Opinión

Trabajadores y trabajadoras del Refugio para personas en situación de calle de la ciudad de Paysandú, centro gestionado por la OSC Factor Solidaridad en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social desde 2019, consideran pertinente informar a la población en general sobre la situación que se viene dando en torno al Refugio y al Programa Calle.
Dicha problemática ha tomado relevancia pública a partir de la cartelería colocada por los trabajadores y trabajadoras en la institución el pasado viernes 18 de marzo en repudio a las circunstancias que vienen aconteciendo.
Para iniciar, se considera oportuno dejar en conocimiento que la cartelería colocada en el Refugio forma parte de una movilización que tiene dos ejes centrales: En primer lugar las y los trabajadores firman contrato con la OSC Factor Solidaridad la cual gestionará el refugio hasta julio del presente año.
Ante el futuro tan cercano, exigimos que las autoridades puedan dar respuesta al equipo y a los usuarios respecto a la continuidad del Programa Calle, específicamente de un Refugio donde se garantice el amparo y el derecho de los usuarios a tener un lugar donde se resguarde su integridad, una vez que dichos contratos terminen. Como trabajadores comprometidos con las personas en situación de calle que hace más de dos años vienen siendo acompañadas por este equipo, se considera imprescindible que se les brinde seguridad ante esta situación, brindándoles un lugar donde se garanticen sus derechos.
Por otra parte, compete manifestar el descontento ante los cobros atrasados debido a la demora de expedientes firmados, lo que impide que las partidas no lleguen en tiempo y forma. Esto genera precarización y vulneración de derechos laborales donde además el faltante de dinero incide en el funcionamiento del refugio.
Invitamos a la comunidad a tener conocimiento de primera fuente sobre la situación del Programa Calle a nivel nacional, a la vez que solicitamos y exigimos a las autoridades la responsabilidad de comunicar de forma clara qué proyecto se implementará para las personas que habitan el refugio una vez que termine nuestro convenio.
Quedamos a disposición los y las trabajadoras a reuniones posibles con las autoridades correspondientes para conocer las nuevas propuestas una vez culminado nuestro proyecto en julio.
Por Trabajadores y trabajadoras del Refugio:
Carolina Langone → Leer más

Desde hace demasiadas décadas Paysandú intenta encontrar el camino. Muy atrás ha quedado el rótulo de capital industrial del país, y desde aquel momento a esta parte la sensación –o no tanto– es que Paysandú se encontró en una encrucijada. Y, sin mapa, le fue imposible encontrar el rumbo correcto.
Amagó, pero no terminó nunca por decidirse. Y terminó viviendo demasiados años en un sitio intermedio, sin poder disfrutar de resultados certeros.
Ahora, la Intendencia apunta a dar un salto definitivo en el intento de transformar a Paysandú en una ciudad turística y, de una vez por todas, iniciar un camino seguro, pero también complicado, que deberá abrazarse a modo de política departamental a largo plazo.
Varios son los aspectos que dejan constancia de esa decisión, aunque seguramente la más visible sea el masterplan que se pretende llevar adelante en la costa sanducera, contratando incluso al estudio internacional Office for Metropolitan Architecture (OMA), así como otras ideas de remodelación en la ciudad, como la plaza Constitución o la propia avenida España.

Dentro de esa decisión de transformar a Paysandú, hay un punto importante que habitualmente es dejado de lado de manera poco entendible: el deporte.
El viernes, Rentistas se animó a hacer lo que pocos han intentado: sacar a un grande del fútbol uruguayo al Interior. Y trajo a Peñarol al Estadio Artigas para que el carbonero jugara, después de 15 años, un partido oficial del Campeonato Uruguayo, en este caso por el Apertura, en Paysandú.
El resultado fue el esperado: 12.000 personas llenaron las tres tribunas habilitadas y seguramente el número hubiera sido mayor si la Tribuna Oeste estuviera en condiciones. El viernes a la noche no fueron 12.000 sanduceros los que hicieron largas colas para ingresar al escenario, sino que hinchas carboneros de todo el país recorrieron algunos o cientos de kilómetros para llegar a nuestra ciudad, con todo lo que eso significa.

Pero se trató de una situación inédita ya que, como está dicho, tuvieron que pasar 15 años para que el Estadio Artigas pudiera recibir un partido profesional oficial.
El motivo, más allá de lo que cuesta que un equipo capitalino deje su chacrita y pueda mostrarse ante sus hinchas del Interior, no es solamente la incapacidad de abrir la cabeza y entender que el fútbol profesional es uruguayo. Porque la realidad es que algunos clubes han intentado llegar a Paysandú para oficiar de locales en este tiempo, y las condiciones del Estadio Artigas lo han impedido.
A modo de ejemplo, hace muy pocos meses Plaza Colonia se interesó en jugar como local la Copa Libertadores en Paysandú la serie ante el boliviano The Strongest. Es más, los colonienses manifestaron su interés ante la Intendencia, que dio el visto bueno, pero se tuvo en claro que las condiciones del Estadio Artigas estaban en algunos aspectos bastante lejos de los estándares internacionales. Sin ir más lejos, y dejando de lado lo más visible como lo es la Tribuna Oeste, la iluminación fue el gran motivo por el que Paysandú no tuvo un choque de Libertadores.

La actual administración comunal debe tener (y tiene) en claro que es imprescindible que las grandes infraestructuras deportivas, que pagamos todos los sanduceros y que en algunos casos contaron con nada o poco de mantenimiento a lo largo de los años, deben estar en las mejores condiciones para integrarse a un circuito deportivo nacional y regional, que sumará –y mucho– para potenciar la idea de que Paysandú pueda ser, definitivamente, una ciudad turística. El Estadio Artigas, que fue víctima de disputas políticas sin que se tuviera en cuenta que era totalmente necesario dejarlo en condiciones, debe ser sometido a una serie de reformas que permitan su modernización, no solo pensando en lo estrictamente deportivo sino también en que sea autosustentable, aprovechando los espacios ubicados debajo de las tribunas, entre otros.

El viernes se dio un primer paso: el escenario lució de buena manera, con una lavada de cara mucho más que interesante, que permitió recibir el partido. Pero falta, y falta mucho. Porque se trata de un círculo sin fin, que puede cortarse solo en caso de que la infraestructura esté en óptimas condiciones: para arreglar el estadio se necesita actividad, y para tener actividad se lo necesita en las mejores condiciones.
Paysandú, y sobre todo las autoridades, lo están entendiendo. Y no solo con el Estadio Artigas.
El Estadio Cerrado, que también estuvo durante años esperando alguna actividad importante sin que pudiera recibirla por sus condiciones –más allá del cambio del techado durante la Administración Caraballo– está iniciando un camino de transformación hacia centro de eventos.
Y el velódromo, aunque a paso lento, está también siendo sometido a refacciones con la intención de, poco a poco, ser protagonista dentro del deporte del pedal nacional.

No son los únicos escenarios, pero sí los más relevantes, aunque algunos deportes como el automovilismo o el motociclismo piden a gritos un poco de atención.
La importancia del deporte, y por lógica de las instalaciones deportivas, es altísima dentro de este proyecto de definición de Paysandú como ciudad turística. Porque, si para muestra basta un botón, el turismo deportivo crece en todo el mundo; y sin ir más lejos es considerado clave por los operadores de la capital para las próximas semanas cuando, por ejemplo, haya actividades como la disputa de la Superliga Americana de Rugby.
Paysandú está ubicado geográficamente en un punto muy interesante dentro de la región, y de una vez por todas debe planificar, convencerse de la idea y desarrollar el partido que debe hacer para quedarse con los puntos. El partido ya comenzó.

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Los deportistas de élite desde hace ya algún tiempo han cobrado un rol trascendente, de la mano de la globalización y de la exposición mediática a la que los fuerzan sus contratos con empresas a las que se ven ligados por compromisos publicitarios, de los que obtienen gran parte de sus ingresos. Es así que los principales referentes de las competiciones más populares del mundo son conocidos hasta en los confines más alejados de los centros de decisión. No en vano se ha repetido tanto que hay más países integrados a la estructura de la FIFA que a la de las Naciones Unidas. Todo un dato.
Pero esta exposición y el poder que pone en manos de estas personas parece no solo ir incrementándose, sino que además se va concentrando en pocas manos, en las principales estrellas, que acumulan –además de ingresos– la atención mundial.
Un caso digno de ser estudiado a fondo es el del múltiple campeón del mundo de Fórmula 1 Lewis Hamilton. En su momento arribó a la principal categoría del automovilismo con mucho entusiasmo del entorno, por ser el primer piloto de ascendencia afro. Además de ello demostró sus condiciones y no demoró demasiado en mostrar su potencial, haciéndose en su segunda temporada con el Campeonato del Mundo.

