actual del país es del orden del 10%. “Si el Estado permite esto, directamente estamos avalando el robo a mano armada a la gente que más necesita”, lamentó.
Incluso reveló que “miles de usuarios nos cuentan constantemente que reciben llamadas telefónicas de estudios de abogados que a través de mentiras, intentan cobrarles de todos los modos posibles, diciéndoles cosas inciertas y fuera de lugar, aprovechándose de una posición dominante y acosando gente que en muchos casos termina muy mal”.
Igualmente, debe considerarse que la diferencia entre porcentajes de inflación y las tasas que se cobran no es tan lineal, por cuanto hay costos financieros muy significativos que dispone la ley y que se incrementaron durante los gobiernos del Frente Amplio, incluyendo encajes en el Banco Central, tributación y costos aumentados por componentes de riesgo de los créditos que debe asumir quienes están en el sistema, que hace precisamente que los buenos pagadores tengan mayores costos para que las entidades se cubran de los márgenes normales de morosidad.
Por otra parte, los intereses exorbitantes no sólo se ven en los préstamos al consumo de las financieras, también son aplicados a la totalidad de las tarjetas de crédito sobre el saldo pendiente de pago.
En este contexto el planteo principal de este proyecto de ley es “atar” la tasa de usura a la inflación, porque “no podemos tener una inflación de un dígito con tasas del 200%; necesitamos bajar la tasa máxima permitida que el Uruguay tiene aprobada legalmente, tiene que ser reducida drásticamente”, destacó Peña.
Lo que es de recibo, además, hasta por el viejo dicho de no matar la gallina de los huevos de oro: el objetivo no debería ser “exterminar” al deudor en su vida financiera, sino darle aire para que pueda pagar sin atosigarlo con los intereses y costos sobre costos que hacen que la deuda resulte impagable.
Ese debería ser el aspecto a contemplar en una norma de sentido común sobre la usura, con acuerdos en el marco de un equilibrio imprescindible que tenga en cuenta todo el amplio espectro del escenario, para no generar distorsiones, para que no pagar no resulte un buen negocio y que no lo subsidien los buenos pagadores del sistema. → Leer más

A fines de este año, la presidencia temporal del Mercosur pasará a Paraguay y Uruguay aprovecha los últimos meses de la titularidad de Brasil para avanzar en su iniciativa de conseguir acuerdos más allá del bloque regional.
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, abrió la cancha en marzo pasado cuando expuso su idea de negociar con otros bloques. Sus declaraciones provocaron un cruce de palabras con el mandatario argentino, Alberto Fernández, quien manifestó su oposición a la propuesta uruguaya.
Desde aquel énfasis puesto en que el Mercosur “no puede ser un lastre”, pasando por la respuesta del mandatario argentino que propuso a Uruguay que “tome otro barco”, muy poca agua ha corrido bajo ese puente.
Ya no es novedad la crisis del bloque regional, creado a comienzos de la década de 1990, tanto por cuestiones ideológicas como obvias y estratégicas. Son situaciones que hoy le impiden a los países negociar abiertamente y mantener enfoques en unidad. Una unidad que ha sido más o menos endeble, según la época y los gobiernos que pasaron, mientras el bloque se mantenía.
Al mismo tiempo que otras regiones se abren y firman acuerdos multinacionales, el Mercosur permanece allí, arraigado a antiguas épocas proteccionistas. Mientras observa a otros países que producen y exportan lo mismo, pero crecen y se vuelven competitivos con amplias mejoras en los niveles de vida de sus poblaciones, el bloque austral encuentra dificultades para insertarse en nuevos mercados.
Tampoco es novedoso que en los últimos años, el Mercado Común del Sur ha servido de trampolín para sostener influencias políticas y discursos con altos contenidos de victimización. O de promoción de figuras políticas hasta el escándalo. Y más allá, también.
Hasta ahora, Uruguay –acompañado por Brasil– ha levantado su voz y Paraguay, con una visión más cautelosa, espera por las reacciones de Argentina. El punto de cuestionamiento es que ningún socio puede imponer su modelo a los demás, porque son por demás visibles las asimetrías estructurales, entre otras variables económicas que remarcan esas disparidades. Y, porque en cualquier caso, creer que el bloque es una caparazón, va a contrapelo de lo que se hace en el mundo entero.
Sin embargo, estos sobresaltos no son nuevos. Incluso ocurrieron en la propia interna del gobierno uruguayo, pero en administraciones pasadas. A comienzos del primer gobierno de Tabaré Vázquez, su canciller Reinaldo Gargano amagó con renunciar en reiteradas ocasiones. La firma del Tratado de Inversiones con Estados Unidos, que impulsó el exmandatario no era digerida por Gargano, quien sostenía la tesis de “más y mejor Mercosur”.

