Opinión

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) mostró un nuevo deterioro del mercado de trabajo uruguayo, cuya cifra similar debe remontarse al 2007. Los datos oficiales indican un desempleo de 9,2% a nivel nacional, pero analizado solo el Interior del país, se eleva a 10%.
En forma paralela, el Instituto Cuesta Duarte del Pit Cnt, estimó en su análisis que la pérdida de puestos laborales afectó a unas 55.000 personas entre 2014 y 2019 y planteó que la recuperación de las tasas de empleo “sin duda será uno de los principales desafíos para el 2020”. La desocupación involucró en noviembre a unas 159.000 personas, por lo tanto el deterioro aceleró su ritmo, de acuerdo a dicho análisis.
Así como se elevó el desempleo, la tasa de empleo presenta su registro más bajo en los últimos años, al menos desde 2014. Y por rubros, claramente, la industria manufacturera continúa a la cabeza con la pérdida de 27.800 puestos, seguido de la construcción, el sector rural y el comercio.
Resulta fuerte y desalentador que las conclusiones digan que el desempleo será “uno de los principales desafíos” en 2020, cuando el deterioro mantiene una tendencia desde hace tres años. Fueron años de tibieza y de mirar las pizarras con el ceño fruncido, mientras las cifras no mejoraban. Pero, nada más.
Y si creemos que el índice de desempleo surge de la oferta y la demanda, entonces el porcentaje se eleva porque hay personas que ya no salen a buscar un empleo. O encontraron una solución en la informalidad o en la autogestión que no resulta visibilizado en las cifras. Pero tampoco califica como un empleado de calidad.
Ahora el Pit Cnt señala la “falta de políticas más activas” con respecto al gobierno saliente que estuvo en el poder por tres períodos. Si, de acuerdo a la estadística, el comercio, los servicios y la construcción siguen afectados, entonces la falta de inversiones aclara el panorama.
Y, por enésima vez, habrá que hablar de los problemas productivos, de inserción internacional y de competitividad que tiene Uruguay y no han sido resueltos. Porque el mundo transforma su tecnología y resuelve bastante más rápido de lo que nosotros pensamos. Y porque nuestros índices de empleo demuestran mes a mes, que no ha sido posible bajar el porcentaje de personas en el seguro de paro ni mejorar la tasa de actividad.
Todo eso, de acuerdo a las cifras oficiales. Porque en ciertos territorios y, particularmente al norte del río Negro, se percibe mucho más.
Pero el fenómeno no se detiene allí, porque el deterioro incluye a los salarios y su poder adquisitivo. Por eso la economía crece poco y refleja períodos de estancamientos. O con el déficit fiscal, incompatible con la deuda pública y el tan discutido “grado inversor”, que durante el último tramo de la campaña electoral estuvo sobre la mesa de debate. Porque si Uruguay lo pierde, habrá que mirar hacia atrás y lo que se hizo o no se hizo para sostenerlo.
La voluntad política exigía definiciones rápidas para evitar mayores complicaciones, con una reducción del déficit fiscal –no logrado– y que ahora no podrá asimilarse en pocos meses. Quizás para el 2021, siempre y cuando no haya problemas de gobernabilidad, ni se sostenga la fragmentación política. A todo esto deberá sumarse el contexto regional y externo porque en Uruguay, al menos, son factores que permean.
Porque cuando Tabaré Vázquez asumió la segunda presidencia en 2015, Uruguay tenía cifras de desempleo un poco por encima del 7%, con un perfil de la economía bastante cercana al pleno empleo.
Sin embargo, las condiciones cambiaron de manera radical y el contexto internacional ya no favoreció a la condición uruguaya. Mientras esperábamos que eso ocurriera, nuestras propias cifras comenzaban a deteriorarse y el peso mayor de ese perjuicio se notó en el empleo.
Ahora, esa senda de crecimiento ya no puede retomarse sin medidas antipáticas que alguien, en algún momento, deberá adoptar y dejar de patear la pelota hacia adelante. Y deberá resolver, a pesar de los costos políticos que el gobierno que se va no quiso asumir, porque pizarreaba constantemente los resultados, enmarcados en las últimas instancias electorales.
La prudencia deberá ejecutarse en los gastos públicos y también en los ajustes de salarios porque, de lo contrario, la problemática del empleo no se soluciona más. Y a eso lo saben los negociadores que vayan a sentarse a una mesa a dialogar en los próximos meses, tanto como el Pit Cnt, que se ha visto más conciliador a la salida de la última reunión en la sede del sector Todos.
Porque esta situación compleja de deterioro no surgió de la combustión espontánea, sino de una serie de factores no subsanados a tiempo y que ejercieron una fuerte presión en los guarismos de la economía uruguaya. El resultado fue el descontento popular y las explicaciones políticas sin fundamentos.
Porque hasta el momento se han mostrado expectativas exageradas en la creación de empleos a partir de algunas inversiones, como es el caso específico de la instalación de la segunda planta de celulosa de UPM. En cualquier caso, abrir un panorama sin medir sus impactos a futuro, inhibe de la adopción de otras medidas que también son tan necesarias como avalar el emplazamiento de inversiones en el Interior del país. Un país que, dicho sea de paso, tiene una capacidad ociosa en torno al 40% y que también sirve para explicar el efecto de la recesión en la economía.
Mientras sigamos caros, los inversionistas demorarán su llegada, continuarán las restricciones para producir y exportar. Por lo tanto, ineludiblemente afectará en la mano de obra.
No es tan difícil de entender. No obstante, requiere de medidas generales tanto a corto como a largo plazo en una región compleja. O mejor dicho, en un mundo complejo donde nos involucra hasta la guerra comercial entre China y Estados Unidos, o lo que pueda ocurrir en Medio Oriente.
Ningún fenómeno geopolítico nos es ajeno y la celeridad en la toma de decisiones puede ser la diferencia entre seguir como estamos o cambiar la pisada. → Leer más

Un tema que debería incorporar desde el vamos el nuevo gobierno refiere a una problemática que ha estado recurrentemente ausente en el Uruguay y mucho más durante la gestión de los quince años de gobierno de izquierda. Nos referimos a la productividad, un elemento que es de vital importancia desde siempre, pero mucho más aún en el mundo moderno y globalizado.
Por supuesto, este componente sigue ausente en los planteos de la dirigencia sindical, y desde el gobierno no se han enviado todavía señales en cuanto a abordar el problema en toda su entidad. Es a todas luces una necesidad que el Uruguay aumente la productividad, como una forma genuina de reducir costos, incidiendo por lo tanto positivamente en la competitividad en los productos de exportación, y a la vez contribuyendo a contener la inflación, nada menos.
Un estudio del Banco Mundial, que data desde hace unos años pero que no ha cambiado en esencia, indica que la contribución del capital humano al crecimiento que ha tenido el Uruguay, sobre todo en la última década, ha sido muy baja, aspecto este que no ha tenido modificación durante los gobiernos del Frente Amplio, pese a la persistente suba de los costos de producción y pérdida de competitividad.
Estamos por lo tanto ante retos vigentes por temas pendientes y acentuados a partir de un escenario internacional que ha cambiado, con precios de commodities estancados o en baja, con los competidores pugnando por desalojarnos de los mercados y sin que tengamos a la vez tratados preferenciales para compensar este desfasaje, por lo que nuestros competidores llevan las de ganar.
Desde el Banco Mundial se indica que si bien Uruguay es hoy un país mucho más moderno y mucho más fuerte, con logros económicos y sociales en años recientes, hay desafíos que es preciso abordar, y precisamente cuando ya no hay viento de cola, el empuje por la productividad y el crecimiento en el futuro es aún más grande.
Sin dudas que hay aspectos que no han acompañado los cambios positivos, empezando por el escenario internacional, a lo que se agregan planteos difíciles en lo interno, como es el caso de la situación demográfica, el deterioro de la economía y en el plano de la educación, la gran deserción y la movilidad educativa.
Estos aspectos sin embargo son perdidos de vista ante las urgencias y los cortoplacismos, y sobre por reclamos sectoriales para contar con más recursos, como acontece cada vez que surge una instancia presupuestal en el caso de los gremios del Estado.
Por lo tanto es de recibo el planteo de elevar la competencia y la competitividad. Para el Banco Mundial, si se compara la contribución de la productividad total al crecimiento en Uruguay con otros países, esta no es alta, por lo que se requiere promover la innovación, lo que tiene mucho que ver con las regulaciones anticompetencia y fomentar la competencia público y privada. El punto es continuar aumentando la eficiencia, también en las empresas públicas, mejorando las reglas y la institucionalidad.
Estos argumentos no se descubren ahora, sino que los hemos expuesto en numerosas oportunidades desde esta página editorial, porque además se han registrado cambios en el escenario que se ha dado en el país en los últimos años, donde se han registrado fuertes transferencias entre sectores, y no necesariamente para favorecer a los que realmente contribuyen a dinamizar la economía, si se tiene en cuenta que desde actividades de riesgo en el sector privado se han fortalecido remuneraciones en la burocracia del Estado, y no se han volcado recursos suficientes para apuntalar infraestructura.
El reacomodamiento ha disimulado desigualdades en redistribución por las exportaciones de productos primarios, pero al cesar el viento de cola en las condiciones internacionales, y con un elevado déficit fiscal, ya no se pueden seguir afrontando y disimulando los altos costos internos, con una fuerte carga tributaria y los altos precios de insumos y energía, entre otros aspectos.
Ello indica que se ha constreñido el margen de maniobra para abaratar costos de producción, mientras por el lado de la inflación se reduce sustancialmente el poder adquisitivo de los sectores de menores ingresos, los más afectados por el aumento en los precios de los alimentos, y tal como están planteados los esquemas estructurales no es fácil reducir el costo país para las empresas mediante rebaja de cargas e impuestos con los gastos rígidos que han incorporado los últimos gobiernos.
Desarrollar una gestión del Estado por un gobierno austero que reduzca el gasto público es ya una condición sine qua non, porque es impensable seguir aumentado impuestos, y lo que queda pendiente es apuntar seriamente a la productividad, que es un parámetro en el que se podría trabajar con muy buenas posibilidades, pese a que a los sindicatos el tema está lejos de seducirlos y más aún, se han centrado en reducir la jornada laboral. Ello es precisamente lo contrario a lo que requiere el país, que es producir más bienes a menores costos para mejorar la competitividad de exportación y al mismo tiempo competir con los productos similares que ingresan desde el exterior.
La productividad significa tecnología actualizada en los centros de producción de bienes y servicios, mano de obra capacitada, coordinación, mejor gestión, logística a tono con los requerimientos y una escala de volumen suficiente para abaratar la cadena de producción cuando salga el producto terminado, con el funcionamiento de un esquema complementario armonioso capital-trabajo, que a la vez permita potenciar ventajas comparativas. Y este objetivo debe ser prioritario, en este como en cualquier gobierno, por encima de ideologías. → Leer más

