Opinión

Si bien las dificultades de empleo son un problema crónico en el Uruguay, y con mayor razón en tiempos de pandemia, esta problemática social y económica es aún más dramática en el Interior y ni que decir cuando nos situamos en el Uruguay profundo, desde que la falta de oportunidades laborales se conjuga con el mínimo acceso a servicios, incluso los más básicos, lo que se traduce no solo en pobreza y marginación, sino también en la emigración hacia los cinturones de las ciudades.
En este contexto es prioritario para atender esta realidad, y a la vez reducir las asimetrías dentro del territorio nacional, el llevar adelante acciones en procura de revertir este mal endémico que corroe nada menos que la savia vital que mantiene en pie al árbol.
La falta de oportunidades implica a la vez motivo de desesperanza para los jóvenes rurales, no solo en cuanto a empleo, sino a su vez para llevar adelante emprendimientos autosustentables tanto individuales como en forma colectiva, por lo que estamos ante un desafío clave para la economía rural pero también para su realidad social, además de tratar de retener a las familias en sus lugares de origen.
Y cuando hacemos referencia a las acciones que se requieren para cambiar la pisada, es pertinente traer a colación eventos como el ocurrido a principios de este mes de agosto, caso de la instrumentación del primero de cinco talleres con jóvenes rurales con propuestas de ideas para desarrollarse en su medio.
Se trata de un ámbito en el que los jóvenes expresan sus necesidades y exponen ideas a ser presentadas ante las autoridades competentes o quienes tienen facultad de decisión para hacer realidad estas inquietudes. Toman parte organizaciones y grupos vinculados a entidades como Cradeco, organización local de Colonia, que es parte de CAF (Cooperativas Agrarias Federadas), Federación Rural de Jóvenes, y de la Comisión Honoraria de la Juventud Rural, cuando además estamos cerca de los festejos del Mes de la Juventud Rural, y del Día Nacional de la Juventud Rural el próximo 27 de agosto.
Debe tenerse presente que la Comisión Honoraria de la Juventud Rural (CHJR) es un espacio de diálogo y cooperación entre el Estado y las juventudes rurales, que tiene como fin promover y fortalecer políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de las juventudes vinculadas al medio rural.
Los talleres tienen sobre todo el objetivo de lograr la mayor participación de jóvenes rurales para que expresen sus demandas y necesidades, en el marco del trabajo comenzado el año 2020 por la CHJR, donde se definieron los principales ejes temáticos relevantes para las juventudes rurales de todo el territorio.
En una primera aproximación tenemos como elementos recurrentes, expuestos en anteriores oportunidades en diferentes ámbitos, necesidades como el acceso a la tierra y recursos productivos, así como incorporar modelos de producción, participación y organización, y acceso a servicios y mejorar la calidad de vida.
Nítidamente, las inquietudes convergen en considerar la perspectiva de lograr oportunidades para quedarse en el campo y desarrollar los primeros emprendimientos productivos, para lo que es fundamental el apoyo de organismos del Estado y otras instituciones.
Se hace hincapié sobre todo en que los jóvenes no tienen recursos para acceder a campos, con la salvedad de que si bien ha habido llamado del Instituto Nacional de Colonización (INC) exclusivos para jóvenes rurales, esta oferta no es suficiente, y no se cuenta a su vez con acceso a créditos y préstamos blandos.
Todos los insumos, ideas y propuestas generadas en estos talleres, se sistematizarán en un documento que será presentado por la Comisión Honoraria de la Juventud Rural (CHJR), invitada por la Vicepresidencia de la República a sesionar en el Parlamento, el próximo 27 de agosto, para conmemorar el Día Nacional de la Juventud Rural.
Es decir, que se elevará este compendio de inquietudes y propuestas al gobierno nacional para intentar generar conciencia sobre la urgencia, cada vez mayor, de obtener respuestas a problemas que por regla general son de larga data.
Vienen al caso además reflexiones de representantes de las diversas entidades de jóvenes rurales en diferentes oportunidades y ámbitos rurales, como la de que “ser joven es un constante desafío entre el avance de la tecnología y las limitaciones del medio”, a la vez de plantear su preocupación por el estado de la caminería rural y la necesidad del acceso a la tierra, de la capacitación, la importancia de las tecnologías que regeneran la tierra y los ecosistemas.
Otras inquietudes tienen que ver con la importancia de buscar espacios en el medio rural más cercanos a las ciudades para poder generar vínculos y a la vez vender sus productos directamente, es decir evitando la intermediación que se lleva buena parte del precio final, en perjuicio de productores y consumidores.
Estos aspectos sin dudas son ejes centrales de las acciones reclamadas a los gobernantes no solo por los jóvenes que viven en el medio rural, sino por actores de todas las edades en los sectores vinculados al agro, y por regla general por quienes desde diferentes ámbitos perciben el país como un todo, en la interacción e interdependencia campo-ciudad y no como una dicotomía, así como su proyección vital sobre la economía del país.
Y en este sentido no puede perderse de vista que es un elemento fundamental el apuntar a retener a las familias en los campos, con políticas proactivas más que como una reacción puntual ante circunstancias que hacen que continúe sistemáticamente la migración campo-ciudad, en la que los jóvenes juegan un papel fundamental por falta de atractivos en su lugar de origen.
Las reflexiones de integrantes de las entidades ruralistas sitúan los puntos clave para trabajar en este sentido. Sobre todo esto y más, es necesario trabajar sin pausa, porque no son novedosos, sino que lamentablemente, son factores crónicos que al no tener respuestas adecuadas a lo largo de los años, solo han hecho que el escenario se siga deteriorando, y el país desangrándose en su fuerza vital.
Pero sobre todo, es impensable que por mayor voluntad política y disposición que haya, en un solo período de gobierno o en un único partido puedan generarse condiciones determinantes para enlentecer y menos aún detener este proceso. Es preciso la participación de todos los actores, tanto del sistema político como de los organismos del Estado, entidades y sectores representativos del quehacer nacional en todos los ámbitos, para trabajar la instrumentación de políticas que coordinen esfuerzos más allá de un período de gobierno para quebrar este círculo vicioso de pobreza-emigración desde el ámbito rural.
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Los instrumentos de ordenamiento territorial son capaces de transformar la realidad cotidiana de los ciudadanos y poseen gran importancia para la planificación urbana y rural, siendo necesarios para el desarrollo de políticas públicas fundamentales –como las referidas a la vivienda– pero también para la toma de decisiones de inversiones tanto públicas como privadas.
Más allá de las realidades cotidianas, lo cierto es que el conjunto de normas nacionales en relación a este tema se ha ido fortaleciendo desde que en 2008 se aprobó la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial. Más recientemente, nuevos instrumentos de Planificación Nacional fueron plasmados principalmente en la Ley 19.525 Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial, aprobada en 2017 y reglamentada a fines de 2019, y en la Ley 17.992 Directriz Nacional de Ordenamiento Territorial para el Espacio Costero, que fueron resultado de un largo proceso de trabajo que culminó con una aprobación parlamentaria con amplias mayorías.
Según lo consignaron en su momento las autoridades del anterior gobierno nacional, la aprobación de las Directrices por el Parlamento marcó un hecho significativo para la planificación territorial ya que fue la primera vez que nuestro país contó con instrumentos de alcance nacional que establecen las principales definiciones del modelo de desarrollo territorial y enumeran los lineamientos para su desarrollo futuro en clave de sostenibilidad ambiental, económica y social, que es más que la lineal sumatoria de las partes.
Actualmente, las autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial están impulsando un proceso de revisión de la normativa nacional de ordenamiento territorial “con la finalidad de identificar aciertos, dificultades, problemáticas y visualizar nuevas necesidades en relación al ordenamiento y gestión del territorio”.
De esa manera, se pretende alcanzar una normativa actualizada y moderna en la materia, en consonancia con las dinámicas territoriales, teniendo en cuenta además que ya han transcurrido doce años de la vigencia de la Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (Lotds), del 18 de junio de 2008.
Si bien esta ley es uno de los principales documentos objeto de análisis normativo que viene realizando la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot), según lo informado desde el propio Ministerio, la revisión y actualización también comprende toda otra normativa nacional vinculada al ordenamiento del territorio, por ejemplo: la Ley n.° 10.723 de Centros Poblados y modificativas, de 21 de abril de 1946; la Ley n.° 19.525 Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, de 18 de agosto de 2017; la Ley n.° 19.772 Directriz Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Espacio Costero del Océano Atlántico y Río de la Plata, de 17 de julio de 2019; así como todos los decretos reglamentarios.
En el marco del proceso que se viene llevando a cabo, se incluyeron en la ley de presupuesto quinquenal algunas modificaciones normativas, que se entienden urgentes, referidas a temas tendientes a flexibilizar y facilitar el cambio de categoría de suelo rural a suelo urbano o suburbano, específicamente para inmuebles rurales con destino a programas de Mevir y para asentamientos irregulares; y otras como admitir excepcionalmente la división de suelo rural en predios de dimensiones menores para infraestructuras de los programas de Mevir, así como las que aprueben los gobiernos departamentales hasta un mínimo de una hectárea –siempre que no sean categorizadas como rural natural y no contravengan lo dispuesto en su planificación territorial– incluyendo también la flexibilización del régimen de urbanizaciones en propiedad horizontal, eliminando el límite de superficie existente de las áreas comprendidas entre los componentes de la trama de circulación pública, para las actuaciones residenciales o similares en suelos categorías urbana y suburbana y acorde a lo que la estructura territorial de cada departamento determine.
Por otra parte, recientemente el MVOT firmó acuerdos con varias intendencias –entre ella la de Paysandú– buscando avanzar en el ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible de sus departamentos.
Se trata de un paso importante en la medida que es necesario solucionar conflictos generados por las dinámicas territoriales –”como cuando una ciudad crece y el área rural se afecta, o se debe encontrar el justo equilibrio entre la producción y el cuidado ambiental”– y también prever el desarrollo y la planificación territorial con una perspectiva de largo plazo.
Existen muchos ejemplos de la urgencia de definiciones en la materia, como las necesidades logísticas, el desarrollo productivo e industrial en armonía con el necesario cuidado de la biodiversidad y el patrimonio cultural y turístico.
Resulta fundamental atender a las prospectivas de cambio climático y su incidencia en el territorio, en particular en regiones como la nuestra, fuertemente afectada por las inundaciones. Se trata de un tema que hoy es abordable dado que recientemente se han desarrollado y actualizado mapas de riesgo, contándose además con una serie de informes técnicos sobre el tema, en particular los importantes insumos aportados por el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en Ciudades e Infraestructuras de Uruguay (NAP Ciudades) y Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en la zona costera de Uruguay (NAP Costas).
En este sentido, es importante que el ordenamiento territorial se realice en sintonía con las principales estrategias e iniciativas de adaptación que se están implementando y diseñando, que involucran a diversas áreas del Estado en articulación con los gobiernos departamentales.
Por otra parte, los convenios firmados con las intendencias también prevén fortalecer los sistemas de información geográfica de cada una de ellas, siendo un paso significativo para el desarrollo de la Infraestructura de Información Geoespacial para el Ordenamiento Territorial, iniciativa impulsada por la Dinot del MVOT, que brindará la posibilidad de producir y compartir información georreferenciada actualizada y de calidad entre los diferentes organismos e instituciones, para el análisis y toma de decisiones informadas y oportunas.
En definitiva, el proceso que está en marcha es complejo y requiere activa coordinación y compromisos institucionales para avanzar atendiendo a las necesidades existentes pero también a la perspectiva de futuro, componente fundamental para un ordenamiento territorial exitoso que considere la necesaria sustentabilidad y mejora de la calidad de vida para los ciudadanos.

