Opinión

Entre otras consecuencias, la irrupción de la pandemia en países como Uruguay dejó al desnudo, por si hacía falta, los serios problemas económico – financieros, con economía estancada, creciente desempleo, caída de actividad y fuerte déficit fiscal, superior al 5 por ciento anual.
Es decir que el Estado gastaba más dinero que el que ingresaba por recaudación, lo que naturalmente auguraba un agravamiento de la crisis si es que no se reducía el gasto público, o no se mejoraba la recaudación o, mejor aún, las dos cosas.

Además, resulta imposible la implementación de políticas sociales que puedan cumplirse en forma sustentable si no se cuenta con respaldo en recursos para establecer un circuito virtuoso en el tramado socioeconómico, por lo que por ejemplo se caía por su propio peso, por irracional, el reclamo de la izquierda de promover en pandemia una rígida cuarentena –devastadora para la economía– y encima establecer una “renta básica” para amplios sectores de la población, con el contrasentido de que quienes lo promovían se habían encargado de hacerlo imposible al haber gastado hasta más de lo que se tenía.

Ello da la pauta de que resulta fundamental contar con propuestas serias pero sobre todo de cumplirlas, a la hora de delinear las políticas económicas como los ejes de la gestión gubernamental, como regla de oro a mantener, sobre todo cuando la cercanía del año electoral exacerba la tentación de gastar sin ton ni son.
Ocurre que el manejo de la economía en forma global no puede hacerse solo por conceptos técnicos, desde que existen condicionantes que hacen que la cuenta no siempre dé exacta en cuanto a la respuesta y los resultados, porque también tienen que ver con expectativas, con el humor social, con el reciclaje de recursos y elementos muchas veces imprevisibles. Lo único seguro es que si en el Estado se gasta más de lo que ingresa, el déficit es inevitable, y de algún lado deberán sacarse los recursos, salvo que se quiera seguir pateando la pelota hacia adelante, como suele hacerse, con resultados mucho peores que los que se hubiera logrado si se hubiera desactivado más temprano la bomba a tiempo.

En este contexto debe evaluarse la reciente decisión del Ministerio de Economía y Finanzas, comunicada en las últimas horas, de designar a integrantes del Consejo Fiscal Asesor, órgano que tendrá como objetivo “velar por la transparencia, sostenibilidad y responsabilidad de las finanzas públicas”. El consejo fue creado en el marco de la implementación de la regla fiscal (que busca condicionar el gasto público) planteada en la Ley de Urgente Consideración y reglamentada días atrás. De acuerdo con la decisión del MEF, estará integrado por los economistas Alfonso Capurro, Ana Fostel y Aldo Lema.
Según comunicó el ministerio, “el Consejo Fiscal Asesor es un órgano de carácter técnico, honorario e independiente, que se relacionará de forma directa con el MEF. Éste tendrá el cometido de velar por la transparencia en el manejo de las finanzas públicas, a través del análisis técnico e independiente de la estimación del resultado fiscal estructural”, según da cuenta el diario El País.
Entre los pasos a seguir se encuentra la contratación de otro economista que actuará como secretario ejecutivo, lo que contará con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la definición de la agenda de trabajo.

En tanto, los temas relacionados con las funciones del secretario ejecutivo, tendrán que ver con análisis de la metodología del cálculo del balance estructural y su reglamento, así como la integración del Comité de Expertos -que será conformado por referentes de la academia, consultoras, centro de estudios, entre otros- para el Producto Bruto Interno (PBI) Tendencial.
Así, se espera que a principios de febrero de 2022, se evalúe el cálculo del déficit estructural del presente año, y en este sentido Lema explicó que en los países desarrollados, y algunos emergentes, se han ido incorporando instituciones fiscales independientes, que tienen el rol de monitorear que se utilice correctamente la metodología a seguir. Estos cálculos se realizarán a través de los insumos que brinde el Comité de Expertos al ministerio, con el objetivo obtener el Resultado Fiscal Estructural y proyecciones a 10 años del crecimiento tendencial del país.

Según explicó el economista, “hoy el gobierno ha fijado el crecimiento tendencial en 2,3%, pero lo fijó el gobierno. Lo que correspondería, por autonomía y transparencia, es que lo entregue este Comité de Expertos. Por lo menos una vez al año, le van a pedir esos supuestos y van a ver si este 2,3% es o no”. En este sentido, sostuvo que la regla fiscal potencia la responsabilidad fiscal, la sostenibilidad de la deuda -que permite mantener la calificación de riesgo, tasas de interés bajas, mayor acceso al crédito- y que la política sea menos procíclica.
Y aquí tenemos la parte medular de la problemática, en boca del propio economista Aldo Lema: “Lo que ha ocurrido en Uruguay es que en tiempos de bonanza el país ha tenido una política fiscal expansiva, ha tenido un impulso fiscal que asumía que estas vacas gordas se mantenían y en período de vacas flacas, como en general no había ahorrado en tiempos anteriores, ajustaba. Lo que establece la regla fiscal, es que voy a tener una mayor estabilidad en la evolución del gasto público”, en tanto concluyó que la regla fiscal “contribuye a gastar más en tiempos de vacas flacas y a gastar menos en tiempos de vacas gordas, suavizando la política fiscal”.

Es decir, no se precisa mucha academia para saber lo que se tiene que hacer en la economía de un país, como debe hacerse incluso en un hogar: aprovechar la coyuntura favorable para generar reserva de recursos que permitan hacer frente a las crisis que se dan en épocas de vacas flacas, sobre todo en un país altamente vulnerable y dependiente, como el Uruguay, de los avatares de la economía mundial.
Pero las urgencias electorales, de mantener el humor social a favor para tratar de traducirlo en votos en la próxima e lección, –además del componente ideológico para no dar el brazo a torcer– es el que arrasa con toda prudencia y sentido común, para que desde el partido de gobierno se gaste lo que se tiene y mucho más, con tal de maquillar la realidad, y lograr otro período de gobierno, porque después se verá.

Y esto es lo que volverá a ocurrir si se antepone lo político a lo racional, por más consejo asesor que se incorpore para dar el alerta. → Leer más

Cada 23 segundos una persona muere en un siniestro de tránsito en algún lugar del mundo según la Organización Mundial de la Salud que, en un espacio de su sitio web muestra un planisferio con un reloj en cuenta regresiva: exactamente 23 segundos que se van acumulando y suman 1.354.840 personas al año.
La aplicación, desarrollada con datos de siniestralidad vial mundial de 2018 bajo el nombre de “Muerte en la carretera”, resulta impactante si se piensa en lo que realmente representa. Más aún si tenemos en cuenta que, adicionalmente, entre 20 y 50 millones de personas sufren heridas no fatales, y muchas de ellas se convierten en discapacidades permanentes.

Para poner estas cifras en perspectiva, cabe señalar que anualmente mueren unas 800 mil personas de SIDA en todo el planeta y que la pandemia por coronavirus se ha llevado la vida de alrededor de 4,7 millones de personas.
Solo en nuestro continente mueren más de 150.000 personas en siniestros de tránsito, con un alto impacto en la sociedad y según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) los años perdidos por fallecimiento prematuro e incapacidad causados por siniestros de tránsito son equivalentes al impacto conjunto del VIH/SIDA, el cáncer de pulmón, la tuberculosis y la malaria.

Además, es la primera causa de muerte para niños de entre 5 y 14 años y la segunda para los jóvenes de 15 a 29 años.
Según las cifras oficiales de siniestralidad vial, en 2020 en Uruguay un total de 21.854 personas resultaron lesionadas como consecuencia de un siniestro de tránsito, de las cuales 391 fallecieron. Asimismo, un total de 2.976 personas resultaron graves y fallecidas en rutas nacionales en el período 2018 a 2020, según lo informado oportunamente por el Sistema de Información Nacional de Tránsito (Sinatrán).

Los siniestros de tránsito en rutas y ciudades uruguayas afectan fundamentalmente a población joven y la mayor cantidad de víctimas son motociclistas. En ese sentido, cabe señalar que de acuerdo a los informes de siniestralidad vial de los últimos años, aproximadamente la mitad de los motociclistas fallecidos eran jóvenes entre 15 y 29 años.
Hace dos años, en setiembre de 2019, el Parlamento nacional aprobó una nueva Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial –la tercera– complementaria de la normativa existente, que unifica el marco normativo en seguridad vial en todo el país y que perfiló el tema en el ámbito de las políticas públicas.

Aprobada por unanimidad por senadores y diputados de todos los partidos políticos incluye un marco de circulación básico y unificado a nivel nacional para ciclistas y motociclistas, exigencias de elementos de seguridad al momento del ingreso de vehículos en nuestro país así como aspectos administrativos de notificación, aplicación de multas a través de medios electrónicos, clasificación de las sanciones, posibilidad de poseer el marco punitivo único, tiempos de prescripción de multas únicos a regir en el país, etcétera. Otros aspectos refieren a la expedición de licencia de conducir por puntos, la toma de exámenes a aspirantes de conductores o renovaciones en rutas de jurisdicción nacional y el registro que permite el seguimiento vehicular por parte de los gobiernos departamentales posibilitando su actuación en jurisdicción nacional junto con la Policía en operativos de tránsito.

Algunas de las innovaciones de esta ley aún tienen pendiente su reglamentación y puesta en práctica efectiva y otros aspectos que podrían comenzar a ser contemplados, mayormente no se tienen en cuenta en el día a día. Para citar un ejemplo de algo muy básico podemos referir al comportamiento de peatones y conductores en relación al uso del celular.
En este sentido, la ley prohibió el uso del teléfono cuando se cruza la calle caminando y también el uso de auriculares por parte de ciclistas. Para éstos últimos también es obligación nacional el uso de elementos de retro-reflexión (chaleco, campera o bandas) rigiendo también las especificaciones de la norma 19.061 aprobada en 2014, que incluyen la obligatoriedad del uso de casco en ciclistas, así como un sistema de freno delantero y trasero, espejos retrovisores, timbre o bocina y un sistema lumínico consistente en un faro de luz blanca y un reflectante del mismo color ubicado en la parte delantera y un faro de luz roja y un reflectante del mismo color en la parte trasera.

Es sencillo darse cuenta que mucho de lo antes señalado no se cumple por parte de ciclistas ni peatones, considerados los más vulnerables del tránsito. Si bien la ley no prevé multas en estos casos, sí se tendrán en cuenta los aspectos antes mencionados cuando se produzcan accidentes, pudiendo existir consecuencias legales. Por ejemplo, si un vehículo atropella a un peatón que estaba hablando por teléfono o usándolo al momento de cruzar la calle, éste no tendría el respaldo jurídico por estar infringiendo la norma.
Se trata de conductas que serían muy fáciles de cambiar si pusiéramos empeño en ello. De la misma manera que la gente no fallece en accidentes de tránsito a causa de la niebla o la lluvia –como dicen a veces los titulares– sino como lamentable consecuencia de una serie de factores de riesgo que no fueron tenidos en cuenta a la hora de prevenir el siniestro vial, tampoco deberían ocurrir siniestros por atender el celular o cualquier otra cosa que nos distraiga de la conducción.

Como desencadenante de un siniestro de tránsito, el llamado factor humano se relaciona únicamente con la toma de decisiones de las personas involucradas. Y es un factor decisivo a la hora de evitar un siniestro. Porque en la mayoría de los casos no son accidentes ni una obra del destino o la mala suerte.
Ciudades latinoamericanas que están trabajando activamente estos temas manifiestan que ya no alcanza con campañas comunicacionales para mejorar la seguridad vial y evitar la pérdida de vidas. Es necesario tomar otras medidas para calmar el tránsito tales como elementos reductores de la velocidad, sectores peatonales, medidas para los cruces, instalaciones para bicicletas, mejor señalización y otros elementos contextuales que puedan ayudar.

