Opinión

Pese a que históricamente desde la izquierda se ha tratado –y hay quienes lo han creído– de despegar las políticas macroeconómicas de la realidad social, apostando a políticas voluntaristas de distribuir dinero que no hay, para “solucionar” todos los males, la dura realidad indica que en economía todo tiene que ver con todo, y no hay mejora de calidad de vida que se pueda lograr si no se guarda un equilibrio entre ingresos y egresos para ponerse a cubierto de avatares, como ocurre en cualquier hogar.
Sobre todo tenemos el caso de América Latina, azotada durante décadas por el advenimiento de regímenes populistas con la mirada puesta en la revolución cubana y otros supuestos “paraísos” del socialismo real, donde sucesivos gobiernos han fracasado y empeorado la situación social por distribuir sin tener, y por lo tanto acumulando deudas y déficit fiscales y estructurales que han sido problemas mayúsculos, mucho peores que lo que se pretendía arreglar, desconociendo elementales leyes de la economía y con riqueza existente solo en los papeles.
Estas reflexiones encajan perfectamente en el escenario que plantea el Reporte de Economía y Desarrollo 2020 del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), del que da cuenta la agencia EFE, en el sentido de que el envejecimiento “generalizado, acelerado”, de la población latinoamericana tendrá una importante incidencia fiscal en la región.
Los datos indican que actualmente algo más del 8 por ciento de la población latinoamericana tiene 65 años o más, lo que implica un porcentaje muy por debajo del 18 por ciento de Europa. Sin embargo, se estima que esa proporción se habrá duplicado en 2050 hasta alcanzar el 17,5 por ciento y a finales del siglo superará el 30 por ciento.
El economista senior de CAF, Fernando Alvarez, evaluó que “actualmente los sistemas de pensiones muestran unos déficits cuyos promedios se encuentran en alrededor del 2 por ciento del PBI en los países de la región, y que se agravarán como resultado del proceso de envejecimiento”.
Por lo tanto uno de los grandes retos radica en que los pensionistas reciban “un ingreso mínimo suficiente” y sobre todo en lo que tiene que ver con la sostenibilidad financiera de los sistemas, en tanto que sobre el mismo tema el vicepresidente de Conocimiento de CAF, Pablo Sanguinetti, consideró que las reformas de las pensiones y sanitarias generan costos a corto plazo, pero “un gran beneficio a largo plazo y requieren amplios consensos políticos sostenidos en el tiempo para llevarlos a la práctica”.
Asimismo, estos sistemas requieren, en general, financiación pública adicional, ya que no pueden sostenerse solo con las contribuciones de empresas y trabajadores, sobre todo “cuando se requiere implementar y fortalecer las pensiones no contributivas”.
Debe tenerse presente que desde el organismo internacional se habla de América Latina como un todo, es decir promediando las situaciones que se da en la región, pero si nos centramos en la problemática en nuestro país, nos encontraremos con un panorama ya “adelantado” en el tiempo, si así se le pudiera llamar, porque el Uruguay tiene un envejecimiento poblacional muy acelerado respecto a los demás países de América Latina, y comparable a los índices de Europa, por lo que el problema ya lo tenemos instalado, solo que con mucho menos recursos que en el Viejo Mundo y por lo tanto con desafíos ya instalados para el futuro cercano.
También pone sobre el tapete las consecuencias de llevar adelante políticas que no tengan en cuenta el equilibrio fiscal, que no es un fin en sí mismo, sino un factor imprescindible de salud y señales que se dan desde el Estado hacia empresas y todos los ciudadanos. Es que al Estado lo sostenemos con nuestros aportes tributarios, pero para que los utilice criteriosamente en aras del bienestar general y no para vivir el momento, como ha sido la constante en los últimos años de bonanza económica tanto en Uruguay como en casi toda Latinoamérica, que terminaron con países acostumbrados a vivir como nuevos ricos pero sin los ingresos para sustentarlo.
Ello es consecuencia de políticas procíclicas, es decir cuando se va aumentando el gasto a medida que se van incrementando los ingresos estatales e incluso, como en el último período, endeudándose por encima de lo que se recibe y apostando a que los buenos tiempos por la receptividad en el exterior van a durar para siempre, sin tener en cuenta que en la economía siempre hay ciclos, y que es de buen administrador y un acto irrenunciable de responsabilidad el tener siempre herramientas para poder hacer frente a los tiempos difíciles, como se han venido dando a partir de 2014 en que comenzó a revertirse las condiciones favorables provenientes del exterior.
Ergo, es preciso contar con consenso político, por lo menos en las grandes líneas, para asumir –y actuar en consecuencia– de que el control del déficit fiscal es un factor decisivo para la sustentabilidad de toda política social, y ni que decir de los sistemas de seguridad social.
En el Uruguay, a partir de la instalación de la comisión técnica que se encarga de evaluar el tema, se confirma que hay mucho paño para cortar e ideas para evaluar, sin dudas, con aportes plurales para ponderar y tratar de coincidir en fórmulas que permitan llegar a la mayor base de apoyo posible. En lo que sí no debe recaerse, es en posturas populistas y demagógicas del estilo de que “al fin de cuentas el dinero va a salir de algún lado”, como se hacía otrora, pateando la pelota para adelante para que otros se hicieran cargo.
La idea central debe ser necesariamente la búsqueda de un consenso para no trasladar a ningún sector o partido el costo político de una reforma que seguramente no resultará simpática, porque de lo que se trata es de dar respuestas desde el punto de vista social con recursos cada vez más escasos, por centrar la discusión en sus aspectos centrales.
El punto es que no es posible pensar que recaiga solo sobre el Estado, sobre las finanzas públicas, sobre los tributos que vayan a pagar los futuros trabajadores, el lograr mejores beneficios. Todo apunta a que se incorporen esquemas complementarios de ahorro o colectivos, para que precisamente haya una distribución más criteriosa de los costos, sobre lo que será dificultoso encontrar consensos si se tiene en cuenta posturas ya expuestas por los directores sociales del BPS, que siguen insistiendo en un sistema exclusivamente de reparto intergeneracional como la panacea del sistema.
Pero como nadie tiene la solución ideal y ni siquiera hay un sistema paradigmático en el mundo para tenerlo de referencia, con todos los temas resueltos, habrá que ir despacito por las piedras, sin descartar ninguna alternativa, con la mente abierta, con las miradas puestas en el largo plazo y en la línea de que en lo posible siempre se compartan las responsabilidades por todo el espectro político. → Leer más

Cerca de la mitad de las derivaciones al INAU son a causa de la violencia familiar. El organismo estatal, junto a Unicef y Equipos Consultores efectuaron un relevamiento, que finalizó el año pasado, y arrojó resultados claves para comprender una problemática estructural.

De acuerdo a este estudio, las tres principales formas de violencia detectadas fueron negligencia, violencia física y sicológica, seguido por abuso sexual. Es decir que, en su mayoría, las situaciones de abandono intrafamiliar y la ausencia de cuidados específicos se igualan a otras situaciones de violencia. Sin embargo, existen dos aspectos no menores que se reiteran desde hace años en las causales de violencia y derivaciones, que son las dificultades económicas del entorno y la falta de una vivienda. Asimismo, un incremento progresivo de los problemas de adicciones, principalmente drogas y alcohol, de los adultos referentes y que terminan en las derivaciones de los menores de 6 años. En esta franja etaria, el 31% de los casos corresponde a esta causal.

Y si la mitad de los casos se refieren a situaciones de violencia comprobable sobre niños y adolescentes, se revela, entonces, una problemática con tendencia al crecimiento. Al igual que los casos de abusos sexual en las adolescentes, donde una de cada cinco fue víctima de este delito.
El tema central es que en la mayoría de los casos ambos padres biológicos de estos niños o adolescentes están vivos, pero un poco más de la cuarta parte de quienes están institucionalizados (27%) recibe visitas y el 39% no mantiene un vínculo.

El punto en cuestión es que si se abre un flanco para la desinternación de los menores por las autoridades, las puertas de sus referentes familiares no están abiertas ni son proclives a un recibimiento. Esta aspiración de las sucesivas autoridades no se aplica, en tanto del otro lado no hay respuestas y desde ese lado es que se explica el fracaso de los egresos.
La pandemia agudizó un problema ya existente. Hace unas semanas, el Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, dependiente del INAU, confirmó un crecimiento de 3% de estas situaciones contra los menores. Incluso más, porque los subregistros se presentan en estas situaciones de contingencia sanitaria.
En promedio, los técnicos del sistema atendieron 13 situaciones de violencia diaria, en las que –nuevamente– más de la mitad de los casos corresponden a menores de 13 años.

La amplia mayoría de los casos confirmados (91%) se dieron en el núcleo familiar y la figura masculina de la casa fue responsable de más de la mitad de las agresiones. Son casos de violencia recurrente y, con pandemia o sin ella, la violencia dentro de los hogares y sobre la infancia será un asunto que se prolongará en el tiempo y cada vez con mayor deterioro de los lazos.
El miedo por la figura que ejerce violencia, la desconfianza para relatar lo ocurrido ante otra persona y que se entere el agresor y ejerza aún una mayor violencia, son explicaciones básicas pero lógicas. Por lo tanto, pasa el tiempo y son años en la vida de una persona que afectará su desarrollo emocional y síquico. No es lo mismo actuar cuando el problema empieza, que ver las repercusiones a lo largo de los años, cuando ya es un adulto. Porque cuando la violencia es crónica, existen varios involucrados. Aquel que vio y calló, el que supone y no lo comenta, y la institucionalidad existente, que ha reconocido sus propias fallas para un abordaje y seguimiento de situaciones que se repetirán.

