Opinión

A medida que nos vamos acercando a la fecha de las elecciones internas en nuestro país, cualquiera sea el candidato presidencial de cada partido que surja elegido de las urnas, tendrá ante sí el desafío de tener una posición clara –por lo menos así debería ser en un país en serio– respecto al plebiscito promovido por el Pit Cnt para la reforma de la seguridad social.
No es un tema banal ni mucho menos, y que seguramente se incorporará como tema obligado en la campaña que desembocará en las elecciones nacionales de octubre venidero, porque a la vez que se desarrolle la contienda electoral y surja un partido triunfador, con un eventual balotaje posterior, el gran convidado de piedra será el tema del plebiscito, sobre el que el Frente Amplio ha dado libertad de acción, y por lo tanto sin que ninguno de sus precandidatos lo apoyen explícitamente.
Es que no es para menos, porque la “contrareforma” que propone el Pit Cnt, arrastrado por el Partido Comunista y de la misma forma la coalición de izquierdas, entonando a la militancia, es un salto al vacío que traería muchos problemas y ninguna solución, ni siquiera para los que se dice beneficiar, y en este tema un político que se precie de serio y se dirija responsablemente a la ciudadanía, debería pronunciarse en forma previa a la convocatoria a las urnas.
En un país en el que ya se están registrando más defunciones que nacimientos, a partir de 2022, y que se refleja en los datos del último censo, se acentúa la tendencia demográfica que entre otras cosas implica un envejecimiento poblacional, el crecimiento de la franja de personas de más de 65 años y el estrechamiento de las franjas correspondientes a los activos, es decir de personas que trabajan y que son las que aportan al sistema previsional, para sostener precisamente el sistema en condiciones de atender la creciente demanda en prestaciones y otras necesidades inherentes a la seguridad social.
Es decir, que las exigencias de aportes al sistema previsional se irán acentuando con el paso de los años, factor este decisivo para la reforma del sistema de seguridad social aprobada por el Parlamento para más o menos ir atendiendo esta realidad para evitar que se plantee en pocos años una crisis de enormes dimensiones que socave el sistema.
Sin embargo, el Pit Cnt ha puesto en marcha una campaña en la que recogió firmas con el objetivo de plebiscitar esta reforma y sustituirla por una propuesta voluntarista, panfletaria y de “enganche” electoral, absolutamente irresponsable y a medida del enfoque ideológico del Partido Comunista, que pretende derogar algunos aspectos que cuestiona de la reforma previsional aprobada en la actual administración de gobierno y que tendría graves consecuencias de ser aprobada.
Sobre esta iniciativa precisamente el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), indica que “no solo sería un frenazo para Uruguay, sino un drástico cambio de rumbo hacia un camino que recorrieron los países a los que les fue peor”, entre otros aspectos porque sube el gasto y se necesitarían más de mil millones de dólares extras por año (1,5 por ciento del PBI), para igualar jubilaciones y pensiones al salario mínimo nacional, utilizando para ello recursos que el país no posee.
Considera además que el proyecto sobre el gasto de la baja de edad de retiro, implicaría un aumento del gasto del entorno de los 3.000 millones de dólares (4% del PBI), incluyendo al BPS y a las cajas Militar, Policial y Paraestatales, en tanto otra consecuencia lateral sería el hecho de que abriría las puertas a potenciales juicios al Estado, habida cuenta de que es factible que afiliados que sientan sus derechos lesionados entablen demandas por la confiscación del ahorro administrados por las AFAP (unos 22.000 millones de dólares). Todo eso sin pensar que el déficit del BPS ya le cuesta al pueblo el 7% del valor de todo lo que consume, puesto que 7 puntos de IVA van para financiar al banco.
El punto es que ningún economista, incluso alguno allegado al Frente Amplio, como el Ec. Gabriel Oddone, respalda la propuesta del Pit Cnt, y hay unanimidad en cuanto a que sería un desastre para el país, a la vez de señalar que el incremento del gasto que demandaría debería financiarse por un incremento en la carga tributaria, como es el caso de los impuestos IRAE, Impuesto al Patrimonio y franjas más altas del IRPF, lo que determinaría serios perjuicios sobre la inversión privada y el crecimiento futuro, en tanto que lejos de contribuir a la igualdad, se dejan rígidas las iniquidades del sistema, dándose marcha atrás en la unificación de cajas con prestaciones diferentes para similares aportes, aspecto este que fue un avance de la última reforma jubilatoria.
Oddone incluso va más allá, y sostiene que “la iniciativa no solo no enfrenta ninguno de los desafíos que nuestro sistema previsional sigue teniendo, sino que es probable que agrave algunos problemas que la reforma reciente no resolvió y que termine generando resultados opuestos a los buscados por los impulsores de la reforma”, aludiendo al hecho de que se pretende restablecer un régimen previsional puro de reparto, fijar la edad de retiro y los años de servicio mínimos requeridos y equiparar la jubilación mínima con el salario mínimo nacional (SMN).
Sin embargo, ni siquiera estas reflexiones de quien se menciona como posible ministro de Economía y Finanzas en caso de que el Frente Amplio gane las elecciones, ha hecho mella en el Pit Cnt y los grupos radicales de la coalición de izquierdas que la respaldan, que siguen apostando al todo o nada haciendo gala de una irresponsabilidad suicida hacia el país.
Pero cuando estamos ingresando en la recta final de la campaña hacia octubre, debería esperarse –están a tiempo todavía– de los candidatos y dirigentes moderados de la coalición de izquierdas una actitud responsable en cuanto a llamar a no apoyar este plebiscito en las urnas, en todo caso con la salvedad de que en caso de resultar triunfante su partido en el acto eleccionario, se promovería desde el nuevo oficialismo una ley que eventualmente corrija los defectos que le imputan al texto actual –hasta ahora sin haber planteado ninguna propuesta alternativa realmente bien fundada y con elementos de peso– para hacerlo con técnicos de reconocida capacidad y no con el voluntarismo puro y la mirada ideológica que propone la central sindical, de espaldas al país real. → Leer más

