Resultados de la búsqueda de derechos humanos

Hace pocas horas, como saliendo de atrás de un tártago, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió una comunicación al gobierno de Luis Lacalle Pou, a través de la Cancillería, por la que esta comisión transmitió su inquietud por los hechos ocurridos la semana anterior en la plaza Líber Seregni en Montevideo, donde la Policía dispersó a grupos de activistas que se aglomeraron en este espacio, sin guardar las mínimas precauciones ni protocolos ante la pandemia, y además se rehusaron a retirarse y agredieron a policías que los exhortaron a dispersarse.
Nada nuevo bajo el sol en cuanto a este tipo de hechos, para los uruguayos que sabemos como viene la mano, porque han sido cosa corriente a partir de la permisividad y prescindencia con que se ha actuado por los sucesivos gobiernos del Frente Amplio, que han puesto énfasis en los supuestos derechos de activistas y delincuentes ante los de los ciudadanos de a pie, los que no cuentan con el apoyo de organizaciones sociales dominadas por grupos de izquierda y que forman parte de la maquinaria propagandística que sistemáticamente defiende a los sectores afines a su ideología.
En este último caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado informando que el gobierno tomó conocimiento de las comunicaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a lo ocurrido en Plaza Seregni en pasado domingo.
La CIDH tomó “nota con preocupación de la información recibida sobre distintos operativos policiales llevados a cabo el fin de semana con el fin de disolver reuniones sociales y culturales”, señaló en sus redes sociales.
Además, hizo énfasis en lo sucedido en Plaza Seregni, donde “según información de sociedad civil, la policía no habría priorizado el diálogo previo a su intervención”, lo que pone en clara evidencia que las “fuentes” de información de la comisión son precisamente los grupos de activistas y radicales que se colocan en postura de víctimas, cuando abundan los videos de la Policía en pleno diálogo y convocando a los asistentes a retirarse, lo que fue respondido con insultos y pedreas por los manifestantes.
Igualmente, la CIDH insólitamente llama a Uruguay “a adoptar un enfoque de derechos humanos en las medidas de contención de la pandemia, garantizando el derecho de reunión pacífica, sin armas, la libertad de expresión y el diálogo, en observancia de los estándares interamericanos sobre uso de la fuerza pública”, lo que es poco menos que un delirio, por no decir insulto, respecto a lo que ha sido la regla en nuestro país a partir del retorno a la democracia, por este y todos los gobiernos.
Ante el planteo de la CIDH, Cancillería señala que “en todo momento el gobierno ha utilizado como concepto central para manejo de la pandemia el de libertad responsable, apelando a la conciencia social de la ciudadanía para mitigar los riesgos derivados de la propagación del virus del COVID-19”.
Además, la secretaría de Estado señala que la Policía de Montevideo “se guió en todo momento por dicho principio, instando a las personas presentes en dicho espacio público, por medio del diálogo y la comunicación previas, a adoptar las medidas de precaución correspondientes y a disolver la aglomeración por los peligros que conlleva dicho tipo de conducta para la propagación del virus”.
“Ninguna de las personas presentes en las actividades en la Plaza Líber Seregni resultó herida, al tiempo que tres agentes de la Policía Nacional recibieron lesiones que los llevaron a ser atendidos en instituciones médicas”, añade el texto.
Asimismo, el gobierno “lamenta la precipitación y falta de imparcialidad de la CIDH al momento de pretender catalogar como presuntos abusos la actitud profesional de la policía uruguaya que resultó en la disolución de la riesgosa situación sanitaria para la población al tiempo que no generó lesión alguna en los ciudadanos involucrados en dicha instancia”.
En ese sentido, el gobierno “invita a la CIDH a seguir los procedimientos establecidos de comunicación previa con plazos razonables al Estado concernido, con anterioridad a emitir comunicaciones de esta naturaleza que prejuzgan equivocadamente respecto al preceptivo accionar de la institucionalidad de los estados”.