La falta de seguridad vial es un problema de salud pública y de desarrollo, que no solo genera pérdidas materiales y de recursos, sino también de vidas y lesiones permanentes, particularmente las de niños y jóvenes.
Contar con calles y rutas más seguras no es tarea únicamente de los gobiernos nacionales y departamentales –aunque unos y otros tienen responsabilidades inexcusables no solo en la legislación y fiscalización sino múltiples sentidos y dimensiones–, sino también de todos quienes hacemos el tránsito. Es decir, toda la población.
→ Leer más

De acuerdo a un informe de la Agencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad), junto a la Organización Mundial del Turismo (OMT), el sector sufrirá en el mundo este año 2021 pérdidas por entre 1,7 y 2,4 billones de dólares. Los números son, acaso, apenas mejores que los del año pasado, cuando la pérdida fue de 2,4 billones de dólares a raíz de la pandemia.
El impacto este año será comparable a entre un 1,9% y un 2,7% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial. En Latinoamérica, una de las regiones más afectadas por la COVID-19, se repetirán los números del año pasado.

El informe indica que la disminución del turismo puede suponer caídas de hasta el 9 por ciento del PBI de Ecuador, del 2,4% en Argentina o del 2,3% en Colombia. Algo menos, por el menor peso del turismo en la economía nacional, podría ser el descenso del PBI para México (entre el 1,3 y el 1,6%) o en Brasil (0,6%), mientras que Centroamérica podría retroceder un 11,9% de su PBI en el escenario más pesimista y el Caribe un 2,5%.
El informe advierte sobre la posible generación de un escenario de recuperación “a dos velocidades”, dado el desigual avance de la vacunación entre países desarrollados y en desarrollo.

Se indica que podría ocurrir “que el turismo se recupere parcialmente en regiones como Europa o Norteamérica, pero todavía no en zonas en desarrollo, calcula que las llegadas caigan sólo un 37% en lugares con alto porcentaje de población vacunada, pero se siga desplomando un 75% en aquellos con niveles de inmunización más bajos”, y señala que “los principales obstáculos son las restricciones a los viajes, la lentitud en la contención del virus, la poca confianza de las personas para viajar y un entorno económico deficiente”, concluye la Unctad.

La secretaria general del organismo, Isabelle Durant, abogó por masificar la vacunación como forma de dar un paso adelante hacia la recuperación de la actividad turística.
“El mundo necesita un esfuerzo global en favor de la vacunación que permitirá proteger a los trabajadores, atenuar los daños sociales y tomar decisiones estratégicas respecto al turismo”, declaró. Es que también en Latinoamérica los países con elevados niveles de vacunación serán los que podrán atraer viajeros y alcanzar antes una moderada recuperación. Claro, no es este el único factor.

No debemos dejar pasar –y ya refiriendo más en específico a nuestro país– las diferencias económicas con nuestros vecinos. De hecho lo hemos venido viendo estas últimas semanas, conforme se va acercando el momento de reabrir las fronteras, como la preocupación por las diferencias de un lado y otro de la frontera pueden provocar un desbalance comercial. Si la diferencia es tan amplia –que lo es–, no debe ser demasiado tentador cruzar a veranear a Uruguay, por lo menos afrontar los gastos que ello supone.

Por supuesto que el gobierno está al tanto de todo esto. No en balde el lunes, en un evento organizado por la Cámara Uruguaya de Turismo (CamTur), con motivo del Día Mundial del Turismo, el gobierno, representado por el presidente Luis Lacalle Pou y tres de sus ministros, anunció una serie de medidas tendientes a amortiguar estas diferencias para quien elija cruzar el charco, cuando se pueda. La ministra Azucena Arbeleche anunció la eliminación del IVA para turistas no residentes, un incentivo que –reconoció– tiene que ver con esta cercana apertura de fronteras.
La batería de medidas también tiene como destinatarios a diferentes rubros relacionados con la actividad turística, como ha venido aconteciendo desde el inicio de la emergencia sanitaria, hace ya más de año y medio. En ese caso están incluidos los organizadores de fiestas y eventos, tengan local propio o no; la organización de congresos o ferias, nacionales e internacionales; las agencias de viaje por supuesto; el transporte de grupos turísticos y excursiones; salas de cine y teatro; alojamientos; artistas y actividades conexas; el alquiler, servicio y soporte de equipos y los servicios audiovisuales; la educación deportiva y recreativa, entre otros.

Todas estas medidas son sumamente necesarias, aunque no garantizan de por sí el éxito de la temporada, porque todavía queda mucho por resolver, pero facilitan, aportan un grano de arena.
Hubo otro mensaje por parte del presidente Luis Lacalle Pou. Fue un llamado a los actores del sector turístico a no pretender “recuperarse” demasiado rápido.
“Uno estima que quienes viven del turismo van a entender que toda la cadena tiene que tener los precios justos en esta temporada. Yo la llamaría temporada de recuperación”, dijo.

No hace falta agregar mucho al respecto. Debemos estar muy conscientes de que, si se abren las fronteras, como todo parece indicar, también habrá medidas en la otra orilla tratando de mantener dentro de sus fronteras a los turistas. Y no hablemos solamente de decisiones gubernamentales, basta recordar el revuelo que ocasionó en agosto la difusión de lo que les costará el cambio a los argentinos.
“En Uruguay piden $880 por un dólar: el insólito tipo de cambio que espera a los argentinos en la próxima temporada”, tituló el 25 de agosto Infobae. Claro, en el desarrollo de la nota se explica que la situación obedece en primer término a la realidad de la economía argentina. Pero también es cierto que esa realidad es la que es, y eso no se puede dejar de tener en cuenta en la planificación. → Leer más

Históricamente, y aceptado tácitamente como un hecho natural, la Intendencia Departamental de Montevideo está cobrando la denominada Tasa de Inflamables. Es así que en 2017 se había denunciado que la Intendencia de Montevideo cobraba casi 20 millones de dólares al año por “Tasa de Inflamables” que se carga a los productos que comercializa Ancap.

En este sentido el portal Surtidores.uy señalaba que esta tasa es recaudada y vertida por Ancap a la Intendencia de Montevideo por un concepto denominado “inflamables”, que se rige por lo establecido en la normativa departamental “Título VI”. Establece en su artículo 295 una “tasa creada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 80 del Decreto 13.490 ratificado por Decreto 13.501 de 2 de diciembre de 1965 y modificativos, se calculará a partir del 1º de julio de 1985, a razón del uno por ciento sobre el precio de venta de los transportados en el mes correspondiente”.

De acuerdo con fuentes del sector, la tasa de marras que grava el precio de los combustibles solo es vertido a la intendencia capitalina, ya que ningún otro departamento del país la cobra. La excusa histórica para este impuesto es que Montevideo “sufre” el deterioro de sus calle por tener las plantas de combustible que abastecen a todo el país en el área urbana. La dicotomía es que, aunque los camiones transportan el combustible a todas las localidades del Uruguay, Paysandú por ejemplo es distribuidor para todo el norte del país, –abastecido por Montevideo a través de barcazas–, pero por algún motivo esa tasa no nos corresponde. Y no solo se distribuyen combustibles desde Nuevo Paysandú, también buena parte del portland de Ancap, una empresa que ni siquiera ha aportado para hacer las calles alrededor de sus propias plantas con buen material, cuando se encuentran en estado calamitoso por el tráfico de camiones. Una verdadera vergüenza nacional para una empresa que factura miles de millones de dólares al año.

Las mismas fuentes aseguraron al portal que “en realidad se trata de un gravamen por un servicio del que poco se sabe y que no se brinda” y que si por ejemplo el resto de los 18 departamentos exigieran el pago de este gravamen sobre el combustible, entonces correspondería aumentar el litro de Nafta Súper 95, unos 9 pesos por litro. Aunque este escenario se arrastra desde hace décadas, en claro perjuicio del Interior o más precisamente privilegiando a Montevideo, que es lo mismo, el actual Directorio de Ancap ordenó a Ducsa, su empresa distribuidora de combustibles, que presente en estos días un recurso de inconstitucionalidad contra la Tasa de Inflamables que cobra la Intendencia de Montevideo, según señaló a El País el presidente del ente, Alejandro Stipanicic. Esa tasa representa actualmente unos U$S 12 millones anuales y según el jerarca, dicho gravamen impacta en los precios al público, e implica un recargo de 34 centésimos de peso por cada kilo de supergás y de 0,25 pesos por litro de nafta o de gasoil vendido al minoreo.

“La IMM puede cobrar una tasa por alumbrado o de saneamiento porque realiza una contraprestación a la población mediante tareas. Pero la Tasa de Inflamables no tiene una contraprestación efectiva porque las regulaciones nacionales la pasaron por arriba”, dijo el titular de Ancap. Y agregó: “Al no haber contraprestación por parte de la Intendencia, la Tasa de Inflamables se transforma en un impuesto”, lo que efectivamente es cierto, solo que este extremo lo aplica solo la Intendencia Departamental de Montevideo, y las otras 18 intendencias están al margen.
La Constitución de la República establece que el Estado nacional es el único que puede fijar tributos, y evidentemente esta “tasa” luego se transformó en una nueva fuente de recursos para la intendencia capitalina.

El 16 de abril de este año, el Directorio de Ancap mandató a Ducsa que presentara un recurso de inconstitucionalidad contra la Tasa de Inflamables que cobra la IMM. Para adoptar dicha decisión, el Directorio de Ancap se basó en un informe jurídico elaborado por el estudio Brum & Costa sobre la supuesta inconstitucionalidad de dicha tasa municipal. “Cuando uno busca fuentes de reducción de costos para que los valores de los combustibles sean más bajos, identificamos que esta tasa era uno de los aspectos que encarecía los precios del gasoil, nafta y del gas”, explicó Stipanicic.
Es decir, es uno más de los privilegios del centralismo que se han concedido por todos los partidos –con matices– y que en este caso el actual Directorio, seguramente con la anuencia del gobierno nacional, pretende corregir, porque no se trata de poco dinero y por ejemplo, equivale a lo que pierde anualmente el área de cemento portland de Ancap, nada menos. Podría por ejemplo buscarse la forma en que si quieren mantener esta “tasa”, los recursos puedan utilizarse para mantener los empleos en las plantas de cemento, si es que nadie quiere pagar los costos políticos de una solución definitiva.

El punto es que no estamos ante un hecho excepcional, sino que lamentablemente pauta la regla centralista que se ha dado con gobiernos de todos los partidos. El más notorio de los últimos caso es el del Antel Arena, construido por el ente nacional Antel durante la administración de Carolina Cosse, solo para favorecer a Montevideo. Con un costo de 120 millones de dólares, que duplicó la estimación inicial, y con una serie de cuestionamientos sobre “irregularidades” administrativas para utilizar dispendiosamente los dineros públicos, se incorporó un estadio de eventos para disfrute netamente capitalino, en lugar del siniestrado Cilindro Municipal, solo que este último fue financiado –y seguirá pagándose– con dinero de todos los uruguayos, aún de aquellos residentes en el Interior profundo que nunca van a pisar el estadio capitalino, cuando debió ser financiado exclusivamente por la Intendencia de Montevideo.

