Opinión

El 11 de setiembre de 2001 es una fecha que rápidamente muchos lectores podrán asociar contra los atentados perpetrados en territorio norteamericano y que tuvo su punto más trágico en el ataque contra el World Trade Center de Nueva York. Si bien la seguridad de cada estado y la global en sentido amplio venía siendo un tema de gran importancia en la agenda mundial, a partir de ese día trágico los gastos en investigación y desarrollo en esa área crecieron de una manera vertiginosa.
Aunque han pasado casi veinte años desde tales hechos, los debates en torno al frágil equilibrio entre la seguridad y las libertades individuales sigue siendo tan vigentes como en ese momento o tal vez se han incrementado debido a los avances tecnológicos que ponen en manos de empresas globales como Facebook, Google o Instagram una cantidad de datos personales que permiten predecir (¿o deberíamos usar el término “determinar”?) muchas de nuestras acciones.
Los datos generados a través del uso de la tecnología tienen un gran valor desde el punto de vista económico pero también desde el punto de vista político y de seguridad tanto interna como externa. De acuerdo con la especialista española Inés Araguás Fuentes, de la consultora KPMG, “el Big Data ha llegado como una avalancha convirtiéndose en un elemento transformador del negocio, que, lejos de desaparecer, continúa su avance y se arraiga en las empresas dando solución a la manipulación de grandes volúmenes de datos. El Big Data representa grandes oportunidades para las organizaciones, pero también comporta importantes riesgos. En este sentido, las compañías deben ser especialmente cautas con los riesgos asociados a sus procesos de identificación, re-identificación, análisis predictivo y recolección indiscriminada de información, concediendo especial atención al peligro de la violación de datos”.
Así las cosas, todo lo relativo al Big Data termina en una discusión no sólo sobre la privacidad sino sobre la libertad como condición inherente al ser humano tanto para su existencia como para su dignidad y realización. Tal vez por eso mismo el periodista español Fernando García plantea una realidad que, a fuerza de ser dura, se torna más que preocupante: “Nuestro comportamiento se ha convertido en producto. Cada clic que hacemos para hacer una búsqueda, elegir un artículo o un servicio, marcar me gusta o añadir a mis amigos, es decir para indicar cualquier opción o preferencia de personas, usos y consumos, estamos generando información que otros transforman en dinero. Una información que, al mismo tiempo, a través de los más y más sofisticados algoritmos de B, determina nuestros conocimientos, actitudes y decisiones. El ideal de una red que iba a conectarnos más a todos y ampliar nuestros conocimientos, es decir, a mejorar nuestra vida y el mundo, se desvanece por ahora. Las vías por donde circulamos en Internet se estrechan y nos moldean en perjuicio de nuestra privacidad y libertad, y a favor de las compañías más avispadas en la explotación de nuestros datos”.
En este contexto, una nueva forma de control de seguridad abre (o tal vez deberíamos decir “renueva”) los debates relacionados con la privacidad: la vigilancia facial, un sistema que avanza en todo el mundo y cuyo líder es la República Popular de China. De acuerdo con lo señalado por la organización Amnistía Internacional, “el uso de reconocimiento facial para la vigilancia masiva es una tecnología desproporcionada que recolecta datos sensibles y vulnera la presunción de inocencia y el debido proceso ya que las personas son consideradas sospechosas hasta tanto se analizan sus datos biométricos y se concluye que son inocentes. Asimismo, se ha demostrado que producen errores que menoscaban el derecho a la igualdad y pueden llevar a la criminalización de personas incorrectamente identificadas. El uso de estas tecnologías puede generar un efecto inhibidor y desincentivar gravemente formas de disidencia dificultando el ejercicio del derecho a la libertad de reunión, la libertad de asociación y la libertad de expresión”.
Tal como ha señalado este mismo año la especialista Wendy H. Wong (profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Toronto) “El rostro humano es una de las cosas más básicas que los niños pequeños reconocen y aprenden, a medida que sus cerebros ordenan el mundo. Es una parte fundamental de lo que somos como especie, su importancia es tal que apenas puede expresarse con palabras (…) Es mucho lo que está en juego, no sólo para las fuerzas del orden, sino para nuestro derecho a la intimidad como individuos. Nuestras expectativas sobre la recopilación de datos y la privacidad no se ajustan a lo que realmente es la recopilación y el almacenamiento de datos, sean faciales o no. Por eso es importante considerar nuestros derechos en su apropiado contexto. Nuestros datos personales se han recogido y se recogen cada día a un ritmo asombroso. Esto está provocando un cambio fundamental no sólo en términos económicos y éticos, sino en la forma en que vivimos como seres humanos. Nuestra comprensión de los derechos humanos y las leyes correspondientes para protegerlos necesitan ser reiniciados para que contemplen los cambios que se están produciendo en la forma en que se recogen nuestros datos”.
A nivel europeo existen fuertes corrientes de opinión contrarias a la implantación de los sistemas de reconocimiento facial en el entendido que vulneran los derechos humanos de los ciudadanos y transforman a los organismos de seguridad en una suerte de “Gran Hermano” omnipresente y omnipotente, tal como fuera descripto por George Orwell en su novela “1984”.
En abril del presente año la Comisión Europea aprobó un reglamento que, según el diario ecuatoriano “El Universo”, “no prohíbe directamente la vigilancia masiva de personas en tiempo real en lugares públicos pero limita su uso a determinadas circunstancias previamente autorizadas por un juez: buscar a un niño desaparecido, prevenir una amenaza terrorista específica e inminente o detectar, localizar, identificar o enjuiciar al sospechoso de un delito grave. (…) De esta manera, Europa quiere permitir que se utilice el reconocimiento facial pero solo bajo orden judicial, nunca como rutina. (…) Con un desarrollo tecnológico armonizado, en particular con los derechos y libertades de las personas, tendremos más oportunidades de que la sociedad que estamos construyendo sea sostenible en todas las dimensiones, desde la social a la personal”.
Otros países, como Rusia o la propia República Popular de China avanzan en el uso masivo de este tipo de vigilancia y sus ejemplos son seguidos por naciones que priorizan la seguridad antes que la libertad de sus habitantes. Ante esta encrucijada, el mundo debe reflexionar (pero también actuar) sobre los peligros que el reconocimiento facial presenta para los derechos individuales en caso de un uso indebido de dicho mecanismo. Se trata nada más y nada menos que de una Caja de Pandora cuyo contenido interior podría colocarnos bajo el control de sistemas de seguridad que si bien podrían darnos una mayor sensación de seguridad, dejarían poco o ningún espacio para nuestra libertad personal.

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En una entrevista al escritor uruguayo Hugo Fontana publicada en el diario El País, se pueden leer las opiniones que éste tiene sobre la literatura, la cultura y la relación de ellas con la política.
Cuando se explaya sobre la literatura policial no se puede estar más de acuerdo con este escritor nacido hace 66 años en Toledo, Canelones que ha dedicado su vida a la literatura publicando cuentos y novelas con ya profusos reconocimientos a nivel nacional. Y siempre es placentero escuchar a los que saben hablar de lo que entienden mucho más que uno.
Entonces, después de recomendaciones sobre sus gustos personales que son para ir anotando, recuerdos sobre grandes de la literatura uruguaya como Onetti, Idea Vilariño, Benedetti o Emir Rodríguez Monegal –que es el tema central de su última novela–, Fontana habla también del viejo y conocido maniqueísmo uruguayo de colocar a los “buenos” de un lado de la política y a los “malos” del otro, según desde donde preferentemente se mire. Hasta ahí no se puede más que estar de acuerdo. Pasa de esa manera al tema del olvido en el que están Onetti y Rodríguez Monegal –con su fama de ser autores “derechistas”–, para terminar diciendo que, en realidad, “la derecha no produce intelectuales, no tiene nombres de referencia a nivel cultural o narrativo”.
Pues bien, ante tal declaración, la primera pregunta que surge es si Fontana quiso decir que eso es lo que ocurría en nuestro país o en el mundo. Porque si se refería a Uruguay, puede llegar a tener cierta razón, pero si, como se venía dando la entrevista hasta ese momento, se refería al mundo –a esa altura ya había citado a numerosos autores norteamericanos que le gustaban–, le estaba errando feo.
Porque los autores “de derecha”, que vienen a la mente en una rápida mirada del panorama literario mundial no son dos o tres, son muchos. El poeta Ezra Pound, el inglés enamorado de la India Rudyard Kipling, el vecino Jorge Luis Borges, el mexicano Octavio Paz, el peruano Mario Vargas Llosa, el estadounidense con fuertes inclinaciones machistas Ernest Hemingway, el francés filonazi Louis-Ferdinand Céline, el incansable fabulador J.R.R. Tolkien, el español Camilo José Cela, el italiano Curzio Malaparte y la lista puede seguir y seguir.
Y eso solo si nos fijamos en la literatura. En todas las demás artes hay inclinaciones políticas para aquí y para allá, incluso en nuestro país. Además no estamos hablando de intelectuales de segunda sino de grandes nombres del panorama literario.
Ahora bien, Fontana, como buen lector que es además de escritor, tiene que saber eso. Tiene que saber que no son “excepciones” y que, en el mundo, hay tantos intelectuales así como asá. Entonces ¿por qué dice lo que dice? Muy sencillo, porque está convencido de ello. Está tan convencido de que ser un intelectual es un sinónimo de “izquierdismo”. Hay que aclarar, por supuesto, que Fontana no ve eso como algo necesariamente malo. Solo que le molesta que, por la fama de derechistas, algunos autores queden rezagados ante otros que son más apoyados. Si bien vuelve a tener razón en ese aspecto, la idea de equiparar a la izquierda con la intelectualidad se ha extendido y repetido tanto que ha permeado incluso en la cabeza de la gente que realmente entiende del tema, como Fontana.
Que esto sea así, es un gran problema para cualquier país que quiera avanzar en materia cultural. Como pasó en cuanta dictadura de derecha o izquierda, donde se fomentaba y permitía solamente a los autores que apoyaban al gobierno, de alguna manera, más sutil, se puede seguir haciendo lo mismo en plena democracia.
Todo esto tuvo un momento de eclosión no hace mucho cuando el también escritor Valentín Trujillo opinó públicamente que “la dictadura también apoyó a la cultura”. Especificando que lo hizo a su manera, pero, también había hecho su aporte en tal rubro social.
Las respuestas fueron varias. Trujillo no puede decir algo así y salir impune. Para muchos trabajadores de la cultura, esta había sobrevivido “a pesar de” la dictadura. La polémica siguió por algunos días y se aquietó.
Pero Fontana puede opinar que no existen los intelectuales de derecha y nadie va a decir nada. Porque tanto entre los consumidores culturales de uno y otro lado, la idea de que “prácticamente todos” los intelectuales son de izquierda ya está muy arraigada. El relato se ha repetido y machacado tanto que, aunque no sea verdad, lo parece, y con eso es suficiente. Así, la propaganda izquierdista logró su cometido.
¿Debemos entonces dejarlo ahí? No. Porque si lo hacemos, esa idea no hará más que crecer y afirmarse más todavía. Si quien lee esto también ha pensado así toda su vida quizás esté razonando que entonces, la cultura tendría que ser más de derecha, o que eso es lo que se quiere decir en estas líneas. Aunque también ahí se equivocaría. Porque la cultura, como tal, no tiene que ser ni de derecha ni de izquierda. Para ser realmente cultura, para ser realmente arte, no tiene que tener ninguna atadura política.
Claro, se podrá decir, hay ciertos intelectuales a los que no se los puede concebir sin una mirada política sobre el mundo. Está bien, es cierto. ¿Pero qué pasa con tales autores cuando se les saca la política? ¿Tienen algo más que decir? ¿Son solo eso? En algunos casos su trabajo sobrevivirá, pero en muchos otros, con carreras enteras apoyadas por un sesgo político que levantaban como una bandera cada vez que escribían o hablaban, lo que puede quedar de ellos es bastante poco.
Es muy difícil pensar en la cultura separada de la política en nuestro país. Han sido muchos años de ahondar una grieta que, como se trata de lo cultural, nunca se le prestó demasiada atención. Pero ahí está. Lo intelectual sigue siendo patrimonio ficticio de una parte de la política. Mientras tanto, el arte, la cultura y la propia expresividad sensible del ser humano corre libre por otras vías. Pasado el tiempo, cuando el olvido nos alcance a todos nosotros, seguramente el arte seguirá existiendo saltando de un talento a otro, sin preguntar nunca a quién se vota, a quién se prefiere políticamente o a qué utopía de inclina quien quiera seguir propagando la cultura por este ancho mundo.