En la década pasada sumó otros seis títulos, para convertirse en uno de los más exitosos, sino el más, con una seguidilla que solo pudo interrumpir su excompañero de equipo en 2016 Nico Rossberg (hijo de Keke, otro campeón mundial) en un esfuerzo que provocó que al cabo de ese mismo año anunciara el fin de su carrera.
En todo este tiempo Hamilton ha ido acaparando atención. Él sabe que vaya donde vaya irá tras de sí su popularidad y con ella las cámaras de fotos y video, pretendiendo registrar un instante, un mínimo gesto, y si se acerca a la multitud deberá afrontar largas sesiones de selfies y firma de autógrafos. Pero también conoce el poder que le confiere esta popularidad. Sabe que los mensajes que de llegarán a millones de personas alrededor del mundo dispuestas al menos a escucharlo. Lo sabe y ha actuado en consecuencia. De hecho el británico se ha embanderado en numerosas causas a lo largo de su carrera, de las cuales la más importante ha sido la lucha contra el racismo, una lucha en la que embanderó no solamente a su equipo, que pintó durante dos temporadas su auto de color negro, sino también a la misma categoría y a sus colegas pilotos, a veces de manera inconsulta, lo que le valió incluso algunas críticas. También se ha involucrado en causas políticas dentro de su país, en la defensa de los animales, en el veganismo y en el combate a los factores que provocan el cambio climático.

Pero son pocos los deportistas que pueden tomar estas decisiones y obtener respuestas a la misma altura, otro ejemplo es tal vez el del cuatro veces campeón, Sebastián Vettel, que anunció que no estaba dispuesto a correr este año en Rusia a causa de la invasión de este país a Ucrania. No llegó la oportunidad de poner a prueba este anuncio, porque la misma Federación Internacional del Automovilismo (FIA), se encargó de cancelar ese Gran Premio y de, además, suspender a los pilotos de nacionalidad rusa y bielorrusa de las competiciones.
Más popular que la Fórmula 1 es el fútbol, deporte en el que está llegando a su fin el bicéfalo reinado de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, aún sin un heredero proclamado, aunque sí con un par de buenos candidatos a tomar el cetro. Uno de ellos, el que más viene pintando, es el francés Kylian Mbappé, campeón del mundo con Francia en 2018, además una de las selecciones candidatas a volver a tomarle el peso al mítico trofeo de oro macizo.

Mbappé, jugador del París Saint Germain, podría dar un importante salto este año si se concreta la esperada transferencia al Real Madrid, uno de los clubes más prestigiosos y consagrados del mundo, y sobre todo participante en una de las ligas más competitivas, algo que –según los entendidos– le falta al galo para terminar de colocarse la corona.
Pero al igual que Hamilton no puede solamente concentrarse en el consumo de nafta o neumáticos del Mercedes, el joven Kylian no puede solamente preocuparse por el pique de la pelota en el Parque de los Príncipes o en el Santiago Bernabeu, porque en su cabeza también hay discusiones por números, marcas, y el manejo de su imagen. De hecho recientemente ha tenido un intercambio con la Federación Francesa a causa de compromisos con sus auspiciantes, algunos de ellos reclaman la presencia del astro, mientras él se niega a asociarse porque no está de acuerdo con los valores que estas marcas conllevan.
Mbappé creó y dirige una fundación llamada Inspired by KM, desde la que promociona una alimentación equilibrada entre los adolescentes, y entre las marcas en cuestión hay cadenas de comida rápida y ultraprocesada, casas de apuesta y bebidas refrescantes.

Hay quienes entienden que detrás de esta negativa del futbolista hay un deseo de asociar su imagen a empresas que no paguen su precio, aunque sí aportan a la Federación y esta tiene por costumbre hacer firmar un contrato a todos quienes se ponen su camiseta por primera vez para garantizar su participación en acciones publicitarias.
¿Los valores personales seguirán teniendo peso en una discusión de base legal y económica? Se verá. Igualmente venimos de dar un debate ético por la decisión de Novak Djokovic de no vacunarse, lo que le valió perderse algunos torneos importantes y con ello la condición de Número 1 del mundo. Una decisión controvertida, por el mensaje transmitido por el campeón, pero igual que la de Mbappé, justificada en los valores que defiende. → Leer más

La escalada de precios registrada sobre todo en las últimas semanas –fundamentalmente a partir de la invasión rusa a Ucrania– que incluyen el petróleo a no menos de 120 dólares el barril, no es un indeseable evento económico que afecta solo al Uruguay, sino que tiene carácter mundial, en un efecto dominó que responde a realidades pero con un altísimo componente de especulación de los mercados, intento de los actores económicos de cubrirse sobre posibles pérdidas o acontecimientos imprevistos, que todo indica podría reacomodarse una vez que se supere el conflicto bélico, como es de esperar.

La diferencia con países como Uruguay y la región, en particular, es que las naciones desarrolladas cuentan con mecanismos de protección y sobre todo espalda financiera para vadear el temporal, como el fondo específico en la Unión Europea y –sobre todo– sus economías permiten que tengan empresas saludables e ingresos de su población que no los pone mes a mes en disyuntivas ante el consumo de productos de primera necesidad, como lamentablemente ocurre en estas latitudes.
Sobre todo, Uruguay es altamente vulnerable a los vaivenes del escenario internacional, incluyendo al petróleo, insumo que no produce y no tiene en absoluto “soberanía” en este energético, al contrario de lo que proclaman –como parte interesada– los gremios como Fancap al defender a capa y espada el contar con Ancap y su refinería.
La “soberanía” de Ancap no es otra cosa que contar con los bolsillos de los uruguayos, que incluso debieron poner dinero para juntar 800 millones de dólares durante uno de los gobiernos del Frente Amplio, cuando se había desfinanciado por mala gestión en períodos en que el petróleo estaba por el suelo y sus derivados sin embargo se vendían caros en los surtidores de nuestro país, como si viviéramos todavía con el crudo en altos valores.

Tampoco tenemos hoy esa “soberanía” y ello explica que los combustibles sigan subiendo al vaivén de los precios internacionales del crudo, con un nuevo incremento desde el 1º de abril, cuando el valor internacional del barril ha trepado a los 120 dólares. Es cierto, ha estado subiendo en forma continua, pero corresponde señalar que el 1º de marzo de 2020, cuando asumió la administración de Luis Lacalle Pou, el precio del barril era de menos de 40 dólares, por lo que los incrementos no han sido otra cosa, que más o menos seguir los precios internacionales, y por lo tanto contribuyendo a incrementar los costos de producción en el Uruguay, donde ya eran muy elevados precisamente, pese a las condiciones favorables que para corregirlo se registraron durante la primera década de los tres gobiernos del Frente Amplio, cuando no se abordaron reformas estructurales ni mucho menos la mentada “madre de todas las reformas” del Estado, que se anunció por el expresidente Tabaré Vázquez, pero que fue trancada por los sindicatos y los grupos radicales de la propia coalición de izquierdas.

Hoy el escenario que vivimos se da tras una pandemia que también hizo lo suyo para socavar la economía y no solo repercutir muy negativamente desde el punto de vista sanitario, y más que nunca tiene vigencia el ejemplo de los “platitos chinos” mencionados en su momento por el exministro de Economía y Finanzas durante el último gobierno del Frente Amplio, Mario Bergara, en cuanto a mantener girando estos platitos de inflación, competitividad, estabilidad financiera, salarios reales, entre otros parámetros que suelen ser contrapuestos y no puede modificarse uno sin afectar a los otros ante la interrelación entre ellos.

Tenemos por lo tanto aspectos coyunturales y estructurales, y hoy el gran problema es lo coyuntural, porque adolecemos de fuerte déficit estructural que viene desde hace varios años.
Durante la gestión de Bergara y sus antecesores incidían el elevado gasto público y el enorme déficit fiscal. Con menos problemas fiscales, su equipo económico hubiera tenido mayor margen para mantener girando varios platitos chinos. Pero cuando la cosa se complica, como ahora, tantos platitos no se pueden mantener girando, porque si se atiende a unos, los otros se hacen añicos en el piso.
Las recientes medidas anunciadas por el presidente Luis Lacalle Pou en Mercedes para contener en alguna medida los precios de artículos de primera necesidad son en realidad paliativos ante la emergencia, en tanto se espera que las aguas se calmen en el concierto internacional y por algún lado aparezcan noticias más favorables para nuestra economía como factor reflejo de la realidad mundial.

En Mercedes, el mandatario comunicó el aumento de los combustibles, que es de cinco pesos para el gasoil y de tres para las naftas, además de incluirse tres pesos más en el kilogramo de supergas. Además, el jefe de Estado comunicó la definición a la que llegó el gobierno tras reunirse para definir las medidas para contener los precios de los productos que están aumentando a nivel mundial.
En tal sentido, Lacalle aseguró que se decidió la exoneración del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) a los productos panificados, en lo que hace a los fideos y los productos similares, tanto a los nacionales como importados.