Pero esta discriminación contra el Interior no preocupa a la dirigencia política capitalina ni mucho menos, como lo puso de manifiesto en su momento la exintendente del Frente Amplio Ana Olivera, quien en un extremo de enajenación política, con el horizonte y el límite puesto en el cemento montevideano, pidió que se le aprobara por el gobierno nacional lo que llamó Ley de Capitalidad –una fuente de recursos más, por supuesto, para sus arcas– ante los “perjuicios” que le causaba a Montevideo ser capital del Uruguay.
El sumun del delirio y de la negación de la realidad a través de un proyecto que felizmente solo quedó en una idea sin plasmar en una ley, pero cuya frustración no ha impedido que por acción o por omisión, se hayan perpetuado medidas centralistas discriminatorias contra el Interior, como es otro claro ejemplo el fideicomiso para el gasoil, volcado prácticamente en su totalidad hacia el subsidio del transporte capitalino, pero pagado en los combustibles por todos los uruguayos.
→ Leer más

Un recluso del Módulo 11 del Comcar estuvo secuestrado durante 60 días dentro de una celda, estaba en grave estado de desnutrición y con signos de violencia física. La imagen, divulgada en las redes sociales por un periodista, movilizó a las autoridades, removió a algunos encargados de los módulos y motivó la adopción de medidas sanitarias dentro del recinto.
La historia se supo cuando el líder de la celda obtuvo su libertad y, ante presiones de reclusos de una celda contigua, lo liberaron y llevaron al centro de salud para su atención. El preso primario, de 28 años y padre de dos hijos, padece varias afecciones y su situación se conoció una vez que se abrió la celda en la que era sometido.

A raíz de este hecho, las autoridades resolvieron constatar en todas las áreas si había presos en la misma situación. Y las condiciones de reclusión permitían este tipo de abusos, porque en el módulo 11 hay casi 800 personas presas y contaban con solo dos policías para vigilancia.
El Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Juan Miguel Petit, hizo la denuncia penal y pidió la urgente intervención de la Fiscalía. El Ministerio del Interior, por su lado, ordenó la revisión sanitaria que posteriormente se extendió a todos los reclusos y también elevó una denuncia penal.

Un comunicado emitido por el ministerio aseguraba que “la situación de esta persona se desconocía” a pesar de las recorridas semanales de los policías y la revisión de las rejas. Sin embargo, este hecho en particular sirvió para constatar que otros reclusos tenían bajo peso, asociado al consumo problemático de drogas.
Pero hay un cuello de botella planteado para las autoridades, y es que no pueden controlar a quienes sacan las fotos de determinadas situaciones que ocurren dentro de las cárceles y se divulgan en las redes sociales. En realidad, el nudo gordiano está en otro lado.

Este preso primario había sido ubicado en el módulo 11 junto a otros pesados y, con la difusión de su caso, fue trasladado a otra celda. Pero el problema viene desde administraciones anteriores, ante la falta de una política carcelaria que se ocupe de diferentes gestiones.
El lento proceso de los proyectos de ley anunciados en el Parlamento para mejorar la situación carcelaria del país requiere de una visión amplia y lo menos partidizada posible. Petit presentó a mediados de este mes un “Plan de combate a reincidencia y en favor de la rehabilitación”, para enfrentar a un gigante lleno de problemas y a punto de explotar.

Porque las cárceles uruguayas tienen casi 14.000 personas privadas de la libertad y ese número está en constante aumento. Es un récord histórico, porque Uruguay cuenta con el índice más alto de reclusos per cápita de Latinoamérica y Europa. Pero, además, con un alto porcentaje de reincidencia.
Las soluciones manejadas entre el espectro político, los técnicos y las autoridades, están en constante entredicho. Mientras el ministro Luis Alberto Heber anuncia la construcción de nuevas cárceles para ampliar la capacidad locativa y evitar el grave hacinamiento –que en algunas cárceles es crónico–, el comisionado Petit opina que una ampliación de los celdarios será más de lo mismo y no combatirá el problema de fondo. En medio de estas cuestiones, aparece la problemática del financiamiento y la dotación de funcionarios para un sistema que no rehabilita, sino que ayuda a profundizar el conocimiento sobre el delito.

Y, sin embargo, la alarma pública cuestiona sobre el ingreso de personas que cometieron delitos leves. ¿Van a soltarlos a las calles? ¿Habrá una mayor impunidad para combatir el delito? ¿Las penas alternativas realmente sirven para cumplir el objetivo de devolverlos a la sociedad?
Unas 10.000 personas aproximadamente cumplen con estas medidas en Uruguay y la mirada está puesta hacia allí. Al menos con la última decisión del gobierno de pasar a la Dirección Nacional del Liberado (Dinali) del Ministerio del Interior a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, con la última Rendición de Cuentas.

Pero, para tener en cuenta la base del delito, habrá que combatir el consumo problemático de drogas y la atención por equipos multidisciplinarios que, por el momento, no existen. Incluso, reconocer que este fenómeno ya instalado en las grandes ciudades y en las pequeñas comunidades, creció mientras las sucesivas gestiones no resolvían o, peor aún, miraban para el costado.
Es que, tampoco en este caso, la situación carcelaria fue sometida a una política de Estado que transversalizara las soluciones para que las administraciones siguientes no tuvieran la carga pesada que, a su vez, le pasaban a quienes seguían. Y todo, sin resolver o creyendo que con un aumento de plazas se mostraba una decisión de corrección política.

Si la atención a la salud está extendida entre la población de escasos recursos, cabe preguntarse si existe en iguales condiciones dentro de los centros de reclusión.
Y cuestionarse cuántas camas disponibles hay en Uruguay para tratamiento de las adicciones o de los problemas de salud mental que, en otras situaciones, derivan en suicidios u homicidios que aumentan las estadísticas año tras año.

A 15 minutos del centro de la capital del país, en el Comcar se aloja un tercio de los presos del país. En las cárceles, en general, se registraron en lo que va del año un total de 55 muertes entre homicidios, muertes dudosas y suicidios. Durante todo el año pasado fueron 48.
La clase política en el Parlamento y el gobierno tendrán que ponerse de acuerdo para evitar situaciones como las ocurridas en el Comcar, porque el problema no es la foto, sino la película. Esa misma que nos remite a las cuevas con rejas del medioevo. → Leer más

En las últimas semanas el mundo asistió al anuncio de una alianza militar que constituye un movimiento de suma importancia en el tablero de ajedrez geopolítico que representa Asia y más particularmente el Océano Pacífico. Nos referimos al acuerdo alcanzado por Estados Unidos, Australia y Reino Unido, el cual implica una colaboración estrecha en materia de ciberdefensa e inteligencia artificial y se identifica por el anacronismo Aukus, el cual hace referencia a los países miembros por su nombre en idioma inglés. De acuerdo con lo anunciado por la prestigiosa publicación “The Economist”, esta alianza militar “estaría a la altura de otros cataclismos internacionales como la crisis del Canal de Suez en 1957, el viaje de Richard Nixon a China en 1972 o la caída del muro de Berlín en 1989”. El episodio suma una nueva perla al largo collar de tensiones políticas, económicas y militares entre Estados Unidos y la República Popular China.
China ha manifestado en varias ocasiones su “grave preocupación” por este acuerdo. De acuerdo con el portal RT Noticias, esta nueva alianza armará a Australia “con submarinos nucleares”. Durante una conferencia de prensa el 22 de setiembre, Zhao Lijian, el portavoz de la Cancillería, dijo que el nuevo plan internacional “socava los esfuerzos internacionales de no proliferación nuclear”, además de “intensificar deliberadamente la tensión regional, provocar una carrera armamentística y amenazar la paz y la estabilidad regionales”.
El gigante asiático no ha sido el único país desconforme con el Aukus. En efecto, en los últimos días Francia llamó a consultas a sus embajadores en Estados Unidos y Australia por la “excepcional gravedad” de dicho acuerdo que tuvo como consecuencia la cancelación, por parte de Australia, de un importante contrato de venta de armas con Francia. Un duro comunicado del ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Yves Le Drian, expresó que “a petición del presidente de la República, he decidido llamar inmediatamente a consultas a nuestros dos embajadores en Estados Unidos y Australia. Esta decisión excepcional se justifica por la excepcional gravedad de los anuncios realizados el 15 de setiembre por Australia y Estados Unidos”.
Para entender este enojo de las autoridades de Francia es importante tener en cuenta que Australia canceló un acuerdo multimillonario para adquirir 12 submarinos convencionales franceses por 65.000 millones de dólares, cuando pactó una nueva alianza con Gran Bretaña y Estados Unidos, con la cual obtendrá submarinos de propulsión nuclear estadounidenses. Tan sólo la primera fase del Aukus supone para Estados Unidos la construcción de ocho submarinos nucleares para Australia.
La reacción del presidente francés Emmanuel Macron no se hizo esperar, y en pocos días acordó con el primer ministro de India, Narendra Modi, “actuar conjuntamente” en la región del Indopacífico. Ambos líderes sostuvieron una conversación telefónica al respecto, en medio de las disputas entre Francia y Australia, Estados Unidos y Reino Unido, por el acuerdo Aukus que hundió un pacto de fabricación de submarinos entre París y Canberra. Según el portal galo de noticias France24.com, “mediante una llamada telefónica, Macron aseguró a Modi el continuo “compromiso de Francia con el fortalecimiento de la autonomía estratégica de India”, incluida su industria y base tecnológica, como parte de una “relación cercana basada en la confianza y el respeto mutuo”. De acuerdo con un comunicado de la oficina de Macron, el plan tiene como objetivo promover “la estabilidad regional y el estado de derecho, al tiempo que descarta cualquier forma de hegemonía”.
Estados Unidos, por su parte, ha defendido su decisión justificando la misma en la situación geopolítica en la cual se encuentra Australia frente a China y el poder de este país en la región. En efecto, CNN ha informado que Antony Blinken, secretario de Estado de EE.UU., dijo que “Estados Unidos no dejará a Australia sola en el campo frente a estas tácticas de presión”, refiriéndose al presunto enfoque cada vez más agresivo y nacionalista de Beijing hacia Taiwán, en el Mar de China Meridional, y hacia aliados estadounidenses como Australia. “Hemos planteado en público y en privado nuestras serias preocupaciones sobre el uso de coerción económica por parte de Beijing contra Australia”, agregó.
Según CNN, “de acuerdo con la Casa Blanca, la nueva alianza consiste en “colaborar en las capacidades conjuntas y en buscar una interoperabilidad más profunda. Anunciaremos una nueva arquitectura de reuniones y compromisos entre nuestros altos funcionarios de defensa y política exterior para compartir perspectivas, para alinear puntos de vista. Pero también anunciaremos esfuerzos para estimular la cooperación en muchos ámbitos nuevos y emergentes: cibernética; inteligencia artificial, en particular la aplicada; tecnologías cuánticas; y también algunas capacidades submarinas”, dijo un alto funcionario”.
Esta inesperada crisis política y militar tuvo sus consecuencias también en el plano diplomático y obligan a los países europeos a reflexionar sobre el funcionamiento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), así como sobre cómo se manejará la Unión Europea ante la salida de Angela Merkel de la actividad política. No cabe dudas que la actitud de Estados Unidos y del Reino Unido (hasta hace poco tiempo miembro del espacio europeo) despierta preocupaciones, cuando no molestias, en autoridades del viejo continente, como por ejemplo Clément Beaune, ministro de Asuntos europeos de Francia, quien manifestó que “sin ser agresivos ni estar en contra de nuestros aliados, debemos ser más soberanos, más autónomos, más capaces de defender nuestros intereses, de pensar también por nosotros mismos, como hemos visto en la crisis afgana, como vemos en esta tensión diplomática actual”.
En similares términos se manifestó el comisario europeo de Mercado Interior e Industria, Thierry Breton, para quien esa alianza ha generado “un creciente sentimiento” en Europa de que “algo se ha roto” en la relación transatlántica y de que “la confianza se ha erosionado”. De acuerdo con el portal de noticias euronews.com, “esta súbita tensión en el tono de Bruselas hacia Washington puede repercutir en el calendario de las negociaciones que la UE y Estados Unidos van a iniciar en el marco de su Consejo de Comercio y Tecnología, cuya inauguración sigue prevista por el momento para el próximo 29 de septiembre en Pittsburgh (Pennsylvania)”.
Las múltiples y variadas reacciones que ha generado el Aukus en todo el mundo deben ser un llamado de alerta para este nuevo episodio en la rivalidad militar entre Estados Unidos y la República Popular China, quienes ya se encuentran enfrentados por diferencias comerciales que muchas veces parecen insalvables.
El aumento de la tensión militar en una zona del mundo tan importante no puede ni debe pasar desapercibida y el mantenimiento de la paz mundial debe seguir siendo el objetivo de todos los países, de las alianzas y organizaciones regionales y de las propias Naciones Unidas.

