Resultados de la búsqueda de dictadura

El miércoles una noticia sorprendió por lo ridículo. HBO Max retiró de su plataforma de streaming el filme “Gone With the Wind” (Lo que el viento se llevó) de su catálogo en Estados Unidos, después de que la cinta de 1939 haya sido criticada durante años por ofrecer una visión idealizada de la esclavitud y perpetuar estereotipos racistas. Una película de hace más de 80 años analizando con los ojos actuales, un filme que versa sobre la Guerra de Secesión en el siglo XIX escudriñado con la mentalidad de hoy en día.
Es otro paso dado por esta dictadura de lo políticamente correcto, que todo lo aplaca para reducirlo al pensamiento predominante, a ese que supuestamente no quiere herir a nadie pero que encasilla y termina siendo lo que asegura combatir: ser intolerante con los que piensan distinto.
Que no pueden ni siquiera darse cuenta de la época en que ocurren las cosas ni ponerse a pensar que en otros tiempos –además de saber tenerlo como elemento histórico– había actitudes que moralmente no eran condenadas. Y de ahí el valor de conocer cómo transcurría la vida décadas atrás, para no volver a repetirlas. Pero esta no es la forma de condenarlas.
Difícilmente el racismo se acabe porque sacaron de la grilla esta película que protagoniza el gran Clark Gable.
El racismo seguirá allí por más que a algunas luminarias, influida por ese precario pensamiento, hagan esta movida. Los problemas no van a dejar de suceder porque se retire este tipo de documentos en formas de filmes, incluso en un país donde el racismo hace punta.
“Lo que el viento se llevó” es una joya de Hollywood, una superproducción de suma importancia histórica, cultural y estética; ganadora de diez premios Oscar, entre ellos el de Hattie McDaniel (Mammy), la primera afroamericana en ser reconocida con la estatuilla. Es justo mirarla con los ojos de su tiempo, finales de los años de 1930, una década donde la discriminación y las leyes de Jim Crow estaban en su esplendor. Sin embargo, no podemos negar su naturaleza problemática.
El movimiento en Estados Unidos coincide con la decisión de otras compañías como Disney, que evitó incluir en su nueva plataforma “Song of the South” (Canción del Sur) –un filme polémico desde su estreno en 1946– o la cadena de televisión Paramount que canceló el programa de telerrealidad “Cops” protagonizado por policías de Estados Unidos.
La retirada de “Gone With The Wind” llega un día después de que el diario Los Angeles Times publicara una columna de opinión, firmada por John Ridley, en la que solicitaba la medida porque la historia “glorifica” la esclavitud durante la Guerra de Secesión de Estados Unidos, “ignora sus horrores y perpetúa los estereotipos más dolorosos para las personas de color”.
El período histórico en el que se basa la película, y la novela original, es un capítulo aún controvertido en la sociedad estadounidense: los estados del sur querían proclamar la independencia al negarse a abolir la esclavitud.
Por cierto, esta película ya había sido señalada en su época por activistas como el guionista afroamericano Carlton Moss, quien criticó las estereotipadas caracterizaciones de los personajes negros por ser “perezosos, torpes, irresponsables” y mostrar una “radiante aceptación de la esclavitud”.
Otro caso del estilo surgió por estos días con la popularísima serie “Friends”. Marta Kauffman, que creó el formato con David Crane, lamentó la falta de diversidad de la trama. “Ojalá hubiera sabido entonces todo lo que sé ahora. Lo lamento, porque habría tomado decisiones muy diferentes”, dijo en una conferencia del festival ATX TV. Ahora solo faltaría que la prohibieran por ese mismo motivo.
Y así con muchas cosas por estos tiempos. En nuestro país también sucede con diferentes manifestaciones u opiniones. Los jueces de la nueva moral salen con los tapones de punta en caso de que una aseveración no entra en sus registros. Para peor, lo hacen en nombre de la libertad y el decoro.