“Se ha decidido en lo que hace a los panificados, en lo que hace a los fideos y productos similares la exoneración del IVA en lo que hace a los nacionales, actitud similar a los que importan esos productos y los derivados”, comentó el presidente.
Asimismo, el mandatario afirmó que se está analizando el régimen de importación de algunos productos que no son de Uruguay y que avanzarán en los asuntos que tienen que ver con los aranceles.
La exoneración parcial de impuestos significa en los hechos un renunciamiento fiscal para atemperar el impacto de los precios de la canasta familiar en los hogares más vulnerables, en tanto se analiza la perspectiva de incorporar un listado de productos que los supermercados puedan vender a precio de costo, planteada por el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

En todos los casos, de lo que se trata es de atender una realidad distorsionante y preocupante para el ciudadano, al margen de la realidad que consignan los datos macroeconómicos. Es que luego que en 2020 registrara su peor caída desde el año 2002, la economía uruguaya logró recuperar su crecimiento y recomponerse del impacto que significó la pandemia de COVID-19. según los datos del Banco Central del Uruguay, el Producto Bruto Interno (PBI) creció 4,4% frente al año anterior, resultado que “reflejó una recuperación de la situación económico asociado a la emergencia sanitaria”.

Pero la realidad del día a día es muy distinta para el ciudadano, porque los ingresos se les acotan y los precios suben sostenidamente, lo que deteriora la calidad de vida de los sectores más vulnerables y también de las empresas que colocan sus productos en el mercado interno, con afectación de fuentes de empleo pese a la recuperación pos pandemia.
Estamos evidentemente ante una escala de prioridades, y en ello debe manejarse cuidadosamente el Poder Ejecutivo y la coalición de gobierno para adoptar medidas que contemplen tanto las urgencias como el mediano y largo plazo, con los “platitos chinos” girando en medio de los avatares de la economía mundial, que lamentablemente desde hace dos años no nos ha dado tregua, con una calamidad encima de otra.
Y es que por sus debilidades estructurales históricas, como reza el dicho, a Uruguay no hay garúa que no lo moje, por más tenue que sea.
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Más de 30 organizaciones y colectivos nucleados en la Coordinación por el Agua realizaron una concentración el pasado martes en la capital del país, en la que denunciaron la falta de avances para la preservación de un recurso de primer orden como el agua, que aseguran está en franco deterioro en Uruguay.
“El agua es un bien común, finito, esencial e insustituible para la vida, al que todo ser vivo tiene derecho y se encuentra profundamente amenazado. Esto atenta contra la vida en todas sus formas e impacta en nuestro presente y futuro”, señalaron las organizaciones participantes, en una proclama leída en Plaza Libertad.
Pocas horas después, medios locales y nacionales divulgaron que la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) detectó la presencia de varios agroquímicos en muestras obtenidas en aguas tanto de una cañada afluente del arroyo Santana como de un desagüe provenientes del predio de la empresa UPM, en las cercanías de la ciudad de Guichón.
Si bien el tema no es nuevo, ya que en la última década han habido varios casos de cursos de agua afectados por agroquímicos en el departamento –en ocasiones debido al manejo irresponsable de envases– y también se ha encontrado rastros de endosulfán en análisis de peces capturados vivos en el río Uruguay, no por ello deja de ser preocupante.
Asimismo, con ciertos altibajos en cuanto a sus demandas y reclamos públicos, ha crecido también la preocupación social en relación a este asunto, en estrecho vínculo con la salud humana y otras producciones, como por ejemplo la apicultura, que ha resultado muy afectada.
La contaminación de cursos de aguas por agroquímicos provenientes de distintas fuentes, entre ellas el uso en predios agrícolas o productivos, es un problema presente en el territorio nacional que debe ser objeto de mayores controles para evitar la degradación de recursos sumamente valiosos desde el punto de vista ecosistémico, productivo y de uso humano.
En este sentido, si bien las personas podemos sobrevivir con unos pocos de sorbos de agua al día, el agua que consumimos diariamente a través de los alimentos es mucha más: son necesarios 15.000 litros de agua para producir un kilo de carne, por ejemplo.
Además de la problemática de los agroquímicos, existen otras amenazas como las floraciones de cianobacterias, los coliformes fecales y desechos industriales. En algunos casos –como en el río Santa Lucía– han sido necesarias estrategias de remediación que han demandado mucho tiempo, esfuerzos interinstitucionales y monitoreos y controles más exhaustivos para comenzar a lograr resultados.
Si bien han habido algunos avances en relación a la prevención de la contaminación de fuentes de agua, las autoridades también son conscientes de la necesidad de mejorar. Según lo expresado por el ministro de Ambiente, Adrián Peña, en una mesa sobre desafíos de la sostenibilidad organizada por el INIA a fines del año pasado, actualmente Uruguay monitorea en tiempo real el 90% de los efluentes industriales del país, aunque admitió que hay que mejorar el saneamiento y el tratamiento de los efluentes de las salas de ordeñe.
Por otra parte, los episodios de afectación del agua para uso humano han demostrado lo sensible que somos a la degradación de este recurso vital. Por ejemplo, en el año 2015 la crisis por la calidad del agua suministrada a la población del departamento de Maldonado disparó una fuerte polémica. No era para menos: durante varias semanas, cuando los vecinos abrían sus canillas recibían agua con mal gusto y mal olor, lo cual hacía imposible consumirla.
La situación llegó a tal extremo que la población se vio obligada a comparar bidones de agua mineral para tomar mate, cocinar o lavarse los dientes. Algo totalmente impensado en Uruguay, un país con numerosos cursos de agua y una vasta red de suministro de agua potable a la población. De acuerdo a lo informado por las autoridades en ese momento, la situación se debió a un alga presente en Laguna del Sauce, que aprovisiona la red de agua potable de Maldonado.
En general, la contaminación de los recursos hídricos de agua dulce por la aparición de algas es uno de los problemas complejos recurrentes que requieren mediadas de remediación y prevención que no siempre son fáciles de instrumentar y en regiones como el litoral, involucran a los tres países que tienen costas sobre el río Uruguay. En este sentido, la construcción de plantas de tratamiento de efluentes del saneamiento que hoy se arrojan “crudos”, resulta una necesidad largamente postergada que debería revertirse lo antes posible.
En lo que respecta al sector productivo, es clara la presión que su actividad ejerce sobre el medioambiente debido a determinados modelos productivos, la intensificación de algunas actividades del sector y la falta de acciones específicas para algunos sectores de la actividad nacional.
La calidad y contaminación del agua de los cursos y lagunas desde donde se toma para potabilizar es un tema sobre el cual hemos editorializado varias veces por entender que está tomando dimensiones realmente importantes. Uruguay posee un gran caudal hídrico y compartimos con Brasil y Argentina uno de las reservas de agua dulce más grandes del mundo –el Acuífero Guaraní—, a la vez que contamos con agua potable en un alto porcentaje de hogares en todo el país y existen numerosos ríos, lagunas y arroyos que abastecen aguadas para el ganado y regadíos para la agricultura.
Todos estos recursos hídricos constituyen un capital de primer orden para el país. Probablemente en el futuro sean aún más importantes que los combustibles, por la sencilla razón que se pueden crear otro tipo de fuentes energéticas para abastecer el conjunto de los sectores económicos de la sociedad, pero no se puede fabricar agua dulce.
El Estado, el sector privado, la academia y la sociedad civil tiene una responsabilidad a asumir para defender, preservar y manejar responsablemente el agua más allá de los discursos y las buenas intenciones. El cumplimiento de la normativa ambiental –que no es escasa– resulta fundamental, así como la intensificación de monitoreos y controles por los organismos que poseen competencias que involucran al agua.
La riqueza del agua dulce se encuentra con diferentes niveles de amenazas y enormes desafíos que nos interpelan como sociedad. La búsqueda de soluciones de protección y sustentabilidad es clave hoy y lo será también en los próximos años. Eso es algo que, como señala el dicho popular, debería estar claro como el agua.
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A comienzos de este mes el presidente de la República, Luis Alberto Lacalle Pou, se mostró muy optimista respecto a la posibilidad de dar por terminada la emergencia sanitaria que rige en el país desde el 13 de marzo de 2020. Entiéndase bien: dar por terminada la emergencia sanitaria, que no es sinónimo de decretar la conclusión de la pandemia, que es otra cosa. La Emergencia sanitaria es una declaración de excepcionalidad que le permite al gobierno tomar decisiones para hacer frente de mejor manera a una situación extraordinaria que afecta al país.
El mandatario, en declaraciones que formulara a radio El Espectador, decía que considerando tanto el contexto actual del país, como la situación a escala internacional, se podría levantar esta situación de excepcionalidad, pero que las limitaciones eran justamente algunas de estas “herramientas” que el decreto le otorga al gobierno. De todos modos, se dijo optimista respecto a que “en los próximos tiempos” se pueda dar ese paso.
“Todos los días me levanto con la intención de que cese esa emergencia. El tema son las herramientas que le genera esa emergencia sanitaria al gobierno y hay que tener claro si no se van a necesitar, pero ya debería ser hora de cesarla, según lo que está pasando en el mundo y en Uruguay. Lo venimos pensando hace bastante tiempo, hace siete meses. Después hubo un pico de contagios, quizás en estos próximos tiempos podremos avanzar en este sentido”, fueron las expresiones del presidente.
A comienzos de esta semana en Uruguay se habían contagiado el coronavirus más de 882.700 personas, de las cuales la gran mayoría superó la enfermedad incluso sin presentar síntomas, aunque muchos compatriotas sí los sufrieron y 7.154 perdieron la vida en el contexto de esta pandemia.
En el mundo las muertes, de acuerdo a los datos que publica el Sinae en su Monitor Integral de Riesgos y Afectaciones (MIRA) las muertes ocasionadas por este mal han alcanzado los 6.126.493.