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Como hace algunos meses veíamos de la cuenca alta del río Uruguay, hoy las que nos sorprenden son las imágenes de personas a pie, encima de las rocas donde se suponía que deberían estar pasando millones de litros de agua; donde debería estar el cauce del segundo río más largo del continente y el más importante en cuando a su relevancia en las economías de esta parte del mundo.

El gobierno argentino publicó un informe que permite dimensionar la situación y que a la vez atribuye causas. “La bajante actual del Paraná es la más importante que está ocurriendo en nuestro país en los últimos 77 años. El déficit de precipitaciones en las cuencas brasileñas del río Paraná y del río Iguazú, y la sequía son factores determinantes. Desde 2019 las precipitaciones en la cuenca han estado por debajo de las medias mensuales de los últimos 10 años”, afirman.

La situación es tan dramática que ya se están previendo escenarios de protestas relacionadas con este tema, porque también se sabe que lo peor está por venir.
“La bajante ocasionará afectaciones sobre el abastecimiento y la calidad del agua potable, sobre la navegación y la operatividad de los puertos y ocasionará daños ambientales sobre el ecosistema, la fauna íctica y la generación de energía hidroeléctrica”, advierte el informe, publicado el pasado viernes. La sequía ya impacta en siete provincias argentinas: Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Misiones.

El gobierno argentino declaró la situación de emergencia hídrica a través del decreto 428/2021 por 180 días y destinó un fondo de mil millones de pesos de la moneda nacional, que se podría expandir a través de financiamiento externo de fuentes como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El informe incluye un “mapa dinámico de riesgo” que presenta zonas afectadas de forma “leve” y “moderada”, donde el énfasis está en el “tramo medio” del río, en el cual aparecen las tomas de agua expuestas sobre el nivel del cauce. Nueve ministerios del gobierno argentino están afectados a los planes de contingencia: Seguridad, Economía, Interior, Obras Públicas, Ciencia, Ambiente, Defensa, Transporte y Agricultura, Ganadería y Pesca, aparte de Nucleoeléctrica, empresa que administra la central nuclear de Atucha, que ya dispuso la compra de tres bombas flotantes para asegurar la refrigeración de los sistemas. Sí, también esto.

De acuerdo a una publicación del diario Perfil de esta semana, entre los datos que más preocupan a los gobiernos están los pronósticos del Instituto Nacional del Agua (INA), los que trazan una tendencia descendente del nivel del río “en los próximos tres meses, alcanzando un máximo de bajante desde fines de setiembre hasta mediados de noviembre”. Lo dicho, lo peor está por venir, avisan.

De confirmarse estos avisos, se generarían (o profundizarían) impactos que ya están sintiendo sectores sensibles, como la pesca artesanal, y se pondrían en riesgo derechos básicos como el acceso al agua potable en las poblaciones dependientes de afluentes del Paraná.

Para atender esto es que ya se está empleando parte de ese fondo creado a partir de la declaración de emergencia. Se está trabajando en las tomas de agua para adecuarlas de forma temporaria, así como para atender el acceso al vital elemento en poblaciones más pequeñas y alejadas que están sufriendo escasez de agua por la sequía en arroyos y sistemas hídricos menores, y se piensa en recurrir a las fuerzas armadas para garantizar la logística.

Y esas protestas de las que avisa el informe ya de hecho están comenzando. Hoy mismo está previsto que un grupo de cooperativas de pescadores artesanales lleven a cabo un “pescadazo” frente al Congreso de la Nación, para reclamar ayuda ante la bajante histórica, ofreciendo sus productos a precios populares para visibilizar la grave situación que afrontan.

“Así se podrán comprar pescados de río como sábalo, bagre y dorado a 150 pesos el kilo (menos de 70 pesos uruguayos); boga a 180; y patí a 240; con el fin de dar a conocer la capacidad productiva que tienen los pescadores artesanales”.

Pero, ¿es esto solamente un problema relacionado con la falta de lluvias? Bueno, nada puede analizarse en términos de solamente, está claro. El funcionamiento del ambiente es tan complejo que el hombre no ha logrado desentrañarlo completamente a pesar de todo el desarrollo científico y tecnológicos, sí se sabe que todo está relacionado, y, como dijo Edward Lorenz, el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede desencadenar fenómenos extremos en otra parte del mundo. Pero posiblemente acá no haya que ir tan lejos.

También en Brasil hay alertas por problemas hídricos que alcanzan a cinco estados: Minas Geráis, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo y Paraná.
La cuenca del Paraná, con afluentes como los ríos Grande, Paranaíba, Tietê, Paranapanema e Iguaçu, comprende, en más de 820.000 kilómetros cuadrados, algunas de las zonas más industrializadas y urbanizadas de Brasil.

En el curso brasileño del río y en sus principales afluentes hay más de 50 represas, –considerando sólo aquellos de una altura de más de 10 metros– que hacen que el río Paraná se haya convertido en los hechos en una sucesión de lagos conexos. Sumémosle a esto los problemas de la deforestación, el avance de la agricultura, los incendios. Para los gobiernos, por supuesto, esto se arregla con lluvia, pero cabe preguntarse si no se le estará pidiendo demasiado a un río. → Leer más

Datos actualizados al mes pasado indican que las solicitudes de exportación de bienes registraron un incremento de 50,9% en julio respecto a igual mes del año pasado, según indica la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) en base a los Documentos Únicos de Aduanas (DUA).
En julio las solicitudes alcanzaron los U$S 924 millones y acumularon U$S 5.295 millones en los primeros siete meses del año, lo que significó un aumento de 37,6% respecto a igual período de 2020, mientras que en los 12 meses finalizados en julio, las ventas se incrementaron 19,6% en comparación con el mismo período cerrado en julio del año pasado. Por lo tanto, los aumentos de lo que va de 2021 superaron las caídas registradas de agosto a noviembre (en diciembre no hubo variación) de 2020 debido a la pandemia global.
Este parámetro es un indicador alentador en cuanto a la tendencia, pero debe tenerse presente que se parte de un piso muy bajo, debido a la caída estrepitosa de las actividades y comercio regional y global, por lo que en el mejor de los casos, se está recién retomando el hilo prepandemia, con una pérdida significativa de ingresos que se registró durante varios meses y consecuente incidencia en la economía.
Desde el punto de vista de los destinos, los principales tres registraron aumentos relevantes en lo que va del año. China lideró el ranking con una duplicación de las colocaciones (97,93%), con una suba generalizada de los productos exportados (carne, madera, soja y lácteos, entre otros). Brasil quedó segundo, con una suba de 82,92%, principalmente por plásticos, lácteos y vehículos.
Por su parte, desde el punto de vista de los productos exportados, la medición en dólares muestra que la totalidad de los 10 principales rubros registraron aumentos, lo que pone de relieve que hay un mercado más demandante y ello se refleja en los valores internacionales que se pagan.
Afortunadamente para nuestro país la principal fuente de riqueza con la que contamos, el agro, no conoce de pandemias y es así que en este período han seguido cumpliéndose los ciclos biológicos para la producción de carne, lanas, granos y madera, entre otros rubros. Gracias a esto el punto de partida en este período pospandemia no está tan cercano al piso. Como consecuencia la calidad de vida de los uruguayos no ha caído tan drásticamente como pudo haber sido.
Desde el punto de vista laboral, por ejemplo, tenemos que en el Interior y sobre todo en el ámbito rural, se ha seguido trabajando para acompañar y acompasar los ciclos productivos que nos han sostenido hasta ahora.
Mientras tanto, en otros ámbitos de trabajo, como en el caso de los funcionarios del Estado, la afectación laboral prácticamente no ha existido, por cuanto es un costo del que se ha hecho cargo exclusivamente el sector privado, donde se genera la riqueza que luego se redistribuye, mal o bien, a todos los demás sectores del tramado socioeconómico.
Nuevamente el agro se ha erigido como la reserva de riqueza en tiempos de crisis, y más allá de las buenas performances de la carne y los granos, tenemos a un sector forestal que se ha sostenido y mejorado su comportamiento, tanto en producción para la venta al exterior como generador de empleos directos e indirectos.
De acuerdo con el instituto Uruguay XXI, el fuerte desarrollo silvícola (gestión de bosques o montes de épocas anteriores), se encuentra actualmente en turnos de cosecha y habilitará un volumen muy importante de materia prima disponible, pero se requiere atraer nuevas empresas que trabajen en la promoción y el desarrollo de esta actividad.
Según datos del Banco Central del Uruguay (BCU), el sector forestal es uno de los más dinámicos en la economía nacional del presente siglo, ya que presenta una tasa anual de crecimiento del 7,7 por ciento en la última década, lo que es determinante para que el sector represente alrededor del 3 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que las exportaciones del complejo forestal, que incluye a la madera, celulosa y papel, representan casi una quinta parte del total de las exportaciones de bienes del país.
En lo que tiene que ver con el mercado laboral, el sector emplea directamente cerca de 17.000 personas sin contar por lo tanto los empleos indirectos que también genera el sector en infraestructura de apoyo. Como dato complementario, tenemos que el 15 por ciento de la población del país vive en los departamentos con mayor cantidad de hectáreas forestadas, lo que confirma la incidencia de esta actividad en territorios que no tienen otras opciones laborales, en el interior profundo sobre todo.
A su vez, el tejido empresarial presenta unas 1.700 empresas en el entorno de la actividad forestal, directamente vinculadas al rubro. Las empresas nacionales son en gran medida de pequeña escala, de los cuales unos ochenta aserraderos en todo el país.
Estas empresas son significativas fuentes de empleo y en algunas regiones son pequeños polos de desarrollo que han contribuido a retener la población en el medio rural, y por lo tanto su proyección real es mucho mayor que una fuente de actividad aislada.
Ahora, con el agro nuevamente como el sector que responde con creces a la apuesta de sacarnos de la coyuntura adversa, el punto es que quedamos igualmente con los problemas estructurales de siempre, disimulados y postergados por la urgencia y precios favorables.
Nuestro país sigue siendo caro para producir, y la mejora que hemos tenido en este período precisamente se da fundamentalmente en los commodities, porque pese a los costos se siguen dando las ventajas comparativas del país. Pero cuando se trata de agregar valor a la materia prima, ahí surgen nítidamente los costos desmesurados y las graves dificultades para crear y/o mantener empleos de calidad.
Es pertinente en la pospandemia la búsqueda de potenciar la dotación de valor agregado a la materia prima, procurando por ejemplo canales efectivos para superar el cuello de botella para obtener el mejor aprovechamiento de la riqueza forestal en el Uruguay, como así también en otras áreas productivas y de servicios, generando condiciones para lograr inversiones significativas que permitan revertir un escenario que ha permanecido incambiado durante décadas.
Es que si seguimos en la misma, será muy difícil lograr resultados diferentes por encima de coyunturas, y la incertidumbre y los avatares seguirán primando por sobre la estabilidad y la certeza que son la consecuencia de superar los problemas estructurales.