Brasil no está alejado de la posición uruguaya, en tanto su presidente Jair Bolsonaro ha manifestado su voluntad de aunar esfuerzos en la modernización de la economía propia y de la región.

A pesar de que el gigante norteño es el principal socio comercial de Argentina, éste último registró –al menos hasta mayo pasado– un saldo negativo en su comercio bilateral de 470 millones de dólares. Un escenario que termina sazonado por la intensa discusión interna sobre el arancel externo común que manejan los países del bloque.
Ese debate –que lleva años– se intensificó durante la pandemia a raíz de sus efectos adversos sobre las economías de los países. Cuando asumió la presidencia pro témpore en julio, Brasil solicitó una baja del arancel para los productos importados por fuera de la zona y, en la misma línea de Uruguay, la posibilidad de concretar acuerdos en forma individual.

La postura argentina, opuesta a esta práctica, va en el sentido de proteger a las industrias regionales y acordar una reducción segmentada. En medio de esa puja ideológica, se manifestaron a favor de la posición del gobierno de Fernández la asociación de fabricantes de vehículos automotores de Brasil, en tanto un cambio de estrategia haría que las importaciones superaran a las exportaciones.

Es que las cuestiones de corte ideológico han influido en las marchas y contramarchas que ha tenido el bloque en los últimos tiempos, que nunca alcanzó una unión aduanera. A 30 años sigue inconcluso, distorsionado, muy discursivo, anquilosado en el tiempo y con barreras a la libre circulación. Es decir que, en vez de avanzar, retrocede.

Y porque existen urgencias, al menos para Uruguay. Tal como lo dijo el mandatario en marzo: “No hay tiempo para grandes diálogos y comisiones, es tiempo de actuar”. Sin embargo, a mitad del año Argentina cerró su presidencia temporal sin avances ni respuestas al pedido de los dos socios.

Por eso, Uruguay pone el pie en el acelerador y envía a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, a reunirse con su par Paulo Guedes, antes de un nuevo traspaso a la nación guaraní.

De todas formas, Uruguay ya salió a dialogar por fuera del bloque, con Armenia, Georgia, Turquía y España, a través de una extensa gira efectuada por el canciller Francisco Bustillo. El punto de destaque hay que ubicarlo en Estambul, donde las autoridades turcas manifestaron su interés en el desarrollo de acuerdos comerciales, de la llegada de Turkish Airlines y de la apertura de una embajada uruguaya en Ankara o su similar diplomática en Montevideo.
Por su parte, el presidente debutará en la Asamblea General de la ONU, viajará a México para tener encuentros bilaterales con los países que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y, a fines de setiembre, se reunirá con empresarios en Estados Unidos.

