Opinión

Los indicadores macro de la economía están presentando una tendencia auspiciosa en nuestro país en lo que va del año respecto a los que vivía –y sobre todo sufría– el país en 2020, cuando la pandemia hizo sentir sus efectos más duros en el Uruguay, por lo que más allá de la incidencia de los altibajos de los empujes y niveles más o menos estables de casos y sensación de riesgo sanitario por la pandemia, puede decirse que la economía ha ingresado en una cierta normalidad, como para ir generando elementos para evaluaciones.
Ocurre que más allá de los números favorables de la economía en este período, el escenario socioeconómico sufre el arrastre de la depresión que se diera en el período más complicado de la pandemia, con caída de actividad, pérdida de empleos, pasajes al seguro por desempleo y empresas duramente afectadas por el efecto dominó de estos problemas, con el agregado del faltante del aporte del sector turismo, reducido prácticamente a cero en el período, en un país altamente dependiente de los servicios con la visita de centenares de miles de visitantes en cada temporada.

Ergo, lo que se presenta auspicioso en los números no se traduce en sensación térmica hacia la población, sobre todos los sectores más castigados en materia de actividad y empleo en esta depresión, pese a lo importante que ha significado que el gobierno haya intentado mantener encendidos los motores de la economía y desoyendo felizmente los reclamos de cuarentena total.
Y decimos sensación térmica, porque los datos de la realidad indican que los trabajadores han perdido por regla general poder adquisitivo junto con reducción de horas de trabajo o seguro por desempleo, salvo en el sector público, donde por supuesto estos problemas no existen porque desde el sector privado los “bancamos” con nuestros aportes en las buenas y en las malas.
A las empresas privadas no les va muy bien que se diga y más aún, su situación precaria es la que se refleja en las fuentes de empleo y en la problemática de los sectores de ingresos fijos, que han tenido incrementos por debajo de la inflación, y consecuentemente erosionado su capacidad de consumo, porque además persiste el elevado costo país, y los problemas estructurales de nuestro Estado se llevan una parte enorme de los recursos por la generación de bienes y servicios que se crea por el trabajo del sector privado.

En resumen, estamos mejor que hace un año pero no bien, y hay sectores que no han tenido recuperación plena, lo que se siente en el mercado interno y en la dinámica de las respectivas actividades. No puede extrañar, naturalmente, porque en economía no hay magia, en ningún país, y su tramado responde a realidades y expectativas que constituyen un escenario complejo y al que hay que tratar como un paciente en estado delicado. Así, si se otorga cierto beneficio ante las circunstancias a determinado sector, se puede quebrar el delicado equilibrio que responde a las leyes de la economía por aplicaciones parciales, creando más problemas que los que se pretende solucionar.
En esta problemática, un análisis de la Consultora KPMG, que recoge el diario El País, consigna que con los motores de la economía definitivamente prendidos en el segundo semestre de este año que culmina, cabía esperar una mejora en el mercado de trabajo, pero esta realidad no es lineal con la mayor actividad, a la vez de subrayar que el dato más optimista fue la tasa de desempleo, que descendió a un 8 por ciento, que es el registro más bajo desde abril de 2019, equivalente a unas 143.000 personas, frente a las 200.000 de octubre de 2020.
Sin embargo, este no es un dato menor, porque confirma que la pandemia justo afectó al Uruguay cuando la economía seguía en franco declive desde antes de 2020.
Aclara la consultora que para evaluar el escenario actual, la tasa de desempleo no es el indicador más apropiado para hacer una lectura fidedigna sobre el comportamiento de la actividad económica, habida cuenta de que el desempleo comprende la diferencia entre la oferta y la demanda de trabajo, y su reducción puede deberse tanto como a un aumento de la demanda –que sería lo más positivo– como una baja de la oferta por el desaliento de personas que se salen del mercado laboral.

Lo positivo en sí es que la tasa de actividad ostenta registros similares previos a la pandemia y que ello es un indicativo de que se ha generado una mayor demanda de trabajo tras la caída del año pasado, por lo que analiza la consultora que ello quiere decir que ha habido una baja “buena” en la caída del desempleo, y no porque haya menos personas buscando trabajo.
En realidad, este mayor dinamismo tiene que ver por un lado con el empuje del emprendimiento de UPM2, inversiones inmobiliarias y mejora en la dinámica empresarial en general, al punto que según KPMG “en síntesis, desde el punto de vista de las cantidades el mercado de trabajo está mostrando una recuperación vigorosa que aunque tal vez a menor ritmo, todo hace pensar que se mantendría en el correr del próximo año”.
El factor distorsionante, como señalábamos, pasa por la disminución del poder de compra de los trabajadores asalariados en la coyuntura, así como el alto endeudamiento de buena parte de la población, aunque aclara la consultora que “el ciclo alcista del salario real ya se había detenido en 2019 cuando por primera vez en muchos años la tasa de desempleo alcanzó los dos dígitos. A partir de entonces, fue la tendencia fue a la baja y ciertamente se acentuó a partir de la crisis de COVID-19”, porque precisamente si esta tendencia era notoria en la prepandemia, era impensable revertirlo durante la pandemia y el período inmediato pospandemia que estamos atravesando.
Estas dos variables, reducción del desempleo y aumento del salario real, son antagónicas y muy difíciles de conjugar de acuerdo a la experiencia y las leyes de la economía, salvo que justo se dé un período de grandes inversiones en áreas clave y a la vez hacerlo sustentable.

Es de esperar sí que esta tendencia de reducción del desempleo pueda irse acompañando de una reversión del proceso de deterioro del salario real, pero no a costa de ir incrementando el déficit de las cuentas públicas, como se hizo hasta 2019, con las consecuencias por todos conocidas, sino que se haga tanto en forma gradual como firme, sin caer en fantasías que luego se pagan en desempleo y efectos traumáticos de duras consecuencias sociales.
Y lo peor que se puede hacer es, como dice el refrán, “apurar caballo flaco en repecho”, por más justos que sean los reclamos.
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Seguramente todos estamos de acuerdo en la importancia de la existencia de entornos ciudadanos que beneficien a todos y faciliten el acceso, la circulación y el disfrute de todas las personas sin distinción de edades ni condición física. No obstante, nuestras ciudades están todavía bastante lejos de la inclusión e integración de las personas con discapacidad.
Nos hemos acostumbrado a espacios públicos y servicios que deberían ser para todos los ciudadanos pero que, se hacen desconociendo la realidad de parte de ellos. Nos referimos a las necesidades y demandas de las personas con diferentes discapacidades, los ancianos y los niños pequeños.

Si bien es muy difícil cuantificar de manera exacta cuántas personas en nuestra ciudad o país están quedando excluidas de los espacios urbanos -especialmente porque no existen formas adecuadas para medir los cambios en las necesidades de la población–, resulta fundamental avanzar hacia diseños con accesibilidad universal.
La importancia de contar con diseño inclusivo y accesible para todos es fundamental, ya que como consecuencia de las limitaciones existentes en nuestras ciudades, las personas con discapacidades pueden llegar a experimentar dificultades en el acceso al empleo o a servicios como la salud y la educación.
Esta falta de accesibilidad produce un círculo vicioso que se traduce en que estas personas tengan el doble de posibilidades de vivir en la pobreza, según un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo.
En América Latina las personas con discapacidad, los niños y niñas y las personas mayores todavía no son tenidos en cuenta en el diseño de los espacios y sistemas urbanos. Al respecto, las estimaciones indican que el 20% de la población urbana experimenta barreras para su inclusión efectiva en los espacios y sistemas urbanos, las cuales pueden ser de índole física, económica o sociales, según lo consignado en el estudio del BID, denominado “Las ciudades como espacio de oportunidades para todos: como construir espacios públicos para personas con discapacidad, niños y mayores”.

Es decir, existen diferentes tipos de barreras que limitan la forma en que una persona puede moverse en una ciudad o reducen el acceso a la oportunidad de tener un empleo o, incluso, cuando limitan la interacción y participación en los espacios públicos.
En nuestro país han habido avances normativos importantes tendientes a la eliminación de barreras, la inclusión educativa y laboral aunque no siempre el reconocimiento de derechos y establecimiento de determinadas normas en beneficio de las personas con discapacidad van aparejadas en cambios concretos en el ámbito social, laboral o educativo dado que siguen siendo un gran cuello de botella la asignación de recursos, inclusión de infraestructura y equipamientos que permitan una inclusión e integración real de las personas con discapacidad.
Se trata de un tema de justicia social pero también un imperativo de la realidad, dado que el 16% de la población –algo así como unos 500.000 uruguayos– tiene al menos una discapacidad permanente. Sin embargo el camino de la inclusión es dificultoso ya que si bien es relativamente sencillo reconocer derechos que estamos de acuerdo que tendrían que ser accesibles para todos, suele ser muy difícil concretar el acceso debido a barreras culturales, hábitos, falta de planeamiento y financiamiento o diferentes aspectos vinculados a la accesibilidad física.

Si observamos el mundo del trabajo, es claro que contamos con leyes que aseguran la participación de ciudadanos con discapacidad en la actividad laboral tanto el el sector público como privado.
En este sentido, cabe recordar que el artículo primero del decreto 73/019, el cual reglamenta la Ley sobre la promoción del trabajo para personas con discapacidad (Ley N.º 19.691) establece que los empleadores de la actividad privada que cuentan con 25 o más trabajadores permanentes, en todo nuevo ingreso de personal producido a partir de noviembre de 2018 deben emplear a personas con discapacidad en porcentajes que deben observarse según la cantidad de trabajadores permanentes existentes.
No obstante, la inclusión laboral es también un campo en el que no solo las empresas privadas sino también las públicas –que cuentan con normativa al respecto desde hace varios años– deben avanzar, dado que buena parte de ellas no cubren el 4% de sus vacantes con personas con discapacidad como lo establece las leyes y normas vigentes.

En lo que hace a la actividad cultural y educativa, se cuenta con varias normas tendientes a asegurar la inclusión. Existen protocolos de actuación para la inclusión de personas con discapacidad en los centros educativos, de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 18.651, del año 2010, que afirma que las personas con discapacidad tienen derecho a la educación, la reeducación y la formación profesional, fijándose obligaciones para todos los centros educativos que integran el sistema nacional de educación pública y privada y comprende a los servicios de educación infantil privados y a los centros de educación no formal habilitados por la Dirección Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, así como a bibliotecas públicas y privadas. No obstante, escasamente el Estado ha asignado condiciones materiales y financieras para prestar los servicios y apoyos que se requieren.
¿Cómo podemos conseguir ciudades inclusivas? “Para lograr diseñar ciudades inclusivas, debemos asegurarnos de contar con un marco ético sólido que nos permita actuar de manera coherente con el principio de accesibilidad.

