Opinión

Con el desarrollo de distintos operativos, como Verano Azul y Verano Seguro, Uruguay está comenzando la temporada estival 2021 – 2022 en un contexto de fronteras abiertas para los turistas, un importante incremento del número de casos de la COVID-19 positivos, el inminente inicio de la vacunación a partir de los 5 años, la reciente confirmación de que la variante ómicron de coronavirus ha ingresado al país y algunas advertencias en cuanto a la próxima ola de la pandemia en el territorio nacional.
Se trata de un escenario complejo que se desarrolla en paralelo al deseo de las personas de salir a vacacionar luego de ya casi dos años de inicio de la pandemia, así como la necesidad de reactivar un sector de actividad nacional que antes de este problema global generaba miles de empleos y producía más divisas que las exportaciones de carne.
Al realizar el lanzamiento de la temporada turística veraniega en Colonia a principios de este mes, el ministro de Turismo, Tabaré Viera, invitó a todos los visitantes que vengan a Uruguay a que aprovechen las fortalezas, de paisajes, y ofertas turísticas variadas.
En tanto, la pieza promocional utilizada para promocionar la campaña estival tuvo como inspiración el reconocimiento de Uruguay por la pandemia y las finales de la Conmebol, mostrándole a los extranjeros que otros atractivos se pueden encontrar en el país. A su vez, en sus redes sociales digitales el Ministerio invita a salir de vacaciones y “cambiar la foto de perfil” apelando a imágenes de playas y naturaleza, y poniendo énfasis en que los trabajadores del sector turístico esperan a los visitantes con todos los cuidados.
Indudablemente que el turismo de sol y playa, así como seguramente el de naturaleza en general, sean los preferidos por los visitantes y también el turismo interno. Si históricamente, en esas tipologías del turismo se ubican mayormente los visitantes veraniegos, la experiencia de la pandemia –y el hecho contundente de no haberla superado aún– hacen que destinos que permiten el disfrute del aire libre seguramente sean los elegidos a también en esta oportunidad.
En diciembre del año pasado, procurando promover el turismo interno luego del mazazo del primer año de pandemia, el Ministerio de Turismo había realizado el lanzamiento del programa Destinos Naturales, para promover las áreas protegidas del país como puntos turísticos. Era una invitación a conectarse con la naturaleza, conocer paisajes naturales uruguayos singulares, avistar aves y especies nativas y recorrer senderos interpretativos ubicados en 17 áreas protegidas.
Se trata de espacios de biodiversidad con protección legal donde la presión de los recursos naturales –ya sea por la sobrecarga de visitantes u otros problemas, como la caza ilegal– se vuelve de particular cuidado.
Hoy las autoridades actuales no están haciendo una invitación directa a visitar las áreas protegidas pero sin dudas que siguen siendo un atractivo muy interesante. Es importante que quienes las visiten, además de disfrutar, apreciar y conocer la naturaleza o cualquier manifestación cultural, tengan presente generar un bajo impacto sobre los recursos naturales. Esto incluye, en primer lugar ser cuidadosos con el rastro de basura que dejamos pero también otros cuidados particulares y necesarios específicos de cada zona.
Solo por mencionar dos ejemplos entre muchos, se puede señalar que en lo que refiere a la faja costera, es importante el cuidado del ecosistema costero –vital para la amortiguación de eventos extremos y como sustento de pesquerías, además de ser sitios de recreación con gran valor paisajístico– y evitar los daños que provoca la circulación de vehículos al contaminar, desestabilizar y erosionar la costa, afectando su vegetación y generando grandes perjuicios a la fauna asociada.
Nuestros bosques nativos, además de ser hábitat de flora y fauna y fuente de frutos, también protegen los suelos y cumplen un rol fundamental en el mantenimiento de la calidad del agua, contribuyendo de igual forma con la fijación de carbono y la reducción del riesgo de inundación. Por su parte los humedales favorecen la recarga de acuíferos, protegen la línea de costa, mitigan las inundaciones y depuran las aguas.
Mientras tanto, en los entornos rurales, la protección de la biodiversidad incluye cuestiones muy concretas como el cuidado de nuestras especies protegidas cuya caza es ilegal y otras más intangibles pero no menos importantes como el respeto de las costumbres e identidad de la población local.
En lo que se refiere a las áreas protegidas, las opciones son muy variadas, algunas muy emblemáticas y otras poco conocidas. A modo de ejemplo cabe señalar que Rocha posee 7 de las 17 áreas naturales protegidas uruguayas. No obstante, todas son lugares maravillosos para descubrir. Los Humedales del Santa Lucía constituyen el área protegida más grande que tiene el país. Además de los imponentes humedales, el área presenta formaciones vegetales nativas, monte ribereño y monte parque, así como playas arenosas, puntas rocosas e islas fluviales que constituyen una diversidad de ambientes y alojan numerosas especies. Asimismo, la zona constituye un ambiente único en el país para que se cumpla el ciclo reproductivo de especies marítimas de alto valor para el sector pesquero.
Aquí en Paysandú contamos con el área protegida de Montes del Queguay, que alberga la mayor superficie boscosa del Uruguay y, muy cerca, el Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay, integra también el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y tiene una de sus puertas de entrada en la localidad de San Javier, que este año fue nominada para representar a Uruguay en la convocatoria internacional Best Tourism Villages, un reconocimiento que otorga la Organización Mundial del Turismo a los pueblos de todo el mundo que hayan demostrado su compromiso con la promoción y la conservación de su patrimonio cultural y con el desarrollo sostenible a través del turismo.
Entre tantas cosas negativas y hasta nefastas que nos trajo el COVID-19, hemos aprendido todos a ser más cuidadosos con nosotros mismos y quienes nos rodean. Es un aprendizaje duro que nos reveló la fragilidad de nuestro estar en el mundo. Y la fragilidad del mundo mismo.
Es de esperar que también estemos aprendiendo a ser más responsables con nuestros entornos naturales y su biodiversidad. En particular aquí en Uruguay, sería bueno que la reapertura responsable de las actividades turística y el verano sea seguro también para nuestros espacios naturales y, en primer lugar entre ellos, para aquellos que poseen características que los hacen singulares y los han constituido en áreas protegidas. Una mayor y mejor infraestructura de servicios para visitantes también es necesaria en la mayoría de los casos para su adecuada puesta en valor y disfrute en usos compatibles con la conservación. → Leer más

A mediados de este último mes del año la Intendencia Departamental de Rivera, el Servicio Brasileño de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas (Sebrae) y la Prefeitura de Santana do Livramento, anunciaron que están abocadas a la ejecución de un proyecto “para potenciar la Cultura Turística responsable en la frontera Rivera / Livramento”, que bajo la denominación de “Destino Binacional”, tuvo su lanzamiento en la sede del Ministerio de Turismo de nuestro país.
El proyecto es financiado por la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), el Congreso de Intendentes y la Unión Europea, y cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo, Centros PYME, la Asociación Comercial e Industrial de Rivera y Livramento y la Universidad Tecnológica (UTEC).
El objetivo de este proyecto es desarrollar acciones para fortalecer la cadena de valor turística de la frontera, a través de estrategias de mejora de la competitividad “que conduzcan a la sostenibilidad, la generación de empleo, el apoyo a la mipymes, con un enfoque de género, así como en la atracción creciente de visitantes y turistas en la ciudad”.
Estiman quienes están detrás que este proyecto redundará en una estrategia para mejorar la oferta “a través de una puesta en valor de la Cultura Turística, donde se enfoca en los principios de sostenibilidad, incrementando la demanda y la cantidad de agentes turísticos y empresas que pueden promocionar el destino”.
Destino Binacional es en realidad un producto surgido de este proyecto, con el objetivo de vender la frontera como un producto único e innovador.
El director general de Promoción y Acción Social de la Intendencia de Rivera, Giovani Conti, resaltó que a través de este proyecto se generarán instancias de capacitación y se proveerán herramientas de promoción para los privados, para dar a conocer Rivera-Livramento de la mejor forma al público objetivo y para ello se puso a disposición la página web www.destinobinacional.com. El jerarca destacó que tanto el sector público como el privado están alineados para alcanzar los objetivos.
Pero, ¿qué tiene de particular esta iniciativa? Bueno, lo explicó claramente el actual ministro de Turismo, Tabaré Viera, reconocido exintendente riverense, que indudablemente debe haber jugado en papel para que esto se concrete. El secretario de estado destacó que no existían hasta el momento productos turísticos binacionales y que justamente la singularidad de la frontera de Rivera-Livramento es la binacionalidad. Viera considera que el producto turístico presentado es “acertadísimo” y se dijo “encantado” con el nombre elegido. A la vez destacó que el destino abarca mucho más que ambas ciudades, “porque tanto el municipio de Livramento como el departamento de Rivera tienen riquezas para diversificar la oferta turística y dar la posibilidad al visitante que se pueda quedar más días y disfrute otras opciones además del tradicional turismo de compras”.
Es que justamente, más allá de algún producto puntual, como el incipiente Camino de los Jesuitas, que abarca territorios de nuestro país, Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia, que se diagramó desde el Mercosur, Uruguay no tiene antecedentes de trabajo en un destino binacional. Parece que para el Ministerio de Turismo el mapa se termina en los límites nacionales, una concepción que ha quedado atrás hace muchos años para el turismo, que cada vez más busca combinar destinos.
Que Paysandú tiene un gran potencial turístico, no es algo que se vaya a descubrir ahora. Los valores históricos y culturales lo posicionan de esta manera y además se ha ido mejorando esta oferta, con nuevos atractivos, como la apertura del Castillo Morató y la incorporación de nuevos servicios, como los atractivos náuticos en la costa y las mejoras que ha tenido la propuesta gastronómica, más algunos eventos innovadores que han tenido amplia difusión, como el caso de la Cata de Tomates.
Sin embargo, cuánto podría mejorar la oferta sanducera si en vez de presentarse por sí solo lo hiciera en el contexto de la región de la que forma parte. De hecho a esto lo vimos aplicado con el frustrado Corredor de los Pájaros Pintados, al que caprichosamente el Ministerio dio de baja sin consultar a las comunidades que hicieron el esfuerzo por mejorar sus propuestas para recibir al visitante.
Pero vayamos aún más lejos: cuánto podría mejorar la visibilidad de Paysandú si se ofreciera como un destino binacional junto a la ciudad de Colón y todo su entorno, una zona que definió hace más de medio siglo su vocación como destino turístico y que desde entonces ha venido trabajando conscientemente detrás de ese objetivo, con valores tan destacables como el parque El Palmar, o la vieja fábrica Liebig’s (“melliza” del Anglo de Fray Bentos) ubicada en un pueblo de singular arquitectura.
Y no es que no se hayan hecho esfuerzos en pos de ese turismo binacional. Años atrás hubo un proyecto que logró cierto avance en la idea de crear un parque binacional en las islas cercanas al puente General José Artigas, que se topó con las rispideces diplomáticas de ese momento y los frenos burocráticos de toda la vida. Ahora esa idea sigue avanzando pero más vinculado con la protección ambiental.
Vale destacar también los esfuerzos de integración que se realizaron a nivel de los gobiernos municipales, que llevaron a la firma de un acuerdo entre los intendentes de ambos departamentos, el de Colón en Entre Ríos, y Paysandú, en esta orilla, que posibilitó llevar a cabo algunas acciones de intercambio.
El cambio de visión desde la cartera de Turismo de nuestro país no deja de ser una novedad digna de celebrar. Tal vez algunos la vean como un hecho circunstancial propiciado o alentado por la coincidencia de que quien ocupa la silla en el ministerio sea hoy un hombre de la frontera, pero por la razón que sea, la posibilidad que se abre debería ser aprovechada. → Leer más