Además, considera “lamentable constatar que un órgano autónomo del Sistema Interamericano dedicado a velar por los derechos humanos pretenda hacer uso de su misión institucional para llevar adelante acciones incompatibles con la misión que los Estados integrantes de la OEA le han encomendado”.
“Debido a múltiples situaciones indudablemente críticas, todo lo relativo a los derechos humanos, su promoción y defensa es de suma trascendencia en el mundo actual y debe llevarse a cabo en forma continua, sólida y basada en información objetiva e incontrastablemente constatada; todo aquello que no se observa en el presente pronunciamiento de la Comisión”, concluye el texto.
Estas apreciaciones de la Cancillería no solo son pertinentes, sino un nuevo llamado de atención sobre la falta de equilibrio, las distorsiones y sesgo ideológico que surgen de los pronunciamientos o recomendaciones de la comisión, decididamente influenciada por los “datos” de las organizaciones y lobbies de izquierda locales que sin prurito alguno, y con la intolerancia que los caracteriza, disfrazan la realidad para llevar agua hacia su molino.
Es decir, reafirmando sus cuestionamientos al gobierno y por vía indirecta a la mayoría de los uruguayos que votó precisamente por el cambio de rumbo en cuanto al combate a la delincuencia y a los desbordes de los grupos de delincuentes y activistas que solo pretenden tener derechos y ninguna obligación hacia sus conciudadanos.
Lamentablemente, la combinación de ceguera ideológica e hipocresía de organizaciones y grupos de izquierda, se ha potenciado ante la frustración que les ha generado la expresión del pueblo en las urnas, y la respuesta la tenemos en este intento sistemático de victimización y de denuncia, sobre todo en Montevideo, el máximo reducto de esta expresión de “resistencia” nada menos que contra el veredicto popular.
Encima, tales organizaciones pretenden presentarse con un aire de imparcialidad, precisamente, cuando es notorio que en sus acciones demuestran una y otra vez que evalúan los hechos solo con el cristal con que quieren presentarlos, y lo que es peor, solo entienden que los derechos humanos deben custodiarse con su mirada particular, ajena a las demás opiniones, que son tan legítimas como las que se pretende imponer con discurso único e intolerante. → Leer más

No es secreto para nadie que desde hace años existe un lobby de ciertas “organizaciones sociales” que con una fachada de supuesta imparcialidad e inquietud por derechos de los ciudadanos, en realidad han desarrollado una actividad sesgada, con dirigentes de izquierda que también actúan en política partidaria, alineados con el Frente Amplio y con organismos internacionales que responden a una mirada parcial de la realidad.
Están en su derecho de expresarse y actuar en el marco de las normas consagradas en la Constitución, dentro de la institucionalidad democrática que gozamos en el Uruguay, donde precisamente desde el quiebre de la dictadura han actuado gobiernos de todos los partidos apegados a la legalidad, como el actual y los que lo antecedieron, más allá de algunos cuestionamientos por diferencias políticas que son características de países republicanos donde está vigente la libertad de expresión y el libre desenvolvimiento de las instituciones.
Pero es cuestionable que tales organizaciones pretendan presentarse con un aire de imparcialidad cuando es notorio que en sus acciones denotan que analizan las cosas solo con el cristal con que quieren presentarlas y, lo que es peor, solo entienden que los derechos humanos deben custodiarse con su mirada particular.
Uno de los aspectos que ponen sobre el tapete y que figura entre sus objetivos es en la práctica un cuestionamiento a la legítima autoridad de un gobierno y los organismos ejecutores, con la competencia que les da la Constitución y la ley, aún cuando las políticas que se instrumenten hayan sido refrendadas por la ciudadanía en la contienda electoral, como es precisamente el caso del gobierno que asumió el 1º de marzo de este año.
Uno de los mandatos de la ciudadanía ha sido el de acentuar la severidad de las medidas contra la delincuencia mientras que, en las antípodas de este mandato popular, estas entidades se han centrado en cuestionar el accionar policial apoyando en grado extremo los derechos de los delincuentes y poniendo sistemáticamente en duda todo lo que se haga en los procedimientos para reprimir y detener a los malvivientes.