Asimismo, estos fundamentos deben hacer posible que las ciudades funcionen bien en términos de gestión territorial, vivienda, servicios públicos básicos y uso del espacio público”, señala la publicación antes mencionada.
Sobre el mismo tema, la experta Nora Libertun de Duren enfatiza en la importancia del valor de “permitir una mayor interacción social entre generaciones, de promover ciudades que ayuden a trascender los estereotipos y cultivar la empatía, y de los beneficios para la salud mental de interactuar en espacios urbanos diseñados para atraer todos nuestros sentidos, por ejemplo con sonidos, olores y texturas”. Algo tan básico como eso debería estar presente en la forma cómo se planifican plazas, viviendas, centros educativos, cines y edificios públicos pero también en la actitud de los conductores cuando cruza la calle una persona discapacitada en silla de ruedas, un ciego o un anciano. La inclusión es un camino tan largo y complejo como impostergable. Por una razón ética y de derechos humanos es necesario avanzar en en la forma en que diseñamos ciudades y espacios y servicios públicos, culturales y educativos, alejándonos de abordar únicamente la exclusión y focalizando nuestro esfuerzo en conseguir una inclusión transversal. → Leer más

Un efecto secundario “positivo” (si es que a algo se puede calificar así, considerando el contexto) que ha tenido la pandemia en Uruguay ha sido la mayor visibilidad que ha dado a los investigadores, a los científicos uruguayos, por el papel relevante que jugaron, sobre todo al comienzo, cuando de todo esto de la COVID-19 se sabía muy poco y en todo el mundo se buscaban respuestas.
Particularmente tuvo mucha visibilidad el Grupo Asesor Científico Honorario que apoyó el trabajo de quienes tomaban las decisiones. Por más que estas decisiones luego tuviesen también un componente político –como varias veces se explicó– que terminaba apartándolas en algunos términos de las sugerencias de los expertos, siempre estuvo esa guía a disposición.

Luego vinieron reconocimientos internacionales, y nacionales, que hicieron que esa ciencia uruguaya, prácticamente desconocida, saliera a la luz.
Todavía no se puede decir que hayamos superado la pandemia, es más, estamos en este momento atravesando por una evolución preocupante en el número de casos, aunque –gracias en gran medida a las vacunas– ya no estamos ante un fenómeno de la misma gravedad, por lo menos masivamente (y al menos para quienes se vacunaron).
Pero ahora, en estas circunstancias, cabe preguntase qué más puede hacer la ciencia por nosotros, y, especialmente, qué podemos hacer como sociedad para que la ciencia tenga un rol protagónico en el Uruguay, en los cuatro quintos que quedan del siglo XXI, por lo menos.

Algo de esto se planteaba la ingeniera Judith Sutz, coordinadora académica de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, en su columna en la radio M24 de Montevideo, que alertó que persisten en el país “normativas que son una roca atada al tobillo, que no dejan aprovechar; quizás tengamos suerte y esta especie de visualización de la potencia de lo que somos capaces de hacer tenga un acompañamiento sistémico que ayude a que vayamos a más”.
Señaló que “tuvimos durante mucho, mucho tiempo, una ciencia que no te voy a decir que hibernaba, de ninguna manera, pero desde el punto de vista del imaginario era una cosa que estaba ahí, que la hacía alguna gente rara. Tenemos una ciencia radicada fundamentalmente en el mundo académico, esa es la estructura productiva del Uruguay, así son las cosas”.
Destacó que la pandemia “permitió mostrar que esa ciencia en el mundo académico podía abrir las puertas y salir a raudales a resolver problemas. La ciencia salió, respondió, ayudó, y fue reconocida, internacionalmente, pero eso importa mucho menos que el hecho de que fue reconocida por la sociedad uruguaya. La gente ahora sabe que tenemos gente que hace ciencia, y lo valora”.

Pero Sutz afirmó que si realmente creyésemos (léase el Estado) en nuestras capacidades “no deberíamos en las licitaciones públicas pedir que una empresa para poder dar un servicio u ofrecer un producto tenga que demostrar que tuvo cien ejemplos anteriores, con lo cual ninguna empresa nacional se puede presentar a resolver el problema, ni sola, ni asociada con académicos”. También expresó que “no puede ser que no tengamos en ninguna empresa pública y que no tengamos en ningún ministerio investigadores trabajando como investigadores. Tener de manera experimental, en algunos lugares, 10, 20 investigadores que muestren que se puede hacer una diferencia”.
Y no es que Uruguay no tenga ya ejemplos de lo que puede llegar a hacer la aplicación del conocimiento en la gestión de una empresa estatal. Tal vez ha pasado ya algún tiempo y no todo el mundo recuerde la epidemia de cólera que afectó todo el continente americano en los años ‘90. Uruguay fue el único país de las Américas que no registró casos, y en parte ese éxito se debió a la UPA: una planta compacta y transportable para potabilización de agua, desarrollada junto al Ejército Nacional, y patentada por OSE. En esos años permitió dar un salto de calidad y aumentar un 52,3% la capacidad de producción de agua potable en el Interior. Hoy existen 112 UPA en funcionamiento en Uruguay y más de un centenar de plantas en funcionamiento en América Central, América del Sur, Asia y África. OSE ha comercializado 133 unidades y hay 7 unidades que se están utilizando en Misiones de Paz de las Naciones Unidas. También se han donado 20 unidades para enfrentar situaciones de emergencia causadas por catástrofes naturales.

O si quieren algo más directamente científico, basta ver el impacto que la investigación tuvo en el cultivo del arroz. En 1970 se creó la Estación Experimental del Este y en 1989 nació el INIA. Ese año el rendimiento promedio por hectárea fue –en el Este– de cerca de 4.500 kilos. El dato de 2020 fue de 9.400 kilos por hectárea en promedio. Son 50 años de investigación y aplicación de conocimiento.
Como decía Sutz, no todo es cuestión de presupuesto, aunque sí, también es necesario que haya recursos. Y tampoco es que este despegue de la ciencia tenga que venir solamente por el lado de vínculos directos con el Estado. También en el ámbito privado hay mucho por hacer, y no solo por el lado del emprendedurismo, que es hacia donde parecen haberse centrado las políticas desde hace ya algún tiempo. Hay instrumentos que se han desarrollado, por ejemplo a través de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, como el “Apoyo al patentamiento”, a través del cual se promueve “la protección de los resultados de la actividad de investigación y desarrollo realizada por empresas o instituciones públicas o privadas (que tengan entre sus actividades la investigación), a través del sistema de patentes de invención y modelos de utilidad”. Este instrumento cubre parte de la inversión (hasta el 80%) que requiere la preparación y presentación de solicitudes de patente y modelos de utilidad en el exterior, y está muy bien, aunque tal vez haga falta, para poner a andar esa máquina, que se apoye de alguna forma la contratación de esos investigadores que lleguen a desarrollar el producto a patentar. Y esto es un esfuerzo que no se logra de un día para otro, son carreras de largo aliento y de mucho ensayo y error, pero es una apuesta que, si se hace, marcará la diferencia. → Leer más

Históricamente, los avatares de la economía mundial han sido una constante, y en estos ciclos de altas y bajas, no ha habido países o regiones que hayan quedado al margen de sobresaltos, aunque naturalmente los hay algunos más vulnerables que otros, sobre todo incluidos en el primer caso los que dependen fundamentalmente del mercado exterior para sobrevivir, y en el otro, los que infructuosamente en algunos períodos han tratado de ser autodependientes debido a su gran extensión, grandes recursos naturales y población.
Con el advenimiento de la globalización, la interdependencia es manifiesta y omnipresente, aunque también subsisten las vulnerabilidades de unos por encima de las de otros, por el tamaño de las economías, su situación de desarrollo y otros elementos contundentes de peso que condicionan en más o en menos su incidencia en el comercio mundial.
En este contexto, en los dos últimos años se ha agregado un elemento que es un convidado de piedra en la trama socioeconómica mundial, que ha afectado a prácticamente todos los sectores, como lo es la pandemia de COVID-19, con efecto revulsivo sobre escenarios que antes parecían como poco menos que inconmovibles y a prueba de vulnerabilidades.
Esas supuestas seguridades se derrumbaron como un castillo de naipes y el efecto dominó se hace sentir hasta nuestros días, por las mutaciones del virus y un recrudecimiento del número de casos en el viejo continente, que siguen condicionando al mundo en forma directa e indirecta.
En este contexto de dificultades, en nuestro país, con un manejo adecuado de la pandemia, se ha evitado que se cayera en la debacle de la economía que hubiera significado el establecer una cuarentena total por tiempo indeterminado, como promovían algunos sectores de la oposición, y se ha venido logrando una recomposición de la economía, con recuperación significativa de la actividad y el empleo, aunque sin llegar a los niveles de prepandemia, donde ya la situación no era buena, pero por lo menos se detuvo la caída y el piso no ha sido tan bajo.
Pero seguimos atendiendo lo coyuntural, con o sin pandemia, y este aspecto debería preocuparnos y ocuparnos, porque no puede dudarse que gobernar no debería ser solo el ir llevándola hasta la propia elección, y así sucesivamente, sino que debería tratarse de conciliar lo urgente con lo importante, y superar los cortoplacismos que condicionan para abrirse a políticas de mediano y largo plazo para las respuestas que se necesitan.
Esta es una problemática que no es particular de Uruguay, sino que es intrínseca a la tensión que significa administrar disensos y conflictos de intereses en un contexto en el que el gobernante debe contemplar el interés general y balancear los pro y los contra de determinadas decisiones en cuanto a su repercusión y establecer un camino del medio, porque siempre habrá alguien que justificadamente o no se sienta perjudicado y reclame por sus derechos.
Pero la que manda es la realidad, y en el caso de Uruguay sin dudas que tenemos una alta dependencia de nuestras exportaciones en un contexto global que siempre es complicado y mucho más cuando todavía está duramente condicionado por la pandemia, mientras estamos llegando a una “normalidad” que nadie sabe si será la misma o solo similar a la de prepandemia.
Un análisis del instituto Ceres (Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social) considera que las proyecciones de crecimiento para Uruguay rondan el 3 por ciento, tanto en 2021 como en 2022, subrayando que la actividad tuvo un repunte a partir del segundo semestre, de la mano de la mejora sanitaria, aunque ahora enlenteciendo la tendencia de recuperación, porque no se han disipado todos los nubarrones que llevaron a la caída.
Subraya asimismo el estudio de Ceres, que recoge el suplemento Economía y Mercado del diario El País, que naturalmente esta recuperación responde al impulso de la actividad privada, puntualmente en este período al sector agropecuario y UPM 2 como los focos de mayor incidencia, en tanto hay cierta moderada expectativa en cuanto a la próxima temporada turística, que es una incógnita naturalmente, en medio de medidas restrictivas por la pandemia.
Igualmente, estas proyecciones dejarían la actividad a fines de 2022 casi 7 por ciento por debajo de lo esperado si no hubiésemos tenido pandemia, lo que a la vez mantiene interrogantes sobre la evolución en el corto plazo y mantiene las incógnitas sobre el mediano y largo plazo, porque siguen pendientes en el país reformas estructurales que socavan nuestra competitividad.
Y esto es fundamental cuando el Uruguay necesita afiliarse a la apertura comercial que conduce al desarrollo, enfocándose en hacerse presente en la diversidad de mercados, cuando tenemos una región complicada con o sin pandemia. Estamos enfocados particularmente en China, que es destino del 30 por ciento de nuestras exportaciones, por lo que las miras deberían estar puestas en expandir mercados y sobre todo en generar acuerdos comerciales que nos permitan ingresar sin aranceles.
Por encima del papel del sector privado como motor de esta expansión comercial, debemos tener en cuenta que se requiere para ello un Estado que esté a tono con este desafío, y lamentablemente en nuestro país este es históricamente un déficit, más allá de situaciones coyunturales.
El resultado, en gran medida, tiene que ver con la eficiencia del Estado y de las empresas públicas en particular, a la hora de apuntar la competencia de las empresas que desarrollan actividades dentro del país y sobre todo cuanto tienen que competir afuera.
Pero lamentablemente, el precio de la energía eléctrica en Uruguay es un 28 por ciento más cara que el promedio de la región, y la energía residencial cuesta más del doble. El gasoil es un 22 por ciento más caro y las naftas un 45 por ciento, mientras la inflación está en parámetros relativamente altos, en tanto también los salarios en dólares están por encima de la región.
Todo ello afecta la competitividad y a la vez facilita la competencia de productos importados. Se trata del nivel general de los costos internos en mirada en la comparativa regional y mundial. Tiene que ver con la calidad de vida, la perspectiva de acceder a bienes y servicios, la calidad del empleo, el costo de agregar valor a la materia prima.
Es decir, un menú de factores entrelazados e interdependientes, muchos de ellos los “platitos chinos” de que hablaba el exministro de Economía Mario Bergara, y que siguen en la vuelta, sin que se haya podido llegar a un equilibrio y estabilidad más allá de decisiones forzadas por la coyuntura, que distan siquiera de arañar las medidas de reforma estructural que se sigue postergando porque los costos políticos siguen condicionando el rumbo.
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El 24 de mayo de 2006, la secretaría de Comunicación de Presidencia de la República entrevistaba a Gerardo Lorbeer, el coordinador de Salud y Alimentación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) del primer gobierno del Frente Amplio, quien anunciaba la instrumentación de la Tarjeta del Mides, como una forma complementaria para acceder a la compra de alimentos nutritivos.
Ante la consulta sobre lo que podían adquirir los usuarios, el jerarca de entonces informaba que era “todo lo que está dentro de los rubros de alimentos, artículos de higiene personal y del hogar y están expresamente prohibidas las transacciones comerciales de tabaco, cigarrillos, bebidas alcohólicas y bebidas refrescantes”.
Posteriormente, el 1º de abril de 2016 –mientras transcurría el tercer gobierno del Frente Amplio– el Mides emitió una aclaración al llamado 515049, que se encuentra en compraestatales.gub.uy, donde establece el Reglamento de Comercios Solidarios para la Tarjeta Uruguay Social.

