Opinión

A diario los sanduceros escuchamos diversas quejas sobre el tránsito de nuestra ciudad y los peligros que representa para sus diversos protagonistas (conductores de autos y motos, ciclistas, peatones, etcétera). Desde esta misma página editorial hemos tratado el tema de múltiples ocasiones, alertando sobre la necesidad de tomar medidas públicas y privadas que mejoren esta situación. Es de un tema de conversación casi obligado en cada reunión o lugar de trabajo, pero su frecuencia ha determinado que se transforme en un ruido de fondo de esos a los que nunca se les presta demasiada atención, con las trágicas consecuencias que ello tiene para nuestra comunidad.
Sin lugar se trata de un problema que afecta no solamente a nuestra ciudad sino también a Uruguay y al mundo. En efecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado recientemente, lo siguiente: a) cada año, las colisiones causadas por el tránsito causan la muerte de aproximadamente 1,3 millones de personas, b) los accidentes de tránsito cuestan a la mayoría de los países el 3% de su PBI (Producto Bruto Interno), c) más de la mitad de las defunciones por accidentes de tránsito afectan a “usuarios vulnerables de la vía pública”, es decir, peatones, ciclistas y motociclistas, e) pesar de que los países de ingresos bajos y medianos tienen aproximadamente el 60% de los vehículos del mundo, d) en esos países se producen más del 93% de las defunciones relacionadas con accidentes de tránsito y e) los traumatismos debidos al tránsito son la principal causa de mortalidad entre los niños y los jóvenes de 5 a 29 años.
En Uruguay, y de acuerdo con la información aportada en el año 2019 por el entonces candidato presidencial Luis Lacalle Pou “entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2018, un total de 26.123 personas resultaron lesionadas en siniestros de tránsito. Esto significa un promedio de 72 personas lesionadas por día. De ese total, 528 murieron. Esto implica un promedio de 1,44 fallecidos por día (un aumento del 12,3% respecto de 2017). El 75% de los fallecidos eran hombres. El 12,9% eran jóvenes de entre 20 y 24 años. El 44,9% circulaba en moto. Casi la mitad (47%) falleció como resultado de accidentes ocurridos en rutas nacionales. El resto sufrió el accidente en núcleos urbanos o caminos departamentales”.
La gravedad de los accidentes de tránsito ha sido puesta de manifiesto desde hace varias décadas y en este sentido es importante recordar que una de las publicaciones más importantes referidas al estudio de las variables en el tránsito, fue la realizada por el médico estadounidense William Haddon en el año 1968. El trabajo de este profesional –considerado el padre de la prevención de lesiones– cambió las estrategias desarrolladas hasta el momento, estableciendo la existencia de tres factores –ser humano, vehículo y entorno– y tres fases de un choque –la previa, la del choque y la posterior a este– determinó un cambio de paradigmas, a saber: a) los traumatismos por accidentes de tránsito son evitables, b) los accidentes de tránsito son un evento multicausal, c) la política de seguridad vial debe basarse en datos fiables, d) la seguridad vial es un tema de salud pública, con importantes consecuencias económicas, e) el error humano no se puede eliminar por completo por lo tanto, para lograr un sistema vial seguro es necesario desarrollar y promover la planificación de las carreteras y el diseño de vehículos seguros y e) la aplicación de soluciones locales debe basarse en la generación de conocimientos locales.
El relevamiento efectuado por la OMS sobre la velocidad en el tránsito arroja también alarmantes conclusiones, como por ejemplo que cada aumento del 1% en la velocidad media da lugar a incrementos del 4% en el riesgo de que se produzca una colisión mortal y del 3% en el riesgo de colisión grave o que el riesgo de muerte para los peatones atropellados frontalmente por un automóvil aumenta rápidamente (por ejemplo, si pasamos de 50 km/h a 65 km/h, se multiplica por 4,5 veces). Algo similar sucede con el uso de los elementos de protección ya que el uso correcto del casco puede dar lugar a reducciones del 42% en el riesgo de traumatismos mortales y del 69% en el riesgo de traumatismos craneales mientras que ponerse el cinturón de seguridad reduce de un 45% a un 50% el riesgo de muerte entre los conductores y los ocupantes de los asientos delanteros; en el caso de los ocupantes de los asientos traseros, este descenso es de un 25%. A ello se debería agregar que los elementos de retención infantil permiten reducir en un 60% el riesgo de muerte. Ante la contundencia de estos números deberíamos preguntarnos lo siguiente: ¿cómo es posible que todos los días sigamos viendo accidentes de tránsito que generar pérdidas humanas y materiales para las familias y comunidades involucradas y que perjudican muchas veces a quienes se ven más expuestos por su medio de transporte (bicicleta, moto o vehículos varios en mal estado de mantenimiento)? La respuesta, como sucede en muchas ocasiones, se encuentra en nosotros mismos como protagonistas de un tránsito que se ha transformado casi en un trágico videojuego en el cual hay que evitar obstáculos y ataques variados para llegar sano y salvo al destino programado. Ante esta situación, todos debemos asumir una actitud proactiva en el tránsito que vaya más allá de lo que formalmente nos indiquen las señales de tránsito. Se trata no sólo de cuidarnos nosotros mismos, sino de cuidar también a los demás de sus propios errores, estando atento a la situación concreta y actual y tratando de anticipar (dentro de lo posible) las reacciones que el otro tendrá ante una situación concreta. Como se dice en forma corriente “debemos cuidarnos de nosotros mismos y de los demás”.
Para alcanzar esa forma consciente de conducirnos en el tránsito debemos entender que las señales que nos autorizan determinadas acciones (por ejemplo, circular a determinada velocidad o cruzar una calle habilitados por la luz verde) no constituyen “un cheque en blanco” que nos exima de mantenernos alertas a los errores que nosotros mismos o que otros conductores pueden realizar. Esto es así porque como estableció Haddon hace más de 50 años, los accidentes siempre son multicasuales y lo más importante, es imposible evitar el 100% del error humano. Para poner un ejemplo concreto, aunque transitemos por una vía preferencial hay que tener en cuenta que algún conductor puede equivocarse y cruzar sin la debida precaución, o en algún momento algún distraído puede cruzar un semáforo en rojo sin percatarse, y si nosotros no estamos atentos para evitar el accidente, no importa quién tenga la razón, pero ocurrirá indefectiblemente.
Lo más importante siempre debe ser evitar el siniestro, sin importar si el otro tiene la culpa o no, porque la consecuencia de no hacerlo es un perjuicio para todos; para el que se equivocó –o cometió una infracción intencionalmente, da igual—y para uno mismo, que aún siendo “víctima” deberá asumir gastos de reparación del vehículo en caso de chocar, perder horas o días atrás de los talleres sin contar con él, o peor aún, sufrir las consecuencias físicas por lesiones que pueden ser muy graves o hasta mortales.
Por eso decimos que el tránsito constituye una comunidad en la cual no debe primar el “vale todo” ni tampoco “la ley del más fuerte”. Al fin y al cabo, se trata de cuidarse uno mismo y de cuidarnos entre todos. → Leer más

La semana que concluye ha estado signada por las repercusiones de los anuncios sobre el proyecto del denominado masterplan para la costa que la Intendencia Departamental encomendó a la empresa Office for Metropolitan Architecture (OMA).
El intendente Nicolás Olivera encabezó el acto por el que se oficializó el encargo a esta firma, con grandilocuente discurso, en el que anunció “Comienza un tiempo de oportunidades para los sanduceros”.

El estudio europeo tendrá a cargo la elaboración de un proyecto de la transformación urbanística de la faja costera de la ciudad de Paysandú, “desde el Puente Internacional hasta la desembocadura del Arroyo Sacra”. Lógicamente la instancia concitó la presencia de autoridades nacionales y departamentales, dirigentes de diferentes sectores políticos, empresarios y profesionales, entre muchos invitados especiales.
Más allá que le toca a Olivera encabezar este tiempo histórico y enfrentar las críticas que, como adelantó, llegarán, como le llegan siempre a quienes toman decisiones osadas que terminan signando el destino de las comunidades, no hay que dejar de recordar que estos pasos que se dan comenzaron con iniciativas y planteos desde el ámbito privado, de ciudadanos emprendedores y empresarios preocupados e inquietos por el futuro de Paysandú. Es que así se construyó la historia grande del departamento, con el gobierno facilitando las condiciones y el sector privado dando los pasos hacia adelante. Y eso es lo que tendrá que pasar ahora: generar las condiciones para atraer las inversiones necesarias para el desarrollo de Paysandú.
Queda mucho trabajo por hacer, y no solo en la costa, porque, corrigiendo al doctor Olivera, el tiempo de oportunidades para los sanduceros no comienza ahora, está siempre abierto, pero no siempre los actores que tienen la responsabilidad de la toma de decisiones están a la altura.

Esta presencia de Rem Koolhaas, un arquitecto cuyo prestigio lo posiciona en un sitial de privilegio a nivel internacional, tienen un antecedente bastante reciente. En el pasado período de gobierno departamental estuvo en Paysandú y dejó su compromiso de trabajar en la transformación de la ciudad otra “superestrella” internacional del urbanismo, Toni Puig, el “Gurú de las ciudades”, quien lideró la transformación de Barcelona desde su decadencia posindustrial a una meca de la cultura, el progresismo y el turismo internacional. Y no pasó nada.
El gobierno de Guillermo Caraballo invirtió –con el apoyo del gobierno nacional– valiosos recursos para traer a este y otros expertos, que estuvieron en la ciudad en el marco del ciclo “El Paysandú que queremos”, que llegó a ser citado como un ejemplo de un proceso colectivo de diseño de transformaciones y generación de oportunidades. Se contrataron auditorías, se elaboraron informes, se hicieron costosos seminarios, se invirtió muchísimo dinero. ¿Y dónde fue a parar todo eso?