En un país agonizante y decadente como Venezuela, hay un presidente que se comporta ajeno y alejado de toda la miseria, pobreza y sufrimiento que padece su país. Autoritario, se muestra impasible ante la destrucción institucional, la economía hecha añicos, la inseguridad galopante y las cárceles rebosantes, y la emigración de millones de venezolanos que escapan al régimen chavista.
Se trata de Nicolás Maduro, un ser nefasto que siempre se las arregla para mantenerse firme al frente del gobierno, para soportar las presiones, y para generar siempre nuevos impedimentos para que la oposición y su gente puedan escalar y tengan algún tipo de influencia o poder dentro del panorama político de la nación.
Hace un año ya que Juan Guaidó se proclamó presidente encargado de Venezuela como titular de la Asamblea Nacional, con el reconocimiento de unos 60 países. Justo en este momento, Maduro volvió a pegar duro para impedir la renovación de Guaidó como presidente del legislativo, y colocar en su lugar a un típico inservible y detestable chavista como Luis Parra. Al tipo no lo votó ni la mayoría simple de diputados, pero igual estará en ese lugar cual usurpador.
“Venezuela está pues sumida en un caos institucional: Maduro ejerce el poder; la Asamblea Nacional renovó, con votos y quórum verificados, a Guaidó como presidente encargado, que sigue reconocido por numerosos países en Europa y América, mientras Parra encabeza una fantasmal junta directiva alternativa en la Asamblea que nadie, excepto el chavismo y sus aliados, reconoce”, enumera acertadamente un editorial de El País de Madrid, siempre atento a lo que sucede en Venezuela.
Por supuesto, los países europeos y latinoamericanos integrantes del Grupo de Contacto liderado por la Unión Europea (UE) reiteraron el jueves su apoyo a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional al considerar ilegítima la elección de Parra.
“La elección de Luis Parra no puede ser considerada legítima ni democrática”, reza una declaración del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, que expresa su “gran preocupación” por los acontecimientos recientes en la cámara venezolana. “Apoyamos a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional”, subraya el grupo formado por Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Panamá, así como los europeos Francia, Italia, Alemania, Holanda, España, Portugal, Suecia y el Reino Unido.
A todo esto hay que sumar más factores implementados por el chavismo que hacen de Venezuela un país imposible. Se agregó la ilegítima Asamblea Constituyente, instituido de manera non sancta por Maduro y sus secuaces, y dedicada solo a quitarle legitimidad a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.
“Esta es una de las características más descaradas de los regímenes autoritarios. No cumplen ni siquiera sus propias reglas de juego. O solo las cumplen cuando van a su favor. Cuando fingen utilizarlas para dinamitarlas desde dentro, como ha hecho Maduro con la elección y juramento fraudulentos de un presidente de la Asamblea Nacional, Luis Parra, con el único objetivo de desposeer a Guaidó”, añadió con fuerza el diario español.
La mafia que gobierna Venezuela sigue haciendo de la suyas, vaciando al país y llevando al límite su poder y audacia. Maduro siempre tiene a mano la manera de sonsacar aún más la democracia, esa que dejó de existir hace tiempo en el régimen bolivariano ya desde la época de Hugo Chávez, y que por aquí en Uruguay se defendió por largo tiempo desde los gobiernos izquierdistas.
El mandatario venezolano vive alejado de la realidad, al tiempo que destruye a sus propios compatriotas. Maduro, que carece de planes y seguramente comprenderá que no tiene futuro alguno, es cruel y va camino a ahondar la catástrofe. Hasta el momento, los esfuerzos de la comunidad internacional han sido poco certeros, al tiempo que ya ni se habla de una intervención extranjera, algo que muchos venezolanos reclaman. Además, Venezuela sigue siendo un punto de inestabilidad regional.
Estos días, Estados Unidos instó a establecer un diálogo en Venezuela para formar un gobierno de transición que permita organizar nuevas elecciones y ponga fin a la crisis política desatada con el segundo mandato de Maduro iniciado hace un año.
“Una rápida transición negociada a la democracia es la ruta más efectiva y sostenible hacia la paz y la prosperidad en Venezuela”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, en un comunicado. “Las negociaciones podrían abrir el camino para salir de la crisis a través de un gobierno de transición que organizará elecciones libres y justas”, apuntó.
Esto resultó muy agradable en los papeles y a Estados Unidos no le falta razón para recomendar esa serie de puntos, ideal para comenzar a salir de una crisis, o al menos para intentarlo. La presión sobre Maduro, no obstante, no deberá cesar. Las condenas a su régimen no podrán detenerse ante una continua violación a los derechos humanos. Y, a su vez, enfocar los esfuerzos para que el ejército bolivariano por fin cambie de bando y deje de apoyar al nefasto Maduro, punto clave sobre el que el régimen se apoya y se sostiene. → Leer más

“Hoy tenemos cierre de comercios, gente sin trabajo, empresas paradas y el 50 por ciento de la flota de camiones de Uruguay hoy está sin trabajo”, expresó uno de los voceros del movimiento Un Solo Uruguay, Guillermo Franchi, al cabo de una reunión que mantuvieron representantes de este grupo con el presidente electo Luis Lacalle Pou y sus asesores para considerar la problemática del agro y el Interior teniendo en cuenta la mirada de este movimiento.
El panorama que traza Franchi es el mismo que planteó en su momento Un Solo Uruguay al presidente Tabaré Vázquez, haciéndose eco de la realidad socioeconómica del Interior.
Precisamente esta realidad que desde la coalición de izquierdas, con Vázquez a la cabeza, se negaba, explica en gran medida la derrota del gobierno en las elecciones de octubre-noviembre, al quedar demostrado que no eran producto de una fantasía con intenciones electorales, sino el sentir de una gran parte de la población, de los sectores productivos, que continuaron retrocediendo en tanto el gobierno seguía con piloto automático a la espera de que transcurriera la elección.
Este escenario de paralización y deterioro de la economía es un fardo que ha quedado para el gobierno que asumirá el 1º de marzo, en el marco de un proceso que no se ha generado de un momento para otro, sino que ya lleva por lo menos tres o cuatro años sin que se intentaran correctivos a tiempo para por lo menos recuperar cierto grado de crecimiento real y no solo algún dato estadístico.
Lamentablemente, no solo no se ha retomado el crecimiento, sino que estamos ante un estancamiento muy obvio, con el Interior con el principal afectado en su papel de causa-efecto, y con el agravante de que esta inacción ha seguido repercutiendo negativamente en las cuentas públicas, con un déficit fiscal que está superando actualmente el 5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) y con la apuesta casi única del gobierno del Frente Amplio de recuperar la senda del crecimiento a través de la inversión de la nueva planta de celulosa de UPM y su eventual efecto de arrastre.
La realidad y las perspectivas son mucho más complejas que los efectos beneficiosos que traería aparejada la instalación de una nueva planta de celulosa, porque los resultados de un emprendimiento de estas características ya lo hemos tenido en experiencias anteriores, y por supuesto, estamos ante una inversión positiva pero que implica mayormente una arremetida de impacto transitorio y que queda como algo sustentable en un margen mucho menor.
Volviendo al encuentro de Un Solo Uruguay con el presidente electo, en un verano que tiene como elemento especial de interés las alternativas del proceso de transición hacia el 1º de marzo, tenemos que la delegación trasladó al futuro mandatario y sus asesores una serie de inquietudes que entre otros elementos incluye el pedido de que el nuevo gobierno no aplique un ajuste de tarifas públicas en marzo, como se estima que sucederá, sobre todo a partir de que el gobierno del Frente Amplio no lo hizo este fin de año, como sí lo ha hecho invariablemente año a año, dejando al nuevo gobierno el costo político de tener que hacerlo tan pronto asuma, para no seguir deteriorando las cuentas públicas.
Por cierto es una chicana que no es invento del Frente Amplio, sino que ha sido aplicada en más de una oportunidad, lo que reafirma sí la poca responsabilidad con que se mueven algunos actores políticos, con tal de buscarle la vuelta para llevar agua hacia su molino, tratando de que a quienes asuman la responsabilidad de gobierno las cosas no le salgan bien, para así tener mejores oportunidades de volver en la siguiente elección.
Y también en este aspecto incide gravosamente el costo país, el costo de producir en el Uruguay, tanto bienes como servicios, lo que conspira contra nuestra competitividad, sobre todo en la región, porque con un tipo de cambio atrasado para no afectar la inflación y mantener el poder adquisitivo de salarios y pasividades, nos encontramos con que a la hora de exportar, estos costos exacerbados en dólares se trasladan a los productos que vendemos, y a la vez se está subsidiando indirectamente la importación de los similares a los que se producen dentro de fronteras. Una práctica que se ha utilizado recurrentemente por gobiernos populistas, tanto de derecha como de izquierda, para mantener a la población satisfecha artificialmente durante cierto tiempo, hasta que la situación se hace insostenible y no hay más remedio que adecuarse a las circunstancias, con la consecuencia de sacrificar calidad de vida y salario real en aras de generar más ocupación, de la mano de una mayor rentabilidad de las empresas, así como evitar más cierres de fuentes de trabajo.
Nada nuevo bajo el sol, en una película que en nuestro país hemos visto más de una vez, y que se reedita por quienes se encierran en su autocomplacencia y se niegan a aceptar la realidad, a aplicar el sentido común y actuar a tiempo, cuando se puede todavía aplicar correctivos que resulten menos traumáticos.
Lo que plantea Un Solo Uruguay es absolutamente sensato y seguramente refleje el sentir de la mayoría de los uruguayos, porque al decir de Franchi “un ajuste de tarifas es un ajuste para todos. Si sube la luz sube para todos, sube para la industria, pero también sube para las familias”.
Lo que es absolutamente cierto, pero no quita el preguntar lo de Perogrullo, que es que si eso todos lo sabemos ¿por qué lo hacen? Y aquí está el meollo de la cuestión: se tensa la cuerda hasta tal punto que no se deja margen de maniobra para evitarlo, porque las empresas estatales están funcionando como agentes recaudadores para transferir recursos a Rentas Generales, para tratar de paliar un déficit fiscal que ha crecido y que no es posible solventar por la vía de impuestos cuando sigue decayendo la actividad económica.
Hay que abaratar el país, pero en forma sustentable, y una vía de hacerlo es evitando o por lo menos atenuando la suba de costos como el de la energía, otros insumos y los impuestos, entre otros, por la vía de lograr eficiencia en el Estado. Pero si a la vez no se recauda para enjugar el déficit, nos encontramos ante un encierro, porque los sectores productivos, de toda rama de actividad, se encontrarán siempre ante costos elevados y no tienen forma de ser competitivos con los precios.
Bueno, ese encierro en el que se ha metido el Frente Amplio por medidas y errores propios, se ha trasladado al nuevo gobierno, que solo tiene como vías alternativas reducir el gasto estatal desmesurado que ha heredado, y eventualmente también aumentar ciertos impuestos, o las dos cosas.
La clave está en el cómo hacerlo, en los pasos a dar, en muchas veces tener que optar entre lo urgente y lo importante, cuando se puede, y hacerlo en lo posible dentro del primer año de gobierno, cuando todavía no se generan la impaciencia y las demandas que inevitablemente sobrevendrán en mayor o menor grado, dependiendo de cómo evolucione la situación.
Es que cuando las necesidades son muchas y los recursos insuficientes, es inevitable el síndrome de la sábana corta, y siempre quedará algo al descubierto, por mejores intenciones que se tengan. → Leer más

