Opinión

“El Gobierno de Uruguay no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, pero está tomando importantes medidas para lograrlo”. Así encabeza un informe sobre la situación de este delito en nuestro país la embajada de Estados Unidos en Uruguay, que lo situó en el Nivel 2.
Comencemos por entender un poco más sobre este delito, tan complejo, que muchas veces la misma víctima no se identifica como tal. No son pocas las ocasiones en las que ha habido incluso protestas de personas que estaban siendo sometidas, en defensa de las personas que estaban vulnerando sus derechos.
Técnicamente, de acuerdo al protocolo de Naciones Unidas del año 2000, “Por ‘trata de personas’ se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”. Esta explotación, agrega, “incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.
La definición es muy específica en advertir que el consentimiento dado por la víctima de la trata de personas no se tendrá en cuenta, por esta misma falta de percepción que a veces ocurre.
En el caso de las personas menores de 18 años, solamente alcanza para configurar trata con “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación”.
El informe señala que el Gobierno uruguayo “demostró en general haber trabajado más en el tema en comparación con el período del informe anterior si se tiene en cuenta el impacto que la pandemia de COVID-19 puede haber tenido en su capacidad de lucha contra la trata”, en función de esto es que el país se mantuvo en el nivel 2.
Este trabajo, dice el informe, “incluyó formalizar a más tratantes, aumentar el número de unidades especializadas en la lucha contra la trata en Montevideo e iniciar la mayor investigación sobre delitos de explotación sexual del país, que incluyó delitos de trata y llevó a identificar 20 víctimas de trata menores de edad y formalizar a más de 30 personas por buscar víctimas de trata infantil con fines de explotación sexual”, en alusión a la sonada Operación Océano.
No obstante señala que el gobierno “no cumplió con las normas mínimas en varias áreas clave”, y en este sentido menciona que se identificaron menos víctimas que en el período del informe anterior, que los funcionarios policiales e inspectores de trabajo “no identificaron víctimas de manera proactiva y sistemática”, y el gobierno “no ofreció servicios adecuados para las víctimas ni acceso constante a refugios”.
Advierte además que se dedicaron “recursos insuficientes tanto a investigar, formalizar y condenar a autores del delito de trata con fines de explotación laboral, como a proteger a las víctimas de este delito”. También advirtió que algunas víctimas “se negaron a participar en juicios contra sus tratantes por tener dudas sobre la capacidad del gobierno para garantizar su seguridad.
El informe, que se puede consultar completo en la página web de la embajada (uy.usembassy.gov/es/informe-sobre-trata-de-personas-2021-segmento-de-uruguay) incluye además una serie de recomendaciones priorizadas, la primera de las cuales es “brindar servicios adecuados y refugio a todas las víctimas, especialmente a las víctimas de sexo masculino y a aquellas que se encuentran fuera de la capital”. Y aquí hay un detalle a tener en cuenta, porque se desprende de este estudio que la problemática es bastante más compleja en el interior del país que en Montevideo, a la par de la diferencia en los controles que se ejercen.
También se recomendó “aumentar la capacitación para los funcionarios policiales, inspectores de trabajo, Prefectura, fiscales, jueces y trabajadores sociales” con el propósito de comprender mejor la trata de personas “y, cuando corresponda, identificar de manera proactiva a las víctimas de trata con fines de explotación sexual y laboral”. El país, entienden los expertos, debería implementar “una serie de lineamientos de rutina para la identificación proactiva de víctimas de trata y capacitar a los funcionarios en su uso”, además de “asignar un presupuesto específico para luchar contra la trata, financiar la aplicación del plan de acción nacional y de la ley contra la trata, y aumentar el presupuesto para los servicios para víctimas”. En este sentido se recomendó “ampliar los servicios de largo plazo y de reinserción, incluida la formación vocacional”, así como “condenar a los tratantes con penas adecuadas, que deberían implicar períodos de encarcelación importantes” y “garantizar la seguridad de las víctimas que participen en los juicios contra sus tratantes”.
En Uruguay, por el artículo 78 de la Ley de Migraciones, promulgada en 2008, se castiga la trata de personas con penas de 4 a 16 años de penitenciaría. Penas que, de acuerdo al informe, “son lo suficientemente severas” y “acordes con las penas establecidas para otros delitos graves como la violación”. Las penas se incrementan de un tercio a la mitad si el delito de trata involucra a una víctima menor de edad.
En los últimos 5 años se investigaron 55 casos de trata, que llevaron al procesamiento o formalización de 39 presuntos tratantes, de los cuales se condenó a solo 15.
De las 37 víctimas de trata atendidas por Inmujeres en 2020, todas mujeres adultas, la mayoría eran uruguayas, dominicanas o cubanas.
Si bien las víctimas pueden presentar demandas civiles para obtener una reparación de sus tratantes, no se informó que alguna lo hubiese hecho en 2020. Tampoco si se otorgaron permisos de trabajo y residencia a las víctimas extranjeras.
El delito de trata no es de fácil constatación y presenta esta dificultad adicional de que muchas veces la misma víctima no se reconoce como tal. Sin embargo, cuando el año pasado el gobierno habilitó una línea telefónica directa, específica para una investigación a nivel nacional, además de información vinculada al caso se recibieron pistas que permitieron abrir cinco investigaciones nuevas, al menos una de las cuales refería a un posible delito de trata de personas.
Además, no se trata de un problema que afecte solamente a personas extranjeras en nuestro país. Las redes de captación operan también en Uruguay. En los últimos cinco años se ha explotado a víctimas nacionales y extranjeras en Uruguay y a víctimas uruguayas en el exterior, que han sido obligadas a practicar actos sexuales con fines comerciales en Argentina, Brasil, Italia y España.
Hay otras ramificaciones aún más complejas, como el caso de los tripulantes de barcos pesqueros (con banderas asiáticas principalmente). Entre 2018 y 2020 hubo 17 fallecimientos de tripulantes asociados con buques pesqueros. Antes de ese año “había un promedio de 11 tripulantes fallecidos al año”.
Como nación no podemos permanecer ajenos ante este panorama nada alentador. → Leer más

Un elemento claro que surge de la evaluación de casi dos años de pandemia en nuestro país, y cuando el panorama ha mejorado sustancialmente, aún teniendo en cuenta la incidencia heterogénea del impacto sanitario, social y económico, es que la crisis ha servido para poner al desnudo falencias en un “paraguas” que se creía era producto de fortalezas que al fin de cuentas no eran tales, y que además de un déficit de coordinación internacional en materia de controles sanitarios, también tiene que ver con escenarios internos en cada país.

Más allá de la calidad y cobertura de los sistemas sanitarios, de las virtudes y deficiencias en cada país, así como de la espalda económico financiera, existen aspectos colaterales a tener en cuenta, para tener idea de la magnitud del impacto que implica para la población en la coyuntura y las perspectivas de rebote hacia una situación de determinada normalidad.
Es que en este período amplios sectores de trabajadores y empresas de bajo porte han quedado expuestas a campo abierto en el temporal, cuando había un “relato” sobre una situación mucho mejor de años anteriores.

Precisamente como consecuencia de la caída de actividad y las medidas de contención, sobre todo, ha crecido la informalidad, que es tanto causa como consecuencia de la falta de desarrollo, e implica un círculo vicioso de difícil salida.
En sí, conlleva debilidad social por el atraso que amerita en los métodos de producción, acceso a servicios públicos y la posibilidad de mitigar riesgos de shocks, por lo que es un mal recurso pero prácticamente inevitable para atemperar golpes como el que trae aparejada la pandemia en el tramado socioeconómico.

Por otro lado, desde el punto de vista recaudatorio, también es un problema el que empresas y trabajadores no contribuyan al fisco en la medida en que lo hace el resto de la economía, aspecto clave en cuanto a los flancos débiles que implica tener una economía informalizada en una serie de áreas.
Precisamente, queda expuesta en toda su magnitud en coyunturas como la actual, desde que implica que amplios sectores de la población y de la fuerza productiva, de las células del tejido socioeconómico, salen todavía con cobertura muy afectada de esta emergencia.

De ahí que los esfuerzos en épocas normales deben centrarse fundamentalmente en captar a los sectores que están trabajando fuera de la legalidad, que sin dudas es un aspecto en el que se ha estado trabajando con énfasis en los últimos años, con resultados que se habían manifestado en su momento como satisfactorios, porque se había logrado bajar un 40 por ciento prácticamente crónico en nuestro país hasta porcentajes del orden del 22 por ciento, con algunos altibajos, de acuerdo a cifras de organismos del Estado y sobre todo del Banco de Previsión Social (BPS).

Sin embargo, el escenario que quedó visible por la crisis a lo a largo de la pandemia desnuda que el informalismo estaba disimulado, que la regularización estaba prendida con alfileres, en el mejor de los casos, porque las necesidades de asistencia por el Estado en estos grupos ha sido mucho mayor e inmediata de lo que se podía suponer. Tanto es así que en marzo de 2020, a mitad de mes del encierro voluntario y cuando se suponía que todos los trabajadores ya habían cobrado sus sueldos normalmente, el país vio florecer las ollas populares como si hiciese meses que esa gente no recibía su salario completo, al tiempo que la central sindical y el Frente Amplio reclamaban de inmediato la asistencia económica para los afectados. Esto ocurría apenas asumido el gobierno actual.

Consecuentemente, en este período en que se está apresurando el retorno a la normalidad, dentro de lo posible, se presenta el doble desafío de hacer crecer la economía pero también hacerlo dentro de la formalidad, para beneficio general, más allá de que evidentemente hay un alto costo para la regularización en todos los sectores, tanto en lo que refiere a cargas sociales como desde el punto de vista impositivo.

Pero también ocurre que el escenario interno recoge el impacto del escenario cambiante en el exterior. Desde el punto de vista de las señales externas, se observa que China ha retomado la senda del crecimiento y ello es particularmente importante para el continente sudamericano y Uruguay en particular, si se tiene en cuenta nuestra condición de abastecedores de materia prima para el gigante asiático.

De todas formas, América Latina se ha convertido en la región más azotada en términos de vidas y costos económicos por la pandemia, con una significativa caída en el Producto Bruto Interno (PBI) en 2020 y 2021. Esto ha ocurrido pese a que el subcontinente tenía una “ventaja” sobre otras partes del mundo, como es el caso de Europa, porque estaba con el diario del lunes sobre la devastación causada por el virus que en principio era una gripecita pero que mostró extrema virulencia para personas vulnerables y una capacidad de transmisión pocas veces vista.
Es que si bien algunos de los países de la región reaccionaron temprano, en base a las desgraciadas experiencias de naciones como Italia, España y Francia, igualmente el avance del coronavirus ha devastado a varios países de la región, que supuestamente habían tenido tiempo para hacer preparativos que minimizaran o hicieran menos grave el impacto, habida cuenta de las delicadas situaciones socioeconómicas y la debilidad de los sistemas sanitarios, por regla general.

Bueno, incluso el punto es que aun habiendo aplicado las mismas medidas de contención que los países desarrollados, los resultados obtenidos han sido diferentes, en general con escenarios muy preocupantes y procesos en marcha, brotes incontenibles en algunas zonas y un deterioro socioeconómico generalizado.
De acuerdo a un estudio del Banco Mundial (BM) sobre este escenario, se señala que las políticas de contención han sido menos eficaces en los países menos ricos debido precisamente a las bajas condiciones sanitarias, el hacinamiento, la falta de políticas sanitarias de base, la mala alimentación y sobre todo, por el alto grado de informalidad.