Pareciera que existe un paquete sobre lo que hay que pensar y decir, sobre lo que hay proponer en cualquier ámbito o actividad. Sucede con las películas y también con postulados políticos, sociales, económicos. Hoy en día, quien se manifieste en contra del aborto, por ejemplo, será ejecutado en la plaza pública sin más miramientos. Sin escuchar argumentos y sin respetar que otro pudiera pensar distinto.
La dictadura de lo políticamente correcto se encuentra entre nosotros, aunque no lo notemos. Y no es otra cosa que eso: una dictadura. Tan nociva y aberrante como cualquier dictadura.
Existe una gran autocensura en todo sentido. Su instauración no ha generado ningún gran debate, inhibido en sus prácticas y contenidos. Algo que demuestra la eficacia de esta conducta. Parece increíble, pero ya casi no se pueden hacer bromas en público sobre algunos asuntos, porque cualquiera, en su literalidad infinita, se puede ofender.
Un terror que está matando las expresiones de humor y de las opiniones diversas en el buen sentido, algo que suele pasar con muchísima frecuencia en las redes sociales y en los medios de comunicación. → Leer más

La semana anterior fue aprobado en Diputados el proyecto de ley que busca que el acceso a los archivos sobre el pasado reciente sea universal, iniciativa que había sido aprobada por el Senado y que ahora, con los votos del oficialismo, (la propuesta tuvo 49 afirmativos y 40 negativos, estos últimos todos del Frente Amplio) fue aprobado con modificaciones y se remitió nuevamente a la Cámara Alta.
“Ya es ley. Conocer toda la verdad sin límites ni ediciones, con transparencia, para todo el que quiera, es el objetivo”, escribió en X el exministro de Defensa Nacional, Dr. Javier García, para acotar que se trata de un “triunfo de la democracia y de la transparencia”.
“Estamos muy contentos de que esté la ley, que va en la línea del compromiso con la verdad y los derechos humanos”, manifestó, en tanto por su lado la diputada frenteamplista Verónica Mato argumentó en la sesión extraordinaria la razón de su voto en contra de la ley.
La legisladora citó a la archivóloga a cargo de la Secretaría para el Pasado Reciente y del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UdelaR, en el sentido de cuestionar la instrumentación de la legislación para la protección de los datos “sensibles” allí presentes.
Según indica Montevideo Portal, el proyecto había ingresado al Parlamento a mediados de mayo de 2023 a través de la Comisión de Educación y Cultura del Senado. Un mes antes, en abril, una persona anónima había subido a Internet (en la plataforma archive.org) miles de documentos de la dictadura uruguaya, entre ellos el Archivo Berrutti.
García, quien por entonces era ministro de Defensa, apuntó a que se desconoce de dónde provinieron esos archivos, y asimismo aseguró al portal que “tampoco se puede hablar de que fueron documentos desarchivados porque no se tienen elementos para asegurar la veracidad de los mismos”.
Corresponde señalar que la ley establece la creación, en el Archivo General de la Nación, de una sección “destinada a la reunión, organización y conservación de documentos del pasado reciente y violaciones de los derechos humanos”.
En su exposición de motivos se habla de otra ley, la 18.435, de 12 de diciembre de 2008, que asignó “al Archivo Nacional de la Memoria la misión de reunir y organizar las copias de los documentos relativos a las violaciones de los derechos humanos”. Sin embargo, García argumentó que la razón por la que esta nueva legislación deja a un lado esa institución es porque “en los hechos nunca existió. Que esto pase al Archivo General de la Nación que funciona y que ya está establecido simplifica el proceso y lo hace más viable”, expuso.
Por otra parte, el legislador contestó al planteo de la diputada frenteamplista sobre la posible filtración de datos sensibles y apuntó al artículo 2 de la ley que habla del “mantenimiento en reserva de los datos vinculados a la vida privada y el entorno familiar de los individuos, así como la información que pueda ser considerada sensible o pasible de afectación a tercero. Ese artículo siempre estuvo en la ley y ahora deberá instrumentarse”, apuntó.