Y ojo que la transformación que proponía Puig no era de inversiones millonarias. Sí habría que hacer algunas obras y transformar algunos espacios, pero la principal transformación era conceptual y después cosas muy prácticas, como por ejemplo que quienes llegaran a la ciudad pudieran acceder, por ejemplo, a una cartelera de eventos culturales.
Quizás sea bueno, en los albores de esta nueva era para la ciudad, traer a colación aquello que planteaba el catalán, cuando animaba a elegir un rumbo y tomar ese camino “¿Qué Paysandú quieren dentro de 20 años? (…) ¿Paysandú será la primera ciudad en contaminación cero de Uruguay y de Latinoamérica? ¿Por qué no? ¿Cuál va a ser? Podemos ser nosotros, ¿no? En diez años, no ahora”. Y lo mismo en caso que la elección fuese por ser la primera en tecnología, en cultura o en turismo, pero ir paso a paso y siempre teniendo al tanto a todo el mundo de qué es lo que se está haciendo y hacia dónde vamos. Pero no hay que ir tan lejos como Barcelona o Rotterdam. Aquí enfrente, Colón decidió a mitad del siglo pasado que su destino tras el cierre de la industria frigorífica de la que dependía la zona que sería un destino turístico y todos los gobiernos que vinieron después dieron pasos para ir en ese camino. Y la comunidad siempre tuvo claro cuál era la meta, el camino que se estaba transitando y que sería a largo plazo.

De allí que rechine un poco que se hable de confidencialidad cuando de lo que se trata es de espacios públicos y de ordenamiento territorial, que en Paysandú tuvo un proceso de discusión colectiva. Pero también es cierto que de todo aquello poco quedó en concreto. Solo preguntas que deberíamos habernos hecho para obtener respuestas de consenso. Y los consensos en estos tiempos son demasiado difíciles de lograr, por lo que en general terminan en nada, como fue el “Paysandú entre todos” del intendente Lamas o “El Paysandú que queremos”.
Es por eso que podría ser muy positivo contar con un proyecto bien desarrollado por gente de la que nadie puede poner en duda su capacidad porque sobran las referencias a nivel internacional, que servirá para tener una idea verdadera del potencial con que contamos en la costa sanducera, para dejar de pensar en pequeño y tener la perspectiva de una ciudad que piense a futuro con vistas a crecer y desarrollarse, generando trabajo y dando calidad de vida a su gente.
Sin embargo, en la medida de las posibilidades, es importante que no perdamos de vista aquellas palabras de Puig, que al sugerir un eslogan para el proceso que proponía dijo: “No lo va a hacer un intendente, no lo va a hacer un equipo de gobierno, lo vamos a hacer juntos”. → Leer más

En escenarios complejos las soluciones no suelen ser rápidas ni fáciles. No obstante, es necesario buscarlas sin dilaciones. Seguramente no son pocos los temas de la realidad nacional a los cuales le va bien esa afirmación y uno de ellos es el que refiere a las dificultades de los productores rurales ante la matanza de ovejas que realizan jaurías de perros en sus predios productivos.
El problema no es nuevo. Se trata ni más ni menos de un asunto que sucesivos gobiernos no han podido solucionar y que hoy se ubica en los titulares de la agenda pública debido a la manifestación de productores rurales de diferentes lugares del país que expusieron parte de sus majadas muertas en el corazón de la capital.
La finalidad de dicha movilización, realizada en las inmediaciones del Palacio Legislativo y Plaza Independencia, fue dar visibilidad a este grave problema que afecta su actividad. “Estamos cansados, no damos más, esto no tiene solución pese a las promesas que hubo y el perjuicio económico y anímico es brutal, sentimos que la gente que está lejos de los campos al menos tiene que saberlo”, señalaron a los medios capitalinos voceros de la movilización.
El problema ha venido siendo planteado y denunciado repetidamente en diferentes ámbitos pero como nunca antes ahora alcanzó a la opinión pública a través de los medios de comunicación que transmitieron imágenes de las ovejas muertas o moribundas en plena Plaza Independencia de Montevideo.
El reclamo generó también una significativa polémica en la opinión pública, que involucró incluso a los profesionales agropecuarios -como es el caso de la Sociedad Uruguaya de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales-, con cruces entre productores, veterinarios y animalistas, así como pronunciamientos de varias gremiales que emitieron sendos comunicados y declaraciones en relación a este tema.
En las últimas horas la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay emitió una declaración en la que se refiere a los ataques de perros sueltos a ovinos en todo el territorio nacional y expresa su preocupación sobre las consecuencias, a la vez que se solidariza con los productores damnificados.
En este sentido la gremial expresa que “este tipo de ataques causan graves problemas a toda la cadena de producción ovina, afectando las esperanzas y posibilidades de cada familia dedicada a la cría y muchos productores generando incertidumbre, pérdidas y frustraciones a la actividad, que conducen finalmente al apartamiento de muchos productores del rubro y hasta de la actividad agropecuaria”. Agregan que “se entiende claramente la desesperación de los productores que han estado sometidos a ataques continuos de jaurías y que a su vez advierten que el problema viene en aumento”.
En lo que respecta a las autoridades nacionales, hasta el momento no han podido encontrar una solución y también hay diferentes visiones sobre el tema. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, reconoció que se trata de un problema de larga data en Uruguay, que debe ser asumido por todos y consideró que existe superpoblación canina y es necesario tomar medidas. “Gobernantes, gobiernos departamentales, porque hay muchos problemas de perros abandonados, que están vagando en los basurales, en la vía pública. Debemos tomar medidas”, indicó.
Agregó que el problema es más amplio que la afectación a la producción y comprende también a la convivencia social, genera problemas sanitarios y hasta muertes de personas por ataques de perros o accidentes de tránsito. “Venimos con un proceso de largo plazo, a través de la castración y chipeo masivo. Son varios millones de pesos volcados a estas campañas”, indicó el ministro aunque opinó que no es posible ni representa una solución salir a matar perros indiscriminadamente.
En este sentido, coincidió con los propios productores afectados en cuanto a que es muy difícil aplicar el artículo 125 del Código Rural, que habilita al productor a matar a esos perros si los encuentra atacando las ovejas de su predio.
Más allá de los perjuicios a productores, el gran tema que subyace en estos ataques de jaurías es el de la tenencia irresponsable de animales. Desde 2009 Uruguay cuenta con una Ley de Tenencia Responsable de Animales que tiene por finalidad protegerlos en su vida y bienestar. La misma contempla un abanico bastante amplio de situaciones que involucran distintos aspectos de la existencia humana y animal y las relaciones entre ambos, así como también a distintos organismos reguladores y fiscalizadores.
La Ley 18.471 atribuye responsabilidades a quienes tengan animales a su cargo, sean o no sus propietarios. Entre ellas se incluye proporcionarles condiciones físicas y sanitarias adecuadas, dándole alojamiento, alimento y abrigo; no abandonarlos ni dejarlos sueltos en lugares públicos de libre acceso, el cumplimiento de las normas sanitarias y legales destinadas al paseo, manejo y tenencia responsable de los mismos, un trato adecuado, permitir el control por parte de las autoridades y -entre otros aspectos- reponer los daños que el animal pueda provocar a otro animal o persona, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda corresponder.
Evidentemente, de la letra de la ley vigente a la realidad denunciada por los productores ovejeros hay una brecha clara que nos señala en lo que, como sociedad estamos en falta.
La semana pasada los representantes por Tacuarembó y Montevideo, Rafael Menéndez Cabrera y Martín Sodano, respectivamente, presentaron en el Parlamento un proyecto de Ley que pretende aportar soluciones al ataque de perros a la ganadería, en especial el rubro ovino. “Majadas mal deshechas, corderos huérfanos y mordidos, sistemas productivos destruidos, puestos de trabajo que se pierden y el desestímulo a la producción ovina son el común denominador de cada ataque que se ha producido y se produce en el medio rural”, señalan en la exposición de motivos.
El proyecto establece la exoneración de la patente de perros a los propietarios de canes que habiten en zonas rurales y que castren e identifiquen mediante chip a sus animales, la incorporación de la tenencia de perros en la declaración jurada anual de semovientes –con fotos de cada perro-, además de obligar a los dueños o tenedores de perros que causen daños al pago de una indemnización equivalente a 10 veces el valor del animal muerto o herido. También se establecen inspecciones del Ministerio del Interior y multas de 5 a 100 Unidades Reajustables, además de responsabilizar a las intendencias por el control de los perros existentes en vertederos municipales así como por los daños que causen.
Podría haber algunas soluciones allí pero también es necesario una discusión amplia sobre la necesidad de efectivizar medidas en el corto plazo. Lo que no puede pasar es que luego de las polémicas recientes el asunto vuelva otra vez bajo la alfombra o se archive en algún cajón mientras los productores siguen sufriendo las consecuencias.