Por ahora, mientras Brasil quiere ingresar en la “cuarta revolución industrial” para llegar a una mayor cantidad de cadenas productivas internacionales, Argentina y Paraguay se apegan a la letra que ya tiene más de tres décadas.
Porque “consenso” no significa “freno” y porque la región es muy rica para huir de la integración y globalización que se practican en otras regiones. → Leer más

El Poder Ejecutivo remitió a la Asamblea General un proyecto de ley a través del cual se deroga la ley Nº 16.805 que permitía correr los días de asueto por los feriados, a fin de evitar los días “puente”.
La normativa vigente, del 24 de diciembre de 1996, establece que si los feriados coinciden en sábado, domingo o lunes se mantienen esos días; si caen martes o miércoles pasan para el lunes anterior; y si son jueves o viernes, pasan para el lunes siguiente. La ley 16.805 original exceptuaba de este régimen los feriados de Carnaval, Semana de Turismo, 1º y 6 de enero, 1º de Mayo, 18 de Julio, 25 de Agosto y 25 de diciembre.
En su argumentación, el gobierno de Luis Lacalle Pou expresó que “Los feriados son fechas de celebración de festividades, y en el caso de los feriados alcanzados por la ley que se proyecta derogar, nos recuerdan acontecimientos patrios propios de la gesta libertadora de nuestro país así como hechos de repercusión universal, cuya importancia hace que para honrar nuestra historia, los mismos sean celebrados en la fecha que recuerda su ocurrencia”.
Como era de esperar, la resolución presidencial tuvo repercusiones inmediatas desde distintos ámbitos, empezando por la Cámara de Turismo, que considera que la medida perjudica su actividad por cuanto los fines de semana “largos” son tomados como una suerte de vacaciones cortas por muchos uruguayos que los aprovechan para hacer turismo interno.
Sin embargo, el presidente Luis Lacalle Pou ya se había manifestado sobre esta iniciativa el pasado 18 de mayo. En esa oportunidad dijo que “Los feriados no nacieron por un tema turístico, los feriados que tiene un país significan un momento de recordación y poner un poco de pausa en esta vida tan loca que llevamos todos”.
Y le asiste la razón al presidente, por cuanto cambiar las fechas de las conmemoraciones desvirtúa la razón de ser del feriado. Los reyes de esta distorsión seguramente han sido los argentinos, que en aras de incentivar el turismo interno durante los gobiernos kirchneristas fomentaron todo tipo de festividades tanto nacionales como provinciales donde tenían un fin de semana largo prácticamente en cada mes.
Sin embargo hay quienes lo ven de otra manera y, por ejemplo, consideran que la norma que ahora se deroga es una conquista laboral que le da a los trabajadores la oportunidad de disfrutar de un descanso excepcional, que ocurre tres veces al año: el 19 de Abril (Desembarco de los 33 Orientales), 18 de Mayo (Batalla de Las Piedras) y el 12 de Octubre (Día de la Raza o Descubrimiento de América), que hasta ahora se pasan para un lunes o un viernes. Además, esto permite que quienes trabajan lejos de su hogar, por ejemplo en la construcción, puedan estar con sus familias por más tiempo, dado que no se justifica viajar por un solo día en caso de que el feriado caiga en medio de la semana.
Otros, en cambio, ni siquiera lo ven como un inconveniente, por cuanto los feriados que se verán afectados por la derogación de la ley 16.805 son laborales y por lo tanto benefician a un sector minoritario de los trabajadores. En efecto, cada vez son más los comercios y las empresas que no cierran en estas fechas, quedando reducido el alcance prácticamente al sector oficial, bancario y poco más. Por decirlo de alguna manera, es un privilegio del que goza una minoría, entre los cuales los trabajadores del Estado.
Por supuesto hay un sector más radical que considera que lo que corresponde es hacer de estas fechas un feriado obligatorio para que en este sentido no haya hijos y entenados, donde todos tengamos un día de asueto y claro está, correrlos para que se sumen al fin de semana. Obviamente se trata de gente que vive de su salario, no de empresarios que son los que deben pagarles el sueldo, con plata que no se genera precisamente cerrando las puertas del negocio.
Pero toda esa discusión parece perder de vista el verdadero sentido del feriado, que no es un “día libre” sino una fecha para recordar un evento que ocurrió precisamente ese día y que por su importancia histórica tanto para el país o para la Humanidad amerita una celebración de esa magnitud. Lamentablemente en estos tiempos se ha puesto de moda “ningunear” la Historia, restándole importancia a los hechos que a la postre determinaron nuestro vida como nación y nuestra identidad, al punto que hasta la propia directora de Cultura de la pasada Administración municipal, Cinthya Moizo, gestora cultural egresada de la Universidad Claeh –con felicitaciones públicas de la Institución cuando asumió el cargo en Paysandú–, reconoció con total desparpajo en un programa de radio que no sabía qué se recordaba el 18 de Julio en nuestro país. Aunque no se lo preguntamos, es obvio que desde la óptica de la exdirectora de Cultura está perfecto que se modifiquen las fechas recordatorias en pos del bienestar y disfrute de los trabajadores, pero todavía hay quienes consideramos que hay valores que no deben perderse, y entre ellos está el respeto por la gesta de quienes nos precedieron y que con sus actos heroicos permitieron forjar el Uruguay del que hoy gozamos.
Por lo tanto, de entenderse que es más importante fomentar el turismo interno o establecer vacaciones cortas periódicamente, lo que corresponde es dejar de lado las razones históricas de los feriados y establecer asuetos en fechas que se consideren adecuadas para tal fin, incluso hasta se podría hacer pensando en los mejores momentos para sacarle el mayor jugo posible a los feriados de descanso; por ejemplo en base a datos históricos del clima, para reducir las posibilidades de que una tormenta estropee las merecidas vacaciones del trabajador. Porque a nadie le gusta hacer turismo con lluvias, así que por lo pronto hay que evitar las fechas próximas al 30 de agosto, porque muy posiblemente Santa Rosa nos estropee todos los planes.