Acerca de las implicancias del proyecto, sobre fines del año pasado, el entonces ministro dijo que “es un juicio mordaza. No debe haber registro en la historia de que a un Estado le hacen demanda por querer transparencia y toda la verdad”, aludiendo a la demanda que la organización Crysol, que nuclea a expresos políticos (como se denominan), presentaba contra el Estado uruguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), y dijo que es algo “insólito”.
El motivo de la demanda es el proyecto de ley impulsado por los ministerios de Defensa y Educación para dar libre acceso a todos los archivos de la dictadura cívico-militar.
“Yo no negocio la libertad a que cualquier persona en Uruguay que quiera acceder a documentos sobre un pasado doloroso, pero que quiera conocer, pueda hacerlo”, escribió el ministro en otro posteo de la red social, a la vez que en rueda de prensa, García afirmó que el tema es “trágico y doloroso”, y que “da la impresión de que hay gente que no quiere toda la verdad ni la transparencia. Las censuras y los censuradores son de las dictaduras; en democracia es libertad y transparencia”, sostuvo.
Este episodio es solo uno más de la polémica suscitada a partir de la iniciativa gubernamental que apunta a correr el velo sobre los misteriosos archivos de la época del gobierno de facto, que a menudo se mencionan y a los que se hacen referencias parciales, pero que no han sido dados a conocer y a lo que se opone enfáticamente la izquierda, la misma que vive reclamando por “Verdad y justicia” sobre lo ocurrido en aquella época.
Es decir, con una mirada sesgada de ideología y resentimiento, que deja por cierto muchas interrogantes sobre cuáles son las reales intenciones de mantener todo oculto y dejar la “verdad” sujeta al relato de partes interesadas en que solo se da a conocer su versión sobre los hechos del doloroso pasado reciente.
La iniciativa del Poder Ejecutivo consiste en la creación de una sección especial para este tipo de documentación en el Archivo General de la Nación (AGN). La ubicación elegida asegura la conservación y clasificación de este material y sobre todo la cadena de custodia de la información, según la óptica de los promotores de la iniciativa.
Es que la izquierda se ha apoderado del relato sobre el denominado pasado reciente, con una visión romántica e interesada teñida de su ideología muchas veces con verdades a medias o directamente mentiras, con las cuales pretende confundir a la opinión pública haciendo hincapié en la “lucha contra la dictadura” de los tupamaros, cuando sin embargo éstos no dispararon un solo tiro en dictadura, instaurada el 27 de junio de 1973, sino que se alzaron contra un gobierno constitucional, ya en los albores de la década de 1960, procurando instalar en Uruguay un régimen similar al de la Cuba castrista.
Estas acciones inspiraron a los terroristas uruguayos, con su secuela de atentados, bombas, secuestros, copamientos a punta de revólver, y solo trajeron violencia, asesinatos, torturas, muertes y un inmenso drama para todos los uruguayos durante más de doce años, sobre todo para el 99 por ciento de su población, que no estaba con la dictadura que vino después ni con los guerrilleros que empezaron 10 años antes con el “cuanto peor, mejo” y que decían actuar en nombre del pueblo, con la real intención de hacer de Uruguay la Cuba de América del Sur. Y para esto contaban con el apoyo y entrenamiento militar y político de la dictadura caribeña.
García expuso que la idea es que “se pueda conocer toda la verdad”, una verdad que a su juicio no pudo conocerse por falta de voluntad política durante los gobiernos del Frente Amplio.
“Apelamos a que no haya censura y a que nadie le diga qué puede hacer y qué no. Las censuras son del tiempo de la dictadura”, dijo García, a la vez que trajo a colación una resolución dictada en 2011, durante el gobierno del Frente Amplio, en que ponían bajo reserva 151 archivos vinculados a la dictadura cívico – militar, pero a la vez subrayando la “reticencia” de la oposición en cuanto a avanzar en la difusión de este tipo de archivos, aludiendo a que parece que allí “hubiera algo que quemara”, más potente que el derecho del pueblo a saber la verdad.
