Resultados de la búsqueda de cannabis

Para conocer la real dimensión de un problema social y sus consecuencias en los más vulnerables, no hay datos más sólidos que los oficiales. La Junta Nacional de Drogas presentó el lunes los resultados de la encuesta que lleva adelante el observatorio uruguayo de drogas.
Del estudio se desprende que entre los adolescentes de 13 y 17 años aumentó el consumo de alcohol y las bebidas energizantes. En particular el alcohol: un 72% de los consultados consumió en el último año y es la sustancia en expansión por excelencia.
Las conclusiones de este trabajo, llevado adelante en más de 100 centros educativos –liceos privados, públicos y escuelas técnicas en ciudades de más de 10.000 habitantes– destacan el consumo de alcohol. En diciembre pasado Uruguay sancionó solo con los votos del oficialismo una ley que regula su consumo. La discusión estuvo centrada en la urgencia de los “tiempos políticos” por aprobar una normativa y la oposición negó su voto ante la propuesta que dejaba en presunta ilegalidad a fiestas como la Semana de la Cerveza, por ejemplo.
En el año 2017, el presidente Tabaré Vázquez presentó un proyecto integral sobre el tema, que contó con el aporte de actores políticos y referentes sociales. La iniciativa crea una unidad reguladora para el comercio de bebidas alcohólicas, regula la publicidad y emite licencias específicas para vender alcohol. Con el paso de los meses, los partidos de oposición marcaron sus diferencias con el trabajo realizado por una comisión multipartidaria y multisectorial. Tanto que, cuando llegó al ámbito parlamentario fue votada por el Frente Amplio y el único voto de la oposición fue el de la senadora nacionalista Verónica Alonso.
En la cámara de representantes, su miembro informante Luis Gallo, dijo que el país enfrenta un “problema grave de salud pública” que afecta cada vez a edades más tempranas y señaló la urgencia de votar la ley.
La oposición volvió a marcar sus diferencias. El Partido Nacional coincidió con el problema, pero consideró que la iniciativa no lo resolverá. A pesar de los cuestionamientos, la ley fue aprobada bajo la sombra de la derogación futura, con la instalación del gobierno electo el 1º de marzo. De hecho, poco tiempo después lo confirmó Jorge Gandini por Twitter.
Sin embargo, a comienzos del año pasado Vázquez solicitaba a su fuerza política para que aprobaran lo antes posible esta iniciativa que la interna frenteamplista denominaba la “ley Tabaré”. El mandatario saliente sabía que la iniciativa estaba trancada dentro de su propia partido, pero finalmente le dieron el gusto.
Mientras la realidad indica que unas 260.000 personas tienen problemas de dependencia con el alcohol, con un consumo de 6,8 litros por habitante mayor de 15 años, la ley sancionada no implica una solución a este escenario de estricto control social. Desde hace años que el nivel de consumo uruguayo es algo superior a los valores medios internacionales y esa realidad nos ubica como un país con alto nivel de riesgo y daño.
Ahora además aparecen las bebidas energizantes en el horizonte de las preocupaciones y están asociadas a la ingesta de alcohol. Casi un 40% de los estudiantes consultados consumió estas bebidas en el último año y junto al alcohol, ambas manifestaron un incremento significativo.
La ley puede controlar lo que sucede en los expendios y regularlos. Pero lo que ocurre dentro de los hogares, “previas” o fiestas privadas, jamás. Si la encuesta demuestra lo que ocurre con estudiantes que asisten a la educación media, es –a estas alturas– una obviedad remarcar cualquier tipo de comentario entre la población por encima de esas edades.
Si los jóvenes entre 13 y 17 años toman alcohol y energizantes es consecuencia de una permisividad familiar que minimiza sus consecuencias. Por los demás datos, la ingesta a tempranas edades siempre ocurrió. La diferencia es que existen nuevas formas de socialización y maneras diversas de designar a los lugares donde consumen. Incluso adquieren distintos nombres los encuentros o las bebidas que consumen enmarcado en un marketing cada vez más atractivo.