La variante Omicron, cuyas principales características son una mayor contagiosidad, pero a la vez una menor mortalidad, sigue siendo la predominante en el mundo, y no se puede decir que se esté acercando a su desaparición. De hecho desde hace pocas semanas China enfrenta el mayor brote de casos de COVID-19 desde la primera ola de la pandemia, con confinamientos gigantescos entre la población, por ejemplo en las grandes ciudades de Shenzhen, de 17 millones de habitantes, y Changchun, con nueve millones de residentes, luego que ambas superaran la barrera de los 1.000 contagios. Considerando otros brotes localizados por el resto del país, ahora mismo hay más de 37 millones de personas confinadas en China.
¿Pero qué se espera que ocurra? Porque si bien estos casos se detectan y las medidas se deben tomar de acuerdo a los protocolos vigentes, no deja de tener esta enfermedad características bien diferentes a las de cuando todo comenzó, al menos con esta variante (que puede ser reemplazada por otra más agresiva, si tiene a mano toque madera).
En Europa, tal vez en aras de dar un mensaje optimista (y porque también tienen otras preocupaciones ahora mismo), esperan que la salida a la pandemia sea cuestión de algunos meses. Se dirá que ya se habló de algunos meses de duración cuando todo empezó, en los primeros meses del 2020, pero se supone que ahora es diferente, que se conoce más sobre el virus y su comportamiento.
Hans Kluge, director regional de la Organización Mundial de la Salud en Europa, considera que el fin de la pandemia podría estar cerca y cree que la COVID-19 se transformará en enfermedad estacional en los próximos meses.
Estimó que “a medida que disminuya la ola de Omicron, habrá unas semanas o meses de inmunidad global, gracias a las vacunas o porque la gente se habrá inmunizado al contagiarse y a la baja estacionalidad. Así que anticipamos que habrá un periodo tranquilo antes de que a finales de año vuelva la COVID-19, aunque no necesariamente la pandemia”. Agregó que considera que “plausible que la región camine hacia una especie de fin de la pandemia, no de la COVID-19, pero sí un fin de juego pandémico”.
Claro que no en todo el mundo están de acuerdo con esta visión. En un artículo que escribió invitado por el New York Times, John M. Barry, investigador distinguido en la Escuela de Salud Pública y Medicina Tropical de la Universidad de Tulane –autor de La gran gripe: la pandemia más mortal de la historia, sobre la pandemia de 1918, conocida como la Gripe Española–, advirtió a comienzos de este año que no se debería repetir el error de dar por terminada la pandemia de forma anticipada.
Recordó en su artículo que la mayoría de las historias sobre la pandemia de gripe de 1918, que cobró la vida de al menos 50 millones de personas en todo el mundo, dicen que concluyó en el verano de 1919, cuando la tercera ola de este contagio de las vías respiratorias amainó por fin.
Sin embargo, afirma, “el virus siguió causando la muerte de más personas. Una variante aparecida en 1920 fue tan letal que debería haberse considerado una cuarta oleada. En algunas ciudades, entre ellas Detroit, Milwaukee, Mineápolis y Kansas City, Misuri, hubo más muertes incluso que en la segunda ola, la responsable de la mayoría de las muertes de la pandemia en Estados Unidos”. Esto, dijo Barry, “ocurrió a pesar de que la población estadounidense tenía suficiente inmunidad natural contra el virus de la gripe luego de dos años de varias olas de infecciones y después de que la letalidad viral de la tercera ola había disminuido”.
En casi ninguna ciudad de Estados Unidos hubo una respuesta durante 1920. “La gente estaba cansada de la gripe, al igual que las autoridades. En los periódicos abundaban noticias aterradoras sobre el virus, pero a nadie le importaba. La gente de esa época ignoró la cuarta ola, y los historiadores hicieron lo mismo. El virus mutó y se convirtió en la gripe ordinaria de temporada en 1921, pero el mundo ya había pasado página desde mucho antes”, indicó.
Ante este escenario, y aun conociéndose algunas flexibilizaciones que el gobierno está pensando adoptar por ejemplo en cuanto a las exigencias para ingresar al país, parece cuando menos prudente que no se haya dado todavía ese paso de dar por terminada la emergencia. Al fin y al cabo, con emergencia y todo hemos podido, por ejemplo, celebrar recientemente un nuevo masivo acto eleccionario con altísima concurrencia a las urnas, cumplir con toda la programación de carnaval sin restricciones, ver a Uruguay clasificar al mundial con un Estadio Centenario colmado al límite de sus posibilidades y esperemos, dentro de pocos días, reencontrarnos con una nueva Semana de la Cerveza, que tan importante es para tantos sanduceros.
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Con el resultado jurídico de que quedan firmes los 135 artículos plebiscitados de la Ley de Urgente Consideración (LUC) se dirimió el referéndum promovido por el Pit Cnt con el apoyo del Frente Amplio y “organizaciones sociales” satélites, y ha quedado atrás el fragor de una campaña catalogada justificadamente como “sucia” por la serie de falsedades, verdades a medias y cuestionamientos traídos de los pelos tratando de descalificar a determinados exponentes de la campaña para influir de alguna forma en el electorado.
Decíamos al respecto desde esta página que a medida que nos íbamos acercando a la fecha de la consulta popular respecto a la LUC lamentablemente se venía planteando gradualmente el temido escenario de pugna de eslóganes, descalificaciones y cuestionamientos que apuntan a la desinformación, parcialización y/o falsa “información” sobre el tema, en aras de llevar agua hacia los respectivos molinos.
En realidad, números más, números menos, la ventaja del NO corresponde a los porcentajes que se dieron en el balotaje de noviembre de 2019, con un país que se presenta dividido en dos grandes bloques en cada elección, y en este caso, al igual que en esa oportunidad con una leve ventaja para el actual oficialismo, lo que indica un respaldo significativo para un gobierno que en estos dos años ha debido enfrentar factores convulsionantes, como la pandemia y más recientemente la invasión rusa a Ucrania, con efectos devastadores para la economía mundial, incluyendo los valores del petróleo, inestabilidad y costos que se traduce en aumento general de precios, que han repercutido inmediatamente en nuestro país.
El punto es que sin dudas los uruguayos han votado en esta consulta respecto a temas claramente de índole jurídica, que son muy difíciles de evaluar tanto en el significado del articulado de la LUC como en sus consecuencias, por lo que pese a los eslóganes y los intentos de “convencer” a los indecisos por parte de los militantes de izquierda, el electorado se ha pronunciado en base a los lineamientos de los dirigentes partidarios que les merecen más confianza –además de responder al bolsillo de cada uno–, y ello explica el sufragio que se ha dado claramente expresado en cada departamento en base a los alineamientos de anteriores elecciones.
Ello pese a la enorme gama de “razonamientos” y “argumentos” que se difundieron a través de los medios –ni qué decir dentro del monstruo de desinformación, intolerancia y agresividad en las redes sociales– para engañar a la población o inducirla a votar la papeleta celeste o la rosada, por el NO y el SI respectivamente.
En realidad, difícilmente algún artículo de la LUC entre los 135 cuestionados le va a cambiar la vida a alguien, salvo en lo que tiene que ver con la postura contestataria de determinados colectivos –sobre todo gremios de la enseñanza, la salud, Fancap, entre otros– que fueron los que llevaron la voz cantante y la posta en la campaña, y lograron arrastrar a determinados sectores.
La idea precisamente de los promotores del SI ha sido la de dificultar la tarea de gobierno, porque desde el punto de vista ideológico del movimiento sindical y los grupos radicales del Frente Amplio las medidas adoptadas por la coalición de gobierno van en dirección contraria a su visión estatista y de predominio del empleo público por sobre la inversión y el empleo privado, las inversiones de riesgo, porque tienen al Estado como el gran benefactor con el dinero de todos, sin necesidad de que primero haya que crear riqueza para poder distribuirla.
Pero un episodio ilustrativo de la irracionalidad de la campaña tiene que ver con el tema de la seguridad, protagonizado por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y varios de los dirigentes de mayor relieve en la coalición de izquierdas, cuando intimaron al Ministerio del Interior a que investigue medio centenar de denuncias que a su juicio constituyen flagrante abuso policial, nada menos que a pocos días del día de la consulta popular, tratando claramente de influir en el electorado indeciso.
Pero este intento queda en evidencia como lo que es, una maniobra tratando de entreverar los tantos, porque el Ministerio del Interior en una semana relevó los expedientes de los 50 casos denunciados, y quedó plenamente demostrado que no hay ningún policía formalizado en los casos presentados, que misteriosamente no había denuncias previas en 37 de los 50 casos presentados y que 45 tienen delincuentes formalizados y condenados luego por la Justicia, en tanto otros cinco están fugados por delitos como estafa, abuso sexual y rapiñas.
El escándalo fue tal que el Ministerio del Interior pidió una disculpa formal, a lo que el presidente del Frente Amplio respondió que en realidad el FA sólo se limitó a recibir las denuncias sin investigar su veracidad.
Lamentablemente, se ha apelado al todo vale para influir en la opinión pública, que una vez más ha demostrado ser más perceptiva sobre la realidad que los dirigentes que pretenden manipularla creen, y en gran medida supo discernir entre la sustancia y la espuma, entre las apelaciones a votar por los explotados contra los explotadores, a los buenos contra los malos.
Estamos por lo tanto ante un respaldo ciudadano a una norma claramente distorsionada por la oposición en sus alcances y significado, pero naturalmente no debe tomarse como un cheque en blanco para el gobierno, sino como un apoyo crítico condicionado en los temas que comprende, que van en la buena dirección.
El punto es que ejercer el gobierno desgasta, cuando se hace con responsabilidad y no con un espíritu voluntarista para llegar hasta la próxima elección, sobre todo cuando al ciudadano común le acucian problemas mucho más graves que la LUC o la no LUC, que refieren al empleo, a la caída del poder adquisitivo en salarios y pasividades debido a las subas de precios por encima de los ingresos, a la necesidad de promover empleo genuino a través de inversiones en el sector privado.
Es en esta dirección que debe tomarse la expresión del electorado, en hacer hincapié en políticas que permitan sustentabilidad de las fuentes de empleo, en la recuperación del salario real y las pasividades, en apuntalar las empresas para que puedan generar oportunidades de trabajo, por citar aspectos esenciales en una gestión de gobierno, porque hay situaciones que no pueden esperar a supuestas reformas estructurales que es muy difícil de encarar sin mayorías especiales y un margen de tiempo muy acotado para que den el resultado esperado. → Leer más