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El 7 de julio de 2002 publicábamos en la portada de EL TELEGRAFO una foto que recorrería el mundo, repicada por la agencia de noticias francesa AFP. La imagen mostraba un camino de hormigas en que se había transformado el puente internacional General Artigas, con cientos de personas cruzando el tendido a pie portando bolsos repletos de alimentos y productos adquiridos en la vecina orilla. Era en plena crisis económica, la mayor de que se tenga registros pero que recién impactaba en Uruguay, puesto que en Argentina había estallado seis meses antes. Por eso la diferencia cambiaria era abismal, y los mismos productos que acá eran “carísimos” allá se podían comprar a precios irrisorios.

Poco después, cuando las economías de los dos países se equilibraron –ambos quedaron fundidos, solo que Argentina eligió el camino del default para no pagar la deuda externa–, ese milagro por el cual del otro lado del río todo estaba “regalado” se esfumó. Pero para ese entonces ya era tarde para Paysandú que a pesar de estar en mejor posición para enfrentar la crisis con respecto a otros departamentos, por contar con industrias que seguían exportando y produciendo, fue de los que peor la pasó, con miles de sanduceros sin empleo y otros tantos emigrando en masa a países europeos o Estados Unidos, dejando atrás sus familias quebradas y con deudas impagables, así como también se disparó la tasa de suicidios a niveles históricos. Una dolorosa lección que dejó profundas heridas que hasta hoy perduran en nuestra sociedad.

Asimismo, cuando el país comenzó a recuperarse, Paysandú fue de los últimos en acusar la mejoría.
Hoy, el lento pero irreversible retorno a la normalidad tras la crisis sanitaria de la COVID-19 es un hecho próximo para festejar, por cuanto no solo implica superar una amenaza que ha acarreado miles de muertes en el Uruguay y de muchos millones en todo el mundo, sino que a la vez será la instancia que se estaba esperando para intentar poner nuevamente en marcha plena a la economía, y con ello una mejora en la calidad de vida, en el empleo, en el reciclaje de recursos; en suma, generar condiciones para un derrame de más bienestar en la población que, naturalmente, nunca es homogéneo.