Allí define la misión y visión del programa, con la caracterización de los respectivos comercios y aclara que “se encuentra prohibida la venta de bebidas alcohólicas, cigarros y tabaco”. Define como una infracción pasible de la aplicación de “sanciones de diversa índole, desde la observación hasta la rescisión del contrato, si el comercio incurre” en la “venta de productos prohibidos”.
Es decir que el gobierno creador del beneficio orientado a las familias con mayores vulnerabilidades, establecía desde el primer momento las limitaciones específicas a los productos de primera necesidad. Fueron los gobiernos del Frente Amplio quienes entendieron –mucho antes que el actual gobierno multicolor– que las compras efectuadas por una prestación estatal y aportada por dinero de los contribuyentes que también son trabajadores, tenía que utilizarse con responsabilidad.

Lo que hizo el actual ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, fue confirmar que se volvía a dicho mecanismo. Sin embargo, el estado de crispación continua nubló la vista de anteriores jerarcas y los llevó al paroxismo. Tanto como para asegurar que era un “desprecio de clase” porque “la libertad no es para los pobres”, “una burrada por donde se lo mire”, “no vaya a ser que los pobres tengan pretensiones de tomarse una coca cola en Navidad”, “más clasista y aporofóbico no había”, entre otras definiciones.
En realidad, Lema anunciaba en su cuenta de Twitter, que la secretaría de Estado comenzaba un “proceso de adecuación de la Tarjeta Uruguay Social para que se utilice solamente en comercios que trabajen con rubros como alimentación, higiene personal y limpieza del hogar. Ya se identificaron unos 500 comercios que no encuadran en los nuevos lineamientos”.
Entre los 500 comercios a revisar, “se incluyen cotillón, veterinarias, tiendas de electrodomésticos e informática, ferreterías, repuestos y talleres mecánicos, servicio de televisión para abonados”, que tampoco figuraban en la primera declaración de Lorbeer, en 2006, ni en el llamado de 2016. Es más, este último se refiere a “productos prohibidos”.

Las declaraciones del ministro resultan, a primera vista y lectura, muy similar a las realizadas hace quince años por un exjerarca o hace cinco años, en un documento que aún existe en la web. Entonces, cabe preguntarse, ¿cuál es la diferencia?
Es que la medida fue anunciada en el mes de diciembre y eso mide el grado de sensibilidad con la que se discute casi cualquier tema. El Mides, creado por una ley de urgente consideración durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, pretendía ser pequeño y de continua articulación con otras carteras. Al finalizar la anterior administración, contenía a unos 1.800 funcionarios entre presupuestados y contratados, 300 programas y más de 2.000 tercerizaciones con oenegés o cooperativas, que necesitaba un presupuesto anual de U$S 270 millones. El cuestionamiento era liderado por el entonces diputado Lema, quien criticaba a las contrataciones con las “cooperativas compañeras”.

El Partido Nacional, en la oposición, cuestionaba las asignaciones directas de las asociaciones civiles para la gestión de servicios e impulsó una comisión investigadora que naufragó porque no alcanzaron los votos de la mayoría que lideraba el Frente Amplio.
Incluso algunas decisiones adoptadas en solitario por exjerarcas de la cartera, como el traslado del centro Tiburcio Cachón, recibieron acusaciones desde la propia interna partidaria. O las casi quinientas observaciones del Tribunal de Cuentas de la República en el último quinquenio ante las contrataciones directas, eran rechazadas por la falta de planificación. Mientras tanto, el fuerte argumento oficialista era la necesidad de atender a los vulnerables y el tiempo que corría en contra.
En tanto la discusión seguía enquistada en aspectos políticos, tal como ahora pero con los roles cambiados, el Tribunal de Cuentas observaba varias veces el convenio con el gobierno de Cuba para instalar médicos por 1.000 dólares mensuales y técnicos por 790 dólares, además de otros beneficios, con el fin de capacitar en el diseño y reparación de prótesis.

Lo de “aporofobia” parece el capítulo sustancial de un libro viejo. Lo cierto es que, en medio de este cruce, las anteriores autoridades aseguran un descenso de la pobreza e indigencia. Un aspecto que, también, confirma el Instituto Nacional de Estadística en sus últimas mediciones, que no cambió el criterio de sus mediciones a pesar de los cambios de gobierno.
Más allá de eso, el estado de crispación deja baches para una discusión amplia de los temas vinculados a las poblaciones vulnerables. Esas mismas que no lograron dejar sus lugares en los cinturones de las ciudades.
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Hace pocas horas los sanduceros fuimos testigos –y compartimos– la alegría de 34 familias de la zona de Guichón a las que se entregaron las respectivas viviendas por autoridades del Movimiento pro Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (Mevir), en presencia de autoridades nacionales y departamentales, dando la pauta de que el aporte de este movimiento al medio rural mantiene la continuidad que felizmente se ha dado durante décadas, con altibajos, pero con gobiernos de todos los partidos, desde su creación en 1967 por impulso del Dr. Alberto Gallinal Heber, lo que por lo menos constituye, más allá de matices e improntas, una política de Estado que tiene a los residentes de las áreas rurales como leit motiv de estas acciones.
A su vez, en el acto de inauguración del referido complejo “José María Rivero”, el intendente sanducero, Nicolás Olivera, anunció el visto bueno del organismo para la inscripción y construcción el próximo año de sendos complejos en el Este del departamento, más precisamente en Morató y Merinos, desde donde hace años vienen reclamando emprendimientos de este tipo ante las necesidades de residentes en la zona.
Paralelamente, la próxima semana, más precisamente el 15 y 16 de diciembre se inaugurarán soluciones habitacionales de Mevir en el departamento de Salto, con la entrega de 62 llaves en total. De estas, 47 viviendas corresponden a la localidad de Garibaldi, 35 conforman el plan nucleado de viviendas y el resto son soluciones en el área urbana y rural. El plan nucleado de Osimani que se inaugurará, está conformado por 15 viviendas.
El nuevo barrio de Mevir de Garibaldi se nombrará “Homero Guglielmone”, quien fue un productor rural de la zona y amigo del fundador e impulsor de Mevir, Dr. Alberto Gallinal Heber.
Por otro lado, el plan nucleado en Colonia Osimani que se inaugura se llamará “Intendente Eduardo Malaquina”, quien fuera intendente de Salto en tres oportunidades y delegado de la Comisión Mixta de Salto Grande.
Haciendo historia, tenemos que Mevir es una persona pública de derecho privado, creada por ley en 1967 a impulsos del Dr. Alberto Gallinal con el objetivo de erradicar la vivienda insalubre del asalariado rural. Con los años Mevir amplió su objetivo original, pasando a trabajar en forma integral tanto a asalariados rurales como a pequeños productores familiares de bajos recursos (menos de 60 UR de ingreso mensual), facilitando no sólo la construcción o refacción de viviendas sino también edificaciones productivas, servicios comunitarios, infraestructura (agua, electricidad, saneamiento).
En este sentido, implementa un sistema de acceso a la vivienda adecuado al medio rural y basado en un concepto integral de hábitat según el cual la vivienda es un elemento dentro de un sistema complejo donde interactúan equilibradamente varios factores: el territorio, la producción de bienes y servicios, el ser humano en comunidad, los servicios comunitarios y las infraestructuras físicas.
Se establece entre los objetivos el tratar de asegurar que la población rural pueda ejercer su derecho a la vivienda de calidad, haciendo un adecuado uso de los recursos destinados por la sociedad, en el marco de las políticas de desarrollo integral (productivo, social, ambiental, territorial).
Ello en el marco de una visión de contribuir al desarrollo integral del país, planificando, ejecutando, evaluando e innovando desde la dimensión habitacional en la construcción del territorio rural sostenible, según se establece en las motivaciones del organismo.
A su vez, debe tenerse presente que con la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC), se amplió el marco de actuación de Mevir. Es así que por un lado, y en caso de emergencia de vivienda declarada por el Poder Ejecutivo, la institución tiene la potestad para actuar a nivel de todo el territorio nacional. Por otro lado, se fijó como límite de intervención las localidades de hasta 15.000 habitantes. Antes la atención institucional comprendía hasta las localidades de 5.000 habitantes, lo que significaba un 16% de la población nacional. Con este cambio a través de la LUC se busca dar respuesta a una nueva ruralidad ampliada, al ampliar Mevir su cobertura territorial a un 26% de la población, es decir, 40 localidades en el marco de intervención.
Sin dudas que desde la instrumentación de los programas Mevir se ha logrado ir cambiando el panorama de los asentamientos habitacionales en el medio rural, y se ha obtenido excelentes resultados en cuanto al propósito inicial de ir erradicando las taperas, los “ranchos”, pero naturalmente, con las particularidades del medio rural, donde la construcción de viviendas y los asentamientos de familias dependen en gran medida del trabajo que haya en la zona. Como todos sabemos, hay fuerte movilidad en las fuentes de trabajo, como característica intrínseca a este ámbito, aunque la instalación de polos de desarrollo productivo en determinadas áreas –las zonas forestales son un ejemplo– ha propiciado que se pueda cumplir con proporcionar vivienda decorosa pese a las dificultades y avatares del trabajador y las familias rurales.
Han sido significativos además los cambios que se han incorporado para los programas, habida cuenta de esta realidad cambiante, y por ejemplo entre otras posibilidades que se han habilitado, figura el de la construcción de viviendas en terrenos particulares, además de las que se levantan tradicionalmente en terrenos del propio organismo.
La vivienda en terrenos particulares comprende la construcción de viviendas nuevas en terrenos de la familia localizados en área urbana (es decir dentro de la localidad) o en área rural. La vivienda se construye con el aporte en horas de la familia participante y obreros proporcionados por Mevir junto a un equipo técnico integrado por un capataz, arquitecto y asistente social que acompañan durante todo el proceso. En los casos de las unidades con producción se integra un ingeniero agrónomo al equipo técnico.
El programa está dirigido a hogares con necesidad de vivienda, en particular aquellos que están en situación de mayor vulnerabilidad que cuentan con un terreno propio, con ingresos mensuales del núcleo familiar de hasta 60 unidades reajustables. Sin dudas el aporte de Mevir atendiendo la realidad del Interior profundo, el gran postergado históricamente por acción y/o omisión por la dirigencia política, ha marcado un antes y un después para atender una problemática que aunque tiene el eje en la vivienda, es mucho más amplia y compleja.
Por cierto, es parte fundamental en las respuestas que se necesitan en el Interior profundo, donde es preciso aplicar políticas diferenciadas para que a través de una mejor calidad de vida y oportunidades, se pueda enlentecer y eventualmente revertir el proceso de emigración campo-ciudad, que está haciendo del Uruguay un país cáscara, con todo lo negativo que ello implica. → Leer más