A partir de la situación planteada por recurrentes y copiosas lluvias en la región, que en el caso de varias zonas de nuestro país ha llegado incluso a que lloviera en uno o dos meses la mitad de lo que indican las estadísticas para todo el año, ha quedado de manifiesto una vez más la vulnerabilidad de las vías de transporte desde el interior profundo hacia las rutas nacionales y vías de salida de la producción agrícola fundamentalmente, que impacta sobre todo en tiempos de cosecha, pero que también tiene serias consecuencias en la producción a lo largo del año.
Esta vulnerabilidad obedece a las características de estas vías de conexión, que son utilizadas tanto para la producción como para la comunicación de los vecinos, e implica una seria limitación para los involucrados, tanto productores, como empresas, vecinos, intendencias y municipios, además del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, socios pero también con conflictos de intereses y distintas responsabilidades en la problemática.
No es un problema nuevo en el Uruguay, sino que por el contrario, se viene arrastrando desde el principio de los tiempos y este es precisamente el nudo de la cuestión, por cuanto pasan los años y los sucesivos gobiernos y no hay quien le ponga el cascabel al gato, que en este caso sería dotar a la caminería de un tratamiento adecuado a las necesidades, con un pavimento firme que se adapte a las condiciones de lluvias recurrentes y con puentes y alcantarillas a salvo de anegamientos.
Con el advenimiento del fenómeno de El Niño y sus intensas y frecuentes lluvias, esta vulnerabilidad ha puesto al desnudo y potenciado estas deficiencias de la manera más cruda, y en el caso de Paysandú el detonante reciente fue el uso de la caminería por camiones que transportaban troncos hacia UPM, con la consecuente afectación en el camino ante intensas lluvias, lo que motivó una airada reacción del intendente Nicolás Olivera, quien trajo a colación que hay una normativa departamental que regula que estos caminos no pueden ser transitados por camiones u otros vehículos pesados hasta determinado tiempo con posterioridad a lluvias de intensidad.
Se ha generado así un desencuentro con transportistas y la empresa, así como reacciones de las últimas horas de gremiales de transportistas, en un reflejo de la complejidad de la problemática, que expone que el nudo gordiano es la limitación de recursos materiales para realmente encarar tratamientos duraderos en la caminería interna, sobre todo en áreas cruciales para la producción.
El hecho de que estemos en medio de la cosecha de soja es un factor distorsionante agregado, porque la oleaginosa no espera y cuando llega el momento de sacar la producción hay que hacerlo sí o sí, porque es el momento de transportarla a los silos, porque se pudre y generas pérdidas millonarias para el productor.
De ahí la justificada reacción de productores y camioneros cuando se realizaron inspecciones y aplicaron multas en caminos vecinales cuando se trataba de trasladar la cosecha, lo que dio lugar a la vez a conflictos que motivaron la convocatoria por el intendente Olivera a productores y empresas a efectos de aunar criterios para el uso de estas vías internas.
“Estamos en una situación de agobio, de crisis, porque el principal enemigo que podemos tener en la caminería, que es la lluvia, nos ha golpeado duro en los últimos meses: cayeron 1.740 milímetros entre octubre y abril. No hay forma de resolver eso cuando el clima se pone así; esta realidad no es exclusiva de Paysandú, sino que es de todo el país” dijo el intendente Olivera en una sala colmada por directores, todos los alcaldes (a excepción del de Porvenir) y representantes de las empresas afectadas por la situación.
Señaló que “hay que dejar claro que hay ‘situaciones y situaciones’; está todo lo vinculado a la realidad productiva de las materias primas perecederas o a procesos de extracción de esa producción que no pueden esperar, pues son perentorios los plazos para sacar granos y si no llegamos a tiempo termina siendo una zafra mala. Ahí está la lechería y la agricultura, por ejemplo, no así otros sectores que sí manejan producciones copiosas con volúmenes grandes de materia prima que no necesariamente están sujetos a estos ciclos más perecederos”.
“Hay sectores de la producción departamental, fundamentalmente el forestal, que no tiene por qué salir un día cargado si hay lluvia. Pueden esperar perfectamente en sus acopios, en sus campos; tienen una enorme red de caminería interna por la cual transitar y los días de lluvia hay una norma que indica que no pueden circular”, mencionó señalando que hay un grado de responsabilidad en el sector forestal por esta situación.
“En segundo orden, hemos acordado no usar la caminería en los días de lluvia, salvo que por cualquier situación excepcional, en tiempo donde no llueve se esté cosechando y que esa cosecha tenga que salir y que empiece a llover, esa producción podrá salir, pero siempre apelando al sentido común. Definiremos qué caminos serán los que se van a utilizar a tales fines; a algunos quizá los deberemos atender con más celo y a otros con menos”, remarcó Olivera.
Luego de la instancia se generó una mesa para acordar qué caminos serán prioritarios para transitar, a la vez que el jefe comunal destacó que “los recursos que pueda brindarnos el Poder Ejecutivo son bienvenidos; además, la situación de emergencia nos habilita a recurrir a procesos de contratación más rápidos. Trataremos entre todos de superar esta difícil situación”, aspectos estos que en esencia son compartidos por la dirigencia de Catgadu (Cámara de Autotransporte Terrestre de Granos y Afines del Uruguay), aunque con discrepancias por la ITCP (Intergremial de Transporte Internacional de Carga Terrestre del Uruguay.
El punto es que es delirante que se deban esperar días para sacar una cosecha, para poder entrar con el camión y sacar los granos, con el riego de perder un año entero de trabajo, de la riqueza vital del país, y lo que se necesita es buscarle la vuelta para contar con caminos que resulten transitables todo el año, porque no podemos seguir en la misma situación de hace décadas, cuando un camión pasaba ocasionalmente por la zona con la producción.
Hace ya varios años durante anteriores gobiernos nacionales se hizo un exhaustivo relevamiento de todas las rutas y caminos secundarios del país, su estado y el tránsito que soportan y se sugirió que muchos de ellos necesitan ser pavimentados con bitumen y en algún caso con materiales incluso de mayor calidad. Hacia eso se debe apuntar, avanzando en este sentido año a año para ir dándoles solución definitiva a los problemas, sin dejar de hacer el mantenimiento correspondiente al resto de la caminería. Un año sin hacer nada es demasiado tiempo perdido, y ya llevamos décadas.
Por ahora el gobierno nacional dio una señal con la reciente declaratoria de emergencia nacional para la caminería y la consecuente afectación de recursos para atender la situación coyuntural, pero lo que se requiere son respuestas de fondo, enmarcadas en políticas de Estado, con participación multisectorial en lo que refiere a los aportes para generar la masa de recursos que se requiere para atender de manera efectiva la logística de la producción, con vías de acceso que no sean una rémora para los productores, para la conectividad de los vecinos y los sectores reales de la economía vinculados a la problemática del agro, espina dorsal de nuestra economía. → Leer más

El cuarto informe sobre la situación de la educación superior en Iberoamérica presentado por la Secretaría General Iberoamericana (Segib) junto al Centro Interuniversitario de Desarrollo (Cinda) reveló un estancamiento en la financiación y un aumento significativo en las matrículas.
En los últimos siete años pasó de unos 22 millones a casi 30 millones de estudiantes y el gasto se mantuvo algo superior al 4% del Producto Bruto Interno (PBI).
Hay solo cinco países, como Costa Rica, Chile, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana que destinan el 20% o más a educación.
El documento destacó que la educación terciaria registró un crecimiento exponencial en Chile, Cuba y Ecuador, donde el 80% de los jóvenes que tienen entre 20 y 24 años completan la educación secundaria.

En Uruguay, tal como lo menciona el documento de la ANEP publicado a mediados del año pasado, con evaluaciones sobre el año 2022, “el porcentaje de egreso de la educación media superior en Uruguay fue de 30,4% a la edad de 18 años, de 49,9% a los 21 años, y de 52,6% a los 23 años. Es decir, que en el tiempo previsto por el currículo vigente, menos de un tercio de los estudiantes lograba culminar (la educación media). Se necesitan 5 años más de vida, hasta la edad de 23, para que solo la mitad de ellos haya culminado la educación obligatoria”. Es decir, una situación bastante incambiada antes de la Transformación Educativa. Una vez sistematizados los datos que corresponden a esta nueva etapa, se verá si los guarismos resultaron alentadores.
El programa iberoamericano, por su parte, detectó una mejora en la equidad y un progreso en la graduación de la población femenina, que refleja tasas por encima del 60% en Argentina, Brasil y Perú.

Sin embargo, el panorama docente es similar en el continente latinoamericano, donde “no cuentan con una carrera académica formalizada”, ante una mayoría sin estudios de posgrado.

Las desigualdades también se demuestran en las estadísticas, en tanto no hay un estándar uniforme de calidad y las normas varían considerablemente entre países, en tanto afecta las estructuras de sus universidades ante los procesos de acreditación.
En Uruguay, el informe del Instituto Uruguayo de Evaluación Educativa (Ineed) relevó datos correspondientes al año 2021 y definió una “distribución equitativa” de fondos por estudiante en centros educativos públicos de todo el país.
Entre Primaria y Secundaria se efectúan las “distribuciones más equitativas en la asignación de sus recursos” y en “los primeros quintiles (más vulnerables) es mayor que el gasto por estudiante de los centros menos vulnerables”.

Uruguay y, en general América Latina, registra una cobertura prácticamente universal de la educación primaria. Sin embargo, los retos persisten en los escalones siguientes y al comparar con décadas anteriores, el crecimiento ha sido moderado. La movilidad en la educación universitaria en nuestro país aún es lenta, a pesar de la descentralización y la diversificación de las carreras por regiones.

Estos aspectos, por ende, condicionan la movilidad laboral que se dará con posterioridad. Sin embargo, es significativo que la mitad de los estudiantes matriculados en el nivel terciario corresponden a la primera generación de universitarios en su familia, así como un incremento de aquellos que residen en zonas cercanas donde se instalaron nuevas ofertas educativas.
Estos son aspectos que definen, además, la posibilidad de que los estudiantes se sientan incentivados a finalizar su ciclo educativo porque perciben que las posibilidades se encuentran en sus localidades. No obstante, es factible, también, que existan diferencias entre las carreras que demanda el mercado laboral actual y lo que demandan los jóvenes.

Esto demuestra además, la existencia de una sobreoferta de algunas por encima de otras y el desafío que constituye brindar respuestas a las necesidades de la población en territorios del Interior del país, donde se vuelve necesario una vinculación con los sectores de la producción. Y para esa descentralización, la definición de recursos resulta crucial.
El Ineed ya analizó que en esta materia, “el gasto público en educación entre 2007 y 2022 tuvo un incremento real de 113%”. Si bien en 2020 bajó 4%, en los años siguientes mostró un aumento paulatino que, de todas formas lo ubica por debajo del nivel de 2019 y por encima de 2018.

Es importante, en el comparativo regional, que la evolución en relación al Producto Bruto Interno “viene descendiendo en los últimos años”. En 2019 se ubicaba en el 4,8% del PBI y en entre 2021 y 2022 bajó al 4,5%. El gasto por estudiante fue menor en comparación a 2019, porque este indicador registró una caída de 4% en 2020 y aunque mejoró en los años sucesivos, no superó los niveles previos a la pandemia.