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Se conmemoró ayer, 15 de febrero, el Día Internacional de lucha contra el cáncer infantil, una fecha que lleva 20 años instaurada, cuyo sentido es sensibilizar sobre esta problemática. En Uruguay la referencia en la materia es la Fundación Pérez Scremini, que este año está cumpliendo 10 años de actividad al frente del diagnóstico y tratamiento del cáncer infantil, reconocida por el Programa Nacional de Control del Cáncer del Ministerio de Salud Pública. La Fundación sustenta el Servicio de Hemato Oncología del Hospital Pereira Rossell, el centro de referencia para el cáncer infantil.
El cáncer infantil, cuando se detecta en estadios tempranos, tiene una alta tasa de supervivencia. En particular en nuestro país, según datos de la Fundación, se alcanza al 80%, por encima del resto de Latinoamérica y algunos puntos por debajo del promedio del mundo desarrollado, donde se alcanza al 85%. En países como el nuestro una de las mayores dificultades es, justamente, conseguir un diagnóstico temprano. Un porcentaje elevado de niños no llegan a ser diagnosticados o no llega a acceder a tiempo a los tratamientos adecuados.
En Uruguay se diagnostican entre 120 y 140 casos nuevos de cáncer por año, entre las personas recién nacidas y hasta los 14 años de edad. Desde el año pasado la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la Fundación Pérez Scremini, ampliaron la cobertura hasta los 18 años de edad, con lo que se abarca desde entonces a todos los adolescentes en el acceso a tratamientos gratuitos e integrales.
De acuerdo a los datos difundidos ayer por el ministerio de Salud Pública, el 41% del total de casos que se diagnostican corresponden a pacientes de entre 0 y 4 años, le sigue la franja de entre 5 y 9 años, aproximadamente el 29% de los casos y entre 10 y 14 años son el restante 30%.
Los tipos de cáncer más frecuentes son los del grupo de las Leucemias, representan el 38,9% de los diagnósticos, y entre estas las Leucemias Linfoblásticas Agudas son las más comunes.
Entre los tratamientos que se disponen en el país, desde 2017 la Fundación Pérez Scremini es el centro nacional de referencia en trasplante de médula ósea, y dispone de un equipo multidisciplinario con 24 años de experiencia. Este procedimiento se realiza con el financiamiento y autorización del Fondo Nacional de Recursos, organismo que cuenta con los correspondientes informes de cada trasplante al momento del egreso del paciente.
Debido a que los tratamientos a los que se someten los pacientes tienen un alto nivel de toxicidad –y aunque los niños y los adolescentes la toleran mejor que los adultos– se pueden presentar secuelas a largo plazo que afecten la calidad de vida del paciente, con consecuencias como la infertilidad y todo lo que ello supone para las personas. Es por ello que la Fundación, con el apoyo del Centro de Esterilidad de Montevideo, con el propósito de proteger y preservar la fertilidad de los pacientes implementaron un programa de preservación de gametos para los pacientes cuyos padres manifiesten su voluntad de hacer uso de esta posibilidad. Los costos de estos procedimientos corren también por cuenta de la fundación.
Como se verá es mucho lo que se ha avanzado en el país en el abordaje y en los tratamientos, así como en tratar de garantizar la mayor calidad de vida a niños y jóvenes a los que les toque atravesar estas circunstancias, de las que a priori nadie está exento.
Por ello es que cada 15 de febrero se busca sensibilizar y concientizar a la población sobre los desafíos a los que se enfrentan tanto los niños como sus familias cuando se tiene un diagnóstico de cáncer, al igual que reflexionar sobre la necesidad de que todos los niños puedan acceder a un diagnóstico que le permita disponer de un tratamiento acertado, integral y gratuito.
Es un tema al que la sociedad se ha mostrado siempre sensible, solo que, como suele ocurrir, a veces hay otras discusiones que se ponen por delante, distrayendo la atención, por eso no está de más tener un día para hacer una pausa y reflexionar y, quien lo tenga a su alcance, dar una mano, ya sea a través de las campañas de colaboración que se llevan a cabo en forma permanente desde la Fundación, para hacer frente a los elevados costos que conlleva la obra que llevan adelante.
Pero no solo económicamente se puede colaborar en esta lucha. La fundación cuenta con un programa de voluntariado, tanto en Montevideo, donde funciona el Servicio de Hemato Oncología del Hospital Pereira Rossell, como en los distintos departamentos del Interior del país.
El trabajo de los voluntarios es muy importante para el trabajo de la fundación y es por ello que trabajan de forma organizada y profesional, con la debida formación para atender las actividades y responsabilidades que se le asignan. En Montevideo los voluntarios acompañan a los niños, adolescentes y sus familias a través de distintos programas en el Hospital de Día, en la Internación y en el Hogar Hospitalario. En el Interior acompañan a los valientes –como denominan a los pacientes en la institución– y sus familias, “se ocupan por darle seguimiento a cada caso y tienen como objetivo garantizar aquellos aspectos sociales que acompañan al tratamiento”. Los voluntarios también trabajan para involucrar a la comunidad a través de distintas actividades de difusión y recaudación. Para ser voluntario solo se necesita ser mayor de 18 años y disponer de 3 o 4 horas al menos una vez por semana.
El margen de diferencia en los datos de sobrevida respecto a los países desarrollados demuestra que si bien se están haciendo las cosas bien, todavía se puede mejorar, pero ello depende un poco de todos nosotros. → Leer más

En más de una oportunidad, en esta misma página editorial analizábamos el escenario de la actividad económica y laboral durante el período más acuciante de la pandemia y su proyección hacia el momento actual, en el que sigue manifestándose un elevado número de casos –con mucho menos consecuencias en la salud de los afectados, felizmente– pero con medidas restrictivas más laxas y una incidencia mucho menor en el tejido socioeconómico, al punto en que en determinados parámetros nos encontramos ya en los niveles prepandemia.
Uno de los aspectos más significativos es la recuperación del empleo, primero por reingresar al campo laboral decenas de miles de personas que se encontraban en el Seguro por Desempleo, y en otros por mejorar las horas de trabajo y captación –muy menor– de nuevos empleados, naturalmente todo en la actividad privada, porque en el caso de la esfera estatal se está por encima de estos avatares.

Es de traer a colación además que en medio de la incertidumbre generada por la pandemia, y aún teniendo en cuenta la incidencia heterogénea del impacto sanitario, social y económico, la crisis ha servido para poner al desnudo falencias en un “paraguas” que se creía era producto de fortalezas que en realidad que no eran tales y que, además de un déficit de coordinación internacional en materia de controles sanitarios, también tiene que ver con escenarios internos en cada país.
Más allá de la calidad y cobertura de los sistemas sanitarios, de las virtudes y deficiencias en cada país, así como de la espalda económico financiera, existen aspectos laterales a tener en cuenta, para tener idea de la magnitud del impacto que implica para la población en la coyuntura y las perspectivas de rebote hacia una situación de determinada normalidad.
En el caso de Uruguay, durante la crisis, amplios sectores de trabajadores y empresas de bajo porte quedaron expuestas a campo abierto en el temporal, cuando había un “relato” sobre una situación mucho mejor como consecuencia de la gestión de los gobiernos de izquierda durante quince años.

Uno de las consecuencias, desde el punto de vista recaudatorio, es que es un problema que empresas y trabajadores no contribuyan al fisco en igual medida que el resto de la economía, debido a los flancos débiles que implica la informalidad en una serie de áreas.
Por supuesto, estamos ante una problemática siempre vigente pero que resulta acuciante cuando queda expuesta en toda su magnitud en coyunturas como la que atravesamos y se sigue dando actualmente, desde que implica que amplios sectores de la población y de la fuerza productiva resultan sin cobertura en áreas sociales y hasta sanitarias. El punto es que con la crisis provocada por la COVID parece haberse revertido una tendencia que se venía dando en cuanto a la incorporación de trabajadores y empresas al circuito formal, aunque siempre hubo un núcleo duro difícil de abatir –más aún en épocas de grandes dificultades económicas– sobre todo a partir de la situación laboral de pequeñas empresas y cuentapropistas.
Tenemos por lo tanto que el impacto de la pandemia se ha dado a todo nivel pero en la actividad informal las consecuencias han sido más problemáticas, porque la informalidad es un fenómeno de carácter económico, de evasión de aportes que al fin de cuentas más temprano o más tarde perjudica al que lo practica y siempre va contra la sociedad, contra los que aportan regularmente y/o van a necesitar de los fondos conformados por estos aportes en los organismos previsionales, por ejemplo.

Uruguay no escapa a una realidad muy extendida que se da fundamentalmente en los países subdesarrollados sobre todo, y de acuerdo a un reciente informe del Banco Mundial, denominado “La larga sombra de la informalidad, desafíos y políticas”, un 70 por ciento del total del empleo y un 30 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), es informal a nivel de las economías emergentes y en desarrollo.
El punto es que este es un factor que retroalimenta el círculo vicioso en estos países, por cuanto además del punto de vista social y previsional por falta de cobertura, la menor recaudación hace que se disponga de menos recursos públicos para encarar políticas macro y generar inversiones a mediano y largo plazo.
Esto limita sensiblemente la capacidad del Estado de responder en casos de crisis profundas, y aunque hay factores culturales de por medio, se conjugan la irresponsabilidad de los actores y la falta de controles con situaciones extremas de escasos ingresos para sectores laborales con menor formación, que optan por hacer frente a los compromisos cotidianos antes que volcar los aportes para su futuro y ponerse a cubierto de avatares desde el punto de vista sanitario y social.
Los cierto es que en Uruguay, cuando el informalismo se había logrado abatir a más o menos un 22 por ciento, existe una evasión no detectada que eleva las cifras en el período de pandemia y posterior, que determina que al mismo tiempo que se afecta la economía, se retaceen recursos a los organismos previsionales, a la salud, a la educación, a la vivienda, por no recibirse todos los aportes que giran en torno a la economía.

Además, quienes está en la informalidad no están integrados al trabajo formal de trabajo, no tienen acceso a la seguridad social y a la cobertura en otros organismos estatales, lo que conspira contra su calidad de vida y la de sus familiares, así como contra la economía y el funcionamiento del Estado.
En plena pandemia, la necesidad de captar ingresos para su subsistencia pese a las restricciones hizo que amplios sectores no acataran el llamado a medidas restrictivas para evitar el contagio y por lo tanto quedaron más expuestos a contraer el COVID y a difundirlo, A la vez vieron disminuidos sus ingresos por la caía de actividad, y esa problemática agudizada en los peores momentos de la crisis, se traduce hoy en día en que el adicional de informalidad agregada en ese período todavía se mantiene en similares términos en la actualidad.
Por lo tanto, cuando se está en el proceso de retorno a la normalidad, de lo que es una muestra el mayor nivel de empleo y de actividad industrial, entre otros parámetros, el desafío inmediato es captar a quienes se han pasado al sector no formal, para lo que deberían diseñarse estímulos, fomentar la educación, la capacitación, el acceso a créditos para la inversión y reinversión, a la par que mejorar los controles y dar posibilidades de ingreso menos gravosas a los evasores para integrarse al circuito formal, por lo menos temporalmente, para captar a los sectores que están trabajando fuera de la legalidad y evitar que se consolide este escenario negativo. → Leer más