A nadie medianamente cuerdo le conviene una guerra en toda su extensión entre Estados Unidos e Irán, y entre sus ramificaciones allá en Medio Oriente. El drama generado por la muerte de un militar iraní hacía presagiar una escalada de tensión y de acciones bélicas. No obstante, desde Teherán parecen querer bajar la pelota al piso, al tiempo que Donald Trump, el presidente estadounidense, se moderó en el tono hacia su rival, mientras que su figura sale fortalecida de cara a las elecciones de noviembre.
Pese a los daños significativos producidos en edificios de la base aérea Al Asad, en Irak, que alberga a tropas estadounidenses y que fue atacada el martes por la noche por Irán –en represalia por el asesinato del general Qasem Soleimaní–, Trump hizo unas declaraciones menos explosivas respecto a los iraníes, algo que fue bien saludado por Naciones Unidas. Tras ese ataque, el mandatario estadounidense anunció nuevas y “poderosas” sanciones económicas contra Irán, a la vez que instó a las potencias mundiales, como el Reino Unido, Francia y Rusia, a que “rompan” con el acuerdo nuclear de 2015 con Irán para renegociar un nuevo pacto.
Todo el mundo estaba atento a las palabras de Trump, después de que el sábado asegurara que reaccionaría ante una eventual represalia de Irán contra “cualquier estadounidense o activo estadounidense” atacando “muy rápido y muy fuerte” 52 sitios iraníes. Este interesante y moderado discurso de Trump sobre el conflicto con Irán indica que las dos partes están dispuestas a bajar las tensiones. Lo que significa una buena noticia para la comunidad internacional.
Stéphane Dujarric, el portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, dio la “bienvenida a cualquier indicación de que los líderes están evitando una mayor confrontación”. En una rueda de prensa en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Dujarric insistió en la importancia de que los líderes mundiales hagan “todo lo posible para evitar una mayor escalada”.
Lo cierto es que un enfrentamiento directo con la primera potencia militar sería un desastre para Irán, y esto los dirigentes iraníes lo saben muy bien, más allá de que “las características de la región y el desarrollo de capacidades de enfrentamiento asimétrico le permiten tener alternativas sobre la mesa”, según un análisis de El País de Madrid. Las sanciones de Estados Unidos sobre Irán han repercutido negativamente en la capacidad económica de Teherán y, por supuesto, en su dinámica militar.
Pero para Estados Unidos un panorama de guerra tampoco le resulta muy rentable. Irán ha desarrollado un notable programa de misiles, y muchos objetivos estratégicos en el golfo Pérsico e incluso Israel están al alcance de esos misiles iraníes. La República Islámica también ha desarrollado la tecnología de los aviones no tripulados.
“Para el nuevo tablero regional no todas las cartas son militares, ya que Irán se enfrenta a una guerra económica que acosa cada vez más a los sectores vulnerables, la principal base social de la República Islámica. Aunque la conmoción provocada por el asesinato inesperado de Soleimani distraiga a la opinión pública de la crisis interna, su efecto sedante no durará mucho y las autoridades iraníes, conscientes de las estrecheces económicas, ven limitado su margen de maniobra”, añade el análisis de El País madrileño, que deja en claro que Teherán se mantendrá, en lo posible, en el ámbito de la retórica.
Estos días resultarán clave para saber a ciencia cierta cómo un tipo como Trump maneja una crisis. Con su carácter impulsivo y explosivo, que le importa bien poco qué puedan pensar o sentir los demás, los detractores han esperado un momento de estos para conocer, finalmente, qué haría Trump en una situación de crisis internacional de escala, como la de ahora con Irán. Esos críticos “advertían que un comandante jefe conocido por sus reacciones impulsivas podría extralimitarse y, con ello, provocar consecuencias alarmantes”, manifestó un texto del diario The New York Times.
“Probablemente haya llegado el momento que todos temíamos”, escribió el fin de semana en Twitter Christopher Murphy, senador demócrata del estado de Connecticut que ha sido muy crítico con Trump. “Un presidente inestable que se ve rebasado por la situación y entra en pánico cuando ya todos sus asesores experimentados han renunciado y solo quedan los principiantes que lo adulan. Asesinar a líderes extranjeros, anunciar planes de bombardear a los civiles. Una pesadilla”.
Por lo declarado ayer, Trump parece adentrarse en un terreno más de centro, más moderado, seguramente asesorado por su gente más cercana. Pese a que se trata de un tipo que no escucha mucho las opiniones de los demás. “El presidente estadounidense tendrá que transitar por un período complicado y peligroso sin cometer el tipo de errores de los que acusó a sus predecesores de haber cometido. Además, enfrenta un gran escepticismo por parte de sus detractores, quienes, desde hace tiempo, han advertido que era demasiado impredecible para enfrentar momentos de crisis”, continuó el Times neoyorquino.
Como siempre sucede en los conflictos bélicos, la población es la que termina pagando las consecuencias, y siempre debería priorizar, por encima de todo, a la diplomacia y a los acuerdos. Estados Unidos e Irán nunca serán amigos, pero al menos pueden mantener la pelota contra el piso. Se lo ruega la comunidad internacional. → Leer más

En su sitio web, la embajada de Estados Unidos recuerda que mantiene “fuertes” relaciones diplomáticas con Uruguay desde 1867 y a lo largo de más de 150 años de esa historia, define a nuestro país como un “socio constructivo”, con actitudes mediadoras ante instituciones internacionales.
Destaca el aporte uruguayo a las misiones de paz como “uno de los principales contribuyentes per cápita” y señala que las relaciones económicas bilaterales entre ambos países fueron selladas con un Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones, vigente desde 2007. O lo que conocemos como TIFA por sus siglas en inglés (Trade and Investment Framework Agreement).
Cabe recordar que un año antes, Uruguay desistía de firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC), ante las divisiones internas existentes dentro del Frente Amplio. Incluso la oposición de entonces –los partidos Nacional y Colorado– se mostraron contrarios a una propuesta de un tratado de trámite rápido, o fast track, parecido al acuerdo firmado con Perú.
El TLC era apoyado por el entonces ministro de Economía, Danilo Astori y su sector Asamblea Uruguay y una parte del Partido Socialista. Se oponía el Partido Comunista, la Vertiente Artiguista y el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Reinaldo Gargano.
Fueron famosas y repetidas las palabras de Vázquez en un foro empresarial cuando hablaba para la interna de su partido: “La historia no retrocede, la historia no se detiene pero tampoco la historia se repite. El tren, algunas veces, pasa una sola vez”. Pedía una discusión con “criterio patriótico” y no con “criterio ideológico”. Pero de eso, ni hablar en aquel momento. El tren pasó y con él selló la suerte de Paylana, por nombrar sólo una de las tantas empresas perjudicadas, porque Estados Unidos era prácticamente el único nicho posible de mercado para su producció- de calidad, pero sólo era competitiva si entraba sin aranceles.
Sin embargo el plenario nacional celebrado en 2006 aplaudió de pie a Gargano. “El tren pasa una sola vez, pero hay gente que se pone delante y se la llevan por delante” y así la aplanadora ideologizada enfatizaba en una apuesta a la región con los gobiernos progresistas de entonces. Con esa decisión, además, se acallaban los reclamos del Pit Cnt que prometía “una actitud vigilante” y del presidente temporal del Mercosur ese año, Luis Inacio Lula da Silva.
Con el paso del tiempo, las siguientes administraciones frenteamplistas le buscaron la vuelta para ampliar ese acuerdo y otorgarle un alcance mayor. El ministro de Industria del expresidente José Mujica, Roberto Kreimerman, manifestó en reiteradas oportunidades la necesidad de profundizar el TIFA. Pero no se animaban a hablar de un TLC. La interna seguía dura y en 2014 el secretario de Estado tampoco mencionaba un acuerdo de ese tipo “por el momento”.
Ese año, en un viaje realizado a Estados Unidos y a partir de un encuentro con Barack Obama, el presidente José Mujica negoció la profundización del TIFA con el mandatario estadounidense. Incluso se mencionaba ese asunto como uno de los principales puntos en la agenda bilateral que llevaba adelante el canciller Luis Almagro.
El portal de Presidencia informaba sobre la instancia “muy productiva”, con la firma de acuerdos aduaneros, de seguridad social y la posibilidad de comenzar a vender carne ovina. Pero nada de TLC.
Llegó el tercer gobierno del Frente Amplio, y con él un TIFA que profundizaba su contenido y enviaba, a través de la diplomacia, un fuerte mensaje del presidente Donald Trump. El actual mandatario sostiene –aún– su voluntad de manejar acuerdos con los países en forma bilateral. Pero se paraba frente a un bloque regional como el Mercosur, conformado por países que ninguno tiene un TLC con el grande del Norte, todos mantienen déficits comerciales y fiscales, además de utilizar la misma herramienta. El TIFA se presentaba como una sólida posibilidad de avance, a pesar de algunas revisiones efectuadas por Estados Unidos, entre ellas, la pérdida del beneficio del Sistema General de Preferencias, porque considera que Uruguay es un país de renta media. La madera pasó a ser la mayor perjudicada, con un incremento del arancel, seguido por el cuero y las preparaciones de carne ovina.
Pero allí quedamos. En esta etapa de transición hacia el gobierno que asumirá el 1° de marzo, surgió la llamada del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a Luis Lacalle Pou el lunes. Un encuentro telefónico pautado desde hacía una semana, relatado por ambos en sus cuentas de Twitter y por el vocero del Departamento de Estado.
Lo sugestivo de este diálogo es que ocurre en medio de grandes tensiones entre EE.UU. e Irán, ante un interés del grande del Norte por ampliar acuerdos estratégicos y buscar la mayor cantidad de aliados en América del Sur. También, y por qué dudarlo, a la búsqueda de salidas estratégicas de exportaciones en una balanza que crece. Porque para Uruguay, uno de los mercados excluyentes es EE.UU., además de China, Brasil y Argentina, como sus principales compradores. Entre los cuatro representan la mitad de las exportaciones del país.
Es así que el planteo de Lacalle Pou de arribar a un TLC estuvo sobre la mesa, tanto bilateral como con el bloque. Aunque no hubo una respuesta precisa sino una contestación a futuro, se nota que es un asunto que sobrevuela desde hace al menos 15 años en el ámbito político.
La región tiene socios con problemas y uno que mira poco a sus vecinos. Por nuestro lado, solo hay una batalla ideológica planteada desde las raíces que así como no acepta u-n TLC, tampoco un acuerdo global sobre servicios (TISA) o uno de integración al Transpacífico que mira a los denominados “tigres asiáticos”.
El nuevo contexto político regional debería motivar a la reflexión porque existe una fuerte mirada pro-mercado. Ya la impuso Bolsonaro en Brasil, Piñera en Chile, Duque en Colombia y seguramente lo verá así Fernández, en Argentina.
El panorama cambia constantemente y anquilosar las ideas en el mero debate ideológico con reminiscencias sesentistas nos hace perder el tren. Nos estanca, nos ralentiza y nos instala en un estado continuo de debate, mientras que otros actúan.
Porque la cooperación internacional entre países se moderniza en forma permanente y perder el carril con la economía más importante del mundo, no es muy estratégico que se diga.