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El presidente de la ANEP, Robert Silva, dijo la semana pasada que es necesario cambiar la educación a partir de un amplio debate, que ha faltado en Uruguay. Sin embargo, en alguna oportunidad hubo una instancia de intercambio y no obtuvo los resultados deseados. La polarización de las opiniones –tan acostumbradas al politizar los temas– a menudo no enriquecen debates, sino que los clausuran.
La situación de contingencia sanitaria simplemente profundizó los problemas ya existentes desde hace años y eso quedó plasmado nuevamente en los documentos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed). Porque las evaluaciones sobre el desempeño educativo se efectúan desde 1990. La diferencia es que, a partir de 2016, los informes están bajo la órbita de un organismo autónomo e independiente como el Ineed, con el nombre de Aristas.
Con respecto a 2017, no variaron los resultados en matemática y lectura. Desde hace algunos años que permanecen bajos y muy desiguales. Sin embargo, incrementaron las iniquidades en las habilidades socioemocionales, pero no deben quitarse del escenario de pandemia. Este programa, que se aplica cada tres años en tercero y sexto año de Educación Primaria y en tercer año de Educación Media, marca heterogeneidades en la asistencia a clases. El porcentaje de concurrencia a las aulas mantuvo variaciones entre 73 por ciento y 86 por ciento, de acuerdo al contexto del centro educativo.
El retorno a la presencialidad arrojó un resultado del 100 por ciento en el sector público, que volvió en subgrupos y 70 por ciento en el ámbito privado. No obstante, la asistencia no fue en horario completo ni todos los días.
Antes de la pandemia, menos del 1 por ciento ya no estaba en la escuela al momento de la evaluación, pero en 2020 subió al 3 por ciento en algunos casos y al 5 por ciento en centros educativos de contexto muy desfavorable.
La exposición pedagógica también resultó desigual, en tanto aumentó en los entornos con mejores condiciones socioeconómicas y resultó menor en la Escuelas Aprender, donde se reúne a la población con mayores vulnerabilidades. Y en cualquier caso, la conclusión parece obvia si se afirma que cuanto más tiempo se asista a la escuela, mejores serán los resultados, independientemente del contexto.
La virtualidad, tan extendida durante la contingencia sanitaria, también contribuyó a la enseñanza, pero presentó algunas carencias porque “la décima parte de los alumnos de tercero y sexto dijeron no tener computadora”. Asimismo, la falta de conectividad por ausencia de dispositivos informáticos varía de acuerdo al entorno y, también, delimita desigualdades.
El gobierno había anunciado una reforma curricular a instalarse a partir de 2023, pero es posible analizar de antemano las realidades familiares y su involucramiento en el proceso de formación. Esos referentes tienen que ver con la tasa de egreso de la Educación Media que mantuvo altos niveles de desvinculación por varios años y subió al 40 por ciento en 2019.
Son datos que nos interpelan en lo interno y muestran el estado de situación al compararnos a nivel internacional. Las pruebas PISA de 2018 fueron reveladoras y demostraban que el 40 por ciento de los estudiantes de 15 años que participaron en el test alcanzaron niveles mínimos en matemática, ciencia y comprensión lectora. Es, además, una mirada inquisitiva al perfil del crecimiento económico del país y a las condiciones laborales de las personas. Por lo tanto, a un mayor nivel de pobreza por salarios obtenidos en puestos de trabajo, donde bajan las exigencias de la escolaridad. El año pasado, un grupo de investigadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) analizó los sistemas educativos que consiguieron mejorar sus resultados. La distribución de estudiantes provenientes de contextos diversos a fin de evitar la concentración de aquellos de menores recursos en determinados centros educativos, fue auspiciosa.
La corrección temprana, horarios extendidos para las actividades extracurriculares y un fuerte involucramiento de los padres evitaron una profundización de las brechas. Este marco de circunstancias es posible adaptarlo al sistema uruguayo. De no hacerlo, continuará la segmentación social y el país no tendrá mayores posibilidades de desarrollo para esa población joven a la que habitualmente llaman “el futuro”. Pero como son el presente, y ya hemos probado que una educación sin reformas curriculares arroja resultados parecidos, habrá que elevar la mirada y el debate.
Uruguay mantiene similares porcentajes de docentes por cantidad de estudiantes en comparación con otros países del mundo. El punto en cuestión es el elevado ausentismo que hoy se discute en los ámbitos parlamentario y judicial.
A finales del año pasado, la última edición publicada por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres Analiza), titulada “una reforma impostergable”, explicaba que los estudiantes que asisten a centros con estos problemas superan el 60 por ciento del total. Además, solo la mitad de los docentes de media básica están titulados. Eso es muy por debajo del promedio global del 83 por ciento, e incluso menor al 69 por ciento reportado en América Latina.
Los docentes con maestrías son el 1 por ciento del total, frente al 17 por ciento de América Latina y el 36 por ciento global. Sin embargo, cabe consignar que en Uruguay la titulación docente no es universitaria. Por lo tanto, antes habrá que evaluar los conocimientos y habilidades docentes, las problemáticas para el acceso a su titulación y los salarios.
La desigualdad educativa es la antesala de la desigualdad social y este problema en Uruguay tiene largo arraigo. Aunque variaron las orientaciones políticas de los gobiernos, permanecemos como los peores de la clase en un continente que ya era el más desigual del mundo.
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El fútbol del Interior finalmente podrá retomar con su actividad luego de mucho tiempo, en virtud de que el gobierno nacional, a través de la Secretaría Nacional del Deporte, liberó la posibilidad de que los hinchas puedan concurrir a las canchas.
El aspecto es clave para que el fútbol del Interior pueda mantenerse en pie, tener actividad y posibilidades de desarrollo.
El año pasado la Secretaría había liberado la presencia de público, lo que se concretó con actividad en escasas Ligas a lo largo y ancho del país, pero el experimento fue un fracaso dado que no se respetaron los protocolos y rápidamente, sumado además al aumento de casos, se decidió eliminar esa posibilidad.
Sin público, pudo el año pasado terminar la Copa Nacional de Clubes porque había un aporte de la empresa que transmitió la competencia, y algunas Ligas pudieron tener actividad, pero contadas con los dedos de una mano.
La Organización del Fútbol del Interior (OFI) solicitó insistentemente a la Secretaría Nacional del Deporte, con la que trabajó para ello, la apertura al público de las canchas. Desde el organismo de Estado se aseguró que sería justamente el fútbol del Interior la primera actividad deportiva que contaría con público, lo que finalmente habilitó a partir del 20 de agosto.
Según el protocolo, se admitirá la presencia de 300, 500 o 700 simpatizantes, de acuerdo al tipo de escenario de juego, con separación social y el uso de tapabocas durante todo el espectáculo. La exigencia, para todo mayor de 12 años que quiera concurrir a un partido de fútbol, será tener doble vacunación contra el coronavirus, por lo que se deberá presentar constancia al momento del ingreso.
Las reglas están claras para el público, pero las mayores dudas estaban en qué sucedería con los protagonistas de los espectáculos, es decir futbolistas, árbitros y cuerpos técnicos.
OFI había informado a EL TELEGRAFO, a través de su vicepresidente Jorge Ortiz, que se solicitaría no solo doble vacunación sino también un PCR negativo realizado 48 horas antes para aquellos que no estuvieran vacunados, pese a que desde la Secretaría se había indicado a este medio que no habría exigencia para los protagonistas, y se daba la libertad de decisión a las Federaciones.
La medida despertó polémica, teniendo en cuenta que si bien las restricciones para el público se enmarcan dentro de lo que se entiende como derecho de admisión, no permitirle a un deportista hacer deporte porque no está vacunado llamaba la atención, más aun cuando la vacuna no es obligatoria.
Pero finalmente OFI decidió no poner exigencias para los protagonistas de los juegos. El motivo no fue solo el antes señalado, sino que se entendió que podrían surgir, con esa restricción, algunos reclamos laborales.
La Organización dejó atrás su decisión final, y el cambio de postura es sin dudas positivo. Pero también lo es el hecho que, al menos puertas adentro, se pensara que podría surgir algún reclamo, lo que habla a las claras y termina de confirmar que el fútbol del Interior dejó de ser, en su mayoría, amateur.
Y allí se abre un poco más la puerta que estaba semiabierta en cuanto a la relación de los jugadores con los clubes y la libertad de acción. Hace algunas semanas se instauró la polémica cuando OFI votó un cambio transitorio de la norma que establece los motivos por los cuales un futbolista queda libre, dado que el cambio reglamentario fue realizado de manera unilateral, perjudicando a los jugadores y de forma retroactiva.
Todos estos inconvenientes creados por la pandemia y el hecho de no haber tenido competencia en la mayoría del país el pasado año, podrían evitarse justamente si el fútbol del Interior tomase conciencia y repasase el pensamiento de OFI a la hora de no solicitar la vacunación para los futbolistas.
Hace mucho tiempo que el fútbol del Interior dejó de ser amateur, es decir que un futbolista no recibe dinero por vestir determinada camiseta, e incluso representar a su departamento a nivel de selecciones. Y lo mismo sucede con los cuerpos técnicos.
¿Es que todavía alguien puede pensar que se juega solo por amor a la camiseta? Por partido, por mes, por gol convertido, por penal atajado, en dinero o especies, jugadores y cuerpos técnicos reciben un pago por su trabajo.
La gran pregunta es por qué no se regulariza la situación. Si se entiende que no se puede exigir vacunación porque podría existir alguna demanda a nivel laboral, sería positivo también poner definitivamente el tema sobre la mesa y sincerarse.
Ya hemos señalado que FIFA establece que hay dos tipos de jugadores, los amateur y los profesionales. Es decir aquellos que no tienen contrato, y los que sí. Los que son libres de jugar donde quieran, y los que deben atenerse a la letra fría de lo que firmaron y cumplir los plazos establecidos.
El hecho de que los jugadores tengan contrato daría tranquilidad a los clubes, sobre todo pensando en que nadie se los lleve por dos monedas como ha sucedido históricamente.
Y esos contratos no tendrían que ser en miles y miles de pesos, sino quizá podrían establecer lo que hoy en día se acuerda con los futbolistas que, también es justo decirlo, lejos está de ser un dineral. Pero la situación daría tranquilidad. Y se comenzaría a transitar un camino mucho más transparente para todos.
Entonces, ¿cuál es el motivo por el que no se da esta situación y se establece en papel el vínculo actual que tienen los jugadores del Interior con sus clubes? Seguramente porque un contrato establece derechos a cada parte, pero también obligaciones. Y se deberá aportar lo que se debe por ello. → Leer más

Con un país en el que el área forestada ha ido en incesante incremento desde la puesta en marcha de la Ley de Desarrollo Forestal, sobre fines de la década de 1980, pero con una exportación que es esencialmente solo de pasta de celulosa y madera aserrada, aparece como un contrasentido que este material no sea objeto de una mayor incorporación de valor agregado, y que a su vez no se esté utilizando extensamente como insumo para la fabricación de viviendas, tanto de interés social como de mayor precio, como se hace en gran parte del mundo.
Es en este contexto que debe evaluarse la iniciativa del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) en el sentido de promover la construcción de casas de madera de interés social con una experiencia piloto que se procurará repicar lo largo y ancho del país.