Las medidas de aislamiento sanitario, que en Uruguay fueron voluntarias, conspiraron contra el desarrollo normal de la vida de estos niños o adolescentes que no tuvieron asistencia presencial. En forma paralela, cambió las rutinas familiares y algunos de sus integrantes –principalmente mujeres– perdieron empleos o marcharon al seguro de paro. Las transformaciones de la vida cotidiana tuvieron efectos negativos en diversos aspectos, como el económico y social, pero fundamentalmente de convivencia interna.
La limitación en la socialización de todos los componentes repercutió en situaciones extremas, donde los más vulnerables –niños, adolescentes y ancianos– padecieron los embates del miedo sobre los conocidos. Si antes la inseguridad estaba afuera y se miraba las cifras de la delincuencia, ahora el problema estuvo puertas adentro y las caras no eran ajenas.
La virtualidad ayudó a una parte del problema pero recargó la tarea de otros, como el caso de aquellos referentes familiares que debieron cumplir con la tareas educativas o de cuidado continuo, cuando antes ese tiempo estaba a cargo de la escuela o el CAIF.

Porque la decisión de evitar la presencialidad para bajar la carga de contagios por COVID-19 fue igual para todos, pero no todos los afectados por la medida pudieron resolverlo de igual manera. No es lo mismo una familia que contiene y apoya, que otra disfuncional con tendencia al maltrato de sus integrantes.
La salud mental deberá contener un enfoque profundo antes de que finalice la pandemia. Ese velo por correr nos revelará cómo nos encontramos socialmente y explicará que el problema ya estaba instalado, que la profundización de las causales de violencia prevalecen en la infancia y que en tiempos del coronavirus escapan al control social.

Según el Instituto Nacional de Estadística, unas 100.000 personas cayeron en la pobreza durante el año pasado y de ese total, unos 35.000 son niños y adolescentes. Si a la vuelta de la pandemia no cambiamos la mirada y la volvemos más estructural, integral y profunda para minimizar su impacto, entonces siempre volveremos a hablar de lo mismo.
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Cuando el mundo enfrenta desde hace casi dos años, con altas y bajas, la pandemia de COVID-19, al altísimo costo en vidas se suma el arrastre de las consecuencias socioeconómicas, con sectores muy perjudicados –sobre todo los vinculados a la movilidad de personas– pero también con la cadena y efecto dominó de pérdidas de empleos y poder adquisitivo, como regla general.

Este efecto es aun más visible en la región de América Latina, y por supuesto, no escapa a esta regla Uruguay, con fuerte impacto en las fuentes de empleo y sobre todo en las pequeñas y medianas empresas (PYME), que son las mayores proveedoras de empleo en nuestro medio.

De acuerdo a sucesivos informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) precisamente las pequeñas y medianas empresas de la región han acusado el fuerte impacto de la pandemia, o mejor dicho de las medidas restrictivas y caída de la actividad económica inherente a la situación, lo que agrava el escenario crónico de fragilidad y vulnerabilidad de estos emprendimientos.

Así, un informe del organismo da cuenta de que “la presión experimentada por la institucionalidad pública para enfrentar la pandemia” de COVID-19 reveló con claridad “las fragilidades del sistema de fomento” de las pequeñas y medianas empresas pero al mismo tiempo estimuló la activación de “respuestas que de ser capitalizadas pueden resultar útiles para resolver viejas deudas” y “dar vida a nuevos programas o modalidades de operación más eficientes”.

Refiere la Cepal que hasta fines del año pasado se habían adoptado medidas de apoyo de diferente alcance, –orientadas principalmente al financiamiento– en Colombia, en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Costa Rica, Ecuador y México, como los países de mayor atención hacia el sector en la región.

En lo que tiene que ver con nuestro país, el organismo recoge la participación en el tema de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), que está jugando un rol fundamental como la agencia de las mipymes, con enfoque de articulación de programas concretos dirigidos a atender las debilidades empresariales en el país.
De acuerdo a lo expresado por los técnicos del ANDE, a los autores del último informe, con relación a las acciones de aporte hacia la construcción de estrategias de reactivación económica, la financiación de esta institución presenta desafíos presupuestales notorios.

La entidad considera que logró cumplir con el decreto que ordenó disminuir el 15 por ciento del gasto dispuesto para toda la administración central y en ese marco destacó que los programas se han mantenido pero se ha realizado una reasignación de fondos hacia los que se consideraron más relevantes.

En lo que hace a los recursos disponibles en el sistema financiero, evaluó que si bien se han relajado los criterios de acceso al crédito, aún es importante aumentar el nivel de formalización de las empresas, en tanto los créditos “fueron ajustados desde programas ya existentes y se ha ido evolucionando hasta la focalización de recursos en sectores que aún no han podido reactivar sus actividades, incluso en la gran empresa, pero a la vez se requiere fortalecer el trabajo en territorio para ampliar la implementación de estrategias locales”.

Por supuesto, en medio de la crisis generada por la pandemia y cuando recién se está reduciendo el número de casos y se mantiene el efecto de arrastre negativo sobre la economía, es difícil adoptar medidas que no solo permitan recomponer el dinamismo perdido en todo este período, sino dejar mejor perfilado el sector para liderar la reactivación económica, tras el desgaste de estos largos meses.

En este contexto, en cuanto a los cambios recientes en torno a la institucionalidad vinculada con el apoyo a las empresas de menor porte, la Cepal considera que el Sistema Nacional de Transformación Productiva y Productividad Transforma Uruguay, creado en 2017, estableció un plan nacional como un marco de proyectos de carácter transversal, enfocado en áreas de interés para el desarrollo productivo. Evaluó además que en el escenario actual de pandemia, la intervención de la ANDE y del Sistema Nacional de Garantías (SIGA), que administra esta agenda, fue clave para abordar las problemáticas que se derivan de la crisis sanitaria y afectan la actividad económica y productiva especialmente de las mipymes.

Si bien la ANDE ha concretado aportes no reembolsables e incorporado asimismo aportes de contrapartes, desde su inicio se considera que las medidas han resultado insuficientes para la dinámica que se procura generar en nuestro país en el ámbito de las PYME, y si ello ha sido insuficiente en épocas normales, mucho más lo es cuando la pandemia ha sido devastadora para la actividad en general de estos emprendimientos y las empresas en general, por encima de cuál sea su envergadura, y las consecuencias en el escenario socioeconómico de las medidas restrictivas por la pandemia.

En el caso de Uruguay, nos encontramos con que las PYME son las proveedoras de no menos del 80 por ciento de los empleos, y su precariedad acentuada en tiempos de pandemia son un factor clave para que se haya resentido la capacidad de captar y por lo menos mantener la fuerza laboral en el sector privado. Ya con serios problemas de formalidad para su desenvolvimiento, lo que repercute por lo tanto en la cobertura social y aportes a la seguridad social, como así también la inserción en el sistema, no es difícil inferir que las medidas restrictivas por la pandemia han resultado un impacto adicional en el sector y en la economía general, más allá de la sensible repercusión en el plano social.

Estas empresas deberían por lo tanto contar con poyo excepcional para insertarse dentro de las posibilidades en una economía deprimida, con caída del consumo y un consecuente empobrecimiento general que tendrá un impacto mayor en las pymes, prácticamente sin espalda financiera y sin colchón para hacer frente a la época de escasez, de depresión en las ventas y serias dificultades para mantener las fuentes de trabajo.

Con este escenario habrá que desenvolverse en la coyuntura, sin perder de vista que los problemas estructurales influyen negativamente, pero deberán postergarse por ahora en su abordaje, desde que la prioridad es apuntalar la incipiente recuperación que se espera se dé en los próximos meses cuando se consolide la alentadora cobertura a través de la vacunación, que permita recuperar cierta normalidad y apuntalar una reactivación, pese al arrastre negativo que se ha reflejado en una caída del PBI en el primer semestre del año. → Leer más

La importancia del cambio climático y su incidencia en el sector agropecuario requiere incorporar la dimensión climática de manera explícita, → Leer más