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En el marco de la omnipresencia de la problemática inherente al COVID-19, hemos tenido en el Uruguay en las últimas horas dos episodios significativos relacionados con el tema que ha dominado la realidad uruguaya y mundial en el último año y medio, los que de alguna forma ilustran sobre la diversidad de actitudes que se han manifestado en este período.
Por un lado tenemos el poco edificante record mundial de haber tenido este jueves un paro general “contra” el virus, con reivindicaciones como si no hubiera pandemia, enmarcado en el pensamiento y visión ideológica de la dirigencia sindical nucleada en el Pit Cnt, porque en esta hemiplejia que sistemáticamente ponen de relieve los sindicatos (de izquierda) no hay otra medida más que el paro para “solucionar” los problemas del país, y en este caso han promovido la paralización de actividades en medio de la ya alicaída actividad reducida por las medidas restrictivas contra la pandemia, haciendo llover sobre mojado.

Naturalmente, la adhesión, compulsiva o no, se ha dado en el sector estatal, dominado ampliamente por los dirigentes (de izquierda), donde es muy fácil parar con y sin pandemia, con un salario y trabajo asegurados de por vida, y donde prácticamente da lo mismo que se funcione o no, mientras los trabajadores y empresarios del sector privado deben seguir generando riqueza también con o sin pandemia, para sostenerse y sostener la estructura socioeconómica en medio de las dificultades adicionales por la coyuntura.
Nada nuevo bajo el Sol, pero que reafirma el contraste de rumbos y responsabilidades, de actitudes y visiones que vienen incidiendo en la realidad nacional desde hace décadas.
Otro episodio representativo refiere a la actuación en este período del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), con cuyos coordinadores Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini, se reunió en las últimas horas el presidente Luis Lacalle Pou, dispuso el cese de actividades del grupo, oportunidad en la que el mandatario transmitió el agradecimiento de su gobierno y de los uruguayos en general ante los aportes realizados por los profesionales en todo este período.

También recibió el grupo un sinnúmero de adhesiones desde todos los ámbitos, incluidos los dirigentes políticos, ante la actividad que realizó este grupo de científicos en uno de los momentos más difíciles que vivió nuestro país en los últimos años por la pandemia de COVID-19.
El Grupo Asesor Científico Honorario estuvo conformado por el Dr. Rafael Radi como coordinador general y Fernando Paganini y Henry Cohen como referentes de sus dos principales áreas, asesorando científicamente al presidente Luis Lacalle Pou desde el 16 de abril del año anterior en el camino hacia “la nueva normalidad”.
El GACH ha formulado recomendaciones científicas en las áreas de salud y ciencia de datos al equipo de gobierno denominado Transición UY, conformado por Hugo Odizzio, Gonzalo Baroni, Roberto Lafluf y coordinado por Isaac Afie, quienes evaluaron y elevaron los informes y sugerencias a Lacalle para la toma de decisiones finales, como por ejemplo la vuelta a clases o la reactivación de algunas áreas económicas, entre otros aspectos.

Por tratarse expresamente de un grupo asesor de carácter científico, las propuestas del GACH no han tenido carácter vinculante, sino que más allá de los elementos científicos, las medidas que se han instrumentado responden a evaluaciones políticas y por ende hay una serie de elementos complementarios enmarcados en la realidad socioeconómica, situaciones y expectativas, más allá de los datos científicos duros.
No hace falta tener más de dos dedos de frente para inferir que la medida efectiva por excelencia en el marco de la pandemia sería la paralización total de actividades, el cierre a cal y canto de eventos y hasta lugares de trabajo, por el tiempo que sea necesario que puede ser semanas o incluso meses, y esperar así que el virus se extinga por inanición, que desde el punto de vista epidemiólogico sería infalible.

Pero la vida es mucho más que contener una pandemia, y de lo que se ha tratado siempre es de optar entre alternativas menos malas que otras, porque hay elementos científicos, humanos, sociales, económicos y políticos a tener en cuenta, y lo que se trata es de más o menos coexistir entre las posibilidades, por varios motivos. El primero y obvio, es que no todos vamos a poder vivir del Estado quedándonos en casa y solo saliendo para ir a cobrar en el cajero: alguien tiene que producir y mantener andando la economía, como se ha hecho. Pero además desde el punto de vista humano tampoco es bueno encarcelar al país en prisión domiciliaria por tiempo indeterminado, una fórmula que por cierto no logró resultados en los países que se aplicó, más allá del descontento popular y la miseria, en especial para la población más vulnerable.

Otra forma de actuar la hemos tenido en Argentina, donde durante varios meses el presidente Alberto Fernández se rodeó solo de un grupo de científicos infectólogos, con un mandatario que recogió exclusivamente la opinión de estos médicos para que no se extendiera el COVID-19 y no atendió otras visiones, por lo que llevó adelante la cuarentena más larga del mundo. Resultado: logró terminar de fundir uno de los países con mayores riquezas del mundo, y lo que es peor, sin haber evitado la extensión de la pandemia, con un elevado número de muertes y de contagios incluso por encima de los de nuestro país en este año y medio.
Es decir, que se han ensayado a lo ancho y a lo largo del mundo recetas con mayor o menor énfasis en uno u otro aspecto, generando resultados que ni siquiera fueron satisfactorios en los países desarrollados.

Al fin de cuentas las únicas variables posibles de mantener en la ecuación son la reducción de la actividad y la movilidad, evitar reuniones en lugares cerrados y la vacunación masiva. Sin dudas, este último factor es la apuesta sine qua non y universal para cortar la circulación del virus, en tanto las otras tienen directa relación con la economía, y han sido el elemento distorsionante por excelencia.