→ Leer más

Además de la legítima inquietud de los comerciantes de la zona litoraleña limítrofe con la Argentina respecto al anuncio de la próxima reapertura del tránsito por los puentes binacionales, hay otros aspectos relacionados con los motivos del gobierno argentino para adoptar esta medida, que por supuesto nada tienen que ver con la interacción de frontera, sino que notoriamente responden a la problemática política interna en el vecino país.
El seguimiento que se hace desde nuestra orilla indica que la administración del presidente Alberto Fernández llevará adelante una reapertura gradual de sus fronteras para recibir extranjeros, por lo que tiende a disiparse temporalmente la alarma generada en un primer momento respecto a la perspectiva inmediata de una apertura general que podría generar una repetición del escenario que se vivía en la prepandemia, con sus nefastas consecuencias sobre la economía y el empleo en los departamentos litoraleños, como es bien sabido por todos –aunque no siempre reconocido, por intereses personales—.
Más allá de las medidas en estudio por el gobierno uruguayo, que se implementarán cuando la reapertura a efectos de atenuar el impacto negativo de este lado del río Uruguay, se aclaró posteriormente que las acciones previstas por Argentina apuntan directamente a captar turismo, y que en teoría solamente podrán ingresar a territorio argentino extranjeros con el esquema de vacunación completo, un test de PCR negativo en las 72 horas previas al embarque o un test de antígeno en el punto de ingreso, por lo que no habrá en principio una apertura indiscriminada para el tránsito vecinal.
Pero claro, no sería novedad que una cosa sea lo que se dice y otra lo que resulte en la práctica, por cuanto sabemos cómo se las gastan en la vecina orilla cuando de burlar normas se trata, por lo que este lapso que se gana de cierta tranquilidad hasta la reapertura total tiene motivos para generar inquietud en lo que a su cumplimiento respecta.
Pero la gran interrogante que surge es: ¿se terminó la pandemia de un día para el otro en la Argentina, como parecen indicar las medidas del gobierno de Alberto Fernández? Y si es así, ¿cómo lo lograron, con una vacunación que apenas si llega a la cobertura de poco más de la mitad de la nuestra, y siguen registrándose prácticamente casi doscientos muertos por día y miles de contagios?
Pues la respuesta lógica es que la pandemia en la Argentina se terminó “por mandato popular”, podría decirse, porque el fracaso rotundo del kirchnerismo en las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) llevó al gobierno de Alberto Fernández a decretar el fin de las medidas sanitarias.
Precisamente, el anuncio de aperturas y flexibilizaciones aparece más vinculado a necesidades políticas que a datos sanitarios puros en la vecina orilla, donde el gobierno a la vez ha naufragado en que se hicieran realidad sus eslóganes sobre priorizar la vida antes que la economía: no solo se ha llegado a los 115.000 muertos que dijo que se iban a evitar, sino que las medidas de contención han devastado la economía y sumido en la miseria a millones de argentinos, con desempleo, un 45 por ciento de pobres y un 10 por ciento de indigentes, en el marco de una gravísima crisis económica y social.
Pero lo que no pudieron las medidas de cuarentena, las acciones preventivas en extremo severas –por lo menos en los papeles– sí lo pudieron hacer indirectamente los votantes argentinos dando un duro golpe al gobierno kirchnerista, que de un día para otro, ante el (mal)humor social, dejó abruptamente de lado los eslóganes y la apelaciones de prioridad a la vida antes que a la economía, como pregonaba.
Así, pese a que todavía en diversas partes del mundo, incluido Uruguay, con mucha prudencia se va avanzando mientras se guarda un especial cuidado ante la aparición de la contagiosa cepa delta que generó distintos rebrotes en países que sostuvieron un plan de vacunación mucho más efectivo y rápido que Argentina, desde el martes, en este país ahora ni el barbijo quedó en pie, en una muestra más de la poca seriedad con que maneja el gobierno el presidente argentino, a la sobra de la soberbia vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
Es que previamente, el revés electoral había dado lugar a un cataclismo interno en el gobierno, con peleas que pusieron al borde del colapso institucional al propio presidente Fernández, pero a la vez este escenario –que no ha quedado del todo despejado ni mucho menos– desembocó en un cambio radical respecto al abordaje de la pandemia.
Así, de un día para el otro ya los riesgos mágicamente bajaron prácticamente a cero, y aquel ataque virulento y descalificante hacia quienes osaban cuestionar las medidas de cuarentena, entre quienes estaban por la vida y los que supuestamente estaban por la muerte y no les importaba un ápice la suerte de los argentinos, desapareció de los eslóganes, al igual que los cuestionamientos del oficialismo hacia quienes no estaban de acuerdo con las medidas.
Es que hasta hace menos de tres semanas la misma ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti alertaba sobre la cepa delta, mostrándola como agazapada “a la vuelta de la esquina” en una reunión del Consejo Federal de Salud.
Según da cuenta el diario La Nación, un ministro provincial que participó en el encuentro recordó que ese día, ante la inquietud de algunos funcionarios del interior sobre la necesidad de extender las aperturas, la ministra respondió: “Las restricciones no le gustan a nadie, pero hay quienes se olvidan que hay una pandemia”.
Por eso llamaron la atención sus anuncios directos en búsqueda de una normalidad, ante la atenta mirada del flamante jefe de gabinete, Juan Manzur, seguramente el autor de estas nuevas medidas y, para no pocos en el gobierno, el nuevo ministro de Salud en las sombras.
Justamente se trata de aperturas que ya fueron varias veces requeridas por dirigentes de la oposición y de vastos sectores de la sociedad, a quienes por esa razón y en distintos momentos, desde el gobierno se los refutó y catalogó de “inútiles”, “irresponsables”, “peligrosos” y hasta de “criminales”.
Pero Alberto Fernández, como si la contradicción no existiera en el propio gobierno, dio otra de sus acostumbradas volteretas y dijo que “ahora nos acusan de libertinos los mismos que nos acusaban de encerradores”, confirmando que la pandemia es otro más de los frentes de la disputa política, de la batalla por quien impone el mejor relato ante el pueblo argentino –muy propenso a los cantos de sirena, por cierto, como lo demuestran tantos años de gobiernos peronistas– y que la apresurada vuelta a la normalidad de cara a las elecciones de noviembre venidero, es otro intento burdo de hacer creer que todo marcha muy bien.

→ Leer más

Hace tan solo algunas décadas hubiera sido impensable que pudiéramos recibir atención médica a través de una llamada telefónica o una videoconferencia. Era una posibilidad que veíamos básicamente en películas o cómics futuristas.
Sin embargo, el uso de las telecomunicaciones para proveer servicios del cuidado de la salud a personas que se encuentran a gran distancia y que no pueden asistir en forma presencial por una u otra razón no es algo de este siglo, sino que tiene su origen y antecedentes en la segunda mitad del siglo XX.
En un interesante trabajo científico publicado en 2011 (Cáceres Méndez et al.) reseña los orígenes de esta especialidad recordando algunos antecedentes como el uso del telégrafo que facilitó los pedidos de suministros médicos durante guerras civiles; o el uso del teléfono en el inicio del siglo XX -acogido rápidamente por la población médica- así como la radio a partir de la Primera Guerra Mundial y en los conflictos de Corea y Vietnam (en los que fue usada para informar el estado de salud de sus tropas y solicitar ayuda médica).
La televisión fue otra incorporación tecnológica que vino a facilitar el avance de lo que hoy llamamos telemedicina y ya en 1964 se realizó el primer enlace de video interactivo entre el instituto de psiquiatría de Nebraska en Omaha y el hospital estatal Norfolk, los cuales quedaban a 112 millas de distancia. Sin embargo, fue en 1967 que se instaló el primer sistema completo de televisión interactiva entre paciente y médico en tiempo real, enlazando el aeropuerto de Boston´s Logan con el hospital general de Massachusetts (Estados Unidos).
Evidentemente el advenimiento de la denominada Sociedad de la Información, caracterizada por la existencia de autopistas de información sustentadas en infraestructuras tecnológicas terminó de abrir las puertas a la telemedicina y facilitó desarrollar mayores utilidades con bajos costos de operación.
Esta breve reseña basta para ilustrar cómo el avance de las ciencias de la salud, y en particular la telemedicina, ha estado asociado en los últimos años al desarrollo tecnológico y, en los últimos años al avance de las denominadas Tecnologías de la Información y Comunicación.
Hoy en día, sumando los avances de la cibernética y la inteligencia artificial así como la digitalización de la vida cotidiana de las personas, se cuenta también con la posibilidad de un mayor desarrollo de la telemedicina.
Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la prestación de servicios médicos a través de medios de comunicación electrónicos venía teniendo un avance lento en Latinoamérica. No obstante, la pandemia COVID-19 supuso un shock para los sistemas de salud del mundo y puso de manifiesto las virtudes de la telemedicina brindando la posibilidad de realizar consultas médicas o proveer cuidados de salud a distancia, mediante videollamada o intercambio de información de salud como transmisión de imágenes o de datos clínicos.
Allí donde se pudieron instrumentar soluciones de este tipo fue algo valioso en un momento en que era necesario evitar aglomeraciones, hacer que los pacientes que no necesitaban internación se recuperaran en su casa o que pudieran tener la atención e información necesaria en períodos de cuarentena.
En Uruguay, debido al COVID-19 los servicios de medicina a distancia se incrementaron drásticamente. Uno de los usos más comunes durante la pandemia fue que, con la finalidad de evitar tumultos y concentraciones de personas, muchos prestadores de salud recurrieron a la consulta telefónica para evitar la concurrencia de pacientes a los servicios de salud.
La existencia de una buena infraestructura de telecomunicaciones así como la amplia cobertura de Internet y del uso de dispositivos móviles entre la población también permitieron soluciones novedosas como la aplicación Coronavirus.uy, que posibilita una variedad de usos que van desde informarse sobre la evolución de la pandemia en el país y el mundo, recibir resultados de hisopados hasta notificar contactos positivos, activar alertas de exposición hasta demostrar haber recibido la vacunación mediante un certificado digital. Otros países de la región, como Argentina también recurrieron a la telemedicina –que aumentó drásticamente a medida que los pacientes buscaban sustitutos de la atención presencial- y, según el BID, ésta ha facilitado el diagnóstico de pacientes, ayudando a dirigirlos al proveedor de atención médica más adecuado, a aislar a aquellos que podrían estar infectados por el virus y a aumentar la capacidad del sistema sanitario.
En este sentido, considera que si el aumento de la demanda de servicios de telemedicina persiste, podría surgir a largo plazo como una herramienta crucial para la gestión de la salud pública que aumenta la accesibilidad de la atención médica y reduce significativamente el tiempo y los costos de desplazamiento para obtenerla. Además, se estima que el uso de la telemedicina durante la pandemia puede haber abierto el camino para una mayor aceptación social de esta modalidad una vez que se supere la crisis provocada por el COVID-19.
Los aspectos normativos también son importantes y, en este sentido, cabe mencionar que Uruguay cuenta con la Ley N°19.689 de “aprobación de los lineamientos generales para la implementación y desarrollo de la telemedicina como prestación de los servicios de salud”.
La medicina presencial es insustituible y, por otra parte, es evidente que existen varios aspectos referidos a esta modalidad de atención de la salud que aclarados y mejorados.
Algunos expertos ponen el énfasis en que no debería transformarse en una prestación cuya calidad dependa de cada actor del sistema sino que debe asegurarse un mínimo de calidad innegociable para asegurar al paciente un proceso asistencial adecuado.
Un artículo publicado por el Sindicato Médico del Uruguay señala que, aunque no es algo abordado por la legislación uruguaya, uno de los puntos cruciales de la implementación de la telemedicina refiere al trabajo médico dado que en muchos países se ha visto afectado el trabajo médico por empresas internacionales que han entrado a los mercados ofreciendo servicios a muy bajo costo lo cual los trasforma en muy atractivos para algunos actores de los sistemas de salud y esto redunda en una caída del salario médico.
Por su parte, el doctor Félix Rígoli, médico uruguayo, asesor de la Organización Panamericana de la Salud y experto en normativa vinculada a la telemedicina, mencionó algo central y es que el médico, el paciente y la institución de salud deben estar de acuerdo para pasar a la tele atención, agregando que es necesario evitar la despersonalización y tener en cuenta que gran parte de la población no se entiende bien con la tecnología.
Se trata de cuestiones básicas que necesariamente deben ser tenidas en cuenta para que la telemedicina esté al servicio de las mejores opciones de atención, de las mejores decisiones terapéuticas y diagnósticas en diferentes escenarios clínicos y, en definitiva, contribuya a sumar calidad a la atención integral de la salud de las personas.
→ Leer más