Resulta llamativo y hasta contradictorio que se esté promoviendo en el parlamento, a instancias del partido Cabildo Abierto, que integra la coalición de gobierno, una revisión de la Ley de Desarrollo Forestal –incorporando limitaciones a la forestación–, la cual ha sido una de las escasas normas asimiladas a políticas de Estado, y que ha sido incluso instrumento utilizado durante los tres gobiernos del Frente Amplio, partido que votara contra la ley cuando era oposición.
A juicio de observadores de la actividad parlamentaria, se trata de un proyecto polémico de esta administración y no hay una posición única definida en el Partido Nacional ni entre los sectores que conforman la coalición gubernamental. La iniciativa apunta a modificar el marco normativo que rige la forestación y establece determinados límites a las plantaciones en suelos de prioridad forestal.
El proyecto fue presentado por Cabildo Abierto a fines del año pasado y cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, que lo aprobó en diciembre y ha pasado por lo tanto a la Cámara de Senadores para completar el trámite parlamentario.
Sin embargo, en comisión de la Cámara Alta, el saliente ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos Uriarte, no dio prioridad al tratamiento del asunto, lo que provocó reacciones adversas en Cabildo Abierto, uno de cuyos senadores, Guillermo Domenech, subrayó que es de muchísima importancia: “dilatarlo es contraproducente, incluso para la imagen del sistema político, que parecerá que tuviera dificultades para pronunciarse sobre un tema que es importante y vital para el agro”, sostuvo.
El senador nacionalista Sebastián Da Silva no es tan entusiasta como su colega Domeneche, y dijo al respecto que “la forestación no es el inicio ni el fin de la actividad agropecuaria, y actualmente hay otros temas que también son urgentes”, mientras que su colega del Partido Nacional, Sergio Botana, por su lado evaluó que “no se puede tratar a la ligera un proyecto de ley que contiene el destino de la tierra en el Uruguay”.
Según destaca el semanario Búsqueda, la mayoría de los sectores políticos coinciden en la necesidad de actualizar la normativa legal sobre la forestación, considerando que hubo cambios y transformaciones importantes en el agro y en la economía uruguaya respecto a lo que sucedía en los años ‘90.
La ley que sentó las bases del desarrollo forestal es la 15.939, promulgada en 1987 durante el gobierno de Julio María Sanguinetti, pero fue instrumento de desarrollo del sector utilizada por todos los gobiernos desde entonces, tanto del Partido Nacional como del Frente Amplio, y ha logrado que se plantaran cientos de miles de hectáreas de eucaliptos y pinos y se instalen tres plantas de celulosa para exportación, entre otros emprendimientos que utilizan madera como materia prima.
El expresidente Sanguinetti precisamente ha indicado que el Partido Colorado aspira a que el proyecto de ley sobre forestación presentado por Cabildo Abierto ni siquiera sea tratado por la Comisión de Ganadería del Senado, donde espera turno desde el mes de febrero.
“Hemos impugnado el proyecto que está en el Senado. Aspiramos a que ni siquiera se trate y si se trata estaremos totalmente en contra. No debe haber ley”, dijo a El Observador Julio María Sanguinetti, en tanto que el actual presidente Luis Lacalle Pou ya había anunciado que en caso de ser aprobada vetaría la iniciativa.
Para Sanguinetti la forestación “es esencial para el desarrollo nacional” y “ha sido el cambio estructural más importante en la economía del país. Cambiar las reglas de juego hoy es comprometer una expansión que aún tiene enormes posibilidades que están creciendo”.
Aseguró además que avanzar con el proyecto presentado por Cabildo Abierto “es transformar una legislación de estímulo en una legislación de sospecha”.
Precisamente el partido que lidera Guido Manini Ríos también ha planteado revisar las exoneraciones que benefician al sector forestal, al punto de tratar de equipararlo con el resto del sector agropecuario.
Sin dudas que estamos ante una problemática que tiene muchas puntas y que en este caso implica la revisión de leyes de juego que han alentado y logrado el desarrollo del sector forestal, además de emprendimientos como las plantas de celulosa que se han constituido a esta altura en uno de los pilares de exportación en el área agropecuaria. Basta recorrer el interior del país para comprobar los efectos beneficiosos y el derrame de este rubro en la economía nacional, donde se puede viajar por carreteras en un estado inimaginable hace tan solo 10 o 15 años, cuando ni siquiera las principales rutas del país se encontraban tan bien como algunas de las secundarias de ahora, por ejemplo. De hecho, si la Uruguay tiene posibilidades de salir no tan mal parado de la crisis por la pandemia del coronavirus, en gran medida es gracias a la forestación y las papeleras.
La experiencia indica que no es buena señal para potenciales inversores el cambiar sobre la marcha reglas de juego que han funcionado y traído aparejadas fuertes inversiones, con explotaciones de largo plazo, menos aún cuando las motivaciones para esta iniciativa de la revisión aparecen con un fuerte sesgo supuestamente ambientalista, pero deja dudas en cuanto a su equilibrio y objetivos.
En suma, se requiere hilar muy fino cuando de lo que se trata es de tocar aquello que ha funcionado, y en cambio aparece como sustancial abordar sí aspectos que tiendan a dotar de valor agregado a la madera dentro de fronteras, que es uno de los déficit que aqueja a este sector.
Pero este aspecto queda de lado en la normativa que se propone para el sector forestal, el que en volumen y valores ha tenido un gran crecimiento en los últimos años, al punto que tiene un peso actual de alrededor del 3 por ciento en el Producto Bruto Interno (PBI) y da trabajo a más de 17.000 personas en forma directa.
En realidad, si bien las normas inherentes a la forestación podrían ser objeto de revisión y actualización, todo indica que el objetivo prioritario en los legisladores debería ser el de aguzar el ingenio para promover emprendimientos que incorporen valor agregado a la madera, en lugar de hacer hincapié solo en la afectación de la tierra y el aspecto tributario, porque lo que se requiere son más fuentes de empleo de calidad y reciclaje de riqueza, antes que buscarle la quinta pata al gato. → Leer más

El 1º de julio de 1910, hace hoy 111 años, salía a la calle el primer ejemplar de EL TELEGRAFO, en una época pletórica de desafíos, que sin embargo solo fueran aliciente para el entusiasmo de una generación de soñadores con la pluma como instrumento para promover el desarrollo del solar y ser portavoz de sus inquietudes, sus esperanzas y necesidades, pero con la decisión de llegar a realizaciones y recoger el sentir de los sanduceros en los albores del Siglo XX.
Fue fruto de la decisión de Miguel A. Baccaro y Angel Carotini el lanzarse a la aventura de contar con un medio para hacer de su pluma un instrumento de lucha por ideales que incluso a más de un siglo siguen vigentes, pese a que en la sociedad hay valores que han cambiado y no necesariamente para bien.
Recién asomaba por lo tanto el nuevo siglo, que fue de grandes transformaciones para la humanidad, y que en nuestro caso nos tuvo como motores y a veces protagonistas de acontecimientos de gran repercusión, y no solo local.

Aquel primer ejemplar apareció en un Paysandú “adolescente”, pero que estuvo desde siempre asomado al río, vía de llegada y salida de la riqueza que se generaba y reciclaba en este lugar.

Sin dudas que el tiempo ha dado la razón con creces a los visionarios que en aquel entonces buscaron su lugar en la lucha por un Paysandú mejor, por su gente, por el desarrollo de emprendimientos que generaran empleo para los sanduceros, pero a la vez para trascender las inquietudes lugareñas hacia una región pujante y de gran proyección por su ubicación estratégica, lo que fue confirmado con el paso de las décadas.

Claro que los tiempos eran muy distintos, había grandes diferencias entre aquel mundo y el de hoy, con un diario que se armaba completamente a mano y salía a conquistar lectores basado solo en la calidad, agudeza y veracidad de su contenido, lo que contribuyó construir una trayectoria respaldada a lo largo de las décadas por los sanduceros que se sintieron representados y se encolumnaron detrás de nuestro diario.

Fueron tiempos turbulentos, signados por avatares y obstáculos que se fueron sorteando, pero también en los que se fueron construyendo los pilares del desarrollo, pese a que hubo diferencias entre orientales que llevaron a guerras fratricidas, con el aporte de nuestro granito de arena a la libertad de expresión en aras de construir la tolerancia y la paz que permitiera asomar al mundo civilizado de aquel entonces.

En este más de un siglo hemos tenido incluso dos guerras mundiales, seguidas al detalle por la población a partir de las páginas de EL TELEGRAFO, como así también la satisfacción y la alegría de anunciar los acuerdos de paz, mientras siguieron llegando a estos lares olas migratorias desde diversos orígenes que se integraron al trabajo, materia prima del crisol de razas, de religiones, de culturas, que en las sucesivas generaciones fueron construyendo el ser sanducero. Contribuyeron a generar el nunca desmerecido espíritu de Paysandú, que hemos tratado de mantener en alto través de nuestra prédica.

Transitando este sendero hemos participado activamente, pecando de inmodestos, en el impulso y florecimiento del Paysandú industrial que se consolidara en la década de 1940 y que se proyectó pujante hacia la segunda mitad del Siglo XX. Época de oro, por cierto, en la que el trabajo del terruño se tradujo en la creación de más fuentes de empleo y la industrialización de materia prima de la zona, en emprendimientos a tono con los tiempos.

Esta pujanza económica a la vez impulsó el florecimiento en obras de construcción, la mejora de calidad de vida, en las letras, en las artes, en las artesanías, que han signado el patrimonio histórico sanducero. Pero a la vez, generando vitalidad en una comunidad que nunca se ha resignado a vivir solo mirando el pasado, por venturoso que fuere, sino forjando su presente y actuando con visión de futuro.

En esta sumatoria de voluntades, haciendo honor al legado del pasado, Paysandú ha contado con el aporte de prohombres que fueron pioneros y que hoy son ejemplo para nuestra comunidad, pero incluso con muchos de sus descendientes actuando en diferentes lugares, embarcados en emprendimientos que si bien no son de la magnitud ni de las características de los de otras épocas, hacen su aporte, como el de miles de sanduceros que diariamente aportan su fuerzo como parte de una comunidad que conserva muchos puntos en común con la de aquella época de oro.

Aunque es un razonamiento muy extendido el dar por un hecho que todo tiempo pasado fue mejor, y así se ha repetido en las sucesivas generaciones, estamos ante apreciaciones subjetivas que son generalmente producto de una valoración personal nostalgiosa las más de las veces, asimilada a sensaciones de días de juventud y con miradas que a veces han quedado refugiadas en un pasado al que se añora y al que no nos resignamos a dejar atrás.

Esta concepción es muy válida para el ser humano, con su mirada personal y emotiva, pero se da de bruces con la realidad histórica de la búsqueda constante del avance y el desarrollo en todos los órdenes de la vida. Es que ni ayer ni hoy las cosas han sido fáciles, y en todos los tiempos han habido cosas mejores y peores, solo que estancarse siempre ha significado retroceder.

Desde su nacimiento, EL TELEGRAFO ha pretendido atenerse a esta última premisa, y es así que hemos avanzado gradualmente desde los años en que todo el proceso en nuestros talleres se hacía en base a plomo fundido, hasta incorporar una moderna planta de impresión como pieza final de un proceso que actualmente es totalmente informatizado, al tiempo que en Internet somos el medio líder del Intterior, pero siempre con el ejercicio del periodismo y el servicio a la comunidad como eje motor de nuestras acciones y desvelos en el diario contacto con nuestros lectores.