El sentido común indica que efectivamente, economía y pandemia son incompatibles y en esta dicotomía cada país se ha desenvuelto como ha podido, aspectos sobre lo que formulara en su momento recomendaciones el ahora discontinuado GACH, y que han sido precisamente contempladas en gran medida en la evaluación política de los pro y los contra a la hora de decidir medidas, pero sin seguir ciegamente todo lo que se propone, porque las responsabilidades de gobierno son intransferibles.
Y es que de eso se trata: de reconocer los invalorables aportes del GACH como insumos a tener en cuenta en base al punto de vista técnico, pero dando al César lo que es del César, con las miras puestas en el interés general al margen de la fanfarria de los infaltables reclamos partidario-ideológicas que hoy pretenden arrimar agua para su molino.
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La pandemia afectó muy duramente a varias áreas de actividad, entre ellas el turismo. Se trata de un sector económico que genera importantes divisas y mucho empleo pero que se basa en el desplazamiento de personas desde su lugar de residencia habitual hacia otros destinos y en el consumo de bienes y servicios que se han visto disminuidos o arrasados por el “tsunami” provocado por el COVID-19.
Es un sector muy sensible y frágil a este tipo de calamidades globales que por una parte plantean nuevos problemas y desafíos y, por otra, agudizan problemas previamente existentes. Entre éstos se puede ubicar lo concerniente a los equilibrios y desequilibrios provocados –entre otras– por la propia actividad sobre los recursos naturales.
No es posible desconocer que a nivel mundial el turismo también se volvió un factor de deterioro medioambiental generando, en algunos casos, graves trastornos ecológicos que se suman a otros problemas y complejidades ambientales, socioeconómicas y políticas que padece el mundo, tales como el acceso y calidad a las fuentes de agua, el empobrecimiento y contaminación de suelos, la depredación pesquera, la extinción de muchas especies de flora y fauna o la afectación de actividades económicas tradicionales, entre otras.
En este sentido, la Organización Mundial del Turismo de Naciones Unidas (OMT) ha hecho un llamamiento a una “recuperación sostenible del sector turístico” para “crear un equilibrio entre las necesidades de las personas y del planeta para el bienestar de todos”.
El llamado enfatiza en el tema de la sostenibilidad y la necesidad de asumir responsabilidades y cambiar tanto los comportamientos de los consumidores y turistas como en la necesidad de trabajar para generar una oferta más adecuada a objetivos, opciones y alternativas más sustentables.
Por un lado, se trata de que los viajeros tengan en cuenta los aspectos ecológicos a la hora de hacer sus reservas pero también que contribuyan al cuidado del medioambiente durante sus viajes y su estancia en los lugares que visitan.
Aunque algunos países ya están abriendo sus fronteras, es altamente probable que el turismo internacional demore bastante aún en acercarse a su actividad anterior a la pandemia y, por otra parte, que al menos parte de la población opte inicialmente por un turismo de proximidad, en entornos más cercanos y naturales, generando necesidades emergentes.
Para una parte importante de la población que ha optado por seguir las recomendaciones de distanciamiento físico –y también, en virtud del cese de actividades sociales y culturales– está presente la necesidad de “cambiar de aire” y disfrutar de los espacios naturales o de practicar caminatas o deporte en espacios al aire libre, lo cual es altamente recomendable por sus efectos positivos para el bienestar y la salud física y mental.
En este sentido, desde el pasado sábado 12 de junio en el marco de una “reapertura responsable” se pueden visitar las 17 áreas protegidas uruguayas, permitiéndose recorridos de sus senderos y espacios abiertos (los Centros de Visitantes aún se mantendrán cerrados al público como medida preventiva).
Ya en diciembre del año pasado el Ministerio de Turismo había realizado el lanzamiento del programa Destinos Naturales, que promueve las áreas protegidas del país como puntos turísticos. Se trata de una plataforma web que aporta información sobre los mismos con la finalidad de promover el turismo interno, además de ser una invitación a conectase con la naturaleza, conocer paisajes naturales uruguayos singulares, avistar aves, y especies nativas y recorrer senderos interpretativos. La propuesta fue desarrollada en ese momento por el Ministerio de Turismo con apoyo del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), que avaló los protocolos sanitarios para la recepción de turistas y calificó este tipo de actividades como de “bajo riesgo”.
Las áreas protegidas son espacios de biodiversidad con protección legal donde la presión de los recursos naturales –ya sea por la sobrecarga de visitantes o otros problemas, como la caza ilegal– se vuelve de particular cuidado.
En este sentido, quienes visitan áreas protegidas, además de disfrutar, apreciar y conocer la naturaleza o cualquier manifestación cultural, deben generar un bajo impacto sobre los recursos naturales. Esto incluye, en primer lugar, ser cuidadosos con el rastro de basura que dejamos, pero también otros cuidados particulares y necesarios.
Solo por mencionar dos ejemplos entre muchos, se puede señalar que en lo que refiere a la faja costera, es importante el cuidado del ecosistema costero y evitar los perjuicios que provoca la circulación de vehículos al contaminar, desestabilizar y erosionar la costa, dañando su vegetación y generando grandes perjuicios a la fauna asociada a estas estructuras. En tanto, en entornos rurales, la protección de la biodiversidad incluye también el cuidado de nuestras especies protegidas cuya caza es ilegal –como la mulita o el carpincho– aunque es una práctica bastante arraigada.
En Uruguay la crisis sanitaria afectó muy fuertemente la actividad turística y aún no se avizora claramente cómo será el futuro próximo del sector en el marco de la llamada nueva normalidad.
No obstante, aunque hoy estemos concentrados en los emergentes más acuciantes de la pandemia y sus efectos sobre la población y los sistemas de salud, y aunque aún nuestra prioridad es seguir “apagando incendios”, hay transformaciones sutiles y profundas que también están ocurriendo. Una de ellas es la transformación de nuestra propia visión del mundo y orden de prioridades en la vida personal y familiar, aspecto que incide directamente en nuestros hábitos y comportamientos así como en la toma de decisiones.
En este orden de cosas es de esperar que en el marco de la “reapertura responsable” de las principales áreas naturales uruguayas los cuidados y la prevención se apliquen no solo ante la posibilidad de contagio del COVID-19 sino también comprometiéndonos con una mayor responsabilidad en el uso de estos espacios.
Sería bueno que las duras experiencias vividas en esta pandemia nos permitan conectarnos con una mayor conciencia sobre el cuidado de la naturaleza como elemento central de la salud de nuestros recursos naturales y el planeta en general dado que –aunque generalmente se olvida– estamos intrínsecamente conectados a ellos y sus equilibrios o desequilibrios, evidentemente, nos afectan. → Leer más

“¿Se puede hacer fracking en Uruguay?”, esa pregunta figura a modo de título en una publicación a la que se puede acceder desde la página web del Ministerio de Industria Energía y Minería, (www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria), fechada el 17 de marzo de este año. En base a esa publicación la respuesta más rápida sería que “hoy no”, pero que deja muchas dudas hacia el futuro. Y esto se debe a que, hace cuatro años, cuando el tema del fracking estuvo en el centro del debate lo que se resolvió fue “patear” la discusión cuatro años hacia el futuro. Ese futuro es hoy, dado que la moratoria que se aprobó entonces para limitar la aplicación de la técnica está próxima a caer y, como es fácilmente comprobable, hoy no se está dando más que por parte de las organizaciones ambientalistas que hace cuatro años, promoviendo la prohibición de la técnica, lograron esa limitación.

En concreto, la publicación en la web ministerial indica que “El Decreto 111/019 aprobó la presentación de ofertas para la adjudicación de contratos para que las empresas realicen actividades de exploración y una eventual explotación de hidrocarburos en el Uruguay. La normativa establece que las empresas únicamente pueden explorar en reservorios convencionales”. Y agrega que “se encuentra vigente la Ley 19.585 promulgada en 2017 que establece la prohibición del uso de la técnica del fracking en todo el país por 4 años”.
La publicación recuerda también que esta Ley creó la Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica (Cnect) “con el objetivo de reunir y analizar el conocimiento existente sobre las posibles reservas de hidrocarburos no convencionales en el territorio nacional y estudiar la técnica del fracking”.

No obstante, señala que “más allá de la normativa existente hasta el momento, en Uruguay no se han descubierto reservorios no convencionales en los que se pueda aplicar la técnica de fracking. Es por esto que, aunque la Ley 19.585 no estuviera vigente, el fracking no podría aplicarse en nuestro país dado que no existen reservorios no convencionales a los que se le pueda aplicar la técnica” y menciona que la Cnect, a fines de este año, “presentará un informe técnico y científico que contendrá un análisis y estudio exhaustivo de la técnica de fracking y su posible implementación en Uruguay. Este documento asesorará al Poder Ejecutivo para decidir si se continúa con la prohibición de la aplicación de la técnica o si se habilita bajo ciertas condiciones a partir de 2022”.
La publicación refiere en realidad a dos cosas diferentes: por un lado está el hecho de que al día de hoy no se haya descubierto un yacimiento de hidrocarburos no convencionales, y si bien es cierto que al día de hoy esto es una limitante para la aplicación de la técnica, de forma alguna implica que si el día de mañana un yacimiento de este tipo es descubierto, la técnica de la fractura hidráulica no pueda ser usada. Otra cosa distinta es que el Estado uruguayo determine que esa forma de extracción de hidrocarburos no es conveniente para su utilización en el territorio nacional, en vistas de los problemas que podría ocasionar, como se han registrado en otros lugares, especialmente en los Estados Unidos, donde tuvo su momento de auge.
De allí que esta discusión no tenga todavía un punto final y que, en la medida que no lo tenga, puede dejarnos expuestos a que eventualmente sea utilizada, incluso por empresas que lleguen al país amparándose en las políticas de beneficios fiscales que buscan atraer inversiones que favorezcan el empleo y el crecimiento económico.
Esta puerta que se encuentra abierta ha provocado que, como ocurriera años atrás, hoy nuevamente las organizaciones dedicadas a la preservación ambiental hayan salido a pronunciarse, en busca de mantener esta limitación.

En una declaración que dieron a conocer en los últimos días del mes pasado recordaron que hay proyectos de ley que procuran terminar con esta amenaza y que además en varios departamentos la técnica ha sido prohibida por decretos de sus juntas departamentales: Artigas, Paysandú, Rocha, Salto y Tacuarembó están en esta situación.
En la nota, dirigida a los ministros de Ambiente y de Industria, energía y Minería, los grupos expresan su “profunda preocupación ante la cercanía de la finalización de la moratoria nacional del fracking dispuesta en la Ley 19.585” y citan que en la exposición de motivos de esa norma “quedaron claros los graves inconvenientes de esa técnica, que de ponerse en práctica en nuestro territorio pondría en riesgo los recursos hídricos, especialmente los subterráneos, del Uruguay y de la región, cómo el Acuífero Guaraní”.
Agregan además que la comisión prevista en la ley, la Cnect, tuvo una tardía conformación, y no ha cumplido con su función más relevante que “era relevar la evidencia científica existente a nivel internacional, que a esta altura es muy amplia y sólida, sobre los impactos económicos, sociales y ambientales del fracking, en especial en la salud humana de las poblaciones vecinas a las perforaciones”.

Las organizaciones entienden necesario que, “más allá del trabajo de la comisión, se tomen medidas urgentes para asegurar la continuidad de prohibición dispuesta en el Artículo 1º de la Ley 19.585 a la espera de culminar el trámite que se dispuso para el informe de esa comisión”.
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Los problemas de competitividad ya crónicos que padece el Uruguay tienen un origen diverso, pero sin dudas existe consenso en cuanto a señalar que es un país caro en el comparativo internacional, al punto que ha sorprendido a muchos viajeros de nuestro país encontrarse con que los productos de góndolas en ciudades europeas e incluso en Estados Unidos, tienen precios menores a los similares que se venden en Uruguay, donde los ingresos son muy inferiores, la calidad de vida también y ni que hablar de los servicios.
Más allá de las políticas de sucesivos gobiernos de todos los partidos que como regla general pretenden mantener el dólar “planchado” todo lo que se pueda, en desmedro de las posibilidades de competir de nuestros productores, con el objetivo de mantener contenida artificialmente la inflación y los precios internos, es notorio que se ha pretendido mantener cierto equilibrio muy difícil de sostener, para que la realidad no se manifieste en forma traumática cuando las distorsiones trepan a niveles imposibles de manejar.
Pero hay otros aspectos a tener en cuenta en esta problemática, y también refiere a que los precios internos se forman con artículos y materias primas que se importan, y tienen incidencia significativa.