Hoy es el Día mundial sin automóvil, una iniciativa que nació a mediados de la década del ‘90 en Europa, y que ha ido ganando terreno en el mundo occidental conforme va creciendo la preocupación por el cambio climático, pero a la vez es una fecha que pone en discusión la distribución del espacio urbano y la movilidad de las personas en las ciudades. Por primera vez se realizará hoy en Paysandú una movilización enmarcada en esta fecha, convocada por usuarios de bicicletas en el tránsito que han invitado a otros a sumarse, para dar visibilidad a este debate.
El uso del automóvil tiene un arraigo muy fuerte en nuestra cultura, ya que se asocian al autor una serie de valores que van mucho más allá del desplazamiento individual o familiar. Tan internalizado está que el mismo Estado y los sucesivos gobiernos usan como parámetro del bienestar económico a la variable de la venta de automóviles cero kilómetro, es como afirmar que quien está en condiciones de hacerlo, no duda en comprar un cero kilómetro. Pero eso va más allá de qué usar para desplazarse en la ciudad. Esa es otra discusión que da la impresión que el mismo Estado ahora está dispuesto a dar, por lo menos si tomamos en cuenta la recientemente publicada “Guía para la planificación de la movilidad urbana sostenible en Uruguay”, un documento en cuyo desarrollo trabajaron, junto a consultores, integrantes del Proyecto Movés, que integran los ministerios de Vivienda y Ordenamiento Territorial, de Ambiente, Economía y Finanzas (MEF), Industria, Energía y Minería y Transporte y Obras Públicas (MTOP), además de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. El trabajo fue financiado por el Programa de las Nacionales Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través de fondos GEF.
En este documento, con el que se trabajará con las intendencias departamentales, aparece un radical cambio de concepto respecto a lo que ha sido hasta ahora la planificación de la movilidad, donde lo que históricamente se ha pretendido es hacer más espacio para poder desplazarse de manera más ágil en automóvil. Tenemos muchos ejemplos de esto, como la rambla o los accesos a Montevideo, o aquí mismo en Paysandú la obra en el Acceso Norte (avenida Dr. Roldán), realizada hace pocos años, donde no se previó espacio para la circulación segura de bicicletas o peatones en tramos que admiten velocidades de 75 kilómetros por hora. Eso recientemente se ha remediado desde la rehabilitación de la paralela Dr. Roldán vieja.
La Guía tiene dos enfoques simultáneos, por un lado este de la movilidad y por el otro el de la sustentabilidad ambiental. Dos partes de la misma unidad, en realidad.
Desde este último punto vista, la incidencia es digna de ser tenida en cuenta para la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero.
“En Uruguay cerca del 95% de las personas vive en áreas urbanas; el transporte es el mayor emisor de CO2 dentro del sector energético uruguayo, representando alrededor del 60% de ellas”, indica. Cambiar la forma en la que se desplazan las personas hacia modos más sostenibles puede tener un impacto serio.
Recordemos que cada país firmante del Acuerdo de París se ha comprometido a realizar su mayor esfuerzo al respecto, y si bien por su dimensión tal vez no sea Uruguay quien cambie la balanza, no sería la primera vez que demos el ejemplo en políticas que luego acaben extendiéndose.
De acuerdo a los datos aportados por la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del Instituto Nacional de Estadística (INE), la motorización creció de manera significativa. En el período comprendido entre 2014 y 2018, la cantidad de automóviles aumentó un 17%, mientras que la cantidad de motos se redujo un 12%. Esta transformación se dio por las condiciones de mercado que favorecieron el acceso al automóvil y por una mejoría general en las condiciones económicas de la población.
Un hogar en Uruguay gasta en promedio anualmente un 9% del total de su presupuesto en transporte. “El número es significativamente mayor en Montevideo (U$S 4.346) que en el Interior urbano (U$S 3.250).
Un cambio en la movilidad urbana hacia modos más sostenibles también traería impactos favorables localmente y en factores mucho más tangibles e inmediatos que las emisiones, reduciendo la siniestralidad, la congestión en las calles, el ruido urbano, y permitiría recuperar parte del enorme espacio público cedido a la infraestructura para vehículos. Quizás en Paysandú no se aprecia tanto el espacio que se destina a estacionamiento, ya que no hay mayor consecuencia que tener que caminar algunas cuadras, pero si nos detenemos a contar son cientos de metros cuadrados ocupados por máquinas que permanecen vacías durante varias horas. Para tener una idea, hoy, que se ha vuelto a permitir estacionar contra la acera Sur en calle Leandro Gómez, se puede ver la diferencia de espacio en la calle respecto a cuando esa faja estuvo liberada para la circulación.
La Guía tiene el objetivo de proporcionar a los técnicos en los gobiernos departamentales herramientas para la planificación e implementación de estrategias de movilidad sostenible en las ciudades y territorios, y promover una planificación integral del desarrollo urbano y la movilidad. Está organizada en cuatro partes, en la primera de las cuales se exponen conceptos y principios relacionados a la movilidad sostenible; segunda parte aborda el proceso de planificación, la tercera presenta un amplio conjunto de medidas, con lineamientos, recomendaciones para su planificación, diseño e implementación, y la cuarta, y última, contiene principios y criterios de diseño de movilidad urbana e infraestructura orientada a la movilidad urbana sostenible. Pero su mayor virtud es evidenciar que desde el Estado y desde el Gobierno hay un cambio de enfoque sobre cómo deben funcionar las cosas, que necesariamente deberá ser transmitido al conjunto de la población, de lo contrario no habrá avance posible. → Leer más

En por lo menos en dos ocasiones, durante los gobiernos del Frente Amplio, los expresidentes Tabaré Vázquez y José Mujica intentaron –mejor dicho, anunciaron– que era imprescindible encarar reformas profundas del Estado en el Uruguay, ante la necesidad de reducir el costo país para la producción, que nos resta competitividad y distorsiona la economía.
Vázquez incluso anunció la “madre de todas las reformas” del Estado para que éste pasara a ser un facilitador para el desenvolvimiento de la economía en lugar de un obstáculo para la inversión, además del “aggiornamiento” en una serie de áreas.

Pero Vázquez fracasó estrepitosamente desde el vamos, simplemente porque fue víctima de fuego amigo, y el brazo sindical del Frente Amplio –léase Pit Cnt–, así como organizaciones afines, se opusieron frontalmente a todo intento de cambiar algo, por lo que lo único que pudo hacer el mandatario, poco propenso a generar otro conflicto interno en su partido, estuvo limitado a algunos maquillajes que solo arañaron la cáscara de la problemática, y así seguimos como antes, en esencia.
Lo mismo le ocurrió a José Mujica, quien intentó avanzar en algunas reformas parciales en determinadas áreas, para terminar desestimando el intento simplemente porque “no me la llevan” los gremios, y no era cosa tampoco de pegarse un tiro en el pie desde el punto de vista electoral, porque al fin de cuentas la cantera de votos de la izquierda radica en gran medida en la burocracia estatal y en la palanca del Pit Cnt.

Por lo tanto no puede extrañar que se mantengan las condiciones que nos han afectado significativamente en el desenvolvimiento de la economía y el tramado socioeconómico y sobre todo que los sucesivos gobiernos sigan atados de manos para avanzar en los intentos, por ahora tímidos, para tratar de cambiar la pisada.
Al respecto es pertinente traer a colación reflexiones del economista Carlos Steneri, en el suplemento Economía y Mercado del diario El País, quien en un artículo analiza que hay conductas que encarecen el costo país y qué es preciso instrumentar reformas, a la vez que subraya que a lo largo de los años las grandes reformas que el país necesita “se han visualizado más como correctivos puntuales de alguna anomalía del sistema productivo, que como pilares esenciales para mejorar el funcionamiento de la economía, aumentar la productividad global y así potenciar el ritmo de crecimiento”.

Precisamente destaca que esta visión de las cosas ha posibilitado dilatar los debates, postergar el diseño de las soluciones respectivas y mucho más instrumentarlas, pero con el agregado de que ha primado la perspectiva de la ideologización de la problemática.
Para Steneri ello muchas veces “sesga el análisis y a veces hasta rechazando de plano su tratamiento, pues se considera que atenta contra atavismos como la defensa de la soberanía, el desmantelamiento de un sector estratégico, o la generación de costos sociales sin precisar bien los alcances del término de lo que se pronuncia. Actúa más como término descalificador a priori, buscando postergar el tratamiento del tema o velar los objetivos finales que promueven las reformas. Llevarlas a cabo insume tiempo y por tanto posterga el aporte de sus beneficios”.
Considera además que “fue así que costó esfuerzos considerables convencer a buena parte del arco político, principalmente el afín a la izquierda, de que la inflación es un impuesto que pagan mayoritariamente los pobres, que el déficit fiscal es fuente de endeudamiento cuyo servicio lastra el crecimiento al aumentar la carga impositiva y cuyo exceso fragiliza la propia sostenibilidad de todo el sistema económico. Que la seguridad social, más allá de los principios de justicia que arropa, es un pasivo que la sociedad debe financiar en el futuro y por tanto conlleva límites infranqueables, cuya violación lo hace inviable”.