Uruguay no es ajeno a lo que ocurre en el continente latinoamericano en materia de segregación en los centros educativos. El Ineed observa una “tendencia creciente de la segregación” que es “más acentuada” en la educación inicial y primaria, en tanto se presenta estable en la educación técnica.
Analiza que la proporción de estudiantes en situación de vulnerabilidad que asiste a la educación técnica “experimentó un crecimiento sostenido en todo el período”, al tiempo que en la educación inicial “es inversa (con excepción de 2022)”.

Es decir, los estudiantes de UTU “presentan cada vez más vulnerabilidades”, pero “se distribuyen de una manera homogénea” y en inicial, “tienen menos vulnerabilidades” pero con una distribución menos homogénea.

En general, las mejoras en el acceso a los distintos niveles educativos –principalmente educación superior– avanzará en la igualdad de oportunidades educativas, pero principalmente laborales. Al menos en Uruguay –es posible que ocurra algo similar en la región latinoamericana– es crucial para mejorar los sensibles índices de desempleo y los bajos ingresos salariales. → Leer más

Este 3 de mayo se cumplieron 31 años desde que la ONU en 1993 fijara esa fecha para la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa. En 1994, en Santiago de Chile se festejó por primera vez y se aprobó la Declaración de Santiago reafirmando los principios y recomendaciones aprobados por un Congreso de la Unesco en Windhoek (Namibia), que cerró sus deliberaciones el 3 de mayo de 1991 –de ahí la fecha elegida por la ONU– y en el que se proclamó que “el establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de una prensa independiente, pluralista y libre, son indispensables para el desarrollo y mantenimiento de la democracia en un país”.
Se especificó, para que no quedaran dudas, que “por prensa independiente debe entenderse una prensa sobre la cual los poderes públicos no ejerzan ni dominio político o económico, ni control sobre los materiales y la infraestructura necesarios…”, a la vez que se advirtió que el pluralismo implica “la supresión de los monopolios de toda clase”.

En Santiago estuvo presente el catalán Federico Mayor Zaragoza, director general de la Unesco –desde 1987 a 1999– que fue quien reencaminó a esa organización en cuanto a su política en materia de libertad de prensa, la que, hasta la reunión de Windhoek, había sido bastante ambigua y peligrosa debido a los embates de la Unión Soviética y los llamados países “no alineados”.

Todo empezó en la reunión de la Unesco en Nairobi en 1976 cuando la URSS y los “no alineados” lanzaron la idea del “Nuevo Orden Informativo Internacional” para el cual se hacía valer la soberanía de cada país sobre el flujo de la información. En buen romance el control por parte de los gobiernos de toda la información que salía del país.

La idea motivó fuertes discusiones entre los países que defendían la libertad por un lado y los “no alineados” por el otro. Fue una de las razones del retiro de EE. UU. de la Unesco. El informe de una comisión de técnicos que presidió el irlandés Sean MacBride (fundador de Amnesty y premio Nobel y Lenin de la Paz) cuya autoridad era indiscutible, implicó una tregua, (1980).
Pero el impulso hacia la real libertad se lo dio Mayor Zaragoza. A él se debe que se conmemore el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Tener su día, por supuesto no asegura la vigencia de esa libertad ni el derecho de los ciudadanos a buscar, difundir y recibir información, sin ningún tipo de límites, salvo los que marcan los derechos y libertades de los demás.
Es un día de evaluación; y los resultados no son buenos. Hay una larga lista de países, bastante conocida, donde la libertad de prensa brilla por su ausencia. No es que se viole esa libertad, simplemente no existe.
Y cada vez surgen más riesgos. Un ejemplo: la Unesco habla de la necesidad de asegurar de las plataformas digitales transparencia, “rendición de cuentas y debida diligencia, el empoderamiento de los usuarios y la moderación y curaduría de contenidos…” Todo un tema este de las “redes”. No solo se trata de que “dan espacios a legiones de idiotas” (Eco dixit), también a cobardes y oportunistas que violan derechos de otros ciudadanos sin ningún riesgo ni responsabilidad.

Los medios tradicionales tienen redactores responsables: hay a quien reclamar lo que legalmente corresponda. Igual obligación debería regir para “las plataformas”. Estas, además, también deberían pagar “derechos de autor” por los materiales que utilizan. Se trata de libertades y derechos de los otros que marcan un límite. → Leer más

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En los últimos días, y de acuerdo con lo informado por EL TELEGRAFO en base a noticias difundidas por el diario uruguayo El País, “La tensión diplomática con Venezuela sumó un nuevo capítulo luego de que la delegación de ese país en la ONU expresó “su grave preocupación por la situación de los derechos humanos en Uruguay”. Durante el evento, del que participó el canciller Omar Paganini, un jerarca del gobierno que encabeza Nicolás Maduro alertó por “la libertad de expresión” y pidió poner fin a “la impunidad” de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. “Recomendamos tomar medidas urgentes ante las amenazas a los periodistas y las limitaciones de derecho a la libertad de expresión”, expresaron desde la delegación venezolana durante el cuarto ciclo de revisión del Examen Periódico Universal (EPU), en la sede del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra.
El representante del régimen de Maduro pidió “atender efectivamente el deterioro de las condiciones de reclusión y sus consecuencias negativas en la vida y salud de las personas privadas de la libertad”. En su participación, exigió además “poner fin a la persistente impunidad por las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura”, en alusión al último gobierno militar. Finalmente, desde Venezuela pidieron “revisar la legislación” uruguaya para “atender la creciente incidencia en el discurso de los delitos de odio de carácter racista”, así como “tomar medidas urgentes para atender la discriminación de las mujeres en cuanto al acceso a la educación, el mercado laboral y la violencia basada en género”.
La ofensiva de Venezuela contra nuestro país se ha incrementado en las últimas semanas y obviamente refleja la molestia de Maduro por las posiciones del gobierno uruguayo y de varias figuras políticas de nuestro país sobre la falta de libertad en ese país. A modo de ejemplo, el fiscal de Venezuela arremetió contra el expresidente José Mujica y vinculó a Uruguay con el narcotráfico. “Los países que legalizan la droga terminan aliados a los traficantes”, dijo Tarek William Saab. El referido fiscal expresó que “esos países que legalizan la droga tienen que aliarse con los que la producen, obviamente, con los que la venden. Terminan aliados esos países a los traficantes y a los carteles de la droga”, agregó, para concluir: “Estas declaraciones ocurren semanas después de que Mujica afirmara que ‘en Venezuela hay un gobierno autoritario y se lo puede llamar dictador o llámenlo como quieran’”. Lejos quedaron los tiempos en los cuales tanto Mujica como el Frente Amplio elogiaba y visitaba frecuentemente a Hugo Chávez y posteriormente a Nicolás Maduro, incluyendo al exdiputado del MPP Daniel Placeres, el (actual) presidente del Pit Cnt Marcelo Abdala o al propio Mujica vistiendo una campera militar con la bandera de Venezuela durante la primera sesión de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac) en el año 2011. Un conocido dicho expresa que “no hay mejor defensa que un buen ataque” y eso es precisamente lo que está tratando de hacer Venezuela, aunque su ataque diste mucho de ser bueno porque no sólo es infundado y mentiroso sino que además tiene como único propósito generar una cortina de humo sobre la crítica situación que atraviesa ese país en materia de libertades públicas y derechos humanos. Resulta una gran ironía rebosante de cinismo que precisamente la narcodictadura de Venezuela y Maduro pretendan dar lecciones de democracia en un país que aniquiló la prensa independiente, expropió canales, cerró radios, y en el cual se encarcela, tortura o asesina a cualquier persona que tenga una opinión diferente a la del régimen. En efecto, Venezuela es objeto de una investigación desde noviembre de 2021 por parte de la Fiscalía de la Corte Internacional de Justicia (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad.
En efecto, de acuerdo con lo expresado por la organización Amnistía Internacional (que el Frente Amplio invoca frecuentemente salvo cuando hablan de sus países amigos como Irán, Corea del Norte, Cuba o Nicaragua, entre tantos otros) en Venezuela “la falta de acceso a derechos económicos y sociales continuaba siendo motivo de honda preocupación, pues la mayoría de la población sufría inseguridad alimentaria grave. El sistema público de salud estaba colapsado. El gobierno no aplicó las medidas humanitarias acordadas en 2022 para abordar estas cuestiones. Las fuerzas de seguridad respondieron con fuerza ilegítima y otras medidas represivas a las protestas que reivindicaban derechos económicos y sociales. Quienes criticaban al gobierno del presidente Nicolás Maduro eran objeto de detención arbitraria, desaparición forzada y tortura con la aquiescencia del sistema judicial. El gobierno reconoció 455 casos de desaparición forzada registrados desde 2015, que en su mayoría no se habían resuelto. Persistía la impunidad por las ejecuciones extrajudiciales que seguían cometiendo las fuerzas de seguridad. (…) Siguieron empeorando las condiciones penitenciarias, especialmente la falta de acceso al agua y a la alimentación. La minería ilegal y la violencia amenazaban los derechos de los pueblos indígenas en la zona del Arco Minero del Orinoco. El número de personas venezolanas que huían del país seguía siendo elevado, y las que eran devueltas eran objeto de detención arbitraria. (…) Persistía la violencia sexual contra las mujeres y las niñas, y las personas LGBTI seguían sufriendo discriminación”.
Uruguay, por su parte, puede mostrar al mundo un régimen de libertades que lo coloca como un ejemplo no sólo en la región sino también a nivel global. Tal como ha señalado el instituto Uruguay XXI, “Uruguay es la democracia más plena de América del Sur. Lo refleja el puntaje promedio de 8,66 que obtuvo en el estudio sobre el Índice de Democracia publicado recientemente por la unidad de inteligencia de The Economist, que contempla cuatro categorías: proceso electoral y pluralismo (10), funcionamiento del gobierno (8,93), participación política (7,78), cultura política (6,88) y libertades civiles (9,71). De acuerdo con estos datos, Uruguay fue una de las pocas naciones que obtuvo un puntaje perfecto en su proceso electoral y pluralismo. Desde la creación del estudio, que se hace anualmente desde 2006, el país mantuvo estable su puntaje, que nunca bajó de 8. Según el grupo de análisis con sede en Londres, Uruguay alcanzó en el puesto 14 a nivel global y con el único país latinoamericano que comparte la categoría de “democracia plena” es Costa Rica, que alcanzó el escalón 17 del ranking total. Nuestro país ostenta asimismo envidiables registros en materia de transparencia, libertad de prensa o desarrollo humano, entre otros.
A pesar de ello, lamentablemente, el Frente Amplio –que en 2012 durante el gobierno de Mujica propició el ingreso de la dictadura venezolana al Mercosur, mediante una vergonzosa maniobra política– se mantiene en silencio frente a los ataques del gobierno caribeño y se olvida que muchos de sus integrantes encontraron refugio en ese país durante la dictadura uruguaya. A la doble moral de Venezuela en este tema los socios locales de ese país (Frente Amplio y Pit Cnt) se hacen los distraídos. Como sucede en tantos temas (cuando Tabaré Vázquez pidió que Uruguay incurriera en “default” durante la crisis del 2002 o cuando la coalición de izquierdas pidió el encierro de la población en la pandemia del 2020), el Frente Amplio y el Pit Cnt vuelven a colocar sus intereses por encima de los intereses del país. Nada nuevo bajo el Sol. → Leer más