Al respecto, se conoció en los últimos días un informe de la Consultora CPA Ferrere, la que entre otros puntos destaca que la poca competencia entre importadores es una de las razones para que Uruguay sea un país caro, y sostiene que los precios de algunos bienes de consumo básicos son más elevados que en otros países de la región.
De acuerdo al estudio del que da cuenta Montevideo Portal, en una comparación entre los precios de algunos productos en supermercados de Uruguay, Argentina, Brasil y Chile, en un trabajo hecho a pedido de la cadena de supermercados Ta-Ta, se encontró que en Uruguay los precios al consumo de algunos artículos básicos (tocador, higiene personal, productos de limpieza, ropa, alimentos y bebidas), y en especial importados, son significativamente más caros que en los otros tres países de las región; algo que conocemos muy bien los sanduceros, que solíamos comprar en masa esos productos en Colón, antes de la llegada de la pandemia.
En tanto, en el trabajo que fue liderado por los economistas Sebastián Fleitas y Gabriel Oddone, se afirma que en cambio productos de origen nacional no presentaron diferencias relevantes en los precios.

Entre los productos que tomó en consideración el estudio se destacaron pasta dental, enjuague bucal, champú, acondicionador, desodorante antitranspirante, jabón de tocador, papel higiénico, jabón en polvo, jabón líquido para ropa, mayonesa, sal fina, café, enlatados, galletas y cerveza.
“Las diferencias de precios son significativas. Este fenómeno parece ser más evidente en bienes producidos en el resto del mundo, es decir importados desde Uruguay”, señala el informe. El informe realizado por CPA Ferrere sostiene que en Uruguay existen en los productos importados una concentración en la importación y la distribución comercial de algunos bienes, a raíz de prácticas y regulaciones que favorecen dicha situación.
En este sentido, el estudio sugiere que en los casos de productos como alimentos y bienes de consumo personal, existe una sola firma importadora, debido a que el productor de origen le da a un distribuidor nacional la exclusividad en la representación de la marca en el país.
En estos casos, además de una variable que puede estar asociada al pequeño tamaño del mercado nacional, el trabajo indica que “a nivel general es frecuente encontrar prácticas de mercado que no fomentan la competencia en negocios de importación de bienes”.
Consignan los profesionales que “un ejemplo de ello son los acuerdos de exclusividad de importación, que son conocidos dentro de las prácticas de competencia como acuerdos de trato exclusivo (exclusive dealing). En general, las políticas de defensa de la competencia tienden a considerar estos acuerdos de trato exclusivo bajo la ‘regla de la razón’, y por lo tanto son evaluadas a la luz de la evidencia que debe ser presentada antes de tomar decisiones sobre su conveniencia o prohibición. Cuando no se trata de productos especializados o que no requieren de servicios post ventas complejos, los acuerdos de trato exclusivo podrían eventualmente evaluarse como perjudiciales”.
Sin embargo, aunque se maneja la opción de importar marcas más baratas que sean producidas por un productor alternativo de manera de aumentar la competencia, “este canal tampoco parece ser una alternativa viable”, se apunta.

“En el análisis de las ventas que se realiza en el trabajo, todos los productos con diferencias de precios significativas presentan elevadas cuotas de mercado. Ello sugiere que los consumidores uruguayos tendrían una mayor disponibilidad a pagar por determinadas marcas en base a razones de preferencia, con relativa independencia de su precio o la disponibilidad de bienes alternativos”, se señala.
Otra limitación que se menciona en el trabajo sobre la posibilidad de importar bienes desde un origen diferente que fomente la competencia entre marcas de algunos productos, radica en algunos “requisitos para inscribir productos que podrían limitar en la práctica la multiplicidad de registros, y con ello las importaciones paralelas” en el país.
En este sentido, se afirma que “más allá de las estrategias empresariales de los privados (que pueden estar asociadas a prácticas comerciales que imponen los productores de origen), son necesarios cambios en la política pública para favorecer la intensidad de la competencia en estos mercados”.
El informe plantea la necesidad de que la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia “investigue los efectos potenciales de acuerdos de distribución exclusiva que limitan la competencia entre marcas”, considerando que se trata de bienes de consumo masivo y “servicios post-venta a priori poco especializados”.
Sin dudas que varios de los factores enunciados influyen en esta realidad de precios “inflados” en la comparativa mundial, teniendo en cuenta la concentración de los canales de importación y la pequeñez del mercado, que no obra como atractivo para generar una real competencia que beneficie al consumidor. Asimismo hay una interrelación profunda causa-efecto, desde que sin tomar en cuenta la incidencia del factor dólar, en nuestro país los precios de bienes y servicios, cualquiera sea su origen, son elevados en términos reales, e incluso los salarios en la comparativa salarial internacional medida en esta moneda, lo que realimenta esta realidad de “país caro”, muy difícil de revertir por cierto, desde que no es posible lograrlo si cortamos la realimentación en un solo factor, cuando estamos ante varias vertientes confluyentes.

Y más allá de la cuestionable lógica empresarial que trata de saltearse la competencia como elemento regulador natural de precios, tenemos sí como un debe impostergable el bajar el costo del Estado, que es el elemento distorsionante por excelencia, cuando impone sobrecostos al tramado socioeconómico interno, pero también para importar y para exportar.
Estos costos que no se traducen en mejores servicios ni infraestructura, sino en gastos exacerbados y prescindibles, se imponen por la vía de impuestos y servicios caros a los actores reales de la economía, y por ende, un Estado monopólico conspira contra la salud de la economía, mucho más que los monopolios privados de hecho, lo que no quita su incidencia negativa y para lo que deberían buscarse instrumentos correctivos. → Leer más

Esta pandemia ha servido para revelar quién es quién en el contexto político uruguayo y la altura de la discusión, enmarcada en una circunstancia que preocupa a una población agotada y tensionada por las estadísticas diarias.
Intentar mantener sus vidas dentro de la “nueva normalidad” y la preocupación por el distanciamiento con los afectos, marcan las agendas personales. Mientras tanto, ocurren los desencuentros en las redes sociales o a través de otros medios de comunicación, en un estado de situación que responde a nuestra democracia. El problema es no querer ver que dentro de ella no todo vale.
Mientras se instalaba la polémica por el ritmo “lento” de vacunación en Uruguay, los guarismos ubicaban al país como uno de los más veloces en inoculación en América Latina, incluso por encima de Chile. Con el 58,7 por ciento de su población inmunizada, sobrepasa al cercano 57,58 por ciento de los trasandinos. Además, ambos son los primeros en vacunar a la población mayor de 12 años.
Frente a un virus con alta capacidad de mutación constante –y eso alcanza con comprobarlo por las nuevas cepas– la inmunización llegó solo al 0,3 por ciento de los países más pobres. Por lo tanto, también confirma que el elevado nivel de desigualdad global sigue intocable, a pesar de cambiar las caras de quienes gobiernan.
Y si sólo se ha fabricado la décima parte de las vacunas que se necesitan, no es muy difícil concluir que no se llegará a la inmunización mundial que se requiere para avanzar sobre esta pandemia. Es decir, en torno al 70 por ciento de la población total del planeta.
En Uruguay se constatan algunos aspectos positivos, a pesar de la negativa constante de un sector de la política uruguaya a verlo. Los residenciales de ancianos dejaron de ser noticia porque ya no ocurren brotes, la carga viral entre los funcionarios de la salud ha bajado y continúa el descenso de la ocupación de los CTI a nivel nacional.
La situación sanducera sigue, muy lamentablemente, fuera de esta realidad porque sus casos diarios no descienden y define un panorama complejo en las salas COVID-19 y en los CTI. Pero, es justo destacar, que por esa realidad también pasaron otros departamentos como Rivera, que hoy atraviesa por una circunstancia más auspiciosa.
Chile va por una nueva cuarentena total en su zona metropolitana, al igual que Argentina, que recientemente transitó por un nuevo período de restricciones. Y decir “nuevo” no es referirse a una medida novedosa, sino a los resultados de los aislamientos anteriores resueltos por sus gobiernos. Es decir, sin grandes consecuencias por haber “bajado las perillas”.
Mientras las críticas se instalaban sobre los atrasos en la llegada de las dosis, el país comenzaba a desarrollar una agenda intensa de vacunación con una alta respuesta de la población. Y cuando aquellos que no están dispuestos a asumir el riesgo de las decisiones políticas reclamaban un “lockdown” de nivel nacional, en Montevideo no se “revisaba la estrategia” con respecto a la apertura de las ferias, locales comerciales o gastronómicos, con el único fin de bajar la movilidad porque así bajan los contagios.
Es que la relatividad de los reclamos por medidas de apoyo o subsidios, tampoco se aplica en territorios que quienes se oponen a la política sanitaria actual gobiernan desde hace décadas. De lo contrario, las fotografías que circulan por todos lados no mostrarían al transporte colectivo de pasajeros abarrotado en horas pico. Es decir, sin mayores posibilidades de mantener la necesaria distancia social.
Lo mismo para el control de los espacios públicos y el necesario auxilio de la fuerza pública para eso. O la limpieza de amplias zonas y cinturones de la capital, que desde hace décadas permanecen intactas a pesar de estos tiempos de pandemia, donde las exhortaciones a mantener la higiene se hacen urgentes.
Porque ha quedado comprobado que las restricciones generan una mayor pobreza que no se solucionará con subsidios o exoneraciones, ni a mediano ni a largo plazo. Y cuando el argumento se vuelve fuerte sobre los sectores que reclaman un confinamiento, citan a organizaciones sociales de relevancia entre los reclamantes. Sin embargo, olvidan reseñar que es la opinión de una mayoría de sus dirigentes y no la totalidad de sus afiliados, algunos de los cuales han sentido la necesidad de aclarar que no se sienten representados en esos desencuentros y salidas constantes a los medios.
Es indudable que los efectos de la pandemia trascienden a la COVID-19 y sus estadísticas. Son efectos inherentes a la conducta humana, tan contradictoria. Esa misma que reclama por apertura de sectores de la cultura y el entretenimiento ampliamente castigados, pero que no está de acuerdo cuando se llevan a la práctica las primeras medidas piloto que no serán obligatorias para nadie. Sin dejar de mencionar que son ámbitos de la producción nacional, absolutamente necesarios para mejorar los estados de ánimo de una población estresada, desde que transitamos 15 meses desde el 13 de marzo de 2020, cuando se decretó la emergencia sanitaria.
Pero no es posible que tanta incoherencia junta pase inadvertida. Porque mientras es notorio el esfuerzo por el “cuanto peor, mejor”, existe una población que cada fin de semana demuestra que no está de acuerdo con ajustarse a una “perilla” que no aclaran por dónde apretar. Porque mientras hablan de bajar la movilidad a esta altura de los acontecimientos, tampoco proponen una forma de mejorar el estado de la salud mental de las personas. Pero seguramente tampoco lo vean por ese lado. El énfasis está en el vocablo “fracaso”, mientras le buscan la vuelta a nuevas interpelaciones. Esas mismas que, como la última a Azucena Arbeleche, se extendieron por 16 horas. Allí, sí, se ve que estaban “dadas las condiciones”. → Leer más