Por cierto, la reflexión que surge nítidamente y que impacta por su incongruencia es por qué se quiere ocultar estos archivos por quienes han pregonado insistentemente durante décadas “verdad y justicia”, y con rebuscados argumentos y dilaciones pretenden que solo se escuche su relato sobre los hechos acaecidos antes y durante la dictadura.

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Los años electorales son oportunidades para encontrar a los precandidatos en un debate sobre los temas que preocupa a los uruguayos, como es el aumento del desempleo –de acuerdo a la última medición del Instituto Nacional de Estadística–, la seguridad, la economía o la educación. Son, al menos, los asuntos que encabezan las consultas de las encuestadoras.
Sin embargo, en los últimos tiempos los principales precandidatos se entrecruzaron sobre el régimen que gobierna en Venezuela y las dificultades por ponerle un nombre a un asunto que no se encuentra entre las prioridades de la población, aunque debería considerarse la oposición entre democracia y dictadura.
Los hechos ocurridos en Oriente Medio se muestran sensibles en un debate que mide fuerzas y entremezcla conceptos de la geopolítica, sin tener claro que las posiciones antagónicas vienen desde los confines de la historia y una discusión entre líderes uruguayos, no saldará un problema mayor que atraviesa a las poblaciones que padecen.
En cualquier caso, más que dividir opiniones, demuestra la existencia de una cultura de la cancelación que va más allá de los períodos de gobiernos. Porque nace en los espacios universitarios donde ya no es posible debatir, ni siquiera académicamente y con templanza, sobre aspectos que alcanza con mostrar a buenos y malos e incluso cuestionar a quienes desean abrirse al debate de ideas.
Es difícil congeniar con estas visiones en un país que otrora ostentó su posición de librepensador y laico, con una mirada pionera en una región que recién despertaba a las nuevas ideologías.
Sin embargo, la seguridad ciudadana que sigue a la cabeza de las prioridades de los uruguayos, se encuentra en un tironeo sobre si estamos mejor o peor, al compararlo con las administraciones anteriores. En cualquier caso, las generalizaciones ganan el espacio en los debates y le quitan importancia a los aspectos específicos. Porque, claramente, la inseguridad ciudadana va bastante más allá de los números mejorados de las rapiñas, hurtos y homicidios que forman parte de las estadísticas.
La confrontación en base a los números hace perder de vista el fondo de la preocupación de los uruguayos que se sienten inseguros y, ese punto en particular, se encuentra lejos de un número sistematizado en un ministerio. No obstante, es entendible que –en tiempos de campañas electorales– cada referente político use las estadísticas en su beneficio.
Lo mismo ocurre con los guarismos de pobreza y sus lecturas parciales, sin contemplar otros contextos ocurridos en los últimos cuatro años. Los precandidatos reconocen en las entrevistas que las personas que se acercan quieren saber las medidas que plantean en sus programas de gobierno.
Pero los discursos de campaña insisten en los hechos ocurridos durante la actual gestión de gobierno y por el cual debieron renunciar varios integrantes del Poder Ejecutivo. Una cuestión que se deberá reconocer porque no era costumbre que se cambiara casi por completo a la plantilla de gobierno que asumió en marzo de 2020.
En realidad, importaría bastante más al elector, conocer lo que hará un futuro gobierno para evitar que ocurran hechos de tales características. De lo contrario, se cumple la máxima que repite “son todos iguales” y que tanto molesta.
Es relevante conocer lo que hará un futuro gobierno para evitar nuevas entregas de pasaportes a uruguayos de reputación dudosa en el extranjero, o los hechos de espionaje a políticos o a periodistas –esto último ocurrió en anteriores gobiernos– o cómo se resolverán las incomodidades políticas que generan las licitaciones a largo plazo, como el puerto de Montevideo, o los contratos que atraviesan las distintas administraciones.