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Uruguay es “referencia en la región” por la normativa que determina cero tolerancia de alcohol en sangre para conducir en el tránsito. Junto a la Fundación Gonzalo Rodríguez, relevaron distintas publicaciones nacionales e internacionales, donde se determina el impacto del alcohol en la siniestralidad. En todos los casos, comprueban que las habilidades necesarias para manejar se alteran con valores diferentes a cero.
Establece que los conductores bajo los efectos de esta sustancia, son más impulsivos y arriesgados y disminuyen su capacidad de juicio, vigilancia, control o cálculo. Cuando en Uruguay se instrumentó dicha normativa durante el gobierno de Tabaré Vázquez, la polémica subió de tono y bajó a la opinión pública. Entre ellos, el entonces legislador Luis Lacalle Pou aseguraba que la mayoría de los países permitían el manejo con algún nivel de alcohol en sangre y citaba los casos de España, Francia y Alemania que varían entre 0,5 y 0,8.
Durante la campaña anunció su disposición de elevar la tolerancia a 0,3 gramos de alcohol por litro de sangre. Sin embargo, en febrero del año pasado aseveró que no iba “a avanzar en temas de los cuales no hay un ambiente previo, entre otras cosas porque necesita una modificación legislativa”. En el medio, el mandatario recibió diversas propuestas, como la presentada por el exministro de Ganadería, Carlos Uriarte, quien pidió la reconsideración de la iniciativa de Lacalle. O el senador Sergio Botana y su proyecto de ley que permitiría conducir con hasta 0,3 gramos y con hasta 0,5 un chofer, que podrá evitar que le quiten la libreta, previo pago de una multa. Las opiniones fueron diversas desde la oposición e incluso el Sindicato Médico del Uruguay, rechazó modificar la ley porque eso significaría “ceder a las presiones corporativas que se pagan con vidas y secuelas graves”. Es así que la Ley N° 19.360 está vigente desde diciembre de 2015.
Hasta el año pasado, los datos inéditos de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) –no se divulgaban desde el gobierno anterior con la vigencia de la ley porque las anteriores autoridades entendían que “no tenía sentido”– señalan que los registros se mantiene estables.
La proporción de conductores con niveles de alcoholemia positiva se mantuvo con mayores oscilaciones al alza que a la baja. No obstante, existe un subregistro porque la evolución de la siniestralidad en los conductores con alcohol en sangre refiere a los tests efectivamente re alizados. Tampoco el consumo de alcohol varió en la población y, en ese sentido, echa por tierra el argumento de una crisis en las ventas a raíz de la aprobación de la ley. En Uruguay, el consumo de alcohol empieza antes de los 13 años y no hay otra sustancia más consumida y con menor percepción sobre sus riesgos que el alcohol. Es decir, como siempre.
Si bien no ha sido posible cuantificar el efecto de la pandemia sanitaria sobre la siniestralidad en el tránsito y las consecuencias de los conductores que manejaron con niveles positivos en Uruguay, es posible su comparación con otros Estados que mantienen normas más restrictivas.
De hecho, se han divulgado menores tasas de mortalidad y fallecimientos, como resultado de las políticas públicas y las legislaciones.
En cuanto al fenómeno social, el país supera la prevalencia en las Américas, con el consumo de al menos cinco unidades estándar de bebida, una vez al mes. La última referencia, que se remonta al año 2016, aseguraba el registro del 39,7% entre los hombres y el 10,5% en las mujeres. Según la OMS, el 9,6% de los varones y el 3,4% de las mujeres, presentan algún tipo de trastorno por el consumo de alcohol.
Es así que la ley tampoco provocó un cambio significativo en los patrones de consumo, sino en las pautas de comportamiento al momento de conducir, e hizo descender la siniestralidad fatal. Porque, además, hay otras cuestiones visibles como el crecimiento del parque automotor, en un país cuyo índice poblacional permanece estancado. Incluso bajó la cantidad de siniestros y muertes en los motociclistas.
En cualquier caso, por estos días adquirió visibilidad y seguimiento, el accidente protagonizado por el presidente del Pit Cnt, Marcelo Abdala, quien chocó con 1,53 alcohol en sangre a vehículos estacionados en Punta Carretas. Resultó condenado como autor penalmente responsable de la conducción en “grave estado de embriaguez” de acuerdo al numeral 3 del Código Penal, con “15 días de prestación de trabajo comunitario o prisión equivalente en caso de incumplimiento”. En las últimas horas se supo que solicitó ausentarse del país por 7 días para realizar un viaje ya planificado.
Bastante menos visibilidad, por el hecho de ser un desconocido, tuvo el siniestro fatal provocado por un conductor reincidente, al impactar con un motociclista de 27 años, que falleció en la zona de Canelón Chico. Y esta situación, reiterada, deja el sabor amargo de una serie de preguntas que difícilmente puedan responderse.
Porque un conductor alcoholizado y reincidente debe tener prohibido volver a manejar un vehículo por el resto de su existencia, con el necesario retiro de la documentación. Su caso está a disposición de la justicia canaria, pero es un ejemplo de lo que debe prevenirse antes de una muerte en el tránsito.
Las intervenciones se vuelven necesarias, como por ejemplo, las derivaciones obligatorias a organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la recuperación de su problema de alcoholismo.
Las actividades, en general, han retornado a su normalidad a pesar del transcurso de la pandemia y con ello el incremento del tránsito de personas y vehículos. En forma paralela se observa un aumento en la siniestralidad y la repetición de conductas que se creían controladas.
Esto vuelve a significar que, a pesar de haber tenido un tiempo para reflexionar, el ser humano, al volver a la “normalidad”, vuelve con la misma carga de defectos conque había puesto pausa a sus actividades cotidianas.
Hay cuestiones que en las sociedades modernas no tendrían que discutirse ni permitirse que atraviesen por discursos moralistas. Estamos en el siglo XXI y la evidencia es clara. → Leer más

“A mí la política no me interesa”. “Los políticos son todos iguales”. Son ese tipo de frases y comentarios que me rechinan. Me cuesta creer cómo puede haber quienes se autodenominan apolíticos y declararse en rebeldía en un mundo que precisamente gira en torno al poder político.
Lo cierto es que los tiempos que corren no son fáciles para la mayoría de los uruguayos. Es verdad, la pandemia tuvo sus efectos. Pero también es real que día a día nos ajustamos los cinturones frente a la opresión de un gobierno que llegó “para desplumar el pollo”, como ya había prometido el expresidente Julio María Sanguinetti, uno de los grandes impulsores de la coalición multicolor que gobierna.

Para vos que te declarás apolítico tengo algunas preguntas y comentarios.
¿Tú crees realmente que la baja de tu poder adquisitivo es simplemente un acto divino?
¿Te parece lógico que con el precio del crudo más bajo que hace 8 años, hoy las tarifas de combustibles en Uruguay sigan en aumento?
Cabe la posibilidad también de que en 2019, preocupado por la ola de inseguridad de la cual los medios se hacían tanto eco, hayas decidido votar por “el cambio”. Hoy tristemente nos acostumbramos al aumento de delitos de toda índole, entre los cuales se destacan homicidios, femicidios y también episodios de gatillo fácil.
Ah, y por las dudas te comento… los grandes medios de comunicación también son actores políticos.
¿Sabés que todo lo que acabo de contarte pasa porque en Uruguay desde el 1° de marzo de 2020 nos gobierna un gobierno de derecha integrado por la élite más conservadora de nuestro país?

La política trasciende nuestras vidas desde que nacemos hasta que morimos. Cuando fuiste un niño, te criaste en un hogar donde regían ciertas reglas y estaban quienes mandataban a cumplir con ellas. Bueno, eso también es político. Y todo lo que viene después también, porque en el lugar de estudio, en el lugar de trabajo, existe autoridad y súbditos.
Y desde los 18 años vos te transformas en un ciudadano soberano que puede tomar decisiones claves como por ejemplo, elegir quién querés que gobierne tu país.
Espero que después de leer esto reconsideres la idea de pensar que sos apolítico, porque en todos los ámbitos de la vida nos regimos por la política. Y sobre todo, que abandones la idea de que votar es un solo acto testimonial, porque lo cierto es que votar es un acto de responsabilidad que condiciona tu presente, futuro y también el de todos.

Y si entendés esto, entonces también tenés que entender que el 27 de marzo tenés un desafío importante que es votar en el referéndum. Ahí tenés dos opciones, seguir profundizando la cruda realidad en la que este gobierno motosierra nos ha metido. O podés votar rosado, y decir “Sí” a derogar 135 artículos de la nefasta LUC, la ley “caballito de batalla” de este gobierno que a grandes rasgos es la que está generando los cambios que hoy padecemos la mayoría.
Al fin y al cabo, es como decía Platón: “El precio de desentenderse de la política, es ser gobernado por los peores hombres”. La Hormiga Rosada → Leer más

En estos días se han anunciado resoluciones institucionales que realmente nos debemos cuestionar como integrantes de una sociedad que posee una rica construcción social e histórica basada en un estado de derecho garante de las libertades y democracias plenas.
Y en el marco de esa construcción hemos cimentado parte de nuestra hermosa cultura de la cual nos sentimos y somos parte, con transformaciones, con contradicciones, pero al fin y al cabo el concepto de cultura nos indica que es el conjunto de elementos y características propias de una determinada comunidad humana. Incluye aspectos como las costumbres, las tradiciones, las normas y el modo de un grupo de pensarse a sí mismo, de comunicarse y de construir una sociedad.

En ese sentido el carnaval se sitúa entre las más lindas tradiciones de nuestra sociedad con una impronta tan particular que lo catapultan como el carnaval más largo del mundo pero que hacen de un tiempo ameno, de júbilo, de rizas e interminables anécdotas que se mantienen a lo largo de varias generaciones.
Sabemos que el carnaval es lo más representativo de lo popular, popular significa que viene del pueblo, del vecino y la vecina, de los trabajadores, de los estudiantes, de todos y todas aquellos que desean expresar algo mediante una letra, una canción, un baile, un sonido, etcétera.
Penosamente nos hemos encontrado con una resolución del gobierno departamental de Paysandú que coarta la libre expresión de quienes son los protagonistas, que daña una de las más esperadas fiestas populares, que nos retrotrae a los tiempos más oscuros del país.
Una resolución que raya la censura… Fernando Rodríguez, Edil departamental del Frente Amplio → Leer más

Recordar que el suscrito formó parte del Partido Nacional en las diversas elecciones del año 2019, encabezando e integrando listas. Siempre puntualizamos que en esa época no se conoció un texto proyecto de ley de urgente consideración. El articulado propuesto se dio a conocer en primeros meses del año 2020. Por ello esta tarea de difusión de información se centra en la parte cuestionada (135 artículos) de la Ley con el fin de aportar una visión crítica de alguien que se considera “blanco” al debate necesario y fundamental que no se dio al discutirse la Ley.
En esta oportunidad queremos comentar las modificaciones que realiza la Ley Nro. 19.889 Ley de Urgente Consideración –en adelante “la LUC”– a la Ley Nro. 11.029 de 12 de enero de 1949. En efecto la LUC por la vía de la urgente consideración (prácticamente sin debate alguno), modificó aspectos de la ley orgánica del instituto de colonización que tenían una vigencia de más de setenta años. Como advertimos en anteriores publicaciones, nos abocamos a desarrollar comentarios sobre los 135 artículos que se encuentran a consideración de la ciudadanía en la próxima instancia de referéndum que habrá de realizarse el próximo 27 de marzo. Se trata la “LUC” de una Ley ferrocarril que en menos de cincuenta días atropelló derechos y garantías de toda la ciudadanía, modificando más de cuarenta leyes.