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Por resolución de la Corte Electoral, en mayoría, no se aplicará en las elecciones municipales de mayo venidero la inhabilitación en cuanto a la participación de dirigentes de un partido que comparecieron en las elecciones internas, como candidatos de otro partido en los comicios para los municipios, lo que abre el espectro a posibles acuerdos y reafirma la idea primaria de que el elector pueda elegir al mejor vecino para el cargo, en lugar de quedar encorsetado en los partidos.
Es así que para ser candidato a los municipios, no se aplicará en las elecciones municipales la inhabilitación prevista en el literal G de la Disposición Especial y Transitoria (letra W) de la Constitución de la República, en lo que implica destrabar la posibilidad de acuerdos en los departamentos para votar bajo un mismo lema.
La resolución por 5 votos a 4 en la Corte Electoral, indica sin embargo que hay diferencias de interpretación, y que de una u otra manera quienes votaron en el órgano rector electoral han seguido más lineamientos políticos que jurídicos, habida cuenta de que por regla general hay dos bibliotecas en las interpretaciones, salvo en lo que refiere a normas básicas que no dan espacio para la discusión.
El punto es que este cambio incorpora modificaciones sustanciales a la elección municipal anterior que se celebró en 2015, y que ha tenido un aporte significativo en aras de la descentralización de los gobiernos de comarca, dando lugar a la conformación de municipios que sustituyeron las anteriores juntas locales e incorporado la figura del alcalde y de los concejos municipales.
Es decir, que la idea de la normativa ha sido la de alguna manera descentralizar la gestión, permitiendo que en cada municipio se instituyan alcaldes y concejales, sin que necesariamente estos gobernantes respondieran al partido político ganador de la elección departamental sino que, como es buen ejemplo Paysandú, con un intendente del Frente Amplio han coexistido cuatro municipios con alcaldes de otros partidos, de los cuales tres son nacionalistas y un colorado.
Ello está muy bien si tenemos en cuenta que lejos de imponerse desde el gobierno departamental, asentado en la capital, cuáles son los delegados del gobierno –como ocurre en las juntas locales–, los habitantes de cada municipio o comarca se dieron a sí mismos su gobierno, eligiendo al vecino que han considerado como el más capaz o mejor calificado para el cargo, fuera del partido que fuera.
Tenemos por lo tanto que la decisión de la Corte Electoral permitiendo la incorporación de candidatos a los municipios por encima de cómo han comparecido en las elecciones internas, de alguna forma contribuye a diluir aún más las fronteras partidarias y apostar a la figura del mejor vecino por encima de las ataduras ideológicas o de filiación partidaria.
Naturalmente, aquí entran a tallar los intereses políticopartidarios en cuanto a la conveniencia o no de esta decisión, y una clara demostración de ello reside en el hecho de que la decisión fue muy bien recibida por los partidos que convergen en la coalición multicolor, y rechazada por los dirigentes del Frente Amplio, ante el convencimiento de que esta flexibilidad de alguna forma promueve o facilita el pasaje de votos, a favor o en contra, de determinada propuesta partidaria dentro de los municipios.
En este sentido, el diputado nacionalista Nicolás Olivera expresó a nuestro medio periodístico que la elección departamental es en esencia distinta a la nacional, y que se conjugan elementos locales que hacen que la población se pronuncie obviando las fronteras partidarias, como ya ha venido ocurriendo y que en el caso de los municipios esta posible presentación de candidatos abre el espectro para que la ciudadanía se pronuncie con mayor libertad.
Expuso así que “va a ser una herramienta más para generar acuerdos, pero debemos ser claros en el sentido de que las fronteras partidarias rumbo a mayo se desdibujan, porque la gente no está tan atada a los partidos sino a los proyectos singulares o colectivos de cada candidato. A nivel departamental ya se ve una fuerte tendencia de que gente de otros partidos vote a otros candidatos que no eran de su colectividad política, y a nivel municipal eso se da todavía mucho más”.
En cambio, esta medida ha sido objeto de duras críticas desde el Frente Amplio, cuyos dirigentes han enfatizado que se trata de un cambio en las reglas de juego a cuatro meses de las elecciones municipales, y que la nueva interpretación solo se debe a la mayoría que tiene la coalición en la Corte.
Debe tenerse presente que esta resolución de la Corte no alcanza a candidatos a ediles e intendentes que, de acuerdo a la normativa vigente, si fueron candidatos en las internas por un lema, están inhabilitados para ser candidatos por otro lema en las elecciones nacionales y departamentales inmediatas, pero ahora sí pueden hacerlo en las municipales.
E igualmente, en cuanto a una efectiva descentralización y mejor gestión de los gobiernos municipales en cada departamento, el talón de Aquiles ha radicado en el hecho de que si bien se ha instrumentado la libertad para el elector de las zonas del interior del departamento para elegir a sus autoridades, los municipios siguen dependiendo de la llegada de los recursos desde el ejecutivo departamental, entre otras limitaciones a su independencia, lo que ha generado sistemáticamente reclamos desde las alcaldías por la no llegada en tiempo y forma de los recursos.
Por lo tanto, más allá de esta flexibilización desde el punto de vista electoral ante la nueva interpretación de la Corte Electoral, tenemos que la normativa, tal como ha sido redactada, sigue coartando el funcionamiento e independencia administrativa de los municipios.
Consecuentemente, en los hechos la descentralización es más aparente que real, y siempre se termina dependiendo del talante o disposición del ejecutivo departamental, sea o no del mismo partido, lo que por regla general naturalmente se agrava cuando se trata de gobiernos de partidos distintos, lo que da la pauta de la necesidad de que se promuevan los correctivos indispensables en la norma, para que la descentralización no quede en los papeles, ante la porfiada realidad. → Leer más

En tiempos electorales el cruce de artillería verbal es notoria y entendible. Pero cuando esos períodos finalizan en las urnas, donde se manifiesta la voluntad de la ciudadanía, debería sobrevenir un tiempo de reflexión para aquellos que perdieron. Incluso para quienes asumirán el Poder Ejecutivo porque ocuparán una responsabilidad histórica, donde deberán cumplir con los compromisos asumidos durante una larga campaña.
Lejos de eso –y a pesar del tiempo de receso veraniego– hay dirigentes frenteamplistas preocupados por el futuro de la coalición multicolor que, de alguna forma, también pasarán a integrar. Porque los organismos de contralor, de acuerdo a lo anunciado por el presidente electo Luis Lacalle Pou, serán ocupados por la fuerza política del gobierno saliente.
El expresidente del Banco Central y exprecandidato a la presidencia por el Frente Amplio, Mario Bergara, augura que “dure poco” la coalición con Cabildo Abierto “por el bien del Uruguay”. Y lo explica por las visiones de país e institucionalidad que tiene el partido liderado por el excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos.
O sea: la preocupación no está puesta en el déficit fiscal más alto de los últimos treinta años que ellos mismos dejan, y que obligó al gobierno saliente a utilizar a las tarifas públicas como variable de ajuste ante un panorama incierto. Y que tampoco sirvió porque nunca cedió ese guarismo cercano al 5% del Producto Bruto Interno. Porque si no hubiese sido tan alto, probablemente no hablaríamos de ajustes fiscales.
Tampoco es el complejo panorama del futuro del empleo en Uruguay, enmarcado y atado a los resultados educativos que persisten como un cuello de botella en la educación media. Porque jóvenes mejores capacitados también consiguen mejores empleos y esa ecuación que parece simple y obvia, ha costado bastante insertarla en las discusiones sobre políticas públicas. Ni hablar del desempleo, la competitividad, los bajos niveles de inversión, la seguridad social o la inseguridad ciudadana que atraviesa a todas las clases sociales.
El motor de la economía acelerará su rumbo a través de la inversión privada. El ámbito público tuvo durante la pasada administración y tendrá, a partir de los anuncios y discursos de campaña, un despliegue cauteloso por los ahorros necesarios que deberá imprimirse sobre las cuentas públicas.
Y porque la tranca permanece sobre un país que tiene una pesada carga impositiva y resulta caro en un contexto de recesión. Eso, debería preocupar y no otra cosa. Son costos operativos pero también laborales que las empresas resuelven con la adquisición de mayor tecnología y que comienzan a sustituir a los puestos de trabajo, por simple y por menos dolores de cabeza. O, simplemente terceriza sus servicios y contrata a quienes están registrados como unipersonales. Así se resuelven las complejas relaciones laborales en los últimos tiempos.
Pero ahora será el próximo gobierno el que deberá remangarse y adoptar decisiones antipáticas, cuyos resultados tampoco se verán en el corto plazo.
El panorama positivo para atesorar como un bien, tampoco es un descubrimiento o logro de las últimas administraciones, sino un proceso largo que comenzó con la reinstalación de la democracia en 1985. La fuerte institucionalidad, la estabilidad del sistema financiero, el nivel de reservas, el respeto a los derechos individuales y a las reglas de juego, nos muestran confiables hacia un mundo cada vez más competitivo. Pero ahí está el problema.
La clave está en la productividad que parte de una cultura del trabajo, donde no haya una conflictividad excesiva y se cuiden las fuentes de empleo. Pero eso va a contrapelo de lo que anuncia el movimiento sindical, liderado por los extremos y los públicos, que sienten la impunidad de parar al país cuando no se atienda un reclamo.
Por el lado del sistema político, probablemente uno de los mayores desafíos del mandatario electo será mantener la coalición que integrará el gobierno, pero que también se verá reflejado en un parlamento fragmentado. Ahí, en cualquier caso, la cintura política será necesaria para arribar a consensos, basados en una negociación abierta. Y todo esto, bajo el escenario económico complejo que urge retomar la senda del crecimiento, sin provocar la tensión social.
Porque en los últimos tiempos hubo una particular preocupación por instalar en el centro del debate el déficit en el sistema de la seguridad social, cercano a 3.500 millones de dólares y que se incrementa año tras año. Un rojo que creció y ahora se plantea como parte de un problema para mejorar las cuentas públicas. O una reforma educativa, que apunte a una mejor formación para equilibrar la calidad del empleo uruguayo y posibilitar la inserción en mejores puestos laborales.
Porque los países competitivos invierten en investigación y desarrollo, innovan y se diferencian. Pero, claramente, Uruguay ni siquiera está a mitad de camino. Y eso, también debería ser un motivo de preocupación.
Por eso, ante tantos pendientes, la clase política debería unirse para resolverlo y aprender que, en una región incierta, lo mejor es mostrarse sólido. Porque los desafíos económicos y sociales, también son políticos.
Mientras no modernicemos la visión de país anquilosada en lo público, con una visión estatista y donde todo lo regule el mercado, entonces, seguiremos discutiendo por lo mismo. La postración de los discursos políticos de quienes ahora pasarán a ocupar la oposición se basa en un estado de bienestar intocable a los intereses de quienes resultaron funcionales. Porque el reparto no llegó o llegó muy escasamente a la población.
Además, el 2020 volverá a ser un año electoral, donde se manifestará un escenario totalmente diferente al anterior. Las elecciones municipales presentan desafíos en sus propios feudos, donde existe un marcado perfil de los dirigentes locales y eso pesará también en sus discursos.