El suplemento sobre actividad forestal que publicó EL TELEGRAFO este domingo 26, más allá de su valor informativo y actualización sobre la explotación forestal en la zona y el país, implica asimismo un reconocimiento a la proyección que tiene el sector en un país que ha experimentado una profunda transformación a través de este sector productivo en poco más de veinte años, a partir de la posibilidad de explotación industrial de la producción maderera en bosques implantados desde la aprobación de la Ley de Desarrollo Forestal, que marcó un antes y un después, pero también en cuanto a su particular aplicación como política de estado, durante todos los gobiernos, precisamente.

Tenemos así que de un país prácticamente sin árboles antes de esta ley, la superficie forestada alcanza un millón 48.828 hectáreas efectivas y 38.881 hectáreas cosechadas en el período enero- febrero 2021, lo que totaliza un millón 87.109 hectáreas efectivas destinadas al uso forestal, lo que significa un 6,21 por ciento de la superficie del país.

Estas cifras, si bien son significativas, no traducen en toda su magnitud la repercusión que ha tenido la inversión forestal en nuestro país, y sobre todo como ha repercutido en sectores olvidados del interior profundo rural, donde se han creado polos productivos que han contribuido al desarrollo de localidades de los departamentos del norte del río Negro, sobre todo, y a la vez generado una sucesión de inversiones y empleos en toda la cadena logística y de apoyo a la actividad forestal, con la creación de puestos directos e indirectos.

No todo son rosas, por supuesto, pero un hecho demostrativo de como se proyecta el factor forestal en el Interior lo pone de relieve el hecho de la creación de carreras técnicas de nivel universitario para la creación de empleos y aportes de técnicos en forma directa y en el área de servicios de apoyo, como es el caso de estudios en UTEC y la Universidad de la República.
Es un sector que tanto en los montes como en áreas especializadas ha traído aparejada una expansión sostenida en demanda de mano de obra calificada y especializada. En EL TELEGRAFO la Ing. Agr. Forestal Ludmila Profumo, perteneciente al Centro Universitario Regional Noreste, que se encuentra en una de las zonas más forestadas del país, explicó que por ejemplo en UTU se dicta la carreta terciaria de Técnico Forestal, con una duración de dos años, en Tacuarembó y Rivera, que se dicta en el Polo Tecnológico y depende de UTU y del Instituto Tecnológico del Sur de Brasil (Itsul).

Asimismo, la Universidad de la República y UTU ofrecen la carrera de Tecnólogo en Madera, ya desde 2012 en tres sedes, en apoyo sobre todo a la creación de PYME en servicios de apoyo y procesado primario de la madera, a la vez que a través del Laboratorio Tecnológico del Uruguay se está promoviendo tecnologías de secado de la madera con energía solar, para su instrumentación en aserraderos.
Es significativo asimismo que se promueva el emprendedurismo y así abrir la posibilidad de que el egresado de estas carreras no solo esté capacitado para integrarse a empresas que trabajan en el área forestal, sino que también estén en condiciones de crear su propia empresa de servicios y volcarse a la autogestión para trabajos en montes forestales, encaminados hacia el emprendedurismo y la investigación con fondos obtenidos a través de la gestión de los propios institutos de capacitación.

A ello se agrega la carrera de Ingeniero Forestal, por la UdelaR, naturalmente, en tanto no debe olvidarse asimismo la interrelación en el marco de los servicios y la utilización de los desechos forestales la perspectiva de generación de energía eléctrica, donde también se requiere inversión y técnicos formados específicamente para trabajar en el sector.

Hay verdes y maduras, por supuesto, por cuanto un análisis más o menos riguroso del escenario indica que si bien se trabaja para la exportación, está pendiente el agregado de valor local a la materia prima, más allá del aserrío y procesos de contrachapado y aglomerado, entre otros usos, porque el grueso de la madera se exporta en bruto o apenas semiprocesada, aún teniendo en cuenta el proceso para la producción de celulosa, y seguimos hablando de grandes volúmenes de bajo valor relativo y riqueza con un porcentaje marginal de valor agregado.
Este es sin dudas el gran factor pendiente, junto con las dificultades logísticas y costos exacerbados cuando se trata de mover grandes volúmenes hacia los puertos de salida.

Una pauta de estas dificultades la señala precisamente el Ing. Carlos Sarazola, presidente de Forestal Caja Bancaria, junto al Cr. Mauricio Berton Leúnda, cuando entre otros conceptos respecto a la actividad de la empresa consigna que desde hace por lo menos 15 años ha progresado en la incorporación de valor agregado a su producción hacia el exterior, con madera aserrada o remanufacturada, calibrada y seca para uso en muebles e industrial.
En este caso, lamentablemente para esta empresa y para el departamento y la región, pese a la ubicación estratégica del puerto sanducero respecto a la ubicación de Forestal Caja Bancaria, una mínima parte de su producción –unos 50 contenedores entre mil– salen por el puerto de Paysandú, porque “por alguna razón el operador no nos ofrece el servicio”.

Considera asimismo que “muchos exportadores de Paysandú no hemos tenido la facilidad, los beneficios de espacio, los beneficios económicos por el puerto de Paysandú. Sí lo hemos hecho, pero de 1.000 contenedores que exportamos en el año, solo 40 o 50 salen por el puerto de acá”.
Reconoció que “las autoridades del puerto se han movido bastante, el capitán del Puerto actual también nos ha llamado, de la Intendencia nos han contactado, pero en realidad quienes ofrecen el puerto no son ellos, es un operador que por alguna razón no nos ofrece el servicio a nosotros, no sabemos cual es la causa”.
Asimismo indicó que “desde que ha venido este barco ha sido así” y que “hemos hecho todo a través de un intermediario, no hemos podido llegar directamente”, al punto que lamentablemente, los costos de salir por Montevideo o a través del puerto de Paysandú son similares, e incluso algo más caro por la terminal sanducera. “Aún así no hay espacio y no hay ofrecimiento de servicio del operador. Eso es así y esperamos que se revierta”.