La crisis sanitaria golpeó de manera distinta en cada país y en el caso de Argentina –donde todavía hay lugares en que la pandemia no ha sido controlada completamente–, las políticas económicas y sanitarias llevadas adelante por el gobierno de Alberto Fernández han dejado a la nación en una situación muy precaria, con una moneda que no vale nada mientras un 40% de la población cayó en la pobreza y más de un 10% en la indigencia.

Así, vuelve a presentarse una situación similar a la de julio de 2002, con un gran desequilibrio de precios entre una y otra orilla, aunque afortunadamente de este lado estamos bastante mejor en términos relativos, con índices de pobreza de “apenas” un 11,6% y una indigencia de menos del 0,4%. Por supuesto eso no quiere decir que podamos tirar manteca al techo ni es algo para festejar, porque la realidad es que muchos sanduceros están pasando mal y a la gran mayoría los números no les dan, al ver reducidos sus ingresos.
Pero esa precaria situación de privilegio con respecto a la Argentina podría esfumarse en un abrir y cerrar de ojos en las ciudades fronterizas, de volver a ocurrir lo que pasó en 2002. Porque el contrabando hormiga puede parecer una tabla de salvataje para muchas familias que hoy cuentan sus pesos para adquirir los elementos más básicos de la canasta del hogar, pero en el mediano plazo eso se traduce en cierre de comercios, desocupación, cesación de pagos y pobreza, aumentando la situación de angustia. Y lo que pocos quieren reconocer es que el trabajador que se queda sin empleo tampoco tendrá un salario para gastar en la vecina orilla. Porque sin dudas que la ecuación más tentadora es ganar en Uruguay y comprar en Argentina, pero eso no es sustentable.

Lamentablemente la disconformidad social actual sumado al efecto de las redes sociales –que poco aportan al sentido común y sí al rencor y el resentimiento– nubla el raciocinio de quienes no quieren entender que Uruguay es un país caro por diversas razones y no porque los comerciantes se estén enriqueciendo a costa de los trabajadores aprovechando que los puentes están cerrados. Son muchos los gastos que deben afrontar para mantener la persiana en alto, entre ellos los salarios de sus empleados. Y también sufrieron y sufren los efectos de la pandemia, aunque en menor medida justamente porque el tránsito vecinal fue cortado.
Y como bien señala el diputado del Frente Amplio por Río Negro, Constante Mendiondo, cuando se instala el trasiego masivo, “los perjudicados somos los litoraleños y los que cruzan al otro lado no son los más pobres. En cualquier caso, los pequeños comercios son los que mueren primero”.

En diálogo con EL TELEGRAFO, el legislador reconoció que “lo primero es tener mucha amplitud. Hay que estar muy juntos con las asociaciones comerciales porque son el sostén del comercio y, a su vez, el comercio es el sostén del empleo. Y, luego, la política. Es decir, los gobiernos departamentales y los municipios, además de los representantes nacionales, para terminar en un proyecto de ley”. “El país ya perdió una cantidad enorme de puestos de empleo y hay una ingreso grande a la pobreza con más de 100.000 uruguayos. Por eso decimos que va a ser un problema grande cuando se abran los puentes”.
Dijo que la legislación actual “apunta a fortalecer y brindarle instrumentos a los comercios locales para que se vuelvan competitivos. Porque el ideal es que no haya un trasiego permanente y sea atractivo quedarse. Pero en las condiciones actuales es imposible”. Apuntó que “ir por el lado del ‘cero kilo’, nunca dio resultado. Eso es vecino contra vecino y la clave está en no hacer atractivo el cruce”.