Este último es también un aspecto clave, por cuanto la falta de contención en el sistema de seguridad social, implica que se trata de personas y microempresas que siguen “haciendo la diaria”, que viven al día, y por lo tanto no pueden ampararse en ningún programa de transferencia de recursos más o menos confiable o estable, por determinado período, que implica paralelamente un serio desgaste de los recursos del Estado, que es el encargado de esta transferencia.

Queda entonces de relieve que la trama es muy compleja, por los serios problemas estructurales y su debilidad intrínseca para enfrentar shocks globales, vengan del lado que vengan.
Hay poco margen de maniobra en el corto plazo para cambiar este escenario, y nada indica que será fácil apartarse de este camino con alguna jugada genial: el sentido común indica que hay que seguir en una apertura gradual, con protocolos y responsabilidad de la población. Esto por lo menos asegura generar actividad y riqueza, a la vez de seguir atendiendo en la medida de lo posible con transferencias a los sectores que realmente lo necesitan para poder subsistir, mientras se trata de captar inversión de riesgo y volcar recursos financieros con créditos especiales para rehacer la economía y tratar de evitar que la pandemia del COVID-19 también se prolongue en una pandemia de penuria económica.
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Si la convivencia y la tolerancia son difíciles dentro de un hogar, no es posible imaginar lo que ocurre entre cinco socios que conformaron una coalición para gobernar. La estabilidad es importante entre partidos, algunos chicos, pero todos con identidades y opiniones propias que pesan al momento de gobernar y de aportar a la gobernabilidad necesaria.
De cualquier modo, la salida de cuatro ministros ha sido una prueba fundamentada de que no es fácil. En los últimos días, la renuncia de Germán Cardoso al Ministerio de Turismo aporta luz sobre la situación que viven las internas en los partidos. Porque lo ocurrido con el secretario de Estado no es el resultado de una campaña de la oposición o una corrida mediática que lo llevara a la dimisión. El exministro volvió a la Cámara de Diputados, con el reclamo de una investigación a fondo sobre las denuncias presentadas en su contra por supuestas irregularidades en compras directas. Pero fue por más, al reclamar una investigadora sobre las últimas gestiones del Frente Amplio en la cartera.
En forma paralela, el desarrollo de la discusión de la Rendición de Cuentas y el estilo de la polémica instalada en el Parlamento, refrendan la intensidad del ambiente. Las voces levantadas, las alusiones personales y un estilo impropio de personalidades con fueros que alientan y caldean el ambiente marcan el derrotero de los últimos meses. O la interpelación efectuada al ministro Luis Alberto Heber, quien compareció en la Cámara de Senadores por su actuación anterior al frente de la cartera de Transporte y Obras Públicas, a raíz de la extensión de un contrato a la empresa belga Katoen Natie hasta el 2081, a cambio de no activar un juicio por U$S 1.500 millones y hacer inversiones superiores a U$S 459 millones. Cabe recordar que dicho juicio fue anunciado a mediados de febrero de 2020 por la empresa, al considerar que el Estado uruguayo toleraba la existencia de una terminal por fuera del régimen (Montecon S.A), como principal operador de los muelles en el puerto capitalino.
Tanto Tabaré Vázquez como el entonces presidente electo Luis Lacalle Pou recibieron las notificaciones respectivas, donde la firma belga aclaraba que aplicarían las clausulas previstas en el tratado de inversiones entre Uruguay y la Unión Europea para la solución de controversias.
Una situación basada en decisiones adoptadas por el gobierno anterior le valió a Heber una interpelación de 20 horas en la cámara alta y, también, momentos de crispación donde se confundían las labores parlamentarias con discusiones bolicheras que bajaban el nivel de importancia del tema.
En las últimas interpelaciones, los socios de la coalición brindaron su apoyo a los miembros del Poder Ejecutivo que fueron interpelados, tal como ocurrió con Azucena Arbeleche, de Economía, y Daniel Salinas, de Salud Pública, en junio pasado.
Sin embargo, aclararon en el caso del entuerto portuario que los acuerdos se alcanzaron sin conocimiento de los demás partidos. De cualquier modo, la empresa belga accedió a incorporar una cláusula –propuesta por el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos– a través de la cual el Estado uruguayo tiene “la última palabra, o sea la posibilidad, la potestad de autorizar o no autorizar una eventual enajenación de las acciones en el futuro”.
Una cuestión no menor era la desconfianza que le despertaba a los cabildantes una cláusula. El contrato planteaba que en caso de cambios de accionistas de la compañía, el acuerdo se mantenía en todos sus términos. El senador Guillermo Domenech desnudó en una pregunta una realidad no prevista: “Realmente esta cláusula nos preocupa, porque ¿a manos de quién puede ir a parar el Puerto de Montevideo?”, preguntó.
Es un ejemplo de coalición que sostiene al gobierno, pero no escatima esfuerzos para proponer cambios ante un escenario incierto y manifestar sus diferencias. Tal como sucedió con Cardoso, a quien el presidente Luis Lacalle Pou sostuvo hasta que pudo. Hasta que, finalmente, las reiteradas apariciones en los medios de comunicación y las supuestas denuncias presentadas por el exdirector Nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, le obligaron a dar un paso al costado. Incluso con el aporte de Julio María Sanguinetti como máxima autoridad del Partido Colorado.
En medio de este escenario de alta intensidad política, el presidente actúa algunas veces como bombero en internas que no imagina que ocurran. Como por ejemplo, en el Inisa entre la presidenta del directorio que pertenece a Cabildo Abierto y una de sus integrantes nacionalistas.
Lo cierto que, en medio de estos cuestionamientos y pausas para las interpelaciones, el país debe poner el pie en el acelerador y aprovechar el retroceso de la pandemia. Hay una agenda que cumplir con responsabilidad porque la carta que la ciudadanía entregó a la actual coalición no es un cheque en blanco que durará para siempre. Fue la posibilidad de un cambio de gobierno, luego de tres períodos consecutivos del Frente Amplio, donde no les fue fácil acceder al sillón presidencial. Y hay figuras relevantes que hoy reconocen los escollos transitados.
Tampoco es difícil suponer que, ante un cambio en la contingencia sanitaria con apertura de fronteras, menor cantidad de casos graves y la posibilidad de levantar la emergencia sanitaria, el panorama se volverá más confrontativo.
Al gobierno solo le quedan tres años para capitalizar la imagen positiva que la ciudadanía mantiene sobre la gestión de la pandemia, que no implica un apoyo a su política. Por lo tanto, deberá esforzarse porque la oposición ya encontró sus puntos débiles. Uno de ellos lo descubrió con la Ley de Urgente Consideración (LUC) y lo puso en debate hasta juntar firmas y llegar a un referéndum. Nada más ni nada menos que una interpelación a su gestión. Será, además, una oportunidad para la oposición de medir la temperatura ciudadana y saber lo que le depararán las próximas elecciones. → Leer más

La pandemia ha puesto en escena un escenario coyuntural adicional a la problemática de la economía y el trabajo, sobre todo en países subdesarrollados como es el caso de nuestra región y América Latina en general, por lo que se han agudizado las históricas carencias y desigualdades que padece el subcontinente.
Sobre la problemática producto de la pandemia de COVID-19 hace referencia el último informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que aborda la incidencia de las medidas que se han adoptado para tratar de contener la expansión del flagelo, similares a las de Europa y Estados Unidos, pero con un impacto negativo potenciado dada la diferente espalda financiera y la economía subdesarrollada.

A juicio del BID, estas medidas que han procurado contener los contagios han frenado la actividad económica y golpeado duramente al empleo, un aspecto especialmente delicado en los países del subcontinente, donde reinan la precariedad y la informalidad en el caso de la actividad privada y un marcado exceso de burocracia e ineficiencia en el ámbito estatal.
Es decir, falta de respaldo financiero, primarización de la economía, desigualdades, políticas populistas sin atacar los reales problemas de fondo y solo salvando las apariencias hasta la próxima elección, han sido el escenario con el que llegó la pandemia a la región, y por cierto que no es de extrañar que haya sido devastador este ataque a la línea de flotación de un barco que hacía fuerza por mantenerse a flote.

Al respecto, el organismo financiero internacional señala que muchos trabajadores de la región han perdido sus empleos, han tenido una caída sensible en sus salarios y en las horas trabajadas. Los más afectados han sido los trabajadores informales e independientes, es decir aquellos en situación precaria, por un lado, y los que dependen fundamentalmente de sus ingresos en el día a día. En este sector de alta vulnerabilidad se encuentran además las personas de menores niveles de educación, los jóvenes y las mujeres.
Incluso la pandemia revirtió la tendencia creciente que se venía manifestando en forma heterogénea en los ingresos de la región y por tanto el ritmo en que se venía reduciendo la desigualdad de ingresos en la población, como regla general.

En cuanto a las perspectivas, el organismo sostiene que la visión optimista que se tenía para la década de 2020-2030 en la tendencia en la lucha contra la desigualdad se ha visto alterada sustancialmente por la pandemia y un consecuente retroceso en las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias, especialmente entre los sectores más vulnerables.
Por cierto que con los gastos adicionales en que han incurrido los gobiernos para contener la pandemia y auxiliar a los sectores más debilitados, el reto se ha acentuado para el futuro inmediato pospandemia, al punto que haciendo realidad la reflexión de que siempre se puede estar peor, nos encontramos con lo que la difícil situación que reinaba en la región y en el Uruguay ya en 2019 suena a bonanza en términos comparativos, una ironía que revaloriza lo que son los términos relativos en todo análisis posible.
Es decir, que se apunta a minimizar los daños, en el mejor de los casos retrotrayéndolos al pantano en el que ya vivíamos hace dos años, sin pandemia, lo que da la pauta de cuánto habrá que remar sin ponernos a llorar sobre la leche derramada para poder tomar el camino del crecimiento real y no solo de estar menos peor.

Es decir, dejar de lado cortoplacismos que nos condenan a repetir errores, porque cada gobierno quiere hacer las cosas dentro de su período o por lo menos aparecer ante la elección como el gran salvador, con carácter refundacional, y se pierde de vista que la respuesta está inevitablemente en adoptar políticas de Estado, es decir de cursos de acción permanentes o semipermanentes, pasibles de correcciones de acuerdo a las circunstancias o coyunturas. Pero que permitan definir un rumbo por encima de la rotación de partidos en el poder, generar esquemas estructurales que nos den solidez frente a los avatares y nos hagan más eficientes desde el punto de vista productivo y el tramado socioeconómico.
El punto es que en los sucesivos gobiernos se ha incursionado por imponer medidas cortoplacistas e improvisaciones, salvo determinadas áreas específicas –muy pocas– en las que felizmente se ha seguido trabajando en la misma línea por encima del gobierno de turno, como es el caso de la reconversión energética, desarrollo del sector forestal y muy pocas cosas más que podrían definirse como un atisbo de políticas de Estado.

La constante ha sido que cada gobierno ha venido con su libreto debajo del brazo y tratando de dar su impronta, desestimando por regla general lo que intentara o hubiera comenzado a hacer el gobierno anterior, que a su vez actuó de la misma forma respecto al que lo antecedió y así sucesivamente.
La visión en la que prima la inmediatez, que ha sido dominante históricamente, conspira contra reglas de juego claras para alentar las inversiones, salvo excepciones como el acuerdo político para la Ley de Inversión Forestal, concebida con visión de décadas y que ha permitido grandes inversiones en el sector, pese a virtudes y falencias y el innegable déficit en la incorporación de valor agregado con actividades para explotar la materia prima.
Es decir, estamos hablando de falencias ya de prepandemia, que se manifiestan con toda su crudeza en tiempos de mayores dificultades, como el actual, pese al alivio que significa en nuestro país la actividad del sector exportador empujado por el agro, siempre en producciones primarias.