En referencia al consumo de marihuana, es interesante destacar el aspecto que le importa al gobierno saliente. La secretaría de comunicación de Presidencia señaló como titular que la “regulación del mercado de la marihuana no derivó en un aumento del consumo en estudiantes de enseñanza media” y en segundo lugar ubica la “preocupación” de la Junta Nacional de Drogas por el consumo de alcohol, “cuyo registro es el más alto desde que se analiza”.
Es que, también, en este caso, destaca el interés político por encima de la realidad social y porque desde hace al menos dos décadas que Uruguay tiene una sistematización de los datos sobre este tema en particular.
Con respecto al cannabis, precisa que uno de cada cuatro estudiantes la probó alguna vez en su vida, el 19,7% del grupo consultado consumió en los últimos 12 meses y la edad promedio de inicio, se ubica en torno a los 15 años.
También es alto el registro de consumidores de tranquilizantes sin prescripción médica. El 20,7% de los estudiantes lo hizo alguna vez y el 8,3% lo hizo sin consulta profesional. Las demás sustancias, como alucinógenos, pasta base o cocaína registra consumos marginales que, en algunos casos, llega al 2% en el último año.
El gran tema en cuestión y que parece pasar desapercibido, al menos hasta acá, es que todo el tiempo estuvimos hablando de menores de 17 años. Por lo tanto la pregunta es: ¿quién le vende alcohol a los menores? ¿quién le vende marihuana a los menores? Porque en ambos casos la ley vigente desde hace décadas es clara, y prohíbe la venta a menores. Y, sobre todo: ¿quién lo sabe y mira para el costado?
Porque la prensa oficial del gobierno no lo enfocó desde el punto de vista del delito que implica la venta de estas sustancias a personas menores de 18 años, en tanto su propia encuesta abarca a un universo de 13 a 17 años. Si al Estado –a través de la Junta Nacional de Drogas– tanto le preocupa el incremento del consumo de alcohol en esta población: ¿por qué no sale a controlar?
Por otra parte, ciertamente es una buena noticia que no aumente la cantidad de jóvenes que fuman marihuana a partir de la regularización de su venta, pero la realidad es que casi la cuarta parte de los adolescentes consume.
Esos datos ya son suficientes para lanzar una fuerte campaña de fiscalización. Después vendrá el discurso que indica que no se trata de prohibir, sino de minimizar los riesgos, pero hay un incumplimiento claro de la normativa. Además de una clara responsabilidad de los referentes familiares para que una ingesta abusiva en adolescentes no vuelva a ocurrir. Pero, como dice el dicho, “cada casa es un mundo” y los valores no se miden de igual forma en un lado como en otro. → Leer más

El presidente electo, Luis Lacalle Pou, auguró “marchas históricas y pacíficas” durante su administración, potenciadas por la Ley de Presupuesto que deberá votar el Parlamento el próximo año y la Ley de Urgente Consideración. En el último caso, las interrogantes pesan sobre su contenido y –ante los reiterados reclamos del Frente Amplio y el Pit Cnt– las consecuencias que tendrá con las movilizaciones callejeras.
Una vez finalizada la contienda electoral, abrió paso la etapa de las amenazas y agitación continua de dudas, bajo un semblante aleccionador de aquellos que no entendieron que la campaña electoral ya terminó. Porque quienes perdieron por ser negadores compulsivos de la realidad, padecen ahora del mismo problema. No hay forma de explicar, pareciera, que el sufragio en Uruguay es la voluntad ciudadana y soberana, cuyo resultado se respeta. Y se respeta a pesar del enojo por quedar fuera del poder, después de 15 años con mayorías para resolver en torno a algunos asuntos que ahora reclaman con vehemencia.
Anteponen la fuerza y el grito para la tribuna, al respeto a las urnas que hablaron en forma serena. Hasta no hace muchos días, la agitación y la ansiedad que les generaba el inminente retiro, los mantuvo inquietos después del domingo 24 de noviembre. Pero aquella –de no reconocer resultados– y ésta –en estado continuo de anuncios– son actitudes a las que tendremos que acostumbrarnos.