“La construcción de casas de madera reduce los costos por metro cuadrado y el tiempo de obra, sin perder la calidad”, afirmó la ministra del ramo, Irene Moreira, al señalar que el programa Mevir (Movimiento Pro Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural) liderará la experiencia piloto mediante la construcción de nueve casas en Rivera, obras que finalizarán antes de fin de año, en el marco de una iniciativa que se replicará en otros departamentos, incluido Montevideo.
Moreira afirmó que el programa Entre Todos del MVOT priorizará la construcción en madera en este período y resaltó la importancia de esta modalidad porque capta el dióxido de carbono y crea fuentes laborales, además de otorgarle valor agregado a una industria que está en pleno desarrollo en la zona Norte. Este proyecto democratiza la construcción porque posibilita que pequeñas y medianas empresas interactúen con el Estado, agregó.

Para iniciar este plan piloto de nueve casas, la intendencia donó un terreno en el barrio Progreso de la ciudad de Rivera, y seleccionará a las familias que habitarán el lugar, las que aportarán horas de ayuda mutua, en tanto las obras serán concretadas tras la coordinación entre los ministerios de Vivienda; Industria, Ambiente; Mevir, la Agencia Nacional de Vivienda (ANV); las empresas Ñandé, Lumin, Urufor, y Laviere, para un proyecto que se prevé finalice antes de fin de año.
Pero sobre todo, que la madera constituye una solución rápida para paliar el déficit de vivienda en el país, favorable en términos ambientales, eficiente desde el punto de vista energético y con condiciones térmicas que proporcionan comodidad y calidad.
Paralelamente, el Ministerio de Ambiente realizará también un estudio del impacto ambiental y de habitabilidad del programa, mientras que el Ministerio de Industria, trabaja con sus técnicos en el diseño de las viviendas para que sean eficientes, y entregará calefactores de alto rendimiento.
Para el presidente de Mevir, Juan Pablo Delgado, esta iniciativa apuesta a la innovación, tanto de nuevos materiales como de tecnologías, y a la coordinación entre los sectores público y privado, a fin de construir comunidad, trabajar en equipo y compartir recursos.

El trabajo de esa institución se realizará a partir de un convenio de cooperación que comprende la realización de un plan piloto que evalúe la productividad de las viviendas de madera, proyecto que impulsa el gobierno nacional en la última Rendición de Cuentas, recordó.
Pero hay cierta experiencia en el campo de la vivienda de madera en nuestro país, que se ha hecho mediante la incorporación de avances tecnológicos y experiencias basadas en sistemas que han ganado aceptación a nivel mundial. Existen ofertas que incluyen módulos prefabricados y proyectos construidos in situ e integrados a su entorno, con el uso de la madera, que se presenta como un recurso apto para resolver la gran multiplicidad de requerimientos asociados a la construcción de una vivienda. Como estructura, cerramiento o mobiliario, combinándose con hormigón, piedra, ladrillo o metal, la madera ofrece una infinidad de aplicaciones que permiten la materialización de diversas búsquedas asociadas al lenguaje y la expresividad exterior de los proyectos, como así también la cualificación de los espacios y la generación de atmósferas interiores.

Sin embargo, todavía es muy limitada la extensión del uso de este material en la vivienda, en lo que incide también un aspecto cultural que viene desde el fondo de la historia, en el sentido de que contrariamente a lo que ocurre en otros países, como el norte europeo o Estados Unidos y Canadá, por citar ejemplos notorios, existe convencimiento de que nuestro clima genera deterioro en la construcción y requiere un mantenimiento constante para garantizar su duración y solidez.
Sin embargo, los avances tecnológicos han contribuido a reducir sustancialmente la brecha respecto a los materiales tradicionales, a los que se agregan ventajas comparativas sustanciales para la madera tanto en calidez del ambiente como en aislación térmica y facilidades de reparación.

Lo cierto es que este material es muy empleado en otras partes del mundo para construir, pero en Uruguay su uso para edificar no se ha masificado, pese al crecimiento tan importante que ha tenido la forestación.
La experiencia piloto de Rivera forma parte de la intención del gobierno de darle un impulso a la construcción en madera, con el objetivo de bajar el costo de construcción por metro cuadrado y avanzar en la solución del déficit habitacional que el país arrastra hace años.
Para eso ha acelerado los trámites que hay que realizar para poder utilizar esta tecnología en la construcción y, además, prepara un sistema de apoyo financiero a los proyectos de edificación en madera, mediante un fideicomiso.

El presidente de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), arquitecto Klaus Mill von Metzen, aludiendo al tema, ha señalado al programa radial En Perspectiva, que “una de las ventajas es que es un material con un bajo coeficiente de transmitancia térmica. Eso genera que si tú tocas la superficie de la madera, en invierno no te da frío y en verano no te da calor, porque no es transmisible como otros materiales de la construcción”, en tanto “la madera es el único material de construcción que no se fabrica, viene de la naturaleza, lo tomamos tal cual está y lo adaptamos a nuestros condiciones”, a la vez que evaluó que “la construcción de Wood Framing es 25% más barata respecto al sistema de construcción tradicional. Una construcción en CLT o madera laminada cruzada no es más barata que un sistema de entramado si lo comparamos con una vivienda unifamiliar, porque intervienen procesos industriales que son más caros, pero cuando vamos a escala y comenzamos a escalar la cantidad de soluciones habitacionales, empezamos a tener, frente al sistema constructivo tradicional, un ahorro de entre 20% y 25% de precio por metro cuadrado. Este ahorro no solo es un factor económico sino que tenemos un tercio de tiempo de construcción frente al tradicional”.

El desafío, sin dudas, proviene de aterrizar estos datos técnicos desde su abstracción y tratar de llevarlos al terreno práctico, con financiación para abordar emprendimientos a escala suficiente para su masificación y quebrar, por lo menos gradualmente, la reticencia al uso de la madera como material estructural en la vivienda, para lo que debe apoyarse la iniciativa con la investigación tecnológica en los tratamientos para la intemperie, que hasta ahora ha sido el talón de Aquiles en todo lo que se ha procurado hacer para romper con la inercia cultural en el tema. → Leer más

Antes del inicio de la pandemia el turismo llegó a ser el principal generador de divisas del Uruguay, situándose incluso por encima de las agroexportaciones, siendo además un sector de gran ocupación de empleo.
El mazazo que significó el COVID-19 fue tan grande que no dejó a nadie sin sufrirlo directamente y muchas empresas bajaron la cortina temporal o definitivamente, se perdieron puestos de trabajo, se paralizaron inversiones y se trató de sobrevivir como las circunstancias lo fueron permitiendo.
La situación se vivió de forma similar en todo el mundo. Los datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT) muestran que las llegadas del turismo internacional cayeron en 1.000 millones en 2020 y la crisis se está prolongando en 2021. La región de Asia y el Pacífico ha sido la más afectada de todas las regiones del mundo, con una caída del 94% de los arribos internacionales, y los jóvenes y las mujeres se encuentran entre los grupos más golpeados por la pérdida de empleo turístico.
En este contexto, Europa registró la segunda mayor caída (-83%), seguida de África (-81%), oriente Medio (-78%) y las Américas (-71%). Son cifras que dan continuación a un descenso del 73% de las llegadas de turistas internacionales en el mundo en 2020, el peor año que ha registrado el sector.
Hoy en día existe, según el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, “una significativa demanda acumulada y vemos que la confianza se va restableciendo lentamente. Las vacunas serán la clave para la recuperación, pero, si queremos ver un repunte, debemos mejorar la coordinación y la comunicación, y lograr a la vez que las pruebas sean más fáciles y asequibles”.
Reiniciar el turismo no será fácil. No obstante, según la última encuesta del grupo de expertos en turismo de la OMT mejora ligeramente las expectativas para el período mayo-agosto. Además, el ritmo de vacunación en algunos mercados emisores clave, así como las políticas para reiniciar el turismo con seguridad, especialmente mediante el certificado digital verde la Unión Europea, han creado nuevas esperanzas en algunos de estos mercados.
Los datos de esta consulta a expertos señalan que en general, el 60% cree que el repunte del turismo internacional no llegará hasta 2022, frente al 50% en la encuesta de enero de 2021. El 40% restante ve un posible repunte en 2021, un porcentaje ligeramente inferior al de enero. Casi la mitad de los expertos no prevén una vuelta a los niveles de turismo internacional de 2019 antes de 2024 o más tarde, mientras que el porcentaje de encuestados que indica una vuelta a los niveles anteriores a la pandemia en 2023 ha disminuido ligeramente (37%), en comparación con la encuesta de enero.
Si bien no se han difundido previsiones de este tipo para Uruguay, nuestro país se encuentra inserto en un contexto regional que influye fuertemente dado que el grueso de nuestros visitantes proviene de los países vecinos y la mayor parte de éstos se encuentran aún con fuertes afectaciones de la pandemia.
El anuncio del Ministerio de Turismo respecto a la apertura gradual de fronteras a partir de setiembre próximo con base en un pasaporte sanitario, depende en gran medida de la situación de los países limítrofes, en especial Argentina, el principal emisor de turistas a Uruguay.
Por esta razón, es necesario continuará apostando fuertemente y con propuestas diversas y de calidad al turismo interno, que ha sido el sostén de toda la actividad desde el reinicio con protocolos en junio de 2020.
Para eso es necesario continuar trabajando en el fortalecimiento de las empresas y emprendedores locales, tanto de las ciudades del Interior como también los pueblos y el medio rural. Y es necesario realizar inversiones que optimicen la infraestructura de los destinos desde cuestiones tan básicas como la señalética hasta los más pequeños pero esenciales detalles de la experiencia turística. Se trata de aspectos que habían comenzado a ser muy bien trabajados desde una perspectiva territorial en el marco del Corredor Pájaros Pintados –eliminado por el actual ministro de Turismo– y que claramente deben retomarse a través de acciones concretas de apoyo porque son las que permitirán consolidar una oferta más amplia y diversa. En este sentido, congratulan los anuncios del ministro Germán Cardoso respecto a un próximo llamado para realizar mejoras en infraestructura y servicios en el complejo Termas de Guaviyú, con el propósito de modernizar este centro termal con inversiones de la Intendencia y el propio Ministerio –algo sumamente necesario desde hace mucho tiempo– así como su anuncio de un Plan de Señalética Turística, la cual se realizará en dos etapas, la primera este año y además junto al MTOP, a trabajar en 2022 para distribuir el flujo turístico de la Ruta 3 hacia todas las propuestas turísticas del departamento (Almirón, Guaviyú, Castillo Morató, La Paz, Paysandú, Bodegas, Turismo Náutico en el río Uruguay y Montes del Queguay). Sin embargo, resulta obvio señalar que se necesita mucho más. Y también se necesita sumar reflexión y propuestas.
En este sentido, los principales centros del turismo mundial están realizando encuentros, acuerdos y planificando agendas para la reactivación. Por ejemplo en Portugal se realizó recientemente un importante encuentro para pensar la vuelta de los turistas a las ciudades ya que el turismo urbano ha sido uno de los segmentos más afectados del sector y puede ser el último en recuperarse. En este sentido, se piensa en potenciar aún más las tecnologías digitales y los macrodatos para optimizar las experiencias turísticas. También se está pensando en invertir en nuevas atracciones para ofrecer mejores experiencias a los millones de personas que están esperando que la situación mejore para viajar.
Se entiende que la visibilidad aportada mediante herramientas tecnológicas es una oportunidad para quienes, a lo largo de toda la cadena de valor del sector, requieren apoyo para reiniciar su actividad, desde nuevos destinos en torno a comunidades rurales, hasta destinos con alto grado de desarrollo de sus infraestructuras.
También se está contemplando fuertemente a la inserción de la ruralidad en la nueva normalidad. En este sentido, en un formato híbrido el referido país europeo también concentrará próximamente a delegados de todo el mundo para debatir sobre el enoturismo y su contribución del turismo enológico a la integración socioeconómica regional y en su gran potencial para generar oportunidades de desarrollo en los destinos rurales y las pequeñas comunidades.
Son debates y acuerdos que el ecosistema turístico uruguayo también necesita con urgencia y con fuerza. Hay viejas prácticas y esquemas de funcionamiento que se están quedando sin cabida en el nuevo escenario creado por la pandemia y se requiere innovar para acelerar la recuperación del turismo de forma sostenible y responsable, haciendo que reanude su contribución al empleo y bienestar. → Leer más