Y como bien señalara en su momento el contador Ricardo Pascale, expresidente del Banco Central del Uruguay, nos hemos quedado atrás en la productividad total de los factores. “Sería todo aquello que hace crecer el PBI y no es explicado ni por el crecimiento del trabajo, ni por el capital ni por los recursos naturales”, sino que pasa “por la eficiencia con la que se utilizan otros recursos, el conocimiento aplicado que hay”.
Por cierto, el mayor desafío pasa sobre todo por apuntar a capacitar en el conocimiento aplicado, que repercute en la innovación, la que impacta en la productividad y en abatir costos hacia el exterior, con productos terminados para obtener mejores ingresos de divisas y mejorar la calidad de vida de la población, entre un sinnúmero de beneficios.

Y no se va a lograr de un día para otro ni en un período de gobierno, sino que es un derrotero que se debe trazar el país, en el marco de un gran acuerdo de todos los actores, sobre todo del sistema político, por encima del partido en el gobierno y de la coyuntura. → Leer más

Probablemente la Internet sea la revolución tecnológica para la transmisión de la información más grande después de la invención de la imprenta en 1440 por Johannes Gutenberg, incluso más que la radio o la televisión si se mide por el impacto que ha tenido a nivel global y las posibilidades que ha abierto para la democratización de las comunicaciones y el acceso a todo tipo de datos.
Si bien la red global tiene sus orígenes en el siglo pasado, como una red de grandes computadoras o “mainframes” militares y posteriormente de las principales universidades de Estados Unidos, a partir de 1969, podría decirse que alcanzó su madurez en este Siglo XXI, especialmente al sumar los teléfonos móviles a la web con infinidad de aplicaciones jamás imaginadas siquiera dos o tres décadas atrás.
Las virtudes de Internet son infinitas, empezando por el acceso a información de calidad en tiempo real desde cualquier parte del planeta para cualquier persona con un dispositivo conectado, que puede ser tan pequeño como un teléfono personal, a un costo ínfimo. Ha permitido el desarrollo explosivo de todo tipo de tecnologías, de la ciencia y el conocimiento, de la medicina, las artes, la educación, el acceso al mercado global para cualquier usuario, ya sea para vender, comprar o negociar, para el turismo, etcétera. También los medios de información tradicionales han tenido que de una u otra forma adaptarse y migrar hacia este soporte y hoy la mayoría de la gente está informada por diarios, informativos, radios y demás a través de Internet, así como por medio de blogs, podcasts u otros sistemas que conviven en el universo virtual. Todo el mundo moderno gira alrededor de la red de redes, y si hoy ocurriese un “apagón” de Internet las consecuencias serían catastróficas y afectaría directa o indirectamente a casi todas las personas en el mundo, de manera inmediata.
Pero también tiene su lado oscuro, y ese aspecto no necesariamente se encuentra en la “deep web” o “Internet oscura” donde se refugian los terroristas informáticos para lanzar ataques masivos a la red o los hackers para tomar el control de las computadoras de los usuarios y robar sus cuentas o tarjetas de crédito. También Ese lado oscuro se puede percibir en las redes sociales, ese mundo virtual fantástico que tanto bien y tanto mal ha causado a millones de usuarios que a través de ellas pueden comunicarse con sus seres queridos en segundos estén donde estén, conocer gente nueva, culturas, vender, comprar, compartir aficiones, mostrar sus logros al mundo e informarse, además de tantas otras cosas.
Pero así como hay gente bien intencionada y de las otras en todas partes, ocurre lo mismo en las redes sociales, donde convive la abuelita que las utiliza para comunicarse con sus nietos que están lejos o enterarse de las novedades de su serie favorita, con verdaderos delincuentes informáticos, que van desde simples “haters” u “odiadores” que buscan destruir la imagen de otras personas, hasta otros más peligrosos como estafadores o incluso pedófilos, terroristas o toda la variedad que se nos pueda ocurrir.
Y en este aspecto nos queremos enfocar. El lado más oscuro de las redes sociales que cada vez es más explotado con fines políticos, utilizando una poderosa arma de destrucción masiva: la desinformación y la descalificación a través del odio, la prepotencia y el insulto.
Si bien estas técnicas de manipulación social no son nuevas y existen desde siempre, las redes sociales han potenciado su alcance y, en consecuencia, los daños que producen. En manos expertas son capaces de destruir personas, carreras, medios, hacer caer gobiernos o hasta provocar guerras, en un abanico inabarcable de posibles malos usos.
Podría decirse que actualmente existe una pandemia mucho más difícil de tratar y combatir que el coronavirus, que se transmite a través de las redes sociales, provocada por personas inescrupulosas que fomentan el odio, ya sea con fines políticos y otros. Estos usuarios se alimentan de la ignorancia de algunos, el desconocimiento de otros, el descontento de muchos y el malestar de otros tantos para lograr el caldo de cultivo que necesitan para crecer y llegar a más gente. Además, no están solos y cuentan con la colaboración de muchos con los que comparten los mismos intereses.
¿Y cómo lo hacen? Mintiendo, desinformado, descalificando e insultando, amparándose en el “efecto cardumen” y el anonimato de las redes sociales.
Hoy las redes son un campo de batalla donde no existen valores ni reglas de combate. No importan los daños colaterales; tampoco la razón ni la verdad son importantes, sólo el daño que puedan producir. Y todo eso es porque hasta ahora mentir y atacar es gratis, no tiene consecuencias para el que lo hace, aun cuando actúa a total conciencia.
Por eso es una buena señal que la Intendencia haya decidido llevar a la justicia penal un caso de desinformación divulgado en las redes sociales, respecto a la supuesta orden del intendente Nicolás Olivera de exigir determinada vestimenta a las trabajadoras del teatro Florencio Sánchez y obligarlas a desfilar. De ser mentira la versión que se hizo viral, corresponde que quien la difundió –y de paso “fogoneó” con apreciaciones personales— sea responsabilizado por sus dichos.
La Justicia entonces deberá investigar las fuentes, los orígenes de los mensajes, la veracidad de los hechos y resolver en consecuencia.
Es importante que estas medidas se vuelvan más comunes ante hechos ocurridos en las redes, ya sea por difamación e injurias, noticias falsas, bullying u otros tipos de violencia que se transmiten, porque es la única forma de combatir estos crímenes. Lo que no puede ocurrir es que siga siendo gratis mentir o injuriar en las redes. Hoy hay verdaderos “profesionales” de la mentira y la descalificación, que en general son actores políticos. Y los hay de todos los partidos, en mayor o menor medida; cada uno tiene sus “soldados” que con perfiles falsos incitan al odio y la violencia. Pero también hay quienes tienen otros intereses, extremistas de todo tipo que resienten de la sociedad y encuentran así la forma de contagiar su ira.
Sin embargo, no se dan cuenta que si bien a la corta pueden obtener réditos con estas técnicas, está probado que a la larga resultan altamente negativas para todos, porque el odio que destilan no es controlable y lo que un día sirvió para atacar al adversario, al otro se puede volver en contra de ellos. Hasta ahora ninguna “revolución” lanzada desde las redes sociales ha terminado en algo bueno, aún cuando comenzó siéndolo. Basta ver en lo que terminó la Primavera Árabe, para llevarlo a un extremo.
Sería bueno entonces que todos los partidos políticos y la sociedad en su conjunto condenen estas prácticas de odio que sólo sirven para ahondar la grieta que ya está instalada. Pero mientras eso no ocurra, una buena forma de combatirlos es cayéndoles con todo el peso de la Justicia. → Leer más

Pequeñas localidades del interior del país resultarán beneficiarias de lo que por ahora se pondrá en marcha como un plan piloto para radicación de médicos en esas localidades, el que fue votado la semana anterior en el marco de la Rendición de Cuentas, por iniciativa de la Presidencia de la Cámara de Diputados.
Esta iniciativa ha sido promovida en esta instancia por el diputado frenteamplista Alfredo Fratti, pero está en la línea anunciada en su momento por el propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou, al asumir el cargo y en la prédica que formulara en la campaña preelectoral, por lo que se trata de una norma que tiene una ancha base de apoyo en el sistema político y, naturalmente, mucho más aún en el Interior.

A través de este plan se promueve la radicación de médicos residentes en pequeñas localidades del Interior que actualmente no cuentan con servicio permanente, y se ha buscado encontrar apoyos y una buena coordinación entre distintas instituciones estatales y niveles de gobierno, con la idea de complementar recursos y posibilitar que, en este inicio del plan, diez localidades que hoy reciben médico cada quince días puedan contar con un galeno residente en forma permanente.
Es además una larga aspiración de los poblados pequeños y como muestra de esto ya existe resolución del municipio de Plácido Rosas, en Cerro Largo, apoyando la iniciativa para su localidad, que a menos de una semana de haberles sido presentada la propuesta, resolvieron de manera unánime el financiamiento del alquiler y los servicios públicos necesarios del futuro residente.

El plan cuenta con la anuencia del ministro de Salud Pública y el decano de la Facultad de Medicina que desde el principio acompañaron la idea, prestaron apoyo y resultaron determinantes para su concreción. Según informó el ministro de Salud, Daniel Salinas, a través de su cuenta de Twitter, en una primera etapa estarían incluidas 10 pequeñas localidades. Para los médicos el plan “no es obligatorio sino una opción para el egresado. Incluye salario acorde más vivienda digna, luz, agua e Internet sin costo. Así fue pensado”, escribió Salinas.
Según indicó, en la iniciativa del diputado Fratti trabajó el Ministerio de Salud Pública y la Cátedra de Medicina Familiar y Comunitaria de la Universidad de la República.

La idea incorporada en el plan tiene por objetivo contemplar a localidades del ámbito rural que no resultan beneficiarias del Plan Nacional Integrado de Salud, y entre otros aspectos apunta a profundizar la formación de los especialistas de Medicina Familiar y Comunitaria en el ámbito rural. El plan piloto es de un año de duración –con posibilidad de renovación por otros dos años– para que los médicos o estudiantes de posgrado de esa especialidad vivan de lunes a viernes en 10 localidades, una de las cuales es pueblo Gallinal, en Paysandú, y brinden atención en las policlínicas durante la semana. Las localidades participantes deben contar con una estructura de ASSE en el lugar, como una policlínica, y posibilidades de alojar al médico, que efectuará el trabajo en esa localidad y sus cercanías. El Ministerio de Salud Pública se encargará de coordinar con los prestadores de salud locales para que los habitantes de estas poblaciones puedan acceder a todas las prestaciones y ASSE será quien contrate a los primeros diez médicos.

La Facultad de Medicina se ocupará de lanzar el llamado para los especialistas o estudiantes que estén dispuestos a vivir y trabajar en estas zonas rurales, una vez que el proyecto sea también aprobado por la Cámara de Senadores. El ministro Salinas aclaró que el plan “no es obligatorio sino una opción para el egresado e incluye salario acorde más vivienda digna, luz, agua e internet sin costo”. A su vez los pacientes podrán ser afiliados de cualquier prestador, tanto de ASE como de mutualistas privadas.
Se trata, naturalmente, de un primer paso en la dirección correcta, aunque muy tardío en el contexto nacional, donde la problemática del déficit de atención médica en el interior profundo es crónica, y mucho más si lo regionalizamos, donde el gran postergado es el norte del río Negro.