Para eso resultan ideales los tiempos de campaña electoral. Es el momento preciso en el que se definen las estrategias de aquellos que tienen la chance de gobernar en este país. Y deben comunicar y comprometerse con lo que van a hacer.
La situación económica de los hogares de menores recursos es otro tema de campaña. Desde el comienzo de la democracia hasta ahora, la pobreza sigue enquistada en las mismas poblaciones. Con el paso de las décadas –incluso de la supuesta “década ganada”– se incrementaron los asentamientos y con la compleja habitabilidad de las viviendas, también se crearon las condiciones para la inseguridad alimentaria que se profundizó durante la contingencia sanitaria.
Por lo tanto, es imprescindible conocer los programas o –en su defecto– el compromiso de la clase política para instalar una política de Estado que permita avanzar con medidas para atacar causas y consecuencias.
Porque todo lo demás es una descripción de lo ya conocido y, lamentablemente, cada día más los precandidatos se transforman en relatores de una realidad que no aporta nada.
Y esta zona reclama una política de frontera con agenda propia, dada la influencia argentina, para paliar de mejor manera las variaciones económicas del vecino país que golpean tanto a las economías internas. El desempleo de dos dígitos que aún persiste en los departamentos litoraleños y, en general, al norte del río Negro, demuestra que ninguna solución se desarrolla en un período de gobierno.
Los últimos presidentes de la República han realizado el mismo pedido en año electoral. “Bajar la pelota al piso” y evitar “alguna patadita en la canilla”, como agregó Lacalle Pou.
No obstante, el Poder Ejecutivo en general debe contribuir a bajar el tono del debate. Porque en las últimas semanas, variadas controversias políticas han puesto sobre la mesa lo difícil que es llegar a un consenso a partir de la diversidad de opiniones.

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Uno de los episodios parlamentarios más lamentables en la era pos dictadura ha sido sin dudas la aprobación de la denominada Ley de Violencia de Género, un mamarracho jurídico que fue promovido por el Frente Amplio a instancias de los colectivos feministas y lobbies afines, que por supuesto son representativos solo de un ínfimo porcentaje de la sociedad, pero que con su activismo y estímulo de grupos radicales supieron generar apoyo de los legisladores de la coalición de izquierdas.

Recurrentemente surgen episodios que por su notoriedad, exponen una y otra vez la incongruencia y delirio de la normativa, hecha a medida de los activistas que solo ven el mundo con el color de su ideología y fundamentalismos, y que sin embargo han forjado en su momento la masa crítica que permitió en su momento que se pusiera en vigencia la ley 19.580.

En estos días, luego de que Romina Celeste Papasso y Paula Díaz reconocieran que la denuncia al precandidato Yamandú Orsi era falsa, la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay emitió un comunicado en el que pide cambios a la ley 19.580 de violencia basada en género.
“Los recientes hechos que se han difundido públicamente demuestran la necesidad de realizar profundas modificaciones al proceso penal y todas las normas que establecen pautas de interpretación o valoración de la prueba que vienen violando los principios de igualdad y averiguación de la verdad material, esenciales para que exista un proceso justo”, señaló la asociación.

“Las normas del Nuevo Código del Proceso Penal, la ley 19.580 y sus erróneas interpretaciones propiciadas por determinados operadores y organizaciones que reivindican la ideología de género, han venido limitando el poder de contralor de los jueces y la defensa para que se conozca la verdad, generando múltiples situaciones de injusticia”, agregó.
A su vez, la asociación señala que “la falta de garantías en estos casos notorios, que afecta a políticos de distintos partidos, son una ínfima parte de lo que ocurren todos los días en el sistema, siendo demostrativo de lo poco fiable que es privilegiar la versión de una parte por su género u orientación sexual”.