Ya lo anunció el senador electo, Oscar Andrade. En el próximo período y desde la oposición, guiarán la discusión política hacia los sectores vulnerables de la población, que permanecen tan vulnerables y en los mismos lugares de vulnerabilidad después de tres períodos. Sin embargo, se lo van a cobrar al próximo gobierno porque ya se encuentran trabajando para ser oposición aún sin asumir en el Parlamento. Porque es, desde ese lugar, donde la fuerza política se maneja como pez en el agua.
Hoy no es posible definir el estilo que llevarán adelante. A juzgar por las declaraciones del legislador electo, “depende de la contraparte. Si es salvaje el ajuste, va a haber una respuesta social muy fuerte”.
Y como escenarios de alta conflictividad, manejó la posibilidad de una fuerte reestructura del Estado que no toque a las Fuerzas Armadas o una reforma social que afecte a los trabajadores, menos a los militares. Así definió a la “respuesta social muy fuerte”.
Incluso fue por más: “Si la coalición multicolor elige radicalizar la situación, hay que tener una respuesta política. No podés quedar perplejo, para ese escenario tenés que tener respuesta política, porque si no, te lleva puesto. Y ahí vas a tener un escenario de respuesta social sin alternativa, tipo Chile”. Y la respuesta “tipo Chile” tiene mártires, entre sus muertos y heridos con discapacidades permanentes bajo un escenario convulsionado que aún no está resuelto. La pregunta es si esa opinión es por extensión la de su fuerza política. Si así fuera, no son tan impensadas las revueltas con infilitrados dispuestos a todo.
Hace rato que la ciudadanía quiere dejar de lado la confrontación y arribar a acuerdos a través del diálogo certero. Pero los nostálgicos de otros tiempos prefieren que hablen las molotov y los enfrentamientos con la fuerza pública para crear mártires que después engalanen las pancartas callejeras y sirvan de sustento a nuevas marchas.
Aún sin asumir, le adjudican responsabilidades sobre la denominada agenda de derechos y recortes presupuestales, que alguien en algún momento deberá concretar porque, en cualquier caso, tendrán que enfrentarse al alto déficit fiscal. Un déficit tan alto que Uruguay no registraba desde hacía 30 años, con la paradoja de un escenario económico favorable que permitía la aplicación de las denominadas políticas contracíclicas.
Pero los agitadores de ahora son los mismos que no se movilizaron antes contra la mala gestión de los entes del Estado, ni el mal manejo de las arcas públicas. Y todas tienen nombre propio: Ancap, Antel Arena, Envidrio, Pluna, Alas U, Gas Sayago y otras, cuyos recursos asignados con absoluta discrecionalidad permitieron que hoy nos encontremos con un panorama económico incierto. Los mismos que dicen que “la lucha es ahora”, tuvieron tres quinquenios en sus manos, con mayorías absolutas para defender a las empresas estatales. Pero se juntan ahora y con una postura defensiva, le anuncian al próximo gobierno que estarán en la primera línea de la resistencia. La justicia social, que no amparó a jóvenes pobres y desempleados (casi 25% menores de 22 años), será la mochila que harán cargar al próximo gobierno. O la agenda de derechos, que no alcanzó para las cárceles superpobladas que tienen altos índices de homicidios intracarcelarios. Ni alcanzó tampoco con la regulación del mercado del cannabis, que era un invento para sacarle los consumidores al narcotráfico y, lejos de disminuir, se potencia con la llegada de nuevos perfiles delictivos.
Pero los números rojos no importaron. El gasto continuó y con ella, la denominada “consolidación fiscal” que tampoco mejoró el déficit. Eso no habla de seriedad ni de responsabilidad institucional, a pesar de las descripciones circunstanciales que repetían en las conferencias de prensa.