Luego de la reinstalación de la democracia el mecanismo de la urgente consideración fue utilizado en 13 oportunidades, siendo rechazados 4 proyectos de ley y aprobadas 9 leyes que se tramitaron con esta declaración. “Los proyectos de ley con declaratoria de urgente consideración más extensos que se presentaron en el período de 1985 a 2019 fueron los siguientes: uno del período del gobierno del presidente doctor Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995), presentado en abril de 1992, que refería a la modificación del régimen de pasividades que contaba con 92 artículos, que no fue aprobado; otro en el gobierno del presidente doctor Jorge Batlle (2000-2005), presentado en abril de 2000, con una extensión de 89 artículos, que fue aprobado (actual ley N°17.243); y otro también en el gobierno del doctor Jorge Batlle, presentado en noviembre de 2000, con una extensión de 91 artículos, que fue aprobado (actual ley N° 17.292)” (Fuente: “La inconstitucionalidad en razón de la forma de la Ley Nro. 19889” de Pablo Rodríguez Almada en Revista de Derecho Público Nro. 58).

La LUC cuenta con 476 artículos y modifica aproximadamente cuarenta leyes de las más diversas materias, de los 476 artículos, ninguno refiere a la pandemia mundial del coronavirus, en realidad la única urgencia que objetivamente existía en Junio de 2020. Compartimos la tesis de la inconstitucionalidad de la LUC por violar el Art. 168 nral. 7 literal 1 de la Constitución, que faculta al Poder Ejecutivo a enviar proyectos de ley de urgente consideración pero uno por vez, con la LUC se enviaron cuarenta proyectos de ley en forma simultánea.
Colonización es una institución pública que tiene como objetivo esencial la radicación de la población en la campaña rural, con fines de repoblación, explotación en forma colonica evitando entre otras cosas el latifundismo y la extranjerización de la tierra. Tiene algunas características que forman parte de su carta de presentación, de su esencia, de su especificidad. Una de ellas es sin dudas el especial régimen jurídico al que se somete la propiedad de la tierra, pues el concepto de propiedad privada tal como lo conocemos, en su uso común no se aplica en materia de colonización. El colono tiene algunas limitaciones a la libre disposición de la tierra y en caso de pretender negociar el adquirente debe adherirse al régimen de colonización. Queremos enfatizar también que la obligación de habitar el predio es quizás la razón de ser del instituto de la colonización, de ahí proviene su denominación, quitarle esa característica ameritaría modificarle hasta el nombre a la institución, pues ya no habría colonización.

Es una de las creaciones vigentes que de algún modo mantienen en pie parte del ideario artiguista. Nunca tan vigente como hoy la utilidad del impulso tanto de la producción agrícola-ganadera, así como el incentivo de la radicación permanente de poblaciones en el medio rural, como la necesidad de evitar el latifundismo y extranjerización de la tierra como decíamos antes.
Las normas contenidas en la LUC que se han comprendido dentro del referéndum implican un retroceso con los fines y esencia del Instituto Nacional de Colonización. Son dos normas de la LUC que refieren al instituto y las dos están sometidas a referéndum: artículos 357 y 358.
Por el Artículo 357 de la LUC se genera la desafectación automática del Instituto de más de 10.000 hectáreas de campo. Por ello esta norma fue claramente rechazada por las organizaciones sociales vinculadas al sector cuando comparecieron al Parlamento. En vez de fortalecer al INC esta norma genera un debilitamiento en la medida que escapan al régimen jurídico de colonización en forma masiva, una cantidad estimada en 140.000 hectáreas de campo, migrando al mercado privado y si el Instituto quisiera readquirirlas tendrían un valor muchísimo mayor al valor original. El debilitamiento de la institución cuyo objeto central es la administración de tierras rurales en un determinado régimen jurídico si se le quitan una cantidad aproximada de 100.000 hectáreas de campo es notorio.

Por el artículo 358 de la LUC se elimina la obligación de habitar el predio a determinados colonos. Aquí nos encontramos a la desnaturalización más clara y evidente de la institución. Pues la obligación de habitar el predio del colono es tan importante que es parte del nombre del instituto: “colonización”. Es afectar la esencia básica de la institución y sumado a la pérdida de tierras no queda la más mínima duda que es parte de un plan deliberado de debilitar todo el aparato estatal, tal como se delinea con la portabilidad numérica, o modificaciones en materia de capital accionario de empresas públicas o las modificaciones en educación pública. Por ello postulamos con toda convicción que las modificaciones de la LUC a colonización implican retrocesos y reformas absolutamente negativas, invitando a la ciudadanía, sin importar el partido político al que se identifique, a votar por el Sí a la derogación de estos artículos. Dr. Sergio Rodríguez Heredia → Leer más

Tal como fuera informado en nuestras ediciones de los días 8 y 22 de enero del presente año, la Intendencia de Paysandú otorgará bonificaciones especiales a propietarios de inmuebles que durante los últimos años han pagado el tributo de Contribución Inmobiliaria en fecha. En la nota referida se dejaba en claro que “no se trata de una exoneración, como el caso de las motos de hasta 110 cc que a la misma fecha se encuentran al día en el pago de Patente de Rodados, sino de una bonificación especial a aquellos contribuyentes buenos pagadores que se han mantenido al día en el pago de sus obligaciones”.

En efecto, “el decreto 8201/2021 (Régimen Especial de Financiación de Adeudos Tributarios) establece otro descuento para buenos pagadores y, aunque siempre comenzando desde 1995, asigna cinco franjas. El mencionado decreto establece que el porcentaje a descontar se financia con el 30% de lo recaudado por los convenios de adeudos firmados hasta fines de 2021. Considerando lo efectivamente recibido por la intendencia por este concepto, ese porcentaje corresponde a una cifra cercana a los 7 millones de pesos. Lo que se establece es que se debe repartir entre los buenos pagadores, considerando las cinco franjas. De hecho, el 30% se convierte en un monto global que vuelve a dividirse en porcentajes. El 50% se distribuye entre los buenos pagadores desde 1995; 20% a los buenos pagadores desde 2000; el 15% a quienes no se han atrasado desde 2005; el 10% a quienes se mantienen al día desde 2010 y el 5% a los buenos pagadores desde 2015. De nuevo, este descuento es acumulable con los anteriores, de pronto pago y buen pagador. Por lo tanto, en una condición ideal, un buen pagador desde 1995 podrá recibir un descuento del 15%, 10%, en ambos casos tomando por separado como cifra básica el total del tributo, y lo que le corresponda como reparto del 50% de la primera franja de descuento determinada por el decreto 8201/2021.

Ahora bien, hay una restricción establecida por esa resolución. Porque el monto de descuento como buen pagador que determina el régimen especial de financiación, no puede superar el 50% de la quita por buen pagador del sistema anterior. Por esa razón, la intendencia no utilizará todo el fondo de casi 7 de millones de pesos, sino un monto de alrededor de 5,5 millones de pesos”.
Sin lugar a dudas, otorgar beneficios a los buenos pagadores constituye una medida por demás acertada, ya que los mismos han realizado un esfuerzo por cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma, permitiendo de esta manera que la Intendencia de Paysandú pueda cumplir con las facultades que le otorga la legislación vigente, incluyendo la propia Constitución Nacional. Existen diversos antecedentes sobre esta clase de mecanismos entre las diversas intendencias departamentos, y en este sentido corresponde mencionar el caso de la Intendencia de Montevideo, la cual comunicó, en diciembre de 2021, que “premiará cada año mediante sorteo hasta 500 cuentas de personas buenas pagadoras de los tributos de Contribución Inmobiliaria, Tasa General, y de la Tarifa de Saneamiento con una exoneración del 100% del monto del tributo o tarifa a pagar durante el año siguiente al sorteo”. A tales efectos se define que podrán ser elegibles las “personas físicas o jurídicas buenas pagadoras de los conceptos Contribución Inmobiliaria y Tasa General, y de la Tarifa de Saneamiento. Se considera buena pagadora la persona que siendo sujeto pasivo u obligada al pago de dichos conceptos, haya pagado en fecha las obligaciones devengadas y exigibles en los 12 meses anteriores al sorteo, y que no haya mantenido deudas impagas respecto a estas en el período considerado, aunque estuviesen convenidas”.

Lo primero que queda en evidencia al considerar la política impuesta por la Intendencia de Paysandú es su falta de racionalidad y la poca sensibilidad que tiene con los contribuyentes sanduceros. En efecto, no se pueden comparar los 37 años transcurridos desde el año 1995 a la fecha con los 12 meses que exige la comuna capitalina. Resulta claro que la utilización del año 1995 como límite temporal no toma en consideración que Paysandú sufre desde hace años una paulatina pero sostenida caída de su actividad económica y de sus niveles de empleo, en parte por la desaparición o la restructura de varias de sus industrias señeras fundadas en la década de los años 40 del siglo pasado. El criterio de la Intendencia de Paysandú deja de lado, asimismo, las crisis que nuestro país ha sufrido en el año 2002 y la más reciente del año 2008, está última como consecuencia de los problemas con los créditos hipotecarios denominados “sub prime” que tuvo en los Estados Unidos pero que terminó afectando a todo el mundo.
Si resulta notorio que diferentes intendencias cuentan con altos niveles de morosidad en lo que parece ser un mal endémico, ¿por qué no se premia a quienes toman la decisión y hacen el esfuerzo de estar al día con sus cuentas? En una entrevista al secretario general de la Intendencia, el abogado Fermín Farinha y el director de Administración, contador Martín Thomasset. publicada el 14 de julio del pasado año en EL TELEGRAFO se afirmaba que “lo principal es que aquellos que cumplen regularmente con sus cargas, sean beneficiados por el sistema, porque el sistema permite que el buen pagador tenga beneficios adicionales. Porque pareciera que el buen pagador es el bobo de la película, el que paga regularmente con vacas gordas o flacas, y en cambio tenemos otro tipo de contribuyentes que, teniendo capacidad contributiva, especula con esas situaciones. Entonces lo que buscamos, por directiva expresa del intendente, es no repetir viejas fórmulas de intentar algo y no concretarlo. Lo que se va a intentar es ir a este formato de plan de regularización y gestión de adeudos”.

