A 32 días de producirse las primeras evacuaciones, ha regresado a sus hogares el 90% de la población afectada por las recientes inundaciones, que ascendió a un total de 4.209 personas.
En tanto, son aproximadamente 390 las personas que aún permanecen desplazadas, ya sea evacuadas y alojadas en diferentes lugares dispuestos por los comités de emergencia departamentales o en calidad de autoevacuados que han pasado a residir en forma temporal en casa de familiares, amigos, galpones u otros lugares que han conseguido o les han prestado para estar.
El informe del Área Hidrología de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande señala que la represa está evacuado un caudal de aproximadamente 10.000 metros cúbicos por segundo. Cabe señalar que en condiciones habituales, sin inundación, el caudal promedio es 5.500 metros cúbicos por segundo y el nivel del embalse se ubica en el entorno de los 35,40 metros. Esto significa que la creciente baja pero también persiste.
Como ocurre en cada crecida del río Uruguay, la población de Paysandú resulta ser la más afectada en el litoral. En este sentido los números no mienten: de las 391 personas actualmente desplazadas, 257 son de Paysandú, mientras que en Soriano hay 17 y Artigas finalizó en la víspera el operativo retorno. También hay aproximadamente un centenar de personas afectadas en Cerro Largo, por ejemplo.
El sector agrario también ha resultado fuertemente afectado por las inundaciones y el acumulado de días con precipitaciones que puede generar pérdidas directas (reducción de la cantidad o de la calidad del producto) o indirectas, como la imposibilidad de cosechar, sembrar u otras tareas de manejo, así como del traslado de la producción a los diferentes mercados de comercialización. Estas pérdidas indirectas alcanzan a los denominados cultivos de verano, como soja, arroz, maíz y caña de azúcar que están en zafra de cosecha. Los cultivos de invierno, como los de trigo, cebada y colza también se están viendo afectados por el anegamiento de los suelos que afecta el actual período de siembra.
Como bien han señalado los informes recientes del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), la situación también afecta a los productores debido a la pérdida de animales por inundaciones, falta de forraje para alimentaciones o la necesidad de incurrir en gastos extra por suplementación de alimento, imposibilidad de realizar manejo sanitario adecuado y dificultades para el traslado de ganado a los mercados de comercialización.
Lamentablemente, los especialistas advierten que se trata de situaciones que se incrementarán en las próximas décadas y con las cuales deberemos aprender a convivir. En Uruguay las inundaciones y sequías son los principales eventos climáticos severos, que tienen un impacto directo tanto en la población y las infraestructuras de las comunidades más vulnerables, como en los servicios básicos y las actividades económicas altamente dependientes del clima.
Más del 93% de la población uruguaya vive en ciudades y existen aproximadamente 100.000 personas y 34 mil viviendas que se encuentran localizadas en áreas urbanas con riesgo de inundación, de acuerdo a estudios de la Dirección Nacional de Agua (Dinagua).
Por otra parte, son escasas las medidas de prevención y mitigación que se han adoptado, en tanto por el momento tampoco se visualizan avances significativos en proyectos con financiamiento internacional destinados a tal fin.
A modo de ejemplo, cabe citar al proyecto titulado “Adaptación al cambio climático en ciudades y ecosistemas costeros vulnerables del río Uruguay”, firmado en octubre de 2020 entre Uruguay y Argentina, administrado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el cual anunció el otorgamiento de un total de 14 millones de dólares del Fondo de Adaptación, un mecanismo que financia programas y proyectos destinados a soluciones de resiliencia climática en países en desarrollo.
La propuesta, que era buena, consistía en aplicar medidas de adaptación en una amplia zona del litoral entre ambos países, en los departamentos uruguayos de Salto, Artigas, Paysandú y Río Negro y la provincia argentina de Entre Ríos.
Las cinco ciudades principales comprendidas por el proyecto de uno y otro lado del río suman casi medio millón de habitantes, en una región que nuevamente está siendo impactada por las inundaciones que afectan en algunos casos la trama urbana consolidada y, en otros, las planicies de inundación ocupadas generalmente por población en vulnerabilidad socioeconómica.
La reciente creciente y sus afectaciones vuelve a recordarnos a las poblaciones litoraleñas la necesidad de fortalecer la resiliencia en ciudades y ecosistemas del río Uruguay mediante el desarrollo de instrumentos, herramientas y experiencias que promuevan la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo.
Proyectos como el antes mencionado proponían, además de la recuperación y resignificación de tierras vacantes costeras, la implementación de un fondo rotatorio para la adaptación de viviendas, facilitando préstamos sin intereses y subsidios, además de asesoramiento técnico para la adaptación y resiliencia. Y, justamente, estar preparados para la resiliencia ante fenómenos que no sólo no van a desaparecer sino que, por el contrario, son cada vez más frecuentes es algo que debería estar muy presente en la agenda departamental y nacional.
Como hemos señalado desde este espacio en varias oportunidades, vivir en una región cada vez más afectada por las consecuencias del cambio climático demanda estrategias y acciones de diferente nivel de complejidad e inversión, que van desde la adaptación de viviendas ya existentes a la construcción de infraestructura ciudadana y residencial que desde el momento de su planeamiento contemplen la variabilidad climática así como los fenómenos adversos cada vez más frecuentes. Esto debería estar muy presente en la agenda ciudadana y gubernamental y, sobre todo, debería ser un asunto prioritario en la implementación de políticas de largo plazo para enfrentar el cambio climático y posibilitar la adaptación y resiliencia. Un tema a tener en cuenta en la presente campaña electoral, sobre el que poco se habla.