Mantener esta línea de acción a lo largo de 111 años de existencia no es poca cosa, pero sin dudas esta celebración más que centenaria solo ha sido posible por el respaldo de nuestros consecuentes lectores, los que nos han acompañado generación tras generación y nos han alentado a seguir adelante.
Son el pilar en que nos apoyamos para seguir en el rumbo que nos hemos trazado. A ellos, a todos los sanduceros, nuestro afectuoso reconocimiento en este festejo tan especial. → Leer más

Ha ocurrido varias veces y conviene hacer un llamado de atención al respecto. Tal vez la ocasión más reciente haya sido durante la visita que la semana pasada realizó el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, a quien el intendente departamental, Nicolás Olivera, recibió en su despacho y luego acompañó a una visita al humedal de La Curtiembre. Allí, al atender ambos a los medios de prensa Olivera dijo estar recibiendo “primero que nada a un amigo y también subsecretario de Ambiente”. No es que esté mal que el intendente y un subsecretario sean amigos, de hecho comparten partido político y coincidieron en la cámara de Diputados durante el período en el que Olivera fue representante nacional por nuestro departamento. Lo que sí, en cambio, debiera omitir es ese “primero que nada”, porque en realidad, ese “primero que nada”, para ambos, debería de ser el rol institucional que ejercen.
Y no es que se trate meramente de un asunto de terminología, porque además no es la primera vez que este término, “amigo”, lo escuchamos de boca de algún integrante del gobierno (y no solo del actual) al aludir a otro dirigente o miembro del gobierno, o a una persona con la que se ha relacionado.
Tal vez el episodio más sonado ha sido el que protagonizara el ministro de Turismo, Germán Cardoso, a quien se escuchó en una grabación telefónica obtenida durante una investigación a un jerarca de la Policía de Maldonado, imputado de diferentes delitos.
Un artículo del diario El País sobre esta investigación y de qué manera se relaciona con ella el ministro, señalaba que “existieron gestiones (por parte del policía) realizadas para terceras personas”, dijo Vaz en la audiencia, y agregó: “En efecto, hay gestiones que le solicita el señor Germán Cardoso, actual ministro de Turismo”. Ambos, agregó, “tenían un diálogo fluido y un vínculo de amistad. En ese contexto el representante del ministerio público detalló las llamadas que existieron entre Cardoso y el efectivo imputado”.
Ahí aparece el vínculo de amistad entre dos autoridades abriendo la puerta para que las relaciones institucionales se salteen los caminos regulares. La nota enumera varias comunicaciones entre el ministro y el funcionario. Una de ellas, por citar un ejemplo, fue una comunicación del 1º de diciembre de 2020, a la hora 16:25 en la que “Cardoso llamó al policía y le dijo que su madre había sido víctima del ‘cuento del tío’. El ministro le pidió entonces al jerarca el número de teléfono desde donde el estafador se había comunicado con su madre”.
El ministro en este caso, como en varios de los de la serie que aparece en la publicación, no actúa en función de un interés institucional, sino como un ciudadano común que le pide un favor a un amigo. Lo que no está bien es que ese vinculo amistoso se quiera emplear como justificativo. Abrir esa puerta es muy peligroso.
Pero el ministro Cardoso también ha tomado decisiones controvertidas en el ejercicio de su investidura ministerial en las que este factor del vínculo amistoso está por lo menos en condición de ser mencionado como un posible justificativo: sin ir más lejos, el traslado de la lancha Pájaros Pintados I, que se encontraba en Nuevo Berlín y que se destinó a La Charqueada, en el departamento de Treinta y Tres, un departamento en el que Cardoso tiene vínculos familiares. Su suegro, diputado por ese departamento, es además abuelo de un edil del Partido Nacional, hijo del hoy intendente olimareño.
Recordemos que cuando Cardoso fue personalmente a hacer acto de entrega de la embarcación en ese nuevo destino, afirmó que esta llevaba dos años abandonada en un galpón. De esta forma mintió groseramente para justificar la decisión del traslado de una lancha, ignorando un ofrecimiento de la Intendencia de Río Negro y del Municipio de Nuevo Berlín de subsidiar los costos fijos anuales de esa embarcación como forma de apoyar la actividad turística en tiempos de pandemia.
En esa oportunidad el ministro anunció además una serie de inversiones previstas en materia turística en ese departamento y en la zona, mientras, al mismo tiempo, se desactivaba el Corredor Pájaros Pintados y todo el trabajo que se había realizado organizando a los actores turísticos en el territorio, para volver a impulsar desde la cartera la marca “Destino Termas”, decisión con la que los principales beneficiados fueron los grandes hoteles de Salto, a quienes más de una vez el subsecretario de Turismo ha referido como “amigos”, un término muy suyo, por otra parte.
Lógicamente, tal vez se trata nada más que de coincidencias y estas decisiones tienen detrás una fundamentación política y técnica que las respalde. Siempre la hay. No obstante, en La Charqueada ya existía una lancha turística que no estaba navegando, por las mismas razones por las que no lo hacía la de Nuevo Berlín. Ahora hay dos y en Nuevo Berlín, ninguna.
En suma, no está mal de por sí que dos personas públicas, dirigentes políticos, sean amigos entre sí, y que después de las formalidades se reúnan a comer, a tomar algo o ver un partido.
De lo que hay que cuidarse y estar atentos es a que estas relaciones no determinen de alguna manera la toma de decisiones en el ejercicio del cargo para el que se les designó. → Leer más

En el marco de las graves consecuencias de la pandemia de COVID-19 a nivel global, desde el punto de vista socioeconómico, sin dudas una de las regiones más golpeadas es América Latina, que agrega además a sus crónicas carencias, dificultades adicionales durante y sobre todo una vez se supere el flagelo sanitario.
Una de las áreas que se perfila como una de las más problemáticas en esta coyuntura y también en la proyección en el futuro inmediato es la de la educación, aspecto este que precisamente es motivo de análisis en una columna de The New York Times, que indica que América Latina enfrenta una crisis de educación pandémica, al punto que mientras las economías se tambalean y millones de niños y jóvenes están fuera de las aulas, los expertos advierten que los estudiantes latinoamericanos están abandonando las escuelas en cifras alarmantes.

Es que ya avanzado el segundo año de la pandemia, América Latina enfrenta una crisis educativa, uno de cuyos elementos más salientes es que ha sufrido el cierre de escuelas más largo de cualquier región del mundo, según Unicef, de casi 16 meses en algunas zonas.
Mientras muchos estudiantes de los países más desarrollados y economías prósperas han regresado a las aulas, unos 100 millones de niños de América Latina siguen estudiando total o parcialmente a distancia, o directamente no lo hacen.

En este contexto, evalúa el articulista que los funcionarios y expertos en educación indican que las consecuencias son alarmantes: con las economías de la región afectadas por la pandemia y las conexiones con las aulas tan desgastadas, los niños de primaria y secundaria están abandonando la escuela en gran número, a veces para trabajar donde puedan.
Según estimaciones del Banco Mundial, es posible que millones de niños en América Latina ya hayan abandonado el sistema escolar. En México, 1,8 millones de niños y jóvenes no retomaron sus estudios este año, lo que equivale a cerca del cinco por ciento de la población en edad escolar, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del país.
Otro país afectado, Ecuador, estimativamente perdió 90.000 alumnos de primaria y secundaria, en tanto en Perú se indica que ahora hay 170.000 menos, pero todo indica que las pérdidas reales sean mucho mayores porque innumerables niños, siguen técnicamente matriculados, pero tienen dificultades para continuar sus estudios.
Paralelamente, más de cinco millones de niños en Brasil no han tenido acceso a la educación durante la pandemia, un nivel no visto en más de 20 años, dice Unicef.

Agregamos de nuestra parte a este análisis que en Argentina, sobre todo por decisión de los gremios que se acoplaron entusiastamente a la cuarentena más larga del mundo dispuesta por el presidente Alberto Fernández –que ni por asomo pudo evitar la extensión de la pandemia y los consecuentes números de casos y muertes–, no ha habido clases presenciales, y la cobertura para las dictadas a distancia ha sido mínima por falta de recursos tanto de las familias destinatarias como del sistema educativo.
Incluso, para tratar de compensar este déficit en educación, la idea es que no haya repetición y se siga avanzando en los grados, lo que lisa y llanamente significa trasladar los problemas para el futuro inmediato, porque esos niños y adolescentes seguirán “escalando” a dedo sin los conocimientos necesarios ni capacidad de adaptación y más temprano que tarde el problema explotará, con serias consecuencias.

En nuestro país, con altibajos de acuerdo a las condiciones entre las que ha variado la magnitud de los contagios, se ha oscilado entre cierres y aperturas en los centros estudiantiles, con clases presenciales y virtuales, pero en el marco de un escenario irregular y en el que sin dudas habrá problemas adicionales de rendimiento en los estudios, que se suman al déficit en este aspecto que se arrastra desde hace varios años.
Esta evaluación coyuntural se da igualmente en un contexto en que ha habido luces y sombras entre el acceso a la educación y los resultados en el rendimiento y el conocimiento de los estudiantes del subcontinente.
Según los columnistas del New York Times, el aumento del acceso a la educación ha sido uno de los grandes logros del último medio siglo en América Latina, con un incremento de la matriculación de niñas, estudiantes pobres y miembros de las minorías étnicas y raciales en varios países.

Pero ahora, una avalancha de abandonos escolares amenaza con hacer retroceder años de progreso duramente conseguido, agudizando la desigualdad y posiblemente condicionando a la región para las próximas décadas.
Este escenario, para Emanuela Di Gropello, del Banco Mundial, configura “una crisis generacional”, e instó a los gobiernos a reincorporar a los niños a las aulas lo antes posible. “No hay tiempo que perder”, sostuvo.
La región, con menos del diez por ciento de la población mundial, representa casi un tercio del total de muertes registradas por COVID-19, según un análisis de The New York Times. Y con las tasas de vacunación todavía bajas en muchos países –en parte porque las naciones ricas reservaron primero las vacunas para sus propios ciudadanos; en otros casos, por el pésimo manejo de las negociaciones o por aspectos ideológicos, como en Argentina– el virus sigue devastando la región.

El punto es que, a menos que los confinamientos terminen y los estudiantes vuelvan pronto a las aulas, “muchos niños nunca regresarán”, advierte el Banco Mundial. “Incluso aquellos que regresen habrán perdido meses o incluso años de educación”. Algunos analistas temen que la región pueda registrar a una generación de niños perdidos, no muy diferente a los lugares que sufren años de guerra.
Es que precisamente los expertos coinciden en que no se conocerá el costo educativo total de la pandemia hasta que los gobiernos hagan que los niños regresen a las escuelas. Di Gropello, del Banco Mundial, dijo que temía que muchos niños, especialmente los más pobres que no tienen computadoras ni conexión a internet, abandonaran sus estudios cuando se dieran cuenta de lo atrasados que estaban.
Ello da la pauta de que los costos educativos y socioeconómicos de la pandemia serán mucho mayores al que pueda pensarse en primera instancia, porque más allá de las consecuencias económicas que ya se están padeciendo, cada país y la región en su conjunto, con el apoyo de organismos internacionales, deben ir pensando cómo se trabajará lo antes posible para revertir este rezago adicional que se agrega a los problemas estructurales exacerbados por la crisis sanitaria.