Más allá del aspecto estrictamente comercial en la relación entre empresas, debemos tener en cuenta la importancia de la logística en la ecuación de costos y también en cuanto a reducir los riesgos en el transporte carretero y la afectación en el mantenimiento de las rutas, por lo que sería fundamental tener instancias de nuevos contactos y reuniones entre las partes, para posibilitar que pueda utilizarse más extensamente y con mayores beneficios el puerto de Paysandú, como palanca de apoyo para esta producción y otras de gran arraigo en la zona, en el marco de una problemática de muchas puntas y que requiere soluciones a problemas de larga data y los que se van agregando acompañando el crecimiento. → Leer más

Los datos oficiales aseguran que en nuestro país más de 260.000 personas tienen consumo problemático de alcohol. Es, también, la sustancia más difundida y menos percibida como un riesgo, si se toma en cuenta que en Uruguay el comienzo del consumo se registra desde antes de los 13 años.
La pregunta es: ¿cómo puede ser posible que eso suceda si la ley dice que está prohibido venderle alcohol a los menores? En cualquier caso, hay permisos familiares y previas en casa que pasan por alto los riesgos o minimizan el problema cuando la adolescente o el joven de la casa llegan en determinadas condiciones a cualquier hora de la mañana siguiente.
Y lo que la familia pasó por alto hoy, tampoco lo verá mañana. Porque lo importante es que duerma, luego “hablaremos”, porque seguramente la responsabilidad es de quien “le sirvió”. Porque después de minimizar, vienen las anécdotas divertidas. Pero, por algo se empieza.
A comienzos del año pasado fueron divulgados los datos de la VII Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media. La edad de inicio se ubica en torno a los 12,8 años, sin diferencias entre Montevideo e Interior del país.
La estadística interpela, primero a la familia y después al entorno, en tanto señala que el 84,3% de los jóvenes tomó alcohol durante la etapa liceal. El 72,1% lo hizo en los últimos 12 meses y es el registro más alto desde 2003. En el último mes, lo hizo el 47,8%.
La Junta Nacional de Drogas asegura, por su lado, que tres de cada diez estudiantes “bebió sobre el nivel de intoxicación por lo menos una vez en el último mes”, sin diferencias entre varones y mujeres. Asimismo analiza, que en períodos cortos de tiempo se registran ingestas de dos o más litros de cervezas, tres cuartos o más litros de vino o cuatro medidas o más de bebidas destiladas. De acuerdo a la información oficial, de los adolescentes que consumieron alcohol en los últimos treinta días, el 60% se intoxicó.
A medida que aumenta la edad de consumo, también incrementan las posibilidades de intoxicación, así como complicaciones con la depresión o el malestar sicológico. Precisamente esto ocurre en un país con elevados índices de suicidios o intentos de autoeliminación, así como de violencia basada en género o en generaciones, como se denomina al incremento de los casos contra adultos mayores.
La Junta Nacional de Drogas asegura que en el 60,7% de los hogares hay un contacto con el alcohol. Es decir, los adolescentes entienden que en su hogar hay una legitimación al consumo de alcohol. Y si el 46,7% de los casos toma en casa, el 52,5% de ellos lo hace en casa de amigos. Incluso es interesante que la Junta Nacional de Drogas señale que el 61% de los adolescentes pudo comprar en cualquier comercio, sin necesidad de pedirle a un mayor de edad que lo haga por él.
La Ley N° 19.855, que determina la “Creación de marco regulatorio para el consumo problemático de bebidas alcohólicas”, fue promulgada el 23 de diciembre de 2019 y publicada el 8 de enero de 2020. Allí señala que la venta se hará a personas mayores de 18 años, “exclusivamente por quienes estén inscriptos en el registro que crea la presente ley”, es decir, el Registro de vendedores de bebidas alcohólicas y actividades conexas.
Los cambios culturales, así como la aplicación de las leyes a rajatabla, requieren tiempo. Es probable que sea más difícil, no hay señales claras sobre el asunto. Porque además del consumo problemático en sí mismo hay costos que no son visibles para la sociedad, como el medio punto del Producto Bruto Interno (PBI) que se llevan sus consecuencias, tanto en violencia como en crímenes.
Por el momento, hace falta elevar la percepción del riesgo. Pero no alcanzará si no llega el brazo de la ley, con sus controles para evitar las situaciones diarias de violencia. Este escenario pospandemia también interpela a la sociedad y todo lo que había dentro de ella pero se dejaba pasar.
Ahora se observa un incremento de la violencia intrafamiliar que estaba latente, porque es un factor cultural arraigado por generaciones. Claramente no es un nuevo fenómeno, pero en tiempos de rápidos progresos tecnológicos y aumento de carreras técnicas, también se ha generado un cúmulo de información que es el insumo básico para trabajar.
El argumento de que “siempre pasó” no nos exime. Todo lo contrario. Nos vuelve responsables de hechos que se repiten y de hacer “la vista gorda” cuando pasan los problemas.
Es correcto que los círculos viciosos son difíciles de romper, y mucho más países donde se avanza en la promulgación de leyes sobre las diversas violencias y el consumo de sustancias, pero no se cumplen o faltan controles o políticas públicas para ayudar a los consumidores problemáticos. Entre esos países, el nuestro. Y desde hace varias administraciones.
Porque mientras las naciones ratifican convenios internacionales, los casos contra los que firmaron, siguen a diario. Y así podemos mencionar los abusos sexuales a menores, además de la violencia de género, entre otros.
Particularmente se incrementan los casos en estas fiestas tradicionales. Si bien ponemos atención sobre lo que ocurre entre Navidad y Año Nuevo, hay que trabajar arduamente entre Año Nuevo y Navidad.
Las estadísticas no surgen por generación espontánea sino que son el reflejo de las comunidades a lo largo de las generaciones. Porque la violencia no se detiene, sino todo lo contrario. Levanta su brazo sobre mujeres, menores, adultos mayores, discapacitados o sobre cualquiera que opine diferente.
Se puede observar, incluso, en las redes sociales. Una herramienta muy útil que se ha transformado en una verdadera cloaca, donde cada vez más usuarios hacen terapia desde el punto de vista más vil.
Pero la violencia no se termina con eslóganes ni recomendaciones más o menos técnicas. Ni con visiones que relativizan el problema, sino ejecutando acciones. Es ese tipo de acciones que no está en manos de la población, sino que tiene que venir desde la voluntad política.
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Lamentablemente, esto no es tan sólo una frase, sino una realidad que hay que trabajar día a día para desterrarla desde todos los partidos. Más allá de denunciar agresiones, nada se hace desde filas del FA que por el contrario, a través de gritos, comentarios fuera de lugar, risas estridentes en son de burla, cuando no con insultos en el uso de la palabra, tal cual lo hiciera el edil Imperial, adjudicándole el término de ‘mamado’ a un compañero de Cabildo, nos deja en claro que ven la paja en el ojo ajeno, pero no la astilla en el propio.
Sin lugar a dudas esto que ocurre desde el comienzo de esta administración, buscando la reacción de los ediles oficialistas, se vio coronado esta última sesión del año en la cual una vez más el FA se retiró de sala ante su falta de argumentos para defender la pésima gestión de su Gobierno y su director de turismo. Este último pretendía permanecer en sala cuando era parte del problema investigado por rayar en el filo del dolo y que al menos fue desidia.

Me refiero a la compra en forma totalmente irregular de una lancha turística que nunca funcionó como tal, estando la causa a dirimirse en la justicia. Independientemente de que el actual intendente le haya dado solución, los dineros públicos malgastados ya no tienen marcha atrás.
Todo esto trajo como consecuencia la mala reacción del edil Mega vociferándole a la edil Martínez que pretende enlodar a toda la bancada nacionalista, cuando han sido ellos los que provocan en todo momento. No se puede generalizar, es como si yo tratara de comunistas a toda la bancada de izquierda por Martínez, cuando sabemos que si bien no es la única que reviste esta ideología, no son todos los que reivindican esta línea totalitaria, que a través de sus referentes internacionales, en especial Stalin y el sistema socialista soviético, mató más personas tras la Cortina de Hierro que los propios nazis, y que si no estuvieron juntos en la Segunda Guerra fue por la traición de Hitler, ya que tenían firmado un pacto de no agresión. Esto sin contar con su defensa de estados como Cuba y Venezuela entre otros, tan faltos de democracia, republicanismo y respeto por los DDHH, aparte de su total fracaso como sistema económico.

Retornando a nuestro país, el haberse apoderado de la central sindical, tuvo como consecuencia el no salir a defender la democracia de forma inmediata en el ‘73, ante la simple duda que fuera un golpe de tipo peruanista considerado de izquierda. Acción, o más bien inacción denunciada por Wilson en su momento. También nos trae como consecuencia que ingresen hoy en la arena política poniendo palos en la rueda con la búsqueda de la derogación de 135 artículos de la LUC, haciendo uso y abuso de su gran poder de articulación y manipulación en representación de trabajadores que no elegimos para este emprendimiento, del cual somos muchos integrantes que vamos a votar por el NO a la derogación de la Ley.
Por lo tanto si en algún momento se comparó a los comunistas con el nacional socialismo nazi, es porque ideológicamente tienen algunos y más que algunos puntos en común, no por una mera agresión. Lo que no les voy a aceptar es que se trate de violenta a toda la bancada nacionalista por el exabrupto de un edil, que además pidió disculpas, cuando ha sido suya la actitud que ha buscado persistentemente la reacción nuestra con actitudes provocadoras, para justificar su acción sistemática de romper el reglamento de la JDP en beneficio propio, como lo hicieron en oportunidad de ser oficialismo de forma descarada. Javier Pizzorno, Edil del Partido Nacional → Leer más

La “LUC” legisla un instituto del Derecho Laboral que tiene protección constitucional: la huelga. En el Art. 392 se aborda de manera directa una modalidad de huelga: la huelga con ocupación de lugares de trabajo. El Uruguay se había caracterizado históricamente por el abstencionismo legislativo en materia de huelga. La LUC implica un cambio de paradigma lamentable pues, fiel a su estilo autoritario, lo hace en una dirección anti popular. Coherente con su impronta verticalista y con un claro sesgo autoritario, la LUC en el artículo mencionado introduce reglas que condicionan el ejercicio de un derecho humano fundamental que tiene un contundente respaldo constitucional.
El Art. 57 de la Constitución en su parte final expresa: “Declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad”. El constituyente emitió un mandato al legislador, que lógicamente para el caso que no se cumpla ese mandato, la norma en cuestión podría ser atacada por contrariar el espíritu y la letra de la Constitución. El mandato constitucional es de sencilla interpretación: sobre la base de que la huelga es un derecho gremial se puede reglamentar su ejercicio y efectividad.