El punto no es tan engorroso como amenaza a primera vista. ¿De qué se trata? De todos nosotros. De la “economía de la atención”. Se trata de un concepto que fue tomando forma, a partir del debate entre economistas ya avanzado el siglo XX. Entre ellos, destaca Herbert A. Simons, quien compiló esos intercambios, concluyendo que “la atención del ser humano es un bien escaso”, que “a través de la gestión eficiente de la exposición a contenidos publicitarios, genera recursos económicos, a partir de mecanismos opacos como la comercialización a terceros”. Simons fue reconocido en 1978 con el Nobel de Economía.

Hay una conclusión de aquella hora que hoy adquiere mayor valor y dimensión. La resume Simons así: “en un mundo rico en información, la abundancia de ésta significa falta de algo más: la escasez de lo que la información consume. Lo que consume es por demás obvio: la atención de sus receptores. Por lo tanto, la riqueza de información genera pobreza de atención y una necesidad de colocar eficientemente dicha atención entre la sobreabundancia de fuentes de información que pueden consumirla”.

Años después, las investigaciones y recolección de pruebas permitieron saber que apenas 9 segundos es lo más que dura la atención de las generaciones actuales, luego cambiarán de asunto, en tanto consume contenido digital de las redes sociales, es decir, un segundo. Con esos 9 segundos el cerebro se “declara” satisfecho. Para mantener un alto nivel de atención, las redes sociales han comprendido que deben recapturar la atención, y lo hacen con nuevos estímulos, novedosas alertas y, por supuesto, recomendaciones cuasi compulsivas de hábitos de consumo. Casi como superando un vaciamiento, una expresión de angustia solitaria.

En esos momentos, han entrado en acción los algoritmos de búsqueda. Dicho casi una confesión, Sean Parker, cofundador de Facebook, reveló que en el avance de ésta, se apeló a principios psicológicos y neurológicos, desarrollando una suerte de “sistema de recompensa en el cerebro, a partir de los flujos de dopamina”, del mismo modo que opera una droga sintética.

El punto es que hoy convergen varios desarrollos, casi de manera explosiva que podría resumirse así: “en la economía de la atención, el creciente mercado de la publicidad digital, el desarrollo y masificación de los smartphones, la Inteligencia Artificial, el comercio de datos privados y la ambición de personas de sus cuadros de alta dirección, han transformado a las redes sociales y el contenido digital en una especie de agujero negro que absorbe cantidades insanas de atención humana, utilizando la dopamina como estímulo neuronal, emulando la actuación de las drogas sintéticas”.

El uso excesivo de las redes sociales hace temer sobre el impacto que esto tendrá en las relaciones sociales, en lo emocional, económico, en política y en lo cultural para la humanidad en el presente y en el futuro cercano. Cuestiones, por ejemplo, de encierro de los adolescentes en sus dormitorios, socializando desde la soledad de su habitación aún cuando en el hogar haya otros miembros de la familia.

¿Qué tan valiosa es la atención?

Muy valiosa, y por varias razones. La primera y básica, nos permite concentrarnos en una tarea y realizarla con eficacia y satisfacción. Esa atención ayuda a minimizar errores, elevando el rendimiento general. Por ello, una esmerada atención contribuye a una mejor socialización. Sin embargo, cuando la información se vuelve abundante, la atención, como recurso finito, se redimensiona. Una cuestión más tensa y competitiva dada la millonaria oferta internáutica, en especial, de las redes sociales.

Entonces, aparecen nuevos problemas, esencialmente éticos. La abundancia de información genera una sobrecarga, y una competencia por captar el interés del internauta. A ello se suma, las estrategias tóxicas cada vez más abundantes, con falsedades y mentiras, que van erosionando al buen usuario pues lo exponen a situaciones enojosas respecto a sus usuarios. De allí a la desconfianza, y de ésta a desligarse de comprender si se está o no frente a una mentira, incluso a una campaña de desprestigio, hay poca distancia. Quedamos a un paso de tomar malas decisiones basadas en información no ajustada a procesos de verificación.

Por ello, hay que ser crítico con las versiones y las fuentes de información. Siempre estamos expuestos a error, y a otros pecados de mayor ingratitud.

La crispación

Desde los inicios de las redes sociales, cuando existía una fuerte empatía por este nuevo espacio virtual que permitía reencontrarse con viejos y olvidados afectos, se ha involucionado severamente. Walter Lippmann, subrayaba por los años 1920-1930, al estudiar los inconvenientes de las estrategias de comunicación desarrolladas por el periodismo, haciendo foco en la transformación de las referencias informativas y sus paradigmas, que “los hombres dominan menos palabras que ideas para expresar, y el lenguaje, es un diccionario de metáforas desviadas” (La Opinión Pública, 1922).

En consecuencia, los postulados comunicativos de Lippmann se inspiran básicamente en el poder de las imágenes y los contenidos que pueden convertirse en patrimonio colectivo, junto con el proceso evolutivo que ha conducido a tal innovación icónica.

Pero de las redes sociales, han nacido los mercaderes de la crispación. Aquel espíritu inicial que sirvió para conectar amigos, rescatar nostalgias, intercambiar ideas y la pretensión de “dar voz a los que no tienen voz”, ha dado paso a manipulación relacional e informativa, con campañas políticas, religiosas y sociales de odio y discriminación, dominadas por el afán lucrativo, sin un encuadre ético. Una tierra salvaje y ruin.

Sin ambigüedad, hemos involucionado. El tono beligerante y agrio es dominante. Ya en 2016 un estudio de Pew Research concluía que el 49% de los usuarios consideraban que las conversaciones políticas en las redes sociales eran más furiosas que en la vida real. Las redes ya contribuían a la crispación.