En todo caso, lo que sí es seguro, es que aún cuando la pandemia haya sido superada y quedado tan solo como un amargo recuerdo en la memoria colectiva, seguirá impactando en el mediano y largo plazo con efectos inimaginables, cuando la generación perdida de la educación actual tenga que insertarse en la vida laboral, sin las herramientas necesarias adquiridas por falta de preparación y conocimientos. → Leer más

En marzo de 2020, cuando transcurrían los primeros días luego de la declaración de emergencia sanitaria por COVID-19, al poco tiempo de la asunción del nuevo gobierno, sorprendía a algunos integrantes del Poder Ejecutivo las cifras elevadas de trabajadores informales existentes en Uruguay.
Sin embargo, alcanzaba nada más con transitar las calles en el Interior del país y mirar los números publicados por el Instituto Nacional de Estadística, para saber que había 24,8% de trabajadores en negro ya a fines de 2018. Es decir, las cifras corresponden al panorama laboral anterior a la pandemia. Por lo tanto, la sorpresa de entonces habla mucho más de la clase política en general, que de aquellos que estaban ocupados en vender una imagen positiva con un desempleo menor a dos dígitos y una coyuntura económica prácticamente envidiable. Porque a pesar del récord de personas registradas en el Banco de Previsión Social, había y habrá un núcleo duro que continúa bajo ese guarismo.

La red de protección social en Uruguay tiene una elevada cobertura en comparación con otros países del continente latinoamericano, donde sus economías se caracterizan por sostener elevados niveles de informalidad.
Con la llegada de la COVID-19, hubo que integrar a nuevas figuras dentro de esa red de protección y proteger a los hogares vulnerables, fundamentalmente aquellos donde residen niños y adolescentes.
En este caso, como en otras circunstancias sociales apremiantes, hace falta una mirada global para saber dónde y cómo estamos parados. En el mundo, hay más de 2.000 millones de trabajadores empleados en economías informales y en Latinoamérica hay países con cifras por encima del 80%. Es el caso de Bolivia, que de acuerdo a las tasas manejadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con cifras correspondientes al año pasado, se ubicaba en torno al 84,9%, seguido por Guatemala con el 79%.

En otros siete la informalidad corresponde a más de la mitad de la fuerza laboral del país y en Argentina, llega al 50%. Con índices menores se encuentran Chile y Uruguay, donde la cuarta parte de los trabajadores se desempeñan en el ámbito informal.
Impactan las cifras por sí mismas, pero el análisis no deberá apartarse de la realidad política que atravesó a cada nación, donde en las últimas décadas se instalaron gobiernos de variadas ideologías. En cualquier caso, los niveles de aportes tampoco resultaron accesibles para aquellos trabajadores que optaron por continuar en la informalidad ante los costos que deben enfrentar y, sin dudas, las responsabilidades familiares.
Sin embargo, la pandemia demostró que el trabajo dentro de la formalidad tiene mayores ventajas y perspectivas, a raíz de los elevados niveles de envíos al seguro de paro o subsidios por enfermedad que pagó y, aún paga, el sistema de seguridad social uruguayo.
Si hace falta un cambio de mentalidad, es necesario comprender que no ocurre rápidamente y eso es notorio en algunos núcleos duros que debieron atenderse a través de subsidios del Estado. Porque lo que antes no se atendía, debió enfrentarse en medio de una pandemia y con miles de casos que se sumaron conforme pasaban los meses.
Y porque el deterioro del panorama laboral también complicó la calidad de los aportes y, principalmente, las contribuciones de los trabajadores a esa seguridad social que hoy mismo se encuentra en medio de una discusión ante una inminente reforma.
El mayor deterioro afectó a las mujeres e incrementó las brechas de participación y, claramente, de índices de pobreza, particularmente en aquellos hogares monoparentales. Son todas situaciones que verán afectadas sus vidas en un futuro, ante la posibilidad de acceder a jubilaciones o pensiones.
Serán situaciones, a todas luces desgastantes, que tendrán consecuencias diversas y prolongadas en el tiempo. Porque las inequidades persistirán y la automatización en diversas áreas de la producción conspirará contra la creación de fuentes de empleo y los aportes a la seguridad social. Este ritmo, acelerado e inevitable, ya se nota en variados rubros de la economía y modifican las estructuras del trabajo en Uruguay.

Incluso el teletrabajo marcó distancias, con una mayor incidencia en Montevideo comparado con el Interior, en el ámbito público con relación a los privados y de mayores niveles educativos en contraposición a menor educación. Por lo tanto, la pandemia también dejó en evidencia los impactos asimétricos y las inequidades que ya estaban instaladas en la sociedad.
Porque el mercado laboral presentaba deterioros cinco años antes del año de la pandemia, con la pérdida de más de 50.000 empleos. Una cifra similar a los puestos cotizantes perdidos en el último año. Entre Montevideo y el resto de los departamentos, la pérdida de puestos de trabajo tuvo un mayor impacto en el Interior que en la capital del país.
Y el futuro cercano no es halagüeño, porque los empleos perdidos se recuperarán en forma parcial, en tanto se abre una gran interrogante ante la llegada de la próxima negociación colectiva. En forma paralela, es necesaria la opinión del sector empresarial en este complejo escenario, donde sólo el 20% de los ejecutivos espera que la cantidad de trabajadores en su empresa sea mayor al que tenía en 2019, es decir prepandemia. De acuerdo a la Encuesta de Expectativas Empresariales, de la consultora Exante, “las decisiones de contratación parecen poco sensibles a eventuales medidas de promoción del empleo”, como por ejemplo las exoneraciones previstas por el Poder Ejecutivo o el anunciado proyecto de ley del ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores para la promoción del empleo en mujeres, jóvenes y personas mayores de 45 años.

A esto deberá agregarse el componente tecnológico, que es un desafío para las inversiones en las empresas, y la preparación de una masa laboral con tendencia a formas de trabajo tradicionales. Esto, también, forma parte de una problemática estructural que no se solucionará rápidamente, aunque ya no exista la pandemia. → Leer más

Desde la llegada a nuestro país del coronavirus COVID-19 los uruguayos nos hemos acostumbrados a recibir un cúmulo de información que claramente ha mostrado un panorama sombrío de la situación del país en esa materia: a los números de fallecidos, de nuevos infectados y de internados en CTI se suman las personas que se encuentran en seguro de paro por haber visto finalizado o reducido su relación laboral y por ende el sustento para sus familias. Mientras tanto, en forma paralela se desarrollan otros efectos causados por esa enfermedad que han puesto en jaque (cuando no de rodillas) nada más y nada menos que a uno de los poderes del Estado: el Poder Judicial, cuyo funcionamiento en los últimos meses dista mucho de poder ser considerado como normal y efectivo para quienes recurren al mismo.
En efecto, esta tradición nos acompaña desde la época de la gesta por nuestra independencia, ya que las Instrucciones el Año XIII, impartidas a los Representantes del Pueblo Oriental para el desempeño de su encargo en la Asamblea Constituyente fijada en la Ciudad de Buenos Aires el 13 de Abril de 1813, hacen una referencia expresa a la división entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial expresando que “estos tres resortes jamás podrán estar unidos entre sí, y serán independientes en sus facultades”. Así de antigua, de arraigada y de trascendente es para los habitantes de este suelo la importancia de la existencia del Poder Judicial y de su adecuado y eficaz funcionamiento.
En un país como Uruguay, donde la atención pública está centrada en los legisladores, los ministros o los directores de los entes autónomos, resulta necesario y oportuno reflexionar sobre el diario accionar del Poder Judicial, el cual muchas veces pasa desapercibido por carecer de la fanfarria o del glamour que rodea a los miembros del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Amontonados en oficinas cuyas condiciones edilicias distan mucho de ser las mejores, apremiados por la falta de hojas o de una impresora que funcione adecuadamente, quienes integran o interactúan con ese poder estatal (jueces, actuarios, funcionarios, abogados entre otros) tratan de cumplir con sus obligaciones de la mejor manera posible mientras la pieza más importante de ese mecanismo (el justiciable, aquel que se ha presentado ante la Justicia para hacer valer sus derechos) ve como los días, los meses y los años transcurren sin que se logre el objetivo de protección tan anhelado. Parte de esa patología democrática reposa en el hecho que la ciudadanía en general no ha tomado una real conciencia de la importancia que el Poder Judicial tiene para la vida institucional de un país y para su desarrollo y estabilidad económica, política y social. En efecto, tal como lo ha señalado el académico Eduardo J. Couture, “el juez es el centinela de nuestra libertad. Cuando todo se ha perdido, cuando todos los derechos han caído, cuando todas las libertades han sido holladas, cuando todos los derechos han sido conculcados, siempre queda la libertad mantenida por el juez. Pero el día en que el juez tenga miedo, sea pusilánime, dependa de los gobiernos, de las influencias o de sus pasiones, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo, porque ya no queda más derecho en esa pobre patria así perdida” (…) “El juez servil al Poder Ejecutivo no es el que quiere la Constitución; el juez demagogo no es el juez idóneo que aquélla promete; el juez cuyos fallos son desobedecidos por los órganos encargados de cumplirlos es todo lo contrario de un juez…”
En palabras del académico Fernando Cepeda Ulloa “La importancia que para las sociedades en desarrollo y las subdesarrolladas tiene el poder judicial, es innegable. Si el supuesto es el de la mayor inseguridad o desprotección en este tipo de sociedades lo consecuente sería propugnar por un sistema jurídico permeable a intentos reformistas y un poder judicial consciente de esa realidad y dotado de los instrumentos intelectuales, económicos y burocráticos para cumplir a cabalidad su delicadísima función. Buena parte de las posibilidades de preservación del juego político en países no desarrollados está ligada a las probabilidades de perfeccionar el orden jurídico y, luego, a su real vigencia. Legislaciones obsoletas o plagadas de lagunas y contradicciones no contribuyen a preservar el debido respeto a la ley y, más bien, ponen en tela de juicio lo que ella debe tener de legitimidad. Y un poder judicial que se pierde en el leguyelismo, que permanece silencioso ante la evidencia de su propia impotencia para administrar “pronta y cumplida” justicia, está, ni más ni menos, notificándole a los miembros de la sociedad que el sistema de protección es precario si no inexistente”. Una Justicia que llega tarde será siempre una Justicia que no cumple con la finalidad primordial de resolver pacíficamente, de manera efectiva y en el menor tiempo posible las diferencias de las personas físicas o jurídicas que se someten a un proceso ante los tribunales de nuestro país.
Ante este panorama, resulta impostergable que el Poder Judicial y todos quienes desarrollan su actividad en el mismo tomen las medidas necesarias para normalizar efectivamente el funcionamiento de la actividad jurisdiccional aún cuando al parecer las críticas no son bienvenidas en el ex Castillo Piria de la Plaza Cagancha. En efecto, en las últimas semanas el Presidente de la Suprema Corte de Justicia (el máximo órgano del Poder Judicial), Dr. Tabaré Sosa, ha formulado una serie de desafortunadas declaraciones que incluyeron la decisión de Sosa, de cortar el diálogo con el titular del Colegio de Abogados, Dr. Diego Pescadere, luego de que el mismo realizara críticas públicas sobre el accionar de la corporación. La conducta de Sosa no sólo constituye una clara vulneración a una institución , como el Colegio de Abogados del Uruguay, sino también una inusitada violación de la institucionalidad que debe ser especialmente respetada y resguardada por uno de los poderes estatales y muy especialmente por el Poder Judicial. Como era de esperar, los comentarios de Sosa despertaron numerosas críticas en ámbitos judiciales, políticos y académicos tanto nacionales como extranjeros. Resulta contradictorio que, en lugar de abocarse a las funciones asignadas a la Suprema Corte de Justicia, su presidente se haya dedicado a una guerra mediática contra una institución con más de 90 años de actividad gremial profesional y a cuyo presidente amenazó con un juicio por daños. Flaco ejemplo el del Sosa para el resto de los jueces uruguayos.
Mientras tanto, los ciudadanos asisten impotentes y con desesperación a demoras injustificables de procesos que le permitan fijar una pensión alimenticia, reclamar deudas laborales, obtener una sentencia de divorcio o lograr una indemnización por los daños y perjuicios que le han causado. A la satisfacción de estas “víctimas de la Justicia” (que financian con sus impuestos el funcionamiento de una estructura que no los está protegiendo) debe abocarse de una vez por toda la Suprema Corte de Justicia, los jueces y los funcionarios de un Poder Judicial que debe estar a la altura del momento que vive nuestro país. → Leer más