Sin embargo no es fácil “volver competitivos” a los comercios locales, por cuanto la carga impositiva, los servicios y los salarios de Uruguay son mucho más altos en dólares que en Argentina. Y aún si se pudiese resignar la parte tributaria en las ciudades fronterizas y los precios de los productos fuesen entonces similares a los de la vecina orilla, eso crearía una gran desigualdad con el resto del país, que además de ser injusto promovería una suerte de contrabando interno. ¿Y cuál sería la solución para evitarlo? ¿Instalar una aduana en Constancia y otra en La Lata? Obviamente eso sería absurdo. Por el otro lado, el “cero kilo” –a diferencia de los que sostiene Mendiondo– sí dio muy buen resultado cuando se aplicó a rajatabla durante el gobierno de Mujica, y permitió sostener la base de la economía local en momentos de fuerte desequilibrio de precios, manteniendo la libre circulación de personas por el puente.
Pero rescatamos entonces que los diputados que representan cuatro partidos “han manifestado una conjunción política muy fuerte”, buscando la mejor salida con los gobiernos departamentales y los centros comerciales de la región.

Ojalá todos estos elementos se tengan en cuenta a la hora de tomar las medidas que inevitablemente deberán llegar, ponderando debidamente los pro y los contra, y que la comunidad ponga de su parte para aportar a una respuesta que nos beneficiará a todos, por encima de colores políticos y situación social.
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“Imagino que aparecerán empresas que aserren y debobinen, que vengan a instalarse cerca de donde están nuestros bosques, que empiecen a generar mercado”, resumió el vicepresidente de la Sociedad de Productores Forestales de nuestro país, Francisco Bonino, al analizar para el suplemento Economía y Mercado del diario El País la realidad del sector forestal y sobre todo las perspectivas de abordar un esquema revulsivo imprescindible para el sector y el país, como es el caso de la incorporación de valor agregado a la materia prima que se produce en los bosques.

Reveló asimismo que los fondos captados en los fideicomisos van a terminar generando ingresos muy significativos, “pero el sector en general está teniendo un desempeño por encima de lo esperado. Este ha sido un año absolutamente récord en volumen y precios, excepto dos sectores que tienen un comportamiento no tan bueno. Las exportaciones de celulosa están creciendo, pero no arrancaron bien, y las exportaciones de chips se habían parado durante la pandemia y recién comenzaron a retornar a una buena senda”.

Consideró que sin dudas hay espacio para crecer, y que para las plantaciones que están en marcha, “lo importante será el desarrollo industrial”, a la vez que reflexionó que “tenemos muy fuerte la celulosa en el Uruguay, pero hay otros eslabones en la cadena para aprovechar. Y aunque estemos exportando bien la madera en bruto, hay otras oportunidades. Cuando se aprovecha bien la madera en el lugar donde se produjo, se logran muchas eficiencias, con menores emisiones de carbono por transporte”.

Lo que expresa el empresario va en línea con lo que hemos señalado en más de una oportunidad, respecto a que si bien la inversión en el área forestal en las tres últimas décadas ha sido revulsiva e incorporado un sector pujante al agro, creando miles de puestos directos e indirectos, hasta ahora la participación en valor agregado en el sector en nuestro país es muy relativo, desde que la madera se exporta como materia prima para su industrialización en el exterior, lo que indica que es preciso buscar alternativas de inversión que permitan aportarle mano de obra dentro de fronteras, y establecer una cadena de valor potenciada que sería de gran beneficio para la economía.

Vienen al caso declaraciones del subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Walter Verri, al efectuar su presentación en la firma por la Unión Europea (UE) y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), del acuerdo bilateral “Facilidad para el Desarrollo en Transición”, ámbito en el que se proporciona oportunidades para trabajar en cooperación internacional apoyando iniciativas que sean innovadoras y de beneficio mutuo, además de fortalecer el diálogo estratégico y de desarrollo entre Uruguay y la Unión Europa.
En la oportunidad fueron presentadas tres iniciativas relacionadas con la economía circular, como es el caso de Innovación y desarrollo sustentable de la industria de transformación mecánica de la madera, Mujeres en el sector de la Información y Formación de jóvenes innovadores.