El Art. 392 de la LUC en su primera parte realiza una afirmación que entendemos es superflua e innecesaria, cuando postula: “el Estado garantizara el ejercicio pacífico del derecho de huelga”. El legislador no puede estipular que garantiza actividades lícitas, porque esto es lógico. La huelga se entiende pacífica si en ella no concurren actos violentos contra las personas o cosas, y si esto sucediera existen resortes legales dis ponibles para recurrir a la Justicia. Son formas de poner en evidencia la falta de tecnicismo en la LUC, el importante grado de desconocimiento e improvisación en materia de técnica legislativa. A esto se suma otro rasgo de la LUC: legislar absolutamente de espaldas a la academia, anteponiendo fríos cálculos políticos electorales a los consejos y sugerencias de los entendidos en las materia, que se han pronunciado en forma contraria a estas disposiciones.
Este artículo de la LUC legitima esta modalidad de huelga, respecto de la que históricamente la doctrina del derecho laboral se encontraba dividida. Luego erige en condición de legitimidad dos hipótesis: a) garantizar el derecho de los no huelguistas a acceder a los lugares de trabajo; y b) el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente.

Ninguna de las dos situaciones previstas son coherentes con la Constitución, que exige que el legislador proteja la efectividad del derecho de huelga. Sin dudas que legitimar el rompehuelga (“carnero”) es una situación que va en contra de la efectividad del ejercicio del derecho de huelga. En el mismo sentido garantizar el acceso de la dirección de la empresa a las instalaciones, sobrepasa la norma constitucional, porque esta medida debilita y atenta contra la efectividad de la huelga.
Los dos agregados que tiene el artículo, en tanto se elevan al nivel de requisitos para otorgar legitimidad a la huelga con ocupación, no van en línea de lo que mandata la Constitución; la efectividad del derecho de huelga y en ese sentido podría ser declarado inconstitucional por la SCJ.

Quienes defienden la LUC sostienen que en esta norma se recoge lo resuelto por OIT en algunas observaciones realizadas al Uruguay. La OIT había observado al Uruguay pues en su ordenamiento jurídico no existían garantías de protección del no huelguista, o del empresario. La OIT cuando formula observaciones lo hace en base al marco de los convenios de ese órgano, sin consideración de la normativa de derecho interno. En consecuencia –que el gobierno parece no saber–, es que en esos casos se aplica el Art. 19 Nral. 8 de la constitución de la OIT que implica una salvaguarda de los derechos del trabajador individual y organizado, esa norma establece que cuando un Estado parte tiene una norma más favorable al trabajador en su ordenamiento jurídico interno, debe aplicarse esa norma. En este caso la norma que debe primar es el multicitado artículo 57 de la Constitución.
Párrafo aparte amerita comentar el Decreto Nro. 268/2020, que habilita la desocupación de los lugares de trabajo, ante medidas de ocupación por ejercicio del derecho de huelga. El decreto es más restrictivo que la propia LUC, en cuanto no especifica que para poder proceder a la desocupación de los lugares de trabajo mediante el auxilio de la fuerza pública, deben sucederse algunas de las dos hipótesis previstas en el Art. 392, mientras esto no ocurra la ocupación es legítima y no procede desocupar. (Conf. Op. Alejandro Castello, R.D.L. Nro. 278-279, FCU). El Decreto es claramente ilegal.

En síntesis, la LUC hace gala en este artículo de su impronta general: autoritarismo y la restricción de derechos constitucionales. Limita un derecho protegido en la Constitución, a lo que se agrega un decreto que es claramente ilegal. Dr. Sergio Rodríguez, Militante Partido Nacional → Leer más

El 13 de diciembre se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento del Gral. Líber Seregni.
Para conmemorar esa fecha, en la fachada de la sede del Frente Amplio se inauguró una imagen del General, realizada por el artista plástico de Gualeguay Néstor Medrano, que como en otras que ha realizado en nuestra ciudad, logra a través de la técnica del mosaiquismo figuras casi fotográficas.
En esa ocasión expresé entre otros conceptos, que el acto tenía un hondo contenido de integración regional, de la integración real. Como lo propugnamos desde hace años “pueblos vecinos unidos por el arte”. Recordando que Paysandú retribuyó a la Provincia de Entre Ríos, con la escultura “Plegaria Indígena” –cuyo autor es el Dr. Juan C. Ualde de Guichón y ejecutada por el artesano del hierro Ricardo Gómez– y que se ubicó a la entrada de Villaguay.

También tiene un significado muy especial que esta imagen de Seregni, esté frente a la calle Leandro Gómez. Ambos fueron fervientes artiguistas. Dentro de las trincheras en aquellos trágicos hechos de diciembre de 1864, se oía la consigna: “Seremos tus dignos compatriotas, heroico Jefe de los Orientales”. Siendo Leandro Gómez uno de los principales reivindicadores de Artigas en plena leyenda negra.
En el primer acto del Frente Amplio, el 26 de marzo de 1971 –del cual participamos en nuestros años jóvenes–, se exhibía en la explanada municipal de Montevideo, un bronce de Artigas a caballo del escultor Armando González, que había ganado un primer premio destinado a la ciudad de Artigas. Y dice Seregni: “aquella noche fue como fantasmal…. a veces la emoción se corporiza no sé cómo. Ahí estaba, en las luces, aquella figura… Era como si Artigas flotara sobre la multitud”. Y terminó su discurso diciendo: “como en la Patria Vieja, padre Artigas, guíanos”.

Hoy tenemos su imagen frente a nuestra Plaza Artigas, mirando al norte, hacia la Meseta donde pidió se esparcieran sus cenizas, mirando nuevamente al prócer como cabalgando hacia Purificación, la Capital de la Liga Federal, la Capital de las Provincias de los Pueblos Libres.
Como dijo de Artigas en aquel acto de 1971, hoy repetimos y te decimos querido Gral. Seregni: Guíanos. Arq. Rubens Stagno Oberti

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En muchas ocasiones esta página editorial ha destacado la importancia del Poder Judicial para la existencia, fortaleza y aplicación práctica de los valores democráticos y republicanos en los que reposa la esencia misma de nuestra nación. En este marco resulta oportuno recordar que, de acuerdo con el Plan Estratégico del Poder Judicial 2015-2024, aprobado por la Suprema Corte de Justicia a través de la Acordada 784, su misión es “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, para garantizar el ejercicio y la tutela de los derechos de los individuos conforme al ordenamiento jurídico, y la preservación de la convivencia pacífica en el marco del Estado de Derecho”. En esa misma línea, la Acordada mencionada asigna al Poder Judicial los siguientes valores transversales: independencia, responsabilidad, integridad y transparencia, compromiso con la excelencia, imparcialidad e integración”. Según el artículo 235 de la Constitución Nacional el Poder Judicial será ejercido por la Suprema Corte de Justicia y por los Tribunales y Juzgados, en la forma que establecire la ley.
El semanario Búsqueda informó en su última edición sobre una decisión de la Suprema Corte de Justicia que constituye un grave error, un pésimo antecedente, así como una violación de los derechos de una de sus funcionarias que pone en entredicho la aplicación práctica de los valores sobre los cuales el Poder Judicial afirma realizar su labor fundamental. De acuerdo con la publicación mencionada, la directora del Servicio de Abogacía de la Suprema Corte de Justicia, abogada Virginia Collazo, denunció en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que fue sancionada por negarse a firmar un escrito judicial que no había redactado.
De acuerdo con la información difundida por el semanario, “poco después de que el Parlamento aprobara una ley que incorporó los concursos para ascender en la carrera judicial, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) decidió interponer un recurso de inconstitucionalidad. En la demanda, que presentó a fines de 2020, la Corte aseguró que las modificaciones que estableció la Ley 19.830 implicaban un ‘exceso’ de la competencia del Parlamento y una ‘intromisión’ sobre el Poder Judicial. Esa demanda no llevó la rúbrica de la directora del Servicio de Abogacía, Virgina Collazo, que es la abogada responsable de patrocinar a la Corte y al Poder Judicial (PJ) en los juicios”.
La ausencia de su firma no fue un hecho fortuito: la funcionaria se resistió a firmarla, pese a que la Corte le ordenó expresamente que lo hiciera. Su negativa le valió una observación en su legajo. Pero la abogada defendió su decisión y cuestionó la sanción. En una acción de nulidad que presentó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) en noviembre, a la que accedió Búsqueda, Collazo afirmó que el proceder de la Suprema Corte de Justicia fue “ilegítimo, arbitrario e injusto”.
Según relató ante el TCA, se le exigió firmar un escrito que ya estaba “confeccionado” y en el que no había tenido ninguna intervención. Consideró que los límites éticos de su profesión le impedían rubricarlo si no lo había estudiado. Acceder hubiera significado vulnerar “todo principio de responsabilidad en el ejercicio de la profesión” y desconocer el Código de Ética de la abogacía uruguaya. Reclamó que la sanción afectó “su intachable legajo” y transgredió “derechos constitucionales y principios éticos fundamentales”, en una actuación que incurrió en “abuso, exceso y desviación de poder”.
De acuerdo con la abogada, “la particularidad de esta situación fue lo extraordinario del procedimiento: esto es, que se le solicitara sin más la firma de un escrito del cual no fue autora, no participó en su redacción y del cual no tenía ninguna participación, no conocía su contenido y se le mandataba estampar su firma con total inmediatez”.
Es importante mencionar que, de acuerdo con lo informado por el semanario, “la postura de la Suprema Corte de Corte no fue unánime. Dos ministros en minoría discreparon con la sanción por considerar que la funcionaria había recibido una orden ‘contraria a la ética’ y no estaba obligada a cumplirla”. En efecto, “frente a su negativa, la Corte le solicitó a la abogada que en un plazo de 72 horas presentara un informe explicando sus razones. Luego inició un procedimiento administrativo abreviado que culminó con la observación. Collazo recurrió la sanción, pero los ministros Minvielle, Elena Martínez y Luis Tosi decidieron mantenerla. Los ministros Tabaré Sosa y John Pérez discreparon, porque a su juicio no había “prueba evidente y manifiesta de la existencia de una falta”. Además, sostuvieron que la orden que se impartió a la funcionaria era “contraria a la ética”, y que el “principio de obediencia debida no es absoluto”.
Si bien el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no ha dictado aún sentencia sobre la acción de nulidad de Collazo, resulta claro que el accionar de la Suprema Corte de Justicia violentó el derecho de la profesional a ser protegida en su honor, libertad, dignidad y trabajo, valores que se encuentran reconocidos no sólo por las leyes uruguayas sino también por la propia Constitución Nacional y los tratados internacionales firmados por nuestro país. Incluso el Código de Ética del Colegio de Abogados del Uruguay es claro al expresar que “el abogado tiene el derecho y el deber de desempeñar su profesión con absoluta independencia técnica, tanto respecto de su propio interés como de las presiones externas, y debe abstenerse de comprometerla para complacer a su cliente, al Tribunal o a terceros”.
En este contexto, no puede pasar desapercibido que distintos gremios relacionados con la actividad judicial (Asociación de Magistrados del Uruguay, Asociación de Defensores de Oficio, Asociación de Informáticos Judiciales del Uruguay y Asociación de Actuarios Judiciales del Uruguay) comunicaron por escrito a la Suprema Corte de Justicia que no asistirían a la celebración, del pasado 20 de diciembre, del Día del Poder Judicial por diferencias con dicho órgano y reclamaron que la misma “se sirva abrir un amplio diálogo” con los mismos.
Todo este episodio con la abogada Virginia Collazo lleva irremediablemente a una pregunta: si la Suprema Corte de Justicia, nada más y nada menos que el órgano más importante del Poder Judicial (cuya función es la de administrar justicia) actúa de esta manera con sus propios funcionarios, ¿qué tipo de trato podemos esperar para el común de los ciudadanos que se limita a abonar tributos que financian los sueldos de esos ministros? Resulta tan grave como preocupante que el máximo órgano del Poder Judicial se dedique a presionar a una de sus jerarcas para que firme un escrito judicial cuya autoría no le pertenece en lugar de dedicarse de lleno a las tareas que le impone la legislación vigente. → Leer más