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La reciente presencia en Paysandú y en EL TELEGRAFO del presidente electo, Luis Lacalle Pou, nos ha permitido contar de primera mano con información calificada sobre las acciones a desarrollar en lo inmediato por el gobierno que asumirá el 1º de marzo por voluntad de la ciudadanía. Esa ciudadanía que en democracia es consultada cada cinco años para elegir quien prefiere que gobierne el país, más allá de las acciones y los eslóganes de los grupos de presión, sobre todo las grandes corporaciones, que se atribuyen a sí mismas una representatividad que no tienen, porque solo representan intereses sectoriales a pesar de que pretenden hablar en nombre de todos los uruguayos como dueños de la verdad absoluta.
Pero los uruguayos se han pronunciado y han encomendado a Lacalle, encabezando la denominada coalición multicolor, que conduzca el país y trate de resolver sus problemas, que no son pocos y que lamentablemente no han sido superados pese a que la coalición de izquierdas, durante la mayor parte del tiempo en sus tres períodos de gobierno y contando con mayoría parlamentaria absoluta, gozó de condiciones internacionales excepcionales para nuestra economía sostenida en la exportación de productos primarios de origen agropecuario, en su gran mayoría.
Precisamente tras primeras reuniones con sus socios de coalición, el presidente electo habrá de enviar al Parlamento una denominada Ley de Urgente Consideración, que naturalmente se enmarca en la Constitución y en la institucionalidad de nuestro régimen republicano de gobierno, y por lo tanto, mal que pese a los que cuestionan el uso de este instrumento –que ha sido utilizado en muchas oportunidades– estamos ante una herramienta fundamental que apunta a aprovechar este primer período para incorporar correctivos y líneas de acción enmarcadas en el programa de gobierno de quien resultara ganador en la consulta popular.
De acuerdo a lo expresado por Lacalle, la Ley de Urgente Consideración está ya delineada a nivel de boceto, y contiene 457 artículos, “pero es un boceto que luego será presentado a los partidos de la coalición, por lo que puede quedar en 200 o aumentar a 600”, según expresó en la oportunidad a EL TELEGRAFO.
Amplió en este sentido que “hoy por hoy es un boceto que tiene como base el compromiso por el país, que obviamente va en el sentido del acuerdo de octubre e involucra a todos los ministerios”. Explicó que entre otros aspectos hay varios artículos referidos a la seguridad pública y a la educación, y que en el caso de los que involucran al Ministerio del Interior estuvo hablando con el futuro ministro del área, Dr. Jorge Larrañaga, habida cuenta de que en el texto hay algunos elementos que estaban contenidos en el proyecto de reforma constitucional que impulsó el exprecandidato nacionalista.
Precisó por otro lado que la Ley de Urgente Consideración no contiene incrementos del gasto estatal, –posiblemente el principal problema que tiene el país, como mal crónico agravado durante los gobiernos de izquierda, al punto de que el déficit está en más del 5 por ciento del PBI– porque este punto será incluido en la ley que entiende en materia presupuestal.
Pero sí contendrá “herramientas legales, transformaciones legales y del Estado que desde mi punto de vista ayudarán a una mejor gestión de gobierno y a facilitarle la vida a los uruguayos”, aunque aclaró que “va a ser una ley popular, será vista con buenos ojos por la población, aunque quizás para algunos sectores del ámbito público no lo sea, como algún sindicato” y que “cuando se proponga modificar la gobernanza en la educación, ya lo ha dicho Fenapes, que aparte tiene una permanente disposición para estar en conflicto”.
Precisamente, ya desde antes de asumir Lacalle, e incluso tan pronto se conoció el resultado adverso para el oficialismo del balotaje del 24 de noviembre, hubo voces desde los sindicatos y desde algunos sectores radicales vinculados a organizaciones sociales que proclaman “resistir” al nuevo gobierno, como si éste fuera producto de un golpe de Estado y ellos defensores de la democracia.
Ergo, esta “resistencia” no cuenta con el protagonismo de la gente de a pie, sino de los grupos que se creen dueños de la verdad y solo responde al interés particular y muchas veces teñidos de una ideología que no tiene nada que ver con la expresión popular.
También se pretende disfrazar por estos grupos que la gestión de las empresas públicas coincide con el que expresan en sus reclamos, soslayando nada menos que el hecho de que las empresas públicas no son propiedad de los funcionarios que en ellas trabajan, sino de todos los uruguayos que las financian, y por lo tanto debe estar al servicio de los ciudadanos, igual que sus funcionarios, en lugar del caso inverso, como ha sido la constante.
Es de recibo por lo tanto el concepto del presidente electo en el sentido de de que “habrá que aplicar una política de coyuntura ante la omisión del gobierno de adecuar la estructura tarifaria a los gastos de las empresas públicas. El gobierno sigue sin mejorar el funcionamiento de las empresas públicas y no adecua las tarifas al costo del servicio, que solo eso pretendemos”.
Tiene razón en cuanto a que a efectos de abatir el gasto, el esfuerzo debe partir desde el propio gobierno, desde el Estado, lo que se ha resistido a hacer en estos tres períodos de gobierno la coalición de izquierdas para no pagar costos políticos, confiando en que la bonanza derivada del escenario internacional podría seguir vigente indefinidamente, lo que ha quedado desmentido por la realidad.
Hasta ahora el esfuerzo de ajuste, –muy insuficiente, porque el déficit ha seguido en aumento– a estado a cargo del sector privado, que lo ha pagado con desempleo, menos horas trabajadas, pérdida de rentabilidad y cierre de empresas, así como la precaria situación de las que siguen trabajando.
Para ello no alcanzará con el ahorro necesario que debe partir desde el Estado con el gobierno a la cabeza, sino que debe compartirse el equilibrio entre impuestos y reducción del gasto en forma compatible. Pero a la vez hacerlo sostenible promoviendo la inversión, que es lo único que nos va a sacar de este deterioro de la economía y de las cuentas públicas.
Y ello al fin de cuentas no es cuestión de ideologías de izquierda o de derecha, sino de la realidad y de sentido común, de hacer crecer la torta para que todos vivamos mejor, bajar el costo de producir y aumentar la productividad. → Leer más

La histórica excelente calidad del agua potable de Uruguay ya puede ingresar al listado de mitos vernáculos. Con el arribo del verano y de la temporada turística por excelencia en nuestro país, la atención volvió a centrarse con fuerza en la calidad del agua y en la contaminación de los cursos fluviales, que muestran su ahora habitual manta verde de cianobacterias, con el peligro que eso conlleva tanto para salud de las personas, como para la actividad del turismo.
En estos 15 años de gobierno frenteamplista, que concluirán este 1º de marzo, poco se ha hecho al respecto si bien siempre ha habido voces que dieron el alarma y que han insistido sobre el punto. Nunca se fue a fondo y este resultará ser un legado negativo para la nueva administración que liderará Luis Lacalle Pou. Estamos ante un problema muy serio y se ocurre urgente modernizar el sistema de potabilización de agua en Uruguay, a la vez que se deberá ser más firme con la contaminación de los ríos y arroyos.
Como decíamos, el tema viene de hace tiempo. En una entrevista brindada en marzo de 2015, Daniel Panario, ingeniero agrónomo, profesor Grado 5 de la Facultad de Ciencias y un referente en este asunto, comentó que “casi todas” las tomas de agua superficiales de Uruguay enfrentan problemas de contaminación, y agregó que faltan controles estatales.
Consultado por si muchas tomas de agua se encontraban en riesgo, brindó una respuesta lapidaria: “Ni que hablar del río Negro, el río Uruguay de punta a punta, y el Río de la Plata, donde ya tenemos algas en Montevideo y Canelones. Están bien sobrepasados de fósforo y nitrógeno y están teniendo mayores problemas. La situación en los embalses del río Negro, por ejemplo, es terrible, se han muerto ovejas por tomar agua. Tienen sin duda problemas mucho más graves que el Santa Lucía. Son problemas vinculados al desarrollo agrícola, que es bastante descontrolado”.
Y esto fue dicho hace casi cinco años y la situación va de mal en peor. Las cianobacterias ya están instaladas, y van a perdurar hasta que no cambien las condiciones. Lo que debería conducir a un sincero debate sobre los agrotóxicos y su incidencia en la naturaleza. El país merece hablar con más honestidad sobre este tema, muchas veces soterrado por cuestiones económicas. Pero al final será como darse un disparo en el pie.
El designado ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, por fortuna se ha mostrado sensible al respecto, al decir en una entrevista con Montevideo Portal que le preocupan mucho las cianobacterias, problema que sufrió en carne propia, porque se le murieron 23 novillos por tomar agua contaminada del lago del Palmar en el río Negro.
La industria química ha hecho lo suyo en el río Santa Lucía, curso fluvial clave para la capital y alrededores. Al aumentar la producción de químicos, con su impronta de arsénico, bario, cadmio, cromo, cobre, mercurio, níquel, plomo, hierro y zinc, hace que la gravedad haya ido en aumento.
Con este panorama, “es urgente modernizar el sistema de potabilización, porque estamos al borde de un precipicio. Y provoca estupor que un gobierno con 15 años en el poder y una década con las mejores condiciones económicas internacionales, que permitieron crecer como nunca, y con enorme recaudación fiscal, no haya hecho nada. Además de contar con mayorías absolutas en el Parlamento que le permitían sacar la ley que quisieran o decidir en los directorios a piacere”, señalaba con certeza un editorial del diario El País publicado en agosto pasado.
Lo paradójico de todo esto es que el presidente Tabaré Vázquez, antes de finalizar su mandato dentro de dos meses, le aconsejó al mandatario electo, Lacalle Pou, que se hiciera cargo del agua. Es decir, que acometa la problemática que no hizo él en dos períodos de gobiernos –10 años– y tampoco José Mujica en cinco años.
En el informe que dio a conocer Presidencia para pasárselo al gobierno entrante, se plantean algunas medidas para mitigar la contaminación del río; entre ellas, se propone crear un segundo reservorio para acopiar agua en Casupá (Florida), construir una planta de tratamiento terciario y otra de tratamiento y bombeo de agua como “alternativa” a la planta potabilizadora de Aguas Corrientes.
La intención de Vázquez es que sean incluidos en la ley de urgente consideración que tendrá cientos de artículos y se tratará a partir del 2º de marzo, según anunció Lacalle Pou. Ahora, cualquiera se puede preguntar por qué el actual presidente y su partido no enfrentaron el drama del agua con anterioridad y con mayor ahínco y decisión.
Ante esa ineptitud, Vázquez le pasa la pelota a su sucesor que, claro está, tendrá que abordar el problema con todas las fuerzas y toda la urgencia, mientras a la vez trata de reducir el déficit fiscal enorme que le deja el gobierno actual. Se trata de una cuestión vital, sin exageraciones. Agua turbia, agua con mal olor, agua con pésimo aspecto; ríos verdes, sucios, con basura. Uruguay es un país con agua en abundancia pero por momentos parece empeñado en acabar con su calidad. → Leer más