Desde entonces esta tendencia no sólo se ha afianzado, sino que se ha profundizado. Las redes se han rentabilizado mediante la compra-compra de seguidores ficticios por parte de influencers. Los linchamientos públicos de personas en las redes buscan condenar al ostracismo ante la pasividad de un sistema judicial que merece revisarse.

Quedan pendientes graves problemas. El primero es rescatar la soberanía jurídica, e incluye la gobernanza del sistema. Hay que rescatar la idea del Estado como rector, y la Internet como parte del ámbito público, supranacional. El segundo asunto, es el modelo de negocio. Desde sus inicios, el usuario medio ha aceptado ceder datos de privacidad a cambio de un servicio gratuito, aunque sea de menor calidad. Así, los algoritmos usarán esa información para afinar la puntería e ir directo a los intereses del usuario. Las firmas publicitarias pagan por ello. Se apropian de datos y de mensajes privados. También los algoritmos, una suerte de comandos invisibles, que restringen nuestras búsquedas y contactos.

Y finalmente, un clima de transparencia y reglas claras. Internet para la humanidad, para la libertad. Por ello, inspirados en Jünger Habermas, “concluyamos que posibilitar una esfera pública política inclusiva es la condición necesaria para toda batalla política emancipatoria, sea nacional, supranacional o global”.
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(ESPACIO CONTRATADO)

El IASS forma parte de una concepción ideologica introducida en el año 2007 por el primer gobierno del Frente Amplio, por la cual debía recaer sobre los sectores laborales de mejores ingresos una carga tributaria tendiente a lograr una “mejor distribución del ingreso”, disminuyendo los ingresos de:
A) Aquellos trabajadores que mayor esfuerzo realizan, mediante el multiempleo, las horas extras o el mejoramiento de su competitividad en el mercado laboral a través de la especialización y el estudio.

B) Jubilados que a lo largo de su vida laboral hayan tenido la mayor densidad de aportes fruto de su formación y dedicacion.
A 16 años de la vigencia de esta carga tributaria injusta y abusiva, se han verificado consecuencias que pocos analizan o son capaces de visualizar:
A) Los profesionales universitarios durante estos años, han mermado su capacidad de aporte a su entidad previsional. Sin que este sea el único factor determinante de la crisis, observamos con estupor como durante la discusión de la denominada “ley express” se pretendía aplicar la receta de un “2do. IASS.” a los jubilades de esa caja. La actitud llegó a tales extremos que para no disminuir la recaudación del “1er IASS..” se continuaba gravando la jubilación nominal de los pasivos que según disposición del a Art. 14, ley 18314, debe quedar “afectada exclusivamente al deficit del BPS.”

B) La coalición a pesar del compromiso del presidente de la república para derogar el IASS, ha impulsado la idea de que el IASS forme parte de la estructura de financiamiento del “sistema previsional común” (ley 20.130). Nuestro movimiento ha tomado debida nota de esta consagración eterna del perverso impuesto, pero también ha sufrido una fuerte desilusión con los partidos que creíamos nuestros aliados.

C) El afán recaudatorio ha llegado a tal extremo que ante la posibilidad de que un jubilado vuelva a la vida laboral, en adelante debera “reliquidar” el IASS. incluyendo en el monto imponible los ingresos laborales junto a su jubilacion.

Reiteramos el IASS, impuesto que rige desde el 2008, injusto, discriminatorio, confiscatorio e inconstitucional, implica continuidad con la gestión de los gobiernos del Frente Amplio, debe ser derogado, eliminando el concepto de renta que no corresponde aplicar a las pasividades.

Nos encontramos ante un sistema político que no respeta nuestra dignidad, ni nuestros ahorros y que detrás de la falsa antinomia entre “izquierdas” y “derechas” ha cerrado filas para favorecer mezquinos intereses de grupos empresariales, en detrimento de quienes han realizado el mayor esfuerzo para acceder a un retiro digno. Somos más de 170.000 jubilados que pagamos este perverso impuesto y nuestro voto será el arma que utilizaremos en las próximas elecciones. → Leer más

Después de 50 años, Brasil se declaró libre de aftosa sin vacunación en todo su territorio, según informó el gobierno de Lula Da Silva. El vecino país es el mayor exportador de carne vacuna del mundo y este anuncio, según los expertos –y el objetivo de la medida–, le abriría la puerta a mercados de alto valor comercial.
“Con el fin de la última inmunización contra la fiebre aftosa para 12 unidades de la Federación y parte del Estado de Amazonas, Brasil avanza en el Plan Estratégico del Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa (PE-PNEFA) y queda completamente libre de la enfermedad sin vacunación”, informó el gobierno brasileño.
En principio aparece como una buena noticia para los sectores productivos ganaderos brasileños y para el propio país, que mediante esta decisión se ahorra millones de dólares en la vacunación y los correspondientes operativos logísticos para todo el proceso, a la vez que tiene acceso a mejores precios a mercados que pagan mejor por este avance desde el punto de vista sanitario.
Aunque este “avance” debe ser tomado con pinzas, habida cuenta de los antecedentes de la producción pecuaria del cono sur latinoamericano.
Por lo pronto el anuncio autodeclarativo de la evolución de la situación sanitaria del país fue realizado por el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Fávaro, junto al vicepresidente de la República y Ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Geraldo Alckmin, en el Anexo II del Palacio do Planalto.
“La acción, que se enmarca en el proceso de reconocimiento internacional por parte de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), representa el fin del ciclo de vacunación, iniciado hace más de 50 años, y el reconocimiento a la calidad de la producción pecuaria nacional y la calidad del Servicio Veterinario Oficial”, remarcó el gobierno con sede en Brasilia.
De acuerdo a los datos del gobierno brasileño, más de 244 millones de bovinos y búfalos en 3,2 millones de propiedades dejarán de ser vacunados contra la enfermedad. Agregó que ello “traerá una reducción de costos directos, con la aplicación de la vacuna, de más de 500 millones de reales”.
En este marco, el ministro de Agricultura brasileño indicó: “Es el inicio de un proceso en el que Brasil cambia de nivel con un grupo de la élite mundial de la salud, lo que es mucho más difícil de mantener dentro de esa élite. Con toda la dedicación, con los Estados, todo el sistema involucrados, llegaremos a mercados muy exigentes pero muy gratificantes. Podremos vender a Japón y Corea del Sur, que son más remunerativos y pocos países pueden acceder a ellos. Al declararse libre de fiebre aftosa sin vacunación, Brasil da un paso importante”.
También se refirió a este tema el vicepresidente Alckmin: “Hoy es un día histórico, porque Brasil siempre soñó con ser un país libre de fiebre aftosa sin vacunación, lo que supone un nivel altísimo de sanidad animal y de buena defensa agrícola”. Añadió que “nos ayudará a abrir nuevos mercados, incrementar el precio de las exportaciones y acceder a mercados más exigentes. Ahora trabajaremos para ser reconocidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal”.
El gobierno de Lula apuntó que “Brasil prevé presentar la solicitud de reconocimiento a la Organización Mundial de Sanidad Animal en agosto de 2024”. Recordó que solo los Estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia y partes de Amazonas y Mato Grosso tienen reconocimiento internacional como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación por parte de la OMSA.
La visible euforia del gobierno brasileño contrasta con el silencio que han adoptado por ahora las gremiales del sector y gobiernos de sus países vecinos, es decir Argentina, Uruguay y Paraguay, que también tienen a la ganadería como uno de los pilares de su actividad económica, y siguen manteniendo el estatus de libres de aftosa con vacunación.
Este es precisamente el punto, porque nada menos que Brasil, el mayor exportador de carnes del mundo, tiene amplias fronteras con estos vecinos, y el hecho de que se deje de vacunar contra esta zoonosis por intereses económicos propios, conlleva un factor de riesgo en el que precisamente los vecinos no han querido caer.
No es una medida que resulte sorpresiva, sino que desde hace ya tiempo Brasil había anunciado su intención de pasar a la categoría de libre sin vacunación, y se han ido incorporando gradualmente estados del cinturón productivo pecuario brasileño a esta condición.
En el caso de Uruguay, cuando el Estado de Río Grande del Sur pasó a ser libre de aftosa sin vacunación, se acordó la necesidad de fortalecer la agenda entre Brasil y Uruguay en materia de colaboración técnica, entrenamiento conjunto, e intensificación de vigilancia de fronteras.
El ministro de Ganadería Fernando Mattos destacó en ese momento que dicho estatus fue una meta definida en el plan hemisférico de erradicación de fiebre aftosa y que nuestro país tenía como medida inmediata “observar la evolución”, y que “Uruguay no ha tomado la decisión, ni técnica ni política, de dejar de vacunar”.
En ese sentido, Mattos dijo que “las enfermedades no conocen fronteras” y que “la única garantía es a través del sistema de coordinación y equipos técnicos”.
Para Uruguay “dejar de vacunar representa un riesgo grande para la economía y no vemos un beneficio claro”, expresó el secretario de Estado.
Esta es la ponencia que mantiene Uruguay hasta ahora, mientras los brasileños, como han hecho siempre, “hacen la suya” e imponen condiciones por la fuerza de los hechos, por el tamaño de su economía, trasladando por supuesto a sus vecinos los riesgos que conlleva dejar de vacunar, cuando se está expuesto a que aparezca un brote en el momento menos pensado, y se deje una enorme producción ganadera a un eventual contagio de dimensiones catastróficas, como ya ha sucedido, a la vez del cierre de mercados.
El antecedente inmediato de la postura argentina, a su vez, es la del integrante de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) y del Foro Mercosur de la Carne (FMC), Martín Rapetti, quien sostuvo que la vacunación contra la fiebre aftosa para él “no está en discusión, es una inversión no un gasto, es una seguridad desde todo punto de vista”. Adelantó que el tema será analizado en la Organización Mundial de la Salud Animal (OMSA) este mes de mayo, y que “la vacuna nos da seguridad y tranquilidad. No queremos dejar de vacunar bajo ningún aspecto”, sentenció.
Es decir, que por intereses económicos se encara una jugada de riesgo, pero no solo para el Estado y el país en cuestión, sino para toda la región que depende del recurso ganadero –gran parte del Cono Sur latinoamericano, incluyendo al Uruguay– y donde sobre todo a partir de esta realidad, la vigilancia y la detección precoz de eventuales focos pasa a ser clave en el nuevo escenario.
En nuestro país y los demás países de la región, ante los estragos por el brote de aftosa en 2001 –que “casualmente” surgió en la frontera con Brasil, que a su vez demoró mucho en “detectar” un caso en su territorio– es absolutamente justificado que se mire con recelo y se siga de cerca esta situación, porque además ya se ha evaluado exhaustivamente el costo-beneficio de dejar de vacunar contra esta zoonosis, y hay prácticamente consenso entre gobernantes, técnicos y productores de que los beneficios serían muy relativos en comparación con los serios problemas que podrían devenir de nuevos brotes.
De eso se trata precisamente, porque en un subcontinente donde el Uruguay y otros países vecinos tienen a la carne como un valor preciado de exportación, resulta vital la cooperación e interrelación entre los que comparten el recurso para preservarlo y potenciarlo, porque además al no existir fronteras sanitarias un problema puntual en determinada zona puede llegar a extenderse hasta lugares impensables superando todas las barreras, como ya ha ocurrido. → Leer más