Un instrumento en este sentido también lo constituyen actores en las redes sociales, quienes se representan solo a sí mismos, por supuesto, pero sistemáticamente divulgan su versión y a menudo hechos distorsionados de supuestos abusos policiales –no quiere decir que efectivamente en alguna oportunidad no haya desbordes que merecen acciones consecuentes– y son a la vez recogidos por grupos de presión y estas organizaciones como una verdad indiscutible.
Así, viene a cuento que entre las denuncias y hechos ampliamente divulgados figura el hecho ocurrido en una plaza de San José, donde supuestamente se ve en un video a un policía apuntar con un arma a un malabarista, lo que luego fue aclarado, como así también cuestionamientos político-ideológicos como el del intendente de Montevideo, Christian Di Candia, quien pidió una reunión al Ministerio del Interior por entender que el nuevo procedimiento policial “afecta la convivencia”.
En este sentido se cuestiona que la policía comenzara a pedir identificación en las calles y a realizar operativos en varios departamentos luego de que ya el 2 de marzo el presidente Luis Lacalle Pou se reuniera con los 19 jefes de Policía para darles lineamientos de la nueva estrategia policial y les manifestara su respaldo.
Una medida muy simple y eficaz, solo cuestionable por supuesto por los delincuentes o quienes tienen algo que ocultar, en tanto el ciudadano común, el que reclama con razón ser protegido por el Estado de la delincuencia, apoya la presencia policial en la calle e incluso reclama más efectivos y más patrullaje porque igualmente se siente indefenso.
La presencia policial en las calles, en la administración del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, incluye patrullajes aleatorios, en varias de las denominadas zonas calientes, sobre todo en la capital, donde hasta ahora no entraban los policías o cuando pretendían hacerlo, con escasos efectivos, eran corridos a pedradas e insultos por los “vecinos” que eran en realidad algunas familias de delincuentes.
Sin embargo, estas acciones reclamadas por los propios vecinos reciben el cuestionamiento de organizaciones que se centran en su visión ideológica de la realidad, a despecho de lo que piensa y siente el ciudadano común.
Así, tenemos por ejemplo que según la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), el Ministerio del Interior habría incurrido en una “actuación ilegítima” en varios operativos realizados en la zona de Malvín Norte, por procedimientos policiales que “violaron derechos humanos de las personas afectadas a partir del uso ilegítimo de fuerza no legal y letal”, haciéndose eco del relato en una carta pública escrita por un supuesto “referente” de la comunidad, ampliamente divulgada en redes sociales.
Más aún, en base a estos datos, surge que según este organismo, “en la actuación policial en todos los procedimientos relevados surge una clara disparidad entre la magnitud de la intervención y los resultados alcanzados, extremo que da cuenta, además, de la ineficacia del operativo”.
En cuanto a los resultados, este debería ser una evaluación desde el propio ministerio y no desde afuera, considerando tal vez “natural” lo que dice el “referente” en el sentido de que “las piedras son las únicas defensas contra el arsenal del cordón policial”, lo que nos trae a la memoria hechos que han ocurrido también en Paysandú en zonas que habían sido “copadas” por los delincuentes y donde la mayoría de vecinos honestos debe callarse ante el avasallamiento de sus derechos por la amenaza de los antisociales.
Por lo tanto, la voz de los “derechos humanos” está en los voceros de los delincuentes, recogida por estos organismos que sin embargo no se ocupan de levantar la opinión de las familias avasalladas por los malvivientes en estos barrios, donde la Policía no podía llegar porque a la entrada los recibían a pedradas y los corrían a palazos contra sus vehículos e insultos.
Es decir, una clara muestra de una dualidad de criterios y prescindencia que no habla para nada bien de los valores que dicen defender y que sí indica que solo se ve y se denuncia lo que se quiere ver, porque poco y nada interesa la realidad que vive el ciudadano común. → Leer más