Por lo tanto, de lo que se trata es de no perder de vista que todo lo que se haga o no se haga afecta intereses, sobre todo corporativos, que procuran hacernos pasar gato por liebre por regla general, tratando de hacer creer que se defiende el interés general cuando solo defienden intereses propios, y ello se da tanto en algunos sectores empresariales como en gremiales de trabajadores, sin perder de vista organizaciones intersociales que son muchas veces el refugio solapado de grupos que intentan imponer su visión sobre la de los demás.
Ello explica en gran medida la inamovilidad y las dificultades con que se tropieza cuando se tocan estos intereses en el Estado, particularmente, porque se trata de afrontar esquemas de poder abroquelados que no solo se constituyen en la máquina de impedir, sino que encima cuentan con apoyos políticos de grupos radicalizados que se basan en eslóganes que pueden sonar muy agradables al oído, como los intereses populares, la soberanía, la defensa contra el imperialismo, pero que solo falsean la realidad, que es mucho más compleja y que se manifiesta no solo en el presente y en el corto plazo, sino que mantiene y/o desemboca en condicionamientos hacia la economía en general, la viabilidad del país y realimentan un círculo vicioso.

Es decir, basta sembrar alguna mínima sombra sobre fuentes de trabajo dentro del Estado, pese a la inamovilidad, para que se activen de inmediato los mecanismos de autodefensa, por más delirante que resulten las especulaciones y se den seguridades de que nada de eso va a ocurrir, para que se eche a rodar la bola de nieve de la máquina de impedir, cosa de que no se toque de nada y las soluciones se busquen por otro lado, si quieren, pese a la contundencia de los argumentos de la inquietud.
Y ese “no me la llevan” de Mujica se da en todos los gobiernos, mucho más aún si no son de izquierda, por lo que de no contarse con un amplio consenso en el sistema político para compartir en el corto plazo los costos electorales difícilmente pueda llevarse a cabo algo más o menos significativo en el tema. Un claro ejemplo es el tema de la producción de portland de Ancap, que cuesta decenas de millones de dólares de pérdidas a los uruguayos y que no tiene salida, porque el ente no puede –y no debe– encarar una monstruosa inversión para ver qué pasa, si ya está condenado a que el costo de producción siempre va a ser superior al de los competidores privados, y solo seguiría sumando pérdidas.

Está de por medio el costo social evidente de dejar de producir, pero también el costo enorme de seguirlo haciendo, y así nos encontramos en medio de un pantano en el que el meollo del asunto hay que situarlo en que el Estado es un mal empresario, que no debería meterse a hacer las cosas que no debe, y lo que es peor, traslada sus costos y fracasos a todos, que debemos sacar plata de nuestros bolsillos para pagar los entuertos, que no son nada baratos.
Y para esta problemática concreta, precisamente, como bien señala Steneri, el verdadero problema es el empleo que quedaría cesante. “Si es así llamemos las cosas por su nombre, busquemos medidas para preservar esas plazas laborales, cuyo costo anual es menor que las pérdidas directas e indirectas que ocasiona mantener esta actividad”, razona.
Pero hay que ver quien le pone el cascabel al gato, aunque todos sabemos que esta es la cruda realidad. → Leer más

América Latina tiene una recuperación desigual del empleo y esa recomposición es liderada por las fuentes de trabajo informales. Esto ocurre en cada una de las naciones del continente y la salida de la crisis sanitaria –con una muy lenta recuperación de las actividades– no se vislumbra en los guarismos de la economía.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó a comienzos de este mes su último análisis referente al problema existente en torno a sus consecuencias sobre las poblaciones vulnerables. El 30 por ciento de los empleos perdidos aún no se recuperó y tampoco se dará antes de 2025. Un panorama que, sin dudas, complicará distintos escenarios y tendrá influencia sobre las próximas campañas electorales.
Se estiman unos 26 millones de empleos perdidos el año pasado y una caída sin precedentes de la actividad económica. Las poblaciones más afectadas son las mujeres, los jóvenes y las personas con menores calificaciones. Por lo tanto, es un continente con un futuro complicado desde cualquier punto de vista.
Y, a fuerza de resultar repetitivo, sigue sin cambios como el más desigual del planeta. Incluso, agravado por la pandemia, que pegó en los aspectos sociales, sanitarios y económicos.
Sus consecuencias continuarán en el largo plazo, en tanto siete de cada diez empleos que se crean, corresponden a la informalidad, donde no existe la protección social. A este nivel, en América Latina se registró una tasa de ocupación del 52,6 por ciento entre enero y marzo y es la cifra más baja en diez años. Es el 11 por ciento de desempleo o 32 millones de personas que no encuentran trabajo.
Y los ejemplos están cercanos. En Chile, el desempleo cayó por debajo del 10 por ciento en julio y por primera vez en más de un año. Para los trasandinos, el sector de la construcción influyó en gran medida en esa recuperación, seguido por alojamiento y servicios gastronómicos y finalmente el comercio. La economía chilena cayó 5,8 por ciento el año pasado, y se considera la peor cifra en cuarenta años. El desempleo subió al 13,1 por ciento en julio de 2020 y es la más alta desde los registros del Instituto Nacional de Estadística de aquel país, en 2010.
Argentina, por su lado, sufrió la peor caída del Producto Bruto Interno (PBI) desde la crisis de 2002, que se ubicó en 15,8 por ciento a mediados del año pasado hasta llegar a un promedio de 9,9 por ciento durante 2020.
El desempleo, según cifras oficiales, se ubicó por encima del 13 por ciento y actualmente, en 10,2 por ciento de la población. El problema estructural se encuentra en la población menor de 30 años, que es la mitad del total de los desempleados en el país y se incrementa en las mujeres.
En este caso, también, la recuperación viene por el lado de las industrias, donde se registra una fuerte masculinización de los puestos laborales. Claramente, la gastronomía, hotelería y otros servicios que emplean a mujeres y jóvenes, se encuentran aún con un fuerte rezago por la pandemia.
Y, al igual que en Uruguay, se vuelve difícil la transición desde la educación secundaria hacia el mercado laboral. Un ejemplo –ocurrido en el vecino país– fue amplificado por todos los medios de comunicación cuando la empresa Toyota manifestó su voluntad de incorporar 200 jóvenes con el secundario completo. Esa realidad regional involucra a jóvenes pobres que estarán destinados a un futuro de bajos ingresos e informalidad.
En Brasil, el desempleo bajó a 14,1 por ciento pero mantiene un récord en el segundo trimestre de casi 15 millones de personas desempleadas. En la nación norteña, la cifra de autónomos alcanzó niveles récord de casi 25 millones de personas, con un incremento de 14,7 por ciento en comparación al año pasado. Y la informalidad acompañó este crecimiento, en tanto se ubicó en 40,6 por ciento. La economía cayó 4,1 por ciento el año pasado y es el peor guarismo en los últimos treinta años.
Por lo tanto, en este contexto no es difícil suponer que en Uruguay el impacto del desempleo siga siendo estructural en los jóvenes con una profundización de las brechas ya existentes. El último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) presentado la semana pasada, señaló que hay 184.000 personas sin trabajo y es la cifra más alta desde febrero.
Las cifras, cerradas a julio, indicaban que el desempleo es de 10,4 por ciento, en comparación con junio que finalizó con 9,4 por ciento. Las mujeres tienen un mayor desempleo frente a los hombres y la tendencia no se ha revertido ni en tiempos de bonanza. El porcentaje de personas desocupadas siempre tuvo una sensibilidad acorde a las circunstancias, pero debe tenerse presente que en febrero de 2020 –es decir antes de la pandemia y del cambio de gobierno– el INE informaba que el desempleo se encontraba en 10,5 por ciento.
Es que no hay otra forma de confirmar que la realidad actual es tan complicada como la anterior. Y eso se consigue con las comparaciones oficiales que ratifican la prolongación de los impactos sociales y sus consecuencias, desde siempre, sobre las poblaciones de menores recursos.
Y los impactos serán diversos, pero fundamentalmente se observa un descenso en la calidad de vida. Por lo tanto, interpela a los gobiernos –de cualquier signo– a la concreción, más temprano que tarde, de políticas orientadas al fortalecimiento y creación de fuentes de empleo. También confirma que las intervenciones serán diversas, tanto para los jóvenes, las mujeres y la población con escasa preparación para el mundo del trabajo. O, para las pequeñas y medianas empresas que constituyen un núcleo de salida a esta crisis sin precedentes.
Porque el desempleo exacerbó el déficit laboral y social preexistente y el terreno perdido tardará en recuperarse. Tanto como el descontento social y la desazón de quienes atraviesan por graves dificultades.

→ Leer más

El reciente paro general dispuesto por la central sindical Pit Cnt, como era de esperar, tuvo adhesión entre los funcionarios del Estado con gremios históricos aferrados, alineados y dominados por la dirigencia de la central sindical, y escasos gremios del sector privado, también dominados por la izquierda, pero con repercusión dispar en el caso de Montevideo y en el Interior, donde hay miradas distintas de lo que es la problemática del país y asimismo desde el punto de vista de las alineaciones ideológicas y partidarias.
Por supuesto, una cosa es lo que se dice de la boca para afuera en cuanto a las motivaciones para la medida de fuerza y otra la realidad, porque al fin de cuentas, pese a que hay dirigentes que dicen que a través de sus “plataformas” reivindicativas, con uno y mil agregados que nada tienen que ver con la esfera laboral, representan el sentir popular, de lo que se trata es de un ejercicio de militancia, apuntando directamente a la acumulación de fuerzas y desgaste del actual gobierno para acceder al poder en la siguiente contienda electoral.
En este caso, de alguna forma podría decirse que es una especie de reflejo de las PASO argentinas, donde pese a tratarse de una elección interna la experiencia indica que se trata de una forma de sondear el talante social, y que fue notoriamente adverso al gobierno de Alberto Fernández.
Y en esta orilla, el paro en el Interior pasó prácticamente desapercibido, solo con la adhesión –mitad voluntaria, mitad obligatoria– de los sindicatos del Estado y las acostumbradas movilizaciones en Montevideo, donde se mira con perspectiva capitalina una realidad del Interior muy distinta a la que da y a la “manija” de los activistas al sur del Santa Lucía.
Ocurre que las “PASO” uruguayas con el Pit Cnt haciéndole los mandados al Frente Amplio y viceversa, en una simbiosis político-sindical que –por si alguien a esta altura podía tener alguna duda– ha quedado sellada expresamente con la candidatura del presidente del Pit Cnt Fernando Pereira a la Presidencia del Frente Amplio, arrojó un saldo muy distinto al revés que sufrió el gobierno de Alberto Fernández, que tuvo su origen en la grave crisis económica y social que vive la Argentina.
Esta fue afectada duramente por la pandemia, como ha ocurrido en todo el mundo, pero con su economía arrasada como consecuencia de las medidas –cuarentena incluida– adoptadas por el kirchnerismo, que coinciden con las que pedía precisamente el Frente Amplio para Uruguay, así como el Sindicato Médico del Uruguay, además de otras organizaciones alineadas con la izquierda.
Menos mal que en nuestro país el gobierno de Luis Lacalle Pou no se dejó intimidar por estos reclamos oportunistas, que lo único que hubieran hecho habría sido acentuar el deterioro de la economía y el déficit heredado del gobierno anterior, y se actuó buscando un equilibrio que permitiera mantener en alguna forma marchando la economía, y así evitar la catástrofe en la Argentina, con la desaparición masiva de empresas, un 45 por ciento de gente en la pobreza y una indigencia del 10,5 por ciento, niveles a los que no se alcanzó en Uruguay ni siquiera durante la crisis de 2002.
Es decir, que la libertad responsable, con sus luces y sombras, naturalmente, en cuanto a la respuesta de la población, nos ahorró la grave crisis económica y social como la que incluso pone en riesgo la institucionalidad en el vecino país, y se puso un freno al intento de grupos solapados que siguen apostando al “cuanto peor, mejor” para llevar agua hacia su molino ideológico.
Corresponde evaluar que las alineaciones político-sindicales y de organizaciones afines no son de ahora, sino que han servido durante décadas para la acumulación de fuerzas que permitió que la coalición de izquierdas llegara al poder y que se mantuviera por espacio de 15 años en el gobierno. Ocurre que durante mucho tiempo se pretendió disfrazar este alineamiento con mil y un argumentos, a cual más rebuscado que el otro, pero invariablemente apelando a la falsedad de que se trata de agrupaciones que no simpatizan con ningún partido y que solo expresan la voluntad “popular”.
Pues nada más lejos de la verdad, y de tanto ir el cántaro al agua ya ha quedado plenamente al desnudo la motivación de este cúmulo de organizaciones que hacen gala y pretenden imponer un pensamiento único –pro izquierda, naturalmente–, cuando el tramado social es esencialmente plural, integrado por personas que responden a un amplia gama ideológica, pese al embudo que imponen los dirigentes alineados con el Frente Amplio, invariablemente.
Ya es archiconocido que las “organizaciones intersociales”, que se autoerigen como representativas del sector que sea, son dominadas y promovidas por la izquierda, como lo son también los pronunciamientos y participación de la Universidad de la República aún con sus estudios “técnicos” que en realidad van orientados a confirmar con seudoanálisis académicos lo que ya tienen definido ideológicamente desde hace años.
Y el Pit Cnt y el Frente Amplio son la misma cosa, son Clark Kent y Superman –como señalara el diputado Iván Posada, del partido Independiente– y el presentarse con capa en alguna oportunidad y con traje y lentes en otra, ya no puede engañar ni a un niño, si es que quedaba algún despistado que creyera en la “no alineación” partidaria de la central sindical.
El punto además es que la pandemia ha tenido serias consecuencias en todo el mundo y Uruguay no ha sido la excepción, pero lo que sí es seguro es que si hubiéramos aplicado las recetas de la oposición estaríamos mucho peor, con muchas más empresas en crisis, más desempleo y “enterrados” como están en la Argentina.
No estamos bien, como no lo está ningún país tras la pandemia, pero eso sí, no tanto como parecía soñar la izquierda, sus dirigentes y satélites. Y es con la mayoría silenciosa del país, felizmente, asumiendo que no es con paros, movilizaciones y protestas, sino con trabajo, con inversión, haciendo por conservar y ampliar las fuentes de empleo, que saldremos adelante, pese a que se insista con poner el palo en la rueda para que al país le vaya mal.