Una vez finalizado el proceso electoral con el referéndum, el cuerpo legislativo se apresta a llevar adelante una agenda parlamentaria que prácticamente se detuvo a raíz de esta campaña, donde algunos temas cruciales siguen pendientes.

El oficialismo finalizó 2021 y empezó 2022 con escasas discusiones internas, en tanto debió enfrentar a una oposición fortalecida por campañas mediáticas que lograron instalar en los medios de comunicación y las redes sociales, aspectos referidos a la seguridad ciudadana, supuestas denuncias de abuso policial o la situación patrimonial de socios de la coalición de gobierno.
Tal es el caso del senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, en momentos en que se exponía a la consideración ciudadana dos artículos sobre el Instituto Nacional de Colonización. O las “50 denuncias” basadas en el accionar de efectivos policiales y que fueron presentadas en una conferencia de prensa por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Todo enmarcado en una maratón de denuncias como nunca antes se había visto. Al menos en Uruguay, algunas de ellas con desenlace vergonzoso para la parte denunciante, como es el caso de los supuestos abusos policiales que no existieron.

Esta campaña, que sirvió para medir las fuerzas de una militancia ansiosa, es posible que no termine acá. Aún resta la reforma de la seguridad social, cuyo proyecto se encuentra en una comisión de redacción para ingresar al Poder Ejecutivo. El proyecto, que fue anunciado durante la campaña presidencial de Luis Lacalle Pou, plantea la posibilidad de encarar una campaña de similares características al referéndum que cuestionó artículos de la LUC.
Por lo tanto, lo que queda de este año, junto a 2023 y 2024 tendrá una intensidad que habrá que esperar con paciencia. La oposición al gobierno, bajo el control absoluto del Pit Cnt junto con organizaciones sociales que llevaron adelante la anterior recolección de firmas, otean el horizonte cercano. Y en el Palacio Legislativo, hacen lo mismo.

El 2023, como año preelectoral, tendrá sus particularidades. El siguiente, con las elecciones internas, el posicionamiento de los candidatos y las elecciones nacionales, servirá para despejar las incógnitas presentadas durante estos años, que también son de campaña.
Por eso, habrá que pasar todo este período, donde las discusiones, lejos de acabarse con el resultado de ayer, irán por más. La coalición está interesada en retomar discusiones que quedaron por la mitad el año pasado, cuando la pandemia y la LUC dominaban las agendas.
El Partido Nacional quiere darle curso a la Ley de Medios, que se encuentra trancada en la Cámara de Diputados, la tenencia compartida, la prisión domiciliaria a personas mayores de 65 años o la legalización de la eutanasia, una iniciativa presentada por el actual presidente de la Cámara de Diputados, el colorado Ope Pasquet.

Existe un proyecto, además, que pretende declarar “emergencia” a la “pandemia de suicidios”, según lo definió el senador Germán Coutinho. Es el mismo legislador que junto al senador nacionalista, Sebastián Da Silva, impulsan la desmonopolización de Ancap. O la propuesta de Cabildo Abierto para concretar una reforma tributaria, además de la creación del delito de prevaricato que sancione a jueces y fiscales que prejuzguen sobre la vida privada. Este último caso, trae a colación el video viral que en Tik Tok grabó una jueza, al hablar sobre “estereotipos machistas”.
La creación del Instituto Nacional de la Granja es una propuesta que destacan tanto de un lado como de otro y pese a que el cambio fue creado dentro de la LUC, allí se establecía la necesidad de elaborar un proyecto de ley que defina las competencias del nuevo organismo, a través de un articulado específico. El nacionalista Jorge Gandini pretende “flexibilizar” las condiciones del clearing, hacia donde marcharon muchos uruguayos que se endeudaron a partir de la pandemia y no pudieron enfrentar sus obligaciones por pérdida de empleo o salarios, y con la bancarización obligatoria impulsada por los gobiernos del Frente Amplio quedaron presos de una situación de la cual es casi imposible salir. Sergio Botana, del mismo partido, propuso soluciones nuevas a los deudores del Banco Hipotecario, que reclaman desde hace años por la regularización de sus situaciones. O la propuesta que enviará el gobierno sobre la reforma de una ley que viene del gobierno de José Mujica, para la internación de personas en situación de calle con consumo problemático de sustancias. Y, finalmente, la Rendición de Cuentas a partir de junio.

Hasta ahora, el Parlamento estuvo abocado a trámites y se reunió para aprobar iniciativas específicas y bastante menores, como por ejemplo, la quita del IVA al asado ante el impulso de los precios de productos de la canasta básica. Todo lo demás, fue tiempo dedicado al referéndum planteado desde el partido de oposición y las bases.
Sin embargo, –y tal como vemos en el detalle muy somero de la agenda parlamentaria– hay asuntos no resueltos más importantes. Son, en cualquier caso, situaciones que pueden modificar la vida o el patrimonio de las personas. Pero el futuro no es halagüeño, si es que se concretan los anuncios que se escuchan en los pasillos militantes.
Es muy posible que se encuentre a un electorado cansado de campañas, de la grieta que se alimenta de cada discurso político y en las redes y obligado a ver cómo discuten los políticos por temas que, en el fondo, no le transformarán su existencia.

Incluso hay una parte de ese mismo electorado, que está abocado a mejorar su vida personal y familiar, en el intento de zurcir lo perdido en varios aspectos. Porque la pandemia no pasó y siguió de largo, sino que atravesó la mente el cuerpo y el bolsillo de quienes padecieron las peores circunstancias. Y no sólo materiales.
A ese público le debe respeto la clase dirigente y el compromiso de empezar a trabajar, porque ya se han perdido tres meses de cotilleo. → Leer más