Debe tenerse presente que ya a solo dos semanas de la asunción del poder por las nuevas autoridades del gobierno nacional, uno de los temas que estuvo en la agenda de contactos en el período de transición refirió a las políticas de salud, sobre todo en cuanto a evaluación de resultados de la reforma de la salud, el saldo del costo-beneficio en cuanto a su financiación.
Salinas manifestó entonces que considera fundamental instrumentar políticas de descentralización, y anunció que el gobierno es partidario de estimular la radicación de más médicos y especialistas en el Interior. Precisamente, los datos indican que menos del 30% de los médicos están en el Interior, y del río Negro, hacia el norte, menos del 7 por ciento.

Puntualizó que Uruguay padece también en el área de la salud aún de un “macrocefalismo montevideano y nos interesa mucho llegar a todos los puntos del país y que todos tengan las mismas posibilidades de atención”, a la vez de abogar por motivar “la radicación en el interior de médicos y especialistas”.
Ese escenario se ha mantenido rígido y en tren de realidades, intenciones y proyectos, la experiencia revela que del dicho al hecho ha quedado mucha distancia en la gestión de los sucesivos gobiernos, más allá de la impronta que se le haya intentado dar.

Mientras tanto, hay números igualmente positivos, como es el hecho de que Uruguay está en el séptimo lugar en el mundo en cantidad de médicos por habitantes, según el Informe Anual de Estadísticas Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Así presentadas las cifras, en forma global, se tiene la pauta de que la cobertura sanitaria del país en gran medida estaría a tono con las necesidades de la población, aún con restricciones en materia de acceso de acuerdo a la situación socioeconómica.

Si bien los números tomados globalmente para el Uruguay reflejan un escenario positivo en esta área en el comparativo mundial, el hecho es que la distribución geográfica condiciona severamente el acceso a los servicios de salud y en este caso concreto, a la disponibilidad de médicos cercanos, así como a centros de salud.
Así, el país se divide claramente en dos grandes áreas, que son la del norte del río Negro, con una notoria discriminación negativa respecto al sur en cuanto a la radicación y disponibilidad de médicos, y dentro del propio sur, la prevalencia del área metropolitana como el foco de captación de profesionales, cualquiera sea el origen del estudiante, porque el punto crucial en esta problemática radica en que gran parte del estudiantado del Interior que estudia y se recibe en Montevideo opta por radicarse en la capital, donde tiene las oportunidades y considera es el mejor horizonte de formación profesional, ya desde el inicio de su actividad.

En este tema complejo y tan profundamente arraigado desde hace décadas, es preciso poner énfasis en trabajar con creatividad y convencimiento, con sentido común y en conjunto con las gremiales del sector, pero sobre todo recibiendo los planteos que provienen desde un Interior eternamente postergado, para que por encima de eslóganes y algún plan puntual, no siga habiendo tan profundas asimetrías en la atención médica dentro de un mismo país.

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A pesar que el cambio climático resulta hoy algo innegable, en ocasiones, el alejamiento de sus impactos en relación a nuestra cotidianeidad puede llevar a pensar que son problemas ajenos y a no reparar en las formas en que la variabilidad climática afecta a nuestros pueblos y ciudades.
La afectación es real y en Uruguay tiene múltiples manifestaciones. Somos un país muy vulnerable a la variabilidad y al cambio climático, algunos de cuyos efectos afectan lentamente los ecosistemas y la diversidad biológica pero otros tienen una incidencia muy visible, directa y drástica sobre la vida de las personas, tales como las sequías o las inundaciones.
Precisamente, las inundaciones son el evento relacionado con el cambio climático que más afecta a Uruguay y, en particular a esta zona del litoral uruguayo argentino, siendo necesario y urgente que se instrumenten medias activas de resiliencia y adaptación.
Según datos del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, durante los últimos 30 años se ha observado un cambio en las precipitaciones acumuladas anuales en la región, hacia mayores valores, confirmando una tendencia general creciente en el último siglo. El análisis de las precipitaciones acumuladas desde el año 1980 a la fecha muestra que han aumentado en todo el país y particularmente en el litoral atlántico a partir del año 2001.
La variabilidad climática y la alternancia de los fenómenos “Niña” y “Niño” generan episodios de déficit hídrico y sequía que afectan al país y ponen en jaque al sistema productivo agroexportador uruguayo. En 2015 nueve departamentos fueron declarados en emergencia debido al déficit hídrico y, entre noviembre de 2017 y mayo de 2018, un total de 14 de los 19 departamentos en que se divide el país resultó afectado por el mismo motivo y 12 de ellos fueron declarados en emergencia debido a la sequía.
No es éste el único problema relacionado con el clima en Uruguay ya que sequías, ciclones extratropicales, vientos fuertes y muy fuertes, marejadas, lluvias torrenciales, granizadas, actividad eléctrica y corrientes descendentes suceden también con cierta frecuencia.
No obstante, si miramos la situación de la población en relación a estas amenazas es importante señalar que más del 93% de la población uruguaya vive en ciudades y existen aproximadamente 100 mil personas y 34 mil viviendas que se encuentran localizadas en áreas urbanas con riesgo de inundación, de acuerdo a estudios de la Dirección Nacional de Agua (Dinagua).
Según datos del Monitor Integral de Riesgos y Afectaciones (MIRA), herramienta del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) que permite contar con una alerta temprana de inundaciones, en el período 2015-2019 hubo un total de 87.557 personas desplazadas de sus viviendas por eventos adversos, de los cuales 85.924 fueron desplazados por inundación y el litoral del Río Uruguay es una de las zonas más afectadas.
En definitiva, estamos ubicados en una de las regiones del mundo con mayor variabilidad climática y se prevé a futuro un incremento en la frecuencia de eventos extremos que podrán tener impacto en distintos sectores y a diferentes escalas. Por esta razón se torna fundamental la implementación de medidas de adaptación al riesgo climático que contemplen las diferentes realidades de las distintas zonas geográficas.
En ese sentido, resulta importante la puesta en marcha del Proyecto Binacional “Adaptación al cambio climático en ciudades y ecosistemas costeros vulnerables del río Uruguay”, que será implementado en los territorios de Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro en la orilla uruguaya, y en la provincia de Entre Ríos, en la argentina.
El acuerdo que permite esta iniciativa fue firmado en plena pandemia, en octubre de 2020 en simultáneo en Buenos Aires y el Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay, situado en el departamento de Río Negro, en modalidad virtual. Participaron el ministro de Ambiente de Uruguay, Adrián Peña, y su par argentino, Juan Cabandié, el subsecretario Gerardo Amarilla, autoridades de la CAF, de la Corporación Nacional para el Desarrollo de Uruguay (CND), de la provincia de Entre Ríos, y los intendentes de Salto, Artigas, Paysandú y Río Negro.
Los fondos del proyecto provienen de una donación del Fondo de Adaptación, un mecanismo internacional creado según el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que financia proyectos y programas destinados a apoyar soluciones de resiliencia climática en países en desarrollo. La Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) será el ejecutor de las actividades nacionales del Proyecto en la República Oriental del Uruguay.
El proyecto, con plazo de ejecución de 4 años, consiste en aplicar medidas de adaptación al cambio climático, como la construcción de infraestructuras urbanas resilientes en terrenos seguros y la resignificación de los terrenos inundables, de los cuales son desalojadas muchas familias damnificadas por anegaciones frecuentes, una de las principales manifestaciones del cambio climático en las costas del río Uruguay.
Incluye medidas de adaptación basadas en comunidades y ecosistemas, enfocadas en derechos humanos, género y futuras generaciones, la promoción del fortalecimiento institucional considerando escenarios de cambio climático en el mediano y largo plazo, en políticas, planes y programas de ordenamiento territorial para ciudades y ecosistemas vulnerables identificados en cada país y, por último, el intercambio binacional de experiencias de mejores prácticas urbanas, ambientales, sociales y culturales y la promoción de una gestión integrada del riesgo climático en las ciudades y ecosistemas identificados para cada país, fomentando la implementación de sistemas de alerta temprana.
Por último, la hora del desarrollo de acciones de resiliencia al cambio climático, no es menor señalar que las cinco ciudades principales comprendidas por el proyecto de uno y otro lado del río suman casi medio millón de habitantes en una región que se ve impactada durante recurrentes inundaciones que involucran la trama urbana consolidada y las planicies de inundación ocupadas generalmente por población de alta vulnerabilidad socioeconómica. Es de esperar entonces, que el proyecto que está en sus inicios contribuya significativamente a realizar las intervenciones necesarias y generar capacidades para estar mejor preparados ante un fenómeno global cuyos impactos también nos golpean fuertemente a nivel regional y local. → Leer más

El 25 de Agosto es feriado no laborable; un día que muchos uruguayos, la mayoría podría decirse, aprovecha para descansar. Es además uno de esos feriados que “no se mueven”, y por ello esta noche, la del 24 de Agosto, ha cobrado desde hace varios años otra connotación, habiéndosela proclamado la “Noche de la Nostalgia”, como es el nombre comercial de un evento que se realiza en Montevideo o, más genéricamente, Noche de los Recuerdos.
¿Qué hay de malo en el párrafo anterior? Técnicamente nada, en la secuencia todas las afirmaciones son correctas. Sin embargo en todo eso que nos pasa con el 24 y 25 de agosto se nos ha desdibujado el sentido original de una fecha tan relevante como la de la Declaratoria de la Independencia.
El 25 de Agosto de 1825, en la asamblea llevada a cabo en Florida, se declaró la independencia de este territorio –que antes había sido Banda Oriental, Provincia Oriental y Provincia Cisplatina por esos años– de todo poder extranjero. Fue una de las tres leyes fundamentales que pusieron a consideración en ese ámbito que presidió Francisco Larrobla, al cabo de la campaña liderada por Juan Antonio Lavalleja que comenzó con la Cruzada Libertadora, del 19 de Abril de ese mismo año.
Hay quienes consideran una contradicción que en ese mismo acto se proclamara además una Ley de Unión, que ligaba a los pueblos orientales a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Sin embargo no la hay, en la medida que se trató de un acto voluntario decidido por un pueblo que estaba declarando su libertad. Claro que después hubo otros episodios que torcieron esa voluntad y nació la República Oriental, pero eso es otra apasionante historia.
Pero volviendo al tema, hemos dejado de lado –como sociedad, entiéndase– el sentido original con el que se determinaron las fechas patrias, los días feriados, y el 25 de Agosto no es feriado porque se “conmemora” la “Noche de la Nostalgia”, vale la pena aclarar.
No es el propósito el de tener un día de asueto, o que trabajen los locales bailables o los organizadores de fiestas, o favorecer el turismo. No, el sentido único que tiene celebrar estas fechas es el de reafirmar nuestro sentimiento de nación, el reconocernos como partícipes en esas gestas que dieron origen a nuestra nación, a nuestra patria y, finalmente, al Estado uruguayo. Ojo, tampoco es que acá estemos argumentando para terminar pidiendo que se vuelvan a organizar desfiles civiles y militares, que hay a quienes les gustan por supuesto, pero que, de nuevo, carecen absolutamente de sentido si no van acompañados de todo un entorno de cosas que hagan al significado de la fecha, caso contrario serán solamente un entretenimiento más y para muchos niños y adultos no más que una especie de castigo sin sentido. Hay un cuento muy bueno de Roberto Fontanarrosa, titulado “Un día de la bandera” que refleja bastante bien esto.
¿Tiene sentido hoy, en plena era de la globalización, celebrar una fecha patria? Todo el sentido tiene. Cuanta más globalización, más necesario es que nos identifiquemos y que nos reconozcamos en esa serie de rasgos en común que llamamos nacionalidad. Esa esencia es la que se debería trabajar para preservar –para recuperar–, en cada fecha patria.
Lo ideal sería que cada fecha patria fuese una mezcla de Día del Patrimonio con un día de partido de Uruguay por el mundial (y si es uno que gana, mejor). Que se viva con esa intensidad, con ese colorido, recuperar a través de expresiones artísticas el sentimiento que invadía a los protagonistas de los hechos que dieron lugar a esa conmemoración.
En vez de eso, estas fechas se han vuelto lo que se describe en el primer párrafo: un día de descanso cuyo sentido se lo termina dando un evento netamente comercial.
Al respecto de este asunto, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció durante los festejos por el 18 de Julio, en Las Piedras, que el Poder Ejecutivo presentará un proyecto de ley para que todos los feriados correspondientes a las fechas patrias se observen en el día correspondiente. De aprobarse, quedaría sin efecto la ley 16.805, del año 1996, que abarca a tres de esos feriados: el 19 de Abril, el 18 de Mayo, y el 12 de Octubre.
La norma hoy vigente establece que si estos feriados coincidieran con sábado, domingo o lunes, se observarán en esos días; si ocurrieran en martes o miércoles, se observarán el lunes inmediato anterior y, si ocurrieren en jueves o viernes, se observarán el lunes inmediato siguiente.
Lacalle dijo tras ese acto, en improvisada rueda de prensa, que si bien el corrimiento de los feriados puede ser útil para el turismo, se termina “desvirtuando el símbolo de esas fechas”. Y le asiste razón. Los feriados no nacieron para favorecer al sector turístico, pero sí que se ha mirado su incidencia en esta actividad, de hecho cuando en el país se mantuvo un feriado que nació con connotación religiosa, como la Semana Santa, la denominación que se eligió fue específica: Semana de Turismo.
Pero los feriados tienen un sentido de recordación, de detenernos un instante a reflexionar sobre nuestra historia, de dónde venimos y a dónde queremos ir y eso es lo que deberíamos tender a recuperar. Tiene incluso más sentido lo que se aplicó en Argentina, que en vez de “mover” los feriados, se institucionalizó la práctica popularmente conocida como “sandwich”, que es el tomarse el día hábil que queda entre un fin de semana y un feriado. Estos “feriados turísticos”, como se los denominó fueron un impulso importante para el sector turístico en el vecino país y no hubo necesidad de cambiar las fechas relacionadas con hechos históricos. → Leer más