En los últimos días el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, efectuó unas polémicas declaraciones según las cuales “los mexicanos salieron de los indios, los brasileros de la selva, pero los argentinos de los barcos”. La declaración se convirtió casi inmediatamente en un escándalo en diversos medios y redes sociales tanto en Argentina como en el extranjero, en las cuales se tildó al mandatario de “racista”.
Lamentablemente esta visión que coloca a la Argentina algunos escalones por encima de sus hermanos latinoamericanos no es nueva, ya que como lo señaló el diario “La Nación” de Buenos Aires, “sus declaraciones evidencian la persistencia entre la clase política de Buenos Aires del mito de Argentina como un país de origen europeo, sin raíces indígenas. En 2018, el predecesor de Fernández, Mauricio Macri, realizó otra polémica alusión durante el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. “Yo creo que la asociación entre el Mercosur y la Unión Europea es natural porque en Sudamérica todos somos descendientes de europeos”, dijo entonces Macri, quien también recibió duras críticas. A modo de ejemplo, Jeff Nascimento, activista de derechos humanos y abogado en São Paulo, Brasil, escribió en su cuenta de Twitter que el mandatario argentino “se olvidó de los millones de personas secuestradas en África a lo largo de tres siglos, precisamente por los europeos de los que Fernández se enorgullece de descender”. Por su parte el actor mexicano Gael García Bernal dijo que el comentario de Fernández perpetúa “la lacerante narrativa del colonialismo extractivista”, y lamentó que refleje una visión que “por desgracia es muy común”. Ante las airadas reacciones generadas por sus dichos, escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente, “a nadie quise ofender, de todas formas, quien se haya sentido ofendido o invisibilizado, desde ya mis disculpas”. A pesar de disculparse, Fernández dejó en claro que en su estrecha visión de América Latina existen países y ciudadanos de primera y de segunda, reservándose para Argentina un lugar de supuesta primacía que muy pocos fundamentos tiene en la inquietante realidad que atraviesa actualmente ese país vecino.
Es bien sabido que el encuentro de las civilizaciones europeas no constituyó un fenómeno político, religioso y cultural que estuviera exento de acciones cuyos principales actos, protagonistas y consecuencias siguen siendo objeto de discusión hasta el día de hoy. Se trata de un proceso complejo y ciertamente inacabado, en el cual día a día se rescatan y protegen identidades y costumbres que han permanecido acalladas o dormidas durante siglos. Esa complejidad ha sido señalada por el escritor mexicano Carlos Fuentes en cuya opinión “la fundación de nuestra América, la América Mestiza, la América de ascendencia indígena, europea y africana, es inexplicable sin tres descubrimientos: el descubrimiento de la tierra por Colón y Magallanes, el descubrimiento de los cielos por Copérnico y Galileo, y el descubrimiento de la imprenta por Gutenberg y los editores renanos. América, argumentó famosamente Edmundo O’Gorman, no fue en realidad ‘descubierta’. Fue inventada por la necesidad europea de contar con una utopía que renovase los ideales humanistas del Renacimiento, amenazados, en el Viejo Mundo, por las guerras dinásticas, las rivalidades mercantiles y los conflictos religiosos. Pero América no sólo fue descubierta o imaginada por Europa; Europa fue descubierta e imaginada por las civilizaciones indígenas de América; entre sus escombros se hundió también el sueño europeo de una Edad de Oro en el Nuevo Mundo”. La desafortunada declaración pone de manifiesto que el Presidente Fernández poco o nada entiende de ese complejo entramado entre España y América Latina y que, deseoso de agradar al Primer Ministro Pedro Sánchez le pareció bien poner de manifiesto que los argentinos eran los “más parecidos” a los europeos, renegando de esta manera de los orígenes y múltiples motivos de orgullo que América Latina posee pero que debe rescatar y mantener siempre vigente.
Tal como lo ha expresado las Naciones Unidas “los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales”. A pesar de las floridas y pomposas declaraciones en esta materia a las cuales es tan adicto Alberto Fernández, la realidad en su país es bien diferente, ya que como lo ha señalado la agencia noticiosa de la Deutsche Welle en el mes de noviembre del año pasado haciendo referencia a declaraciones de Marcelo Musante, sociólogo e integrante de la “Red de investigadores en genocidio y política indígena en Argentina”, “En esa construcción blanca y europea, los sujetos indígenas van a ser vistos como extranjeros en sus propios territorios (…) Las imágenes que aún hoy se repiten, de que ‘Argentina es un país sin indios’, y de que ‘todos los argentinos descendemos de los barcos’ tienen que ver con esos discursos instalados para borrar a los pueblos indígenas”. Adicionalmente, el infeliz comentario del mandatario del vecino país contrasta fuertemente con la denominada “agenda de derechos” tan defendida por el discurso kirchnerista y que supone la defensa de minorías que por diversas razones se encuentran en condiciones desventajosas tanto desde el punto de vista económico, educativo o social. Resulta llamativo el silencio mantenido por diversos activistas sociales o figuras políticas abanderados de lo “políticamente correcto” tanto en Argentina como en Uruguay, quienes han preferido “hacer la vista gorda” a esta grosera manifestación xenófoba hacia los pueblos originarios, tal como ha sucedido en otras ocasiones con otros temas de igual o mayor sensibilidad social.
El presidente Fernández puede creer y declarar que Argentina debe ser considerado como una suerte de “hija preferida” de Europa pero los índices de pobreza, los números de la economía y la dura realidad social que golpea diariamente a los argentinos dejan en claro que sus afirmaciones carecen totalmente de cualquier sustento. No olvidemos que la entonces presidenta y actual vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo en el año 2015 que su país tenía un índice de pobreza menor al 5% mientras que el entonces Jefe de Gabinete ratificó ese dato y puso como ejemplo a Alemania, que según dijo “no la está pasando bien” y tenía (tiene) un porcentaje mucho más alto. Tales afirmaciones pueden ser formuladas en el mundo paralelo que el relato kirchnerista ha construido durante muchos años y que desconoce además que las fórmulas para medir la pobreza era radicalmente diferentes en los dos países.
Mientras Alberto Fernández y su caterva kirchnerista muestran una vez más su grado de irracionalidad y aires de superioridad con respecto al resto de sus hermanos latinoamericanos (muchos de ellos con importantes relaciones comerciales bilaterales), el pueblo argentino sigue esperando que le expliquen con claridad hacia donde se dirige el país, mientras se hunde cada vez más profundo con una economía destrozada por medidas populistas y de corto plazo y navega a la deriva entre un presidente títere –que cuando se muestra tal cual lo que logra es aumentar la incertidumbre– y una vicepresidenta que desde las sombras maneja el país como si se tratase de un negocio personal. → Leer más