Es indiscutible a estas alturas que el futuro del transporte liviano será eléctrico, o al menos mixto, con un fuerte componente eléctrico (como estiman algunos de los más importantes fabricantes automotrices internacionales). Y en una región en la que nunca son fáciles los cambios estructurales, el país viene dando pasos bastante firmes. En estos días, sin ir más lejos, se anunció desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería, junto a empresas públicas como UTE y el Banco de Seguros, un nuevo plan que tiene el objetivo de promover la incorporación de vehículos eléctricos de pequeño porte, en concreto motos y triciclos de carga, para uso familiar o comercial, a través de una serie de beneficios. Se trata de una experiencia piloto que se pone en marcha en los departamentos del norte del país (y tal vez allí radique parte de la explicación de por qué se apuesta en este plan a los vehículos pequeños).

Los números que se han dado a conocer sobre el avance de la electrificación de la movilidad en Uruguay hablan de un crecimiento sostenido. De hecho se espera que este año se alcance un récord en cuanto a la comercialización de unidades, sumando vehículos particulares y para el transporte de mercaderías y pasajeros en el país. Las estimaciones hablan de entre 500 y 600 vehículos totalmente eléctricos, de decir, sin tomar en cuenta los vehículos híbridos, según se daba a conocer durante el Segundo Foro de Movilidad Sostenible, el pasado mes de noviembre.
Pero también en este año se habrá visto un crecimiento en materia de infraestructura, ya que UTE anunciaba en esta instancia que a fin de año tendrá instalados 122 puntos (35 nuevos que se suman a los 87 preexistentes) de carga en todo el país, seis de los cuales corresponden a cargadores de corriente continua, o rápida.

“Hoy en el país la flota de vehículos eléctricos está compuesta por 34 ómnibus, 74 taxis y alrededor de 650 automóviles y camionetas particulares o pertenecientes a empresas”, exponía entonces Silvia Emaldi, la presidenta de UTE, empresa que posee 95 unidades “que en cinco años han recorrido más de dos millones de kilómetros por todo el territorio nacional”.
Esos 35 nuevos puntos se ubican en la zona sur, Este y litoral, por lo cual se firmó un acuerdo con Ancap, para la instalación en estaciones de servicios, y con nueve intendencias para hacer lo mismo en espacios públicos. La presidenta dijo que la aspiración es que a partir del año próximo haya “un punto de carga cada 50 kilómetros” y anunció que el próximo paso será la instalación de cargadores “en grandes superficies y centros comerciales, además de continuar con su multiplicación en edificios particulares y de oficinas”.

En el mismo sentido el director nacional de energía, Fitzgerald Cantero, decía que el objetivo es terminar el quinquenio “con al menos un ómnibus eléctrico en los 17 departamentos que todavía no cuentan con este modo de transporte”, es decir, quitando a Montevideo y Canelones, que ya tienen.
Es decir, hay una apuesta, y es claro que el Gobierno asume el desafío de acompañar estas transformaciones con políticas de apoyo. Y un ejemplo de ello es el recientemente anunciado programa titulado “Subite”, que tiene el propósito de facilitar, a través de beneficios, la adquisición de vehículos eléctricos.
La iniciativa del Ministerio de Industria tiene en este caso el apoyo de UTE y el Banco de Seguros y se trazó el objetivo de beneficiará la adquisición de –al menos en esta etapa– hasta 1.000 motos eléctricas y 100 triciclos de carga.

Este programa alcanzará a beneficiarios de los departamentos al norte del río Negro: Artigas, Paysandú, Rivera, Salto y Tacuarembó, a quienes se ofrece “el reintegro del 10% del valor de compra del vehículo (con topes de 250 dólares para motos y 450 para triciclos) y un descuento en la factura de UTE (monto único de $ 2.022 por concepto de energía para el suministro asociado al vehículo). Además, a través de los Certificados de Eficiencia Energética, el beneficiario recibirá un reintegro por concepto de ahorros energéticos una vez transcurridos los primeros 12 meses desde la adquisición del vehículo, que se calcula en función del uso dado al vehículo. Finalmente, también será acreedor de un seguro obligatorio del BSE por un año”.
Sobre lo tentador o no que resulten estos beneficios, entenderá cada uno de acuerdo a su realidad, así como en lo atinente a las prestaciones y durabilidad de los vehículos, que se puede consultar en el listado disponible en la página del MIEM (www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria), donde figuran además los precios, apartado en el que las opciones van de los alrededor de 1.300 hasta más de 10.000 dólares.

El listado, una planilla Excell, también incorpora datos relacionados con la venta de estos vehículos y con el servicio que cuentan localmente, sobre lo que ciertamente conviene asesorarse adecuadamente antes de concretar la compra, como con cualquier vehículo, por supuesto.
Y esto forma parte de una discusión tan antigua como la de qué fue primero, si el huevo o la gallina, y de allí lo del título por supuesto. Seguramente cuando llegó el primer automóvil a Paysandú no existiría un taller mecánico, o una estación de servicio, y en caso de una avería habrá tenido que viajar –el mecánico o el vehículo– unas cuantas horas en tren, y la nafta era por esos tiempos un producto que se despachaba en farmacias.

Pero hoy no, la vida actual demanda otros tiempos de respuesta, y si bien es loable que se desee promover la electrificación, el esfuerzo debe estar acompasado, si no se quiere tener una fila de 200 motos y triciclos haciendo fila para recargar en un único punto, o esperando turno en la cuadra del mecánico (o electricista) que sepa cómo repararlos. Contar con estas seguridades, de tener cerca un punto de recarga y un entendido que pueda solucionar cualquier problema, animará más que el pago anual del SOA (unos 2.000 pesos en promedio). → Leer más

Del dicho al hecho hay un largo trecho, dice el refrán, como así tenemos también el que sostiene que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, lo que indica en buen romance que la realidad condiciona todo lo que se haga o pretenda hacer. Llevado al caso de cualquier gobierno, se está sujeto a determinados factores condicionantes, sobre todo en materia de recursos, más allá de la ideología, y de lo que se trata es de manejar prioridades y la vez poder superar presiones de actores interesados que tratan de llevar agua hacia su molino.
Así, hace pocas horas el expresidente José Mujica, en el momento de votar en las elecciones internas del Frente Amplio, implícitamente se refirió al déficit de respaldo que tiene su fuerza política en el Interior, y trajo a colación la necesidad de descentralización.

Al respecto, el exmandatario dijo que Uruguay precisa “una reforma constitucional para que con determinada cuestión fiscal, sea el gobierno que sea, tenga que distribuirlo en el Interior”.
“Es demasiado unitario este país, tiene que ser un poco más federal. Si no desarrollamos el Interior, no nos vamos a desarrollar nunca. Y para que el Interior se desarrolle necesita dos cosas: recursos y enseñanza (universidad)”, dijo Mujica.
Son compartibles las expresiones del líder del MPP, pero a su vez no puede soslayarse que la izquierda estuvo en el poder quince años, de los cuales durante cinco él fue presidente, y sin embargo no propuso y menos aún llevó a cabo una reforma constitucional. Aunque ciertamente hubo gigantescos avances en lo que respecta a la educación terciaria en el Interior, con la creación de la UTEC –de la cual fue su principal impulsor—y la descentralización de la Universidad de la República, algo que se puede comprobar en el desarrollo del Centro Universitario en Paysandú.

A la vez, cuando desde el sistema político, sobre todo los dirigentes políticos capitalinos, se habla del Interior, se soslaya el hecho de que el Interior es mucho más que la división política en departamentos, con zonas que tienen realidades y necesidades diferentes, sino que a la vez en cada departamento, sobre todo al norte del río Negro, está omnipresente el Interior más olvidado, el de las zonas rurales que siguen perdiendo población por falta de oportunidades para sus habitantes, y que necesitan alguna motivación para permanecer en la tierra, que es un aspecto fundamental además en un país de base de esencia agropecuaria.
Porque no se trata solo de tener grandes explotaciones para la producción primaria, que evidentemente son muy necesarias y claves para la economía, sino a su vez la radicación de polos productivos que generen fuentes de trabajo, que añadan valor a la materia prima y que se emplee la fuerza de trabajo del interior profundo, el olvidado incluso en las estadísticas y muchos de nuestros gobernantes. No se trata por lo tanto de rasgarse las vestiduras ante los medios de prensa señalando lo que se debe hacer por el Interior, sino que es preciso construir sistemáticamente con la propuesta y la acción para potenciar la economía, pero sobre todo al tramado social en el campo, que sigue en deterioro más allá de algunos elementos puntuales que se sitúan mucho más en la excepción que en la regla.
Hablamos precisamente de oportunidades reales, más allá de los enunciados, para los jóvenes del medio rural, que tienen muchas inquietudes y que las expresan cuando tienen oportunidad, agrupados en gremiales, en comisiones, en asociaciones productivas, en ligas agrarias, toda vez que pueden.

Así, en encuentros que se celebran año a año por integrantes de diversas entidades rurales, se formulan inquietudes que forman parte de las prioridades en los jóvenes que residen en vastas áreas del país, con estrecha vinculación con las actividades del agro, y que por ende forman parte de la diversidad de acciones que se dan en el país en las distintas comunidades urbanas y rurales.
Ello se da a través de la participación en encuentros en los que entre otros se cuenta con la participación de entidades como el Movimiento de la Juventud Agraria (MJA), Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), Federación Rural, Asociación Rural de Jóvenes del Uruguay (ARJU), Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas y Red Nacional de Agroecología, entre muchas otras de carácter regional y local.
Surgen en este ámbito precisamente reflexiones de representantes de las diversas entidades de jóvenes que dan la pauta de las áreas de interés del joven rural, que exponen reiteradamente inquietudes que lamentablemente no han sido satisfechas o atendidas en la medida que se necesita a lo largo de los años, tanto en carácter de inquietud personal, sectorial o de carácter general, al plantearse por ejemplo preocupación por el estado de la caminería rural y la necesidad del acceso a la tierra por los jóvenes.