De acuerdo a los resultados de un informe financiado por la Comisión Sectorial de Investigaciones de la Universidad de la República, denominado “¿Cuántos hijos y por qué? Normas, intenciones y decisiones reproductivas en el Uruguay”, ha cambiado el comportamiento de las familias uruguayas a la hora de resolver tener un segundo hijo, lo que impacta directamente no solo en el núcleo familiar, sino también en la pirámide demográfica y etaria.
Se señala en el reporte correspondiente, del que da cuenta El País, que las oportunidades laborales y la solidez de los vínculos conyugales son centrales para la toma de decisiones familiares, ya que aún es reducido el número de personas que decide tener hijos sin una pareja, por lo menos si las circunstancias no determinan lo contrario.
Según los autores del estudio, Mariana Fernández Soto, Ignacio Pardo y Gabriela Pedetti, entre la intención de tener un segundo hijo y la realidad, hay una distancia importante.
Al respecto explicaron que “las intenciones reproductivas no son tan binarias como podrían parecer. Es decir, no es que la gente quiera tener o no un segundo hijo, sino que las intenciones se van modificando durante el ciclo de vida. Cuando queremos captar eso con preguntas de encuestas es una buena herramienta, pero es imperfecta. Cambia con sus circunstancias laborales o conyugales, se modifican”, explicó Ignacio Pardo, aunque sin especificar la diferencia de realidades que se dan de acuerdo a la situación socioeconómica en la sociedad, desde que hay sectores marginales donde se tienen muchos niños y por lo tanto se genera un factor multiplicador de pobreza y de falta de oportunidades.
Debe tenerse presente además que estos elementos se dan en un contexto en que la tasa de natalidad en nuestro país se sitúa en el 1,6 por ciento desde el año 2005, un dato que implica estar por debajo de la denominada “tasa de reposición”, que se ubica en el 2,1 por ciento.
Más allá de consideraciones posibles desde variados ángulos, que influyen en la decisión de no tener más de un hijo en tantos hogares uruguayos, un elemento central es que esta realidad socioeconómica y cultural incide en el envejecimiento poblacional que en nuestro país está casi a nivel de los países desarrollados, aunque en inferioridad de condiciones para sustentar las consecuencias de estas asimetrías.
Por supuesto no estamos solos en esta realidad en el mundo y la región, aunque hay situaciones muy disímiles entre países y regiones. Según el periodista y analista político internacional Andrés Oppenheimer, América Latina es la región que más rápidamente envejece en el mundo, lo que no quita que haya continentes como Europa, sin olvidar a Japón, entre otros países, en que la tendencia etaria ha avanzado más rápidamente, debido a una baja tasa de nacimientos y la contrapartida de una mayor expectativa de vida.
Informes sucesivos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que la población mundial está envejeciendo cada vez más rápidamente, al resumir que “la gente tiene menos hijos, la mortandad infantil se ha reducido drásticamente, y las personas en todo el mundo viven cada vez más”, a la vez de subrayar que a nivel mundial, el número de personas mayores de 60 años se duplicará para el año 2050. En América Latina, la población mayor de 60 años aumentará aún más rápidamente: se duplicará en los últimos 18 años para el 2025, según el estudio de la OMS.
El trabajo “Informe Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud”, dice que mientras había 50 millones de personas mayores de 60 años en América Latina y el Caribe en el 2006, la cifra aumentará a 100 millones en 2025.
Cuba, donde hay más muertes que nacimientos, será uno de los 10 países del mundo con la población más vieja en 2050, según cifras de Naciones Unidas, y su población de mayores de 60 años crecerá del 7 por ciento en 1950 al 34 por ciento en el 2050. Datos provenientes de otros países de la región permiten vaticinar que esta revolución demográfica hará que muy pronto América Latina tenga el mismo problema que los países europeos: muy pocos trabajadores jóvenes para mantener a demasiados jubilados, pero además permite aventurar que habrá cambios en el perfil de la demanda de empleos, porque debería haber más instituciones dotadas de innovaciones tecnológicas y puestos de trabajo vinculados con actividades, necesidades y atención de la población adulta mayor, además de la exigencia de aportes a los organismos previsionales y de salud, con vistas a una mejor calidad de vida de los destinatarios, entre otros desafíos.
En una perspectiva de mediano y largo plazo, precisamente, cambiarán perfiles de industrias, que van a orientarse desde el turismo médico hasta la arquitectura y el diseño de casas para gente mayor, con nuevos materiales, como pisos no resbaladizos, sobre todo en los países desarrollados, porque como es sabido, en los emergentes y subdesarrollados, con variantes, se hace apenas aquello para lo que alcanza el dinero disponible, siempre insuficiente.
Este análisis en realidad no es el único elemento en danza ni mucho menos en esta problemática, que involucra aspectos inherentes a la sustentabilidad de los sistemas previsionales a partir de necesidades de financiación y de conjugar mayor longevidad con calidad de vida en esos años adicionales, lo que implica que los sectores en actividad, la generación de riqueza, debe volcar una mayor cuota parte a este destino.
Al haber aumentado sustancialmente las expectativas de vida de la población, tenemos que cuando además de sostener a los que han aportado al sistema de previsión durante toda su vida laboral, se agregan políticas que apuntan a mitigar los efectos de la pobreza durante la vejez, sea trabajador, haya ahorrado o no, significa que hay que dar pensión a una persona que no ahorró, en lo que se denomina pensiones no contributivas.
Por lo tanto, aparece aquí el factor de financiar un primer pilar no contributivo, que se paga con impuestos, destinado a quienes no cotizaron durante su vida activa o quienes lo hicieron por muy poco tiempo.
Y con menos trabajadores y con más personas en la tercera edad, la ecuación cambia sustancialmente, con sistemas de solidaridad y reparto que comienzan a hacer agua por falta de recursos. No es de extrañar que si bien en la última campaña electoral se hablara de la necesidad de encarar una nueva reforma previsional en el Uruguay, ante el perfil del déficit en la seguridad social, ningún partido haya esbozado planteos claros, porque se trata de una reforma que no solo deberá ser consensuada y compartida entre partidos, sino que debe contar con un activo aporte de las organizaciones sociales y técnicos para acordar los pasos a dar, que no serán sencillos ni simpáticos. → Leer más

El presidente Tabaré Vázquez protagonizó los titulares de los noticieros en las últimas semanas de 2018, al presentar un proyecto de ley para que los medicamentos que no están previstos en el Fondo Nacional de Recursos no sean contemplados, aunque así lo resuelva la Justicia.
Argumentó su iniciativa en la creciente cantidad de demandas y amparos judiciales presentados para acceder a medicamentos o tratamientos de alto costo, en tanto considera que corre riesgo la sostenibilidad del fondo. Ante el razonamiento –atendible, digamos– que en tres períodos de gobierno no hubo voluntad política para un blindaje de este tipo, el mandatario se limitó a responder: “todo tiene un tiempo. Lo dicen las sagradas escrituras. Hay un tiempo para reír y otro para llorar”.
Esta propuesta, que solicitó fuera incluida en la ley de urgente consideración que presentará el presidente electo, Luis Lacalle Pou, fue recibida con apatía en su interna cercana. Sin embargo, la respuesta a través de las redes sociales, prometió un estudio detenido de este proyecto junto a otros de corte medioambiental.
El ambiente parlamentario definió que el proyecto es oportunista, aunque –tal como lo repiten otros integrantes del Poder Ejecutivo– este gobierno continuará hasta el 29 de febrero y en el legislativo hasta antes del 15 del próximo mes. Las mayorías necesarias están al alcance de su mano y, si es verdad que tiene el liderazgo político suficiente, entonces debería hacer algo. El problema es que el Fondo Nacional de Recursos pierde los juicios presentados por pacientes y se ha visto obligado a pagar por medicamentos o tratamientos que no figuran en su lista, pero que –de acuerdo a la cátedra– mejoraría la situación sanitaria del usuario.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo –a través de la web de Presidencia– reiteró el incremento presupuestal y de fármacos que contiene el fondo desde 2005, cuando se destinaban 300.000 dólares contra los 40 millones asignados en el presente período.
En cualquier caso acceden a este recurso, precisamente, quienes menos tienen y no cuentan con la posibilidad de financiar tratamientos de mayores costos. Pero, tal como lo dijo el presidente, hubo “un tiempo de llorar”. Es muy importante recordar que Vázquez llega a esta instancia, después que a la propuesta no fuera votada por el Frente Amplio.
Hagamos un poco de historia. En 2015, los legisladores discutían el presupuesto para el siguiente quinquenio y el presidente propuso un artículo que estableciera que ni el Estado ni las instituciones de atención a la salud –públicas o privadas– fueran responsables de pagar tratamientos no incluidos en la canasta establecida. Así comenzaba el debate por la judicialización de la salud. Ese hierro caliente fue corriéndose de mano en mano, cada año, hasta llegar a mediados del 2018.
Sin resolución sobre ese tema, la bancada frenteamplista estaba de acuerdo en quitar el polémico artículo (188) de la Rendición de Cuentas, que limitaba los juicios y recursos de amparo. El entonces coordinador de bancada, Alejandro Sánchez, anunció que se quitaría del articulado porque no había un solo diputado a favor de la propuesta. La promesa era volver a tratar ese tema con tranquilidad y que ingresara por otra vía, por ejemplo, la comisión de salud parlamentaria.
Durante la discusión presupuestal, los legisladores entendían que ese artículo no resolvía el problema de fondo, y a la vez, reconocían el derecho a la salud y tratamientos de los usuarios.
Finalizó el 2018 sin su tratamiento y el 2019 prometía una campaña electoral muy intensa, con la mente y el esfuerzo del sistema político en otras cosas. Por lo tanto, también pasó ese año. Ahora viene Vázquez a explicar las razones de su propuesta y pasar esta mochila al próximo gobierno.
Hasta ahora es el Ministerio de Salud Pública quien resuelve si otorga o no un medicamento o tratamiento de alto costo. Previamente la cátedra de Medicina y sociedades científicas son consultadas sobre las técnicas necesarias, a juzgar por la cantidad de personas que se benefician y por su eficiencia en la salud de los pacientes. También es la razón por la cual el abogado Juan Ceretta definió como “una trampa vergonzosa” la afirmación de Vázquez, en conferencia de prensa, porque las cátedras no recomendaron algunos medicamentos reclamados por los usuarios por la vía judicial.
Es que el ministerio pide a los catedráticos que prioricen los fármacos científicamente probados y que sean utilizados para una mayor cantidad de personas. Y “no priorizar” en los hecho es “no recomendar” los que puedan resultar demasiado onerosos para el Estado. Por lo tanto, nuevamente, las interpretaciones del idioma nos juegan una mala pasada en temas de sensibilidad política y social. Por otro lado, las autoridades ministeriales hacen hincapié en las rebajas sustanciales de los precios de los fármacos en el último período. Esto forma parte de las decisiones estratégicas de nuestra región, en tanto Uruguay integra el Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud, junto a decenas de países.
Cada gobierno plantea sus necesidades, negocian con las empresas y la OPS lleva adelante la compra conjunta. Dadas las características poblacionales, Uruguay se beneficia en comparación a otros más densamente poblados y con mayor demanda. No es magia, es criterio. Y un ejemplo claro lo puso el propio el gobierno cuando ejemplificó que antes adquirían los medicamentos para la hepatitis C a 80.000 dólares y hoy lo hace a 4.050 dólares.
Mientras un médico de profesión –que padece una patología cuyos tratamientos son caros– discute por plata, los magistrados y expertos en leyes aseguran que la salud está por encima del dinero. Sin dudas un tema muy polémico que deberá resolver el próximo gobierno. → Leer más