Las aprobaciones a las gestiones presidenciales, al menos en Uruguay, responden a la foto de un momento específico. Luis Lacalle Pou atraviesa por el mínimo desde el inicio de su gestión y se ubicó en el 46 por ciento.
Cerca de cumplir un año y medio de su llegada al gobierno, el mandatario pasó de 55 por ciento a la medición actual. Las variaciones indican que el 19 por ciento de los consultados opina que su gestión es “muy buena”, el 27 por ciento define que es “buena”, la misma cifra “ni buena ni mala”, el 16 por ciento que es “mala” y para el 10 por ciento es “muy mala”.
En este caso particular, la gestión de la pandemia es el principal atributo positivo y la desaprobación está centrada en las decisiones socioeconómicas adoptadas por el equipo de gobierno. En este último aspecto negativo, las razones se basan en los salarios, empleo y tarifas públicas que también desencantaron al electorado multicolor, que pasó del 85 por ciento de respuesta positiva al 78 por ciento.
En tiempos de pandemia, no es difícil suponer que los mandatarios de la región atraviesan por el mismo escenario, a pesar de las diferencias ideológicas. En cualquier caso, es conveniente analizar la situación de otros mandatarios uruguayos con panoramas favorables en los aspectos económicos, social y sanitario a medida que transcurrían sus administraciones.
A comienzos de 2019 y cuando faltaba justo un año para dejar su cargo, Tabaré Vázquez transitaba ese año con una aprobación del 28 por ciento y la desaprobación de casi la mitad del electorado. Sin contar que en diciembre de 2018, una medición anterior ubicaba las simpatías del exlíder de la izquierda en 24 por ciento. Es decir, que por ese entonces, no lograba superar el 30 por ciento que había medido durante el año 2017.
La desaprobación bajaba al 47 por ciento, luego de ubicarse en 51 por ciento en diciembre de 2018. Y todo esto, sin olvidar que Vázquez había comenzado con una aprobación del 50 por ciento al iniciar su segundo mandato en 2015. Una cifra bastante alejada de aquel 80 por ciento que arrojaban las encuestas privadas al entregar su primer mandato en 2010.
Incluso otros candidatos que iban por la presidencia, como el entonces intendente de Montevideo Daniel Martínez, dejaba el gobierno departamental para dedicarse de lleno a la campaña electoral en 2019, con la aprobación del 46 por ciento.
Cuando el expresidente José Mujica cumplía cien días de su gobierno en 2010, tenía 74 por ciento de aprobación. Sin embargo, a mediados de 2011, la aprobación a su desempeño bajó al 30 por ciento. En los años siguientes, y con porcentajes variables, cerraba su gestión con el 63 por ciento a su favor.
Los cuestionamientos a los presidentes siempre atravesaron por la situación de la economía nacional, el crecimiento del país, el Producto Bruto Interno y el desempleo atado a la pobreza. Las diferentes oposiciones criticaban el exceso del gasto público, así como la actual rechaza lo que define como “recortes”.
Y mientras la ciudadanía continúa su reclamo por una real reforma del Estado, en las gestiones anteriores resaltaban el fracaso de hincarle el diente a un aspecto no resuelto. Era negativa, además, la opinión sobre la gestión de la seguridad ciudadana y así como hoy la oposición critica la alta movilidad de los ministros –cuatro cesados en sus cargos–, antes era cuestionada la inamovilidad de algunos a pesar de los escasos resultados.
Es, a estas alturas, anecdótico el reclamo por la renuncia del entonces ministro Eduardo Bonomi que atravesó dos gestiones completas y cumplió diez años al frente del Ministerio del Interior. Porque cuando más reclamaban su remoción, Vázquez más lo confirmaba.
En la actualidad, se puede apreciar que cuando la visión es negativa o está en entredicho una gestión ministerial a raíz de denuncias públicas, como ocurrió en los casos de Carlos Uriarte, Pablo Bartol o recientemente Germán Cardoso, los ministros son removidos sin mayores dilaciones. Incluso con la rapidez que tiene un anuncio por Twitter, tal como pasó con el exministro de Ganadería Agricultura y Pesca.
Las reformas impositivas –siempre antipáticas– fueron consideradas negativas en el primer gobierno progresista, tales como la implementación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que redujeron ingresos de trabajadores y pasivos. En este caso particular, el 65 por ciento de los consultados, manifestaba su inconformidad y opinaba que era un error de aquel gobierno, aunque la carga negativa fue en su totalidad orientada hacia el entonces ministro de Economía, Danilo Astori, quien posteriormente sería compañero de fórmula de Mujica.
Porque Vázquez tenía una fortaleza, y era la de cuidarse en las apariciones públicas y no hablar diariamente de todos los temas frente a los medios de comunicación.
Es importante destacar que durante el transcurso del segundo gobierno progresista, en América Latina tres mujeres gobernaban cerca de Uruguay. Michelle Bachelet, en Chile, tenía 36 por ciento de aprobación. Cristina Fernández, en Argentina, contaba con el 40 por ciento y la peor evaluada era Dilma Rousseff, en Brasil, con el 10 por ciento de aprobación de su gestión. Las tres, en diferentes dimensiones, eran golpeadas por denuncias de corrupción.
Hoy no es muy difícil ponerse a pensar que la contingencia sanitaria cambió la dimensión de la política, las necesidades de las personas y los planes de los gobiernos. Tampoco los plazos en la ejecución de las medidas y los consiguientes reclamos en una oposición que mantiene una labor muy intensa en los lugares donde adquiere mayor visibilidad y puede ejercer una mejor presión. Es decir, en los ámbitos parlamentarios.
No es habitual que las aprobaciones presidenciales se mantengan sin variaciones. Y mucho menos en tiempos de pandemia, donde ni los líderes mejores afianzados en las economías europeas, se mantienen atornillados en los primeros lugares de simpatía en la población. Porque en estos escenarios inciertos, nadie sabe dónde queda el piso.