Después de haber “pateado los tarros” en el Mercosur al negarse a firmar una rebaja de aranceles del bloque sin → Leer más

El Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, proclamado por las Naciones Unidas en setiembre de 2020, tiene como meta la reducción de las muertes y traumatismos causados por el tránsito en un 50% para el 2030.
El horizonte de este objetivo no es muy lejano, especialmente si consideramos que se trata de un problema que se ha constituido como un asunto de salud pública y que cualquier avance sustancial implica, necesariamente, un compromiso a nivel colectivo e individual que requiere de cambios profundos de hábitos y costumbres así como de la asunción de responsabilidades y solidaridad social.
En Uruguay la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) lidera las políticas de Estado en el tema y promueve la aplicación del Decenio de Acción para la Seguridad Vial contando con el antecedente del Decenio 2011-2020 en que adhirió mediante la ley 18.904.

Actualmente se procesa la modificación del segundo artículo de la referida ley para adoptar y promover la resolución 74/299 “Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo”, proclamando el Decenio de Acción por la Seguridad Vial 2021-2030, adoptada en agosto de 2020, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Se trata de un plan mundial que describe las medidas necesarias para alcanzar esa meta, y que hace un llamamiento a los gobiernos y asociados para aplicar un enfoque integrado de sistemas, es decir, se promueve la implementación de políticas y programas tendientes al logro del objetivo buscado, sumando el apoyo de los gobiernos locales y de organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, academias y el sector privado.
A nivel mundial, las colisiones en las vías de tránsito causan casi 1,3 millones de defunciones prevenibles y se estima que 50 millones de traumatismos cada año, lo que los convierte en la principal causa de mortalidad de niños y jóvenes en todo el mundo.

“Tal como están las cosas, se prevé que durante el próximo decenio causarán otros 13 millones de defunciones y 500 millones de traumatismos y socavarán el desarrollo sostenible, particularmente en los países de ingresos bajos y medianos. Estas cifras inaceptables, tanto en términos absolutos como relativos, se han mantenido en gran medida sin cambios durante los últimos 20 años, a pesar de la rigurosa labor en materia de seguridad vial realizada por las Naciones Unidas y otros organismos competentes”, señala el documento de Naciones Unidas. El Plan Mundial para el Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial rechaza seguir funcionando como de costumbre y pide a los gobiernos y las partes interesadas que “sigan un nuevo camino, un camino que conceda prioridad a un enfoque integrado de sistemas de seguridad y lo ponga en práctica y que sitúe directamente la seguridad vial como un impulsor decisivo del desarrollo sostenible”. También insta a adoptar medidas que ayuden al mundo a alcanzar el objetivo de reducir en un 50% el número de defunciones y traumatismos graves provocados por el tránsito para 2030.

La inclusión de objetivos específicos en materia de seguridad vial en la Agenda 2030 refleja el reconocimiento universal de que las defunciones y los traumatismos provocados por el tránsito se encuentran ahora entre las amenazas más graves para el desarrollo sostenible de los países.
“Esto significa que la seguridad vial no puede verse amenazada o sacrificada a cambio de satisfacer otras necesidades sociales. En este contexto, la seguridad vial no debería abordarse como una cuestión independiente, sino como un componente integrado de muchos programas políticos diferentes, incluidos los que se ocupan de la salud infantil, la acción climática, el género y la equidad. Como ha puesto de relieve la pandemia de COVID-19, en el próximo decenio no hay duda de que la necesidad de movilidad en sí misma evolucionará, y esto inevitablemente propiciará cambios en los sistemas de transporte de maneras que son a la vez previsibles e imprevisibles. Para asegurarse de que esos cambios no den lugar a defunciones o traumatismos se requerirán una vigilancia y adaptación constantes”, señala el documento.
En Uruguay las acciones que se desarrollan en el marco de este plan mundial incluyen “la descentralización y empoderamiento social” a través de las organizaciones de la sociedad civil, ejecutado a través de la gestión de las Unidades Locales de Seguridad Vial (Ulosev); las capacitaciones que se vienen llevando a cabo y las que están en proceso de ejecutarse en las áreas de la Salud y la Academia; el desarrollo de estrategias de atención y contención a las víctimas de siniestros de tránsito.

Asimismo, se han estrechado vínculos con el sistema educativo para transversalizar el tema de la seguridad vial en todos los niveles de enseñanza. También se está avanzando en investigación con aportes desde la academia y los estudios realizados por la propia Unasev, como es el caso de el Estudio de carga global de siniestros de tránsito en Uruguay que concluye que los años de vida saludable perdidos por siniestros de tránsito por la sociedad uruguaya en el período 2015-2019 en Uruguay, promedian más de 32.000 años. En términos monetarios, esto representa un promedio de más de 525 millones de dólares de impacto económico, lo que se traduce en un 0,92 % del PBI anual.

En este orden de cosas, se destaca una reciente contribución local, a través del un estudio descriptivo acerca del estado de salud – enfermedad de los conductores profesionales de las rutas nacionales y departamentales, tratándose de una investigación realizada por el Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y la sede Paysandú del Cenur Litoral Norte.
La necesaria contribución ciudadana a los objetivos de decenio no es menos importante. Avanzar en la solución de este problema demanda que además de estudios y de las políticas nacionales de prevención y seguridad vial que se puedan instrumentar a partir de ellos, es necesaria una mayor conciencia en la toma de decisiones personales en el día a día.
Cuidar de nuestra vida y la de amigos, familia o compañeros de trabajo que viajan con nosotros es algo en lo que seguramente estamos todos de acuerdo. Sin embargo, las decisiones prácticas a la hora de circular en calles o rutas nacionales es lo que hace prácticamente el cien por ciento de la diferencia. Ahora que se aproximan las fiestas tradicionales, vale desear también algo para los 365 días del año: cuidémonos entre todos. Decisiones básicas y conocidas hacen toda la diferencia.