El inicio de la gestión a partir del 1º de marzo del gobierno que presidirá Luis Lacalle Pou abre numerosas expectativas a partir sobre todo de que nos encontramos ante el deterioro gradual que se ha registrado en la actividad económica, además de otros escenarios que inevitablemente tienen una interconexión con esta realidad en el tramado socioeconómico del país. Por lo tanto no solo es legítimo, sino fundamental considerar áreas prioritarias, por ejemplo en lo relacionado con infraestructura que permita mejorar las condiciones requeridas para las inversiones necesarias que generen empleo y actividad genuinas.
Un aspecto clave en este sentido refiere a la logística para el transporte de nuestra producción primaria, de la que seguimos dependiendo aún después de habernos favorecido, por más de una década en los dos primeros gobiernos del Frente Amplio, de una situación de la economía internacional que nos permitió colocar nuestros commodities a precios excepcionalmente elevados y generar recursos adicionales que en gran medida se dilapidaron en gastos sin retorno.
Es cierto, no es nada alentador que sigamos dependiendo de los productos primarios de exportación, como desde los albores de la historia de nuestro país, para obtener recursos y a la vez comprar productos terminados en el exterior, en los cuales el valor agregado se genera en otras latitudes y no en nuestro medio, donde necesitamos empleo de calidad y reciclaje de recursos.
Bueno, un aspecto que debemos destacar es que durante estos últimos quince años hemos contado con una postura muy propositiva de la Administración Nacional de Puertos (ANP) que coincidió con este boom de la exportación de commodities, y ello alentó inversiones desde el organismo en puertos como el de Paysandú, que estaba prácticamente abandonado, así como el dragado del río Uruguay con aportes de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), organismo binacional cuya presencia se potenció también desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri en la Argentina.
Se ha contado por lo tanto con este instrumento logístico fundamental para el transporte de granos e incluso la ampliación de actividad con la operativa de contenedores, una evolución que había sido objeto de reclamo desde hace mucho tiempo de las fuerzas vivas de Paysandú, con la Comisión Intersectorial pro Puerto Ultramar de Paysandú (Cipup) a la cabeza.
Sin embargo, en este esquema de desarrollo de los puertos del río Uruguay, pese a tener un impulso muy significativo en puertos como Nueva Palmira, Fray Bentos, Paysandú y hasta Salto, con sus dificultades de calado que se intenta subsanar parcialmente dentro de las posibilidades y demanda, no se ha contado con los estímulos requeridos para las inversiones privadas, que aportarían a la sinergia, y naturalmente, mejores conexiones en el denominado Hinterland, con aporte del ferrocarril, prácticamente desaparecido, para contribuir a un alivio del tránsito pesado en las carreteras.
Ante este esquema, es pertinente conocer cuáles son las perspectivas y derrotero que trazan las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que asumirán el 1º de marzo, como es el caso del diputado Juan José Otaizola, quien se encargará de la subsecretaría de este ministerio secundando al designado ministro Luis Alberto Heber.
Los antecedentes inmediatos del legislador son el haber ocupado la vicepresidencia de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, y además de la actividad en comisión, ser estudioso y protagonista en el análisis de esta problemática.
En declaraciones al suplemento Comercio Exterior y Transporte, de El Observador, Otaizola aseguró que el gobierno tiene lineamientos claros y que el ministerio apuntalará con su esfuerzo a concebir un plan de transporte y logística que sirva como marco para el desarrollo de las actividades de todas las ramas y con el multimodalismo como guía.
Debe señalarse que en esta materia no hay ningún gobierno ni administración que pueda atribuirse el haber inventado la pólvora, aunque sí a lo largo de la historia se han registrado acciones con mayor o menor énfasis y por regla general en un sentido procíclico, es decir acompañando las coyunturas, en lugar de hacerlo preparando la infraestructura con tiempo para acompañar la actividad exportadora con una logística eficaz y bien aceitada.
Y cuando hay camino hecho, aunque con mucho por hacer todavía, a partir de lo que se ha actuado en estos últimos años por el gobierno de izquierda y organismos como la ANP, lo que corresponde es insistir en lo que se ha hecho bien e introducir eventuales correctivos en áreas en las que se detecten falencias, en el marco de generar políticas de Estado que aseguren continuidad y reglas de juego claras para los operadores, porque en ello se basa la sustentabilidad de las posibles inversiones y el crecimiento acompañado de desarrollo.
Un antecedente insoslayable es la aprobación de la Ley de Puertos en el gobierno de Luis Alberto Lacalle, entre 1990 y 1995, que en su momento fuera muy resistida pero que hoy es considerada como una norma revolucionaria y un antes y un después para la actividad portuaria, al punto de existir coincidencias desde todos los partidos políticos y áreas de actividad.
Según Otaizola en la próxima administración el Ministerio de Transporte y Obras Públicas va a tener como centralidad de su gestión el desarrollo de un plan en materia de transporte y logística y del plan maestro a nivel portuario. “El primero va a ser un marco adecuado para la generación de inversiones y para el desarrollo de la integración de distintos modos de transporte, porque dar un marco a nivel general de transporte y logística incentiva y favorece el desarrollo de inversiones, así como la articulación de los distintos modos de transporte”, explicó.
Destacó asimismo la participación que tendrá el Instituto Nacional de Logística (Inalog) en la gestión, sobre lo que acotó que “tenemos la intención de que sea una verdadera usina de ideas para el sector y pretendemos darle un dinamismo mayor para poder nutrirnos de la experiencia y de los aportes de los actores públicos y privados”, destacó.
Asimismo, en cuanto a los puertos y sobre todo el de Montevideo, se manifestó partidario de darle mayor protagonismo a los transbordos de mercaderías, y subrayó que “para nosotros es vital la captación de transbordos por un tema de escala del Uruguay y del posicionamiento del puerto como escala oceánica”.
En esta línea, las nuevas autoridades por lo tanto deberían tener presente la posible participación del puerto de Paysandú –ya se han iniciado las gestiones desde la ANP– para poder captar transbordo de contenedores desde Paraguay, para la salida de ultramar por Montevideo, como complemento de una actividad portuaria que si bien ha mejorado, no ha tenido todavía el despegue de la magnitud que se necesitaba. Pero fundamentalmente debería encararse la construcción de un verdadero puerto ultramarino en Casa Blanca, que no sea inundable, operativo los 365 días del año y más barato de mantenimiento, puesto que no necesita de dragado para llegar con barcos tipo Panamax, algo impensable para la terminal actual, que ha dado muestras de llegar a su techo de crecimiento. Eso permitiría continuar con el movimiento a granel a través del puerto ciudadano, vital para industrias locales como Azucarlito y Cympay, mientras la carga interoceánica se movería por el otro puerto también sanducero, a solo 15 kilómetros del centro de Paysandú, con todas las ventajas mencionadas, sumado a que no tendría los impactos negativos del transporte pesado en el área urbana.
Ello indica que más allá de los instrumentos, este ministerio debe decididamente actuar para abatir los costos a los operadores desde su esfera de acción, cuando además se hereda un factor que es un formidable obstáculo, como lo es el denominado costo país, sencillamente porque somos caros, y ello se traslada a toda la cadena exportadora, incluyendo la logística y por ende al precio de los productos que vendemos, erosionando la competitividad.
Bastante paño para cortar, por cierto, y no solo desde el MTOP, porque no hay compartimientos estancos en la economía, y los costos se van trasladando y multiplicando desde un sector a otro, con el Estado como el gran destinatario –lamentablemente– de los recursos que generamos todos los uruguayos con nuestro trabajo. → Leer más