Más allá de las bonitas declaraciones de los jerarcas sanduceros antes mencionados, los sanduceros necesitamos hechos concretos para no seguir sintiéndonos “los Nabos de Siempre”, expresión acuñada por el periodista uruguayo Tomás Linn. “Los Nabos de Siempre” son esos miles de uruguayos que tanto hacen por su país y poco le piden. Vale su voto, no los amigos que tienen en el poder. Vale su voz, no su adhesión a un partido. Producen la riqueza y pagan una a una, todas las cuentas, propias y ajenas. Pagan cuando otros reclaman un “perdonatutti”. Pagan cuando otros apuestan a la amnistía tributaria. Son las víctimas de un Estado maltrecho y mal concebido. Trabajan con responsabilidad, realismo y ubicación, ya sea como empresarios o asalariados. No “bicicletean” a sus acreedores y no conciben perjudicar a terceros, pese a que actúan en funciones de sus intereses, legítimos por cierto. Si compran una mercadería, la pagan. Si está fuera de su alcance, se retraen. No deben. Si deben, saldan con puntualidad sus vencimientos. Y si no pueden saldarlos, se desprenden de sus bienes. Fueron las reales víctimas de la crisis y quienes más injustamente la sufrieron”. Precisamente en eso nos hemos transformados los sanduceros buenos pagadores: en los “Nabos de Siempre”. ¿Hasta cuándo?

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Durante su reciente participación en el Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe en San José de Costa Rica, el Ministro de Ambiente, Adrián Peña, reconoció algo que muchos intuíamos, y es que no es negocio para el Estado que el país masivamente se pase a la movilidad eléctrica.
Al cerrar su intervención en el Foro, Peña planteó que se están avizorando dificultades para el momento en que la movilidad eléctrica pase a ser predominante en el país. ¿Dificultades de qué tipo? Pues económicas, por supuesto. Esto se debe a que dejarán de ingresar a las arcas determinados recursos que hoy se colectan gracias a la elevada carga impositiva que tienen los combustibles fósiles.

“Un tema no menos importante es el vinculado con el tema fiscal”, dijo; “en mi país el 50% del precio de los combustibles es impuesto, entonces nosotros estamos con un problema en un salto que queremos dar a la movilidad eléctrica”. Afirmó que “tenemos más del 90% de nuestra matriz energética eléctrica en base renovable, tenemos excedente de energía, pero tenemos un problema para poder financiar el salto a la movilidad eléctrica”. Y agregó que “cuando esto pase y alcancemos esos objetivos nos va a faltar un montón de dinero que está ingresando al fisco por impuestos y eso tenemos que preverlo, eso tenemos que trabajarlo en estas estrategias de mediano y largo plazo”.
No es un reconocimiento menor. Otra lectura –conveniente para quienes desde hace años bregan por la baja en el precio de los combustibles– dirá que es factible reducir estas tarifas achicando el componente recaudatorio. Y les asiste razón. De todos modos no son cosas que no se sepan, porque esos números que muestra el surtidor tienen una forma de definirse que es pública y basta una rápida búsqueda en Google para encontrarla. En el artículo titulado “Composición de tarifa”, Ancap lo explica.

“Desde el primero de julio de 2021, en función de los Informes preceptivos elevados por Ursea y por Ancap, de acuerdo a los cambios introducidos en el mercado de combustibles según la Ley 19.889 (De urgente consideración, más conocida como LUC), el Poder Ejecutivo fija el precio en Planta Ancap (PEP). El PEP sin impuestos es el ingreso neto que percibe Ancap por sus ventas. Sobre el PEP, la Ursea determina los costos de la cadena comercial y fletes: márgenes de comercialización de las distribuidoras, envasado de GLP, fletes, y bonificaciones de las estaciones de servicio. Adicionalmente se agregan los gravámenes a cada producto: tasa Ursea, tasa inflamable (IMM), fidecomiso del boleto, Fudaee (Fideicomiso Uruguayo de Ahorro y Eficiencia Energética), Imesi, IVA, según corresponda”.
Antes de esa fecha, en la que entró en vigencia la LUC, las tarifas eran propuestas por Ancap y fijadas por Poder Ejecutivo, régimen que sigue vigente para la fijación del precio del Supergás. Aunque en los últimos meses hemos visto que todavía el gobierno dispone de cierto margen de discrecionalidad para la fijación de las tarifas, y no está mal que lo tenga.

También aclara el artículo en la página de Ancap que “desde agosto de 2021 los precios de las Gasolinas y el Gasoil 50 S incorporan el factor X”. Esto refiere mayoritariamente al subsidio del Supergás, que surge como consecuencia de no fijar su precio a la paridad de importación y venderlo por debajo de dicha referencia. Se incluye también un adicional que reconoce el hecho de incorporar 10% de Bioetanol de origen nacional en la Gasolinas.
Veámoslo en un ejemplo, en la nafta súper, que cuesta $ 73,41 por litro. El PEP, o precio en planta de Ancap, es de $ 33,09 y $ 0,65 de margen para el flete secundario, de ahí empezamos a sumar: $ 0,22 de tasa de inflamables de la Intendencia de Montevideo, $ 11,66 impuesto Co2, $ 18,38 de Imesi, $ 0,07 tasa de Ursea, 0,006 de compensación social y otros 9,29 de la “regulación de Ursea con tributos”.
Por supuesto que la electricidad tiene su propio componente de costos, donde destaca como gran diferencia que la logística, es mucho más simple, ya que después de una inversión inicial importante la infraestructura (que hoy no existe) requiere solo mantenimiento, pero ya no se dependería de los fletes de la cadena del combustible. Fletes que además se han incrementado desde que empezó la obra del ferrocarril central, ya que el abastecimiento a las plantas regionales de Durazno y Treinta y Tres se está haciendo en camiones en lugar de trenes, como fue tradicionalmente.

Pero el avance hacia la electrificación es inevitable, por todas las ventajas que supone desde el punto de vista ambiental, y las inversiones en infraestructura tendrán que venir –así como un día se construyó toda la red de estaciones de servicio que conocemos–. Tal vez no será en el corto plazo y en algunos sectores se dilatará más que en otros, porque la huella de carbono –como la del agua– será un factor más que determinará condiciones más favorables para el acceso a mercados internacionales.
Pero claro, en la medida que una parte importante de los ingresos sigan dependiendo de vendernos nafta, tendremos que esperar a que se resuelva el rompecabezas que planteó el ministro Peña para que el Estado sea un jugador decisivo en esta transformación.
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Felizmente lejos de la inexplicable actitud del fiscal de Corte Dr. Juan Gómez, de restarle importancia a la flagrante ilegalidad de una fiscal y la jueza de allanar una radio y el intento de requisar material informativo del periodista Ignacio Álvarez, la Asociación de la Prensa Uruguaya, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), además de la Organización de la Prensa del Interior (OPI) y asociaciones de magistrados, entre otros, condenaron abiertamente el episodio, que deja al Uruguay internacionalmente expuesto a cuestionamientos ante el retroceso en materia de libertad de prensa por la garrafal patinada del Poder Judicial, nada menos. Cabe aclarar que tanto la SIP como OPI son organismos que representan a la prensa escrita y no radial, pero el golpe a la Libertad de Prensa en esta oportunidad ha sido tan grueso que ameritó la manifestación pública de éstos.
La SIP manifestó este miércoles su “preocupación” por el allanamiento en Uruguay de la emisora de radio Azul FM que permitió “requisar el contenido informativo” del periodista Ignacio Álvarez, quien difundió audios sobre el caso que es investigado por la Fiscalía como abuso sexual agravado.
En un comunicado, la organización consideró que “estos episodios pusieron en riesgo la libertad de prensa al afectarse el secreto y el anonimato de las fuentes periodísticas”.
El operativo fue parte de la investigación judicial sobre la difusión de audios íntimos vinculados con un caso que fue denunciado como violación sexual grupal de una mujer de 30 años, ocurrido a finales de enero en Montevideo, por el que ya fueron imputadas tres personas, detalla la organización.
La SIP añade que, a pedido de la fiscal Mariana Alfaro, la jueza Patricia Rodríguez “ordenó el allanamiento del medio” y de la residencia y oficinas de Álvarez. También accedieron a los dispositivos electrónicos del equipo periodístico y al contenido del material audiovisual y las comunicaciones “para conocer la fuente informativa del periodista”.
“Si bien no es tarea de nuestra organización juzgar el criterio editorial de los medios y de los periodistas, sí nos compete pronunciarnos a favor de la protección del derecho a la libertad de prensa y del público a estar informado sin ningún tipo de cortapisas”, señaló en el comunicado Jorge Canahuati, presidente de la SIP.
Canahuati agregó que “el allanamiento a la radio para confiscar materiales probatorios representó una actitud desproporcionada por parte de la Justicia”.
“Los periodistas no somos auxiliares de la Justicia, ni tampoco delincuentes a prima facie como para que seamos atropellados con medidas forzosas que desconocen principios de libertad de prensa”, criticó.
¿Qué pretendía la fiscal con estos allanamientos? De haber cometido un delito al difundir los audios, la Justicia no precisa más pruebas que la grabación del programa de radio –que permanecía en la web con acceso público–, sin necesidad de irrumpir por la fuerza en el estudio de la emisora o la casa del periodista. Otra cosa es intentar incautar material periodístico que como tal no es delito poseer. Por otra parte, la medida extrema significa una clara extralimitación de la Justicia, ¿acaso pensaban encontrar armas de destrucción masiva, o descubrir una banda dedicada al tráfico de drogas, o algo así de grave? No. Simplemente saber cuál es la supuesta fuente del periodista, que en todo caso debería averiguarse por otros medios.
Lamentablemente, no estamos ante un episodio aislado de desacierto, sino que todo indica que hay actores judiciales que han perdido la centralidad de los temas y lo miran a través del cristal de su ideología, simpatía y/o antipatía, incluyendo la desembozada perspectiva de género, en muchos casos, por lo que hay actitudes y fallos que hacen rechinar los dientes, los cuales no resisten un mínimo análisis primario. Las “explicaciones” del fiscal de corte sobre el allanamiento que a su juicio fue pero no fue, lejos de llevar tranquilidad, se centraron en minimizar el operativo dispuesto por la juez actuante a instancias de la fiscal, como si fuera una nimiedad el actuar ilegalmente y perseguir periodistas en ejercicio, buscando incautarse de material para determinar de donde obtuvo información y que revelara sus fuentes, al mejor estilo de las dictaduras de Cuba y Venezuela.
“Pueden quedar tranquilos de que no se va a repetir”, sostuvo el fiscal. ¡Bueno fuera! Pero, ¿qué pasa con quienes se excedieron en sus funciones, pasaron olímpicamente por arriba del artículo primero de la ley que salvaguarda la libertad de prensa y causaron conmoción pública? ¿Queda todo en esa reprimenda que no fue, y se centrará en la defensa a ultranza de intereses corporativos, como prioridad, tal como surge del comunicado de la Asociación de Magistrados Fiscales, que prioriza el estrechar filas en torno a una asociada –nada menos que la vicepresidenta de la gremial– que cometió un error en la aplicación de principios básicos de la ley?
Abogados penalistas por su parte advierten que “medidas como las dispuestas contra la actividad periodística van en línea con la afectación de otros derechos que se viene advirtiendo en el proceso penal, donde de manera sistemática se vulnera el derecho de defensa tanto de víctimas como de imputados, desconociéndose el principio de igualdad de armas en el proceso, entre otras afectaciones constantes de las garantías legales, mediante interpretaciones jurídicas que no controlan los excesos u omisiones en los que incurre la Fiscalía General, tan graves como los ocurridos el pasado viernes”.
El propio periodista Ignacio Álvarez sostiene que “hay jueces y fiscales tendenciosos”, y “casos notoriamente flechados”, y sobre la fiscal involucrada, señaló antecedentes respecto a que tuvo “omisiones imperdonables” en una investigación de homicidio y la “manipulación” de una testigo en otro caso de violación que determinó su apartamiento del caso.
Felizmente, no todas son sombras en el Poder Judicial, y por eso las críticas que justificadamente se formulan deben tomarse como lo que son, un llamado de atención para que desde adentro se corrijan errores y se revierta un rumbo muy peligroso, que afecta garantías fundamentales para la paz social y la propia institucionalidad del país.
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En todos los tiempos las sociedades se han visto impactadas por los adelantos de la ciencia y tecnología, muchos de los cuales hoy forman parte de nuestra vida cotidiana, materializándose en objetos tan cotidianos como celulares, hornos microondas, equipamiento de salud, computadoras o alimentos congelados, entre otros. No obstante, la situación sanitaria debido a la pandemia ha puesto en primer lugar el rol de la ciencia en la sociedad.
Como nunca antes, desde 2020 la ciencia recuperó titulares de los medios de comunicación y segundos, minutos y horas de programas de televisión, haciéndonos un poco más conscientes de que necesitamos de los conocimientos y habilidades de diferentes campos científicos para la construcción y supervivencia de nuestras sociedades.
Sin embargo, subsisten grandes contradicciones y áreas y trabajo invisibilizados por diferentes motivos que hacen que –entre otras cosas– nuestras niñas y jóvenes escasamente elijan estudiar y trabajar en determinados campos de la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas, comúnmente conocidas como STEM por sus siglas en inglés.