En las últimas décadas, Paysandú ha crecido enormemente en lo que respecta a edificaciones, en especial de la mano de la vivienda social, tanto cooperativas como vivienda sindical, ayuda mutua o promovida por el Estado.
Este crecimiento implica un incremento proporcional o aún mayor en servicios públicos para atender los nuevos barrios que se levantan, cada vez más alejados del centro y con mayores dificultades para su instalación, debido a que en muchos casos se encuentran en lugares con problemas crónicos en el territorio; por ejemplo, en manzanas sin la debida canalización de pluviales, con calles en mal estado, o en lugares donde las pendientes impiden utilizar la gravedad para los residuos cloacales o donde los ramales sencillamente no están pensados para tanta población.
Estos problemas no suelen visualizarse mientras la prioridad es atender la urgencia habitacional, donde lo que importa es construir lo antes posible la mayor cantidad de viviendas al menor costo. Sin embargo, una vez establecidos, la mirada cambia de inmediato hacia la exigencia de soluciones, que terminan siendo muy caras para la sociedad y a veces directamente inviables.
Para colmo de males, la dispersión de los barrios genera que se deban atender situaciones puntuales muy distantes entre sí, con relativa poca población entre medio, sobre terrenos subvalorados que aportan poco a las arcas municipales así como suman poco para la instalación de servicios, por lo cual cualquier obra que se lleve a cabo necesariamente será a puro costo y subsidiada, más allá de la importancia y necesidad real que se tenga de ella, que no se pone en duda.
El problema real es que además de tender nuevos servicios, la ciudad debe mantener en condiciones los que estaban y el resto de la urbe; en algunos casos las instalaciones ya cumplieron su vida útil y deben ser reemplazados. Esta tarea es permanente y no debe ser suspendida jamás, aún en tiempos de crisis, por cuanto lo que no se haga hoy se deberá encarar doblemente más adelante, y si en el momento no se puede, mañana –con la sumatoria de los costos– será más difícil aún.
El caso más notorio es la vialidad urbana. A medida que la ciudad se expande, mayor es la demanda por calles asfaltadas, más anchas y seguras, transitables todo el año, que no se inunden en cada lluvia torrencial y bien iluminadas. Es difícil estimar los cientos o más bien miles de kilómetros que se han construido –en las últimas tres o cuatro décadas– en lugares donde antes había zanjones infranqueables los días de lluvia, más parecidos a un camino de tropas que a una calle. Muchas de esas hoy son arterias fundamentales, la mayoría aún con muchos debes pero algunas otras –las menos, ciertamente– en muy buenas condiciones, con cordón cuneta, alcantarillas, carpeta asfáltica e iluminación de primer nivel.
Pero ha sucedido también que para atender esa nueva demanda se dejó de mantener lo que ya estaba, efectuando tareas mínimas de bacheo o reparaciones en lugares donde habría que empezar desde la sub base y rehacer a nuevo, y es así que todos los años se renueva el reclamo popular por el mal estado de las calles.
Pero lo más llamativo del crecimiento de la ciudad, que a su vez genera tantos inconvenientes, es que la población apenas crece, de acuerdo a los resultados de las últimas encuestas de población, lo que indicaría que de alguna manera lo que está sucediendo es que mientras se expande, al mismo tiempo otras zonas se estarían despoblando. Zonas que ya cuentan con todos los servicios y probablemente con todos esos problemas ya resueltos, a costo del erario público o de los entes del Estado.
Este análisis ya se ha hecho a nivel oficial en varias oportunidades, desde lo cual se han generado directivas de ordenamiento territorial que supuestamente apuntan a evitar un crecimiento desordenado de la ciudad, aprovechando de la mejor forma las infraestructuras existentes.
Sin embargo a la vista está que algo no funciona como estaba previsto en los papeles. Y no solo por el auge de los barrios de viviendas de interés social, que también es cierto que aportan mucho desde el punto de vista urbanístico, además de ser una solución accesible para miles de sanduceros que de otra forma jamás podrían lograr su casa propia. Se está dando en estos tiempo un fenómeno mucho más preocupante aún: la proliferación del loteo de terrenos en el área suburbana o incluso rural.
Es que en tiempos de crisis, mientras mucha gente busca resguardar su capital invirtiendo en ladrillos o tierras, otros encuentran un negocio lucrativo en fraccionar en pequeñas parcelas lo hasta ahora que eran chacras del cinturón urbano y venderlos en interminables cuotas accesibles a la clase media. En otros casos, en cambio apuntan a clientes más pudientes, creando barrios privados que prometen una vida distendida lejos de los ruidos del centro. De esta forma se ha generado un boom del fraccionamiento que parece no tener límites, que en cambio debería ser controlado de alguna forma para prevenir inconvenientes graves a largo plazo.
Es que si bien se supone que está vigente la Ley de Ordenamiento Territorial que regula qué y dónde se puede construir, es claro que un crecimiento desmedido de la zona suburbana demandará un incremento sustancial de los recursos municipales para una población dispersa y peor aún, de bajos recursos, que deberá ser atendida de la mejor forma.
De continuar proyectándose de esa manera, demandando cada vez más de la Intendencia –que básicamente mantendrá los mismos ingresos, así como demás servicios públicos–, es de imaginar que en algún momento la ecuación se hará insostenible, por lo cual la única alternativa será descuidar lo que ya tenemos para atender el incremento de la demanda.
Para peor, se están generando casos que además potenciarán problemas que la ciudad ya ha enfrentado y que no tienen solución. Por ejemplo, terrenos bajos que durante lluvias torrenciales naturalmente drenan el agua hacia cañadas, o el absurdo de hacer un barrio a media cuadra de la planta de Ancap que, como industria que es, siempre traerá inconvenientes para la población circundante. Y cuando eso ocurra seguramente –y con razón— se pedirá que la fábrica tome medidas, y capaz que algunos hasta pidan que se traslade, porque el polvillo que emana de la chimenea les afecta la respiración.
La realidad actual de expansión de la ciudad merece entonces una especial atención y quizás poner un poco de pienso antes de autorizar las obras o fraccionamientos, porque a la larga los dolores de cabeza serán mayores y los costos para solucionarlos aún más.
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En períodos como el que vivimos durante la última administración del Frente Amplio y el escenario actual, en que los problemas de caída de actividad y desempleo han ido in crescendo con el detonante de la pandemia, han surgido en toda su gravedad las limitaciones de recursos y de respaldo financiero para encarar respuestas que tiendan a atenuar las carencias de la coyuntura y permitan poner en condiciones el escenario socioeconómico del país hasta que pueda revertirse esta realidad.
Es el momento en que es más que justificado que recrudezcan recriminaciones a los sucesivos gobiernos del Frente Amplio, en los que hubo muy favorable clima desde el exterior hasta 2014, por no haber llevado adelante políticas anticíclicas y se prefirió gastar todo lo que se tenía y aún más, endeudándose, dando por cierto que la bonanza iba a durar muchos años más.
La realidad todos la conocemos, se incorporaron gastos fijos y compromisos que desbordaron nuestras posibilidades y encima la pandemia terminó por arrastrarnos en este circuito vicioso.
Lamentablemente, para seguir gastando como si el dinero nunca se fuera a terminar se conjugaron elementos como desafíos electorales que se prefirió afrontar en medio de una ola de gasto para presentar una situación que no respondía a la realidad y que en suma, determinaba que se gastara todo lo que se tenía para aparentar que las cosas iban muy bien en Uruguay, aunque fuera solo una ilusión que los parámetros desmentían una y otra vez, como es el caso del acentuado déficit fiscal como semáforo en rojo permanentemente encendido.
Acerca de esta problemática, y en reafirmación de estos conceptos que hemos vertido en reiteradas oportunidades desde esta página editorial, el economista Jorge Caumont, en el semanario Economía y Mercado del diario El País, analiza que desde todos, o al menos desde la mayoría de los sectores políticos se ha señalado en numerosas oportunidades la necesidad de llevar adelante políticas anticíclicas, pero “el reclamo de esas políticas ocurre solo cuando la economía atraviesa problemas de actividad y empleo, cuando la economía se encuentra en receso y el desempleo aumenta”.
Sobre todo, “la evidencia empírica muestra que cuando ocurre lo contrario y la actividad productiva crece a un ritmo superior al potencial o el empleo se encuentra por encima de su tasa natural, no existe el reclamo de políticas anticíclicas para frenar ineficiencias en la producción, presiones inflacionarias y desequilibrios en la balanza de pagos o en su cuenta corriente. Por el contrario, aludiendo a necesidades insatisfechas, la iniquidad distributiva y a otras razones vinculadas con objetivos políticas, las políticas –en realidad la política fiscal y la de ingresos– se vuelven pro cíclicas”.
Es cierto lo que dice el economista, porque por regla general, pero sobre todo en los gobiernos de izquierda, se ha priorizado la fiesta del gasto como si con el dinero de hoy, proveniente de condiciones externas favorables, se pudieran solucionar todos los problemas que se arrastran desde hace años, y que son precisamente, consecuencia de haber hecho esto: gastar todo lo que se tiene, en lugar de gestionar con sentido común sin medir solo lo que vaya a ocurrir en la próxima elección, porque la ligereza con que se actúa hoy inevitablemente condiciona el futuro cercano.
El punto, como bien señala Caumont, es que no se actúa de forma de acumular recursos para emplearlos cuando la situación cambie, como ocurre habitualmente en los ciclos de la economía, en que se vuelve al receso y al alto desempleo. “No se procede de acuerdo con la evidencia que se tiene y de lo que hace muchos siglos José recomendó al faraón: guardar en los siete años buenos para usar en los siete años malos”, apunta el economista.
Lamentablemente, los cortoplacismos son la regla y no la excepción, con ausencia de políticas de Estado producto de acuerdos partidarios y se sigue improvisando y manejándose en el día a día. Pero además es cierto que el pueblo también presiona para que esto ocurra, porque se piensa que “si hay plata hay que distribuirla” y que “ya pasamos mal demasiado tiempo y es justo que nos demos un lujo”. Algo así como comprarse un lujoso automóvil cuando se gana un premio en dinero, sin pensar que mañana cuando se termine la plata será imposible de mantener ese vehículo. Y si bien el ejemplo parece fantasioso, de hecho es lo que suele suceder.
Pero para eso los países tienen gobiernos que deben obrar como celosos guardianes del tesoro nacional, y llegado el caso deben decir no a los reclamos populares para aumentar el gasto.
Debe tenerse presente la enorme bonanza importada que tuvimos entre 2008 y 2015, con tasas de crecimiento de entre el 4,5 y el 8,1 por ciento, lo que contribuyó a un gran incremento de la recaudación fiscal, al punto que el exministro de Economía y Finanzas Cr. Danilo Astori, en reiteradas oportunidades dio cuenta de que había “espacio fiscal” para atender diversos pedidos de gastos, reafirmando la prioridad para el momento y no para contener el ya sostenido déficit fiscal producto del desfasaje entre ingresos y egresos.
Es decir, lejos de las políticas anticíclicas, se reiteró la incursión por las decisiones procíclicas, uno de los grandes males de los países en desarrollo, con débiles economías, incluyendo el abordaje de emprendimientos faraónicos y/o voluntaristas, que se tragaron cientos de millones de dólares, dejando solo el pozo que se afrontará en épocas de crisis.
Lo señala muy bien el economista Caumont cuando expresa que “todo lo que se recaudó, que reflejó la cuadruplicación de la recaudación de 2004, se gastó. Y aún más, pues el endeudamiento del sector público, solo el del gobierno central, se multiplicó por dos en diez años”.
Consecuentemente, “la evidencia empírica muestra que no hubo ahorro alguno para enfrentar contingencias adversas, como puede ser no solo una recesión natural por circunstancias macroeconómicas internas o externas, sino que puede deberse a factores como el de la pandemia que azota al mundo y a nuestro país, y que entre en una etapa que levante la incertidumbre económica que ya desde hace catorce meses ha traído consigo”.
Mucho peor aún, se gastó todo lo que se tenía y encima se dejó un déficit fiscal de más del 5 por ciento del PBI y una fuerte deuda. Cuando se reclama olímpicamente desde la izquierda una renta básica universal para los sectores más afectados por la pandemia, en un país que no tiene recursos, se cuidan muy bien de decir que los cientos de millones de dólares malgastados, incluyendo paralelamente la recapitalización de Ancap, el delirante proyecto de la regasificadora Gas Sayago, los más de 300 millones de dólares que se tiraron para tratar de sostener a Alas U, el dinero dilapidado en el Fondes, se podrían estar usando ahora para aliviar la situación de los más desfavorecidos, a la espera de que el país retome la normalidad, y que esta es sin dudas una gran responsabilidad de gobierno en juego, cuando la pandemia sigue condicionando el presente y el futuro del país.
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El desarrollo digital del país ha implicado un intenso trabajo de fortalecimiento de la capacidad en cuanto a infraestructuras digitales pero también en preparación de recursos humanos y adecuación de las instituciones, además de otros asuntos entre los que se incluyen el acceso de los ciudadanos a la tecnología, legislación específica sobre datos personales y la seguridad y protección del espacio digital.
Fruto de este trabajo es que actualmente Uruguay posee una destacada posición internacional en materia de desarrollo digital y gobierno abierto, así como en lo que refiere al acceso ciudadano a las tecnologías digitales, siendo el primer país de Latinoamérica en integrar el denominado D9 (hoy Digital Nations), un selecto grupo que reúne a las naciones más desarrolladas en esta área.
Mucho se ha hecho en la última década en estas cuestiones, que forman parte del rumbo definido en la denominada Agenda Digital, un mapa de ruta nacional para el desarrollo del país en esta área.