Aunque todavía no se ha apelado al argumento de que todo se trata de una confabulación internacional que es parte del Plan Atlanta, de Estados Unidos, como intentó “explicar” su caso el condenado exvicepresidente de la República Raúl Sendic, por el abuso de funciones en Ancap, el tema de la evasión del pago de impuestos municipales por el senador del Partido Comunista Oscar Andrade ha adquirido ribetes delirantes y cantinflescos, por las explicaciones del legislador involucrado –que ha tenido desde siempre un perfil fuertemente crítico hacia todo lo que se haga o deje de hacer desde la derecha “oligárquica”– pero también por el irracional respaldo que le han dado los legisladores de la coalición de izquierdas ante la evidencia, en donde no puede haber otra postura que estar del lado de la legalidad y la justicia.

El senador Andrade construyó su casa de balneario en San Luis, departamento de Canelones, sin realizar los trámites correspondientes ante la Intendencia de Canelones, donde el terreno sigue figurando como baldío; nunca pagó la contribución inmobiliaria, aún la correspondiente a un baldío y nunca registró la obra en BPS, menos aún la habilitación de obra municipal que se debe tener, en base al plano de construcción.
Desde que compró el terreno, por espacio de una década, el senador por lo tanto no ha pagado la Contribución Inmobiliaria, por lo que debe una suma del orden de los 100.000 pesos a la comuna canaria, a la vez que naturalmente, al tener edificada una casa, tampoco ha pagado el Impuesto a Primaria que no sin poco esfuerzo pagamos también los uruguayos propietarios hasta de la casa más modesta.

Igualmente, situándolo en este contexto, el caso de Andrade, aunque se trata de una evasión de impuestos, es remediable tan pronto se asuma la deuda y se haga un acuerdo de pago para regularización como cualquier ciudadano. Pero hay dos aspectos nada desdeñables a tener en cuenta: primero, que es un legislador, que debe dar el ejemplo de cumplir con sus deberes ante la comunidad y con lo que él mismo legisla, y segundo –y que reviste mayor gravedad desde el aspecto moral–, que se pretendió erigir en víctima y objeto de una persecución de la derecha, lo que ha sido respaldado por el Partido Comunista y el Frente Amplio.
Más aún, dijo que es un “albañil”, y por lo tanto su sueldo es de albañil, en tanto en la mano le quedan “solamente” unos 95.000 pesos mensuales, –cuántos trabajadores quisieran ganarlos– porque de los más de 200.000 pesos que percibe más de la mitad lo paga al Partido Comunista y lo “dona” a distintas organizaciones; ese es el argumento para “justificar” que no podía pagar los impuestos y aportes legales para construir.

Tanto el senador Andrade como el Frente Amplio, ¿nos toman por tontos? ¿En serio la explicación es que no paga los impuestos porque no puede, porque es (fue) un albañil y lo que se ha denunciado por el programa Santo y Seña es simplemente una campaña de difamación?
En primer lugar los aportes que hace son voluntarios y lo hizo a sabiendas de que dejaba para atrás el pago de impuestos y aportes sociales. O sea prefirió “donar” la plata al Partido antes que asumir su responsabilidad ciudadana de pagar los impuestos que le corresponden. De aceptarse como válida la explicación, probablemente todos los uruguayos tenemos justificadísimas razones para evadir al Estado.
Segundo, el senador comunista insólitamente agrega que al fin de cuentas “por unos pocos pesos” que él debe, “no se va a fundir la Intendencia de Canelones”, un argumento muy utilizado por los delincuentes cuando roban “unos pocos pesos”. De esa forma no solo relativiza, sino que desenfoca a sabiendas el verdadero problema, más aún cuando está en el tapete el sonado tema del fideicomiso de recursos que no se votó para la Intendencia canaria, de lo que se responsabiliza a los ediles de la oposición.
No pagó impuestos porque no quiso, y usó el dinero para otros destinos, entre ellos cumplir con el Partido Comunista antes que con los ciudadanos de Canelones, que tiene desde hace varios períodos un gobierno frenteamplista, por lo que ni siquiera sería válido –que no lo es– el rebuscado argumento de que no pagaba porque no confía en el buen uso que le daría el gobierno departamental de un partido “burgués”.

En realidad, lo que hubiera correspondido era que el senador Andrade dijera “me equivoqué” y hubiese pagado su deuda –que sería mínima teniendo en cuenta su salario de senador– en lugar de jugar a ponerse de víctima y obligar a defenderlo su propio Partido –al que le paga una jugosa suma todos los meses, vale recordar–.
Pero además arrastró a todo el Frente Amplio, o mejor dicho, el Frente Amplio se arrastró solo a un corral de ramas y quedó descolocado, porque está tratando de encubrir con mil y un argumentos y apelaciones un caso simple de evasión de impuestos –indistintamente del valor evadido– cosa que es lo que nunca debe hacer un gobernante, quien ha gobernado y aspira a gobernar nuevamente, por lo menos.
Tenemos así el caso de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, cuando todo su comentario al respecto es el de “ladran Sancho”, por lo que minimiza el tema de no pagar los impuestos. De esta forma paradójicamente está dando una señal a los montevideanos: no tiene nada de malo dejar de pagar la Contribución Inmobiliaria a su Intendencia.
El Partido Comunista, en un comunicado, expresa en su parte medular al respecto que “en este Uruguay se dedica un programa entero de televisión, autocalificado de investigación periodística, a un trabajador que se construye él mismo su casa, con la solidaridad de sus compañeros y compañeras en una humilde zona de Canelones. ¡Vaya noticia, tamaña investigación!”
“Rechazamos y denunciamos esta campaña de hostigamiento y enchastre contra el movimiento popular, el PCU y muy particularmente hoy, contra nuestro compañero Oscar Andrade”, mientras por otro lado el legislador socialista y exministro Daniel Olesker convocaba previamente a no mirar el programa televisivo, haciendo el papel del avestruz.

Ante la magnitud del entuerto por la postura de los legisladores de la coalición, y la evidencia incontrastable de la falta y el desacierto en que se ha caído, surgieron figuras como las del intendente canario Yamandú Orsi, quien sin mencionar a Andrade explícitamente dijo que “los canarios son quienes sostienen con sus tributos nuestra gestión. Y así tiene que ser. No siempre la regularización de las propiedades y construcciones se logran de un día para el otro y lo sabemos. En Canelones diseñamos facilidades para los que quieran ponerse al día”.
En una actitud más moderada el diputado frenteamplista Gustavo Olmos consideró que la situación del senador Oscar Andrade “es una imagen inconveniente, una afectación a la credibilidad de toda la política”, pero muy poca cosa más de sentido común desde el Frente Amplio, todavía enredado en la cerrada defensa de lo indefendible.

Es que aún más repudiable que un senador tenga cuentas que saldar con el Estado, –que le paga el sueldo con el sacrificado aporte de cientos de miles de uruguayos que ganan mucho menos que el legislador– es que su partido salga a defenderlo contra viento y marea y colocarlo en víctima, sin ninguna autocrítica, solo porque son de izquierda. → Leer más

El Instituto Ceres dedicó su último informe Ceres Analiza a la industria del audiovisual en Uruguay, un sector que ha sabido beneficiarse de las condiciones excepcionales que se generaron en nuestro país durante la primera parte de la pandemia de COVID-19, pero aprovechando una cantidad de herramientas que se habían generado antes de la asunción del actual gobierno.

El sector claramente está gozando de un impulso inusitado. Es que durante 2020 el parón que se dio en todo el mundo, en especial en Latinoamérica, permitió que Uruguay captara muchas producciones, publicitarias y de ficción.

Coincide con un momento en el que las plataformas digitales se encuentran en expansión y en una fuerte competencia, entonces en general es un momento interesante.

Así, se convirtió en un sector que movilizará este año 45 millones de dólares, y con un algunas ventajas adicionales, como el derrame hacia otras actividades de la economía y el ventajoso bajo riesgo de reemplazo por automatización, uno de los factores que destaca el informe.
Indica el informe que en Uruguay existen actualmente unas 460 empresas vinculadas a la producción audiovisual. La mayoría son pequeñas y no cuentan con una gran plantilla fija de trabajadores, aunque sí contratan profesionales cuando tienen actividad: camarógrafos, técnicos, escenógrafos, asistentes y otros, en la medida de los requerimientos.

En 2019, la actividad audiovisual empleaba a 9.879 personas.
En marzo de este año la Dirección Nacional de Cultura, del Ministerio de Educación y Cultura, publicó un resumen sobre los diferentes fondos, premios y convocatorias realizados durante el 2020.

Allí, el dato que rompe los ojos es el fuerte impulso que se está dando desde el gobierno nacional al sector audiovisual. De los 96 millones de pesos que, de acuerdo al informe, se volcó a la producción cultural, 45.700.000 (más de U$S 1 millón) fueron para apoyo a los 379 proyectos presentados al Fondo de Fomento del ICAU, Instituto Nacional del Cine y el Audiovisual, en sus diferentes modalidades. Esta cifra incluye los recursos que se destinaron a la participación del país en otros instrumentos, como el Recam y el Programa Ibermedia.

Uruguay tiene una serie de ventajas, además de las coyunturales devenidas de la pandemia, para posicionarse y captar producciones internacionales, a pesar de que sigue siendo “caro” en el contexto regional. En la página Uruguay Audiovisual las enumeran así: Estaciones opuestas al hemisferio norte; Personal altamente calificado; Distancias cortas y tráfico fluido; Seguridad y transparencia; Diversidad de locaciones; Internet y equipamiento de última generación; Admisión temporaria; Infraestructura fílmica y Casting variado.

Pero, por supuesto, están también los incentivos fiscales como responsables en buena parte de este florecimiento.

“El Programa Uruguay Audiovisual, desarrollado desde una estructura interinstitucional y a través de sus líneas de apoyo a producciones internacionales, publicitarias y nacionales, ha sido un aporte significativo que, a través de una herramienta como el cash rebate y sumado a beneficios como la excepción del IVA –disponible para todo tipo de creaciones audiovisuales– favorecen el atractivo para la realización de servicios y coproducciones en Uruguay. Un pequeño país que funciona como un set, con una accesibilidad y dinámica que impacta positivamente en las producciones”, se nos presenta en la página.