Se trata de áreas en rápido crecimiento que son vitales para las economías nacionales por lo que contar con personas con habilidades en ellas resulta fundamental para que un país siga siendo económicamente competitivo. No obstante, las mujeres han estado sistemáticamente sub representadas en varios de estos campos.
“A pesar de los notables avances logrados en las últimas décadas, todavía es muy reducido el número global de investigadoras mujeres en el campo de las ciencias. En julio de 2019 la tasa mundial promedio de mujeres investigadoras era de solo 29,3% (Instituto de Estadística de la Unesco), y la brecha se amplía cuanto mayor es el nivel alcanzado en el escalafón. De hecho, solo 3% de los Premios Nobel en ciencias han sido otorgados a mujeres. Algunas de las ocupaciones STEM con mayores ingresos, como la informática y la ingeniería, tienen los porcentajes más bajos de mujeres trabajadoras. Dar a las mujeres igualdad de oportunidades para desarrollar y prosperar en carreras STEM ayuda a reducir la brecha salarial de género, mejora la seguridad económica de las mujeres, garantiza una fuerza de trabajo diversa y talentosa, y evita los sesgos en estos campos y en los productos y servicios elaborados”, señaló la uruguaya María Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe al prologar la publicación “Las mujeres en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en América Latina y el Caribe” (2020), que ofrece un amplio panorama de una realidad regional en la cual aún tenemos mucho para avanzar.

En este sentido, destaca que en 2019 la tasa mundial promedio de investigadoras era de solo 29,3% (Instituto de Estadística de la Unesco), y que la brecha se amplía cuanto mayor es el nivel alcanzado en el escalafón. Por otra parte, solo el 35% de estudiantes de carreras de los campos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas son mujeres.
La brecha resulta evidente y comienza a manifestarse cuando se inicia la especialización en la formación académica, es decir, cuando los estudiantes eligen sus carreras de educación superior. “Los presupuestos y las expectativas que poseen los padres, los docentes y los pares influyen sobre las niñas a la hora de elegir sus campos de interés y los estudios que desean realizar para integrarse a la sociedad. Las mujeres también son objeto de prejuicios en los procesos de contratación, ascensos y compensación y, en comparación con los docentes hombres, ellas tienden a dedicarse más a la docencia que a la investigación. Si bien desde hace treinta años que los estudios sobre las mujeres en la ciencia advierten sobre las consecuencias de su exclusión, y que desde hace mucho tiempo que el sexismo sesga las investigaciones, recién en los últimos años los países han comenzado a implementar acciones para reducir la brecha de género en STEM”, señala el estudio.

Agrega que a nivel global, y prácticamente en todos los países del mundo, se advierte que, mientras que aumenta la cantidad de mujeres que se inscriben en carreras universitarias, muchas de ellas continúan abandonando los estudios en los niveles educativos más altos, aquellos que se requieren para emprender carreras profesionales como investigadoras.
Además, la segregación horizontal, tanto en el ámbito educativo como en el laboral, contribuye a reforzar el estereotipo según el cual los hombres poseen un talento natural para la ingeniería y los campos que emplean las matemáticas de manera intensiva, mientras que las mujeres son mejores en los campos basados en la expresión y centrados en el ser humano. A esto se agrega que las mujeres a menudo enfrentan techos de cristal importantes y su representación se reduce a medida que avanzan en sus carreras como investigadoras, lo que significa que la brecha de género se amplía cuanto mayor es el nivel alcanzado en el escalafón (segregación vertical) existiendo barreras institucionales y socioculturales que limitan el desarrollo profesional y el acceso a espacios de toma de decisiones.

En lo que respecta a América Latina y el Caribe, si bien es una de las dos regiones que han alcanzado la paridad en la proporción de hombres y mujeres investigadores (aquí el 45% del total de investigadores son mujeres) persiste la segregación horizontal y vertical y las mujeres investigadoras aún se encuentran sub representadas en los niveles más altos de las carreras profesionales y continúan siendo una minoría en muchos campos de las STEM en casi todos los países de la región. En Uruguay, las mujeres son sólo el 24% de las personas empleadas en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, mientras que en la educación, apenas el 31% de los investigadores en las áreas de ingeniería y tecnología son mujeres, según datos de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.

Más allá de la inequidad social y académica que esto significa deberíamos preguntarnos qué consecuencias tiene para generación de conocimiento científico la supervivencia de prácticas y sesgos androcéntricos en el corazón mismo de la investigación. Por otra parte, no deberíamos perder de vista a la hora de las decisiones que la ciencia y la tecnología están configurando el futuro y un país tan pequeño como el nuestro no puede dejar de apostar al conocimiento y la innovación: la brecha de género en estas áreas puede afectar nuestra participación en la Cuarta Revolución Industrial.
Mañana es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y como ocurre cada año nos pone este tema a la vista. Sin embargo, es un asunto para tener presente todo el año porque son áreas y sectores en los que se encuentran carreras y campos laborales directamente relacionados con el desarrollo actual y los empleos del futuro. Se trata de áreas que resultan claves para enfrentar algunos de los principales desafíos de la actualidad y los años venideros, tales como la innovación, el cambio climático, la producción de alimentos, la mejora de la salud y el desarrollo sostenible. No es poca cosa. → Leer más

La decisión de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) de no apoyar económicamente a 34 agrupaciones de murga ha generado un inusitado ataque del ambiente carnavalero contra una decisión que ha sido tomada en el pleno ejercicio de las facultades legales y constitucionales que posee esa empresa pública. De acuerdo con lo que informa el portal de noticias M24, La pauta publicitaria del ente estatal “será dispuesta en los ocho tablados más grandes de Montevideo y en los desfiles oficiales que organizan los Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (Daecpu). Además, apoyará a los carnavales de las localidades de San Carlos, Artigas, Cerro Largo, Bella Unión y Nuevo Berlín”.

De acuerdo con La Diaria, Mariano Solarich, integrante de la murga cooperativa Son Delirante y del Sindicato Único de Carnavaleras y Carnavaleros del Uruguay (Sucau) reconoció que “ninguna empresa está obligada a apoyar”, pero “el carnaval es la expresión popular por excelencia en Uruguay en masividad”, y que “el carnaval es una expresión popular artística y en gran mayoría con tendencia de izquierda, que no significa frenteamplismo, pero el arte en general tiene una tendencia de expresión de izquierda”, agregó en referencia a que en la fiesta hay expresiones “que no son afines al gobierno de turno”. Estas afirmaciones son hijas de la soberbia y desconocen que otras expresiones populares –como la cumbia, por ejemplo– cuentan con más adeptos, al menos fuera de Montevideo, y para eso basta con sintonizar cualquier radio al azar donde rara vez o nunca suenan las murgas que se autoproclaman como los legítimos representantes del sentir popular.

Dichas afirmaciones reconocen el vínculo entre las murgas y la izquierda y por ello el ataque permanente de dichos conjuntos a todo lo que no forma parte de la liturgia frenteamplista. En el año 2017, por ejemplo, la víctima del “humor compañero” fue Mercedes Menafra, viuda del expresidente Jorge Batlle. De acuerdo con lo informado en ese momento por el diario El País, “La murga Momolandia quedó en ojo de la tormenta por un cuplé en que la viuda de Jorge Batlle, Mercedes Menafra, es caracterizada riendo a las carcajadas durante el cortejo fúnebre del expresidente. Desde la murga señalaron que si hubieran sabido la repercusión que tuvo la humorada, le hubieran dedicado más tiempo sobre el escenario”. Resulta ilustrativo que, ante el fallecimiento de María Auxiliadora Delgado, exesposa del entonces presidente Tabaré Vázquez, ninguna murga se burló del exmandatario tal cual debería ser la norma ya que pocos actos demuestran tanta miseria humana como burlarse de alguien que ha perdido un ser querido. Pero claro, para la murga una cosa es si los muertos son frenteamplistas –o de izquierda a secas– y otra si se trata de muertos de otros partidos.

