Una señora residente en Avenida de las Américas 1750, en cercanías de la intersección con Bulevar Artigas, presentó denuncia policial ante la Seccional Quinta de Policía de Paysandú y penal ante Fiscalía, por lo que considera abuso innominado de funciones, justicia por mano propia y delito de daño, perpetrados por la Intendencia de Paysandú, que ingresó a un predio contiguo en el que reside (padrón rural 167) y sobre el que “el que poseo con ánimo de dueña desde hace más de cuarenta años, y respecto al cual he iniciado el correspondiente proceso de prescripción”.
Elen Diosma Sosa Viera denunció que “el día 12 de abril, en horas de la mañana, me encontraba en mi domicilio sito en Avenida de las Américas, cuando en determinado momento observo que personas que se identificaron como funcionarios municipales acompañados de maquinaria pesada, se hicieron presentes en el terreno contiguo a mi casa”. Luego de identificarse “como funcionarios municipales me informan que por una supuesta orden del intendente Nicolás Olivera, orden que no se me exhibió, iban a ingresar al terreno antes identificado, el que considero, como lo expresé anteriormente, es de mi propiedad, atento al tiempo que llevo en posesión del mismo. Ahora bien, ante mi negativa de que ingresaran al sitio, estos funcionarios optaron por romper el candado con el que cierro la portera de entrada, e ingresaron con sus camiones para desparramar tierra por todo el predio. En la ocasión estos empleados municipales fueron acompañados por otras personas, incluida una que se identificó como fiscal, pero de la cual no retuve el nombre. En el punto desconocemos si existió denuncia que ameritara la intervención de una Fiscalía Letrada, ya que no se exhibió jamás ningún documento que acreditara tal circunstancia por parte de la Intendencia Departamental, todo lo cual lleva a que estimemos que la situación es de una gravedad inusitada e irregular por decir lo mínimo”.
EN 2016 SE LE INTIMÓ DEMOLICIÓN
Durante la Administración Caraballo, en julio de 2016, ya se había intimado la demolición de una construcción precaria, y fue entonces cuando inició el proceso de prescripción. La resolución 3037/2016 expresó que “la ilegalidad de la construcción se fundamenta en que la misma se localiza en terreno de propiedad municipal, lo que constituye un incumplimiento a lo dispuesto por la normativa nacional y departamental vigente sobre ordenamiento territorial”. Asimismo, en un cedulón se intimó a Elen Sosa “a demoler la construcción precaria en el padrón 167 de Chacras de propiedad municipal en un plazo de 10 días hábiles. Previo a la demolición de la construcción de vivienda precaria en el padrón 167 municipal, las cuales constituyen ocupación ilegal, se otorga vista por un plazo de 10 días hábiles a Elen Sosa, bajo apercibimiento de demolición”.
En la denuncia penal, que ahora es patrocinada por Federico Álvarez Petraglia, se determina precisamente eso, al indicar que “me he visto avasallada en mis derechos, por parte de las autoridades departamentales, las que han desconocido la existencia de un expediente judicial de prescripción que inicié en el año 2016 con el patrocinio del doctor Joaquín Suárez”.
Ahora la Intendencia Departamental “bajo el argumento (sin fundamento legal) de que un predio municipal no puede ser objeto supuestamente de prescripción, fui atropellada por un malón de funcionarios y de máquinas de la Intendencia que luego de ingresar a mi predio literalmente lo destruyeron. No contentos con lo que pasó ese día, los funcionarios siguieron viniendo los siguientes días, ingresando al lugar previa rotura de otros candados que había puesto en la portera, y sin mediar palabra siguieron haciendo lo que he descripto”.
En la denuncia se establece además que la intendencia “si quiere recuperar el dominio del mismo, iniciar el correspondiente juicio de reivindicación, extremo que no ha cumplido, pretendiendo ejercer ilícitamente la vía de hecho cuando tiene expedita la vía judicial”.
“Resulta evidente para esta parte que los funcionarios actuantes y sus mandantes han cometido el delito de justicia por mano propia y el delito de daño (al destruir al menos dos candados que coloqué en la portera de entrada), ya que, como dice la norma en cuestión ese ilícito se consuma cuando ‘con el fin de ejercitar un derecho real o presunto, se hiciera justicia por su mano, con violencia en las personas o las cosas, en los casos en que puede recurrir a la autoridad, será castigado con multa de cien a dos mil pesos’”.
Por la denuncia se pide se llame a declarar al intendente Nicolás Olivera, al secretario general Fermín Farinha, al director general de Obras Horacio Mársico y a la encargada de Asesoría Letrada Mariana Mazzilli.