Este cash rebate (literalmente “reembolso en efectivo”) consiste en que las producciones disponen de un 20% de reembolso para un gasto neto de entre U$S 600.000, por un valor de hasta U$S 200.000; y un 25% de reembolso para un gasto superior a U$S 1 millón, por un valor de hasta U$$ 400.000.
Es una gran invitación la de elegir venir a filmar a Uruguay, en este momento al menos.

¿Y Paysandú?

Bueno, no se puede decir que no se haya hecho nada para promover que en Paysandú se desarrollen producciones audiovisuales, podríamos decir que en realidad se han dado pasos, a iniciativa pública y a iniciativa de particulares, pero pese a todo todavía no se ha logrado captar producciones de peso. La distancia del eje de incidencia metropolitano Colonia – Maldonado se siente también en este rubro.

Hace unos años se detectó que en nuestro departamento había una carencia en personal formado para el trabajo en el sector. El movimiento para tratar de corregir esto comenzó con la creación de un bachillerato audiovisual en la Escuela Técnica. ¿Por qué es importante esto? Porque es imprescindible tener personas que comprendan el lenguaje cinematográfico, que lo manejen con naturalidad y que sepan expresarse. ¿Van a conseguir trabajo en el sector audiovisual? No necesariamente, tal vez algunos sí lo hagan, pero es importante que en la comunidad esté presente. Allí, obviamente hubo una decisión administrativa de UTU, pero previamente hubo un trabajo de fundamentación y de lobby (en el buen sentido) para tratar de convencer sobre lo oportuno.

Luego vino una formación más específica, que se instrumentó por medio del Inefop, Instituto Nacional de Formación Profesional, que permitió formar a dos generaciones técnicos, estos sí, pura y duramente capacitados para desempeñarse en producciones.

Adicionalmente hubo un proyecto presentando en el contexto del programa El Paysandú que Queremos –que tenía una línea de acción dirigida específicamente a las industrias creativas–, en cuyo contexto se realizó una muestra de cine con muy buena aceptación de parte del público.
Más allá de todo esto, hay esfuerzos personales que son dignos de valorar en la materia y que son granos de arena que hacen que de a poco se hable en Paysandú de este sector.

Pero todavía falta, algo le está faltando a Paysandú para meterse en la carrera por captar producciones audiovisuales, y no necesariamente en este caso podemos llorar el montevideanismo, que es cierto, también en esto existe, pero no alcanza como excusa.

Tal vez sea la hora de pensar en una agencia, o en una oficina, como tienen tantos países y regiones del mundo, que se encargue específicamente de hacer los contactos y de colocar aceite en los engranajes que haga falta para que las cosas sucedan. → Leer más

Pese a que han mejorado sustancialmente los números de la pandemia en nuestro país y en buena parte del mundo, la economía sigue rodeada de un manto de incertidumbre, y tanto los gobiernos como los analistas van y vienen en cuanto a las previsiones, aunque se ha descartado a esta altura el ansiado rebote en “V” tras la depresión generada por las medidas de combate el COVID-19.
En nuestro país se mantienen posiciones encontradas respecto al rol jugado y por jugar del Estado en esta coyuntura y las respuestas que se deben instrumentar para salir lo más rápidamente posible de esta situación de desempleo y caída de actividad, aunque en todos los casos debe tenerse presente que hay vida más allá de la pandemia.

Entre el cortoplacismo e ir poniendo ladrillo tras ladrillo para que los uruguayos no sigamos tropezando con la misma piedra, por razones estructurales, hay también alternativas intermedias, que se manejan muchas veces por conceptos ideológicos y partidario – electorales, a partir de no pagar costos políticos por hacer lo que hay que hacer.
Un caso concreto sobre los inmediatismos y costos políticos es el que involucra Ancap, si tenemos en cuenta que el ente es monopólico en los combustibles, pero a la vez aborda como empresa estatal la producción de cemento portland a pérdida, con una estructura de costos salariales de producción tan rígida que resulta imposible desmontarla sin pagar elevados costos sociales y políticos, y que determina pérdidas de decenas de millones de dólares al año.

Este déficit debe ser cubierto por un sobrecosto en los combustibles, añadido a problemas de gestión que hicieron que durante el último gobierno del Frente Amplio todos los uruguayos debiéramos pagar de nuestros bolsillos unos mil millones de dólares para recapitalizar la empresa fundida.
Pero ha sido solo un paño tibio y no una solución estructural, porque el negocio del portland es prácticamente imposible de levantar, demandaría una enorme inversión actualizar la tecnología y despedir a no menos de la mitad de los funcionarios, pero con el riesgo de seguir perdiendo, por cuanto la competencia privada es más eficiente y puede vender el producto a un precio menor que los costos de Ancap.

La Ley de Urgente Consideración (LUC), entre otros aspectos, ha incorporado un artículo –votado por todos los partidos– en el que se procura dar de mayor transparencia el mercado de los combustibles y concretamente trasladar al precio en surtidor los vaivenes internacionales de los valores del petróleo crudo. Con este artículo también estuvo de acuerdo el Frente Amplio, que lo votó, pero insólitamente ha participado en la recolección de firmas para derogar 135 artículos de la ley que incluye esta norma.
El punto es que el precio de los combustibles históricamente ha sido fijado con criterio político en el Uruguay, apoyado en el monopolio de Ancap, para recaudar impuestos pero también para en lo posible manejar el talante social a partir de los valores de los combustibles, por lo que hubo un largo período de subsidios cruzados en la que se subsidiaba el gasoil aplicando más impuestos a la nafta, lo que a la vez fue una señal para que gran parte del parque automotor se pasara a diesel, de forma de ahorrar dinero en el consumo, lo que a la vez trastrocó la ecuación del ente desde la refinería, por cuanto el gasoil no solo era utilizado por los sectores productivos, como es el caso del agro, y en el transporte logístico, sino para todo uso.

Como del petróleo crudo sale un porcentaje definido de naftas, gasoil, fuel oil, kerosene, etcétera, ante la demanda agregada de gasoil el Uruguay debía exportar diesel para atender el consumo, por lo que sobraban naftas que incluso se han comercializado a valores ridículos a países vecinos, todo a cargo del contribuyente.
Pero claro, hay un equilibrio que atender, y si bien esta ecuación se ha ido revirtiendo por medidas para acercar entre sí los valores de ambos carburantes, a la vez de desestimular la importación de vehículos diesel livianos, igualmente es notorio que toda modificación de precios, aunque esté contenida en la ley para darle transparencia, la realidad es que es un factor decisivo en la dinámica de la economía, y el manejo de los precios tienen necesariamente un componente de política económica al que es muy difícil hacerle un by pass, por cualquier gobierno, y la constante hasta ahora ha sido precisamente el de fijar precios administrativos con criterios políticos.

El tema es que no hay reforma estructural que valga ni que arroje resultados positivos para el país mientras siga este esquema: los resultados negativos de Ancap han sido y seguirán siendo un lastre para el Uruguay. La mentada transparencia, por mejor intención que se tenga, es el mismo perro con diferente collar, porque no se va al fondo del tema: siempre somos todos los uruguayos los que nos seguimos haciendo cargo del sobrecosto por la irracionalidad de tener una empresa como Ancap produciendo a pérdida cemento y otros negocios que imponen su financiación a todos los uruguayos por ser del Estado, así como la “soberanía” de tener una refinería para un petróleo que importamos en un cien por ciento.
Al reflejar el costo por la paridad internacional del crudo, se sostiene el precio por la venta a los usuarios, en tanto hasta ahora el déficit se cubría por dinero a través de Rentas Generales, es decir desde el Estado, con el dinero de todos los uruguayos, tanto los clientes de Ancap como los que no.

La repercusión sobre la economía es más o menos el mismo, porque los valores del combustible son un insumo de producción y de logística, así como en todos los órdenes, y toda suba, con transparencia o sin ella, tiene similares consecuencias.
Y por más transparencia que se tenga, siempre se va a tener el componente de decisión política, con la diferencia de que subir o bajar cada uno o dos meses los precios, solo agrega un elemento de incertidumbre, de discusión política y el comprarse un problema polémico por el gobierno.

La verdadera respuesta estructural está en la problemática de Ancap, en abatir los costos de producción de Ancap, pese a su ineficiencia por ser empresa del Estado, y a este tema no hay quien lo atraque, para no pagar costos políticos. No lo hicieron los partidos tradicionales durante décadas, no lo hizo el Frente Amplio en quince años, y la transparencia que se ensaya ahora por el actual gobierno, también deja intacto el problema de fondo. → Leer más

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió a mediados de julio sobre una “avalancha de problemas de salud” en América Latina, ante la interrupción en la atención primaria provocada por la pandemia de COVID-19. Una alerta de similares características realizó en mayo, el entonces Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), cuyo análisis quedó plasmado en el informe denominado “Impacto secuelar en salud de la epidemia por SARS-CoV-2 en Uruguay”.

La OPS puntualiza sobre los retrasos en la vacunación de los niños, falta de controles prenatales y deficiente seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas.
El informe de los científicos uruguayos apuntaba hace más de dos meses que “Uruguay no escapa a esa realidad”, en tanto “no se han comunicado las coberturas para 2020”. Lo cierto es que “el número de dosis de vacunas regulares administradas fue menor que años anteriores” y si bien no constituye una amenaza para los más pequeños, por ejemplo los lactantes, apuntaba al resurgimiento de enfermedades invasivas. O, como claramente lo identificaba, al “riesgo de reintroducción del sarampión, dada la situación en la región”.

La directora de la OPS, Carissa Etienne, aseguró que “pronto la COVID-19 no será la única crisis de salud que demande la atención de los países”.
En Uruguay, el GACH informaba que los casos oncológicos registrados el año pasado no están aún completos. Durante marzo, abril y mayo hubo una mayor restricción en la movilidad ante el incremento sostenido de la pandemia que limitó la búsqueda. Un escenario que “agrega incertidumbre a las estimaciones de déficits de casos diagnosticados”.

El informe uruguayo precisa que “el déficit global de captura al final del año fue del 23%”, en “todos los tipos de cáncer, ambos sexos reunidos”. A esta situación de captura, debe sumarse una disminución en la asistencia a los controles oncológicos que genera estimaciones “de aumento en la mortalidad en cáncer a 5 años, que van en valores de un 6% en cáncer mamario,16% en cáncer colorrectal y 7% en cáncer pulmonar”.
La distorsión en la asistencia médica retrasó el diagnóstico de las enfermedades respiratorias que los médicos neumólogos definen como “un problema serio durante la pandemia”, según el GACH. Incluso el informe de los expertos se explaya en un caso particular, ocurrido con una embarazada que, luego del parto, persistió su tos. “Pese a su insistencia, sólo logra consultas telefónicas con el médico general, sin derivación a neumólogo, y recibe recomendaciones para calmar la tos, que no son efectivas”. Luego de una consulta con un médico particular, es decir por fuera de su prestador, una biopsia comprueba “un linfoma pulmonar y mediastinal”.