Como ocurre en los meses previos a cada elección nacional, distintos sectores de actividad, gremios y lobbies de diversos ámbitos, se reúnen a efectos de estructurar un temario común con el fin de trasladar sus planteos a los precandidatos y potenciales candidatos a la Presidencia, con el objetivo de conocer el pensamiento de los aspirantes sobre una serie de puntos que consideran fundamentales a efectos de evaluar su apoyo o no a sus propuestas y programas de gobierno, escenario este que es esencia del régimen democrático de gobierno y pilar de la institucionalidad.
Pero, naturalmente, debe tenerse presente que estamos ante sectores y aglutinamientos que legítimamente velan por sus intereses y que esta es la representatividad que realmente tienen, lo que no significa que lo que plantean esté en sintonía con el interés general, que es mucho más que la suma de planteos en tiempos electorales, por lo que responden más bien a un intento de obtener concesiones o satisfacción a reivindicaciones que sostienen a veces desde larga data y que consideran las más de las veces que no han sido contempladas por los sucesivos gobiernos.
Igualmente, por más que se trate de planteos que son de recibo, analizados desde un punto de vista general, deben evaluarse en un contexto de prioridades, de plazos y posibilidades reales de satisfacerlos, porque naturalmente ello depende también de los sesgos de cada gobierno, de su perfil ideológico y muchas veces de situaciones que tienen que ver con un contexto global al que no es ajeno cualquier gobierno al que le toque asumir en 2025.
Entre otros grupos representativos, tenemos que los empresarios nucleados en la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), considera que abaratar los combustibles, bajar los costos del Estado y modificar el sistema tributario para “alentar las inversiones” son ejes clave de la acción que debería considerar el próximo gobierno y así lo transmitirán a los precandidatos a la Presidencia próximamente.
Con este fin, la Cámara de Industrias del Uruguay elaboró un plan con 93 iniciativas que tienen como meta fortalecer el desarrollo del sector manufacturero, responsable de 265.600 puestos de trabajos directos e indirectos.
Los empresarios se manifiestan preocupados por el gasto público y sostienen que debe reducirse en torno al 20% del Producto Bruto Interno (PBI). Algunas de las medidas propuestas en ese sentido son disminuir progresivamente la cantidad de empleos públicos (en el gobierno central, empresas públicas e intendencias) y “endurecer las medidas de castigo por las malas decisiones” que tomen los directores de empresas públicas, detalla el documento. Para “promover un ambiente laboral que garantice el funcionamiento de las empresas”, desde la CIU se propuso modificar las negociaciones colectivas. En el documento, titulado “Plan de acción para el desarrollo industrial de Uruguay” se planteó que la negociación tripartita se utilice únicamente para acordar el salario mínimo por rama de actividad, y que además se establezcan mínimos diferenciales dependiendo del tamaño de las empresas y el lugar donde se encuentren. “La negociación salarial actual perjudica a las micro, pequeñas y medianas empresas del Interior, ya que están obligadas a pagar salarios mínimos superiores a sus niveles de productividad”, detalla el documento. Por otro lado, propusieron implementar procedimientos de prevención de conflictos con sanciones por incumplimiento y un protocolo de desocupación.
En este contexto Fernando Pache, presidente de la gremial, reconoció que se han hecho reformas en las políticas públicas que fomentan la actividad del sector, pero sostuvo que aún quedan desafíos que “se traducen en sobrecostos para la producción o en oportunidades perdidas”. Los industriales aseguran que debe perfeccionarse la regla fiscal y aplicar reformas tributarias, disminuir el precio de los combustibles y los sobrecostos de Ancap, así como generar incentivos para que las industrias generen su propia energía, uno de los elementos para mejorar sus costos productivos.
Es difícil sustraerse a compartir estos conceptos, donde al menos buena parte de ellos responden al más elemental sentido común, y si bien son reivindicaciones que no son originales, sino que con matices fueron transmitidas en su momento a quienes han sido gobierno en más de una administración, más allá de las intenciones, en gran medida han quedado en el debe.
Los empresarios, además de competitividad y empleo, hablan sobre innovación, sostenibilidad, emprendedurismo y educación. Indican que son necesarios instrumentos de fomento a la innovación como la cofinanciación de servicios tecnológicos. Sostienen que aumentar las oportunidades de formación llevará a una industria capacitada y crecimiento de las empresas, recomiendan continuar con el proceso de reforma educativa sumando más escuelas de tiempo completo y cantidad de días de clase por año, consolidar el Sistema Nacional de Formación Profesional, ampliar el alcance del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y aumentar la oferta educativa de formación dual.
Como en todos los órdenes, cualquiera sea el planteo, siempre habrá objeciones y/o controversias por la contraparte, en el marco de los conflictos de intereses que pautan el desenvolvimiento del tramado socioeconómico de un país, y por ejemplo los sindicatos pondrán énfasis en reivindicaciones salariales y laborales para priorizarlas respecto a las inquietudes empresariales.
Pero de lo que se trata para cualquier gobierno, para la vigencia de la democracia, es que cualquiera sea el precandidato que luego resulte electo presidente, es que tenga amplio criterio para sopesar por donde pasa el interés general en la evaluación de las reivindicaciones sectoriales, estableciendo prioridades en el entendido de que muchas veces el intento de cortar camino para atender tal o cual reclamo, por más justo que sea, termina causando más daños que beneficios por falta de sustentabilidad y genera distorsión en contra de los mismos a quienes se procura beneficiar.
Es el eterno dilema de un gobierno, y la diferencia entre gobernantes del momento y estadistas, estos últimos apostando a una mirada de mediano y largo plazo para identificar cuáles son realmente las posibles soluciones estructurales para cambiar la pisada, en lugar de los cortoplacismos que siempre nos hacen dar vueltas sobre lo mismo, haciéndonos trampas al Solitario. → Leer más