“Las garantías tradicionales en las sociedades democráticas son fruto de siglos de evolución del derecho, tendientes a asegurar la igualdad de trato de todos los seres humanos y la averiguación de la verdad para evitar situaciones de injusticia, siendo evidente que estas normas necesariamente deben ser modificadas, puesto que en la práctica se ha visto que están siendo mal aprovechadas para la persecución de fines espurios”, concluyó.

Por su parte, el integrante de la Asociación de abogados penalistas Juan Fagúndez, fue muy crítico con la ley y con el funcionamiento de Fiscalía a raíz de lo sucedido en el programa Santo y Seña en el que Díaz reconoció que la denuncia contra Orsi era falsa.

“Esto no da para más. Fiscalía, Poder Judicial Consultorio de la Universidad están siendo perforados por la miopía del Poder Legislativo respecto de la legislación que se acaba de definir en TV, como un instrumento que motiva simular, mentir, ganar dinero, etcétera”, expresó en su cuenta de X.
Según Fagúndez, la ley “ha creado un mercado de irresponsables y fanáticos ególatras que no pueden ver su propia patología. Mercado de organizaciones de las que, hoy, no vale la pena destacar, en virtud de las pocas que trabajan profesionalmente”.

“Un show entre transexuales pretende develar la verdad de sus propias mentiras y absolverse de culpas .Y sí, castigar su trama sería victimizarlos. Todo en nombre de la Ley 19.580”, concluyó.
Lo que es cierto, porque lamentablemente, se ha establecido por esta vía legal un statu quo de sobreprotección y hasta inmunidad implícita para determinados colectivos solo por su género o inclinación sexual, haciendo que no todos seamos iguales ante la ley, y sobre todo, incorporado a la mencionada normativa un apartado de reparación a las víctimas que es manejado por inescrupulosos como una vía para hacerse de dinero a través del pago equivalente a doce salarios del victimario o imputado, al amparo de la norma.
El Dr. Enrique Moller, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay, reflexionó que “hace ya un tiempo largo venimos recibiendo de parte de socios y colegas no socios cuestionamientos sobre cómo se está aplicando esta Ley de Género, en los distintos ámbitos que atraviesa”, que van desde los juzgados de Familia a juzgados de Género y en la esfera penal.
Consideró que existe falta de garantías y puso como ejemplo el caso Orsi, en el que hay delitos inventados por integrantes del colectivo trans y por lo tanto amparados en esta norma, a la vez que destacó que sin dudas uno de los artículos más cuestionables es el que indica en la ley 19.580 que “en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley, prevalecerá la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia basada en género”, por lo que cualquier duda, real o hábilmente deslizada por la parte interesada, favorece a la mujer.

En cuanto a la reparación con doce salarios, subrayó al semanario La Mañana que no sabe por qué en realidad incorporaron ese artículo en la ley. “En definitiva trata de ser como una compensación y hoy en cierta forma se ve como un negocio”, dijo, a la vez de destacar que “no son 12 sueldos, son 12 ingresos mensuales del condenado o en su defecto 12 salarios mínimos”, por lo que “indudablemente la compensación económica es un tema que atrae”.
No cuesta mucho inferir, aún sin tener una firme formación jurídica, que la ley no solo es discriminatoria –además de resultar gratis para quien miente, porque no existe pena en su ámbito para una falsa denuncia– sino también inconstitucional, por cuanto desde su entrada en vigencia no todos somos iguales ante la ley, porque ello ya depende del sexo.

Encima, como bien reflexiona la senadora Graciela Bianchi, por esta ley “si no hay pruebas, la víctima siempre tiene razón. Eso es un derecho penal de autor, que juzga a personas por lo que son y no por lo que hacen, no como el derecho penal democrático, que juzga por lo que hacen”.