Asimismo, el informe refiere a un aumento de los casos de tuberculosis, enmarcada en un ascenso que el sistema sanitario uruguayo registra desde 2010. O en salud mental, donde el mayor impacto fue el paso a la atención a distancia en siquiatría, con una baja en las consultas.
El aislamiento en los niños y jóvenes profundizó un problema ya existente, con un mayor riesgo de la obesidad y el sobrepeso. Entre otros aspectos, el documento apunta al trastorno atencional, trastorno del sueño, menor comunicación verbal-social y depresión adolescente. “Según encuestas, ocho de cada diez niños presentan alteraciones en su salud mental, predominando la inatención, aburrimiento, irritabilidad, violencia familiar y ansiedad”, dice el informe de los científicos uruguayos. Los cambios en el desarrollo infantil fueron “desfavorables” en los aspectos motores, de aprendizaje y conductas internalizantes.

En cuanto a la suspensión de la atención presencial, la telemedicina se transformó en una gran asociada de los profesionales. Sin embargo, debió instrumentarse en forma drástica ante la irrupción de la pandemia Y surgió como un “cambio” que “se produjo sin la adecuada evaluación individual por parte de integrantes del equipo de salud”.
Los adultos mayores, incluidos en este informe, son señalados como la población más vulnerable por varias causas. Detalla las características de esta población en Uruguay y, particularmente, la situación de aquellos que se encuentran en residenciales. Recomienda que “en base a los hechos observados durante la pandemia, los cuales pusieron en evidencia fortalezas y debilidades, replantear la problemática de la vejez en un contexto sanitario social y cultural adecuado a los tiempos que vivimos”.
La visibilización de las situaciones de abuso, marginación y maltrato, en algunos casos fue a través de la pandemia. Por lo tanto, interpela a una sociedad que guardaba bajo la alfombra un problema de discriminación y segregación. Mientras se habla de una pandemia aún no resuelta, persisten –también– sin resolver, los viejos estigmas y foras de violencia hacia los más débiles de nuestra sociedad.

A un año y medio de transcurrida esta pandemia, hemos adquirido un rápido conocimiento de la COVID-19 y, últimamente, de sus variantes. Particularmente la Delta, que ya se encuentra en Uruguay.
Hemos encontrado explicaciones científicas a esta contingencia sanitaria que atravesamos como humanidad, sabemos las formas de autocuidado y las posibilidades de agravamiento en las poblaciones vulnerables. No obstante, el fino velo que se corre nos deja en evidencia. El salto tecnológico y científico que hemos adquirido como planeta en los últimos meses, es probable que no tenga comparación con otros tiempos.

Pero seguimos manteniendo los mismos prejuicios, estereotipos y problemas de inclusión que antes. La pandemia simplemente reveló lo frágiles que éramos y aún somos. Reveló hasta las dificultades que tenemos para enfrentar algunas cosas que no tienen explicación en la vida.
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Las últimas décadas –y en especial los últimos años– han estado marcados por un vertiginoso aumento de la presencia de la tecnología en nuestra vida, principalmente a través de los teléfonos inteligentes (smartphones) y la posibilidad de acceder en forma inmediata y permanente a las redes sociales, interactuando en cualquier momento y desde cualquier lugar. Uno de los aspectos más delicados en relación con las redes sociales es cómo pueden influenciar el comportamiento democrático no sólo de los dirigentes sino también de los votantes en general.
En efecto, de acuerdo con la especialista Laura Alonso Muñoz, “Comunicación y democracia están estrechamente relacionadas y no podemos concebir la una sin la otra. Las redes sociales han irrumpido con fuerza en el ámbito de la comunicación, especialmente en el de la comunicación política, que se ha visto reflejado en las prácticas democráticas. Las potencialidades inherentes de las tecnologías digitales han transformado el ejercicio del activismo político, propiciando una clara redefinición de las relaciones de poder y generando una especie de contrapoder ciudadano. Sin embargo, pese a las múltiples oportunidades que presentan, las redes sociales también suscitan dudas”. Esta autora señala, asimismo, que otra de las potencialidades que ofrecen las tecnologías digitales es la monitorización cívica para la fiscalización del poder.

Keane, uno de los primeros autores en acuñar este término, definió el concepto de democracia monitorizada como la fiscalización de los centros de poder político y económico por la sociedad civil. Este escrutinio es posible debido al uso de herramientas tecnológicas y al gran torrente informativo derivado del entorno digital.

En otras palabras, la monitorización “es una forma de contrapoder que desafía a los centros de poder político y económico y en la actualidad también mediáticos. (…) En este sentido, lo que se pretende con esta forma de escrutinio es dar respuesta a los abusos de poder cometidos por los sectores más poderosos de la sociedad, de forma que se pueden convertir en una forma de contrapoder y llegar incluso a alterar las relaciones de poder establecidas, generar cambios en las decisiones políticas, provocar dimisiones o incorporar nuevos temas a la agenda pública”.

Las redes también producen una suerte de descentralización de los liderazgos políticos y sociales, ya que muchos de ellos pueden forjarse y crecer a través de posiciones asumidas por simples ciudadanos cuyo mensaje puede ser difundido y amplificado a través de dichos canales. De la misma forma que músicos de diversos países pueden dar a conocer sus creaciones a través de páginas web como “YouTube”, aquellos que impulsan una nueva versión del mundo y de las fuerzas que operan en el mismo cuentan ahora con una gigantesca tribuna que funciona las 24 horas del día y que está disponible para la audiencia global. Este fenómeno pudo ser apreciado en las protestas que hace algunos años protagonizaron diversos jóvenes en países tales como Túnez, Egipto o Yemen o incluso Argelia, Marruecos y Jordania.

En ese mundo virtual creado por las redes sociales y manejado a través de algoritmos que determinan quiénes nos podrían interesar como amigos o contacto, o qué tipo de noticia queremos ver con más frecuencia, no resulta extraño que los usuarios terminen relacionándose únicamente con personas que tienen una forma de pensamiento similar, lo que hace imposible tanto el debate como un simple intercambio de ideas y, al hacerlo, empobrece la visión de todos. Es más: cada día es más frecuente que las críticas o diferencias de opinión sean interpretadas como una ofensa personal en lugar de un intercambio lógico y previsible entre dos formas de ver la realidad. Así es como la famosa “grieta” avanza entre los ciudadanos de un país y vuelve imposible cualquier tipo de diálogo y entendimiento.

Estas características de los efectos de la tecnología fueron anunciadas muchos años antes de que las personas escucharan por primera vez la palabra “celular”, utilizada para identificar a un teléfono inalámbrico. En efecto, en palabras del español Jesús María Salcedo, “incluso muchos años antes de la gran explosión de la red y las telecomunicaciones, el escritor norteamericano Gilbert Seldes aportó un esquema útil acerca de las características de la era tecnológica y sus deducibles consecuencias. Algunas de ellas fueron: a) requiere un mínimo de educación, b) las experiencias son individualistas, c) muchas veces se experimenta en compañía, d) se consume en dosis abundantes, e) se difunde rapidísimo, f) es muy difícil un análisis, una observación ulterior, g) su producción puede ser muy cara, pero para el consumidor es muy asequible, y h) se crea para la mayoría.

A pesar de los cuarenta años que no separan de las opiniones de Seldes resulta evidente que muchas de sus afirmaciones poseen total vigencia y encierran asimismo muchos de los desafíos que plantean para la democracia los efectos del uso masivo de la tecnología.

Ante un flujo de información de tales características en el cual se combinan una cantidad abrumadora de la misma y una creciente dificultad para chequear su origen o al menos su confiabilidad, las redes se transforman en terreno fértil para la posverdad y las noticias falsas (fake news). De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, la posverdad es “la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales”.

En un reportaje publicado por la BBC a inicios del año 2017 el filósofo, humanista y pensador británico A.C. Grayling expresó que “todo el fenómeno de la posverdad es sobre: ‘Mi opinión vale más que los hechos’. Es sobre cómo me siento respecto de algo. Es terriblemente narcisista. Y ha sido empoderado por el hecho de que todos pueden publicar su opinión. (…) Todo lo que necesitas ahora es un iPhone, “y si no estás de acuerdo conmigo, me atacas a mí, no a mis ideas. Lograr articular una forma de ponerte en primera fila y lograr ser visto te convierte en una especie de celebridad”. Grayling advierte que el problema es una cultura online incapaz de distinguir entre realidad y ficción (…) Este proceso es “corrosivo para nuestra conversación pública y para nuestra democracia” y advierte de “una cultura donde unos pocos reclamos en Twitter tienen el mismo peso que una biblioteca llena de investigaciones”.
El uso de las tecnologías en general y de las redes sociales no puede ni debe afectar la capacidad de análisis y el pensamiento crítico de los ciudadanos porque de ellos depende en gran parte la salud del régimen democrático. Aunque puede resultar más fácil reemplazar el intercambio de opiniones con un simple “Me gusta”, a la larga siempre será mejor escuchar y dar razones sobre los temas políticos, sociales y económicos que nos afectan y sobre los cuales debemos informarnos y opinar. Recuperar la capacidad de respetar al que piensa diferente y hacer un uso adecuado de las redes sociales constituyen premisas básicas no sólo para que la tecnología no termine tomando el lugar de la razón sino también para fortalecer la vida en democracia. → Leer más

Los humedales cumplen diversas funciones que son clave tanto para el equilibrio ecológico como para el ambiental, con impactos tan diversos que van incluso hasta el clima o la geología. Sabido es que a través de ellos ingresa el agua a las napas subterráneas que alimentan los acuíferos. El Guaraní, por ejemplo, recibe en gran medida aportes de los Esteros del Iberá (provincia de Corrientes, Argentina) y la laguna de Mar Chiquita en la provincia de Córdoba, así como de un sinnúmero de otros esteros y bañados de menor tamaño pero igualmente importantes. Y todos tenemos claro la importancia del acuífero, que abarca casi toda la mitad norte del subsuelo profundo del territorio de nuestro país. De él se surten de agua todos los complejos termales de la región, pero además se explota para la extracción de agua mineral, riego, abastecimiento de agua potable para poblaciones, entre un sinfín de otros usos.

Precisamente, el hecho de que no se ve porque es subterránea y que se trata de una de las mayores reservas de agua potable del planeta, genera la falsa percepción de que el recurso es infinito. Pero la realidad es que como todo en la naturaleza, la continuidad de su existencia y calidad está determinada por una cantidad de variables que el mal uso, explotación o manejo del hombre pueden alterar, con resultados catastróficos. Entre ellas estas variables está la salud de los bañados que lo alimentan.
El problema surge cuando la civilización comienza a explotar sus recursos indiscriminadamente, a contaminar las aguas superficiales o a desecar esos bañados para agricultura u otros fines. Pero también es determinante el clima que, como es bien conocido, está cambiando rápidamente, también por efecto de la acción del hombre. O sea, de una u otra manera la Humanidad es responsable o culpable, según lo que suceda.

