El aporte migrante

Mientras la financiación del desarrollo disminuye en todos los países y aumentan la incertidumbre económica, los conflictos y las desigualdades, existe un flujo financiero que se ha mantenido prácticamente estable a nivel global: las remesas. Se trata del dinero que las comunidades en la diáspora envían a sus países de origen para apoyar a sus familias.

Actualmente, casi el 4 % de la población mundial —aproximadamente 281 millones de personas— son migrantes. Su contribución económica es significativa: en la última década han enviado cinco billones de dólares en remesas a países de renta media y baja, superando la ayuda oficial al desarrollo e igualando la inversión extranjera directa. Se estima que, para 2030, estos países recibirán 4,4 billones de dólares adicionales en remesas. Un dato relevante: gran parte de ese dinero se destina directamente a zonas rurales, donde vive el 80 % de la población en situación de pobreza y donde se enfrentan a la escasez de alimentos y a los efectos del cambio climático.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en América Latina y el Caribe la migración se ha caracterizado por una tendencia hacia el norte del continente. En 2020, más de 25 millones de latinoamericanos y caribeños residían en América del Norte, una cifra considerable si se tiene en cuenta que en 1990 eran solo 10 millones. Ese mismo año, cinco millones de migrantes de la región vivían en Europa, cuadruplicando el número registrado en 1990. Por otro lado, alrededor de 11 millones de migrantes latinoamericanos residían en países de la propia región.

En un contexto donde los déficits para alcanzar el desarrollo sostenible enfrentan mayores restricciones, las remesas desempeñan un papel muy importante como fuente fiable y directa de financiación a nivel familiar. Si bien suelen destinarse a cubrir necesidades inmediatas, una parte también se orienta a actividades generadoras de ingresos, como la mejora de la vivienda, el ahorro, la inversión, la educación y la salud.

Sin embargo, como señaló recientemente la directora general de la OIM, Amy Pope, al conmemorarse el Día Internacional de las Remesas el pasado 16 de junio, cuando los migrantes envían dinero a sus hogares hacen mucho más que ayudar a sus familias: “colaboran para que las comunidades se vuelvan más sólidas, impulsan la economía local y ayudan a regiones enteras a recuperarse y crecer. Las remesas apoyan la educación de niños y niñas, permiten que las mujeres puedan iniciar sus propios negocios y son una especie de amortiguador vital en tiempos de crisis. Cuando se invierten de manera inteligente, se convierten en una herramienta poderosa para el desarrollo que beneficia tanto a los países de origen como a los de destino”.

Además del impacto en las familias y comunidades de origen, las remesas y los migrantes también apoyan a las comunidades de acogida, ya que estimulan las economías locales y fortalecen los vínculos sociales.

Uruguay es tanto un país emisor como receptor de remesas: miles de uruguayos en la diáspora envían dinero a sus familiares en el país, al tiempo que miles de inmigrantes hacen lo propio hacia sus países de origen.

El aporte social de los inmigrantes en Uruguay tiene múltiples aristas, que comienzan a ser cada vez más visibles a medida que crece el número de extranjeros residentes en el territorio nacional.

Desde hace unos 15 años, Uruguay ha recibido un contingente significativo de personas migrantes que arriban en búsqueda de oportunidades laborales y atraídas por la estabilidad política y la calidad de vida que ofrece el país, en comparación con sus contextos de origen. A su vez, el país ha implementado una serie de políticas inclusivas dirigidas a esta población, orientadas a facilitar su acogida y asistencia.

Una de las características más destacadas de estas políticas es su enfoque en la inclusión social, el cual se distingue dentro del contexto regional. En este sentido, el Plan Nacional de Integración para Personas Migrantes, Solicitantes de Refugio y Refugiadas puede considerarse un referente, al ser el primer plan en abordar de forma integral y coordinada entre todos los organismos del Estado uruguayo la integración de esta población, y promover su contribución al desarrollo del país en el marco del enfoque de derechos humanos de las políticas nacionales de migración y refugio.

En materia de integración social, la posibilidad de insertarse en el ámbito laboral es fundamental, tanto a nivel personal y familiar como en su rol de contribución al aparato productivo y de servicios del país de acogida.

En este sentido, un informe del Banco de Previsión Social (BPS), publicado este año, analiza el proceso laboral de personas extranjeras registradas en el organismo, así como la evolución y distribución de este subgrupo de cotizantes.

De dicho informe surge un dato muy significativo: casi el 50 % del aumento total de cotizantes al BPS entre 2017 y 2023 corresponde a trabajadores migrantes, lo que destaca su creciente participación en el mercado laboral uruguayo. El estudio también señala una tendencia ascendente en el arribo de trabajadores provenientes de América Latina y el Caribe, siendo Argentina, Cuba y Venezuela los principales países de origen.

Como es sabido, Uruguay atraviesa un proceso demográfico marcado por el envejecimiento de la población y una baja natalidad, cuya repercusión sobre la seguridad social ya está en marcha y será cada vez más profunda. En ese marco, la incorporación de migrantes a la población económicamente activa constituye un “soplo de aire fresco” que contribuye a mitigar —al menos parcialmente— los efectos del desequilibrio demográfico, representando además un aporte relevante al financiamiento del sistema previsional.

En un contexto en el que persisten, en ocasiones, discursos sociales y mediáticos negativos sobre la inmigración, resulta importante visibilizar las múltiples contribuciones de este grupo poblacional: desde la dinamización de la economía mediante su actividad laboral en el país de acogida, hasta el sustento económico que brindan a sus familias en los países de origen a través del envío de remesas.