El entonces ministro del Interior Jorge Larrañaga también fue objeto de la discriminación de los murguistas “compañeros” en el año 2021. En este caso la murga “Cayó la Cabra” que se preparaba para las pruebas de admisión del Carnaval 2022 se refirió irónicamente a la muerte del exministro. La Sociedad de Carnavaleros Asociados del Uruguay (Sucau) apoyó en forma expresa a la murga por esa letra contra la memoria del exsecretario de estado. De acuerdo con lo informado por el portal de noticias Telemundo, el hijo del exministro del Interior, también llamado Jorge, salió al cruce de la murga con un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

“Es triste que se intente hacer humor con un hecho tan doloroso. Los invito a reflexionar y pedir disculpas. Nuestra familia las va a recibir con gusto. Si Cayó la Cabra está tan interesado en saber cómo murió mi padre, me puede llamar y le saco las dudas”. Resulta curioso, también en este caso, que las murgas nunca se hayan referido en forma irónica al fallecimiento de algunos de sus referentes, ya sea que se tratara de Liber Seregni o Eleuterio Fernández Huidobro. Nuevamente queda claro que para las murgas hay muertos de primera (los frenteamplistas) y de segunda (los que votan a los demás partidos).

Este apoyo de las murgas al Frente Amplio ha sido objeto incluso de estudios académicos por parte de Johanna Paola Vimercatti Salinas, quien en su trabajo “Murgas en la era progresista: Una aproximación a la lírica carnavalera en el cambio de coyuntura política, trabajo que fue presentado en las XVI Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República llevadas a cabo en Montevideo los días 13, 14 y 15 de setiembre de 2017. De acuerdo con este documento, “en definitiva, lo que tratan de hacer estas murgas, principalmente las denominadas murga-pueblo, es persuadir a los espectadores a votar al Frente Amplio”. (…) “Araca la Cana pertenece a las murgas que se denominan murga-pueblo, más precisamente, dicha murga se autodenomina, en sus letras, como una murga de izquierda y que están felices de que en las elecciones nacionales haya ganado el Frente Amplio. Es por ello que la murga advierte que no va a criticar al gobierno frenteamplista, por más que no existe impedimento alguno para hacerlo”. (…) Esta autora recuerda, incluso que “la murga Momolandia en el año 2014, apela a que los espectadores sigan votando al Frente Amplio para no perder todo lo que se ha logrado hasta el momento”. Queda claro entonces que la murga no es una forma de expresión popular, sino exclusivamente un vehículo de propaganda del binomio Frente Amplio – Pit Cnt.

Ante este panorama, entendemos que resulta acertada la decisión de la Intendencia de Paysandú de que las agrupaciones que desfilaron el domingo 6 de febrero no hayan podido tener pasacalles a favor del Sí o del No de cara al referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Mal que le pese a muchas murgas, el Carnaval no es –o al menos no debería ser– un ámbito para hacer propaganda política si se pretende lograr una fiesta verdaderamente popular, para toda la ciudadanía sin distinciones partidarias.

En esencia, la murga es un fenómeno montevideano que se ha tratado de imponer en el Interior como parte de un plan de colonización cultural frenteamplista siguiendo las enseñanzas del filósofo marxista italiano Antonio Gramsci (1891-1937) para quien “La conquista del poder cultural es previa a la del poder político, y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados ‘orgánicos’ infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión y universitarios”. Ese es el verdadero objetivo de las murgas: difundir las ideas funcionales al Frente Amplio, atacar a todos los que no piensen como esa fuerza política y preparar el terreno para la conquista del poder cultural como menciona el referido autor. Para lograrlo, las murgas dividen a los uruguayos entre “ellos” (los no frenteamplistas) y “nosotros” (la izquierda Frente Amplio – Pit Cnt), creando e incentivando el surgimiento y ensanche de una grieta basada en el desprecio a todo el que no piense como ellas. Algo parecido a lo que hacen los partidarios del voto por el SI a la derogación por la Ley de Urgente Consideración (LUC) cuando afirman que “La LUC no es Uruguay” y borran de un plumazo a más de la mitad de la población que eligió a los legisladores que votaron esa norma. Lo llamativo de los murguistas es que, a pesar de sus letras de desprecio, pidan que se les subvenciones sus actuaciones con fondos de Antel, una empresa que se sustenta con impuestos pagados por muchos uruguayos que no son frenteamplistas. → Leer más

Siempre es una buena noticia que el Estado se afloje la soga al cuello –que en realidad es el de todos los uruguayos– mediante la reducción del déficit fiscal, que básicamente es la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta, porque mantener el déficit alto significa la necesidad de contraer deuda y seguir pateando la pelota hacia adelante, para eventualmente hacerse cargo cuando las cosas mejoren (¿?), en una relación causa – efecto interminable.

Bueno, al cierre del año 2021 los uruguayos tuvimos la buena noticia de que el déficit fiscal del gobierno central y BPS finalizó el año pasado en 4,4% del PBI (Producto Bruto Interno), lo que constituye una mejora en las cuentas públicas por segundo año consecutivo. En la explicación oficial esto fue posible gracias a una recuperación de los ingresos y una gestión prudente de los gastos recurrentes, y eso ocurre mientras al mismo tiempo se aumentaron los recursos vinculados a la pandemia, que no solo significó erogaciones en subsidios y para su combate en medidas preventivas y atención, sino que a la vez implicó una fuerte caída de actividad que se tradujo en menor generación de riqueza, más seguro por desempleo y menos fuentes laborales en el sector privado.

Surge de los datos proporcionados al respecto por el Ministerio de Economía y Finanzas que a pesar de la baja del déficit, los gastos destinados a atender la emergencia sanitaria y las ayudas sociales y económicas para los sectores más vulnerables y afectados por la pandemia se incrementaron.

En 2021, los gastos asociados al Fondo Coronavirus fueron de casi el 2 por ciento PBI (el 1,9% más exactamente), unos 1.100 millones de dólares, cifra superior a la del 2020, que fue del 1,3% (720 millones). De éstos, se estima que los gastos directos en salud habrían superado los 400 millones. En materia de políticas sociales, el año pasado hubo un refuerzo de transferencias monetarias a aquellos hogares con menores ingresos, así como refuerzos especiales para aquellos hogares con niños menores a 3 años, que se estima habrían rondado los 300 millones.

El cumplimiento de la meta fiscal, al igual que en 2020, se realizó respetando el compromiso de no aumentar los impuestos, según señala el gobierno central al evaluar orígenes y destinos del gasto estatal.

Debe tenerse en cuenta, para tener la perspectiva de la situación, que los gobiernos anteriores entregaron el gobierno el 1º de marzo de 2020 con un déficit fiscal de más del 5,1 por ciento, pese a que desde hacía ya años venían sosteniendo que se iba a abatir el gasto y el propio exministro de Economía y Finanzas, Cr. Danilo Astori, no cumplió ni por asomo con sus anuncios de que iba a abatir el gasto hasta llevarlo al 2,5 por ciento del PBI para fines de 2019.

El actual gobierno por lo tanto no solo recibió el país con el formidable mazazo de la pandemia, sino con las cuentas en rojo groseramente por encima de lo razonable y con tendencia inflacionaria, desempleo y enlentecimiento de la economía, un presente griego nada recomendable.

El punto es que al fin de cuentas el Poder Ejecutivo sobrecumplió su previsión de finalizar con un déficit de 4,9% del PBI, ya que el resultado, excluyendo el efecto del fideicomiso de los “cincuentones”, mostró un rojo de 4,4% del PBI, solo que equilibrar un déficit fiscal desequilibrado no debe ser una meta, sino un instrumento para llevar cabo políticas económicas y sociales sustentables, como el gran desafío.

Es positivo sin embargo el resultado del sector público a diciembre de 2021, que da cuenta de que bajó el déficit fiscal al cierre del año, con una reducción de 0,7 puntos porcentuales frente al resultado al cierre de 2020, que era 5,1% del PBI.

El comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) detalló que el déficit observado en los 12 meses a diciembre del gobierno central y el Banco de Previsión Social (BPS) fue de 3,9% del PBI. Sin embargo, hay una influencia del fideicomiso de la ley de “cincuentones”, que implicó que el Estado reciba hoy dinero que deberá pagar a futuro vía pasividades, es decir que ese ingreso extra será un mayor gasto hacia adelante. Si se excluye ese efecto, el rojo se ubica en 4,4% del PBI.

En suma, el resultado consolidado del sector público –que incorpora al Banco Central, las intendencias y el Banco de Seguros del Estado–, excluyendo el efecto del fideicomiso, fue de 4,1% del PBI.

Datos complementarios indican que los ingresos del Estado aumentaron 0,1 puntos del producto respecto a 2020, a raíz de un crecimiento de 0,6% del PBI en la recaudación impositiva –que se recuperó tras haber caído el año previo con motivo de la pandemia–, que se contrarrestó con una disminución de los ingresos del BPS de 0,4% del PBI.

En tanto, los egresos del sector público disminuyeron 0,6 puntos del producto: “Los rubros de remuneraciones, pasividades y transferencias disminuyeron 1,1% del PBI en su conjunto (0,3%, 0,4% y 0,5%, respectivamente)”, consignó el MEF.

A su vez, indicó que hubo un aumento de 0,6% del PBI de gastos no personales, “asociado fundamentalmente a un mayor costo de las medidas implementadas para atender la pandemia de COVID-19”.

Por otra parte, las inversiones del Estado presentaron una disminución de 0,1% del PBI, sobre todo por la baja de la inversión pública en infraestructura en los últimos dos años, lo que es considerado por economistas como Javier de Haedo como “una de las razones por las que el déficit fiscal está transitoria y excepcionalmente bajo”.

Estos elementos también deben sopesarse a la hora de la evaluación cuando nos referimos a la sostenibilidad, porque postergar gastos y/o distraerlos de inversiones en infraestructura, no es para nada recomendable y condiciona a la producción, a la logística y a los sectores reales de la economía para la ecuación de costos y la competitividad.

Con el golpe de la pandemia apenas asimilado y recién retornando a niveles de prepandemia en empleo y actividad, ha habido como contrapartida una pérdida de salario real y consecuentemente de las pasividades, que ha sido un precio indeseable a pagar para mantener empleos, porque las empresas distan en general de estar en situación floreciente, y el Estado no afloja a la hora de requerir recursos del sector privado para sostener su funcionamiento, a sus funcionarios, gastos e inversiones.

Por lo tanto llegar a un menor déficit fiscal como escenario más o menos estable es un paso imprescindible, un logro dentro de un panorama comprometido, pero solo como punto de apoyo para poder llevar adelante políticas sustentables de crecimiento, de aumento del empleo sin perder salario real, alentar inversiones y tener adecuados niveles de competitividad no solo en el sector primario, sino también para vender el trabajo de los uruguayos, que es una histórica piedra en el zapato. → Leer más