Cuando han pasado ya más de dos meses y medio desde las “elecciones” generales en Venezuela, el mundo sigue esperando que el gobierno de Nicolás Maduro cumpla –es un decir– con la publicación de las actas electorales que según el oficialismo dieron ganador al candidato del actual gobierno con casi el 52 por ciento de los votos; pero más allá de los anuncios y ratificación por los órganos electorales y de justicia controlados por el chavismo, no se ha visto un acta ni un número basado en algo tangible y comprobable.
Así, los organismos oficiales, controlados por el chavismo, dieron como vencedor a Nicolás Maduro, pero rechazaron hacer públicas las actas electorales, en tanto que la oposición ha publicado el 80% de las actas y asegura que el ganador es su candidato, Edmundo González, por amplio margen.
Es cierto, por algún período inmediato al acto eleccionario, se especuló que el dictador Nicolás Maduro estaría ganando tiempo en procura de encontrar la forma de falsificar las actas para hacerlo creíble ante la comunidad internacional, eventualmente con el apoyo de tecnología procedente de China, pero todo indica que en base a lo establecido por la Ley Electoral de Venezuela, manipular las actas no sería un proceso fácil, o a Maduro simplemente no le interesa siquiera salvar las apariencias.
En total, hubo 30.026 mesas de votación en 15.000 centros diferentes por todo el país. Al cierre de las votaciones, los miembros de la mesa firman el acta de escrutinio que refleja los votos recibidos por cada candidato. Toda acta está identificada de diferentes maneras.
A su vez, deben llevar detallado el centro y la mesa a la que corresponden. También tienen un código de identificación único junto a la hora y la fecha a la que esta ha sido emitida. Van acompañadas de un código QR que al escanearlo muestra el resultado de dicha mesa.
Todos estos elementos hacen que no puedan existir dos actas de la misma mesa con diferentes resultados. Esa es la razón por la que gran parte de la comunidad internacional –es decir todos aquellos que no están en sintonía con las dictaduras– da credibilidad al resultado publicado por la oposición, que cuenta con más del 70% de las actas; y no al que ha reiterado el Consejo Nacional Electoral chavista.
A su vez, que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) validara el triunfo electoral atribuido a Nicolás Maduro no sorprendería a nadie. Tampoco a la oposición, que le atribuye a esa corte tanta neutralidad como al Consejo Nacional Electoral (CNE), que ya proclamó desde un primer momento la victoria de Nicolás Maduro.
Leandro Querido, fundador de la organización Transparencia Electoral, declaró recientemente a Deutsche Welle (DW), que “al no tener Estado de derecho ni división de poderes, todas las instancias responden al poder ejecutivo y eso se ha visto con el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral, que ha sido vergonzoso”, afirma. El especialista ha seguido procesos electorales en América Latina desde hace 15 años y asegura no recordar “ningún fraude electoral estructural más grotesco en la historia contemporánea” de la región.
“El mismo control que el Gobierno ejerce sobre el Consejo Nacional Electoral lo ejerce sobre el Tribunal Supremo de Justicia. Lo más grave es que no hay instituciones internas para dar respuesta a esta situación”, afirma por su parte Alfredo Rojas Calderón, doctor en Ciencias de la Comunicación y en Ciencias Políticas, e investigador en la Universidad Complutense de Madrid.
“Ellos tienen las actas que tiene la oposición. Recordemos que la máquina, cuando se hace el escrutinio en cada mesa, emite en formato papel un respaldo. Y las actas que tiene la oposición –el 83 por ciento– las tiene también la autoridad electoral, que no sabemos por qué nunca las mostró”, subraya Leandro Querido.
Descarta prácticamente que se puedan publicar documentos alterados. “Es, yo diría, imposible, porque hay actas originales en poder de la oposición, que las mostró al mundo a través de una plataforma. Sería muy evidente la manipulación”.
A principios de este mes, paralelamente, el Centro Carter, que envió especialistas a observar el proceso, ha presentado ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington las actas recopiladas por la oposición.
“Estas actas son elementos clave, acabo de recibir los originales que se me envió por correo internacional. Se trata de actas originales de Venezuela”, dijo Jennie Lincoln, quien fue la jefa de la misión electoral del Centro Carter que viajó a Venezuela en julio, quien aseguró que según estos documentos el ganador ha sido Edmundo González Urrutia, como defiende la oposición.
Tras salir del país después de su observación, el organismo internacional ya había presentado un duro informe preliminar en el que señaló que el proceso realizado en Venezuela no podía considerarse democrático, de acuerdo a lo que recogieron 17 expertos desplegados en Caracas, Barinas, Maracaibo y Valencia.
“Las actas son documentos públicos que se envían al CNE. Las copias de ellas se imprimen inmediatamente en la mesa y se les brindan a todos los testigos electorales y a los observadores. Todos los partidos políticos pueden calcular los totales de los votos basándose en las actas que recaban de las 30.000 mesas. Estas actas son documentos clave. Fueron analizadas por la oposición y por misiones internacionales independientes y demuestran que son las actas originales del 28 de julio y dan como ganador a Edmundo González con más del 60% de los votos”, dijo Lincoln mientras mostraba unas de las largas papeletas y señalaba los códigos de seguridad como el QR que aseguran su autenticidad.
Mientras tanto, el régimen de Maduro, ha apelado, como toda dictadura, a una burda maniobra política con apoyo de dictaduras de países “amigos” como Irán, Cuba, Nicaragua, Rusia, China, entre otros con intereses económicos e ideológicos compartidos, en tanto también le han dado aire regímenes de izquierda solidarios como los de Brasil y México, entre otras posturas ambiguas que apuntaban a que Maduro ganara tiempo en la cada vez más utópica hipótesis de que aparecieran las actas.
Pero el paso del tiempo y la imposibilidad material de Maduro de demostrar la legitimidad del proceso electoral que lo “reeligió” ha dejado en evidencia a estos apoyos y dado la pauta de que de lo que se trata es de solidaridad ideológica, sin ningún respeto por la democracia y la voluntad popular.
Ello indica la postura de justificar dictaduras solo porque son regímenes de izquierda, y en este caso apuntando a que el tema quede en el olvido mientras los usurpadores del poder siguen olímpicos en la suya, en ancas de la corrupción que los mantiene formando parte del círculo internacional de mandamás representativos de la “voluntad” de sus pueblos, pero eso sí, sin someterse al veredicto de las urnas o burlándose de él, como en el caso del dictador Maduro.
