(Presidencia-Subrayado)
El ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Matías Carámbula, y el presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), Eduardo Viera, anunciaron en conferencia de prensa que la compra de las 4.404 hectáreas en Florida se realizó conforme al artículo 35 de la ley orgánica del instituto.
En la oportunidad, Carámbula explicó que se trata de un proceso de política pública y se enmarca en los compromisos asumidos por el actual gobierno respecto a fortalecer al organismo mediante la incorporación de tierras para la producción familiar.
La estancia consta de 4.404 hectáreas aptas para actividades agrícolas y ganaderas y su costo fue 32.500.000 dólares. Incluye galpones, viviendas, caminos internos, sistemas de riego por pivote y represas, además de un monte de olivos y un corral de engorde con capacidad para 8.500 animales.
El jerarca resaltó que el desarrollo de la lechería también constituye un compromiso del gobierno nacional que abarca a 3.000 productores y 15.000 trabajadores de la fase primaria e industrial de la actividad. Además, recordó que en 2024 Uruguay percibió ingresos por 854.000.000 dólares.
Carámbula también se refirió a la necesidad de fortalecer al Instituto Nacional de Leche (Inale). Recordó que el 5% de la tierra del país se destina a la lechería y que los productores del sector enfrentan dificultades de acceso, por lo que “la política de tierras es central para el desarrollo de la lechería”.
Por su parte, Viera señaló que la decisión de compra constituyó una “oportunidad inmejorable”, en una zona que consideró clave, como la cuenca lechera. Agregó que un equipo técnico evaluó la oportunidad de su adquisición y se elaboró un proyecto entre Colonización, Inale y productores privados.
En este campo se prevé instalar entre 16 y 20 unidades lecheras de unas 100 hectáreas cada una, gestionadas por igual número de familias. Además, se dedicarán 2.000 hectáreas para pastura y forraje, que servirán para atender la demanda potencial de 100 productores de la zona.
Desde la oposición, mientras tanto, el constitucionalista Martín Risso consideró que el presidente del Instituto Nacional de Colonización está impedido por la Constitución para ejercer en su cargo en su calidad de colono, condición que reconoció tras la conferencia de prensa. Risso refirió al penúltimo inciso del artículo 200 de la Constitución, que establece la prohibición a los directores de los entes autónomos y servicios descentralizados a prestar servicios personales o a desarrollar actividades vinculadas directa o indirectamente con el ente o servicio de que se trate.
Viera, como colono, tiene una relación contractual con el instituto, con una actividad agropecuaria que está directa e indirectamente vinculada a Colonización. “Me parece que es muy claro que cae dentro de esta posibilidad”, afirmó el especialista. Risso reconoció que la situación ha ocurrido antes en el instituto, pero con funcionarios del ente que ocuparon cargos de dirección, que pedían licencia sin goce de sueldo y reservaban el cargo.
“Hay una incompatibilidad, hay una actividad que está vinculada directa e indirectamente y me parece razonablemente claro que está comprendido dentro de esta prohibición”, reiteró. “Tendría que optar por uno o por otro, salvo que hubiera una norma que no conozco que autorice una especie de reserva como hay para los funcionarios”, acotó.
“Soy colono, lo dije desde siempre. Soy orgullosamente colono, lo dije cuando asumí”, insistió este martes Eduardo Viera. Sus declaraciones ocurrieron luego de que la oposición, en nombre del senador Robert Silva, pidiera su renuncia. “Me tiene sin cuidado lo que diga el senador Robert Silva. Tengo el total respaldo del gobierno”, indicó.
El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, por su parte, tomó distancia del pedido de renuncia: “Antes de llegar a esa conclusión tan apresurada, primero tenemos que preguntar”, expresó. Desde el Partido Nacional, Sebastián Da Silva, en tanto, consideró que, “si él mantiene su condición de colono, la Constitución le impide estar en el cargo”.
A todo esto, el ministro de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti, se deberá presentar junto con Viera ante la Comisión de Ganadería de la Cámara Alta del Parlamento.
PROYECTO DE LEY PARA EVITAR DEFINICIONES POR SORTEO
(LA DIARIA)
El empate técnico, de 857 votos, entre dos candidatos de la Coalición Republicana para alcalde de San Bautista (Canelones), que se definirá por sorteo, generó todo tipo de repercusiones, y una de ellas llegó en formato de proyecto de ley. El diputado colorado Felipe Schipani presentó una iniciativa que establece que, “en caso de producirse un empate de votos en la elección de segunda vuelta para presidente y vicepresidente de la República, intendente departamental o alcalde, la Corte Electoral convocará a una nueva elección entre los candidatos que hubiesen obtenido la misma cantidad de votos”. El segundo artículo del proyecto señala que “la nueva elección será convocada dentro de los diez días siguientes a la finalización del escrutinio departamental, y se celebrará dentro de los 30 días posteriores a dicha convocatoria”. En el tercer artículo se establece que “en la nueva elección sólo podrán participar los candidatos que hubieren empatado en votos en la elección original” y “resultará electo quien obtenga mayor número de votos válidos emitidos”. El último artículo de la iniciativa indica que la Corte Electoral reglamentará en un plazo de 90 días luego de promulgada la ley “las disposiciones necesarias para la organización y ejecución del proceso electoral previsto en la presente ley”.
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