Y el gobierno que asumirá el 1º de marzo deberá hacerse cargo, de lo contrario, tendrá mayores dificultades que las gestiones anteriores. Porque un déficit cercano al 5% no habla de una “casa en orden” ni la panacea descrita durante los actos de campaña del oficialismo. Fuimos un país que gastó por encima de lo que recaudó y quienes ahora reclaman, nunca pidieron explicaciones por eso.
Fuimos un país que vio títulos universitarios donde no existían por el solo hecho de amparar a un delfín que querían promover como el sucesor de Tabaré. Que truchó remates, que defendió dictadores y dictaduras por afinidad ideológica y por negocios que nunca quisieron investigar. Y todo lo hicieron esos mismos que ahora se presentan como defensores de la cosa pública. En todos los casos, la historia y el archivo no los absolverá. → Leer más

En año electoral, en el que los candidatos a la presidencia plantean un futuro edulcorado que, lanzados a la conquista de votos, consideran que podrá alcanzarse prácticamente sin esfuerzo y solo dejando que den resultado las medidas infalibles que aplicarán cuando asuman el gobierno, –y que por supuesto la realidad se encarga de desmentir–, se hace poco hincapié en cómo se hará para generar condiciones que alienten el arribo de capitales de riesgo, que son los que generan riqueza genuina para distribuir.
Claro, ocurre que esta premisa es la que aplican aquellospaíses que tratan de ofrecer la mejor ecuación riesgo-beneficio para promover emprendimientos que deriven en puestos de trabajo, esos puestos que están en serios problemas desde hace tiempo en nuestro país porque se han acrecentado las dificultades para el desenvolvimiento de las empresas, agobiadas por altos costos y con el Estado que por su ineficiencia y gasto exorbitante deprime toda actividad económica.
Ante la importancia de la inversión en cualquier gobierno, es pertinente traer a colación el escenario que perciben los potenciales inversores en el Uruguay, sobre todo porque se ha destacado que pese a inconvenientes logísticos, de costos y de mercado, existe en nuestro país una estabilidad política y reglas de juego que son destacables ante un marco de incertidumbre que da en otros países en que podrían ofrecerse en principio mejores beneficios para el capital, pero con condicionantes muy severas en cuanto a la solidez del marco jurídico y socioeconómico.
Recientemente, en un Desayuno de Negocios organizado por el diario El País, centrado en comparar visiones y oportunidades que ofrece el Uruguay para el lanzamiento de negocios, las opiniones de los empresarios señalaron fortalezas y debilidades que podrían resumirse en que “las empresas no salen en estampida de Uruguay, pero tampoco se pelean por venir”, lo que en el mejor de los casos nos dejaría en una posición más o menos neutra a nivel global.
Asesores y consultores locales, operadores internacionales e inversores del exterior, coincidieron en que hay características culturales vinculadas por ejemplo con el ámbito laboral, que incluye rigideces en la legislación, con escaso espacio además para innovar en aspectos como horarios y tareas, así como la forma en que se resuelven los conflictos.
Como contrapartida, se destacan buenas prácticas por reglas claras, instituciones sólidas más allá del partido que esté en el gobierno, justicia independiente, ingreso per cápita relativamente alto para la región, buena distribución del ingreso, libertad de prensa, entre otros puntos.
Es decir que hay luces y sombras en un contexto general que como promedio exhibe cierto “empate” entre riesgo y rentabilidad, que sin embargo en los últimos tiempos, sobre todo a partir del cese del viento de cola por el elevado precio de los commodities –que podría situarse a partir de 2014–, comenzaron a caer los ingresos por un decline en el crecimiento.
Sin embargo, en el gobierno del Frente Amplio se siguió insistiendo en aumentar el gasto estatal, porque había “espacio fiscal” para seguir gastando, apostando a que la tendencia de deterioro de la actividad económica se revertiría en poco tiempo.
No puede extrañarse que ante un diagnóstico delirante no se hayan cumplido sucesivamente las metas establecidas respecto al déficit fiscal, que surge de la diferencia entre lo que ingresa y lo que se gasta por el Estado, y por ende siga acumulándose un déficit que se financia con endeudamiento, es decir compromisos de pago en determinado plazo, por lo que se gastó irresponsablemente a cuenta.