Desde hace más de una década que en el continente latinoamericano se intenta justificar lo que hacen los gobiernos liderados por exguerrilleros o exrrevolucionarios, sin importar si se violan derechos humanos, si avasallan la democracia o si es una dictadura maquillada. En Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, permanecen en el poder desde hace más de una década. De hecho, va en camino a ser el presidente que más años tiene al frente de la presidencia de su país.
A lo largo de los años, han conseguido alianzas de todo tipo. Desde empresariales hasta eclesiásticas y han perdido el respeto a la democracia. Reprimen protestas bajo formas violentas y encarcelan a quienes tengan la osadía de manifestarse como adversario político, o tengan alguna posibilidad de hacerles mella en las urnas.
Por eso, las elecciones del 7 de noviembre serán un trámite y se reducirán a una formalidad para dar un tinte de legalidad a la tiranía que sufre el pueblo nicaragüense, mientras las condenas internacionales han resultado tibias. Tan tibias, como la propia oposición nicaragüense, a fuer de sinceros.

Y en ese mar de tibiezas que es inconfundible en la política latinoamericana, navega este presidente ya acostumbrado a que los totalitarismos son malos, sólo si provienen del bando contrario. Paradójicamente, Ortega defiende hoy todo contra lo que un día luchó, y por lo que se derramó mucha sangre. Porque la Revolución Sandinista (marxista-leninista), de la cual él fue una de las principales figuras y que terminó con la dinastía de la familia Somoza tras asesinar al dictador Anastasio Somoza en un atentado con cohete, no fue precisamente pacífica. Pero eso tampoco es nuevo en América Latina.

Ahora varios permanecen callados la boca y se desconocen las razones, cuando el presidente sandinista encarcela y tortura a los propios compañeros de la Revolución. O, sí. Es que el relato en ocasiones se vuelve en contra cuando se dan cuenta que no es posible sostener veleidades sesentistas en un mundo de continuas transformaciones. Tecnológicas, políticas y también ideológicas aunque les cueste creerlo. Y despiertan para ver que un dictador, es dictador así sea de derecha o de izquierda.
Hoy, reconocer que Ortega se puso del lado malo de la política, es confesar que existe –en el fondo de la cuestión– un relato que se cae a pedazos. El 26 de mayo de 2008, este presidente recibió de mano del entonces intendente de Montevideo, Ricardo Ehrlich, las llaves de la ciudad y fue declarado huésped ilustre en “reconocimiento por su destacada labor en el proceso de unidad de Latinoamérica y el Caribe”.

En los últimos días, un grupo de ediles nacionalistas de la junta capitalina planean quitarle tal distinción, pero no existe una normativa al respecto. Sin embargo, plantean la creación de un artículo que lo haga posible tanto para el caso del exsandinista, como con Nicolás Maduro, el otro gran dictador de América premiado por la Intendencia de Montevideo, tan proclive a homenajear los totalitarismos de izquierda.

La Cámara de Diputados se enfrascará en una discusión sobre la cuestión nicaragüense en una sesión programada para el 6 de julio, luego de una sesión previa al paro del 17 de junio porque el Frente Amplio anunció que quiere dar “especialmente” este debate, de acuerdo a las palabras del coordinador de la bancada, Carlos Varela.
Hay que ser más papistas que el papa, y no ver lo que ocurre en Nicaragua. Incluso en el plano de la Salud Pública, Amnistía Internacional ha sido particularmente crítica con ese gobierno durante la pandemia, ante la promoción de actos masivos dispuestos por el régimen, sin medidas de prevención y control de la COVID-19. Incluso, sin brindar información sobre las instalaciones hospitalarias o logísticas establecidas para enfrentar la contingencia sanitaria. Por el contrario, se ha conocido últimamente la desvinculación de personal de la salud que ha manifestado su preocupación por la falta de una estrategia sanitaria que enfrente al coronavirus.

La violación flagrante a los derechos humanos, laborales y de expresión ocurren en forma cotidiana, con la mirada distraída de quienes defendieron al orteguismo en todas sus expresiones.
Pero la situación es tan insostenible que en nuestro país incluso en el Frente Amplio, siempre manejado con distintos grados de sutileza por la línea dura del marxismo, se comienzan a manifestar las fracturas frente a la posición oficial del partido, lo cual no es llamativo porque los que están sufriendo la dictadura de Ortega también son “revolucionarios”.
Porque en medio de esta pandemia, los activistas permanecen encarcelados en condiciones precarias e insalubres por el escaso suministro de agua potable, y no lo observó un organismo extranjero, sino uno global y multilateral como es Amnistía Internacional, del cual por supuesto que la Izquierda sólo se acuerda y reconoce cuando la crítica es a los gobiernos democráticos no alineados a su ideología.

Los paladines de la libertad de expresión en Uruguay deben expedirse sobre lo que ocurre en el contexto latinoamericano, bajo regímenes que hace décadas se instalaron bajo la complacencia del ala progresista. Pero le han tomado tanto gusto al poder, que parece casi imposible consustanciar una democracia plena, en un país –al igual que otros de su región—que está harto de quedarse anclado en matrices políticas ya perimidas. → Leer más

En el primer trimestre de este año, finalizado a marzo, la economía uruguaya, más precisamente el Producto Bruto Interno (PBI) tuvo una caída significativa, que de acuerdo a lo publicado hace pocas horas por el Banco Central del Uruguay (BCU), corresponde a una caída de 2,8% en comparación con igual período de 2020.
Esto implicó una disminución de la actividad económica nacional de 0,5% respecto al último trimestre del año pasado, en tanto según informó la institución, en esta interrupción en la recuperación “incidió la emergencia sanitaria asociada al COVID-19, que continuó influyendo sobre la movilidad de las personas y el normal funcionamiento de los establecimientos productivos”.

Esta disminución, sin embargo, no fue generalizada en todas las industrias, destacándose el mejor desempeño de los sectores agropecuario, pesca y minería, industrias manufactureras y actividades de administración pública, contrarrestadas por una menor actividad en salud, educación, actividades inmobiliarias y otros servicios, en transporte y almacenamiento, información y comunicaciones y en actividades profesionales y arrendamiento, de acuerdo al informe del BCU.
Este dato macroeconómico, por supuesto, no ha sorprendido, porque ya en abril institutos como el Cinve (Centro de Investigaciones Económicas) habían evaluado este escenario en el sentido de que en ese período la economía uruguaya registró una marcada desaceleración del crecimiento. El proceso de recuperación de la actividad económica, iniciado en el tercer trimestre de 2020 cuando se observó una expansión del PBI en términos desestacionalizados del 8,9%, se enlenteció en el cuarto trimestre, dejando el nivel por debajo del previo a la irrupción del COVID-19.

El punto es que el empeoramiento de la situación sanitaria que se ha observado desde el inicio del presente año ha tenido repercusiones sobre la producción en varios sectores de la economía, como ha ocurrido en todo el mundo, tanto por el lado de la oferta como de la demanda.
En nuestro país, altamente dependiente de los avatares del exterior, han impactado las medidas sanitarias que siguen afectando a un conjunto de actividades (dentro de las más notorias, el turismo por el cierre de fronteras), como así también el elevado número de cuarentenas que provocan ausentismo e interrupciones frecuentes de la actividad laboral. Desde el lado de la demanda, la caída de los ingresos reales de los hogares está incidiendo en una retracción del consumo, que se agrava por la disminución de la movilidad respecto a tiempos normales y la retracción en ciertos consumos.