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En las últimas horas Germán Cardoso presentó renuncia a su cargo como ministro de Turismo en medio de cuestionamientos por las compras directas por publicidad que hizo desde esa secretaría de Estado. La dimisión fue presentada luego que Martín Pérez Banchero (exdirector de Turismo que fue cesado por Cardoso) difundiera al semanario “Búsqueda” las compras directas antes mencionadas, por cifras millonarias. De acuerdo con lo informado por “La Diaria”, Pérez Banchero denunció presiones por parte del ministro Cardoso para que aceptara hacer compras con las que no estaba de acuerdo. Dichas compras fueron también observadas por el Tribunal de Cuentas, el Banco República y el ministerio de Economía y Finanzas. Según “Montevideo Portal”, “a modo de ejemplo, Pérez Banchero indicó que se opuso a una compra de U$S 800.000 en gastos de cartelería en vía pública a una sola empresa cuando –según los cálculos del exjerarca– durante los cinco años de la última administración del Frente Amplio se gastó en promedio U$S 200.000 repartidos en seis empresas diferentes”. Cardoso, por su parte, en declaraciones formuladas a “Búsqueda”, “defendió su gestión, negó que las compras de publicidad de la secretaría de Estado se hubiesen apartado de las normas y aseguró que es víctima de un ‘ataque político’ que proviene de la interna del Partido Colorado”. El portal argentino Infobae consignó que “tras la primera denuncia de Pérez Banchero, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, recibió en su despacho a Cardoso y quedó satisfecho con las explicaciones. Sin embargo, la publicación del semanario hizo que Lacalle Pou diera marcha atrás con el respaldo y anunciara que debía estudiar nuevamente la situación”.
El cambio operado en la titularidad de la cartera ministerial de Turismo se suma a otras que tuvieron lugar en el actual período de gobierno, tales como la de los también colorados Ernesto Talvi (Relaciones Exteriores) y Carlos Uriarte (Ganadería y Agricultura), así como también el nacionalista Pablo Bartol (Ministerio de Desarrollo Social) y la designación de Luis Alberto Heber (Ministerio del Interior) y de José Luis Falero (Transporte y Obras Públicas), en estos últimos dos casos como consecuencia del fallecimiento de Jorge Larrañaga. Sin lugar a dudas se trata de modificaciones que forman parte de la actividad política normal y de las potestades que la Constitución Nacional le otorga al Presidente de la República, pero ello no es un impedimento para que ameriten algunas reflexiones en el marco de un sistema democrático que, como el uruguayo, es reconocido a nivel internacional. A tales efectos, resulta importante recordar que, de acuerdo con el artículo 174 de la Constitución Nacional, el presidente de la República adjudicará los ministerios entre ciudadanos que, por contar con apoyo parlamentario, aseguren su permanencia en el cargo. La norma mencionada deja en claro que los ministros deben contar con el apoyo parlamentario invocado como condición política para su nombramiento y permanencia en el cargo, siendo esto último lo que se busca asegurar con tales requisitos: que la persona designada tenga un respaldo que haga viable y sustentable su desempeño al frente de la cartera que le ha sido confiada. Más allá de lo señalado, creemos que la salida de estos tres ministros colorados (o de alguno de ellos) habilita la formulación de algunas reflexiones.
Para el Partido Colorado, esta nueva dimisión significa un golpe a la credibilidad de una fuerza política que durante más de cien años ha estado fuertemente identificada con el ejercicio del gobierno pero que hoy deja en claro que algo está fallando a la hora de elegir a las personas que entiende más calificadas para ejercer los diversos cargos ministeriales que finalmente han quedado acéfalos por uno u otro motivo. Al fin y al cabo, se trata de trata de tres ministerios de suma importancia para la actividad económica del país ya que se relacionan con áreas vitales para la generación de divisas, como sucede con los productos agropecuarios y la actividad turística. Si a eso le sumamos que las relaciones exteriores constituyen uno de los pilares básicos de la actividad de cualquier Estado (junto con las desarrolladas por el Ministerio del Interior y el de Economía y Finanzas), queda claro que el Partido Colorado debe “ajustar la mira” a la hora de presentar sus candidatos ministeriales el Presidente de la República. La caída de votos que elección tras elección viene sufriendo este partido (y la falta de un liderazgo claro en el sector que fuera encabezado por Ernesto Talvi) pone un manto de dudas sobre el futuro electoral de esta colectividad política.
Por otra parte, en el caso de Cardoso las desprolijidades denunciadas son de tal magnitud que ameritan una investigación más profunda, porque más allá de la supuesta legalidad de sus acciones, los manejos que se exponen de millonarias sumas de dinero no han contado con la transparencia necesaria y saludable.
Para el Presidente Lacalle Pou, mientras tanto, la salida de todos los ministros renunciantes –y de Cardoso en particular– admite una doble lectura. En primer lugar, puede ser visto como un error de Lacalle Pou en la elección de las personas que han dejado su cargo, pero esta visión debe ser apreciada teniendo en cuenta que como lo establece el artículo 174 de la Constitución Nacional, los ministros deben contar con apoyo parlamentario, lo que de alguna manera deja al actual Presidente (y a cualquiera de ellos) con ciertas limitaciones ya que debe asegurarse los votos en el Parlamento Nacional que le permitan aprobar las leyes que cumplan con su programa de gobierno. En la misma situación se encontró el expresidente de la República Tabaré Vázquez cuando en el año 2005 designó como ministros a los referentes de los sectores más importantes del Frente Amplio (José Mujica, Marina Arismendi, José Díaz, Héctor Lescano, Rodolfo Nin Novoa, Mariano Arana) logrando así su apoyo en ambas cámaras legislativas. En segundo lugar, la actitud de Lacalle Pou puede ser apreciada como una actitud proactiva, de un presidente que toma las decisiones y resuelve las situaciones en forma rápida y “corta por lo sano”, evitándole males mayores al país y a la propia coalición de partidos en el poder.
El Frente Amplio, por su parte, no puede adjudicarse como un triunfo político la salida de los tres ministros colorados antes mencionados, máxime cuando en el caso del Ministro Cardoso fue producto de un enfrentamiento con el director de Turismo y la fuerza política de izquierda tampoco hizo uso del mecanismo previsto en el artículo 93 de la Constitución Nacional que habilita a la Cámara de Representantes para acusar ante la Cámara de Senadores a diversos jerarcas (incluyendo los Ministros de Estado), por violación de la Constitución u otros delitos graves, después de haber conocido sobre ellos a petición de parte o de algunos de sus miembros y declarado haber lugar a la formación de causa. Queda claro que más allá de la pirotecnia habitual que se despliega en los medios de prensa en estos casos, el Frente Amplio ha sido un simple espectador de un enfrentamiento entre dos sectores del Partido Colorado.
Parafraseando al cantautor argentino Alberto Cortéz, “Cuando un ministro se va / Queda un espacio vacío / Que sólo puede llenar / La llegada de otro ministro”. Al fin y al cabo, en cada uno de los ministerios las mujeres, los hombres (y los nombres) pasan y los problemas del país y las necesidades cotidianas de sus habitantes permanecen, porque ellos no conocen de suculentos sueldos ni de cómodos autos oficiales como sí lo hacen quienes ocupen cargos ministeriales, aunque finalmente deban renunciar a los mismos. → Leer más

La próxima celebración del ya tradicional evento de la Noche de la Nostalgia, este 24 de agosto, encuentra al Uruguay saliendo, por lo menos coyunturalmente, de la pandemia de COVID-19 en un contexto global de mejora del escenario que ha atenazado al mundo por más de un año y medio y devastado la economía, sobre todo con seria afectación de los sectores vinculados al turismo, pero también a espectáculos y eventos con aglomeraciones.

Es explicable por lo tanto que en la vuelta gradual a la “nueva” normalidad, este sector sea el último “beneficiario” de la apertura de actividades y por lo tanto –gracias a la vacunación masiva, que implica una barrera contra la difusión del virus– todo lo que se haga en esta materia deba ser cuidadosamente evaluado para no retroceder en la lucha contra la pandemia.

Hace unos días, ante la cercanía de la Noche de la Nostalgia y el sostenido descenso de casos de COVID-19, el Ministerio de Salud Pública (MSP) actualizó el protocolo de fiestas y eventos. El subsecretario de Salud, José Luis Satdjian, y el director general de la Salud, Miguel Asqueta, se reunieron con distintas organizaciones de eventos y fiestas –entre ellas la Asociación de Salones de Fiestas del Uruguay, la Cámara de Eventos del Uruguay, la Asociación de Servicios para Fiestas y Eventos del Uruguay– y al salir, Satdjian anunció lo acordado, que rige a partir del 23 de agosto y permanecerá vigente más allá de la Noche de la Nostalgia. “No rige ni corre para fiestas clandestinas”, aclaró.

Es así que se dispuso que el aforo de los eventos que incluyan exclusivamente a personas vacunadas podrán ser de hasta 360 concurrentes, entre otras consideraciones particulares de acuerdo a la capacidad.
A su vez la ventilación en los salones de fiesta es obligatoria y se recomienda el uso de medidores de dióxido de carbono en los espacios que tengan mayor concentración. Aclaró que eso no es obligatorio, pero sí que en donde se detecte una mayor concentración es requisito “que se pare la fiesta o se corte la música para ventilar”.

Entre otras medidas, se dispuso la duración máxima de las fiestas, según el protocolo de julio, era de cuatro horas, y ahora se extendió a cinco, pero además se ha dejado en manos de los centros coordinadores de emergencias departamentales (Cecoed) la instrumentación de los protocolos de acuerdo a la realidad de cada departamento.
No puede obviarse que por más protocolos que se siga, las fiestas con presencia de público, en el contexto en el que nos encontramos, sobre todo en Paysandú, son eventos de riesgo para la propagación del coronavirus, aunque en el caso del MSP, esta secretaría de Estado resolvió “extender la confianza a los organizadores” porque desde el 5 julio, cuando se volvió a permitir el desarrollo de fiestas y eventos en lugares habilitados, hasta ahora, “se ha demostrado que no ha habido brotes mayores en estas actividades”. “Las personas que vayan asumen ese riesgo personal”, recalcó.

Debido a que Paysandú es actualmente el departamento con más casos en relación a su población, para la Noche de la Nostalgia las autoridades departamentales han optado por la instrumentación de ajustados protocolos para incurrir en el riesgo de habilitar estas reuniones y, en el caso de las que habiliten bailes, por ejemplo, solamente podrán concurrir personas inmunizadas contra el COVID-19, es decir que cuenten con las dos dosis más 14 días posteriores a la administración de la segunda dosis, como eje central del intento de cubrir los mayores riesgos.
Asimismo, en caso de que no haya baile –que ha sido el aspecto distintivo desde la instrumentación de la Noche de la Nostalgia– pues el protocolo del Cecoed establece que no se exigirá vacunación, cada participante deberá registrarse y firmar una declaración jurada donde conste su estado de inmunización, para seguramente poder establecer un seguimiento en caso de que aparezca algún brote.

Asimismo, el otro punto clave tiene que ver con el establecimiento de aforos máximos de concurrencia para los locales, de acuerdo a su capacidad, así como una duración máxima del evento hasta las 4 de la mañana, contando en cada caso con la designación de un oficial de cumplimiento, un representante del Cecoed, que podrá ser un inspector municipal, personal policial o de prefectura.
El problema es que todos estos protocolos se ven muy bien en papel, pero en la práctica parecen más una excusa para justificar la vuelta a la normalidad “normal” que un verdadero cuidado a la salud pública. Para sincerarnos, es bien sabido que nada de lo que se estableció va a ser respetado a rajatabla, primero porque es imposible exigir a una masa de gente tan grande que no baile, no se cambie de mesa, que usen el tapabocas permanentemente, verificar que tengan las dos dosis de vacunas, y toda esa serie de procedimientos absurdos desde el punto de vista práctico. Pero además, ni la Policía ni la Intendencia tienen capacidad suficiente para controlar que se cumplan efectivamente.

Pero lo más grave de todo es que por salvar las apariencias de que “algo se hace”, seguramente ocurrirán dos cosas: por un lado, que arrecien las fiestas y reuniones mal llamadas clandestinas que nadie va a controlar y, por otro, que las redes sociales denuncien decenas de incumplimientos flagrantes que demuestran que todo es una farsa. De hecho esto último ya ocurre en Paysandú, aun sin “Noche de la Nostalgia” en cualquier fin de semana desde hace mucho tiempo, y la propia Policía ha indicado que no tiene las herramientas legales para impedirlo, por lo cual el mensaje ha sido claro: “el exhorto es para los que quieran respetarlo”. Lo malo es que para no quedar tan en evidencia, la autoridad va a tener que demostrar que actúa en casos de flagrante infracción al “protocolo”, y de seguro alguno se hará acreedor de la justa sanción y consecuente sentencia al cadalso virtual de las redes sociales.

Es evidente entonces que establecer protocolos imposibles de hacer respetar es la peor de las decisiones, porque dejará a la Policía y la Intendencia en una posición muy incómoda que indefectiblemente afectará su credibilidad y consecuente autoridad, que le será necesario restablecer si efectivamente surge un nuevo repunte pandémico que amerite medidas más duras.
Actualmente el 70% de la población tiene las dos dosis de vacunas requeridas más 14 días o más desde la segunda inoculación. Ese era el número mágico que prometían para lograr la “inmunidad de rebaño”, y efectivamente los casos se han reducido a menos de una decena diariamente. Por otra parte, los CTI están casi vacíos de casos COVID, cuando la gran preocupación al principio de la pandemia era que no darían abasto para atender los enfermos por coronavirus.