Otros planteos involucran inquietudes como la necesidad de la capacitación para los jóvenes, así como dar respuestas a la voluntad de quedarse en el campo y de trabajar que tienen los jóvenes rurales, sin olvidar referencias que subrayan la importancia de las tecnologías que regeneran la tierra y los ecosistemas, de buscar espacios en el medio rural más cercanos a las ciudades para poder generar vínculos y a la vez vender sus productos directamente.
Otro común denominador es la consideración de que la juventud de las áreas rurales encuentra las más de las veces incomprensión en el sistema político, sobre todo en la capital, para asumir que es preciso crear condiciones para que los jóvenes que quieran vivir en el campo puedan hacerlo, a través del acceso a la tierra, la educación y la recreación, que dignifican la vida en el campo.
En este sentido, el reclamo generalizado, que viene ya desde el fondo de la historia, es contar con políticas públicas que impulsen a las juventudes rurales y de generar los espacios para que los jóvenes permanezcan en el campo, a la vez de contar con apoyo una vez que accedan a la tierra.

Estos aspectos sin dudas son los ejes centrales de las acciones reclamadas a los gobernantes no solo por los jóvenes que viven en el medio rural, sino por actores de todas las edades en los sectores vinculados al agro, y por regla general por quienes desde diferentes ámbitos perciben el país como un todo, en la interacción e interdependencia campo-ciudad y no como una dicotomía, así como su proyección vital sobre la economía del país.
Y para ello no se necesita imperiosamente una reforma constitucional ni nada que se parezca, sino cabeza abierta de los gobernantes de turno pero en realidad de todo el sistema político para llevar adelante políticas de Estado, de largo plazo, que impliquen considerar el país en forma integral, donde cada sector, más allá de la geografía, tiene su parte y aporta forma a ese todo. En ese todo en el que lamentablemente el gran postergado es el Interior profundo, hacia donde deben dirigirse las prioridades en proyectos y hechos concretos.

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Hace un par de meses Uruguay presentó su primer Plan Nacional de Adaptación a la Variabilidad y el Cambio Climático en ciudades e infraestructuras (PNA Ciudades). Se trata de un instrumento de planificación orientado a reducir la vulnerabilidad del país a los impactos de la variabilidad y el cambio climático, fomentar la capacidad de adaptación y resiliencia y facilitar la integración de la adaptación al cambio climático en el desarrollo planificado.
El plan identifica las necesidades de adaptación a mediano y largo plazo y plantea la implementación de estrategias y programas para hacer frente a tales necesidades. Fue establecido bajo el Marco de Adaptación de Cancún en la COP16 (2010) y ha sido definido por el gobierno nacional como “un proceso continuo y progresivo que permite un enfoque de país, transparente, participativo y responsivo al género”.

Diversos organismos, institucionalidades y técnicos trabajaron en la formulación del plan durante tres años, que contó con el apoyo del proyecto Integración del enfoque de adaptación en ciudades, infraestructuras y ordenamiento territorial (URU/18/002), del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Fondo Verde para el Clima, con la participación de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) en consulta con el Sistema Nacional de Respuesta para el Cambio Climático y la Variabilidad (SNRCC) e incluyó consulta y validación de todas las partes interesadas.
Como señaló el ministro de Medio Ambiente, Adrián Peña, es un recurso estratégico que permitirá avanzar en las políticas y los procesos de planificación ambiental que lleva adelante Uruguay en relación con las ciudades, considerando los impactos del cambio climático y poniendo en valor aquellos servicios ecosistémicos que son fundamentales para la adaptación.

En este sentido, sostuvo que el referido plan “ofrece una hoja de ruta fundamental para avanzar en la construcción de ciudades resilientes, cuidadosas del ambiente y preparadas para hacer frente a las amenazas climáticas a corto, mediano y largo plazo” y adelantó que la Dirección Nacional de Cambio Climático (Dinacc) del Ministerio de Ambiente se encuentra además en proceso de elaboración de una Estrategia Climática a Largo Plazo en el marco del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y Variabilidad (SNRCC).
Los avances también fueron destacados por la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, quien afirmó que “la consideración de los escenarios climáticos actuales y futuros es estratégica”, dado que “comprender y encontrar soluciones para enfrentar las principales amenazas climáticas en los entornos urbanos constituye un objetivo prioritario para asegurar la calidad de vida de toda la población de nuestro país”.

En este sentido, destacó que sistematiza y propone medidas para hacer frente a las amenazas climáticas y ofrece insumos fundamentales para orientar el diseño y la planificación de las políticas de vivienda y mejoramiento de barrios que lleva adelante el ministerio.
Evidentemente, para nuestro pequeño país contar con planes de adaptación al cambio climático a mediano y largo plazo es una gran ventaja si tenemos en cuenta las afectaciones que ya están ocurriendo y el hecho de que todo indica que podrían acelerarse en el futuro próximo.

Si pensamos que el 94% de la población del país vive en ciudades, las cuales enfrentan múltiples amenazas climáticas por el aumento en la frecuencia e intensidad de eventos como lluvias intensas e inundaciones, alternadas con sequías, olas de calor y olas de frío, tormentas y aumento del nivel del mar y de la población y si, además, tenemos en cuenta que las actividades y las infraestructuras se concentran predominantemente en áreas expuestas a riesgos climáticos, la pregunta del título se responde por sí misma. Necesitamos un plan para ser más resilientes, resultar menos dañados por la exposición y salvaguardar infraestructuras y vidas.
En su capítulo sobre vulnerabilidades, el documento –que se encuentra disponible en el sitio web del Ministerio de Ambiente– indica claramente que las amenazas climáticas para las ciudades de Uruguay se traducen en un conjunto de efectos e impactos agudizados por el calentamiento global.

Entre ellos se encuentra el aumento de la temperatura, que incluye mayor número y duración de olas de calor, que “afectará a las zonas urbanas con mayor densidad de edificación y déficit de vegetación, donde podrán producirse islas de calor urbanas, problemas relacionados con el suministro y la demanda de energía y agua, y problemas de salud pública relacionados con el calor, el frío y enfermedades asociadas, incluyendo la proliferación de vectores”. A su vez, el aumento de la temperatura será acompañado con un aumento en el contenido de vapor de agua en la atmósfera, por lo que es esperable que se intensifiquen las tormentas y precipitaciones en ausencia de otros cambios.

Asimismo, el aumento en las precipitaciones que surge de las proyecciones permite prever que el agua y la escorrentía superficial continuarán siendo un tema crítico para las ciudades, por sus problemas asociados, tales como inundaciones, impactos en las infraestructuras, afectación de actividades dependientes del clima, problemas de cantidad y calidad de agua, y contaminación. En tanto, el aumento en frecuencia e intensidad de los vientos extremos afecta a las ciudades y sus entornos en aspectos como la producción de alimentos, la estabilidad de infraestructuras y edificaciones, la continuidad de las actividades y la seguridad de las personas.
En zonas costeras, los cambios en los vientos y precipitaciones, combinados con el aumento del nivel del mar, incrementan el riesgo de inundación y de erosión, con crecidas, marejadas, pérdida de arena de playas y retroceso de barrancas, afectando actividades, ecosistemas e infraestructuras claves en las ciudades.
Un plan de adaptación como el que ahora contamos es una herramienta que no todos los países tienen y que no solo aporta una perspectiva estratégica sino que también potencia y ayuda a enfocar las capacidades institucionales en diversos aspectos.

Es necesario que la población lo conozca y pueda ser más consciente de los desafíos y responsabilidades que también le competen. Hay mucho que se puede hacer a nivel individual y familiar para ser más resilientes en lo colectivo. Las amenazas climáticas a las que Uruguay se enfrenta no son pocas ni tampoco lo son las necesidades de la ciudadanía, que se ven aumentadas cada vez que un evento climático altera el habitual desarrollo de nuestras vidas.
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Según una publicación de UnEnviroment, la agencia de las Naciones Unidas para el ambiente, los humanos consumimos –en promedio– más de 100.000 micropartículas de plástico al año. Eso equivale a casi cinco gramos de plástico por semana, 21 gramos por mes y 250 gramos por año.
Bajo el título “¡Adiós sorbitos!”, el Ministerio de Ambiente dio a conocer en las últimas horas la novedad de que el próximo 31 de enero entra en vigencia su Resolución por la que se prohíbe “la fabricación, importación, venta y entrega de sorbitos de plástico”. Esta medida, justifica la cartera, “apunta a reducir los plásticos de un solo uso, en el marco de la campaña ‘Uruguay + Circular’, en línea con el Plan Nacional de Gestión de Residuos en etapa final de elaboración”.
Reseña la publicación que el 28 de abril se habían establecido dos resoluciones a través de las cuales se busca “incrementar de manera contundente los índices de recuperación y valorización de envases, reducir el consumo de plásticos de un solo uso y la generación de estos residuos”. Justamente la Resolución N° 272/021 está orientada a esta reducción, incluyendo en su contenido la prohibición de los “sorbitos”.
Al mismo tiempo crea un sello ambiental para identificar “entidades o actividades” libres de plásticos de un solo uso, que son en el fondo el verdadero problema, y que excede largamente a los sorbitos. Este sello “puede aplicarse a diferentes rubros, por ejemplo: hotelería, gastronomía, comercio en general”. Con esta identificación el ministerio busca “promover y estimular la adhesión voluntaria, como diferencial asociado al cuidado del ambiente y la promoción de nuevos hábitos de consumo en esta línea” y tiene una línea de acción especialmente dirigida a los organismos públicos, en los que el sello se incorporará a los criterios de sustentabilidad en los mecanismos de compras estatales. “La Resolución establece la obligación de contar con un plan operativo de reducción gradual en el consumo de plásticos de un solo uso, con metas y plazos específicos a los que deberán comprometerse”, indica.
Establece asimismo una prohibición, que se irá a aplicar en forma gradual, para la comercialización en las áreas incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, de bebidas en envases no retornables y otros productos plásticos de fácil sustitución. Esto es un aspecto particularmente difícil de reglamentar para el caso de áreas que incluyen zonas urbanas, como acontece con San Javier, en los Esteros de Farrapos, aunque por difícil no deja de ser necesario. De todos modos en esa localidad ya tienen un camino andado en este tema, dado que en la última fiesta del Girasol, previo a la pandemia, ya se había instrumentado de forma exitosa un sistema de vasos reutilizables que debe considerarse un ejemplo, incluso para eventos de mayor porte, como la Semana de la Cerveza, por qué no.
En todo caso, y volviendo a lo de los sorbitos, las infracciones que se cometan serán sancionadas con multas progresivas “en función del grado de apartamiento que represente y las consecuencias ambientales”.
Está claro que siempre suma una prohibición de este tipo, pero debemos asumir que no es más que una declaración de buenas intenciones, dado que el impacto en específico de los sorbitos no es ni cerca el más preocupante de los plásticos de un solo uso, y no costaba mucho incorporar, por ejemplo, a las bandejas de polietileno, cuyo uso está más extendido en el sector de la gastronomía.
Veamos una lista de plásticos de un solo uso –también llamados plásticos descartables– que se suelen utilizar para envases destinados a ser utilizados una sola vez antes de ser descartados o reciclados, que realizó el Centro Tecnológico del Plástico de nuestro país (CTPLAS), que incluye: bolsas de supermercado, envases de alimentos, botellas, sorbitos, recipientes, vasos y cubiertos. Y omite otros como los filtros de cigarrillos, un verdadero dolor de cabeza del que ni siquiera se habla.
Advierte que la definición “debe excluir los productos de plástico concebidos, diseñados e introducidos en el mercado para completar en su período de vida múltiples circuitos o rotaciones al ser rellenados o reutilizados con el mismo fin para el que fueron concebidos. Los productos de plástico de un solo uso suelen estar concebidos para utilizarlos una única vez o por un período corto de tiempo antes de desecharlos”.
Es que hay soluciones que ya están pensadas por la misma industria, pero que aplicadas a medias no dan resultado, por ejemplo el caso de los detergentes (lo mismo es válido para los champú, jabón líquido o similares). Usted puede comprar una botella plástica nueva de detergente cada vez que se le termine, y esta, desde el punto de vista de la sostenibilidad, es la peor opción. Una alternativa que depende de usted es mantener la misma botella y rellenarla con las recargas económicas que ofrecen las mismas empresas, pero de todos modos de esta forma se utilizará un envase que se descarta. Otra opción es que en el supermercado se instalen dispensadores de ese producto desde los que se pueda rellenar la botella original. No es que el sistema se nos ocurra ahora, de hecho se está utilizando en algunos países desarrollados. Supone un esfuerzo logístico para las empresas, pero el impacto puede ser importante. A veces este tipo de soluciones lo que requieren es de un impulso desde el Estado para que se pongan en práctica.
Capítulo aparte merece el asunto de las bolsas de supermercados, que lejos de solucionarse está cada vez más complejo. Basta ver cómo todas las verduras y frutas que antes convivían pacíficamente dentro de una “chismosa” de compras, hoy están separadas cada una en su propia bolsita. A veces va un solo tomate en una bolsa que minutos después terminará en la basura y luego estará decenas de años en el ambiente antes de degradarse en microplásticos, que, quien sabe, acaso terminaremos comiendo. → Leer más