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“Tendencias y oportunidades para la industria tecnológica uruguaya” es el título de un informe presentado la semana pasada por la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI). El estudio que dio lugar a la publicación lo desarrolló el Observatorio TI de CUTI, en el marco del Programa de Bienes Públicos Sectoriales para la Competitividad de la Agencia Nacional de Desarrollo, ANDE.
Para el presidente de CUTI, Leonardo Loureiro, el informe aporta “mucha información de utilidad para entender para donde va el mundo de los negocios en tecnología, así los socios de CUTI pueden definir sus mejores estrategias de acuerdo a sus capacidades”. Pero también es oportuno para que quienes tenemos la responsabilidad de contar para donde va el mundo en general, podamos tener una visión analítica de qué se puede anticipar de un sector que ha sido de los más dinámicos en cuanto a la generación de empleo en la economía uruguaya”.
“El informe da cuenta de las tendencias de la industria a nivel global, lo que ayuda a identificar oportunidades de negocios y buenas prácticas en el ámbito local. Hace además recomendaciones específicas para mejorar algunas problemáticas del sector, como la falta de recursos humanos capacitados, un permanente dolor de cabeza para las empresas uruguayas, que tienen una fuerte disputa por el escaso (en relación a la demanda) talento nacional.
Según los datos expuestos, para las empresas tecnológicas uruguayas las tendencias tecnológicas y la necesidad de incorporarlas no constituyen su principal preocupación, sino que los modelos de negocio y la escasez de capital humano son el centro de sus desvelos. De todos modos conocer sobre tendencias permite anticiparse a eventuales posibilidades de negocio que se van a abrir en el futuro.
“Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés), blockchain, inteligencia artificial, ciberseguridad y realidad aumentada son las áreas dentro del sector que presentan mayor potencial de desarrollo a mediano y largo plazo a nivel global”, expone el informe. De acuerdo con la consultora Mckinsey, citada en el estudio, “el IoT industrial es clave para la automatización y el futuro de la conectividad, en el entendido de que el 50% del trabajo actual puede ser automatizado para 2025 y que cerca del 80% de la población global podría alcanzar conexión 5G para el 2030”.
La capacidad de incorporar el internet de las cosas “como parte de los procesos de ‘transformación digital de la corporación’ ya es un elemento fundamental en la competitividad de las empresas, tanto las que producen bienes como las que brindan servicios que involucran bienes físicos”, cita el informe.
Con respecto al uso de blockchain (que solemos mencionar vinculado a las criptomonedas, como el Bitcoin, aunque tiene muchos otros usos), “los analistas coinciden en que dentro del sector de la salud irá en aumento, sobre todo para los procesos de suministro de medicamentos.
A nivel global, una de las dificultades es que la oferta de trabajadores capacitados para trabajar con esta tecnología no acompañará el desarrollo de blockchain, por lo que se pronostica desde ahora una falta de recursos humanos”.
Con respecto a la inteligencia artificial, señala que “es una de las tendencias que más impacto tendrá en todas las industrias a futuro, ya sea a través de la visión artificial, el procesamiento del lenguaje natural o la tecnología de voz”, y en cuanto a la realidad aumentada indica que “no solo tiene potencial dentro de la industria de venta de productos o en el turismo, sino que ha tenido un crecimiento en el área educativa a causa de la pandemia”. Esta tecnología, señala el informe, “debe analizarse como el siguiente paso en la elaboración de experiencias de usuario cada vez más sofisticadas”.
El informe, en su tramo final, incluye una serie de recomendaciones para el sector, que también es oportuno tener en cuenta. En cuanto a la formación de recursos humanos, “plantea trabajar sobre diversas estrategias para estimular el estudio de ingeniería y otras formaciones tecnológicas, como podrían ser programas de becas focalizados, campañas en los centros educativos de secundaria mostrando lo que hace un ingeniero”. Además remarca “la necesidad de adecuar los planes de estudio en educación media para mejorar la formación en matemática y física, así como profundizar y jerarquizar el bachillerato tecnológico de UTU en informática”.
Uruguay ya lleva más de 15 años de instrumentado el Plan Ceibal, un proyecto que con el debido enfoque –el sistema político se ocupó más de resaltar el aspecto material del aporte de una computadora a cada niño que de las posibilidades que se abrían– pudo haber sido revolucionario y puesto a nuestro país a la vanguardia.
Hoy, en cambio, tenemos un informe que advierte que la idea de que “la ingeniería y/o la computación son para ‘nerds’ o para genios, debe ser transformada en una cultura diferente, impulsada desde la escuela por los maestros, los padres y los docentes”, y que anima tanto a la CUTI como a las empresas a “ser actores claves en esta transformación”. → Leer más

“La contagiosidad es realmente alta”, con la salvedad de que “ningún caso de estos últimos ha reportado gravedad. Eso solo puede querer decir que la vacuna está dando resultados. Siempre se aclaró que no evitaba el contagio, pero que sí protege para que la enfermedad no pasara a un nivel peligroso. Hoy no tenemos ningún internado en CTI”, fue la última evaluación formulada a EL TELEGRAFO por el director departamental de Salud, Dr. Carlos Leoni, respecto a la situación de la pandemia de la COVID-19, cuyos casos vienen creciendo nuevamente en Paysandú, como en Uruguay y en el mundo.
En el plano departamental, el jerarca consideró que de los cuatro casos nuevos identificados el lunes, dos corresponden al mismo centro educativo en que se había detectado un brote el domingo, un tercero está vinculado a ese mismo centro y el cuarto es una persona mayor de la que aún no se ha constatado el origen del contagio, por lo que por este lado estamos ante una incógnita para más o menos poder desentrañar la madeja.
Mientras tanto, en nuestro país desde hace ya varios días se viene registrando un promedio de unos 300 casos diarios, por lo que en el plazo de unas pocas semanas prácticamente se ha triplicado la incidencia de la COVID- 19, y lo mismo ocurre en Argentina, donde se registran entre 5.000 y 6.000 casos por día, aunque al igual que en nuestro país, se ha constatado una fuerte disminución de la gravedad de los casos, posiblemente también por efectos de que se ha superado abiertamente el 70 por ciento de la población con las dos dosis y en el caso de nuestro país, hay una fuerte respuesta a la tercera dosis.
Argumenta con tino el Dr. Leoni que hay que seguir con los cuidados, “porque si bien con estos números la pandemia está controlada en Paysandú, no sabemos qué puede pasar si en vez de tener un centenar de contagios como tenemos hoy, tuviéramos el doble”. Es que precisamente esta película ya la vimos, y la diferencia fundamental es que los casos se redujeron y sobre todo las muertes, una vez que se avanzó en forma contundente con la vacunación, hasta llegar al presente en que a la peligrosa variante Delta le sigue la Omicron, una evolución que aparece como más contagiosa, pero que encuentra a la población menos vulnerable debido a la vacunación masiva.
Pero la cosa tiene ribetes diferentes en otros países, sobre todo en el Hemisferio Norte, donde está ingresando el invierno, y se apuesta fuertemente a reducir la presencia de la población en lugares cerrados o semicerrados, como la medida más efectiva para evitar la difusión de la patología.
Es así que a una semana de las fiestas, se multiplican nuevamente las restricciones ante la variante Omicron de la COVID-19, con el confinamiento en Holanda y la cancelación de fiestas y cierre de sitios culturales en otros países, mientras crece la presión sobre los no vacunados.
La variante, identificada un mes atrás en Sudáfrica, ha sido detectada en cerca de 80 países y avanza aceleradamente en Europa, donde podría convertirse en dominante para mediados de enero, según prevé la Comisión Europea. Ante este escenario, varios países europeos reforzaron las medidas sanitarias al acercarse las fiestas de fin de año o están a punto de hacerlo.
Alemania anunció el sábado que incorporó al Reino Unido a la categoría más alta de zonas con riesgo de contagio por la COVID-19, lo que implica numerosas restricciones de viaje. La decisión, que entró en vigor a la medianoche del domingo, se dio en respuesta a la rápida propagación de la variante Omicron en territorio británico, en tanto Alemania ya había clasificado a Dinamarca y Francia como zonas de riesgo.
Por su parte, en Holanda comenzó el confinamiento el domingo, anunció el primer ministro Mark Rutte, por lo que todos los comercios no esenciales, restaurantes, bares, cines, museos y teatros deberán cerrar hasta el 14 de enero.
En el Reino Unido, que registró por tercer día consecutivo un récord de contagios (93.045 casos), el alcalde de Londres, Sadiq Khan, dijo estar “muy preocupado” por la propagación de Omicron, dominante en la capital británica, y puso en marcha un procedimiento de alerta para coordinar los servicios públicos.
En Francia, el gobierno pidió a las alcaldías cancelar los conciertos y fuegos artificiales previstos para la noche de Año Nuevo. En París se anunció este sábado la anulación de celebraciones en los Campos Elíseos, mientras que en Irlanda, los bares y restaurantes deberán cerrar a las 20:00 a partir del domingo y la medida se mantendrá hasta finales de enero.
Dinamarca a su vez cierra durante un mes los teatros, cines y salas de concierto, así como parques de atracciones y museos.
Las medidas se acompañan de presiones crecientes sobre las personas que no están vacunadas, que en algunos casos van más allá de la obligación de inocularse, medida que varía de acuerdo a la nación de que se trate y en Estados Unidos, de cada Estado.
En Los Angeles, California, todos los empleados de la ciudad, incluyendo policías y bomberos, que no hayan recibido una exención por motivos médicos o religiosos, deberán estar vacunados a partir del sábado so pena de ser puestos en licencia administrativa. Según los servicios de la alcaldía, poco más de 43.800 empleados, o sea el 79% del total, estaban al día con la vacunación esta semana. Según la televisión NBC, cerca de 80% de los policías de Los Angeles están vacunados contra la COVID-19 y más de 2.500 pidieron exenciones.
El viernes, una corte federal estadounidense reinstaló la vacunación obligatoria para empleados de empresas grandes, como lo pidió el gobierno, luego de que fue suspendida en noviembre por un tribunal de apelaciones de Texas.
En Suiza, a partir del lunes, solo personas vacunadas o recuperadas del virus tendrán acceso a restaurantes, sitios culturales e instalaciones deportivas y de diversión, además de cualquier evento en interiores, en tanto un requerimiento similar entrará en vigor en Francia a inicios del próximo año, y ya no bastará con un simple test negativo, como hacían hasta ahora las personas no vacunadas.
Lamentablemente, la perspectiva de erradicación en un plazo más o menos cercano de la COVID-19 se presenta muy problemática, sobre todo porque no solo se mantiene un porcentaje del orden del 20 por ciento de la población mundial que resiste la vacunación, sino que además se observa un relajamiento de las medidas preventivas como el uso de mascarilla y alcohol. Además se han incrementado sustancialmente las reuniones de personas en lugares cerrados sin tener en cuenta que el virus sigue circulando, mientras no es cumplida a rajatabla la disposición a exigir vacunación con dos dosis a quienes ingresen.
Y cuando estamos entrando de lleno a la temporada turística, aunque atípica por las restricciones, es pertinente recordar más que nunca que debemos cuidarnos entre todos, que lo más expuestos son quienes no están vacunados, pero también –vacunados o no– sectores de riesgo, como las personas de mayor edad y susceptibles por diversas falencias crónicas o temporales, caso del sistema inmunológico, por lo que como nunca es fundamental tomar conciencia y actuar con responsabilidad, cuando tenemos el espejo de Europa para mirarnos y asumir lo que ocurre cuando se baja la guardia. → Leer más

