En un mundo completamente globalizado, donde una cámara de vigilancia puede ser controlada desde un celular ubicado a miles de kilómetros de distancia, el movimiento de trabajadores a lo largo y ancho del globo se generaliza cada vez más. Un ejemplo de ello es el de los trabajadores de origen chino, presentes en todo el mundo, especialmente en obras de construcción de gran porte, pero también en el caso de áreas como minería, agricultura, etcétera. Tal como ha señalado la publicación internacional El Correo de la Unesco, “después de la India y México, China es el país del mundo que cuenta con el mayor número de nacionales emigrados al extranjero (…) Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), actualmente hay en el mundo más de 10,7 millones de migrantes chinos residentes en el extranjero y, si se contabilizan sus descendientes, la cifra asciende a 60 millones”.
Nuestra región, nuestro país y especialmente nuestro departamento no han permanecido ajenos a este fenómeno. Se trata de una realidad que admite varias lecturas y puntos de vista. Uno de ellos es todo lo relacionado con las condiciones de trabajo. En el año 2012 nuestro diario publicaba una nota alertando sobre la existencia de una red de tráfico de personas, más concretamente de trabajadores de origen chino quienes son utilizados como mano de obra barata en condiciones de esclavitud. Años más tarde, en el 2024, los trabajadores chinos volvían a ser noticia, pero en este caso por denuncias del presidente del sindicato de la construcción (Sunca), Mathías Machuca quien expresó que “la empresa CMEC (China Machinery Engineering Corporation) está instalada desde hace dos años en la zona de Morató, a cargo del emprendimiento más grande de UTE en este quinquenio, con el cierre de un anillo perimetral. Es una obra cuestionada por las propias cámaras empresariales de la construcción porque esta empresa ganó la licitación con un precio 40% más barato que los demás postulantes”, señaló el dirigente. Machuca explicó que “allí trabajan 220 chinos y 180 uruguayos. Y esa es una cifra lejos de lo que planteaba UTE. Si se hubiera cumplido con el compromiso, de ese total de 400 trabajadores, unos 360 tenían que ser uruguayos y el resto extranjeros. A esta situación la denunciamos desde la instalación de la empresa en la zona”. Denuncias similares tuvieron lugar en los departamentos de Salto y Cerro Largo. Es importante recordar que, durante la construcción de la planta de celulosa de Montes del Plata, en Punta Pereira (departamento de Colonia) las empresas constructoras emplearon trabajadores de origen turco, polaco, serbio, croata, austríacos y rumanos entre otros. En este último caso, por tratarse de una zona franca, existían limitaciones a la cantidad de trabajadores extranjeros, algo que no sucede por ejemplo en el caso de Morató. A pesar de tratarse de un emprendimiento de tanta importancia, existieron denuncias de que algunas de las empresas subcontratistas.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “por trabajo forzoso puede entenderse el trabajo que se realiza de manera involuntaria y bajo amenaza de una pena cualquiera. Se refiere a situaciones en las cuales personas están forzadas a trabajar mediante el uso de violencia o intimidación, o por medios más sutiles como una deuda manipulada, retención de documentos de identidad o amenazas de denuncia a las autoridades de inmigración”. El convenio internacional número 29 de esta organización, del año 1930 prevé que “el trabajo forzoso u obligatorio designa a ‘todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente’. Es importante mencionar que, de acuerdo con esa organización, ‘el trabajo forzoso es distinto a las condiciones de trabajo explotadoras o por debajo de la norma. Diversos indicadores pueden ser utilizados para determinar cuándo una situación equivale a trabajo forzoso, como la limitación de la libertad de movimiento de los trabajadores, la retención de los salarios o de los documentos de identidad, la violencia física o sexual, las amenazas e intimidaciones, o deudas fraudulentas de las cuales los trabajadores no pueden escapar’.
En un informe recientemente presentado por la OIT, esta organización calificó de ‘obsceno’ el aumento de los beneficios ilegales generados por el trabajo forzoso en el mundo. Asia-Pacífico alberga más de la mitad de los casos a nivel global. La explotación sexual representa casi tres cuartas partes del total de ganancias. Los beneficios ilegales del trabajo forzoso en todo el mundo han aumentado hasta la cantidad ‘obscena’ de 236 mil millones de dólares (218 mil millones de euros) por año. La OIT expresó, asimismo, que dijo que la cifra de 2021, el año más reciente cubierto por el minucioso estudio internacional, supone un aumento del 37%, o 64.000 millones de dólares, en comparación con su última estimación publicada hace una década. Esto es el resultado de que más personas son explotadas y de que cada víctima genera más dinero, según la OIT”.
Ante esta realidad, las autoridades uruguayas (no solamente la UTE sino también especialmente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) deben ser especialmente celosos a la hora de controlar de qué forma tratan esas empresas a sus trabajadores, porque nuestro país no puede “mirar para el costado” por sólo hecho de que se trata de grandes y costosos emprendimientos sino que además debe quedar en claro que Uruguay no es una “zona liberada” donde las empresas pueden hacer lo que quieran con sus trabajadores, sin importar si los mismos son extranjeros y de que tan lejos provengan.
Sin lugar a duda esta forma de trabajo extranjero, en la cual aún las empresas públicas como UTE tercerizan obras de vital importancia para el desarrollo nacional, debe ser estudiado caso a caso sin olvidar que en nuestro país y en nuestro departamento existen desempleados a los cuales se les debería dar una oportunidad en los papeles a través de un porcentaje predeterminado y que el mismo se cumpla en la realidad. Esta consideración debe incluso extenderse a los miles de trabajadores extranjeros que han tomado la decisión de hacer su vida en nuestro país, tal como sucede con venezolanos, cubanos, bolivianos o de cualquier otro país pero que tienen una voluntad de arraigo en nuestro suelo y un compromiso que los transforma en una pieza valiosa y enriquecedora de nuestro entramado económico y social. Ellos también deberían ser tenidos en cuenta en ese tipo de obras realizadas por empresas públicas y con dineros públicos que aportamos todos los uruguayos.
Cualquier trabajador extranjero tiene el derecho a trabajar en Uruguay y así los recibiremos, garantizándoles el ejercicio efectivo de sus derechos, ya sea que se trate de trabajadores que, como los chinos, arriban para una obra concreta y se van cuando la misma termina, o para aquellos latinoamericanos que han venido a asentarse en territorio uruguayo, sin desconocer que en este último caso existe una voluntad de radicación que debería ser especialmente considerada por la autoridades nacionales a la hora de contratar empresas extranjeras para estos megaproyectos.