La multiplicidad de factores que inciden en el comportamiento de la economía se ha visto “enriquecido” –de alguna forma hay que llamarlo– por la incorporación desde hace casi dos años del omnipresente COVID-19, con su incidencia desde el punto de vista sanitario pero también con su gravitación sobre prácticamente todas las actividades, como ha quedado harto demostrado en el período en el que la pandemia devastó al mundo.
Por lo tanto, todo análisis económico de presente y de futuro no puede obviar la incidencia de la pandemia por su seria afectación de actividades, sobre lo que ha jugado una especie de dominó impredecible en cuanto a su proyección, aunque felizmente la vacunación masiva, aún con importantes sectores que todavía resisten este instrumento de inmunización parcial o total, ha traído aparejada una cuota de alivio y la posibilidad de ver las cosas con otra perspectiva. En nuestro país, un análisis de la consultora PWC que recoge el suplemento Economía y Mercado del diario El País, resume que la actividad económica cuenta con buenas perspectivas en el segundo semestre de este año, teniendo en cuenta por un lado que el mercado laboral ha recuperado empleo, aunque paralelamente en un contexto de incertidumbre para los próximos trimestres una parte de los convenios salariales se desalinea de las pautas oficiales y ello impactará sobrecostos empresariales que luego se reproducen en la trama de la economía.
Surge de las cifras de la macroeconomía de los últimos meses que la economía uruguaya ha tenido un rebote luego de la fuerte caída por la pandemia, y ha crecido en forma relativa respecto a una base de comparación interanual baja del primer semestre de 2020.
A su vez el crecimiento desestacionalizado del segundo trimestre indica asimismo una dinámica de corto plazo ya en la primera mitad del año, más allá de ese efecto rebote, por ejemplo en el aspecto de la demanda agregada, por dinamismo en sectores vinculados a la construcción, a la actividad ganadera, tanto en su fase primaria como industrial, e incluso a la industria manufacturera.
La consultora subraya que “la venta de energía eléctrica y de nafta, así como la faena de bovinos muestran mejores comportamientos en los meses posteriores al primer semestre. En lo que refiere a la venta de energía eléctrica tras tener una variación nula en el primer semestre, en julio-octubre creció 3,2 por ciento. Al desagregarla por sector se destaca el incremento de la venta hacia la industria que promedió un aumento de 14,1 por ciento luego de crecer 8,3% promedio en el primer semestre”.
A su vez por el lado de la demanda agregada se percibe un mayor dinamismo en este segundo semestre, mientras paralelamente en el mercado de empleo, aunque aún por debajo de los niveles prepandemia, se nota que acelera su crecimiento a lo largo de 2021, y en este sentido debe tenerse presente que la tasa de empleo creció 0,7 puntos porcentuales en el promedio enero – junio de 2021 respecto al mismo período del año pasado, mientras que en julio – setiembre el crecimiento alcanzó 1,7 puntos porcentuales, verificando nuevamente la importante dinámica de los meses relevados del segundo semestre.
Asimismo esto fue acompañado por un crecimiento de la oferta de trabajo en los últimos meses respecto a la primera mitad del año. Una señal que va en esa dirección es además la variación importante en la cantidad de subsidios por desempleo, si se tiene en cuenta que mientras en el primer semestre no hubo cambios significativos, a partir de junio se percibe una caída importante en la cantidad de personas con subsidios por desempleo, (estimado en 25.300).
Estamos por lo tanto en cuanto a estas variables en un desempeño con variables moderadamente positivas, si tenemos en cuenta de donde partimos y a que nos estamos acercando a los niveles prepandemia con una gradual recuperación de todos los valores de la economía, pese a expectativas muy cautelosas sobre la temporada turística. Pero nuestro país, ante un perfil netamente exportador tiene alta dependencia del escenario internacional, y en este caso también el común denominador es la incertidumbre, si se tiene en cuenta la situación de los países que constituyen los grandes mercados compradores y emisores de bienes y servicios.
Por un lado, tenemos que un análisis de The York Times consigna que la ya frágil recuperación económica de Europa corre el riesgo de verse socavada por una cuarta ola de infecciones por COVID-19. La reacción en los gobiernos de numerosos países del Viejo Mundo ha sido la de imponer restricciones sanitarias cada vez más estrictas que podrían reducir el tráfico peatonal en los centros comerciales, desalentar los viajes y las multitudes en restaurantes, bares y complejos turísticos, en un invierno europeo donde nuevamente se impone el confinamiento.
Paralelamente, persiste el enorme problema logístico que tiene atascadas las cadenas de suministro a nivel global, de lo que ya es archiconocido el problema de escasa disponibilidad de barcos y contenedores. Desde la Dirección General de la Organización Mundial de Comercio (OMC), se admitió que superar este problema insumirá todavía varios meses. A modo de ejemplo, llevar un contenedor de 40 pies de Shanghái a Rotterdam cuesta casi 13.500 dólares, cuando hace poco más de un año el precio era de dos mil dólares, lo que da una pauta de la distorsión, encarecimiento e incertidumbre en el intercambio comercial global.
En realidad, en términos generales, pese a estos factores de desequilibrio, igualmente las tendencias globales esperadas para 2021 tendieron a cumplirse, aunque las expectativas iniciales de crecimiento y sobre todo de inflación quedaron superadas, con un rebote de crecimiento mundial cercano al 6 por ciento, ante la contracción del 3 por ciento en 2020.
Con todo, soslayando los elementos de incertidumbre y expectativas que no se pueden manejar a priori, los analistas evalúan que es razonable considerar que la economía mundial podría crecer cerca de un 4 por ciento en 2022, basada fundamentalmente en una expansión de China. Este es un factor nada desdeñable para nuestro país, habida cuenta de la importancia clave de este socio comercial del Uruguay, lo que genera una cuota de cauto optimismo si ello se conjuga con las buenas cotizaciones de nuestras materias primas, de las que somos altamente dependientes, en una mirada de corto plazo ante las circunstancias. → Leer más

Uruguay conmemora la Semana de la Discapacidad hasta el 10 de este mes y no es posible atravesar estos días sin tener en cuenta la realidad del 16% de la población de nuestro país, de acuerdo al último censo nacional de población correspondiente al año 2011.
Y si la vida diaria echó un manto sobre algunas realidades, también la pandemia desnudó otras. El desempleo se incrementó a nivel general, pero particularmente fue un freno a la inclusión laboral, con despidos o envíos al seguro de desempleo de personas con discapacidad.

El año pasado, el Banco Mundial interpelaba en plena pandemia la situación de este colectivo. La participación en el mercado laboral se ubicaba en el 59.5% del total de personas con alguna discapacidad y destacaba la inexistencia de datos estadísticos, tan necesarios para el desarrollo de políticas sociales.
Uruguay legisló al respecto. La Ley 19.691 establece la promoción del empleo y exige el contrato del 4% de personas con discapacidad en empresas de 25 o más trabajadores permanentes. Las fiscalizaciones por el cumplimiento de esta iniciativa parlamentaria se vuelven difíciles en tiempos normales y mucho más en tiempos de contingencia sanitaria.

Este año, el organismo internacional elaboró un nuevo documento e insiste en la invisibilidad. El informe denominado “Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe: Un camino hacia el desarrollo sostenible”, expone cifras que califica de “abrumadoras”. Allí asegura que las personas con discapacidad no figuran siquiera en los libros de texto y, si la polémica permanece abierta sobre los magros resultados educativos de la población en general, asegura que con discapacidad existen un 43% menos de chances de completar la educación Primaria.
Las brechas estructurales en materia de acceso a la educación son muy duras para esta población, pero reconoce que Uruguay, al igual que Costa Rica, caminan hacia una disminución del impacto entre quienes no asisten a la escuela.

Se estima que hay 85 millones de personas o 14,7% de la población regional en América Latina y el Caribe con alguna discapacidad. En su mayoría, residen en hogares pobres o “vulnerables a caer en la pobreza, tienen mayor probabilidad de vivir en barrios informales, tienen menos años de educación y tienden a estar fuera del mercado laboral”. La América Latina tan desigual muestra aquí –también– su cara oculta porque en uno de cada cinco hogares en pobreza extrema hay una persona con discapacidad.

Sin embargo, este panorama es la antesala de un futuro no tan incierto y muy cercano. El continente está propenso a incrementar su población de personas mayores y Uruguay puede ser un caso emblemático.
Si no se incluye a la vejez y la discapacidad en el centro de las discusiones, los gobiernos ponen en riesgo la sustentabilidad de la recuperación de la pandemia. Cada país tiene sus especificidades, pero en la globalidad este asunto ya es visible en las cifras, con presiones sobre la seguridad social y su impacto en el Producto Bruto Interno (PBI).
Mientras en tiempos de pandemia la información subrayaba la necesidad de cuidados a una población con enfermedades crónicas o a los adultos mayores, las situaciones de discapacidad no eran mencionadas en forma particular. Un estudio efectuado por la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, que investigó al respecto, concluyó que esta población desconocía la existencia de algunos dispositivos específicos de asistencia.

