Australia ha tomado una medida histórica al prohibir a los menores de 16 años el acceso a las principales redes sociales. Esta ley, que entrará en vigor dentro de un año, impedirá que niños y adolescentes se creen cuentas en plataformas como Facebook, Instagram, Snapchat, X, Reddit y TikTok. Si las compañías no cumplen con esta normativa, se enfrentarán a multas que superan los 30 millones de dólares.
El gobierno australiano fundamentó esta decisión en los efectos negativos de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes, convirtiéndose en el primer país en implementar esta medida. Además, asigna a las empresas tecnológicas la responsabilidad de proteger a los menores.
Una vez que la ley sea aprobada, las empresas deberán verificar las edades de los usuarios y abordar el debate sobre los derechos de los menores al acceso a los medios digitales. Este es un desafío importante, pues plantea la cuestión de hasta qué punto los menores tienen derecho a participar en plataformas digitales, mientras se busca garantizar su seguridad.
Mientras tanto, en Uruguay, la diputada Micaela Melgar, del Frente Amplio, presentó en 2021 un proyecto de ley destinado a proteger a niños, niñas y adolescentes en espacios virtuales. A diferencia de la ley australiana, esta propuesta no busca prohibiciones, sino prevenir situaciones que se vuelven virales, como la distribución de contenido sexual inapropiado o la edición de fotos para generar burlas.
El proyecto uruguayo ha pasado por dos años de debates y recibió media sanción en la Cámara de Diputados en abril de este año. Sin embargo, debido al inicio de la campaña electoral, el tema quedó en pausa y podría retomarse en 2025 con el nuevo gobierno. En mayo, el proyecto fue presentado en el Palacio Legislativo para comenzar a ser estudiado en la Cámara de Senadores, con el objetivo de integrarlo en el Código de la Niñez y Adolescencia. La iniciativa también busca educar a niños, adolescentes y padres sobre el manejo responsable de las herramientas digitales.
Es importante tener en cuenta los estudios realizados en Uruguay, como el informe Kids Online 2022, elaborado por la Universidad Católica, Unicef, Agesic, Unesco y Ceibal. Este informe evidencia el aumento constante del uso de Internet y resalta la necesidad de desarrollar estrategias de protección para esta población. Según la investigación, uno de cada tres menores reportó haber experimentado episodios negativos en línea en el último año, y las mujeres fueron las más afectadas por la violencia digital.
El estudio abarcó a 9.000 niños y adolescentes, desde tercero de Primaria hasta sexto de Secundaria, y reveló que la responsabilidad de velar por la seguridad de los menores recae principalmente sobre los padres y, en segundo lugar, sobre el sistema educativo, más que sobre las plataformas digitales. La mitad de los encuestados indicó que tuvo problemas para conciliar el sueño o trastornos en la alimentación, y uno de cada tres sufrió algún episodio negativo en Internet.
El proyecto de ley uruguayo reconoce la importancia de los espacios de socialización, entretenimiento y libertad de expresión, pero se centró en el rol del Estado en lugar de poner énfasis en las obligaciones de las plataformas digitales. La diputada Melgar, al presentar la iniciativa, subrayó que su aprobación en la Cámara Alta era fundamental para avanzar en el tema.
La decisión de Australia está generando eco en otros países que también han mostrado preocupación por el impacto de las redes sociales en la salud mental de los menores. Noruega, por ejemplo, planea prohibir el acceso a las redes sociales para menores de 15 años, mientras que en Francia se está evaluando la posibilidad de restringir el uso de teléfonos móviles en escuelas para menores de 15 años. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes sigue discutiendo la Ley de Seguridad Infantil en Línea, y el Reino Unido está considerando un proyecto para crear versiones más seguras de teléfonos inteligentes para menores de 16 años.
Sin embargo, la ley australiana va más allá de una simple prohibición: está respaldada por movilizaciones de padres que han perdido a sus hijos por suicidios relacionados con el acoso en línea o por profundas depresiones provocadas por extorsiones. En Europa, ya existen grupos de padres que promueven no comprar teléfonos a los niños menores de 12 años.
No obstante, las medidas punitivas, como la de Australia, presentan riesgos si no se acompañan de un proceso de apoyo a los adolescentes. Especialmente después de la pandemia, cuando el confinamiento impulsó el uso de las redes sociales y la comunicación digital, las políticas de alfabetización digital y el ejercicio de una parentalidad más activa se hacen cada vez más necesarios. Este es un tema que no se puede resolver de manera rápida en el ámbito social o familiar, pero sus consecuencias ya son evidentes en diversas comunidades.
Por esta razón, la preocupación por la seguridad de los menores continúa creciendo. Por ahora, Uruguay ha optado por un enfoque regulador en lugar de prohibitivo, confiando en la intervención del Estado. Será en el próximo período parlamentario cuando se determine si este tema se prioriza y se avanza en su tratamiento legislativo.