Son numerosos los casos de personas que han sido parte de un lobby que en aras de una ideología y de tratar de proteger a mujeres víctimas de violencia como fuera, se “bandearon” y lograron crear un monstruo que devora tanto a culpables como a inocentes, atropellando los principios básicos del derecho y la presunción de inocencia, en ancas en muchos casos de eslóganes ultrafeministas como “muerte al macho”, como vimos no hace mucho en Paysandú en la arenga pública de una activista frente a niños.
Es hora de que políticos de todos los partidos tomen nota de la realidad y den los pasos necesarios para corregir una ley que se llevó adelante contra viento y marea durante un gobierno de izquierda, que es el primer responsable de la barbaridad legal ideologizada que crearon.
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En los últimos días, y de acuerdo con lo informado por EL TELEGRAFO en base a noticias difundidas por el diario uruguayo El País, “La tensión diplomática con Venezuela sumó un nuevo capítulo luego de que la delegación de ese país en la ONU expresó “su grave preocupación por la situación de los derechos humanos en Uruguay”. Durante el evento, del que participó el canciller Omar Paganini, un jerarca del gobierno que encabeza Nicolás Maduro alertó por “la libertad de expresión” y pidió poner fin a “la impunidad” de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. “Recomendamos tomar medidas urgentes ante las amenazas a los periodistas y las limitaciones de derecho a la libertad de expresión”, expresaron desde la delegación venezolana durante el cuarto ciclo de revisión del Examen Periódico Universal (EPU), en la sede del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra.
El representante del régimen de Maduro pidió “atender efectivamente el deterioro de las condiciones de reclusión y sus consecuencias negativas en la vida y salud de las personas privadas de la libertad”. En su participación, exigió además “poner fin a la persistente impunidad por las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura”, en alusión al último gobierno militar. Finalmente, desde Venezuela pidieron “revisar la legislación” uruguaya para “atender la creciente incidencia en el discurso de los delitos de odio de carácter racista”, así como “tomar medidas urgentes para atender la discriminación de las mujeres en cuanto al acceso a la educación, el mercado laboral y la violencia basada en género”.
La ofensiva de Venezuela contra nuestro país se ha incrementado en las últimas semanas y obviamente refleja la molestia de Maduro por las posiciones del gobierno uruguayo y de varias figuras políticas de nuestro país sobre la falta de libertad en ese país. A modo de ejemplo, el fiscal de Venezuela arremetió contra el expresidente José Mujica y vinculó a Uruguay con el narcotráfico. “Los países que legalizan la droga terminan aliados a los traficantes”, dijo Tarek William Saab. El referido fiscal expresó que “esos países que legalizan la droga tienen que aliarse con los que la producen, obviamente, con los que la venden. Terminan aliados esos países a los traficantes y a los carteles de la droga”, agregó, para concluir: “Estas declaraciones ocurren semanas después de que Mujica afirmara que ‘en Venezuela hay un gobierno autoritario y se lo puede llamar dictador o llámenlo como quieran’”. Lejos quedaron los tiempos en los cuales tanto Mujica como el Frente Amplio elogiaba y visitaba frecuentemente a Hugo Chávez y posteriormente a Nicolás Maduro, incluyendo al exdiputado del MPP Daniel Placeres, el (actual) presidente del Pit Cnt Marcelo Abdala o al propio Mujica vistiendo una campera militar con la bandera de Venezuela durante la primera sesión de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac) en el año 2011. Un conocido dicho expresa que “no hay mejor defensa que un buen ataque” y eso es precisamente lo que está tratando de hacer Venezuela, aunque su ataque diste mucho de ser bueno porque no sólo es infundado y mentiroso sino que además tiene como único propósito generar una cortina de humo sobre la crítica situación que atraviesa ese país en materia de libertades públicas y derechos humanos. Resulta una gran ironía rebosante de cinismo que precisamente la narcodictadura de Venezuela y Maduro pretendan dar lecciones de democracia en un país que aniquiló la prensa independiente, expropió canales, cerró radios, y en el cual se encarcela, tortura o asesina a cualquier persona que tenga una opinión diferente a la del régimen. En efecto, Venezuela es objeto de una investigación desde noviembre de 2021 por parte de la Fiscalía de la Corte Internacional de Justicia (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad.