En ocasiones resulta difícil distinguir lo que realmente importa de otros temas y las emociones a flor de piel nos llevan a discusiones extrañas. La Dirección de Educación Inicial y Primaria archivó el viernes la investigación sobre un video viral que mostraba el final del baile del Pericón, en la escuela de la localidad de Casarino, en el departamento de Canelones.
Los problemas de audio en el video llevaron a amplificar que el docente que conducía el evento, arengaba por la patria, por la escuela y al final, vivaba al Frente Amplio. La supuesta exclamación llevó a pedidos de informes en la Cámara de Diputados, a expresiones diversas en las redes sociales y a la consideración del tema en sendos espacios de informativos centrales o en programas televisivos.
La División Jurídica de Primaria investigó la denuncia y en su documento informó que tomó declaraciones a 16 testigos, entre los que se encuentran docentes, no docentes y padres de alumnos. “Todos coinciden en que al finalizar el baile del Pericón de 6º año el maestro dice ‘viva sexto año’” y “algunos afirman tener filmaciones que lo comprueban”, señala el escrito.
En la investigación, Jurídica explica que “existiendo muchas declaraciones coincidentes” y “habiéndose exhibido filmaciones a la Inspección Departamental que comprueban las declaraciones de los testigos deponentes”, sugiere el archivo de las denuncias. En el mismo documento, las autoridades de Primaria, así lo resuelven.
En las horas y días posteriores, las redes que se hicieron eco de las denuncias también fueron utilizadas para el descargo. Allí opinaron legisladores y autoridades de la enseñanza de gobiernos anteriores. Y si bien las investigaciones internas, son necesarias para despejar dudas, también confirma que la sensibilidad sobre determinados temas, nos lleva a un estado de exaltación continua. En cualquier caso, también confirma, que este nerviosismo social no permite pensar con ponderación ni aquilatar el peso de esas denuncias.
Porque tampoco se presentó una denuncia por difamación al quedar expuestos al escarnio tanto los estudiantes como el cuerpo docente de una clase específica en una localidad pequeña.
Al principio, aquello que generó dudas por la mala calidad del audio desencadenó después una andanada de afirmaciones que dieron lugar a una confusión de la que no se vuelve, porque el uso político siempre será censurable, tanto si es para un lado como para otro.
La difusión de un video, sin mayores datos, promovió una discusión mal orientada. Porque en realidad todos los días ocurren hechos similares que llevan a confundir la orientación política de algunos, con el cometido de un centro educativo. Y esto se observa, particularmente, en los niveles terciarios.
El presidente de la ANEP, Robert Silva, había enfatizado que no era posible “cobrar al golpe” ni separar del cargo “ante el primer grito”, sino dar las garantías del debido proceso y escuchar a todas las partes. El jerarca tuvo que salir al cruce de las exigencias mediáticas, porque en todo momento las denuncias se volvían reiteradas.
Es que la sensibilidad aflora en los últimos tiempos, ante hechos que se investigan en el ámbito parlamentario. Son comunes los roces entre políticos y dirigentes sindicales de la educación secundaria por el método utilizado para justificar las faltas por actividades gremiales.
Las licencias irregulares y las ausencias de los dirigentes de sus clases, movilizaron a la clase política y la opinión pública ante un tema que no es nuevo. Las dudas sobre la existencia de un convenio que habilitaría a los docentes a ampararse para justificar inasistencias, también alcanza a los propios involucrados en las denuncias. Las dudas sobre quienes cometen abusos, después se extienden a un colectivo y la sensibilidad permea hacia la sociedad. Es allí, precisamente, donde no se zanja la discusión sino que se divide entre buenos y malos.
Sin embargo, las condiciones no están dadas ni para discutir ni investigar, porque el ambiente se caldea más temprano que tarde. A la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre las horas dispuestas para uso sindical en la educación secundaria, asistieron directores de liceos que firmaron los permisos y docentes que completaban los formularios, en hojas ya dispuestas en blocks, por dirigentes gremiales que avalaban su ausencia de clases.
Ahora el Parlamento definirá si extiende la tarea de dicha comisión sobre las licencias supuestamente irregulares. Los diputados del Frente Amplio aseguran que la documentación presentada por los dirigentes desmontó “la carpa de circo”.
El oficialismo entiende que las licencias se basaron en normativas inexistentes y rechaza el desplante de altos directivos, que solo se remitieron a hablar y entregar carpetas a la oposición. Después, se levantaron y se fueron.
En cualquier ámbito de la vida, existen personas, pero también abundan los personajes. Unos se someten a las garantías del debido proceso con plena confianza en su desempeño y los resultados de una investigación.
Otros deambulan por lugares oscuros, donde pulula la impunidad. Algo que, en definitiva, precede al descrédito del que gozan. Al menos en esta democracia, los funcionarios –servidores– públicos deben someterse a las instituciones, a pesar del “hartazgo” ya manifestado por algunos.
Y así como no es de recibo el escarnio padecido por la comunidad educativa del principio, tampoco es posible que en este último caso, se permita la comparecencia por los recintos sin responder a representantes elegidos en democracia. Es ese mismo régimen que muchos aseguran defender y levantar banderas para no volver a una historia reciente que, dicho sea de paso, cuentan como quieren.
Ninguno de los investigados pertenece a entidades privadas, sino que se trata de funcionarios públicos que trabajan y reciben salarios pagados por los contribuyentes.
Hoy, los uruguayos tienen otras prioridades. Una de ellas es, precisamente, mejorar la educación para elevar los niveles de egresos y atrasos que, con pandemia o sin ella, nos mantienen a todos en rezago.

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Un viejo dicho –que muchos atribuyen al economista y Premio Nobel de Economía, Milton Friedman– señala que “no hay almuerzo gratis”, o sea que alguien, en algún momento y alguna forma termina pagando el costo de las políticas públicas y generalmente ese “alguien” son todos los contribuyentes o, lo que es peor, el sector más desfavorecido económicamente.
La frase resulta plenamente aplicable a la protección del ambiente, una tarea fundamental e ineludible para la supervivencia de la raza humana y para todos los seres vivos del planeta. No pueden existir dos opiniones al respecto: los temas ambientales deben estar al tope de la agenda de los líderes nacionales e internacionales porque la problemática se define por su carácter global, abarcando países, regímenes políticos, religiones y filosofías. Pocos temas como el ambiente requieren una respuesta coordinada a nivel transnacional, ya que se trata de un único planeta que enfrenta peligros de gran magnitud en esta materia.
A pesar de su carácter global –tal como sucede con las políticas internacionales en materia de prevención y combate al lavado de activos–, existe una doble moral que tiene su base en la política de “haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago” de los países más desarrollados. Como señalara el investigador Immanuel Wallerstein, en el año 2004, “los gobiernos de los países del Norte, a la vez que no hacen nada en su interior para que las empresas asuman los costos ambientales de sus operaciones productivas, pueden “comprar tiempo” desplazando el problema hacia los países del Sur de dos maneras: descargando todos los residuos en el Sur y/o posponiendo su desarrollo, imponiendo limitaciones a su producción industrial o forzándolos a utilizar tecnologías ecológicamente más saludables pero también más caras. En el corto plazo este desplazamiento hacia el Sur puede ofrecer una solución parcial ante la degradación ecológica en los países del Norte, y de hecho así ha sido durante algún tiempo. Sin embargo, en el largo plazo esto no representa una solución real a estos problemas, pues la degradación ecológica es hoy tan grave que los problemas que trae consigo no pueden ya arreglarse exportándolos a la periferia”.