Comienza mayo y con él la Campaña de Mayo Amarillo 2024. A veces da la impresión de que insistimos demasiado con el tema de la siniestralidad vial, pero es que sigue siendo uno de los problemas de salud pública más acuciantes y con tendencia no solamente a seguir siéndolo, sino además a seguir complejizándose, en la medida que el parque automotor no deja de crecer y el espacio por donde transitar sigue siendo el mismo. Pero se suma a ello un contexto social de crispación, de violencia generalizada, que no es patrimonio exclusivo de Uruguay, pero que además da la impresión de que en el tránsito se potencia. Pero vayamos despacio y por las piedras.
El mes de mayo se eligió para desarrollar esta campaña global de concientización debido a que el 11 de mayo de 2011 la Organización de Naciones Unidas, ONU, hizo el lanzamiento de la Década de Acción para la Seguridad Vial, llamado que logró el compromiso de distintos países para enfocarse en la reducción de la siniestralidad vial, trabajando con equipos multidisciplinarios desde la salud, la educación, el transporte, entre otros.
Mayo amarillo nació en Brasil y de allí una explicación al uso de este color, que identifica a la gran nación vecina, pero desde allí se ha ido extendiendo en el mundo bajo la consigna de evitar y despertar la consciencia de la sociedad sobre la siniestralidad vial. Año a año las campañas de Mayo Amarillo Uruguay han ido logrando más adhesiones entre organismos gubernamentales, Intendencias e instituciones sociales, hasta las academias de choferes y centros educativos en general. Este año, el objetivo central de la campaña es fomentar “una cultura de seguridad vial sólida y sostenible. A través de la colaboración entre ciudadanos, organizaciones y autoridades gubernamentales, podemos alcanzar un cambio significativo en la mentalidad y actitudes de los conductores, peatones y ciclistas”, dice la convocatoria de este 2024, cuyo lema es “La Paz en el tránsito comienza Contigo” y será la séptima que se realiza en nuestro país, a nivel general es la 11ª edición. Agrega el llamado del movimiento que participar en las diferentes actividades propuestas “es una oportunidad única para unirnos como sociedad y trabajar juntos en la construcción de un futuro más seguro y libre de accidentes en nuestras calles y carreteras”.
El objetivo, afirman, es impulsar la discusión en la sociedad sobre “la urgente necesidad de disminuir el número de muertes y heridos como consecuencia de los siniestros de tránsito”.
El movimiento tiene por objetivo colocar en la agenda pública este tema y hacer un llamado de atención a la población sobre los riesgos que se corren en el tránsito y la importancia de utilizar las medidas de seguridad y toda nuestra atención, de allí que se generen actividades que reflejen la importancia de cuidarnos en el día a día.
Es muy habitual que en estas fechas se den a conocer datos estadísticos, números que reflejan el comportamiento de la siniestralidad, comparar con el año anterior y el anterior y una década atrás si murieron más o menos personas y cuántas sufrieron lesiones graves. No está mal. Para los técnicos es importante y en función de estos números se hace una evaluación de si el esfuerzo viene dando frutos, pero cabe preguntarse si estas cifras impactan de alguna manera en la opinión pública, si saber que hubo diez muertes más o menos, es una razón para que alguien, al subirse a su auto se coloque el cinturón de seguridad, o se termine de decidir por meterse de pronto en un préstamo y comprar esa silla de retención infantil adecuada para la edad de sus hijos, o recuerda reemplazar la lamparita quemada del foco trasero de la moto que usa para dirigirse al trabajo, y ya que está pasa por el taller a revisar los frenos, colocarse el casco y algunas cintas reflectivas, que en el supermercado cuestan menos de $ 100. Esos números que se publican no son ni más ni menos que personas, madres, padres, hermanos, novios, esposos, compañeros de trabajo. Así debemos verlos.
Durante todo el mes, en diferentes puntos del país, se llevarán a cabo talleres, capacitaciones, exposiciones y otras actividades que permitan generar conciencia sobre el problema del tránsito y la siniestralidad. Por más que se trate de un conductor experto, nunca está de más darse una pasada por allí y refrescar conocimientos. Hoy en día también hay mucho material disponible en las distintas plataformas explicando aspectos de la conducción segura y recomendaciones para evitar problemas al circular. La campaña invita también a lucir un lazo amarillo como símbolo de compromiso y de adhesión, así como a difundir experiencias y aprendizajes en redes sociales con una etiqueta (hashtag): #MayoAmarilloUruguay2024.
Pero más allá de todo esto hay un aspecto fundamental, que es la predisposición con la que cada uno sale a compartir el espacio de la vía pública, porque a la postre no se trata nada más que de eso, de coexistir en un espacio común, y la forma en la convivimos allí es clave para esa paz que reclama este movimiento. Paz como oposición a la violencia vial, un concepto que encuadra todos los comportamientos temerarios y agresivos, que ponen en riesgo a sí mismo y a los demás usuarios de la vía pública. Hay algo de predisposición a la hora de salir a la calle en lo que cada uno puede trabajar, pero sobre todo debemos tenerlo presente al circular, no pensar en quién tiene la razón ante un eventual accidente, sino transitar pendientes también de los posibles errores u omisiones de los demás usuarios de la vía pública, porque en realidad nadie está libre de un momento de distracción o de un equívoco. → Leer más

Desde tiempos inmemoriales el informalismo laboral y en general es sinónimo de desajustes y distorsiones en una economía, que trasciende lo macro y se refleja en el ámbito socioeconómico en general, pero también permea en otras direcciones, incluyendo las finanzas del Estado y su capacidad para atender la vasta problemática de la seguridad social, por ejemplo.

Lamentablemente, a la hora de hacer previsiones y cálculos sobre cuánto se va a recaudar y por lo tanto poder devolver en prestaciones y servicios la aplicación de las normas en la relación con trabajadores y empresas, se debe calcular un determinado porcentaje de informalidad en el sistema y evaluar incluso cómo la decisión de elevar una tasa o una carga va a repercutir, porque hipotéticamente un incremento del 10 por ciento no necesariamente va a implicar un aumento similar en la percepción de recursos, e incluso podría ser al revés, tener un descenso por el pasaje de más usuarios a la informalidad.

En el caso del BPS, y más aún cuando hay una reforma en curso a la que se pretende derogar a través de un plebiscito, viene a cuento situarnos en la realidad de nuestro país, en la importancia de tener una economía con empresas y trabajadores regularizados en el mayor porcentaje posible, en beneficio de los propios contribuyentes en general, de los actuales participantes en el sistema y también de los que vendrán.
Un alto informalismo no solo es un tiro en la línea de flotación del sistema, sino también de la propia economía en general, sobre sobre todo para los que son y serán beneficiarios, desde que significa que sus prestaciones serán más bajas a la hora del retiro, y a la vez serán afectados fuertemente los servicios que se podrán prestar a quienes los necesitarán en las diversas etapas de la vida, pero sobre todo en la vejez, cuando se requieren mayores cuidados desde el punto de vista sanitario.

Ubicándonos en la realidad de hoy, surge que en base a la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del Instituto Nacional de Estadística (INE), el último dato sobre el no registro confirmó una tendencia que se dio el último año, en el sentido de que la informalidad llegó al 22 por ciento, medida al mes de febrero, que es una cifra dos puntos más alta que el mismo mes del año anterior.
Quiere decir que ha habido un retroceso en un año, con un escenario que no es uniforme, por cuanto según se ha verificado, el problema del informalismo se da en mucho mayor porcentaje en zonas fronterizas, donde existe además una economía subterránea que escapa porfiadamente a la formalización y que implica consecuencias adversas para los propios omisos, que son los que no estarán en condiciones de beneficiarse del sistema en un período de su vida en que más lo necesitarán, lamentablemente, porque sigue primando el vivir el hoy dejando para algún día ocuparse del mañana, que inevitablemente vendrá.

De acuerdo a un artículo del semanario Búsqueda, el departamento de Artigas tiene la mayor proporción de trabajadores en negro en el país, con el 54,5 por ciento, seguido de Cerro Largo con el 45,2, Tacuarembó 41 por ciento, Salto 36 y Rivera con el 34,3.

Tenemos por lo tanto, para simplificar, que esta incidencia varía entre cinco cada diez y tres cada diez de los trabajadores en esos departamentos, en tanto la escala descendente en el resto de los departamentos del país tampoco indica que las cifras sean auspiciosas, aunque debe tenerse en cuenta que esta problemática se da en algunos sectores más que en otros, y en muchos casos reviste asimismo un carácter zafral, sobre todo donde se dan elevados porcentajes de desocupación.

Una pista la da en el semanario el especialista en asuntos laborales del instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, Matías Brum, quien en este sentido propone ir hacia un plan nacional de formalización para reducir estos indicadores.

“Si sabemos que el 45 por ciento de los trabajadores informales está en la construcción, y que el 42 por ciento de los trabajadores de Rivera son informales, por ejemplo, hay suficientes pistas para trabajar”, señala, en tanto advierte que se crucen datos entre la Encuesta Continua de Hogares y el BPS.