Si bien todo esto es sabido gracias al alcance de los informes de la ciencia –que afortunadamente están cada vez más cerca del ciudadano común a través de los medios periodísticos tradicionales pero también por las redes sociales–, el problema es que los espacios son tan vastos a escala humana que, llegado el momento, siempre parece que hay lugar para “desafectar” una relativamente pequeña área sin generar graves daños, por ejemplo para la producción agrícola. Pero suele pasar que la sumatoria de las áreas humanizadas a la larga termina siendo una extensión demasiado grande para la resiliencia de la naturaleza, y se quiebra el equilibrio.
Hay muchos lugares en el mundo que en este momento están justo en ese punto en que un poco más puede detonar la bomba ambiental sin posibilidad de retorno. Y en otros eso ya pasó; por ejemplo, hay mares enteros que están desapareciendo, como por ejemplo el Mar de Aral en Asia Central, que por cambios efectuados por la antigua Unión Soviética con fines económicos, hoy está casi desaparecido, y queda sólo un 10% de su superficie original de 68.000 kilómetros cuadrados, generando alrededor de lo que queda de agua un gran desierto estéril.
Otros lugares aún resisten a pesar del tremendo daño que se les está haciendo de las más diversas formas, como los bañados y manglares de la Florida en Estados Unidos, pero ya presentan signos de agotamiento.

Más cerca, en Argentina tenemos el ejemplo de Mar Chiquita en Córdoba, el cuarto lago más grande de Sudamérica y que también aporta al acuífero Guaraní. En este caso, por manejos hídricos humanos y el cambio climático ocurrió lo contrario: entre 1977 y 1986 el nivel del agua creció 9 metros.
La evidencia de la importancia de los humedales y lagos está clara en la actualidad, pero ¿qué tiene que ver Paysandú con ellos?
Los humedales no son solo esas inmensas superficies anegadas que se ven en los documentales, sino también las zonas bajas inundables contra los ríos o todo lugar donde se concentra el agua naturalmente en forma intermitente. Acá nomás, la costa del paterno cuenta con gran cantidad de ellos. Y también cumplen una función muy importante en el ecosistema del río, aportando refugio y alimento para aves, anfibios, peces y otras especies; conservan la costa de la erosión, así como también aportan agua a las napas subterráneas.
Parece poca cosa, pero no lo es. Además cumplen una función que sí es de interés, aún de quienes poco valor le dan a la naturaleza: regulan las inundaciones repentinas, reteniendo agua que de otra forma llegaría al cauce tan rápido que produciría picos de creciente aún más devastadoras de las que hemos visto. Y, por sobre todo, son un gigantesco filtro natural de las aguas, tanto de las que llegan desde tierra como la propia del río que pasa por ellos cuando el nivel está alto. De esta forma contienen la contaminación naturalmente, depurando las aguas y reteniendo elementos contaminantes.

Nada construido por el hombre puede o podrá hacer este trabajo tan bien como los humedales. Basta imaginar la cantidad de hectáreas repletas de vegetación que existen y todo lo que eso bloquea de basura, suciedad, químicos peligrosos, aguas negras, entre un sinfín de etcéteras.
Sin embargo muchos aún ven estos terrenos como un bañado lleno de alimañas y mosquitos que debería drenarse para darle usos más prácticos.
Por eso es importante enseñar a las futuras generaciones, que ya tienen una cierta conciencia ecológica, la verdadera importancia de los humedales.
En este sentido con muy buen tino Paysandú decidió conservar el humedal de la Curtiembre lo más natural posible.
El lugar está bastante cerca del centro, en un punto de la ciudad que concentra miles de personas cada fin de semana que buscan esparcimiento junto al río. Por todo esto creemos que más allá de la importancia que pueda tener desde el punto de vista ambiental y ecológico –el cual no ponemos en duda—por su cercanía y ubicación estratégica, debería ser aprovechado desde un punto de vista didáctico, creando paseos elevados por los que se pueda llegar al corazón del humedal o incluso a la costa del paterno, para que la gente pueda apreciar in situ el funcionamiento de esa increíble máquina natural que trabaja gratis para nosotros.

Esas pasarelas elevadas bien pueden ser construidas de madera, con islas equipadas con bancos donde el visitante pueda descansar en medio de ese entorno exuberante de vida, leer, observar las aves, meditar o simplemente apreciar el lugar.
En tanto, las escuelas bien pueden llevar a los estudiantes a reconocer la flora y fauna autóctona y enseñar lo que allí sucede, alimentando el respeto y el amor por la naturaleza desde la niñez.
Y, por qué no, sería también un excelente paseo turístico que aporte a la ciudad.
Sabemos que no es una idea nueva y que grupos ecologistas locales ya lo han propuesto en varias oportunidades. También desde estas páginas lo hemos planteado hace ya varios años. Lo que falta es la voluntad política de llevarlo a la práctica. → Leer más

El déficit histórico en cuanto al desarrollo armónico del país ha tenido entre sus consecuencias el privilegio hacia Montevideo y la zona metropolitana en desmedro del resto del país, sobre todo de la población que vive al norte del río Negro, y con mayor énfasis en el caso del Interior profundo.
En esta línea lamentablemente, con matices, han estado tanto gobiernos de los partidos tradicionales como los de la coalición de izquierdas, por encima de la retórica que endulza los oídos en las instancias previas a cada contienda electoral.

Pero una vez en el ejercicio del gobierno, con un microclima político y el poder de decisión en Montevideo, así como los grupos de presión y corporativismos desplegándose a sus ansias en la capital, los gobernantes suelen caer en los mismos vicios de siempre en desmedro del país de tierra adentro, mientras por regla general los legisladores del Interior no suelen alzar su voz lo suficiente para reclamar por su departamento o región, a la vez que la centralización de las direcciones de los propios partidos políticos desalientan estos disensos con las jerarquías partidarias y el equipo de gobierno.

En este contexto, ya lejos de la contienda electoral, debe evaluarse como positiva la reciente reunión del presidente Luis Lacalle con las máximas jerarquías de las empresas públicas, a las que pidió más despliegue en el Interior, según da cuenta el matutino El País.
El jefe de Estado les solicitó a los jerarcas que lo mantengan “permanentemente” informado de los proyectos, obras y avances de proyectos, con más presencia en el Interior y más proyectos para las zonas carenciadas. Esas fueron las dos directivas que el presidente Luis Lacalle Pou le encomendó a los presidentes de las empresas públicas cuando se reunieron en su despacho de la Torre Ejecutiva.

Lacalle expresó a los jerarcas que él personalmente quiere estar arriba de todas las actividades que se desarrollen e incluso que le indiquen cuando se inauguren las obras porque, les subrayó, “es fundamental” recorrer todo el país y quiere estar presente en estas actividades.
El mandatario hizo hincapié en la necesidad de “apuntar todas las baterías” a las localidades más necesitadas para que allí lleguen los servicios públicos. En ese sentido, si bien entiende que los presupuestos son limitados, les pidió a los presidentes de los entes una “mayor coordinación” entre los organismos y las diferentes divisiones para evitar duplicar recursos y gastos, consigna el diario capitalino.

Luego del encuentro, el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez –quien hoy visita nuestra ciudad–, informó que ya se alcanzó un acuerdo con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en relación al presupuesto de la empresa, que permitirá acelerar algunas inversiones vinculadas con la cobertura de fibra óptica en el interior del país.
Además, dijo que la empresa se planteó un proyecto estratégico de eliminar todas las conexiones de cobre para 2023, y ya tiene el presupuesto para llegar al interior profundo rural. El objetivo es alcanzar al 99% de la población que vive en pueblos de menos de 500 habitantes ya el año que viene, en tanto en 2022 se invertirán U$S 147 millones en infraestructura.
Por otro lado, al cabo de esta reunión, la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, comentó que la empresa está finalizando la elaboración presupuestal, que se estima de U$S 220 millones para 2022. “El objetivo va a ser atender a los sectores productivos, sectores que requieren mejor calidad de servicio y atendiendo a las zonas más vulnerables y a las personas por el lado de la vivienda que debemos brindar como parte de nuestra responsabilidad social”, agregó.

Es decir, hay sobre el tapete directivas claras del mandatario, quien además proviene de un partido que llegó a la victoria en el último acto eleccionario con el voto mayoritario del Interior, lo que permitió compensar la mayoría significativa de la coalición de izquierdas en la capital y Canelones, el departamento con mayor influencia de las corporaciones, organizaciones sociales, sindicatos y dirigentes del Frente Amplio.
Precisamente los gobiernos de la coalición de izquierdas, más allá de la retórica y algunas acciones puntuales, ha enfatizado las prioridades en Montevideo, lo que a la vez ha servido de sostén financiero para la Intendencia Departamental capitalina, que ha sido gobernada por la coalición de izquierdas desde hace más de 20 años y permitido disimular por lo tanto carencias en inversión en determinadas áreas que han estado a cargo del gobierno nacional y por lo tanto del bolsillo de todos los uruguayos.

Sobre este aspecto el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Ec. Isaac Alfie, recientemente cuestionó que gobiernos del FA hicieran obras en Montevideo que le correspondían a la Intendencia capitalina, y refirió que se hicieron “refacciones en algunas avenidas” y “las pagó el gobierno nacional, o sea que las pagó todo el mundo cuando son netamente departamentales”.
Aseguró que “no es correcto” que el gobierno nacional se encargue de las obras de los departamentos, algo que, según expresó, ocurrió durante los mandatos del Frente Amplio.
“Hubo asistencias especiales a Montevideo y Canelones durante los gobiernos del Frente Amplio. De hecho en el último (encabezado por Tabaré Vázquez), el gobierno nacional hizo obras dentro del departamento de Montevideo, cosa que nunca había pasado y que desde mi punto de vista es incorrecto”, expresó Alfie.

“En algún momento a mí me pareció eso”, respondió al ser consultado sobre si consideraba como un “favor político” hacer obras correspondientes a las intendencias, y recordó que cada comuna tiene sus fondos, que están previstos en las rendiciones de cuentas y aseguró que los porcentajes del artículo 214 de la Constitución se mantienen.
“Los gobiernos departamentales tienen sus recursos para atender sus áreas de influencia. El gobierno nacional es la infraestructura nacional, que obviamente está mucho más concentrada en Montevideo y en Canelones”, expresó.
De eso precisamente se trata, y un claro ejemplo es el Antel Arena, emprendimiento encarado por Antel fuera de sus competencias constitucionales, que en este caso tal vez sería el menor problema, desde que es una obra que costó unos cien millones de dólares, más del doble de lo que se había previsto inicialmente, y sobre la que además pesan denuncias de irregularidades, que se están investigando.

Sin embargo, no es verdad que la asistencia del gobierno nacional a la “zona Metropolitana” es nueva. Toda la vida fue así, indistintamente del partido al frente del Ejecutivo. Basta recordar cuando se construyó la Avenida Giannattasio, que anteriormente era la verdadera Interbalnearia y que por eso se hizo con fondos del gobierno central, pero apenas terminada se la “regalaron” a Canelones; hoy es la avenida principal de la Ciudad de la Costa. O la sala Adela Reta del Sodre, cuyas obras comenzaron en 1989 bajo el gobierno de Julio María Sanguinetti; o la Torre de las Comunicaciones y el Plan Fénix, así como infinidad de otros ejemplos multimillonarios.
Apenas son botones de muestra de la sucesión de hechos que a lo largo de los años ha reafirmado la visión centralista de los gobiernos nacionales, y es de esperar que en el caso de la actual administración, estos anuncios de Lacalle Pou sean respaldados por hecho que indiquen que por una vez, el postergado Interior es tenido en cuenta no solo a la hora de ir a buscar los votos.
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