En Uruguay, la tasa de suicidios se incrementa levemente. El año 2018 cerró con 710 casos que significan 20,25 casos cada 100.000 habitantes. Eso, además, es el doble que el promedio mundial, ubicado en diez cada 100.000. La tasa llega a su pico en las personas mayores, donde registra 36 casos cada 100.000 y en su mayoría (76%) fueron hombres.
Una vez conocido el dato frío de las estadísticas, se disparan las reflexiones sobre la necesidad de difundir campañas de ayuda a personas que atraviesen por una fuerte depresión. Incluso hasta en los medios de comunicación se extiende un manto de dudas para su abordaje, a fin de no alentar situaciones similares. Sin embargo, el no hablar no sirvió, porque los casos, lejos de bajar, mantienen una curva de crecimiento. Y todo esto, a pesar de las crisis o de los buenos tiempos. Porque en Uruguay, esta tendencia al suicidio ha sido pareja.
Inmediatamente después de Navidad, el Ministerio del Interior dio a conocer las situaciones de violencia reportadas entre la hora 0 del martes 24 y las 24 horas del miércoles 25. Solo ese día hubo 7 homicidios y 8 suicidios, además de rapiñas y lesiones personales, entre otros.
Montevideo y Canelones concentraron la mayoría de los hechos y únicamente en la capital del país ocurrieron 5 de esos suicidios. Los restantes tres, se registraron en el departamento canario.
No es sencillo hablar del tema, pero es imprescindible que se instale de una vez. Especialmente a partir de campañas de bien público, tales como las existentes sobre la violencia basada en género. Somos un país con apenas tres millones y medio de habitantes y mantenemos la segunda tasa más alta de América Latina, con un récord propio que lleva décadas y es, en comparación con otras naciones, una de las más altas a nivel global. Algo hay que hacer con toda esa información. Y no vale el argumento de que los números están claros por la correcta sistematización de los datos. Porque parece que vale lo mismo que no los tuviéramos.
Por ellos no hay marchas ni reclamos sociales. Su invisibilidad, transformó este problema de salud pública en un asunto cuasi filosófico. Que se comenta en voz baja y ceñido al ámbito familiar o en un círculo estrictamente privado. En cualquier caso –y más en este en particular– la información es poder que debe llegar a personas cercanas para “hacer algo”, antes que sea demasiado tarde y comience el cruce de culpas.
La tendencia es atribuir a esta decisión, una causa o dos, cuando es mucho más compleja. Y, peor aún, acostumbrarnos a poner culpables con nombres y apellidos. La simplificación resulta malsana y mentirosa. Como en prácticamente todos los temas.
Es que la divulgación responsable, con códigos y respeto hacia el destinatario, puede cambiar una decisión y transformarse en un halo protector, que acerque la ayuda en el momento preciso. Pero, como hablamos de un escenario complejo, las intenciones avisan con cambios en el comportamiento o no, con alusiones o conversaciones sobre el tema. Porque, tampoco vale aquello de “si avisa, no lo cumplirá”.
El suicidio, así como otras depresiones, requieren justamente lo que hoy no tenemos: tiempo y paciencia. Las relaciones, a menudo impersonales, nos llevan a estar demasiado activos en las redes sociales o con la comunicación digitalizada de los celulares o las computadoras. Y miramos poco para nuestros costados, sin prestar demasiada atención a quienes nos rodean, porque la depresión involucra a 600.000 uruguayos.
Esas realidades, lejos de espantarnos, pasan desapercibidas y solo las comentamos cada 17 de julio, en el marco del día nacional de prevención de este flagelo. O cuando nos enteramos –si nos enteramos– de algún caso. Pero queda en eso.
Porque las contradicciones del ser humano son muy fuertes. Quién puede explicar las reacciones sociales ante el incremento de los homicidios, que llegaron a más de 400, contra las autoeliminaciones que superaron las 700 el año anterior. Es que esas reacciones, también conforman el núcleo complejo de lo que somos.
Así como ocurre con la inseguridad ciudadana o la violencia intrafamiliar que no tienen –ni requieren– soluciones mágicas o fáciles, con los suicidios pasa igual. Y un aspecto aún más desconcertante es que la sabiduría de nuestros mayores tampoco sirve de mucho en estos casos, porque se incrementa en la población mayor de 60 años. Ni los profesionales, como los médicos, cuya tasa duplica a nivel mundial al del resto de la población. Ni para quienes tienen solucionada su economía familiar, porque la depresión ocurre en situaciones de pobreza tanto como en la holgura económica. Ni la juventud nos salva, porque las estadísticas así lo afirman.
Recomendar empatía es fácil. Pero en ocasiones, y por repetición, nos salva la información pura y dura. Sin poses ni refinamientos, porque acá es necesario ayudar a quienes ya no quieren seguir así. Porque, en el fondo, nadie quiere terminar con su vida, sino con el problema que la agobia.
Y si Salud Pública no lo hace o lo hace poco, entonces debemos insistir en la existencia de un servicio que se brinda durante las 24 horas. La Línea Vida o 0800 0767, *0767 desde un celular, puede servir de ayuda. Incluso algunos referentes locales que se reúnen para dar una voz de aliento y sin prejuicios.
No es un problema de pocas personas, sino de muchas. O para tener una idea: en el mundo ocurre un caso cada 40 segundos, son más de 800.000 personas por año. Es bastante más que las guerras y los homicidios juntos. La Organización Mundial de la Salud asegura que por cada situación consumada, hubo 20 intentos.
Así y todo nos resulta un problema ajeno y lejano. Mientras pensamos si es huída, cobardía o valentía, los casos simplemente ocurren. Y mientras el resto pierde el tiempo en elucubraciones, ellos simplemente se van. Solo quedan sus mensajes que aún nos interpelan, pero que nos cuesta dimensionar.

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Bastante más del 90% de los pobladores de nuestro país habitamos zonas urbanas o suburbanas. No siempre fue así, pero la tendencia –desde hace muchos años– es a que siga creciendo la concentración de población en las urbes y a que el campo se siga despoblando.
No es un fenómeno exclusivamente uruguayo, ni mucho menos. De hecho a nivel mundial la mayoría de los flujos migratorios se producen dentro de los países. En 2017, se estima que la migración internacional supuso el desplazamiento de 258 millones de personas, mientras que la migración interna involucró a 763 millones, según datos de Naciones Unidas.
La migración hacia las ciudades y entre zonas rurales, despierta especial interés para la FAO en su objetivo de “luchar contra el hambre, lograr la seguridad alimentaria y promover el uso sostenible de los recursos naturales”. El organismo sigue con preocupación este fenómeno ya que lo considera relacionado con aspectos como la agricultura y desarrollo rural. “Las condiciones desfavorables para la actividad agrícola y el empleo no agrícola pueden llevar a las personas a la migración de emergencia que, a su vez, puede afectar negativamente a las comunidades que dejan atrás”, agrega.
Según un análisis de FAO las decisiones relacionadas con la migración suelen estar motivadas por la pobreza extrema y la inseguridad alimentaria, aunque estas condiciones están influidas por diversos factores más específicos. Entre estos factores se incluyen la “falta de empleo, falta de acceso a la protección social, agotamiento de los recursos naturales, los retos relacionados con el clima y las situaciones de conflicto”; también menciona la “falta de acceso a infraestructuras y servicios, como la atención sanitaria y la escolarización”, así como “la demanda –a menudo internacional– de trabajadores estacionales, trabajadoras domésticas y pescadores migrantes” y finalmente “una política agrícola nacional inadecuada”.
Solamente algunos de estos factores parecen estar emparentados con la situación de nuestro país, y en particular uno de ellos sobremanera: la falta de empleo.
En nuestro país el acceso a la escolarización es algo que se ha atendido desde los albores de la nación con una nutrida red de escuelas rurales, de hecho la Escuela Primaria es, junto a la Policía, la presencia del Estado más cercana a los habitantes del campo.
En los últimos años se ha pronunciado el cierre de escuelas, pese a que la política era tratar de mantener abiertos los centros hasta que partiera el último alumno, aún a costos elevados de funcionamiento. En declaraciones al diario El Observador el director del Departamento de Educación Rural, Límber Santos, decía recientemente que, con la mitad de las escuelas del país, la población escolar del medio rural es el 18% de la matrícula de alumnos. Cada año se cierran “entre 5 y 10 escuelas” rurales, la población rural sigue descendiendo y el número de niños es menor año a año. “Cuando se cierra una escuela es porque se queda con 0 niños, a veces espera por si se instala una familia y demora su cierre”, aseguró Santos.
Por cierto que el acceso a la salud no es el mismo para quien habita lejos de la ciudad. No hay puertas de emergencia ni emergencias móviles en el campo y no es así nomás que se consigue una ambulancia para un traslado, más allá de la demora lógica que implica la distancia, en caso que se consiguiera. Vivir en el campo sigue siendo muy sacrificado, aún con jornada de 8 horas y consejos de salario.
Jesús Quintana, gerente en la División de América Latina y el Caribe, de FIDA, Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola –una agencia de las Naciones Unidas (ONU) que opera como institución financiera para proyectos productivos– dijo que el 80% de la población de América Latina es urbana y la tendencia es “a seguir aumentando” y agregó que aquellos que permanecen en el medio rural “son los que no se pueden ir”. Los que se quedan lo hacen “en condiciones de mucho aislamiento en muchos lugares, en condiciones de pobreza, muy desconectados en lo físico y en lo que tiene que ver con conectividad de comunicaciones”. Por supuesto que no se puede generalizar hacia la situación latinoamericana la realidad de nuestro país, pero de hecho la emigración se sostiene.
Las luces de la ciudad atraen, por más que la industria ya no es la gran generadora de empleos que fue en sus años, cuando el éxodo rural alcanzó su “pico”, y más aún, las “nuevas” industrias absorben trabajadores a los que suelen requerir un grado de capacitación mucho más especializado que en otras épocas. Nada accesible para quien recién llega desde la actividad primaria.
A su vez el campo, la actividad agropecuaria, continúa avanzando en su tecnificación, disminuyendo su demanda de mano de obra y, sumado a ello, la reciente crisis en la lechería ha dejado por el camino muchos tambos, destruyéndose los empleos que generaban. Lo mismo con otra actividad tradicionalmente gran demandante de trabajadores, la producción ovina, que se mantiene en bajos niveles de actividad.
Pero veamos qué se está hablando en el mundo acerca de este fenómeno de la despoblación rural. En un foro desarrollado a instancias de FAO en el año 2017, en el que se abordó esta temática con la participación de profesionales de 28 países, se trazaron una serie de pautas a considerar, ya no para revertir, sino al menos para trabajar por la reducción de este éxodo desde las zonas rurales. Lo primero que se requiere, argumentan, es una perspectiva de “desarrollo humano”, que considere a los migrantes no solo como mano de obra del sistema agroalimentario, sino como individuos con capacidades, aspiraciones y expectativas. En este sentido es que recomiendan que “una visión más amplia de la migración rural debe considerar cómo afectan a la seguridad alimentaria factores como los derechos sobre la tierra, atención sanitaria, las alternativas de empleo rural no agrícola y el bienestar de mujeres y niños”.
Una alternativa que sugieren para desarrollar el “empleo rural no agrícola” es el desarrollo de “aldeas inteligentes”, que describe como “centros rurales que ofrezcan algunas de las oportunidades y servicios de las zonas urbanas”.
En este sentido existen en Uruguay numerosos centros poblados que han visto su población reducirse a la par que la del campo, prácticamente. Tal vez en algunos de ellos podría hacerse una experiencia relacionada con esta idea que propone el organismo de Naciones Unidas como alternativa para mantener afincada la población que queda en el medio rural.
No será por decreto que se mantengan allí estos uruguayos, está claro. Se quedarán en la medida en que cuenten con empleos de calidad, con una remuneración acorde y condiciones de vida equiparables a la ciudad. → Leer más