Con un déficit previsto para este año de unos 800 millones de dólares, y con 700 millones en 2018, el Banco de Previsión Social deberá continuar recibiendo asistencia del gobierno central para funcionar, lo que denota que lejos de revertirse, persiste la tendencia a desfinanciación del organismo previsional, como consecuencia fundamentalmente del envejecimiento poblacional y los requerimientos que trae aparejada esta problemática en cuanto a la demanda de afectación de recursos.
Así, desde hace ya tiempo, y cada vez con mayor énfasis, se pone sobre el tapete la evolución que tiene el escenario socioeconómico del país a partir de factores como el envejecimiento poblacional, confirmado en su tendencia por datos que indican que Uruguay es el segundo país más envejecido de América Latina.
Este escenario tiene sus aspectos positivos y negativos, según el ángulo desde el que se mire, pero sobre todo a partir del desafío que entraña desde el punto de vista del sistema previsional y la contención, que puede resumirse parcialmente en la necesidad de más recursos para atender prestaciones a una mayor cantidad de personas, así como también desde el área de la infraestructura de la seguridad social.
Si bien las visiones sobre posibles respuestas no son coincidentes, sobre todo cuando provienen de actores con sesgo ideológico o que pretenden llevar agua para su molino, salta a la vista que es preciso encarar reformas sobre cuya entidad y ángulos surgen los principales desacuerdos, porque además no hay paradigmas ni espejos donde mirarse, si tenemos en cuenta que incluso en los países desarrollados se está en un proceso de constante análisis de evolución de parámetros que no son los mismos incluso que los de hace una década, y hay una realidad socioeconómica muy diferente a la de Uruguay.
Situándonos en nuestro país, contamos entre otros aportes al debate las reflexiones del economista e investigador de temas de la seguridad social, Alvaro Forteza, en cuanto a que es necesaria una revisión de los criterios y parámetros jubilatorios. “Esto por una cuestión normal de la propia demografía, ya que la población vive más y está teniendo menos hijos, dos realidades que presionan a la seguridad social, por un lado aumentando la cantidad de años que la persona vive después del retiro, y la baja natalidad haciendo que sea menor la relación entre activos y pasivos”, apuntó.
En este mismo sentido, la publicación que recabó datos a nivel regional “Personas mayores: hacia una agenda regional de derechos”, indica que seis de cada diez personas de 65 años o más que trabajan lo hacen en la informalidad, en tanto el promedio nacional de trabajadores en negro es de 25%.
El demógrafo Juan José Calvo, a su vez, dijo que las personas que todavía trabajan cuando están en edad de jubilación lo hacen porque gran parte de su vida estuvieron en la informalidad, por lo que tienen jubilaciones o pensiones muy bajas cuando quieren abandonar el mercado laboral, lo que indica que por ese motivo, compensan lo que reciben por mes con otros trabajos en negro y de esa forma obtienen mejores ingresos.
Tenemos entonces una ecuación en la que tienen incidencia multiplicidad de factores y según el punto de vista hay prioridades y acciones posibles a desarrollar, tan pronto se asuma la entidad de la problemática y de generar condiciones para potenciar las implicancias positivas y atacar decididamente los flancos vulnerables e indeseables. Entre estos elementos debe tenerse como componente fundamental que es preciso combinar acciones para que las personas de la tercera edad no solo alcancen un mayor promedio de edad sino también una mejor calidad de vida, para lo que se requiere además de afectar más recursos, promover alternativas para lograr su inserción en la sociedad, y hacer menos traumática la transición desde su vida activa, para empezar.
Pero no puede obviarse que a partir de la reforma de la seguridad social aprobada por reforma constitucional en 1996, que dio lugar a la creación de las Administradoras de Ahorros de Fondos Previsionales, (AFAP), que instituyó la alternativa de que cada trabajador ahorre en una cuenta propia para poder disponer de esos fondos cuando su retiro, en coexistencia con el régimen de solidaridad intergeneracional del Banco de Previsión social, la realidad demográfica hace ya rechinar el sistema, por lo que se requieren cada vez más recursos de Rentas Generales para apuntalar el sistema previsional del Estado.
Ello surge precisamente de un deterioro gradual que ha sufrido la relación activo-pasivo en el esquema previsional, y que aunque ha mejorado en los últimos años, sigue siendo insuficiente para la salud financiera del sistema. En este principio de solidaridad intergeneracional, nos encontramos como normativa legal que los que hoy forman parte de la masa laboral aportan para pagar las pasividades a los que ya se han acogido al retiro, y que a su vez los pasivos de hoy pagaron con sus aportes a los anteriores y así sucesivamente.
Debe tenerse presente además que también es complicada la situación de los sistemas previsionales paralelos al BPS, como es sobre todo el caso de la Caja Militar y cajas de profesionales, como la Bancaria y Notarial, que con variantes son perlas de un mismo collar que necesita reformas para no agravar el déficit, en todos los casos como manifestación del síndrome de la sábana corta, que no alcanza para cubrir al mismo tiempo la cabeza y los pies.
Un aspecto sustancial es que el país tiene condicionamientos que surgen por un lado de tener una pirámide poblacional etaria característica de país desarrollado, con alto porcentaje de adultos mayores, y la falta de recursos propios de naciones en desarrollo, por lo que se está ante la conjunción de los términos menos favorables de la ecuación que requieren respuestas en el mediano y largo plazo, porque lo que se haga hoy al respecto recién tendrá efectos en las siguientes generaciones.
Y ya que estamos en la ecuación activo-pasivo, no puede obviarse que un problema crónico del Uruguay, de nuestra cultura, es la elevada informalidad, por evasión tanto en el caso de los impuestos como en los aportes sociales. Este factor se vuelve contra todos al cabo del tiempo, pero sobre todo contra quien hace de este comportamiento una actitud sistemática y se encuentra al cabo de su vida activa con que no tiene aportes que le permitan recibir una pasividad más o menos decorosa.
Sobre este tema incluso el ministro de Economía y Fnanzas, Cr. Danilo Astori, dijo que el próximo gobierno, sin importar su signo político deberá impulsar “una reforma de la seguridad social que incluya todos los parámetros, tanto los montos como la edad de retiro”.
El punto es que además de reformas necesarias y los controles que catalicen los cambios culturales y eventuales sanciones para los evasores, el Estado también debe poner de su parte para no seguir demandando tantos recursos de los actores reales de la economía, y contribuir a generar un círculo virtuoso que dinamice la actividad económica y paralelamente haga que el ciudadano no sienta que está aportando su dinero a un barril sin fondo, sino que lo está ahorrando para cuando lo necesite en el retiro y para hacer que las instituciones funcionen satisfactoriamente.
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