Lo más lógico entonces sería apelar a la responsabilidad de cada uno –que al fin y al cabo, es lo que ya sucede, con o sin “protocolo” oficial–, y dejarse de exhortaciones que sólo restan credibilidad en el sistema. El Estado ya ha hecho todo lo que se podía hacer: vacunar a todo aquel que quisiera y suministrar el respaldo de un buen sistema de Salud en caso de enfermedad. Un 30% de la población decidió no vacunarse y dejar su suerte en manos de la ruleta rusa del COVID-19, mientras que el otro 70% tiene la opción de cuidarse e incluso quedarse en su casa para evitar las aglomeraciones que seguramente se darán en las fiestas –ya sean legales o clandestinas–, sabiendo además que la vacuna no da inmunidad ni seguridad total contra la enfermedad, pero que está lo mejor protegido que se puede estar ante la eventualidad de un contagio.
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Mientras todavía se sigue esperando la dilucidación –que no pasará de asesoramiento y recomendaciones– del trabajo que encara la Comisión de Expertos en Seguridad Social designada por el Poder Ejecutivo para analizar la problemática en esta área, hay sectores que siguen aportando o por lo menos planteando sus inquietudes, en el entendido además, ya antes de contar con un resultado, de que no habrá soluciones mágicas ni nada que se le parezca.
Incluso hasta ahora no se ha llegado a consenso siquiera en el diagnóstico del sistema jubilatorio, y ello introduce una incógnita e incertidumbre respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo satisfactorio con cierto común denominador para estar mejor perfilados de cara a los desafíos que presenta el futuro a mediano y a largo plazo en este tema.
En este contexto, corresponde traer a colación las acciones que lleva adelante el denominado Movimiento en Defensa de la Seguridad Social –liderado notoriamente por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS)– cuyos integrantes se hicieron presente en las últimas horas en Paysandú a efectos de divulgar los alcances de su proyecto alternativo.
Por supuesto, hay diferencias en el abordaje desde la perspectiva, por lo menos, ya que por un lado estamos ante una comisión de expertos de varias disciplinas que trabaja en un diagnóstico y eventuales soluciones en este escenario, y por otro lado una mirada con notorio sesgo ideológico, que parte de un sindicato de trabajadores del sector involucrado y que por lo tanto defiende sus intereses, que son legítimos, pero que no necesariamente se asimilan al interés general, más allá del análisis de la propuesta en sí.
El grupo ha estado realizando un gira por el Interior, y de acuerdo a lo expresado por uno de sus voceros, la población y los legisladores no cuentan con la información necesaria para analizar el proyecto, y en este sentido “planteamos a los diputados en qué consiste nuestro proyecto y una de las devoluciones más importantes que nos llevamos es que no conocen sobre la temática. No hay información suficiente del proyecto y no están en condiciones de opinar, porque no conocen las intenciones de la reforma”.
Tras destacar que se sigue deliberando en la comisión integrada por el Poder Ejecutivo para poder llegar a un acuerdo, para que después se llegue a un decreto ley de reforma, indica que las diferencias tienen su principal razón en el tocar o no tocar la caja militar y la policial, donde se financian privilegios de sus afiliados, en tanto también el movimiento cuestiona la participación de las AFAP: “en estos días se han conocido documentos que apuntan a fortalecer ese pilar contributivo y no es para nada auspicioso el resultado que generaría para la clase trabajadora en función de la solidaridad que debe tener la seguridad social”, señalan.
Claro, cuando se pone el acento en la “clase trabajadora” para proponer un proyecto, por mejor intención que se tenga, ya se entra en un sesgo particular en una problemática que es mucho más vasta, por cuanto la seguridad social nos involucra a todos de una y otra forma, y se nutre además de los aportes de todo el tramado social, lo que implica obligaciones y derechos que deben compatibilizarse, más allá de “clases”, así como los conflictos y contradicciones que de una u otra forma se proyectan desde el sistema.
De ahí las grandes dificultades que implica el estudio para generar un proyecto que en mayor o menor medida atienda a todas las partes, y por supuesto, que resulte sostenible financieramente y no sea solo un sistema en teoría, plagado de buenas intenciones que no se pueden cumplir.
En su argumentación, también sostiene el Movimiento en Defensa de la Seguridad Social que las AFAP tienen “el lugar que condenó al BPS a la mayor desfinanciación, dándole a la seguridad social y al aporte de los trabajadores el lucro en el sistema. Un lugar privatizador que desfinancia aún más al BPS, que es un ente estatal”.
El punto es que las propuestas con este énfasis parte nada menos que de quienes trabajan en este último organismo, y consecuentemente defienden también su ámbito de trabajo, porque se sienten amenazados por la presencia de las AFAP, mientras que una reforma debe contemplar a todas las partes, por lo que lejos de tomarse un proyecto como tal, es pertinente que se pueda trabajar con algunos de los insumos y tenerlos en cuenta a la hora de las decisiones, las que corresponden al sistema político en su conjunto y no a un sector directamente involucrado, por más legítimas que sean sus aspiraciones, por lo menos en los papeles.
Debe tenerse presente que en el intento de hacer sustentable el esquema de seguridad social para los desafíos que implica en los próximos años el financiar el sistema con los recursos siempre escasos que se generan en nuestra economía, y en ello ha venido trabajando el equipo de técnicos interdisciplinario y de distintas ideologías en procura de llegar a una propuesta de reforma que concite el mayor respaldo posible.
En un principio la comisión abordó una fase de compilación de información para pasar luego al diagnóstico y propuestas con vistas a llevar adelante una reforma que permita por lo menos superar áreas críticas que de acuerdo a la tendencia irán acentuando su impacto con el paso de los años.
Ahora, en el punto de cómo encarar una eventual reforma aparecen las diferencias, de acuerdo a los intereses de sectores y miradas ideológicas –a veces hasta fundamentalistas– que impiden conciliar puntos de vista, lo que explica sucesivas prórrogas en el plazo de entrega del informe del grupo de trabajo.
Por cierto, hay todavía mucho para discutir y tratar de acordar, cuando no hay ningún partido ni sector que tenga por sí solo la varita mágica de las soluciones en el tema y mucho menos en el Uruguay, por lo que hay consenso en que las respuestas deben responder a un gran acuerdo entre partidos y las organizaciones que de una u otra manera están involucradas en el tema.
Y sobre todo, teniendo en cuenta nada menos que la edad de retiro, cuando Uruguay es el país más envejecido de América Latina, con 74 adultos mayores de 65 años cada cien menores de 15 años, que es como se analiza la tasa de envejecimiento, según los informes nacionales y de organismos internacionales que analizan la evolución de la pirámide poblacional, por lo que el desafío se potencia con el paso de los años, ante la tendencia demográfica. → Leer más

El componente tecnológico está cada vez más omnipresente en nuestras vidas, impactando hasta en los mínimos hábitos cotidianos. Nos comunicamos, informamos, abastecemos, consumimos y hasta realizamos actividades recreativas utilizando dispositivos digitales.
Se trata de un estilo de vida que tiene un impacto directo en la actividad empresarial y, por eso, no es disparatado pensar que, en la mayoría de los casos, el futuro de las pequeñas y medianas empresas uruguayas estará directamente relacionado con su capacidad de adaptarse a este proceso de transformación.
Las grandes empresas nacionales o internacionales ya lo han hecho y disponen de potentes plataformas de gestión de procesos, captación de clientes y ventas de productos y servicios en Internet.
Hoy en día es una parte de la actividad empresarial prácticamente imposible soslayar debido al alto nivel de digitalización de la vida de los propios consumidores. Pensemos por ejemplo, en nuestras propias prácticas cotidianas y cuántas veces recurrimos a buscar un producto en Internet, las plataformas de compra y venta como Amazon, MercadoPago o tantas otras, o buscamos en las redes sociales y sitios web de las empresas en lugar de llamar por teléfono, mirar vidrieras o ir hasta el comercio y preguntar.
En este contexto, podríamos preguntarnos qué tan bien posicionado está nuestro país en la economía digital. La respuesta es que desde el exterior se lo ve ubicado en una región económicamente atractiva y como uno de los países más confiables para hacer negocios. Por esta razón, muchas firmas internacionales de tecnología y compañías globales, lo eligen como base de sus oficinas centrales internacionales o regionales.
Entre las ventajas competitivas de Uruguay destacan el talento multilingüe y altamente calificado, su huso horario beneficioso a la hora de hacer negocios con los grandes mercados globales y la afinidad cultural. A éstas se suman su avanzada infraestructura en telecomunicaciones, una sociedad ampliamente digitalizada y excelentes beneficios fiscales e incentivos gubernamentales. Por ejemplo, de acuerdo con una de las empresas más grandes del mundo, Google, Uruguay es un “velocista digital” destacado en América Latina.
De acuerdo con el gigante de Internet, el país sobresale por sus políticas de conectividad, inclusión, acceso y educación. La compañía multinacional explicó sobre el país que “es una economía emergente con potencial para avanzar y acelerar su desarrollo económico de la mano de la digitalización”.
El gigante tecnológico estadounidense eligió en 2021 a Uruguay para mejorar desde allí sus operaciones hacia Sudamérica. Inicialmente adquirió un predio de 30 hectáreas en el Parque de las Ciencias, ubicado en el departamento de Canelones, a pocos minutos de Montevideo, con la finalidad de garantizar opciones para continuar expandiendo sus centros de datos.
Según un comunicado de Google esto fue un “hito importante” en el proceso de expansión de la compañía y “refuerza su compromiso con Uruguay y América Latina, así como el desarrollo del ecosistema tecnológico local”. Luego, anunció la construcción del cable submarino más extenso del mundo, que unirá Estados Unidos con, Punta del Este. Este nuevo proyecto, denominado Firmina, mejorará el acceso a los servicios de Google para los usuarios de América del Sur.
Por otra parte, Uruguay cuenta con muy buena reputación internacional habiendo presidido, por ejemplo, Grupo Digital 9 (D9), un espacio de trabajo de los países con gobiernos más digitalizados del mundo.
A diferencia de la mayoría de las economías de América Latina y el Caribe, que no se han sumado a tiempo a la revolución de las TIC y de Internet, perdiendo una oportunidad única de realizar grandes avances en materia de innovación y presentan distintos grados de retraso respecto a indicadores referidos a aspectos básicos como el acceso a banda ancha y la cantidad de computadoras entre la población, Uruguay se ubica a la cabeza y muy bien posicionado.
Trabajando fuertemente los conceptos de gobierno abierto y digital, nuestro país ha desarrollado una sólida infraestructura de banda ancha fija, en especial la fibra óptica, pero también ha mejorado la conectividad internacional y ha desarrollado una fuerte concepción administrativa relacionada con la Sociedad de la Información y la trasformación digital del Estado, el desarrollo de software de seguridad y el abatimiento de la brecha digital a nivel ciudadano.
Ahora bien, ¿qué pasa en Uruguay con la transformación digital de las PYMES? La verdad es que aunque Uruguay se ubica en la posición 26 entre 193 países en el Índice de gobierno digital de Naciones Unidas de 2020, “la situación de la transformación digital de las empresas uruguayas en comparación con sus pares de la región es mucho menos alentadora”, según lo expresado por un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Es un dato a tener muy en cuenta si consideramos que las micro, pequeñas y medianas empresas son el 99,5% de las empresas existentes y generan el 65% del empleo, según datos de la Agencia Nacional de Desarrollo, siendo además las que más problemas han tenido para encarrilarse en la denominada transformación digital.
Siendo un país en el que las pequeñas y medianas industrias tienen un peso tan grande en la actividad económica y el empleo, también debemos preparar el cambio hacia la transformación digital –que está muy lejos de consistir en hacer una página web y comprar un software- sino que involucra cuestiones mucho más complejas como modelos de negocios totalmente nuevos y diferentes, basados en la economía compartida, la desintermediación y la innovación abierta que quizá demanden nuevas regulaciones y políticas públicas.
Resulta bastante claro a estas alturas que la forma en que se gestione y apoye la transformación digital de las mipymes posiblemente sea determinante para su posibilidad de sobrevivencia, desarrollo futuro e impacto en el empleo local. Y que, por otra parte, el tema requiere de políticas públicas específicas para este importante sector de la economía nacional.
En este sentido, se ubica el reciente préstamo negociado por la Agencia Nacional de Desarrollo de nuestro país (ANDE) junto con el BID, que involucra una operación de préstamo de 15 millones de dólares para el Programa de Transformación Digital de mipymes, con el objetivo acompañar a las micro, pequeñas y medianas empresas en el proceso de digitalización.
Es un apoyo necesario que habrá que ver como se materializa en la práctica pero también es necesario pensar en programas a largo plazo que involucre la formación y la innovación. Porque así lo exigen los tiempos que vivimos y porque la transformación digital puede ser, según los expertos, una de las claves para lograr la recuperación económica tras el impacto de la pandemia. Queda mucho por hacer todavía.