Claro, cuando se habla de informalismo lo situamos en la abstracción del tema, cuando la realidad es mucho más compleja y hay situaciones y situaciones, y lo que existen además son normas que se incorporaron en su momento con el objetivo de generar recursos para atender lo mejor posible a quienes serían beneficiarios, pero perdiendo de vista la realidad socioeconómica.

Por ejemplo, en la construcción, la capacidad contributiva de empresas en base al volumen de las actividades que son capaces de abordar, y también de sus clientes, de aquellos que las contratan pero se encuentran con presupuestos “inflados” ante el costo de construir por las cargas que pesan sobre el sector desde hace muchas décadas, lo que alienta el informalismo.

Respecto a las inspecciones del BPS, reflexionó el especialista que “hay una discusión que siempre está sobre la mesa, que es: cuando un sector o área específica está en crisis ¿cuánto ayudo si voy más hacia ahí? Es una tensión que siempre se tiene en la definición de un programa”·.

Es la eterna disyuntiva que se ha dado en un país en el que se hacen y pretenden aplicar muchas leyes, con buena intención y a veces hasta con un sentido voluntarista, pero a la hora de su control, el sistema falla, y se hace agua por todos lados, por lo que se termina desvirtuando el sentido de la normativa y a la vez se traslada la carga solo sobre los que procuran mantenerse dentro de lo formal; en tanto, los que siguen en la informalidad compiten deslealmente con los que hacen el esfuerzo para cumplir con la ley.

Lo que debería hacerse, por supuesto, es extremar las acciones para que todos estemos incluidos en la formalidad, en cumplir con las normas y que se controle debidamente y se apliquen sanciones a los omisos, para beneficio general, de los que están y de quienes vendrán. Estamos prácticamente siempre en crisis, en un sector más que en otro en determinado período, y a la inversa en otros, y muchas veces tanto empresarios como trabajadores optan por estar en omisión total o parcialmente, porque la otra alternativa es desaparecer como emprendimiento o quedarse sin trabajo.

Esta disyuntiva no es inventada ni mucho menos. Responde a la realidad y los que cumplen con sus obligaciones quedan en desventaja respecto a los que son omisos y sin embargo siguen en esa situación por falta de controles y/o sanciones, consecuencia de la cultura de no asumir plenamente las responsabilidades.

En esta encrucijada, ante un sistema que ya cruje y para el que la reforma seguramente no será la solución definitiva sino solo un paliativo que en el mejor de los casos puede durar varios años, lo que se requiere es un sinceramiento del tramado socioeconómico, apuntando a que se integre al sistema el mayor universo posible de usuarios –siempre habrá un núcleo duro de informalismo, es cierto– para generar una sustentabilidad imprescindible, a la vez que realmente sirva el sistema a los objetivos para los que fue concebido.

Y para ello deberá ponerse el acento en campañas que contribuyan a modificar un patrón cultural que lamentablemente va con nuestra idiosincrasia, con el de vivir el hoy sin importar el mañana, y considerar que el esfuerzo adicional que se haga hoy será en beneficio de todos, porque además si todos cumplen, todos pagarán menos, en lugar de hacerlo siempre los mismos, en forma doble, por ellos y por los que no lo hacen.
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En los escenarios electorales se plantea una diversidad de temas que suelen quitar la atención de los asuntos que la ciudadanía plantea como prioritarios. El incremento de la violencia en los hechos delictivos y la inseguridad ciudadana se ven reforzadas con el aumento de los abusos a menores dentro del ámbito familiar.

Los casos ocurridos a nivel nacional y local ponen en el radar una problemática de difícil resolución y seguimiento. Las víctimas –muchas veces sometidas a una revictimización– sufren en su entorno cercano que, en vez de abusar y someter, debería proteger y brindar cuidados.
Son hogares que no otorgan las garantías mínimas y, en ocasiones, las propias autoridades resuelven derivaciones con familiares que aportarán un dolor mayor al ya padecido. Si ha mejorado la intervención en los casos y su posterior registro, es por el aumento de las denuncias. Y, en el marco de la multicausalidad que en general ostentan las problemáticas sociales, los hechos de violencia vinculados a la niñez no son ajenos.

El debilitamiento en la contención familiar ha sido desde siempre un factor de riesgo. Sin embargo, se acelera en los últimos años, por una diversidad de factores que termina completando el Estado ante la ausencia de un referente que responda ante las necesidades básicas de un menor a su cargo.
Y eso corresponde a la vulneración más clara de los derechos individuales. De hecho, una de las figuras jurídicas que se ha incrementado es la omisión a los deberes inherentes a la patria potestad.

Estas situaciones, en franco crecimiento, no conocen de clases sociales. Sin embargo, el Estado responde con amparo a niños o adolescentes que residen en hogares donde hay consumo problemático de sustancias, pobreza y marginación.

La semana pasada, enmarcado en el Día de la Lucha contra el Maltrato Infantil, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) comparó las intervenciones. En 2023 fueron más de 8.000 que se traducen en unas 22 todos los días, con un aumento del 9% con respecto a 2022, cuando se registraron unas 7.400.

Las niñas y adolescentes encabezan las estadísticas, tal como se manifiesta desde hace años. En su mayoría, ocurren entre los 13 y 17 años y por primera vez supera al resto de las franjas etarias. En años anteriores se ubicaba de 6 a 12 años, así como el principal agresor fue la figura masculina. En el 90% de los casos es un familiar directo o integra su grupo de convivencia, dice el informe. Incluso, se registran abusos desde que las víctimas tienen menos de un año de vida.

Son 8 de cada 10 situaciones de violencia sexual en niñas y adolescentes que demuestran la “extrema vulnerabilidad asociada al género”, agrega el documento. Los hechos pueden resumirse en negligencia, violencia física, emocional y abuso sexual y se refieren a lo que capta el sistema. Si el 91% de los casos se reducen al ámbito familiar, seguramente se constituye en un subregistro de difícil detección y abordaje.

De cualquier modo, en los ámbitos educativos, sociales, deportivos o comunitarios donde participen esos niños y adolescentes, deberían existir las herramientas necesarias para una alerta temprana. Así como el barrio, vecinos y amigos que a menudo conocen la realidad de violencia, pero no denuncian.

El país debe sincerarse con estas estadísticas, así como las que refieren a la inseguridad ciudadana. Son temas bajo la discusión política que no se asemejan a otros y no hay definición de recursos para campañas de prevención. La necesidad de desmitificar es el primer escalón para lograr un involucramiento comunitario, y creer en el niño que habla de una situación de abuso será el comienzo del fin de su calvario.

Paysandú aún sigue conmovido con un hecho de violencia ocurrido durante años en una localidad del Interior departamental. En forma paralela, el trabajo coordinado entre instituciones permitirá encauzar una problemática que requiere la atención de recursos humanos capacitados en la recuperación del daño. Pero, a su vez, en la infomación compartida de datos para “mantener una trazabilidad”, acorde a la definición de las autoridades del INAU.

Es claro que son hechos que ocurrieron “toda la vida”, pero las sociedades reconocerán más temprano que tarde que no eran visibilizados. Y conforme cambiaron las circunstancias con la sanción de nueva legislación, estos asuntos que no se ventilaban fuera del hogar hoy pasaron a formar parte de los titulares.

Eso, sumado a otros factores como la pobreza, forman el caldo de cultivo de la vulnerabilidad social. El maltrato infantil debe pasar a ocupar el centro de las agendas políticas durante el año electoral, por algunas cuestiones básicas.

En Uruguay nacen pocos niños, de acuerdo a las estadísticas oficiales, y no es comprensible el incremento del maltrato y violencia en una sociedad marcada por las pautas tradicionales. El deterioro progresivo se acelera con estas acciones y el Estado no puede cubrir todo. Esta población padece las consecuencias de los conflictos de pareja, la inestabilidad familiar y la conducta negligente con afectaciones a su salud.

Y si la violencia se vuelve un hecho natural, entonces marcará sus pautas de relacionamiento entre pares. El informe del Sipiav demuestra que vivir la violencia en las primeras etapas de la vida aumentará las probabilidades de que el maltrato sea una situación habitual en sus vidas.

Las campañas continuas ayudarán a reparar el daño, pero fundamentalmente a modificar pautas de relaciones abusivas que se registran en todas las edades y sexos. La transformación de las formas de relacionamiento y los cambios culturales pueden construir un futuro libre de violencia para esos niños, niñas y adolescentes. Pero debe permanecer, necesariamente, en el centro de las agendas políticas. → Leer más