En efecto, de acuerdo con lo expresado por la organización Amnistía Internacional (que el Frente Amplio invoca frecuentemente salvo cuando hablan de sus países amigos como Irán, Corea del Norte, Cuba o Nicaragua, entre tantos otros) en Venezuela “la falta de acceso a derechos económicos y sociales continuaba siendo motivo de honda preocupación, pues la mayoría de la población sufría inseguridad alimentaria grave. El sistema público de salud estaba colapsado. El gobierno no aplicó las medidas humanitarias acordadas en 2022 para abordar estas cuestiones. Las fuerzas de seguridad respondieron con fuerza ilegítima y otras medidas represivas a las protestas que reivindicaban derechos económicos y sociales. Quienes criticaban al gobierno del presidente Nicolás Maduro eran objeto de detención arbitraria, desaparición forzada y tortura con la aquiescencia del sistema judicial. El gobierno reconoció 455 casos de desaparición forzada registrados desde 2015, que en su mayoría no se habían resuelto. Persistía la impunidad por las ejecuciones extrajudiciales que seguían cometiendo las fuerzas de seguridad. (…) Siguieron empeorando las condiciones penitenciarias, especialmente la falta de acceso al agua y a la alimentación. La minería ilegal y la violencia amenazaban los derechos de los pueblos indígenas en la zona del Arco Minero del Orinoco. El número de personas venezolanas que huían del país seguía siendo elevado, y las que eran devueltas eran objeto de detención arbitraria. (…) Persistía la violencia sexual contra las mujeres y las niñas, y las personas LGBTI seguían sufriendo discriminación”.
Uruguay, por su parte, puede mostrar al mundo un régimen de libertades que lo coloca como un ejemplo no sólo en la región sino también a nivel global. Tal como ha señalado el instituto Uruguay XXI, “Uruguay es la democracia más plena de América del Sur. Lo refleja el puntaje promedio de 8,66 que obtuvo en el estudio sobre el Índice de Democracia publicado recientemente por la unidad de inteligencia de The Economist, que contempla cuatro categorías: proceso electoral y pluralismo (10), funcionamiento del gobierno (8,93), participación política (7,78), cultura política (6,88) y libertades civiles (9,71). De acuerdo con estos datos, Uruguay fue una de las pocas naciones que obtuvo un puntaje perfecto en su proceso electoral y pluralismo. Desde la creación del estudio, que se hace anualmente desde 2006, el país mantuvo estable su puntaje, que nunca bajó de 8. Según el grupo de análisis con sede en Londres, Uruguay alcanzó en el puesto 14 a nivel global y con el único país latinoamericano que comparte la categoría de “democracia plena” es Costa Rica, que alcanzó el escalón 17 del ranking total. Nuestro país ostenta asimismo envidiables registros en materia de transparencia, libertad de prensa o desarrollo humano, entre otros.
A pesar de ello, lamentablemente, el Frente Amplio –que en 2012 durante el gobierno de Mujica propició el ingreso de la dictadura venezolana al Mercosur, mediante una vergonzosa maniobra política– se mantiene en silencio frente a los ataques del gobierno caribeño y se olvida que muchos de sus integrantes encontraron refugio en ese país durante la dictadura uruguaya. A la doble moral de Venezuela en este tema los socios locales de ese país (Frente Amplio y Pit Cnt) se hacen los distraídos. Como sucede en tantos temas (cuando Tabaré Vázquez pidió que Uruguay incurriera en “default” durante la crisis del 2002 o cuando la coalición de izquierdas pidió el encierro de la población en la pandemia del 2020), el Frente Amplio y el Pit Cnt vuelven a colocar sus intereses por encima de los intereses del país. Nada nuevo bajo el Sol. → Leer más