La “cancelación” puede considerarse un fenómeno de esta era híbrida, donde muchos de los miles de millones que pisamos este planeta viven parte de su vida en esa surte de dimensión virtual que conocemos como redes sociales. Allí, en ese éter digital, fue donde empezó la cancelación, el unfollow y el block, en español “dejar de seguir” y “bloquear”. Cuando uno deja de seguir y bloquea a otra persona en Twitter, Facebook, Instagram y el largo etcétera que le sigue, simplemente deja de tener noticias de esa otra persona, desaparece, pasa a estar cancelada. Claro, el principio no era más que un número que retrocedía en una estadística muy apreciada por los usuarios de las redes. Pero de la mano de otro fenómeno, la viralización, la cosa se empezó a volver masiva y a realmente comenzó a afectar al “cancelado”, porque las consecuencias empezaron a permear hacia la vida real.
Pero ahora, en lo que parece una nueva fase del fenómeno, estamos comenzando a tener “cancelaciones” directamente en la vida real. Cancelaciones absurdas, más allá de que se invoquen los más nobles propósitos al llevarlas a cabo, como intentar frenar una guerra. Y es lo que está pasando. En los últimos días, desde el inicio de la incursión (ilegal e injustificable, por cierto) de Rusia en Ucrania que se vienen repitiendo acciones que pretenden absurdamente solapar el legado cultural y científico de Rusia a la humanidad. Un legado cuyo valor es imposible discutir.
Circula por las carreteras de la información una publicación que resume algunas de estas acciones. “Prohibieron la ópera Boris Godunov en Varsovia, prohibieron un curso de Dostoievski en Italia, echaron de la filarmónica de Múnich al maestro de maestros, cancelaron los conciertos de la Netrevko, Plácido Domingo no pudo llegar a Moscú para el concierto del 8 de marzo”. Quien escribió esto (se le atribuye a Laura Phoenix, pero no se lo pudo chequear) se pregunta si lo que sigue es “que se prohíba el uso de la tabla periódica de Mendeleiev en los colegios occidentales; Tchaikovsky tiene que ser declarado músico no grato en los teatros del mundo; el ballet Cascanueces será declarado antidemocrático y antioccidental; no se volverá a enseñar el cálculo de Demidovich en las universidades; las pinturas de Chagall, Repin, Surikov, Kandinsky y Filonov tienen que ser sacadas por la puerta trasera de los museos; quemamos los libros de Tolstói por zarista, los de Dostoievski por epiléptico, los de Ajmatova por libertaria, los de Doblatov por solo tener una maleta”.
Hubo además una serie de prohibiciones que afectaron a deportistas rusos por parte de distintas federaciones, deportistas que ya venían complicados porque no se les permitía representar a su país debido a los escándalos de dopaje, se les autorizaba a participar en competencias internacionales pero sin el estandarte de su país. Pero ahora fueron directamente cancelados. Cancelados no por sus decisiones (como puede asumirse ocurre en un caso de dopaje, ya que se asume que hay una responsabilidad del atleta al aceptar someterse a una práctica de este tipo), sino por la determinación de su gobierno, por una decisión política que no está a su alcance torcer. Y por más que públicamente muchos se hayan manifestado en contra de la decisión de su país, igual, ha sido borrados de toda competencia.
Esto partió de una recomendación del Comité Olímpico Internacional a las federaciones deportivas de prohibir la participación de atletas rusos y bielorrusos en las competencias internacionales por haber violado ambos países la “tregua olímpica”. Recordemos que se estaban disputando los juegos olímpicos de invierno cuando se produjo la invasión, y lo que se interpreta es que “mientras que los atletas de Rusia y Bielorrusia podrían continuar participando en eventos deportivos, muchos atletas de Ucrania no pueden hacerlo debido al ataque a su país”. Una justificación para aplicar la cancelación generalizada a atletas que no han sido consultados respecto a su postura frente a esta guerra.
Otro caso emblemático es el de Yuri Gagarin. Conocido en todo el mundo, el astronauta ruso fue el primer ser humano en ir al espacio. Se decía que se le habían retirado en la Fundación Espacial (con sede en Colorado Springs, Estados Unidos) todos los honores. La institución desmintió este extremo, pero aclaró que lo que sí hizo fue modificar el título de un evento que celebraba anualmente y que llevaba por nombre “Yuri’s Night” (La noche de Yuri), por “A Celebration of Space: Discover What’s Next” (Una celebración espacial: descubrir qué es lo próximo), lo que no hace mermar el reconocimiento a Gagarin y su hazaña. La organización –sin fines de lucro– indicó en un comunicado que al anunciar el evento de este año a fines de febrero y principios de marzo, “comenzó a recibir una serie de publicaciones negativas sobre Rusia”, por lo que “queriendo asegurarnos de que el enfoque de la noche se mantuviera en nuestros objetivos: el inicio del décimo aniversario del Centro de Descubrimiento de la Fundación Espacial y la recaudación de fondos para nuestros programas educativos, tomamos la decisión de cambiar el nombre”. Y es que así opera este fenómeno: por presiones que se van contagiando y reafirmando hasta obligar a la consabida cancelación.
Un absurdo colectivo que nos que pone de manifiesto la ridiculez a la cual estamos llegando como sociedad, completamente irracional, de la mano de los extremismos mucho más extremos que nunca gracias a la “aldea global” que nos hemos convertido.
¿O acaso en Uruguay deberíamos hacer de San Javier –pueblo de descendientes de rusos– un guetto hasta que termine la guerra porque en su plaza principal luce un juego de matrioska? ¡Esperemos que a nadie se le ocurra! Aunque la estupidez humana no tiene límites. → Leer más

Es llamativo el estancamiento de los canales digitales de Destino Termas. Tanto en la página web como en redes sociales la grifa que ha regresado en el actual período de gobierno muestra una pasividad preocupante para lo que demanda la competitividad de estos tiempos. Por ejemplo, desde el 28 de enero en la página de Facebook (facebook.com/destinotermasuy) que no se publica absolutamente nada. Los últimos “posteos” refieren a propuestas vinculadas bajo el título “Verano termas”, son en el departamento de Salto, una invitación a realizar cabalgatas y pocos días antes, sobre una actividad de buceo recreativo. Han transcurrido desde entonces dos meses de silencio. Nada de lo que recomiendan los manuales acerca de lo que debe ser la gestión de un canal de comunicación en redes sociales. De fidelizar audiencias ni hablamos.

La página en Facebook de Destino Termas tiene casi 8.000 seguidores y le gusta a unas 7.300 personas –a modo de comparación, la página de EL TELEGRAFO en Facebook cuenta con 93.624 seguidores y 86.487 “Me Gusta”–. En su descripción indica que “Destino Termas es un espacio de trabajo articulado y en clave de gobernanza entre intendencias y operadores privados de Paysandú y Salto, CTM Salto Grande, Cenur Litoral Norte (UdelaR) y Ministerio de Turismo” e indica que “En conjunto se trabaja fuertemente e implementan estrategias, buscando fortalecer y potenciar el Destino Termas y realizar una eficiente difusión de las propuestas turísticas junto al apoyo de los distintos operadores”. En Instagram es lo mismo: último posteo el 28 de enero (la misma cabalgata promocionada en Facebook) y cuenta con sólo 7.140 seguidores (EL TELEGRAFO 28.500).

Su objetivo, explicita, es “potenciar y promocionar la propuesta turística de los centros termales de Salto y de Paysandú”, la que incluye “Alojamientos: Hoteles, posadas, apart hoteles, cabañas, camping y estancias turísticas; servicios gastronómicos; Actividades y paseos: deportivos, recreativos, religiosos y culturales”.
Agrega que “Vinculado al turismo cultural, Destino Termas ofrece visitas a sitios de interés histórico y patrimonial, teatros, museos y destacados monumentos realizados por Eladio Dieste” y que, “acompañando estas propuestas, Destino Termas promueve el turismo de eventos”.

Más allá que como descripción de la propuesta cultural resulta bastante escasa la única mención a Dieste, resulta cuando menos llamativo que de todas estas propuestas culturales no se hace referencia alguna en la página, que simplemente se dedica a compartir flyers de propuestas comerciales. Acaso se replicaron sí eventos como la Cata de Tomates en Paysandú, el Salto Gourmet y hubo una autorreferencial publicación sobre presencia en la Feria Internacional de Turismo (que poco importa a quien llega a la página en busca de información turística). Pero, sin ir más lejos, nada se menciona de los numerosos espectáculos musicales que han habido en Salto y Paysandú en este tiempo, eventos como el Carnival Fest, el carnaval tradicional, o el novedoso festival salteño de Cine Nox. Ni siquiera la Semana de la Cerveza ha merecido un comentario para Destino Termas.

No hay que andar haciendo mucha especulación sobre si la región turística ganó o perdió con el cambio de Destino Termas por el Corredor Pájaros Pintados. Y se argumentará, como lo hizo el ministro Tabaré Viera, que Destino Termas no reemplazó a Pájaros Pintados. Y así es aún peor, porque si la idea es que el litoral llevara como marca “Región Litoral”, como lo hacen la región Este, el Centro Sur, el Norte y el área Metropolitana, basta una simple búsqueda para constatar que ni siquiera tiene una página.
Mientras tanto Destino Centro Sur acaba de realizar una presentación de dos días en el Mercado Agrícola de Montevideo (MAM), a la usanza de las que empezó haciendo el Corredor. Fue una idea nacida en el Corredor Pájaros Pintados ese desembarco en Montevideo que después siguieron haciendo las demás regiones. Hoy la Región Litoral no está en condiciones de hacerlo porque ni siquiera existe como ámbito de articulación de las políticas turísticas. También se perdió.

A veces cuesta entender este reproche con el que tanto insistimos, y se argumenta que hay detrás una cuestión política. Detrás de este reclamo lo único que hay es la constatación de que se tiró abajó el intento más serio por desarrollar una cadena turística en esta región, en toda la región. Porque sí, es cierto, hay un departamento que notoriamente lleva la delantera en el turismo regional y a algunos de los actores del lugar no le interesa más que eso, y está bien, están en su legítimo derecho. A quienes no podemos perdonarles que se hayan descuidado lo que se había conseguido durante varios años de trabajo, es a quienes tienen la responsabilidad de la toma de decisiones.