Y decimos irresponsablemente, porque desde el gobierno se prefirió ignorar esta realidad que rompía los ojos, por no pagar costos políticos y no crear conflictos con sindicatos de funcionarios públicos que no están dispuestos a dejar de lado sus reivindicaciones, aunque éstas se satisfagan a costa del interés general, incluyendo naturalmente a los trabajadores de la actividad privada, que es también un sector que está pagando este gasto por la vía del desempleo, subocupación y reducción de horas trabajadas. Claro, eso no debería sorprender cuanto el partido de gobierno está manejado por las bases y los sindicatos, que son los que le dan la gobernabilidad, y que el propio Frente Amplio está integrado por distintos partidos de los cuales los más radicales de izquierda son los que tienen la sartén por el mango, mientras los moderados y de centro van en retirada.
En este caso los empresarios que participaron en este Desayuno de Negocios subrayaron que en el contexto favorable que vivió el país en una década de elevados precios internacionales de nuestras materias primas de exportación, los elementos negativos del país pudieron más o menos disimularse, pero han quedado expuestos en toda su magnitud a partir de que se retirara la espuma y nos encontramos con la realidad.
Hay aspectos estructurales que tienen que ver con las limitaciones de escala, el contexto regional, el mercado de trabajo y las condiciones macro, la vez de evaluarse que el Uruguay es un país “serio”, pero escasamente atractivo para el inversor. A la inversa, hay países con riesgos institucionales y de otra naturaleza, pero que ofrecen una rentabilidad que compensa los eventuales riesgos institucionales, como sería el caso concreto del Paraguay, por mencionar específicamente un país.
Otra realidad salta a la vista: los problemas del mercado laboral, que podrían disimularse en tiempos de bonanza pero que surgen nítidamente como un obstáculo de gran importancia cuando la situación se deteriora.
Es así que los potenciales inversores cuestionan aspectos como la rigidez, la baja productividad y dificultades para superar conflictos sindicales. Incluso para las empresas radicadas en el país, se considera que por cuestiones estratégicas, bajos márgenes de ganancia y elevados costos para modificar la realidad, la decisión por la que se inclinan es por dejar todo tal como está.
Como fortalezas, se mantiene la perspectiva de interés inversor en áreas como la forestación –la próxima planta de UPM es un claro ejemplo–, incluso en la explotación del cannabis, además de sectores con fuerte regulación y garantías desde el Estado, por su connotación estratégica, al fin de cuentas, como energías renovables, infraestructura vial y servicios globales, donde existen condiciones más flexibles.
A la vez, la caída en la recaudación implica una Espada de Damocles sobre el empresariado, por cuanto los resultados del sector público con insolvencia fiscal hacen que se tenga el riesgo tributario como un factor al acecho: “le faltan recursos al Estado y mañana pueden venir por mí”, ha sido una respuesta reiterada.
Lamentablemente esta impresión no es desacertada y ya está presente, por cuanto ya han venido por todos nosotros, y no siempre directamente por la vía tributaria, sino por ejemplo a través de las tarifas de electricidad y precios de combustibles, desde empresas públicas que obran como agentes recaudadores para el Estado y aplican sobreprecios que se agregan a su ineficiencia en la gestión.
Y este es el punto omnipresente, por cuanto al inflarse costos con destino al agujero negro que es Renta Generales, se reduce la rentabilidad a las empresas, decae la actividad económica, se pierden puestos de trabajo, los cuentapropistas también pierden ingresos y se genera un círculo vicioso que solo puede tener un margen de escape con inversiones que en el mejor de los casos vienen a cuentagotas, precisamente por falta de rentabilidad para el capital de riesgo.
Así, todos los caminos conducen a Roma: todos pagamos de más para sostener al Estado, que aplica costos del primer mundo en un país que comercialmente rinde como una aldea africana, y ello explica que ahora “Uruguay no entusiasma”, como dicen los empresarios, y peor aún, cada vez entusiasma menos, si es que alguna vez lo hizo. → Leer más