El subsecretario de Energía sostuvo que “la transformación mecánica constituye un sector con gran potencial que nos posibilitará avanzar en la cadena de producción, obteniendo como resultado de productos destinados a la construcción en madera y carpintería, mayor valor agregado y generación de mano de obra”.
Verri asimismo destacó que se realizó un estudio sobre las oportunidades de la bioeconomía forestal en el país, y en este documento de trabajo se puso énfasis en el análisis de una industria catalogada como primaria y poco profesionalizada, por lo que la transformación mecánica constituye un sector con gran potencial, “que nos posibilitará avanzar en la cadena de producción hacia la segunda transformación, obteniendo como resultado productos destinados a la construcción en madera y carpintería, mayor valor agregado y con ello generación de mano de obra”.

Precisamente, uno de los aspectos a tener en cuenta para intentar generar un nuevo escenario en esta industria parte de que la mayor parte de los productos ofrecidos por los aserraderos nacionales hoy son los que surgen de la transformación mecánica, los cuales presentan bajo valor agregado. “Pero a su vez en la transformación mecánica hay grandes oportunidades de desarrollo y de generación de empleo, mediante el agregado de valor a la materia prima a través de su transformación en productos conocidos como los productos de ingeniería de la madera”, aportó el subsecretario.

En este sentido figura entre los destinos posibles identificados la madera tratada térmicamente, la madera laminada cruzada, la madera microlaminada, los tableros de virutas, la madera laminada encolada y los paneles y contrachapados, aseguró el subsecretario de Industria.
Este es el camino que se debe seguir, el de generar propuestas e incentivos para potenciar el ciclo de valor agregado a la materia prima que se genera dentro de nuestro territorio, porque implica incorporar inversión, tecnología y empleos de calidad, además del reciclaje de insumos dentro de fronteras en el marco de una economía circular que recicla recursos que de otra forma se van del país.

Es decir, todo lo contrario al proyecto que se intenta impulsar en el Parlamento por el que se pretende introducir limitaciones muy precisas a la expansión forestal porque, como bien señala Bonino, “ningún inversor apuesta en lugares donde está topeado. El inversor apuesta a lo que crece, tiene proyección y futuro. La señal en este caso iría en sentido contrario. En nuestro país el espacio para seguir creciendo dependerá de las condiciones que establezca la legislación”.
Y una parte importante de la ecuación para promover inversiones de riesgo de este perfil es no generar señales equívocas a estos capitales, como por ejemplo el incorporar medidas limitantes en la Ley de Desarrollo Forestal.
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Uruguay aún no ha solucionado el complejo problema de los residuos sólidos y una recorrida por los titulares de prensa de algunos departamentos muestra que el tema no solo está muy presente en la agenda ciudadana, sino que no se ha llegado a soluciones efectivas y de consenso social.
Somos uno de los países latinoamericanos que genera más basura, con un estimado de aproximadamente 1 kilogramo por habitante por día, según un informe del Banco Mundial. La cifra se sitúa por encima de la tasa media de América Latina, fijada en 0,87 kilogramos y del promedio mundial, establecido en 0,74 kilogramos. No obstante, nuestro país también lidera los rankings de cobertura de recolección de basura en el continente.

La gestión de residuos sólidos es un asunto que preocupa más allá de las fronteras y, si se analiza a nivel regional, en América Latina y el Caribe anualmente se generan alrededor de 216 millones de toneladas de residuos sólidos municipales, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo.

En un reciente artículo, Magda Correal, especialista senior de la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, señala que de la cantidad antes mencionada el 52% corresponde a residuos orgánicos, mientras que el 19% son materiales con mayor potencial de ser reciclados, como papel, cartón, vidrio y metales, adicionalmente a los plásticos que representan el 12% del total.

Respecto a la disposición final de los residuos sólidos, el 56% son llevados a rellenos sanitarios, mientras que cerca del 40% se disponen inadecuadamente en vertederos a cielo abierto y con escaso control, en tanto que sólo el 4,5% son reciclados.