En el ámbito educativo ocurrió algo similar. Con la instrumentación de cambios obligados por la pandemia no se mencionaban alternativas de accesibilidad para estas personas u otros recursos para quienes mantienen dificultades de comunicación oral o escrita.
En un mundo globalizado, las tecnologías de la información han registrado un desarrollo exponencial con una demanda significativa de puestos de trabajo en el sector tecnológico. Según la última investigación de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información y la consultora Advice, la brecha este año rondaría las 4.000 personas. Pero en la oferta de cursos de este tipo no existen aquellos que apunten directamente a la población con alguna discapacidad. Y la accesibilidad a los dispositivos, conexión a Internet o espacios para una formación desde la virtualidad no cubre sus necesidades, al tiempo que la vivienda se transforma en un escollo difícil de resolver con una mayor hacinamiento que en el resto de la población.

También es posible que el énfasis comience por la formación tecnológica, en tanto representa una oportunidad sostenible en el tiempo para cambiar la realidad del empleo.
En este escenario, el accionar colectivo y las organizaciones de la sociedad civil despliegan una labor de contención y asistencia técnica. A menudo deben hacerlo con recursos obtenidos de la comunidad, a cargo de voluntarios y en diálogo permanente con las autoridades departamentales.

En forma paralela, los diversos criterios existentes en los organismos para medir o definir una discapacidad atentan contra los derechos de las personas. Ya en 2016 el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas recomendaba la necesidad de establecer “un sistema de certificación única de la discapacidad”. La utilización de diferentes baremos hace que las personas con discapacidad se encuentren ante una coyuntura difícil cada vez que tramitan beneficios ante organizaciones nacionales o locales.
El citado comité lo ejemplificaba hace cinco años: “El Banco de Previsión Social, que otorga la pensión por invalidez, solicita determinada información de las personas con discapacidad. La Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad, por la ley 17.736 lleva un Registro Nacional Laboral para el ingreso a la administración pública de las personas con discapacidad. Y para que la Intendencia de Montevideo otorgue el pase libre de transporte urbano, la persona debe realizarse revisión médica en dicho organismo para ser beneficiaria”.

Si esta realidad cambiara, tal como lo anunciarán en los próximos días las autoridades ministeriales, con la instrumentación de un baremo único, entonces empezaremos a entender que las soluciones convencionales no resultan iguales para todos. Y que la resolución de esta controversia va bastante más allá de la inclusión en el lenguaje. → Leer más

El caballo es un animal que siempre ha merecido, por parte de artistas e historiadores, un trato especial que lo ha distinguido de otros animales. A lo largo de los siglos su estampa ha sido exaltada en los más diversos ámbitos, transformándose en protagonista de muchas de las páginas de la cultura universal y nacional.
Tal vez el ejemplo global más conocido sea el referido al famoso “caballo de Troya” que permitió a los griegos conquistar esa ciudad luego de un asedio de diez años. Los griegos construyeron un enorme caballo de madera y alojaron en su interior a los mejores guerreros. La figura del caballo era simbólica. Se trataba de uno de los símbolos de Atenea, diosa de la guerra que había apoyado a los griegos en su acoso a Troya. Además, en algunas leyendas la figura del caballo era sagrada también para los troyanos. Mientras Troya dormía, los soldados salieron del interior del caballo y abrieron las puertas de la ciudad a sus compañeros, conquistando Troya esa misma noche.

En nuestro país el caballo ha tenido una presencia reiterada en las batallas por la independencia nacional, pero también ha sido un elemento indispensable de trabajo en las tareas rurales y un papel protagónico en justas deportivas de distinta índole. Su imagen siempre ha sido valorada y reconocida por los seres humanos, quienes vemos en él un ejemplo de fuerza, nobleza y belleza. Adicionalmente, en el caso de Uruguay, su presencia en el escudo nacional simbolizando la Libertad deja en claro cuan fuerte es la proyección de este animal en el imaginario nacional. Lamentablemente –y como sucede en muchas áreas con los uruguayos– la realidad cotidiana de los equinos es muy diferente a ese ideal encantador. Una de las manifestaciones más claras de esa desidia por la suerte de los caballos que viven en nuestro departamento es el estado de abandono en el cual muchos se encuentran, deambulando en la vía pública y en las rutas nacionales como fruto del desinterés y la falta de diligencia de sus tenedores, pero también de la falta de eficiencia y eficacia de las autoridades competentes en la materia. No basta con enumerar las claras dificultades que este tema tiene en la práctica; se deben aplicar las leyes vigentes asignando los recursos humanos y materiales que sean necesario para ello.

En Uruguay, la Ley 18.471 (denominada “Ley de Protección Animal”) es otro claro ejemplo de una legislación bienintencionada pero que no cuenta con un respaldo institucional que haga efectivas sus disposiciones. En pocas palabras, la norma queda reducida a una declaración de buenas intenciones y piadosos conceptos que no se condice con la realidad que vivimos día a día. A modo de ejemplo podemos mencionar el artículo 2 de dicha ley según el cual todo tenedor a cualquier título de un animal deberá mantenerlo en condiciones físicas y sanitarias adecuadas, proporcionándole alojamiento, alimento y abrigo en condiciones apropiadas según su especie, de acuerdo con las reglamentaciones establecidas por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y a las pautas de la Sociedad Mundial para la Protección de los Animales. Los tenedores de animales deben, asimismo: a) no abandonarlo ni dejarlo suelto en lugares públicos de libre acceso, excepto en los autorizados a tales fines; b) reparar los daños que el animal pueda provocar a otro animal o persona, sin perjuicio de lo establecido por otras normas legales que sean aplicables, d) impedir la permanencia del animal en la vía pública sin una supervisión directa de su tenedor y recoger la materia fecal de los animales en la vía pública, entre otras obligaciones. Las infracciones a las disposiciones de la ley antes mencionada y a su reglamentación serán sancionadas por la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal según su gravedad con: a) apercibimiento, b) multa de 1 a 500 unidades reajustables, c) confiscación de los animales, d) cancelación o suspensión de autorizaciones, permisos o habilitaciones y e) prohibición temporal o definitiva de tenencia de animales.

En Paysandú se han producido serios accidentes causados por la presencia de caballos en la vía pública, situación que se ve agravada por el hecho de que resulta casi imposible determinar quienes son sus tenedores y por ende responsables civil y penalmente por los daños que puedan causar a los peatones, ciclistas, motonetistas o automovilistas que tengan la mala suerte de cruzarse con ellos. Algunas zonas de nuestra ciudad como el Balneario Municipal, la Avenida Roldan, la Avenida de las Américas, el camino a San Félix o el Park Way soportan una presencia permanente de equinos sueltos que representan un peligro real e inminente para quienes transitan por dichas vías de tránsito. Los daños y perjuicios sufridos por esas personas no pueden ser reclamados en forma efectiva porque casi por arte de magia “el caballo no tiene dueño” y nadie lo reclama. Pensemos por un momento en el dolor y las consecuencias negativas que una situación puede traer aparejada para una familia que deberá afrontar los gastos ocasionados por la culpa de tenedores irresponsables y de autoridades que no cumplieron a cabalidad las obligaciones que la ley les impone.

La solución de este problema pasa por identificar a los tenedores de los caballos en cuestión, una tarea que las autoridades competentes hacen tarde, mal o nunca y que expone a todos los sanduceros a los peligros ya señalados. Para muestra de la falta de resultados de las autoridades públicas en esta materia basta señalar que en un artículo publicado en EL TELEGRAFO en febrero de este año se difundía una imagen (proporcionada por un lector) de una persona que conducía una moto y que se dirigía a buscar sus caballos, que dejaba sueltos en la zona del Balneario Municipal. El texto publicado en esa ocasión conserva una dramática vigencia: “Consultado el registro del Sucive, se pudo saber que la moto en la que viaja debe casi $80.000 desde 2013 a la fecha (casualmente el año en que comenzó a funcionar el Sucive). Mucho de ese monto corresponde a multas impagas. Es claro que esta persona no está en condiciones de hacer frente a la responsabilidad civil que pueda corresponderle si uno de sus animales provoca un siniestro, que potencialmente puede cobrar la vida de una persona. Tampoco es factible que el birrodado tenga cobertura de seguro alguno. Es por lo tanto llamativo que pueda seguir actuando impunemente cometiendo actos tan irresponsables, e incluso circulando en un vehículo que por su situación ya debió haber sido incautado y destruido, sin que la autoridad competente –ya sea la dirección de Tránsito o de Servicios de la Intendencia de las últimas tres administraciones municipales– haya tomado medidas drásticas hacia quien atenta contra la seguridad de tantas personas que circulan a diario por la zona.”

Debemos y podemos concretar la tenencia responsable de los caballos para evitar que permanezcan en la vía pública, arriesgando la integridad física de las personas y la suya propia. Las autoridades competentes deben tomar cartas en el asunto con acciones y resultados concretos. Se trata nada más y nada menos que de cuidarnos entre todos, mejorando la seguridad vial y dignificando la situación de estos animales que no son responsables ni merecedores del abandono del cual son objeto. → Leer más

Vista como región, América Latina y sobre todo el cono sur, que nos comprende, presenta falencias históricas de carácter estructural que han afectado no solo la posibilidad de mejorar la eficiencia productiva en materia de explotación de recursos naturales –sobre todo porque estamos ante grandes volúmenes de bajo valor relativo– sino que asimismo existen aspectos culturales, de idiosincrasia y dependencia que hacen que la región pague un duro precio a la hora de competir y a la vez hasta de comerciar entre sus propios países.
Ello determina serios problemas de integración, escasa inversión en materia de generar cadenas de valor para competir y abrirse al mundo con otras posibilidades, aunque estamos hablando de un contexto general y hay diferencias notorias entre países, pese a este común denominador.

Una visión sobre esta problemática la da desde su perspectiva el economista Pablo Sanguinetti, vicepresidente de conocimiento del CAF Banco de Desarrollo, cuando analiza para el suplemento Economía y Mercado del diario El País los factores que están incidiendo para obstaculizar la integración y la proyección comercial de la región en el mundo.
Expresa en este contexto que los países de América Latina tienen poco comercio entre sí, mucho menos que cualquiera otra región del mundo, en lo que influyen las distancias, el hecho de ser más que nada competidores hacia el resto del mundo y los problemas derivados del costo de transporte e infraestructura adecuada.
Evalúa que es necesario complementar el avance realizado en materia tarifaria con políticas que ayuden a bajar los costos de comercio por otras vías, como la reducción de costos de procedimientos y frontera como vía de facilitación del comercio, los valores del transporte e interconexión con infraestructura física de calidad y la armonización y transparencia en las regulaciones del comercio que permitan una mayor participación en cadenas regionales y globales de valor.