→ Leer más

Hasta hace apenas veinticinco años, cuando se hablaba de turismo en Paysandú la única propuesta real y concreta era el “destino termal”, incluso reducido a las termas del Guaviyú, puesto que las de Almirón (“Guayabos” para ser correctos) estaban olvidadas con casi nulo desarrollo. La Meseta de Artigas era un campo solitario y lejano y, después de eso, no había nada más que sumase a la oferta.
Así y todo, las termas de Guaviyú eran una opción muy pobre, con unos pocos bungalows municipales con ningún servicio de calidad, por lo que el fuerte del centro termal se reducía al área de camping, en una suerte de destino “Cenicienta” del litoral termal frente a sus pares de Daymán y Arapey en el vecino departamento de Salto.
Con el pasar de los años y las sucesivas administraciones municipales, estos centros fueron mejorados paulatinamente, primero con el loteo de terrenos en Guaviyú con el fin de crear una población estable que sirviera al centro, así como para construcción de casas con destino turístico y de fines de semana, y la construcción de paradores y nuevas piscinas en Almirón más tarde. Después se agregaron los moteles privados y más adelante algunos hoteles, con la frutilla de la torta en el Salinas del Almirón, de cuatro estrellas.
Así y todo, seguíamos siendo un “destino termal” de tercera línea, muy por detrás de la región del Daymán –donde también están las termas privadas de San Nicanor, apenas en el límite de nuestro departamento— y a nivel nacional estábamos fuera del mapa del Ministerio de Turismo, para el que sólo existía Punta del Este, en menor medida el resto de la Costa Atlántica y Colonia y hacia el Norte, Salto y el abismo. Nada más.
Sin embargo, Paysandú siempre tuvo mucho más para mostrar y potencialmente, vender. Lugares que se pusieron en valor con el “Corredor de los pájaros pintados”, que buscaba visualizar la región con distintas propuestas en todos los departamentos que integraban el programa, entre las que se destacaba la colonia rusa San Javier en Río Negro, a solo 50 kilómetros de nuestra ciudad.
Paysandú capital también fue potenciada como un atractivo de verano por el Balneario Municipal, con distintas ofertas culturales en el Anfiteatro, el teatro Florencio Sánchez, el Espacio Gobbi, el carnaval, entre un sinfín de etcéteras, todo lo que hasta ese momento era ignorado por quienes no conocían Paysandú. Hacia el norte, como parte del proyecto –que contara con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)– se hicieron importantes mejoras en la Meseta de Artigas y se integró al Corredor, que buscaba unir los destinos turísticos en torno al río Uruguay y algunos afluentes, como es el caso del río Queguay, donde se potenció el turismo de naturaleza y canotaje con Guichón – Termas de Almirón y Lorenzo Geyres como centros de referencia.
Con el cambio de gobierno, como suele suceder con las políticas fundacionales todo eso se desechó, al menos en los papeles y los nombres, pero quedaron las infraestructuras creadas y lo más importante, el camino quedó allanado y los uruguayos ya conocen la oferta de la región.
Y si bien es una pena que se tire por la borda el trabajo de tantos años para imponer con gran éxito la marca “Corredor de los Pájaros Pintados”, al menos queda la satisfacción de que las nuevas autoridades continúen apostando al turismo por fuera del “Destino Termas” que, como es bien sabido, apunta a fortalecer la corriente turística hacia Salto, en detrimento de todo lo demás.
Es así que la actual intendencia sumó el Castillo Morató como atractivo de lujo a 140 kilómetros al Este de Paysandú, cruzando Paso del Sauce del río Queguay, un lugar lejano pero que por su mística atrae mucha gente.
Pero el Castillo Morató no es el único lugar con gran potencial turístico de nuestro departamento, y de hecho aunque suma –y mucho— a los intereses de Guichón, es aún bastante inaccesible para un paseo de un solo día, debido a la distancia a la que se encuentra y al camino de piedra y tosca que representa un gran desafío 4×4 para llegar hasta él.
En cambio, hay otros lugares que podrían incrementar sus visitas en mucho con muy poca inversión extra, y otros menos conocidos en los cuales está todo por hacer, pero de un potencial impresionante. Sin dudas, el primero de ellos es la Meseta de Artigas, donde ya se ha hecho mucho, pero encuentra un techo al no contar con alojamientos para alquilar. En ese sentido sin dudas que la propuesta de la Alcaldía de Chapicuy de realizar un nuevo llamado a interesados para brindar ese servicio es bienvenida, así como también es imperioso que vuelva a funcionar el centro de visitantes donde se atendía al turista y funcionaba una cafetería.
Más agreste pero bastante cerca geográficamente está el Saladero Guaviyú, abandonado a la buena de Dios. Un predio espectacular alrededor de las ruinas históricas del saladero con costa al río Uruguay. Allí también deberían construirse cabañas turísticas, quizás no tan lujosas pero que permitan a una pequeña familia disfrutar de una noche cómoda sin tener que recurrir a una carpa. Seguramente también serviría a muchos pescadores deportivos que podrían concurrir con sus embarcaciones. Si bien hay quienes van actualmente, lo hacen sólo quienes prefieren el campamento en carpa o casas rodantes, porque no hay oferta de bungalows.
También está para continuar desarrollándose Casa Blanca como destino turístico, a solo 15 kilómetros de Paysandú y por buen camino. Otro pueblo con un rico patrimonio histórico cultural en el cual el Corredor invirtió mucha energía y recursos, que no debería quedar en nada. Pero un poco más “abajo” hay otro rincón poco conocido por los sanduceros pero muy codiciado por muchos argentinos, que lo utilizan como balneario privado. Se trata de un inmenso arenal con dunas entre pinos marítimos de piña y pinocha. Visitarlo es como estar en la costa rochense, y cuesta creer que está a solo 10 kilómetros continuando el camino al barrio Bassotti de Casa Blanca, pero no tiene accesos por tierra. Está en el límite mismo del departamento, en la desembocadura del arroyo Negro. Quienes lo visitan concurren por agua en cualquier tipo de embarcaciones, la gran mayoría de Concepción del Uruguay, y aunque en Google Maps está marcado como “Camping El Pinar”, en los hechos no es un camping; pertenece a un campo privado y no tiene ningún tipo de servicios.
Sin dudas ese punto tiene un potencial tremendo tanto como balneario o, si las cotas lo permiten, para establecer un pueblo costero al estilo de Las Cañas en Río Negro. Soñando un poco más, se podría instalar un puerto deportivo en el arroyo con un destacamento de Prefectura para recibir visitantes de Argentina, que hasta podrían tener sus casas de verano allí; algo así como algunos barrios de Carmelo en Colonia.
Claro, todo eso habría que negociarlo con el propietario del terreno, que probablemente podría hacer un buen negocio en ese sentido, en tierras que hoy son improductivas.
En definitiva, Paysandú y la región tienen mucho más para ofrecer que el “Destino Termas” y sería una pena reducir todo a algo tan específico. Por lo que aún ante la decisión política de hacer desaparecer definitivamente el “Corredor de los Pájaros Pintados”, habría que rescatar todo lo bueno que éste dejó, y seguir construyendo en ese sentido. → Leer más

Con particular énfasis, la presidenta del Directorio de UTE, Silvia Emaldi, ha anunciado en las últimas horas la próxima instrumentación, desde noviembre, de un plan que apunta a incorporar descuentos de la factura a quienes adquieran equipos de consumo eléctrico clase A, de mayor eficiencia energética, en un plan especial, con lo que implica traducir a lo práctico los enunciados sobre la necesidad de que tanto el consumidor como el país y la propia empresa se vean beneficiados por una adecuada racionalización del consumo.

En esta línea se ha venido trabajando también desde la administración anterior, a través de propuestas como la incorporación de usuarios al denominado “Plan Inteligente” de UTE, que básicamente ofrece tarifas diferenciadas significativas para quienes difieran los horarios de mayor consumo por fuera de las horas pico de la demanda eléctrica.

Es decir, se trata de propuestas enmarcadas en la empresa estatal que distribuye y vende electricidad, por lo que desde el punto de vista empresario comercial en sí, al buscar hacer caer la demanda, se estaría pegando un tiro en el pie, pero al mismo tiempo esta apreciación simple debería tener en cuenta que se lograría aliviar la presión del consumo sobre la capacidad de las líneas de distribución y la generación en horas de sobredemanda y por lo tanto restando margen de crisis para la infraestructura disponible y la proyectada.

Aunque, desde el punto de vista del consumidor, sobre todo del residencial pero también el empresario, el mayor problema “eléctrico” que se le presenta cotidianamente es el del costo del servicio, de la facturación, y este solo elemento obra como disuasivo a la hora de encender las llaves de la luz o de los equipos eléctricos, desde que desde hace muchos años Uruguay tiene la tarifa eléctrica más cara del subcontinente.