En este sentido, cabe señalar que las Agendas Digitales no son una declaración de intenciones sino un instrumento de trabajo que nuestro país ha venido cumpliendo en sus ediciones anteriores y eso le ha permitido un lugar de destaque a nivel regional e internacional en materia de avances en tecnologías de la información y la comunicación.
Recientemente el gobierno nacional presentó la Agenda Digital 2025, que reúne los objetivos estratégicos y líneas de acción nacionales en materia de desarrollo digital. Se trata de un trabajo liderado por Agesic, en colaboración con 40 organizaciones del ámbito público, privado, la academia y la comunidad técnica, así como con integrantes del Consejo Asesor Honorario para la Sociedad de la Información (CASHI).
La nueva Agenda es “la continuidad de un proceso de política digital, iniciado en el año 2000, que es evolutivo, sostenido y consensuado entre todas las partes interesadas” y está estructurada en cinco áreas de acción referidas a la sociedad digital inclusiva, el impulso a la competitividad e innovación en sectores estratégicos, la transparencia y eficiencia en el sector público así como las que se refieren al fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones, la conectividad y la ciberseguridad a nivel nacional.
Basándose en el concepto de resiliencia, plantea la profundización del uso de las tecnologías de la información y la comunicación para hacer frente a los desafíos que hoy se nos imponen. Allí se plantea que nuestro país “que ha sido pionero del desarrollo digital e incorporación de tecnologías de la información y la comunicación, tiene aún el gran desafío de profundizar en el uso de esas tecnologías” ya que “si bien casi nueve de cada diez uruguayos son usuarios de internet y la oferta de servicios digitales de gobierno es muy amplia, dichos servicios están todavía lejos de ser incorporados por la mayoría de la población y persisten barreras y desafíos para muchos individuos”.
En este sentido, las líneas de trabajo previstas para la ciudadanía incluyen la implementación de “modalidades pedagógicas combinadas en todos los ciclos de la educación formal, que, con la mediación de la tecnología, aseguren aprendizajes de calidad y contribuyan a la integración de los centros, las familias, y la comunidad”, una estrategia digital para adultos mayores, el desarrollo de procesos de reconocimiento y localización de las personas beneficiarias de planes sociales y el impulso de la “diplomacia digital” incorporando herramientas tecnológicas para el fortalecimiento de las tareas consulares.

Otros objetivos y líneas se refieren a la vinculación entre la tecnología digital y el mundo del trabajo, “transformar el alcance, la calidad y pertinencia de la orientación y formación profesional, a través de experiencias de aprendizaje innovadoras que integran la digitalización, para la mejora de la empleabilidad de la población económicamente activa”, ampliar las ofertas de carreras tecnológicas, facilitar la interacción de las empresas con los organismos del Estado.
La incorporación de tecnología en los sectores productivos prevé avanzar en la adopción de procesos basados en Internet de las cosas y automatización en los sectores productivos estratégicos; el impulso de la economía circular, la descarbonización del país desarrollando plataformas digitales que faciliten el acceso a los servicios relacionados con la movilidad eléctrica, otros usos y servicios eléctricos, el desarrollo de soluciones de AgTech avanzar en la publicación de datos abiertos del sector agropecuario y pesquero, y promover el fortalecimiento de una comunidad emprendedora que pueda ofrecer soluciones a problemas que enfrentan los actores del sector. La innovación financiera y el desarrollo de nuevos productos digitales así como agilizar el tránsito y disminuir los costos operativos, mediante la automatización total de los peajes ubicados en la red vial nacional son otras de las metas a trabajarse en los próximos 4 años.
En definitiva, el gobierno ha definido una Agenda Digital que profundiza algunos objetivos y acciones desarrolladas en las Agendas anteriores bajo otro partido político, lo cual es saludable en la medida que se trata de políticas de largo plazo que ha abrazado el país y le han provisto de reconocimiento internacional además de haber introducido cambios significativos en políticas públicas para los ciudadanos desarrolladas en los años anteriores. También se introducen algunas novedades y prioridades para lo que se verá en la práctica la forma en que se llevan a cabo e impactan en la población, empresas y el propio Estado.

Lo que es innegable es que la sociedad digital ha experimentado una aceleración sin precedentes a nivel global y también en Uruguay a partir de 2020 y hoy en día muchas dimensiones de la vida diaria de las personas y empresas se sostienen en base a soluciones digitales. En este sentido, algunos de los grandes temas incluidos en la nueva versión de la Agenda Digital 2025 podrían tener un peso importante para contribuir a la recuperación socioeconómica ante la pandemia del COVID-19 y promover el desarrollo sostenible en el país. Ahora bien, el rumbo hacia el que se pretende avanzar también viene con grandes desafíos en los que la ciencia, tecnología e innovación están llamadas a desempeñar un papel urgente y a la vez complejo porque debería hacerse sin dejar a nadie atrás.
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Cantaba Carlos Gardel “que veinte años no es nada”, y diez serían entonces la mitad de nada, pero los próximos podrían llegar a ser sumamente relevantes si el mundo le lleva el apunte al último llamamiento (que puede entenderse también como un último llamado) de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para restaurar los ecosistemas dañados bajo la consigna “Si no actuamos, nos quedamos sin planeta”, una reformulación manteniendo el sentido del “There is not plan(et) B” –“No hay plan(eta) B”–, una consigna que se ha popularizado en manifestaciones ambientalistas, sobre todo juveniles, alrededor del mundo.
Las metas planteadas por la ONU son bastante concretas. “El proyecto calcula que la rehabilitación de aquí a 2030 de unos 350 millones de hectáreas de ecosistemas terrestres y acuáticos degradados generaría nueve billones de dólares en materia de servicios ecosistémicos, y eliminaría de la atmósfera de 13 a 26 gigatoneladas de gases de efecto invernadero”. Agrega que los beneficios económicos de las operaciones que se requieren, exceden en diez veces el costo de la inversión, mientras que el precio de no actuar “es al menos tres veces mayor que el de la restauración de los ecosistemas”.

En el lanzamiento, en la víspera de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, se hizo una invitación “a todas las personas a participar deteniendo y revertiendo la degradación de los ecosistemas alrededor del planeta y pide que todas las publicaciones relacionadas con este tema que se promuevan en redes sociales se etiqueten como #GeneraciónRestauración”.
En su mensaje por el 5 de junio, el secretario general de la ONU, António Guterres, alertó que el planeta está alcanzando rápidamente “extremos irreversibles” y que nos exponemos a la triple amenaza de la pérdida de la biodiversidad, la alteración climática y el aumento de la contaminación.
“La humanidad lleva demasiado tiempo talando los bosques del planeta, contaminando sus ríos y océanos y arando sus pastizales hasta hacer que caigan en el olvido. Estamos devastando los ecosistemas que sustentan nuestras sociedades”, afirmó. El riesgo es que en el futuro se produzca la escasez de alimentos, agua y recursos necesarios para la supervivencia.
Las tareas que se proponen implican masivas replantaciones y protecciones de bosques, limpiezas de ríos y mares y apuntar a hacer cada vez más verdes las ciudades. Por ejemplo, Pakistán se propone llevar adelante un “tsunami” de mil millones de árboles al cabo de esta década.
Pero la esperanza de Guterres es que este plan también tenga impacto en la generación de millones de empleos. “De aquí a 2030, se generarán unos ingresos anuales de más de 7 billones de dólares y se contribuirá a eliminar la pobreza y el hambre”, planteó.
En Uruguay, sin dejar de reconocer que en una comparativa con otros países estamos en una situación privilegiada, hay muchísimos problemas ambientales a resolver, pero también hay buenas señales.

Una de estas señales, muy importante por cierto, fue la creación del Ministerio de Ambiente, desprendiendo el área de la estructura del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Y si bien hay aspectos que se relacionan con el ambiente, su preservación y (agreguemos de ahora en más) su recuperación, en muchos temas se nota la impronta de que haya una secretaría y un ministro con dedicación exclusiva al tema.
En el mismo discurso del ministro Adrián Peña se nota como algunas cosas empiezan a encontrar un balance, como su propósito de que el país le haga honor a ese eslogan de “Uruguay Natural”, una marca país que se defiende en una comparación con lo que pasa en otras naciones, por supuesto, pero que flaquea en cuanto nos preguntamos si realmente estamos haciendo todo lo que podemos por el ambiente. Y allí surgen temas como el cómo producimos alimentos, cómo nos desplazamos por las ciudades, cómo nos calefaccionamos, cómo cuidamos el agua, cómo aprovechamos los alimentos que producimos, cómo nos deshacemos de nuestros residuos, etcétera.
En Paysandú también hemos visto buenas señales (al menos expresiones de buena voluntad) desde la Intendencia Departamental, en especial con respecto a este tema de la gestión de los residuos, con la ampliación de la red de Centros de Entrega Voluntaria de residuos reciclables y la comprensión de que hay que acercarse y trabajar más con los vecinos, para que entiendan que es necesario ese pequeño esfuerzo de caminar algunas cuadras y que las botellas, las telas y los cartones no se vayan con el resto de la basura al vertedero. Lo mismo ocurre con la mayor visibilidad que se le quiere dar a la recolección de las pilas, un residuo sumamente complicado por el impacto que ocasiona, y con el aceite usado de cocina, una experiencia que ha sido exitosa, pero todavía reducida.