Lo extraño de todo esto, es que la página en Facebook del Corredor Pájaros Pintados sigue existiendo (facebook.com/CorredorPajarosPintados), lo hace con el nombre “Corredor turístico del río Uruguay”. Tiene más de 11.700 seguidores (mucho más que “Destino Termas”, por cierto), se actualiza con mucho mayor frecuencia y se ocupa de dar difusión a numerosas actividades que se realizan tanto en localidades pequeñas como en las capitales departamentales, aunque principalmente del departamento de Soriano. Sin ser lo ideal se parece mucho al trabajo que se debería hacer para impulsar el turismo en la región, se parece mucho a lo que se venía haciendo y hoy ya no hace nadie. → Leer más

El cobro de altas tasas de interés, enormemente desproporcionadas respecto al nivel de inflación, viene desde hace ya varias décadas en el Uruguay, pero más allá de las quejas de la población y menciones esporádicas de actores políticos, incluyendo a los mismos parlamentarios, poco y nada se ha hecho para tender a nivelar esta diferencia, que implica en sí elevadas ganancias para quienes vuelcan dinero a créditos para el común de la población.
Por supuesto, es un tema de muchas puntas, por cuanto en el medio hay un sistema de intermediación, de controles, de encajes bancarios, de costos administrativos, de incobrables, de regulación del Banco Central, que determina que no toda esta brecha entre el IPC y el interés que se cobra por el dinero vaya a manos de la banca y las administradoras de crédito.
Por lo tanto, no puede extrañar que pese a manifestaciones de dirigentes políticos que quieren regular estos cobros desmedidos en el mercado financiero, no se haya llegado a un acuerdo para hincarle decididamente el diente, como se viene reclamando.
En este sentido el diputado del Partido Independiente, Cr. Iván Posada, anunció en las últimas horas a EL TELEGRAFO que “a nivel de la coalición vamos a presentar un proyecto que va a estar dando respuesta a muchos de los problemas que se han planteado por parte de la gente en relación a las altas tasas que se cobran, fundamentalmente fuera del propio sistema bancario, es decir por lo que son administradoras de créditos”.
Este tema “este año sin dudas va a ser abordado en el ámbito de la Comisión de Hacienda, que es la que yo integro en el ámbito parlamentario”, aseguró considerando que “el tema de la usura, ha estado presente y que indudablemente afecta en general a todos los uruguayos”, refirió.
Amplió el parlamentario que esa respuesta se va a estar implementando a través de un proyecto de ley, “en el cual hemos conversado y acordado a nivel de la coalición y que vamos a estar presentando en las próximas semanas, una vez superada esta instancia del 27 de marzo”.
Explicó que ese proyecto apunta a tratar de regular de una forma más precisa el tema de los topes de las tasas de interés. “Hoy tenemos un sistema que toma en cuenta las tasas medidas del mercado, pero que en realidad el desempeño que se tiene de las tasas está muy por encima de lo que es, por ejemplo, los niveles de inflación que tiene nuestro país, por lo cual entendemos que son tasas que no se corresponden con la realidad del crédito de nuestro país”, reflexionó.
Destacó que la intención es establecer una regulación más precisa “para que no se den situaciones como las que se están viendo, con tasas de interés superiores al 100%”, cuando la inflación promedio es del orden del 8 por ciento anual, precisamente.
Naturalmente, como bien señala Posada, generalmente la demanda por estos créditos corresponde a personas que pertenecen a sectores de ingresos más bajos, y “consecuentemente se genera allí una espiral que al fin de cuentas termina generando situaciones realmente dramáticas para muchas familias”, por cuanto otros sectores en mejor situación tienen acceso a otras fuentes de crédito, a nivel bancario y sobre todo de la banca estatal como el Banco de la República, donde las tasas de interés, pese a ser altas respecto a la inflación, no llegan al nivel de multiplicar por diez el índice de IPC, lo que genera notoria distorsión en la capacidad de pago.
Debe tenerse presente que aunque se han presentado diversos proyectos en estos años para corregir elementos del delito de usura, estos planteos han quedado relegados durante los gobiernos del Frente Amplio –aún con el impulso a la inclusión financiera y control estricto del sistema bancario que llevó adelante– pero tampoco han avanzado significativamente en la administración de gobierno actual.
Se trata de proyectos tendientes a modificar la Ley de Usura y crear procedimientos para la reestructuración de la deuda de personas físicas, lo que a juicio de varios legisladores tiene vínculos directo con abusos en la aplicación de tasas de interés, que son exorbitantes, y que afecta a los segmentos más pobres de la población.
Uno de los defensores de la instrumentación de modificaciones a la normativa en vigencia es el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, quien ha manifestado al respecto que “se terminan pagando intereses de ciento y pico por ciento en un país donde la inflación no llega a dos dígitos. O sea que no tiene goyete y se lo permiten hacer. Lo hacen financieras que dependen de los bancos principales, casi todas ellas. Esa usura termina con que el ciudadano no tiene formas de salir. Entra en una calesita de la cual no tiene salida”.
En 2020, fue presentado un proyecto de ley sobre el tema que ha pasado a la Comisión de Hacienda del Senado, y en la exposición de motivos la iniciativa expresa que las ideas rectoras se basan en la legislación de Nueva Zelanda.
A su vez el representante Daniel Peña, del Partido de la Gente, elaboró una iniciativa legislativa con el objetivo de generar una herramienta que sirva a los consumidores como protección de todo tipo de contratos de crédito, de manera que las “abusivas” tasas de interés no los lleven a un sobreendeudamiento.
La propuesta tiene por finalidad reformar y ampliar el alcance de la Ley de Usura, para así evitar la “muerte civil” de aquellos que acuden al crédito, “de la que difícilmente puedan salir, no por su falta de voluntad de pago, sino por la imposibilidad de pagar los adeudos luego de la aplicación descontrolada de los intereses”.
Es decir que hay inquietudes en el Parlamento que se han plasmado en iniciativas que se procura unificar para llegar a la aprobación de una norma que contemple una serie de elementos a tener en cuenta hacia uno y otro lado, porque no debe perderse de vista la realidad del sistema financiero.
Para Peña, “el sistema se transformó en un oligopolio de cuatro o cinco bancos que terminan regulando todo el mercado financiero”. Según explicó, dichas entidades fueron las que compraron la mayoría de las financieras, por lo cual manejan no solo el crédito bancario, sino también la mayoría del préstamo al consumo.
“Es un sistema muy maquiavélico que armó el Frente Amplio, que fue la bancarización obligatoria, donde una persona que hoy se atrasa en alguna cuenta, entra al clearing y pasa a ser un muerto civil”, puntualizó. Para evitar llegar a ese punto, comentó que los consumidores van entrando en un mecanismo que termina siendo muy injusto porque, en definitiva, quienes menos tienen son quienes terminan pagando más.
Igualmente, debe considerarse que la diferencia entre porcentajes de inflación y las tasas que se cobran no es tan lineal, por cuanto hay costos financieros muy significativos que dispone la ley y que se incrementaron durante los gobiernos del Frente Amplio, incluyendo encajes en el Banco Central, tributación y costos aumentados por componentes de riesgo de los créditos que debe asumir quienes están en el sistema, que hace precisamente que los buenos pagadores tengan mayores costos para que las entidades se cubran de los márgenes normales de morosidad.
Ese debería ser uno de los aspectos a contemplar en una norma de sentido común sobre la usura, en el marco de un equilibrio imprescindible para que no se beneficie a quien no paga y no lo subsidien los buenos pagadores del sistema.
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Así como la trazabilidad del ganado vacuno nos ha permitido mejorar en eficiencia y eficacia los agronegocios –además de agregar valor a un producto tradicional de exportación–, otras formas de trazabilidad se están explorando y poniendo en práctica en el mundo para mejorar no solo la ecuación económica sino la calidad de vida en el planeta.
Un claro ejemplo es la búsqueda de trazabilidad para los residuos que generamos diariamente, en ocasiones con escasa conciencia y mucho descuido sobre su disposición final y las posibilidades de disminuir su generación a través del reciclado o la reutilización.
El mundo produce la escalofriante suma de 2010 millones de toneladas de desechos sólidos municipales al año y el 30% no se gestiona adecuadamente, según el Banco Mundial. Tomando en cuenta sólo al plástico, según la misma fuente, antes de la pandemia se generaban 242 millones de toneladas de desechos plásticos, lo que equivale ni más ni menos que al peso de casi 3 millones y medio de ballenas azules adultas.
En los países de Latinoamérica y el Caribe la situación varía bastante entre un país y otro y las áreas rurales y urbanas, dado que algunas de estas últimas tienen coberturas de recolección de casi el 100% con disposición final en rellenos sanitarios adecuados, mientras que en otras partes el servicio de recolección es muy poco eficiente y es la propia población la que mayormente se deshace de la basura enterrándola, arrojándola en cursos de agua o quemándola a cielo abierto, todas prácticas muy nocivas para la calidad de los ecosistemas y que generan diferentes tipos de contaminación.
“La gestión inadecuada de los desechos está produciendo la contaminación de los océanos del mundo, obstruyendo los drenajes y causando inundaciones, transmitiendo enfermedades, aumentando los afecciones respiratorias por causa de la quema, perjudicando a los animales que consumen desperdicios, y afectando el desarrollo económico, por ejemplo, al afectar al turismo”, afirmó Sameh Wahba, director de Desarrollo Urbano y Territorial, Gestión de Riesgos de Desastres, y Resiliencia del Banco Mundial.
En Uruguay se generan más de 4 millones de toneladas de residuos de todo tipo al año (no solo domiciliarios), siendo el enterramiento el principal destino de estos residuos. En ese marco, la trazabilidad de los residuos uruguayos se plantea como un desafío en el camino hacia un Uruguay “más circular”.
El Ministerio de Ambiente entiende que a pesar de los esfuerzos realizados, la gestión de residuos a nivel nacional es inapropiada y el enterramiento es el principal destino final de los mismos.
En particular, la generación anual de residuos especiales reglamentados o en proceso de reglamentación bajo la responsabilidad extendida al productor/importador (REP) asciende a 142.501 toneladas, de los cuales la fracción de envases posconsumo es de 84.000 toneladas, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 37.634 toneladas, neumáticos fuera de uso 12.867 toneladas, baterías plomo ácido 5.000 toneladas y envases agroquímicos 3.000 toneladas.
La reciente convocatoria a empresas en el marco de un fondo concursable para la financiación de proyectos innovadores que permitan plantear soluciones, expresa que “los procesos de reciclado y valorización de residuos actuales resultan incipientes y se realizan en gran medida a través de canales informales, siendo elevada la cantidad de clasificadores que realizan la tarea en condiciones de alta vulnerabilidad y exclusión”.
Agrega que los datos asociados al flujo de residuos y a las operaciones que se derivan de su gestión se obtienen integrando información directa e indirecta que en general es parcializada, caracterizada por altos niveles de incertidumbre en la mayoría de los casos.
Por otra parte, hasta el momento no se cuenta con un sistema de gestión que permita asegurar la trazabilidad de las operaciones y a su vez, el control de ellas involucra un esfuerzo muy significativo, que repercute en un alto costo y baja eficacia.
Se entiende también que para potenciar la transformación de residuos a recursos es necesario trabajar en los procesos de segregación en origen, recolección selectiva y en fortalecer las capacidades nacionales de reciclado para que efectivamente se puedan obtener materiales de calidad que puedan inyectarse nuevamente en los ciclos productivos.
La referida convocatoria, realizada por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) en conjunto con la Red Latinoamericana de Agencias de Innovación (Relai) procura soluciones de trazabilidad que permitan hacer seguimiento de la gestión de residuos en todo el proceso, desde la generación, el transporte, operaciones de acondicionamiento previo al reciclado, procesamiento para el reciclado hasta el tratamiento o disposición final.
La solución deberá permitir el rastreo de los residuos sólidos industriales tanto para el generador como para el Ministerio de Ambiente, a través de sistemas que utilicen datos georreferenciados y de transmisión de información en tiempo real al Sistema de Información Ambiental que está alojado y administrado por el referido ministerio. A su vez, el diseño del prototipo deberá alinearse a la corriente de residuos sólidos categoría I (reglamentados según Decreto N° 182/013 – gestión de residuos sólidos industriales y asimilados).
Se entiende que el desarrollo de tecnologías de información al servicio de residuos y en particular al servicio de la trazabilidad de las operaciones, “permitirá dar saltos significativos en la gestión de la información asociada a residuos para lograr una gestión eficiente que asegure maximizar los canales de reciclado y disminuir los impactos ambientales derivados del vertido de residuos al ambiente”.
Contar con trazabilidad también permitiría colaborar con los proceso de formalización de las personas que trabajan en las cadenas de reciclaje, disminuyendo prácticas informales que ponen en riesgo la salud, hacer más eficiente el control y proveer a las autoridades ambientales de información clave para dar seguimiento al flujo de residuos en todo momento.
En definitiva, la apuesta es facilitar la resolución de problemas relevantes que afectan la eficiencia o la calidad en la performance ambiental de las empresas y los servicios públicos, con el objetivo de mejorarlos. Se trata de una meta deseable y necesaria a implementar para los residuos industriales antes mencionados y paulatinamente debería ser una herramienta a aplicar a la gestión de residuos en forma integral.
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Ayer fue el Día Mundial del Agua, que este año tuvo como tema central las aguas subterráneas, bajo el lema “Aguas subterráneas. Hacer visible lo invisible”, propuesto por Naciones Unidas.
El sentido de esta fecha, que se celebra cada año el 22 de marzo desde 1993, es sensibilizar sobre la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla. Esto la ONU lo asocia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6: “Agua y saneamiento para todos antes de 2030”.