La experta señalaba que “en términos de gobernanza, existen desafíos en cuanto a la planificación de acciones concretas y realizables por gobiernos nacionales y municipales, si bien en muchos países los municipios están obligados a elaborar planes de gestión de residuos, la implementación de estos no siempre está asegurada”. Considera que “también se evidencian dificultades en la identificación y estructuración de soluciones técnicas que mejor se adecuen a las necesidades y capacidades de municipios y regiones” y que América Latina necesita “instrumentos regulatorios y al mismo tiempo fortalecer los organismos encargados de vigilar, monitorear y asegurar que las normas se implementen” así como fortalecer el desarrollo de reglamentaciones de la valorización de residuos y la economía circular. En este sentido valoró que “los esquemas de responsabilidad extendida y/o compartida del productor están tomando cada vez más importancia en los diferentes países, como Chile, Colombia y Uruguay, donde recientemente se han establecido obligaciones y metas de recuperación de envases a los productores y fabricantes. Se requiere contar con sistemas de información de datos y cifras oficiales que faciliten el monitoreo y la evaluación de la gestión, así como el diseño y la medición del impacto de diferentes iniciativas y programas”, señaló.

Apenas una generación atrás eran pocas las ciudades que contaban con programas de gestión de residuos sólidos. Probablemente, los hogares producían menos desechos que ahora: las bolsas de plástico se usaban mucho menos, y los animales domésticos comían sobras y no alimentos granulados como en la actualidad. Los residuos relacionados con empaques prácticamente no existían y las ciudades en su conjunto producían bastante menos basura.

La mala gestión (o la ausencia de ella) de los residuos sólidos urbanos genera no solo impactos ambientales sino también sanitarios y sociales de relevancia. Se requieren no solo soluciones técnicas sino también la inclusión de los recicladores informales, cambios culturales en relación a la conducta de las personas y educación y motivaciones claras para que la gente se motive a reducir y reciclar sus residuos.

En cuanto a los trabajadores informales, estudios realizados por el Banco Mundial indican que juegan un rol importante en los países en desarrollo, ya que entre el 15% y el 20% de las basuras generadas se maneja ad-hoc por parte de individuos o microempresas que no están formalmente registradas o reconocidas.
Como sabemos, aquí en Paysandú hay muchos clasificadores que se dedican a recolectar, seleccionar, reciclar y reutilizar los residuos en sus domicilios, siendo los menos los que participan de emprendimientos de tipo asociativo vinculados a puntos de clasificación.

En nuestra ciudad se producen aproximadamente 80.000 kilos diarios de basura, que se depositan en el vertedero municipal, en el que la Intendencia se apresta a introducir cambios.

En este sentido, recientemente se anunció una licitación para prestar servicios de reciclaje y encapsulado de residuos sólidos no reciclables, a partir de una iniciativa presentada por una empresa privada. Habrá que ver si es la mejor solución pero resulta evidente que el mejoramiento de la gestión de residuos sólidos municipales impacta positivamente en la calidad de vida y en el cumplimiento de los compromisos establecidos en la agenda 2030, especialmente en las metas enmarcadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Empero, es necesario avanzar también en otros sentidos ya que “es indispensable contar con información y datos de calidad, que le permitan a las administraciones nacionales y municipales la medición del impacto de las políticas públicas y de las inversiones, así como la definición de metas y el seguimiento de sus planes y estrategias. Por ejemplo, ¿qué cantidad de residuos genera cada habitante?, ¿cuánto logramos reducir esta cantidad cada año a través de la prevención y la reutilización?, ¿cuánto aumenta anualmente la tasa de reciclaje en una ciudad o un país?, ¿cuántos residuos dejan de disponerse en vertederos a cielo abierto?”, pregunta la experta del BID.

Son preguntas que tenemos que comenzar a hacernos. Teniendo en cuenta que la gestión de residuos sólidos recae sobre las intendencias y municipios, bueno es que el tema sea incluido en forma prioritaria en sus agendas de gobierno en el marco de un compromiso social y ambiental que redunde en la mejora de las condiciones de vida de todos. Y que se adopten medidas eficientes para la solución un problema que vuelve una y otra vez. → Leer más