Concretamente en lo que refiere al plan especial, UTE anunció descuentos de $ 2.022 en la factura por la compra de nuevos electrodomésticos, en el marco de un plan que contempla la adquisición de equipos por cada cliente residencial o PYME, el que estará disponible a partir del 1º de noviembre.
La iniciativa, que está enmarcada en el Plan 2022, fue aprobada en una sesión extraordinaria de la directiva de la empresa pública este lunes. El plan contemplará la compra de hasta seis electrodomésticos utilizando este beneficio, siempre y cuando se trate de equipos eficientes clase A, como calefones de 40 litros o más, equipos de aire acondicionado, lavarropas, secarropas y hornos eléctricos.

La presidenta de UTE dijo al respecto que el objetivo es brindar el beneficio para unos 40 mil equipos, con el fin de mejorar la eficiencia energética en el consumo de los clientes de la empresa. La jerarca explicó que luego de comprar el electrodoméstico, el cliente va a tener que enviar a UTE la factura electrónica para que sea registrada en el sistema. Posteriormente de realizado el trámite, la acreditación del descuento será incluida en la factura mensual de cada cliente.

El plan tiene algunos puntos de semejanza con el que se aplicó en 2000, bajo el eslogan del “Todo eléctrico” que instrumentó el organismo para competir con el gas por cañería, cuando recién ingresaba al país este energético, y contemplaba el pago hasta en 24 cuotas de electrodomésticos varios, en 24 cuotas que se cobraban junto con la factura de UTE, y que tuvo buen grado de aceptación en aquel entonces, para quienes se arriesgaron a contraer esta deuda que implicaba asimismo cortes del servicio para quienes se atrasaran, al ir junto con la factura.

Mucha agua ha corrido bajo los puentes desde entonces, pero si hay algo que ha sido una constante, más allá de las inversiones, mejoras y extensión del servicio, es que este sigue resultando caro para vastos sectores de la población con relación a los ingresos que se percibe, más allá del confort que implica y mejora en la calidad de vida por la evolución de la tecnología en la oferta de electrodomésticos, como es el caso concreto del aire acondicionado.

La contrapartida es que a la inversión inicial, no muy barata pero que se ha visto abatida con el paso del tiempo, se agrega el de la factura mes a mes, porque se trata de equipos de elevado consumo por lo general, pese a que se ha mejorado sustancialmente su eficiencia en los últimos años, por lo que estos son todos aspectos que deben evaluarse en sus pro y en sus contras por el cliente, sin dejar de reconocer como positivo el intento del organismo por promover una oferta beneficiosa, si se tiene en cuenta, a través de estos primeros datos, que implica reducir el costo de la compra para el usuario.

Por lo tanto, sin que se esté descubriendo la pólvora, es positivo todo lo que signifique dar opciones al cliente, buscar donde están las fallas de la oferta que se ha venido planteando, los problemas que implica por ejemplo en el caso del Plan Inteligente que no resulte por regla general nada fácil trasladar el consumo fuera de determinados horarios, porque cada familia tiene su rutina de demanda basada en la forma de vida que lleva y los horarios de sus actividades, y el tiempo dirá hasta donde la propuesta se traducirá en la receptividad que se espera y los consecuentes beneficios.

En la misma línea, es plausible que también la presidenta del organismo haya anunciado inversiones significativas para la distribución, sobre todo en el Interior, que alcanzará a los 212 millones de dólares en 2022, para las redes de transmisión y distribución de energía a lugares donde se presentan todavía problemas.
Pero sobre todo, adquiere particular destaque el anuncio del Uruguay 100% Eléctrico, a través del cual se compromete a que al final del período todo el país cuente con energía eléctrica. Es así que en diciembre comenzará la instalación de los primeros kits solares fotovoltaicos, con destino a las 2.500 familias que todavía no cuentan con energía eléctrica en el Interior profundo. Es que pese a que seguirán extendiéndose las redes tradicionales, hay zonas a las que por su lejanía no es posible llegar debido al costo que implica.

Para las familias de este sector se ha previsto instalar kits fotovoltaicos, formados por cuatro paneles solares, y las baterías que dan autonomía por dos días para el caso de que no hubiera sol, lo que permitirá abastecer para el uso diario de luces y electrodomésticos de consumo moderado. Esta inversión no correrá por cuenta del vecino, y los beneficiarios pagarán cuotas subsidiadas para asegurar el servicio de mantenimiento, y la eventual reparación en caso de fallas.

Una iniciativa que estaba pendiente desde hace tiempo, pero que se enmarca en la progresiva electrificación del Uruguay que se ha venido generando sobre todo en las últimas décadas. Pasos positivos, posibilitados por la inversión y el avance tecnológico, permitiendo además la incorporación de productores en zonas rurales que estaban marginadas, en el marco de una gestión con sus luces y sus sombras en las respectivas administraciones. Pero todavía hay mucho por hacer en cuanto a reducir costos para los clientes, los subsidios indirectos de los que sí pagan –y no poco precisamente– mientras siguen los “colgados” en determinadas zonas, así como beneficiarios de cuotas fijas ridículas, muchos de ellos heredados de anteriores administraciones, sin los controles debidos para que los abusos no sean la regla, todo lo que pesa sobre el precio que paga el consumidor. → Leer más

Uno de los delitos más antiguos del país estaría disminuyendo sensiblemente según las cifras oficiales: se trata del abigeato que, en los últimos seis meses disminuyó un 43%, según lo expresado en el Prado por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, durante un encuentro con directivos de la Asociación Rural del Uruguay.
Si bien reconoció que es necesario incrementar el número de camionetas y efectivos para que los buenos resultados continúen, sostuvo que la creación de la Dirección Nacional de Seguridad Rural, con sede en Florida, ha sido determinante para la mejora de la gestión en el combate al mencionado delito.

El abigeato no es un tema nuevo en nuestro país puesto que en diferentes modalidades ha existido casi desde que pasta ganado en nuestro suelo. Sin embargo, los contextos sociales e históricos han cambiado y continúa siendo un grave problema que deben enfrentar los productores, un asunto delicado con gran impacto económico tanto por el valor de los animales al precio de mercado como en la pérdida de la genética.
Numerosos casos –algunos de ellos tomaron estado público a través de los medios de comunicación– en los últimos años dan cuenta de la matanza de valiosos animales –reproductores ovinos y vacunos e incluso vacas de alto rendimiento lechero– para quitarles solo los cuartos. O el caso de también algunos productores ovinos que han liquidado sus majadas tras la deprimente situación de ver menguado sistemáticamente su capital y fuente de trabajo por la matanza de animales producto del abigeato.

El cuatrerismo ha dado lugar a la existencia de pequeñas, medianas y grandes organizaciones dedicadas al hurto sistemático de ganado y la ineficiencia de la policía para combatirlas ha sido objeto de numerosos reclamos dado que es igual de lamentable que un productor pierda 500 ovejas como que otro pierda dos o tres, porque si uno pierde dinero el otro quizá pierda el sustento.
Se trata de un problema de muchos años en el campo pero que en los últimos tiempos se acrecienta por la “modernización” de los “amigos de lo ajeno” y sus prácticas delictivas. Los productores, por su parte, poco pueden hacer más que indignarse al ver cómo el esfuerzo de su trabajo se esfuma en un abrir y cerrar de ojos.

Por otra parte, la existencia de bandas organizadas dedicadas a este delito es algo vox populi entre los productores, que han denunciado varias veces, al igual que agremiaciones que los nuclean, que hay grupos que trabajan por encargue y con nuevas formas de comercialización de la carne faenada en forma clandestina.
Tan grave es el asunto que hace un tiempo surgieron emprendedores tecnológicos que han diseñado mecanismos de alarma y aviso. Por ejemplo, una empresa vende un dispositivo de electrónico que transforma el alambrado perimetral del establecimiento en una barrera de seguridad. El sistema permite detectar el corte de alambrado e inyecta una señal en los hilos, que es monitoreada en tiempo real y en caso de detectar su ausencia (por corte), se dispara una alarma enviando el aviso correspondiente a los celulares programados (llamada y SMS). Además, acciona dispositivos disuasivos locales, como sirena y foco de luz.

Evidentemente, se trata de una solución tecnológica que no siempre está al alcance del productor ni soluciona el problema de raíz.
La desarticulación de estas prácticas delictivas es un tema complejo, máxime si pensamos en las grandes áreas geográficas que comprenden la mayoría de las jurisdicciones policiales así como el escaso personal y equipamiento que históricamente han tenido para emprender acciones efectivas.
Por otra parte, uno de los principales reclamos de productores y gremiales ha sido la necesidad de un marco legal más contundente, que castigue con severidad a los delincuentes, que operan generalmente en bandas organizadas y rápidas, con gran conocimiento de los movimientos de los productores y la propia Policía.

Ahora, el anuncio del ministro del Interior respecto a la disminución de este delito resulta no sólo una buena noticia sino una buena señal que permite cierto alivio y esperanza.
En este sentido, Heber sostuvo que la creación de la Dirección Nacional de Seguridad Rural “cambió sustancialmente lo que fue el abigeato en el país” y agregó que su trabajo es “formidable”.
La creación de dicha Dirección fue señalada por el presidente Luis Lacalle Pou como “una vocación del gobierno de tener clara la autoridad de colaborar y el rumbo de la libertad y la independencia”. Al momento de dejar operativa la misma recordó también “hoy el país tiene escrita una nueva normativa que respalda a los vecinos y le permite a la autoridad actuar”, siendo ésta una “legítima defensa rural ante la industria organizada del abigeato”.

En aquel momento el mandatario fue enfático al afirmar que el gobierno respaldaría el accionar policial y se protegería a los ciudadanos que cumplan con la ley. Añadió que se trabaja en la protección de los pequeños, medianos y grandes productores y afirmó que el que más sufre el delito de abigeato es el pequeño productor. En ese sentido, subrayó la voluntad de las autoridades del Ministerio del Interior para descentralizar la Dirección Nacional de Seguridad Rural, abrir más dependencias policiales en el país y mejorar la infraestructura y citó, como ejemplo, la incorporación de nuevos móviles.
Ya en el primer trimestre del año el Ministerio del Interior había informado un descenso del 38% en relación a 2020. En tanto, para el ministro Heber las nuevas estadísticas respecto a este delito indican que si bien no se ha erradicado, ahora la gestión es eficiente para combatirlo y también hizo referencia a la actuación policial, ya que, aunque se cometan delitos, la Policía captura a los delincuentes y obtiene elementos de prueba que permiten formalizarlos y condenarlos.

La situación de Paysandú está en sintonía con los acontecimientos nacionales, en la medida que el abigeato en el departamento de Paysandú bajó 45%, gracias al patrullaje que realiza la Brigada de Seguridad Rural, con 4 vehículos nuevos que fueron asignados el año pasado y un amplio despliegue que se realiza diariamente en el terreno, según señaló a este medio el Jefe de Policía de Paysandú, comisario general Eduar Álvez De Almeida Torres.
La disminución de un delito que tanto daño hace a los pequeños, medianos y grandes productores es no solo una buena noticia sino también una muy esperada. Es necesario seguir trabajando firmemente en este sentido y que se cuente con los recursos humanos y materiales suficientes para poder cumplir fehacientemente con la labor de posibilitar mayor seguridad para que los medios de sustento y producción de muchos uruguayos de tierra adentro dejen de estar permanentemente expuestos a la depredación de particulares y bandas organizadas para delinquir. → Leer más