Teniendo en cuenta lo anterior (y precisamente porque “no existe almuerzo gratis”) los ciudadanos deben estar conscientes que la implementación de esa misma protección ambiental por la cual piden en las redes, así como las innumerables campañas a las cuales se suman, poseen altos costos de ejecución y mantenimiento. Como “para muestra basta un botón” pensemos en el caso de una fábrica a la cual se le exige que adapte su forma de producir a un nuevo estándar de protección ambiental (objetivo razonable y esperable, ya que se trata nada más y nada menos de un tema fundamental): seguramente la empresa deberá tomar medidas que en muchos casos podrían afectar la economía local y la situación concreta de trabajadores que no puedan adaptarse a los nuevos requerimientos. Resulta obvio que no habrá almuerzo gratis para esos trabajadores pero tampoco los habrá para los contribuyentes en general, ya que deberán abonar con el pago de impuestos los seguros de desempleo o los programas de reconversión para nuevos sectores, sin mencionar el traslado de costos que las empresas harán a sus consumidores, aumentando de esa forma el precio final de sus productos.

La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿hasta qué punto están los ciudadanos dispuestos a asumir en forma personal y directa los costos de la protección ambiental? Así como nadie desea vivir junto a un espacio que se encuentra ambientalmente comprometido (síndrome conocido como NIMBY, anacronismo de la frase “not in my back yard” o sea “no en mi patio”), los ciudadanos no desean un incremento de la pesada carga tributaria que soportan a nivel global y los políticos, para quienes la creación de nuevos impuestos o la creación de nuevos se ha transformado en una mala palabra, tampoco parecen muy motivados a financiar los costos de las medidas de protección al ambiente.
Sin lugar a dudas, la contracara de las medidas ecologistas es el encarecimiento de los costos de producción y la pérdida de fuentes de trabajo, no sólo en la industria manufacturera sino también en el área de servicios, tal como ha sucedido en los últimos meses en la República Popular de China (RPC) tras la decisión gubernamental de cerrar las centrales térmicas que producían energía utilizando carbón. De acuerdo con el diario “El País” de Madrid, esa “ofensiva medioambiental está obligando a cerrar o reducir la actividad de muchas industrias”. Teniendo en cuenta que el 72% de la electricidad que consume la RPC proviene del carbón, “las autoridades han empezado a imponer un racionamiento de energía que amenaza con tensionar aún más las cadenas de suministro globales y generar escasez de todo”.

La evidente complejidad de esta situación ha sido puesta de manifiesto por Peter Poschen, director del Departamento de empresas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): “Si bien una economía más verde puede producir importantes beneficios sociales, no se pueden negar las dificultades. La transformación conllevará cambios estructurales en las economías, modificando las tareas y los perfiles de competencias de numerosos puestos de trabajo. Es probable que algunos trabajadores pierdan su empleo. Estas pérdidas deberían ser limitadas, pero con frecuencia están concentradas en comunidades que ya estaban afectadas por las repercusiones de la globalización. No abordar esta cuestión podría traducirse en un bloqueo político de las urgentes reducciones a los daños al ambiente. (…) Integrar el medio ambiente y las otras cuestiones climáticas en las políticas sociales y del mercado laboral es esencial para aprovechar las oportunidades y hacer frente a los desafíos de la transición. Una gran cantidad de instrumentos políticos y de experiencias ha sido documentada. La reforma fiscal medioambiental se destaca; el aumento de los precios reduce las emisiones y los ingresos y ahorros reducen el costo del trabajo y financian la protección y la inclusión social. Los precios son importantes, pero están lejos de ser suficientes. Necesitamos empleos verdes, trabajadores con nuevas competencias capaces de adaptarse a modelos de producción más limpios, introducir nuevos modelos empresariales, productos y servicios ecológicos, así como programas a gran escala en algunos sectores clave”.

Así las cosas, las necesarias medidas de protección del ambiente deberían ir acompañadas con un debate sincero y abierto sobre los costos económicos y sociales de las medidas necesarias para ello, incluyendo el financiamiento concreto para las personas y comunidades que resulten afectadas por las pérdidas de empleo.
Resulta mucho más fácil comprar artículos supuestamente descartables (más allá que en muchos casos se trata de una clasificación inútil porque terminan mezclados en los sitios de disposición intermedia o final) que sacar del bolsillo de cada uno para apoyar a quienes se vean afectados por las políticas ambientales. No se trata de minimizar la importancia de la protección del ambiente, sino de ser sinceros sobre el costo económico y social de una tarea más que necesaria. → Leer más

Cuando se habla de la colocación de productos en el extranjero se refiere a barreras no arancelarias a los obstáculos que se ponen para dificultar el acceso a determinado mercado. Muchas veces estas barreras suelen estar atadas a justificaciones sanitarias, pero en el fondo no esconden más que una forma de proteccionismo, aunque también tiene mucho de práctica recaudatoria. Pero qué ocurre cuanto esto se da dentro de un país, incluso dentro de un país unitario (en el sentido de que no se trata de una federación o confederación de varios estados). Eso, que ha ocurrido históricamente e Uruguay, dificultando artificialmente la posibilidad de vender en Montevideo productos elaborados en el interior del país, hoy parece tener los días contados, y en estos días hemos estado viendo algunos síntomas de ellos.
No es un tema nuevo en realidad, pero el Congreso de Intendentes desde el pasado período de gobierno está trabajando en la instrumentación del Sunae, Sistema Único Nacional de Alimentos y Empresas, para cuya aplicación estaría faltando la puesta en funcionamiento de un software específico que el Congreso encomendó a una firma.
Pero, ¿en qué consiste el Sunae? Muchos lo comparan con el avance que significó el Sucive en la pacificación de la “Guerra de las Patentes”, que enfrentaba a las diferentes intendencias. En este caso provocará que haya un solo registro para los productos alimenticios y que estos puedan venderse en todo el país, a diferencia de lo que ocurre hoy en día, que para ingresar a Montevideo los productos elaborados, registrados y habilitados en los demás departamentos deben llevar a cabo una nueva tramitación frente a la intendencia capitalina.
Recientemente todo este asunto cobró mucha notoriedad por el caso de Julia Olarte, una emprendedora trinitaria, fabricante de los alfajores Cuatro de Julia, que se volvió bastante emblemático.
El 7 de mayo, a través de su cuenta en la red social Twitter anunciaba que ya no podría vender su producción en Montevideo. “Hola alfajoreros. Viernes negro para mí. Así como he compartido las buenas del emprendimiento, hoy toca una mala. No estaré más en los locales de Montevideo. Si bien tengo bromatología de Flores, para el local y los alfajores, no es suficiente para estar en la capital. Si les digo que no he parado de llorar, ¿me creen?”, tuiteaba entonces.
Su situación se agravaba porque en ese entonces había invertido en la compra de un horno para dar un salto en su capacidad de producción, y al frenarse las ventas en el principal mercado en volumen que tiene este país, la situación se le volvía angustiante. “Hasta ahora me marchaba todo viento en popa, me animé a comprar el horno. 20 cuotas de $7.500 (ya pagué 1). Siento que se me viene el mundo arriba. Sin dudas que es un golpe muy duro, pero como estoy enamorada de mi emprendimiento y quiero seguir haciendo lo que me gusta, le voy a buscar la vuelta”, afirmaba. Y agregaba que “intenté hacer el trámite de bromatología pero con los requisitos que piden es inaccesible. Sabía que esto me podía pasar, era un riesgo que corría… hoy me tocó. Y la verdad es que se siente horrible”.
Y este relato, que tantas similitudes tiene con los de muchos de los emprendedores del interior del país, motivó entre otras cosas un comentario de la referente del programa Sembrando, Lorena Ponce de León, quien incluso después de eso se reunió con el Congreso de Intendentes para interesarse por el avance del trámite del Sunae.
El nuevo episodio que ha tenido esto es la resolución de la Intendencia de Montevideo por la que esta semana decidió bonificar en hasta un 100% los cargos de Tasa Bromatológica que deben abonar los productos elaborados en los demás departamentos para comercializarse en la capital. Y aunque la resolución firmada por Carolina Cosse aclara que no se exceptúa “a los beneficiarios del cumplimiento de los deberes que correspondan ante la intendencia de Montevideo, ni de los controles que esta deba realizar en el marco de sus competencias”, de todos modos es una señal del rumbo que van tomando las cosas.
Es que todo esto de las tasas bromatológicas quizás en algún remoto momento pudiera justificarse –erróneamente– en la diferencia de posibilidades entre Montevideo y los demás departamentos a la hora de evaluar las características de un producto determinado, desde hace ya un buen tiempo no tienen el mínimo sentido. Bastaría, en todo caso, con que desde la Intendencia de Montevideo se solicitara, si tuvieran dudas, acceder a la tramitación realizada por la empresa en su departamento de origen, para corroborar que esto estuviese en orden. Hoy eso se puede hacer en cuestión de minutos.
Pero es más, hoy la capacidad de análisis en el Interior del país es similar o incluso hasta superior a la de Montevideo. Sin ir más lejos la Licenciatura en Análisis Alimentario, que ofrece la Universidad UTEC, se cursa solamente en el Interior, en la ciudad de Paysandú, y el equipamiento que esta institución posee es el que la Intendencia Departamental emplea para llevar a cabo los análisis bromatológicos a los alimentos que se producen localmente. Mal podemos entonces hablar de diferencias a favor de Montevideo en este aspecto. → Leer más