Más allá de las restricciones sanitarias y el ambiente general derivado de la epidemia, los sectores más afectados actualmente continúan enfrentando riesgos significativos en el futuro próximo, especialmente, como consecuencia de la caída de los ingresos reales de los hogares, por el doble efecto de disminución del empleo y descensos de salarios reales, con un componente de arrastre hacia el segundo trimestre que finaliza en este mes de junio, aunque en esta instancia a partir de la segunda semana del mes se observa una alentadora mejora en el plano sanitario.
Es que la irrupción global de la pandemia dio por tierra con todas las previsiones que se habían trazado los economistas de todo el mundo, tanto en su grado de incidencia como en su duración, por cuanto de las estimaciones optimistas de solo unos meses de freno se ha pasado a más de un año y medio de extensión y un efecto dominó persistente en la caída global de la economía.

En nuestro país, siguiendo con el análisis del primer trimestre del año, tenemos que el PBI con su caída implica la interrupción del proceso de recuperación que se había registrado en la segunda mitad del año pasado. El primer trimestre del año se vio particularmente afectado por el cierre de fronteras que impactó de forma directa a los servicios vinculados al turismo receptivo, de acuerdo a los datos del Cinve, y este escenario se ha seguido proyectando al segundo semestre del presente año. Igualmente, el avance del programa de vacunación y las perspectivas alentadoras que vienen mostrando algunos rubros de exportación permitirían una recuperación de la actividad económica durante el segundo semestre del corriente año, pero de todos modos, se observa un deterioro de las proyecciones de crecimiento respecto a las elaboradas por Cinve en diciembre del año pasado: el crecimiento del PBI previsto para el año 2021 alcanzaría al 1,9%, lo que supone una reducción próxima a medio punto porcentual respecto a la proyección anterior.

Aún cuando el crecimiento fuera algo por encima de este estimado, debemos tener presente que si bien la pandemia ha sido una circunstancia excepcional, en 2019 se había agudizado el deterioro de la economía, con creciente desempleo, caída de actividad, falta de inversiones y de competitividad que se venía dando desde 2014 y en particular en el último período del tercer gobierno del Frente Amplio, con lo que llegamos a 2020 arrastrando una situación ya harto comprometida.
No puede extrañar por lo tanto que con pandemia ya declarada y agudizada en 2021, los indicadores económicos sufran la consecuencia marcada de las restricciones en actividad y movilidad dispuestas para contener la expansión del virus, siguiendo el escenario global.

Lo que a su vez revalora que en Uruguay desde el gobierno se haya resistido las presiones para “bajar la llave general” y establecer una cuarentena a rajatabla, como se promovía, cuando ya se acentuaba la caída del PBI y de producción de riqueza. Una medida de esta naturaleza, y encima pagar una “renta universal básica” con dinero que no se tiene, hubiera dejado al país devastado y con un piso muy inferior al que tenemos ahora, con escasas o nulas posibilidades de recuperación en el mediano plazo, incremento de la miseria y la pobreza a niveles superiores a lo que vivimos en la crisis de 2002.

Por supuesto que hay sectores a los que le brillan los ojos pensando en un desenlace así, y son precisamente los que más fuerza hacen para torcerle el brazo al gobierno exigiendo un parate total y el reparto de dinero como si el Estado estuviese nadando en oro. Y como palanca multiplicadora utilizan eslóganes facilistas de alto impacto en la sociedad, como que el Estado es responsable de un “genocidio”, mientras por el otro lado exigen flexibilizaciones que se da de bruces con la reducción de la movilidad que se exige. Y de esta manera pretenden salir bien parados en cualquier situación, pero la Historia sabrá juzgarlos como corresponde con la perspectiva del tiempo.
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Uruguay es un país de desarrollo humano alto, ubicado en el puesto 55 en 189 países, aunque continúan existiendo grandes brechas, como la desigualdad de género. En este marco, la pandemia ha agudizado algunos problemas que padecen las mujeres uruguayas, como la sobrecarga de cuidados y el desempleo, incidiendo también en situaciones de violencia doméstica.
Aunque seguramente son necesarios y se realizarán más estudios sobre el tema, las primeras aproximaciones estarían indicando que durante la pandemia las mujeres están sufriendo una mayor exposición a situaciones de violencia.
Por otra parte, ya existen datos respecto a cómo la crisis económica está afectando en forma muy acentuada el empleo de las mujeres, tendencia común en toda América Latina, y que afecta fuertemente a aquellos hogares de jefatura femenina.
Otro de los grandes desafíos que marcan brechas de desigualdad son los cuidados. En este sentido, la directora del Instituto Nacional de Mujeres, Mónica Botero, señaló recientemente que para las mujeres uruguayas en tiempos de pandemia se ha incrementado la carga de los cuidados. Nos referimos a la necesidad de brindar cuidados a nivel familiar, actividad que ha recaído fuertemente en las mujeres dado que el tiempo que ésas destinan dichas a tareas prácticamente triplica el de los hombres.
Por otra parte, en una de esas listas en las que nadie quiere estar, Uruguay tiene un lugar preocupante: en lo que respecta a femicidios, según la Cepal, nuestro país tiene una de las tasas más altas de América Latina, ubicándose en séptimo lugar con un 1,7 por 100 mil mujeres. En el primer lugar se ubica El Salvador con una tasa de 6,8 cada 100 mil, seguido de Honduras con 5,1, Bolivia con 2,3 cada 100 mil, Guatemala con 2, República Dominicana con 1,9, Paraguay con 1,7 cada 100 mil y luego nuestro país.
Yeliz Osman, asesora regional de violencia contra las mujeres de la Oficina Regional de las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, quien participó en la novena “Consulta Pública del Foro de Participación Social del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur” sostuvo que la tasa de Uruguay es muy alta cuando se compara con países como México, que tiene una tasa de 1,4 cada 100 mil mujeres o Brasil, que tiene una tasa de 1,1 a pesar de que México o Brasil tienen más casos de femicidios.
Cuando se mira la tasa por 100 mil mujeres, Uruguay supera estos países e incluso se subestima la magnitud real del problema, porque “los crímenes de violencia contra las mujeres son menos reportados y detectados y en muchos casos no son clasificados ni registrados adecuadamente”. Precisamente, la prevención, atención y respuesta hacia la violencia contra las mujeres es una de las tres brechas de género en la que trabaja ONU Mujeres en Uruguay.
En nuestro país, cada 13 minutos hay una denuncia por violencia doméstica y la situación actual ha complejizado aún más el panorama. En este sentido, los sociólogos de la Universidad de la República Marcía Barbero y Franco González expresaron en marzo que durante la pandemia de la COVID-19 las mujeres y niños sufrieron una mayor exposición a situaciones de violencia debido a prolongados confinamientos en hogares.
En declaraciones recogidas por Sala de Redacción, la comisaria mayor Angelina Ferreira, encargada de la División de Políticas de Género del MI, afirmó que en general, el mecanismo de denuncia más utilizado es el presencial ante las seccionales policiales y unidades especializadas en violencia doméstica y género.
No obstante, teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por el distanciamiento físico, desde el inicio de la pandemia el Ministerio del Interior intensificó sus servicios de respuesta a través de una campaña de comunicación en la que se difundieron las vías para denunciar –el 0800 5000; las denuncias en línea en que pueden hacerse en la página del MI; la aplicación móvil del 911 para situaciones de emergencia–, y se destacó esa información en su sitio web. También se hizo una campaña de comunicación que dispuso en las pantallas de las rutas nacionales la solicitud a la sociedad de que ante situaciones de violencia doméstica se comunique con el 911.
Como bien están señalando los expertos en el tema, existen múltiples manifestaciones del impacto negativo de la pandemia sobre la violencia doméstica y la violencia de género.
El hecho de mayores tiempos de permanencia de las parejas y familias en la casa aumenta las posibilidades de riesgo de violencia, en muchos casos alimentada también por los impactos emocionales de la crisis económica, la pérdida del empleo de uno o varios integrantes del núcleo familiar (en algunos países de América Latina y el Caribe, un aumento de 1% en los niveles de desempleo masculino está asociado con un alza del 0,5% de violencia contra las mujeres) u otras situaciones, como las adicciones.
Evidentemente, la violencia contra las mujeres es uno de los males muchos más antiguos que el COVID-19. Se trata de una situación de desigualdad anterior a la pandemia pero que, como toda situación de vulnerabilidad previamente existente, se ha visto agravada por ella.
Su impacto en el mundo pandémico es tan importante que la ONU ha hecho un llamado a visibilizarla para que no quede a la sombra de las numerosas noticias diarias sobre la situación sanitarias y la crisis económica que deriva de ella.
En un muy simple ejercicio de empatía podríamos pensar en las múltiples formas en que el aislamiento y distanciamiento social incrementó las barreras para hacer denuncias dado que muchas mujeres y niños que padecen estas situaciones continúan viviendo con los abusadores, o cómo la crisis invisibiliza prácticas patriarcales fuertemente instaladas que se naturalizan perpetuando situaciones de vulneración de derechos.
Las complejas situaciones derivadas de la violencia de género y violencia intrafamiliar requieren de abordajes integrales y soluciones que debe ir adaptándose también a la llamada nueva normalidad y la situación social y sanitaria actual, contemplándose desde las políticas públicas y con herramientas y mecanismos accesibles y fáciles de utilizar por quienes padecen el maltrato o abuso.
Son necesarios enfoques diferenciados y sistémicos, además de respuestas efectivas desde la prevención y la protección de las personas afectadas de violencia física o psicológica para que el abuso de poder pueda identificarse claramente como una situación atípica y reprobable. Y lo más importante, puedan salvarse vidas. → Leer más

La última gran pandemia, antes de la actual, por supuesto, se produjo a fines de la segunda década del siglo XX. La conocida como Gripe Española, que azotó en realidad a toda Europa, terminó con la vida de entre 20 y 40 millones de personas en todo el mundo en solo un año. Por aquel entonces Europa era además escenario de la conocida hoy como Primera Guerra Mundial, en fin, que no estaban como para preocuparse por “gripezinhas”, y salvo en España el tema no ocupó los primeros planos en la prensa, de allí le quedó el nombre.
En ese mundo, anterior a los locos años 20, el turismo era una actividad todavía incipiente y reservada para los sectores de mayor poder adquisitivo de la sociedad, aunque ya se estaba viendo su potencial en las economías. No hacía tanto que por estos lares Francisco Piria –a quien se considera un adelantado–, fundaba Piriápolis en 1893, con la idea de que fuese un destino turístico.