Trajo como ejemplo el economista que “el intercambio intrarregional de Latinoamérica y el Caribe, desde hace décadas no representa más que un 15 por ciento del total. Como ejemplo, en Europa ese porcentaje es del 60 por ciento, en América del Norte del 45% y en el sudeste asiático constituye el 35%. Y si bien los países de América Latina y el Caribe han implementado en los últimos 30 años políticas de apertura comercial que redujeron los aranceles y las barreras no arancelarias, el aumento del comercio y la inversión ha sido de una magnitud modesta para el potencial de la región, lejos de las expectativas que se tenía sobre el impacto y que estas iniciativas podían tener en el crecimiento y bienestar”.

Una idea de las barreras de integración y de coordinación que subsisten en la región tienen que ver con el hecho de que varios países han adoptado para los trámites una ventanilla de comercio exterior única, que concentra todo en una sola plataforma, solo que el obstáculo que subsiste es que estos países no homologan las ventanillas de sus vecinos. “De poco sirve que yo pueda hacer todos los trámites en una sola ventanilla, si esto luego no se puede aplicar con el que comercia conmigo”, analiza Sanguinetti.
Asimismo, destaca que la facilitación del comercio comprende la simplificación, estandarización, digitalización y armonización de los distintos procedimientos y trámites que se requieren para realizar una operación de comercio exterior y que inciden en el costo final para el consumidor. Mientras que los trámites de frontera toman entre 80 y 100 horas en América Latina y el Caribe, (similar a lo observado en Asia), los tiempos se reducen a menos de 10 horas en América del Norte y la Unión Europea.

Con todo, estos son aspectos burocráticos y de coordinación que se podrían solucionar en torno a una mesa, pensando de manera optimista, pero el obstáculo de mayor envergadura tiene que ver con la infraestructura de transporte y la logística en general.
Para el jerarca del CAF “la evidencia existente en relación con la infraestructura de transporte en América Latina muestra importantes rezagos en la cantidad disponibles, así como en los servicios que se prestan, y el retraso es particularmente significativo en la infraestructura terrestre, ya sea ferroviaria o vial”.
Precisamente destaca que el mal desempleo de la infraestructura de transporte “afecta principalmente al comercio intrarregional. Es en ese rubro donde el transporte terrestre tiene un rol mucho más preponderante. En ese contexto, el desafío está en la priorización de proyectos de infraestructura y en un adecuado balance de obra nueva, mantenimiento y restitución para hacer más eficiente el limitado presupuesto disponibles en los países de la región”.

Este diagnóstico del escenario en América Latina es determinante para establecer que por encima de los aspectos burocráticos hay un déficit de inversión para la logística terrestre, que encaja además en un sistema multimodal que procura facilitar y sobre todo abaratar la puesta de los bienes exportables en los puertos de ultramar, fundamentalmente.
Se ha avanzado en este esquema en los últimos años, pero por supuesto, estamos hablando de la exportación de recursos naturales y materias primas de bajo valor con relación al volumen, y por lo tanto seriamente afectadas en precios y competitividad por las falencias en el transporte terrestre, con notoria ausencia de un servicio ferroviario eficiente que permita reducir el costo de la tonelada-kilómetro.
La inversión, asimismo, se justifica solo por los beneficios que podría traer aparejado revertir este escenario para potenciar la capacidad de colocar la producción, ante una demanda mundial que no es rígida ni en volumen ni en los precios que se pagan.

Por ende, siempre se dependerá de la inversión a partir de la rentabilidad del proceso, el tiempo del repago y la sustentabilidad, al fin de cuentas, por lo que es fundamental contar con un aceitado esquema de participación público-privada en infraestructura y para alentar la radicación de capitales donde efectivamente se necesita.
A su vez, y no menos importante, deberían promoverse políticas de estímulo para potenciar las mencionadas cadenas de valor en la región, de forma de dotar de valor agregado a bienes que se van crudos al exterior, a la vez de también traer bienes importados para dotarles de valor.

En este aspecto la región tiene un rezago crónico, por encima de que hay grandes empresas que vuelcan complementariedad en lo interno entre unidades de producción, porque se trata de excepciones y no de la regla que realmente puede cambiar la pisada en este aspecto clave.
Pero de eso se trata, de saber hacia dónde hay que ir, más allá de la tentación del facilismo de seguir dependiendo exclusivamente de la exportación de materia prima, porque se requiere empleos de calidad, reciclaje de riqueza y recursos dentro de cada país, y ello solo podrá lograrse con empleo genuino en cadenas de valor, sobre todo en países como Uruguay, cuyo reducido mercado interno hace que solo podremos crecer si captamos más inversión en base a atractivos diferenciales, como capacitación de la fuerza laboral, conocimiento e infraestructura que facilite el desenvolvimiento de los emprendedores. → Leer más

Hace pocos días, más precisamente, el pasado 27 de noviembre, se conmemoró el 38º aniversario del “Río de libertad”, la multitudinaria concentración llevada a cabo en el Obelisco a los Constituyentes, que marcó un jalón en el camino de regreso a la democracia y el principio del fin de la última dictadura.
En ese marco, la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República organizó en el Palacio Legislativo una actividad de “intercambio sobre Democracia en clave de futuro”, al que “estaban llamados a participar todos los jóvenes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria”.
Pero, en esta instancia conmemorativa, Rosario Pérez, titular de la mencionada secretaría, tuvo a su cargo una alocución en la que se “atrevió” a manejar conceptos que son tabú para una parte de la izquierda nacional –no toda, afortunadamente–, la que tras el regreso del interregno dictatorial, ha puesto sobre la mesa y perfeccionado un día sí y otro también un relato que tiene poco y nada que ver con la realidad, con tal de acomodar su imagen ante la opinión pública, sobre todo ante las generaciones que ignoran lo ocurrido antes y durante el gobierno de facto en nuestro país, el que comenzó el 27 de junio de 1973, con la disolución del Parlamento.
Bueno, pues Rosario Pérez reflexionó entre otros aspectos en su exposición que más allá de la dictadura en sí misma, los años previos a ella fueron “difíciles de transitar”, y dijo que “el país venía de una situación en que el surgimiento de los movimientos guerrilleros ya había horadado los derechos de la población”, para luego señalar que hubo “huelgas, paros, ataques sorpresivos, robos, saqueos”, como elementos debilitantes de la democracia y catalizadores del golpe de Estado, según reseña Montevideo Portal.
La secretaria de Derechos Humanos consideró asimismo que “el golpe de estado fue consecuencia del deterioro que atravesaba el país y hubo una parte de la población que incluso sintió que los militares eran la solución para un país en declive”, añadió.
Es decir, la titular de esa secretaría no hizo otra cosa que describir la realidad que vivía el Uruguay en los años predictadura, que vivimos –y sufrimos– todos los uruguayos que quedamos atrapados en ese período entre los extremos del terrorismo tupamaro que quería instalar en Uruguay una dictadura como en Cuba, que era el modelo a seguir entonces en el marco de la Guerra Fría, y militares y civiles que tampoco creían en la democracia y que aprovecharon el caos generado por la guerrilla tupamara para ir tomando las riendas del país ante el vacío de poder y el reclamo de la enorme mayoría de la ciudadanía que clamaba por paz y tranquilidad ante las irrupciones violentas de los sediciosos, como lo hizo patente el rechazo en las urnas en aquel entonces.
No hay que ir mucho más allá ni buscarle la quinta pata al gato en cuanto a desentrañar cuales fueron los principales factores que incidieron en que desembocáramos en la crisis institucional a partir de 1973, que se extendió por doce amargos años en que fueron conculcadas las libertades de los ciudadanos y se violaron sistemáticamente los derechos humanos.
Solo niegan la verdad e inventan relatos fantasiosos para engañar incautos, quienes precisamente por acción o por omisión contribuyeron a que se generara el caos que vivió el Uruguay sobre fines de la década de 1960 (en plena democracia, ya con los tupamaros alzados en armas) y principios de la del 70.
No puede extrañar por lo tanto que los dichos de la jerarca de la secretaría trajeran aparejadas críticas desde la izquierda, como es el caso de la legisladora del Movimiento de Participación Popular (MPP) Lilian Galán, quien estaba participando en la actividad y se retiró del lugar porque desde la secretaría afirmaron en la “intervención central que el golpe fue consecuencia de la guerrilla” y además que la dictadura “tuvo gran apoyo popular”.
En tanto, el senador del Partido Socialista Daniel Olesker lo mencionó en su cuenta de Twitter, mientras se “evalúan políticamente medidas a tomar”. Afirmó que los dichos de la jerarca son “repudiables” y señaló que tergiversó el análisis de las causas de la dictadura.
“Nadie dice el video presentando que: la dictadura fue el resultado de la necesidad de la clase empresarial dominante de bajar los salarios y aumentar las ganancias; de que ello no era posible por la resistencia de las luchas sindicales, la oposición popular, la lucha organizada y las denuncias políticas del Frente Amplio (FA) y el Movimiento de Liberación Nacional (MLN)”, escribió.
En este sentido, el legislador expresó que la dictadura es, además, el punto final de un proceso represivo que, al menos, empezó en 1968 con el “pachecato” y seguido por Bordaberry, gobernando bajo medidas prontas de seguridad, eliminando consejos de salarios y encarcelando y torturando mucho antes de junio de 1973.
“Que después siguieron 12 años más de cárcel, tortura, desapariciones, despidos en la función pública; que, además, la dictadura fue parte de una estrategia de los EE.UU. en el Cono Sur llamado Plan Cóndor. Y, por supuesto, nada dice que se logró el objetivo, ya que con la dictadura bajó el salario real 50%”, agregó.
El senador opinó además que las políticas económicas de la dictadura son “primas hermanas” de las del actual gobierno y afirmó que “otra vez la lógica del si pasa, pasa” no pasará, en un “análisis” con su cristal ideológico que naturalmente pretende llevar agua hacia su molino. Por si no está claro, no sólo no hay arrepentimiento alguno por haber hecho todo lo posible para desestabilizar el país, sino que implícitamente está reconociendo que está en plan de repetir la historia, porque este gobierno es “primo hermano” de aquél al que combatieron.
Pero lo que dijo Olesker no debe evaluarse solo como una opinión personal –que naturalmente lo es– sino que responde simplemente al “relato” que manejan algunos sectores radicales del Frente Amplio que priorizan la imagen que procuran transmitir por sobre la verdad de los hechos ocurridos en aquellos años, y por ello se omite decir la gravedad y consecuencias de los actos terroristas que apostaban al cuanto peor mejor, así como a la trama suicida de sindicatos afines a la izquierda y organizaciones satélites que procuraban generar las condiciones para una revolución a sangre y fuego al estilo cubano –acaecida pocos años antes, en 1959, en la nación caribeña– pese a que el propio Che Guevara les había señalado en el paraninfo de la Universidad de la República –a donde lo trajeron el 17 de agosto de 1961 para promover la Revolución en nuestro país– que no era conveniente hacerlo en Uruguay.
El punto es que la reacción airada de la extrema izquierda responde a que la evaluación que hizo la secretaria de Derechos Humanos Rosario Pérez se ajusta absolutamente a la realidad que pretenden distorsionar, en una posición absurda cuando incluso hasta algunos de sus compañeros de armas han reconocido que fue así, y buena parte de la izquierda “racional” también lo entiende. Pero lo peor es que con esta actitud sólo confirman que para ellos la “revolución” sigue en pie, y que como en los ’60 todo vale para desestabilizar al gobierno; incluso incendiar el país a través de los sindicatos en llamas… → Leer más