Con motivo de esta fecha el Ministerio de Ambiente difundió cifras relacionadas con la importancia estratégica de este recurso, de acuerdo a datos de GroundWater Foundation: “más del 70% de la superficie terrestre está cubierta de agua, pero de esa agua, sólo el 1% está disponible para el uso humano. De ese 1%, el 99% está almacenado bajo nuestros pies como agua subterránea”. Agregó que esto se debe a que “el 97,5% del agua disponible es salada, el 2,5% es agua dulce, y de esta casi el 70% no está disponible para consumo humano, por encontrarse en forma de glaciares, nieve o hielo”.
Además se llevó a cabo una actividad centrada en el Acuífero Guaraní, una reserva de las más importantes del mundo de agua dulce, que compartimos con los países vecinos: Paraguay, Brasil y Argentina.

En nuestro país el Ministerio de Ambiente se encarga de llevar adelante las políticas en materia de agua, y como tal “ejerce la custodia de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, aplicando instrumentos de gestión integrada para promover el desarrollo social, económico y ambiental, de forma planificada y participativa, teniendo en cuenta los distintos usos y demandas de la población”.
Como parte de esta gestión se coordinan esfuerzos institucionales, dentro del mismo estado, con empresas y con la población civil, lo que se conjuga en los consejos y las comisiones de cuenca que forman del Plan Nacional de Aguas. “Son espacios de coordinación y sistematización que fomentan la gobernanza del agua brindando un lugar a todos los actores involucrados”, indica el Ministerio.

Las aguas subterráneas tienen múltiples usos. Se emplean para consumo, saneamiento, producción de alimentos y procesos industriales; son fundamentales para el buen funcionamiento de ecosistemas como los humedales y los ríos. Por ello la insistencia en esta fecha de protegerlas “de la sobreexplotación y la contaminación”.
La ONU considera además que las aguas subterráneas tienen un rol muy importante en la adaptación al cambio climático por la capacidad de los sistemas acuíferos para almacenar excedentes de agua superficial estacionales o episódicos, que pueden aprovecharse para mejorar la disponibilidad de agua durante todo el año, ya que sufren menos pérdidas por evaporación que los embalses superficiales. Pero para aprovechar todo el potencial de las aguas subterráneas hay algunos deberes que acometer.

El primero de ellos es conocer más sobre el recurso. Es palpable la falta de datos sobre las aguas subterráneas, pero no porque no existan, sino porque no se comparten. “En particular, las industrias del petróleo, el gas y la minería ya poseen una gran cantidad de datos, información y conocimientos sobre la composición de los dominios más profundos del subsuelo, incluidos los acuíferos. Como cuestión de responsabilidad social corporativa, se anima a las empresas privadas a compartir estos datos e información con los profesionales del sector público”, publicó la ONU.
La organización también entiende necesario “reforzar la normativa medioambiental”, dado que la contaminación de las aguas subterráneas “es prácticamente irreversible”, una vez que ocurre. “Sin embargo la aplicación de la normativa y el enjuiciamiento de los contaminadores suelen ser un reto debido a la naturaleza invisible de las aguas subterráneas”, agrega el informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo (WWDR por sus siglas en inglés), que vio la luz en la víspera. La organización además alienta a los gobiernos a asumir “el papel de custodios del recurso”. Finalmente recomienda “reforzar los recursos humanos, materiales y financieros”.

Y no es que en nuestro país no haya algunos instrumentos ya desarrollados para abordar estos temas. De hecho en el año 2013 se creó por decreto la Comisión del Sistema Acuífero Guaraní, como órgano asesor del Consejo Regional de Recursos Hídricos del Río Uruguay. Entre sus competencias está asesorar y colaborar con la gestión de los recursos naturales y emitir opinión de oficio o a solicitud de la autoridad competente sobre el otorgamiento de derechos de uso de los recursos hídricos y sobre proyectos de uso de recursos hídricos susceptibles de generar impacto sobre el Sistema del Acuífero Guaraní.

Las organizaciones sociales sanduceras que integraban este ámbito lo abandonaron en 2018, después de un sonado episodio de posible contaminación por parte de una empresa que realizaba estudios en busca de petróleo en territorio departamental, argumentando que no estaba funcionando. “Si una comisión que tenía previsto reunirse 3 o 4 veces por año, hace dos años y medio que no se reúne, quiere decir que no está funcionando, porque las problemáticas existen y son de público conocimiento”, afirmaban entonces integrantes de las organizaciones.
No se puede decir que este ámbito hoy no está funcionando, de hecho hay un registro de una reunión virtual realizada en el año 2020, en el mes de noviembre, donde se menciona que las principales inquietudes de los participantes “refirieron a la actualización del conocimiento del estado de las aguas subterráneas, ejecución y control de diversas actividades y emprendimientos para el cuidado del acuífero tanto en cantidad como en calidad del agua”. Agrega que “existe un claro acuerdo en que es relevante profundizar en la difusión del conocimiento y la normativa existente en relación con las aguas subterráneas”.

Este resumen, además de confirmar las preocupaciones que expresa ONU en su informe sobre el desconocimiento y la falta de control, es también una demostración de lo poco que ha logrado avanzar este ámbito que este año está cumpliendo 9 años, y en buena medida da la razón a los argumentos que esgrimieron las organizaciones al momento de abandonarlo. → Leer más