El asunto es que, más allá de las características de cada uno de los virus, comparando la pandemia actual y la de hace una centuria, la diferencia es la movilidad de la población. En el siglo XXI el turismo no solamente es una de las actividades más extendidas a nivel de la población mundial, sino que incluso se lo ha reconocido como un derecho humano reconocido así en nuestro país (la Ley Nº 19.253). El gran dispersor de la Gripe Española por Europa fue la guerra, en el caso de la COVID-19, fue el turismo.
Pero el regreso del turismo al mundo, aun sin que estén cerca de terminar de apagarse los incendios de la COVID-19, obedece mucho más a razones económicas que a esta condición de derecho humano, que de hecho en América Latina solamente está reconocida en nuestro país.

En el mes de mayo se llevó a cabo en Punta Cana, República Dominicana una “Reunión Extraordinaria de Ministros de Turismo” de las Américas, en la que se dieron cita ministros y subsecretarios de Turismo del continente. En ese ámbito, el secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, enfatizó en que “el restablecimiento de la confianza en los viajes es un primer y esencial paso para reanudar el turismo, llevar la esperanza a millones de personas en las Américas e impulsar la recuperación en general”.

A su vez los referentes en turismo de los gobiernos de las Américas se comprometieron “a reactivar el turismo de manera conjunta, haciendo del sector una prioridad general y adoptando protocolos internacionales”, lo que quedó plasmado en la “Declaración de Punta Cana”.
En los Considerandos de este documento se reconoce que el turismo “es una actividad prioritaria que contribuye al desarrollo socioeconómico y cultural de los países, a la generación de empleos y de divisas, a la atracción de inversión extranjera, a la reducción de la pobreza, y al empoderamiento de los jóvenes, mujeres y grupos vulnerables”, así como los efectos devastadores que la pandemia ha provocado en la “economía turística”, con efecto en el empleo y las empresas.
El documento recoge también la necesidad de adoptar medidas urgentes “para restablecer la confianza de los viajeros y del entorno empresarial, estimular la demanda y acelerar la recuperación del turismo”.

También se enuncia que la OMT está colaborando en la elaboración de recomendaciones regionales “para apoyar la armonización de los protocolos de bioseguridad de América Latina y el Caribe, focalizados en los subsectores de alojamiento, restauración, transporte local y en los espacios de aeropuertos, playas y puertos”.
La declaración hace hincapié en el apoyo firme y decidido al sector turístico “priorizando la adopción y difusión de protocolos internacionales unificados de bioseguridad y facilitación de viajes para el reinicio del turismo de forma segura, expedita y con altos niveles de calidad”.
No obstante cabe destacar otro de los puntos de la parte declarativa del documento en el que el énfasis está puesto en “orientar la reactivación del turismo hacia un sector responsable y sostenible, que promueva la inclusión, la igualdad de género y la accesibilidad para todos, en línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Se busca comprender la reactivación del turismo “como una oportunidad de transformar el sector a partir de una visión de largo plazo, que ubique la conservación, preservación y protección de la diversidad biológica en el centro de las estrategias del turismo y aporte a la solución de las grandes problemáticas mundiales asociadas al cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la degradación de los suelos”.

Es decir, que hay un reconocimiento de que el turismo es necesario, sino imprescindible, para que el mundo y la economía mundial puedan recuperar lo más posible su dinámica prepandémica, sin embargo no será (no debería ser) cualquier clase de turismo, sino uno que esté alineado con objetivos superiores que se resumen en la última frase del documento, en la que asumen su compromiso “de trabajar unidos en la reactivación del sector turístico mediante medidas concretas e integrales que contribuyan al crecimiento económico sostenible del turismo y a la satisfacción simultánea de aspectos ambientales, sociales y culturales”. → Leer más

En escenarios coyunturales particularmente adversos como el que se vive en nuestro país y a nivel mundial debido a la pandemia, más que nunca las urgencias determinan que se vaya postergando lo importante, y el caso de las reformas de la seguridad social es precisamente un tema de gran importancia pero de tratamiento de mediano y largo plazo, por lo que no ocupan la agenda del ciudadano común en épocas normales y menos aún en estos tiempos.
Pero más allá de las prioridades del momento, es oportuno que en esta administración gubernamental se haya integrado un grupo de trabajo que está elaborando propuestas y procura llegar a un consenso –muy difícil, por cierto– entre todos los partidos y actores, debido a que no se trata solo de números, sino de que estos a la vez atiendan y respondan a escenarios socioeconómicos del futuro, en base a tendencias y expectativas.
Una mirada técnica sobre esta problemática la da precisamente Pablo Antolín, economista principal de la Unidad de Pensiones de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), cuando en el suplemento Economía y Mercado, del diario El País, analiza que “lo importante es acordar, siempre, en los pilares fundamentales de la reforma. Los cambios profundos como los de un sistema previsional necesitan esa base para tener éxito. Eso vale para Uruguay y cualquier otro país, de los muchos que están enfrentados hoy. Y es fundamental explicarle a la población por qué se necesitan reformas, qué es lo que proporciona el sistema y cómo está organizado”.
Naturalmente, los desafíos son comunes para todas las naciones, pero las estructuras, las economías y las fuentes de ingreso de divisas no son las mismas, así como tampoco la cercanía de los desafíos, porque no es lo mismo la urgencia para países como Uruguay, que presentan los dos puntos más indeseables de la ecuación, que son el creciente envejecimiento poblacional y la debilidad de su economía, y la de otras naciones subdesarrolladas, que tienen otra pirámide etaria, pese a economías inestables y muchas carencias.
En cambio, los países desarrollados, si bien padecen el envejecimiento poblacional como un componente negativo en la ecuación, tienen a su favor economías solventes y por lo tanto el reto al que se enfrentan no es tan adverso como el de Uruguay, por lo menos en el mediano plazo. Y por último están los países con grandes riquezas como el petróleo, por ejemplo Noruega, capaces de “bancar” el bienestar los retirados sin mayores preocupaciones; pero esos son los menos.
Al respecto el economista Antolín considera que en los estudios de OCDE sobre sistemas de pensiones tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo, “hacemos hincapié en un punto esencial. Cualquier mejora de un sistema de pensiones tiene que partir de que todos los ciudadanos a la hora de alcanzar la edad de jubilación tienen que estar protegidos, lo menos por un ingreso mínimo, aunque no decimos cuanto. Eso es una cuestión que tiene que decidir cada país en base a definiciones y recursos con los que cuenten. Y ese pilar cero tiene que financiarse con los presupuestos generales del país”.
Igualmente, cuando la coyuntura es complicada resulta muy difícil abstraerse de los condicionamientos del corto plazo, quiérase a no, pese a que se trata de temas eminentemente de largo plazo. En torno a estos elemento el economista considera que “por eso esta coyuntura es aún más desafiante, pero en las experiencias que hemos tenido de discutir y evaluar las reformas que se han implantado en diversos países del mundo, hemos aprendido que todo pasa por la voluntad política de discutir hacia donde queremos ir y llegar a un acuerdo de cómo queremos llegar. Ello no quiere decir que esos cambios deban implementarse inmediatamente, ya que muchas veces, debido a la coyuntura compleja, no es posible poner en marcha las reformas que se acuerden”.
De todas formas, “lo importante es el acuerdo, una hoja de ruta y un destino donde todos estén de acuerdo, aunque los cambios se implementen más tarde. Hay países que han hecho eso y el proceso ha llevado muchos años. Se puede y se debe tomar distancia de los problemas coyunturales. En la mesa de análisis en que participé en Uruguay observé que tienen un consenso político de que deben hacerse cambios al sistema”.
Sin embargo, más allá de esta consideración de que los análisis técnicos efectuados indican que hay coincidencia en que debe instrumentarse una reforma de la seguridad social, entre las visiones técnicas y político-ideológicas hay miradas contradictorias sobre el camino que se debe seguir, y ello indica precisamente que habrá serias dificultades paras conciliar las diferencias y los intereses en juego, porque no hay posturas neutras cuando se llega a un momento en que cada persona o sector analiza como puedan afectar los cambios.
Hay también quienes actúan con una mirada para la tribuna, con posturas abiertamente voluntaristas, postergando nada menos que asumir las responsabilidades de cada uno con la financiación del sistema y consideran que el Estado debe hacerse prácticamente cargo de todo, como si el dinero brotara de entre las piedras.
Un aspecto sustancial para hacer que un sistema previsional responda a las necesidades de cobertura, más allá de los mecanismos que se establezcan en el esquema y para los que habrá que hilar fino con vistas a los acuerdos, pasará indudablemente por abatir la evasión en los aportes a la seguridad social por buena parte de la población de trabajadores que está por fuera del sistema.
Esto es, incorporar al sistema a quienes trabajan y realizan actividades en negro, que es un aspecto no solo fundamental para la salud financiera del sistema, sino sobre todo para tener una cobertura digna en el cese de la vida activa, tanto para su beneficio como para mejorar en lo posible las prestaciones de los afiliados en general.
La regularización de aportes en el mayor porcentaje posible es una condición sine qua non para la salud del sistema, más allá de las bondades o defectos de los cambios que se le introduzcan, porque no solo permitirá robustecerlo, sino que asimismo será beneficioso para la economía en general y también para el propio Estado, que deberá inevitablemente volcar recursos para sostener parcialmente el sistema, como ha sido la constante en nuestro país, para atender los grupos más vulnerables en el esquema.
Es decir, cumplir cada uno con las responsabilidades, para que cada ciudadano, por las vías de un pilar de reparto o de capitalización en el sistema, pueda estar protegido para tener la mejor calidad de vida posible, en la última etapa de su existencia. → Leer más