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La pandemia de COVID-19, y el confinamiento general que ocasionó durante 2020, trajeron consigo muchos cambios, algunos de los cuales llegaron de paso y desaparecerán en la medida que las cosas vayan regresando a su curso, otros vinieron para quedarse, pero hay otros que ameritan que se discuta su permanencia, al menos como una opción. En específico nos referimos con esto a la posibilidad de cursar una carrera universitaria de modo remoto, a través de una plataforma digital, y más en específico queremos referir con esto a la Universidad de la República, UdelaR.

El tema lo viene poniendo en discusión un grupo de estudiantes a través de las redes sociales y han llegado en la última semana a presentar sus argumentos en medios de la capital del país. (Lo pueden ver en Facebook en el grupo Virtualidad+presencialidad=inclusión y en Twitter en @Virtualidad_e_Inclusión_UdelaR).
Hoy la UdelaR está en un semestre “de transición” entre la virtualidad y la presencialidad, según lo definió el rector, Rodrigo Arim, quien en una entrevista que se puede ver en el portal Telemundo descartó de plano la posibilidad de que el modo virtual o remoto pueda establecerse como una opción permanente, por más que reconoció que “la vida universitaria, a diferencia de lo que sucede en los liceos o las escuelas concentra estudiantes que provienen de todo el territorio nacional”, y que desde la misma casa de estudio “calculan que por la virtualidad unos 10.000 estudiantes que provienen de localidades del interior del país tomaron la decisión de no radicarse en Montevideo o de dejar de alquilar en la capital para volverse a sus casas”.

No es una cifra nada despreciable la de 10.000, que en realidad son solamente una parte de todos los estudiantes del Interior, ya que seguramente muchos han debido permanecer en Montevideo por razones laborales, o prefirieron hacerlo a pesar de tener que seguir sus clases a distancia (y aquí pueden aparecer múltiples razones sobre las que no viene al caso especular, pero se puede incluir en la lista temas como contratos de alquiler vigentes, garantías de conectividad, comodidades para estudiar, en fin).

Pero no solamente se trata de una inquietud de estudiantes del Interior, también hay entre quieres reclaman la posibilidad de cursar mediante modalidad virtual “montevideanos que trabajan o tienen personas a cargo y a personas privadas de libertad, quienes piden la virtualidad para seguir estudiando”, según publicó La Diaria, en su sección Educación, el pasado 7 de agosto. “Muchos de los testimonios corresponden a personas que cursaron alguna carrera años atrás, pero por dificultades para trasladarse o para cumplir con los horarios de las clases presenciales tuvieron que dejar de cursarla”, agrega el informe.
Entre los documentos que se han generado para difundir los argumentos a favor de una UdelaR con opción virtual, circulan cartas de apoyo, algunas con cientos de firmas, en las que aparece, además de la inquietud por el modo virtual, el reclamo de la posibilidad de acceder “en diferido” a los contenidos de la carrera, a las clases de los docentes, específicamente. También, por supuesto, hay entre los estudiantes quienes defienden a capa y espada la presencialidad y vienen reclamando un regreso inmediato a los salones.

Arim explicó que esta idea de un semestre de transición apunta a que no se pierdan esos 10.000 que hoy han vuelto a sus lugares de origen, pero no alentó la idea de tener en el futuro carreras virtuales. “Parte central de la vida universitaria es la construcción de comunidades, aprender a trabajar juntos, la creación de conocimiento y la investigación es un actividad social por excelencia”, por lo que “no podemos sacrificar calidad en estas circunstancias”, argumentó en la entrevista referida.

El prorrector de Enseñanza, entrevistado también para el informe de La Diaria, dijo que la UdelaR seguramente transite hacia un esquema de cursos teóricos masivos en plataformas virtuales, pero afirmó que hay actividades que no pueden trasladarse a la virtualidad, y citó como ejemplo las carreras del área Salud, que requieren de instancias prácticas. “La virtualidad vino para quedarse, pero en su justa medida”, afirmó. Argumentó que “la relación presencial entre profesor y estudiante tiene una riqueza antropológica que es insustituible”, por lo que “hay que permitir que esa riqueza sea real” aunque, “si tengo una clase presencial con 1.200 alumnos, la presencialidad no tiene sentido, no puedo tener esa relación porque no me voy a acordar ni de quiénes son y menos de cómo se llaman”.

Es evidente que nadie puede recibirse de doctor en Medicina sin tener la carga suficiente de aprendizaje práctico y lo mismo acontece con tantas otras carreras, eso no se puede discutir, ni es lo que está en discusión. Sin embargo no se puede dejar de considerar cuando menos atendible la posibilidad de habilitar esa modalidad para carreras que sí lo permiten, o incluso de concentrar en días puntuales las cargas de práctica, porque no es lo mismo viajar dos veces por mes a Montevideo (u otro centro universitario, Paysandú mismo) que irse a vivir a la capital.

Por otra parte hay que considerar el aviso que dio el director de la sede Paysandú del Cenur Litoral Norte, Líber Acosta, quien dijo que aunque la situación (de la pandemia) cambiase, no sería posible atender a la población estudiantil que tiene hoy la sede con clases presenciales (véase EL TELEGRAFO del 4 de mayo).
Así las cosas, durante el año pasado se dieron grandes y obligados pasos hacia el desarrollo de una educación virtual. Hoy, que la situación parece encaminarse hacia una normalidad más parecida a la antigua, no podemos darnos el lujo de perder eso que se logró, sobre todo porque muchos que encontraron puertas abiertas, ahora se encuentran con que se le cierran en la cara. → Leer más

Si bien la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto global, el escenario y sobre todo las consecuencias en cada región y país no han sido homogéneas, y sin dudas los que han salido mejor parados o mejor dicho, menos golpeados por esta situación han sido los países con espalda financiera, la mayoría europeos, además de Estados Unidos y Canadá, así como determinadas naciones asiáticas, con economías fuertes y desarrolladas.
Ello ha sido así porque de una forma u otra han evitado la caída abrupta del circuito, han dispuesto de dinero y reservas para subsidiar a trabajadores y empresas más golpeadas mientras ha durado la pandemia, lo que no ha ocurrido con naciones menos favorecidas, como Uruguay, que ingresó en la crisis cuando ya en 2019 veníamos hace años con fuerte déficit fiscal –de más del 5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI)– fuerte desempleo y caída de actividad.
Con la pandemia ahora en franco retroceso y de a poco llegando a la nueva normalidad –como se le quiere llamar– se puede pasar raya para determinar cómo le ha ido a cada sector en pandemia, tanto en nuestro país como en todo el mundo, y por cierto que ha habido ganadores y perdedores, con una suerte diversa pero en general con una problemática devastadora en aquellos sectores que dependen de concentraciones de público, eventos y transporte, como es el caso del turismo, por señalar el más notorio.
Pero también hay quienes salieron favorecidos, y en un esquema general podría decirse que los involucrados en las TI (Tecnologías de la Información), que hacen by pass a la presencialidad y la sustituyen, han resultado abanderados en los beneficios.
Un análisis de la consultora PWC, del que da cuenta el suplemento Economía y Mercado del diario El País, da una pauta de como se han comportado los respectivos sectores en este período de más de un año y medio en el que miles de empresas y millones de empleos quedaron por el camino, con un duro golpe a la economía mundial.
Los ganadores, según indica la consultora, se sitúan dentro de la telemedicina, la ciberseguridad dentro del sistema financiero y el de plataforma de pagos, vinculadas a la tecnología de la información. En este período de pandemia, desde el segundo trimestre de 2020 y hasta el primero de este año, los datos indican que han crecido el sector agroindustrial y la construcción, mientras que ha habido caídas moderadas en la industria, y pronunciados descensos en sectores como el comercio, restaurantes y hoteles.
Pero no ha sido todo lineal: en el caso del comercio, han tenido una gran dinámica las ventas online, las plataformas de pagos y emprendimientos facilitadores de pagos, con la salvedad de que en gran medida lo que ha hecho la pandemia es acelerar procesos que se venían dando desde hace tiempo, como ocurre con las transacciones en “plástico” o transferencias y bajo plataformas digitales, sin olvidar la logística a cargo de empresas distribuidoras que han crecido en equipamiento y empleos.
En cuanto a los canales de pago, si bien continúa siendo importante el canal presencial, ha sido notorio el dinamismo de los no presenciales, que comprenden tanto pagos por web como por teléfonos móviles, y el crecimiento se siguió dando durante la pandemia, potenciado por el incremento del comercio electrónico y la mayor confianza en la utilización de dispositivos.
La pandemia aceleró sin dudas el incremento de las transacciones online, y los avances en la logística y plataformas de pago facilitan y contribuyen a la seguridad estas transacciones, lo que explica además que se consolide la tendencia de que bancos y compañías de créditos estén desarrollando inversiones o alianzas para posicionarse en plataformas de pago de billetera digital.
Todo indica que en la nueva realidad los cambios tenderán a consolidarse y que tendrán mejor desempeño las economías que tengan ventajas en las Tecnologías de la Información y servicios conexos.
Pero no se trata solo del mundo inmerso en los cambios por la pandemia, sino que por ejemplo en lo que refiere a nuestro país el comportamiento de determinados sectores tradicionales que en todo tiempo nos han sacado de las crisis ha sido muy bueno en este período, como es el caso del agro, cuyos ciclos biológicos y desarrollo no conocen de pandemias, y ha sido un factor fundamental para más o menos mantener a flote la economía y poder partir de de un piso más alto hacia la reactivación económica.
En este sentido, un análisis de la consultora KPMG indica que gradualmente la reactivación económica ya se está dando fundamentalmente por el lado de la inversión y de las exportaciones. Considera que la agropecuaria y la construcción son claramente los sectores que más han contribuido a la reactivación, de acuerdo a los datos del PBI en el primer trimestre del año, mientras que el tercer sector que se perfila como tractor de crecimiento es el de la industria manufacturera.
El análisis se remite a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que da cuenta del crecimiento del Índice de Volumen Físico que supera en un 24 por ciento el mismo valor a un año antes, y se sitúa en términos similares en lo que va del año al período inmediato prepandemia, lo que habla por lo menos de una recuperación a valores previos, dejando de lado la acentuada caída del 2020, el año más crítico que vivimos en pandemia.
Ello quiere decir que lisa y llanamente, según analiza la consultora, el promedio de la industria manufacturera ha recuperado la pérdida del volumen de producción debido a la incidencia del COVID-19, aunque el comportamiento no ha sido homogéneo e indudablemente hay sectores que siguen atravesando un momento difícil, con caídas en la producción, y la demanda interna todavía no se ha actualizado plenamente, mientras el empleo tarda en recuperarse.
Sin dudas la gran apuesta en un país altamente dependiente como el Uruguay, sigue situándose en la exportación, y por este lado, llegan buenas noticias por lo menos en el contexto en que nos encontramos.
Es que la demanda externa extrarregional está mostrando un repunte significativo, sobre todo por el lado de China y Estados Unidos, a lo que se agrega un alza en los precios internacionales que mejora el perfil de la actividad exportadora, en especial para contribuir a salir de las dificultades coyunturales por la pandemia.
Mientras tanto, la recuperación de los empleos perdidos todavía genera incertidumbre y este es el gran desafío que se presenta en lo inmediato para consolidar la tendencia hacia la reversión de los parámetros negativos.
Pero todo esto para situarnos más o menos en niveles prepandemia, que no eran buenos ni mucho menos, lo que indica la magnitud del desafío que todavía mantiene tendiente el Uruguay, debido a los cambios estructurales y reformas que se necesita para ser más competitivos. → Leer más