Sin embargo una de las señales más importantes es la del explícito apoyo que anunció el director de la Unidad de Gestión a un emprendimiento sanducero, innovador, como Ciclo Orgánico, que plantea la recuperación de residuos orgánicos, sumamente aprovechables en la generación de compostajes para mejoramiento de tierras. El trabajo de este emprendimiento ha sido muy efectivo a pequeña escala. Habrá que ver cómo se implementa esta experiencia con mayor volumen de residuos y si la población se pliega a esa iniciativa.
Así, como quien no quiere la cosa, se va a ir generando una clasificación hogareña, separando los materiales reciclables (por ejemplo metales, botellas plásticas, papel, cartón), de los orgánicos (cáscaras vegetales, cáscaras de huevo, yerba mate, restos de poda, etcétera), y los problemáticos (neumáticos, pilas, lámparas usadas, electrónicos, entre otros). Si nos convencemos de esto durante esta década, estaremos aportando a un cambio significativo, porque ¿qué genera todo esto? Por una parte habrá menos basura que llegue al vertedero o relleno sanitario, pero a su vez esa basura que no llega, estará generando valor y de su mano sustentando nuevos empleos en la economía –que serán de mayor o menor calidad en función del volumen que se logre recuperar–.
Se puede hacer más (salir a limpiar los montes nativos y los cursos de agua, dejar de utilizar leña de monte nativo para calefaccionarnos o hacer un asado, reemplazar árboles exóticos por especies autóctonas, elegir moverse en bici toda vez que se pueda), pero haciendo esto, ya no es poco lo que se está contribuyendo. → Leer más

Las alternativas del combate a la pandemia han arrojado desde respuestas positivas a cuestionamientos, negacionismo y hasta indiferencia en la población, tanto a nivel personal como corporativo y sectorial, con base en una diversidad de visiones y convicciones, incluyendo la mirada ideológico-partidaria en determinados grupos que cultivan el “cuanto peor mejor”, si entienden que este escenario arrima agua para su molino y cálculos electorales, en el plazo que sea.
Por cierto, también se recomiendan “medidas” sobre la base de cada situación personal, aunque se argumente lo contrario, porque por ejemplo una cosa es pedir el “black out” o cierre total cuando se recibe cómodamente el salario en la casa, sin trabajar, en el Estado, o haciéndolo con teletrabajo, con pocas exigencias, y otra cosa es la suerte del empresario, del trabajador que debe estar en la calle buscando el sustento diario, y que requiere por lo menos un mínimo de actividad para que se cree riqueza y haya dinero para reciclar.

No es tan difícil asumirlo, por supuesto, y de ahí la inviabilidad de “propuestas” delirantes como la renta básica universal para distribuir al por mayor recursos que no se generan, y por otro lado la contundente demostración de que en mayor o menor grado han resultado fallidas las “cuarentenas” que se han ensayado, creando solo más pobreza y desocupación, aún en países ricos, que han debido reabrir más temprano que tarde para no sepultar sus economías, por más fuertes que sean.
En este ir y venir de medidas, de abrir y cerrar “perillas” como en nuestro país, procurando que pese al aumento de los casos de COVID-19 no se siga hundiendo la ya maltrecha economía, se ha promovido la denominada “libertad responsable” llamando a la propia población a cuidarse, a evitar reuniones, hacer uso de los protocolos y reducir al máximo la movilidad y los encuentros familiares, que son un disparador harto comprobado de la mayoría de los casos.
Pero naturalmente, hay de todo en la viña del Señor, incluso por encima de las franjas etarias, con grupos que han abrazado cuestionar todo lo que se haga, sin una mínimo de visión objetiva, para ponerse en la vereda de enfrente y lanzar piedras contra todo lo que se intente.

Cierran así los ojos a la realidad que da cuenta un día sí y otro también de los serios problemas que acucian a los países afectados por la pandemia, tengan gobiernos de derecha, de izquierda o de centro, porque hay muy poco margen de maniobra, salvo lo que se ha ensayado, y que la única medida contundente y efectiva sería contar con una montaña de dinero para repartir entre la población y así posibilitar que todos puedan quedarse en casa a esperar que la pandemia se vaya sola por agotamiento de la reproducción del virus. Aun asi, esta visión no es realista, porque la renta básica no soluciona la crisis de las empresas –desde las PYME hasta las más grandes—que colapsarían en una cuarentena dura como la que proponen, y por lo tanto, sería condenar al país entero al hambre y la miseria en el corto plazo. Algo que bien saben los que piden esta medida extrema, pero que de eso se trata: jugar con el miedo de la gente para arrinconar contra las cuerdas al Gobierno en algo que no puede hacer, y que si lo hace, en poco tiempo el descontento será tal que terminará prácticamente en el caos en las calles.

Por otra parte, la única posibilidad legal de restringir las libertades individuales consagradas en la Constitución de la República es instaurando las Medidas Prontas de Seguridad, que por supuesto ponen los pelos de punta a la sociedad porque recuerdan al doloroso pasado militarista de la última dictadura. Y aún si se llegase a ese extremo, por ejemplo con un acuerdo amplio entre todos los partidos, vale imaginar lo difícil que sería hacer valer el toque de queda, con miles de arrestos y sanciones a quienes no lo respeten, cuando ni siquiera ha sido imposible lograr que buena parte de la población se ajuste a las medidas sanitarias exhortadas en un momento en que los números de víctimas del COVID-19 se disparan, a la vista de todos. Entonces es fácil imaginar el caldo de cultivo del descontento social que se generaría de aplicarse la receta de la oposición, que se relame azuzando la grieta que ellos mismos se han encargado de generar.
Por eso la receta es vacunar masivamente y al mismo tiempo cumplir los protocolos para limitar todo lo posible la transmisión, porque no existen “jugadas geniales”, y de lo que se trata es de que cada uno asuma sus responsabilidades, por encima de cada situación particular, para cuidarnos entre todos y cortar con la circulación viral.
Ello se ha logrado solo parcialmente, porque el factor humano es decisivo cuando se otorga “libertad responsable”, y en los hechos, de acuerdo a la experiencia, muchos de los que piden medidas restrictivas obligatorias son los mismos que son los primeros en cuestionar la represión y la supuesta conculcación de libertades, aunque ello sea por el bien común.
Y también tenemos los que están en la cómoda y solo piensan en preservar sus beneficios e intereses, como ha sido el reciente caso de los integrantes del gremio del Sodre, organismo supuestamente nacional que sin embargo tiene el cien por ciento de sus funcionarios e infraestructura en Montevideo.

Es así que recientemente se realizó una experiencia enmarcada en el “plan responsable” para poder desarrollar actividades culturales en pandemia, como piden desde hace tiempo los afectados en este sector, con un espectáculo de ballet en el auditorio Adela Reta, a través de invitaciones especiales para concurrir al evento, con la contrapartida de la toma de temperatura, hisopados y otras medidas de control para asegurar que no ingresaran personas que pudieran transmitir el COVID-19, en un ensayo de lo que podría entenderse como un posible carné sanitario para poder abrir otras actividades con cierto margen de seguridad.
Sin embargo, el gremio del Sodre decidió no participar e incluso sus funcionarios se negaron a tomar la temperatura a la entrada, por lo que este requisito que se cumple en gran parte de la actividad privada, con personal de seguridad y funcionarios de las propias empresas no pudo ser aplicado por decisión del sindicato, argumentando que sus funcionarios no quieren exponerse a supuestos contagios de quienes ingresaran al cumplir este sencillo control.

Ante esta medida el control de temperatura estuvo a cargo del ministro de Cultura, Pablo Da Silveira, junto al presidente del Sodre, Martín Inthamoussu. El jerarca destacó la ayuda de “mucha gente del Sodre” para que el plan piloto funcionara.
Además de la falta de solidaridad con otras personas del mundo de la cultura para que por lo menos vuelvan los espectáculos cuando se abra la transición hacia la normalidad, que vienen reclamando desde hace mucho tiempo, la medida sindical pone de relieve una vez más, que desde la comodidad del trabajo seguro y bien remunerado, se pone el palo en la rueda para que no se avance en medidas de ensayo-error, para buscar alternativas en medio de la crisis sanitaria.

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El departamento de Rivera salió del nivel rojo y contabiliza unos 400 casos activos de COVID-19. Los positivos descendieron en las últimas semanas y esa realidad permitió que ingresara al nivel naranja y se constituyera como un ejemplo de lo que puede ocurrir en un futuro, a pesar de las complicaciones existentes a nivel local, donde Paysandú se enmarca en una región “incendiada”.
Las autoridades riverenses estiman que el elevado nivel de inoculación (más del 47 por ciento de su población) y los decretos departamentales establecidos en marzo presionaron a la baja al coronavirus y permitieron una mayor libertad económica en 12 kilómetros de frontera seca.
Sin embargo, fue uno de los departamentos más complicados del Interior desde finales del año pasado hasta marzo y encabezó las peores estadísticas con los primeros dos fallecidos con o por COVID-19 el 23 de mayo de 2020. Desde entonces el recuento se elevaba mes a mes, hasta el punto de sumar aproximadamente 190 fallecidos. De hecho, el 27 de abril arribaba a los 10.000 casos confirmados desde el comienzo de la contingencia sanitaria.
Incluso era –al 17 de marzo– el más afectado, con 81, 98 de promedio en el Índice de Harvard cada 100.000 habitantes, cuando a esa fecha en el país el promedio era de 33,85. Entonces, el gobierno creaba una barrera sanitaria y destinaba una mayor cantidad de dosis de vacunas e instalaba vacunatorios en las localidades más pobladas como Minas de Corrales, Vichadero y Tranqueras.
Un mes después (15 de abril), más del 45 por ciento de su población estaba vacunada y en mayo, era el cuarto departamento con mayor cantidad de primeras dosis (57,7 por ciento) y el segundo con segundas dosis (43,16 por ciento). Si bien el departamento cuenta con una población de aproximadamente 104.000 habitantes –de acuerdo al Censo de 2011– este fin de semana alcanzaba a 66.000 personas con la primera y 47.000 con la segunda dosis.
También la realidad económica y social de los riverenses es complicada desde hace años. De acuerdo con los datos de 2019 del Observatorio Territorio Uruguay de la Dirección de Descentralización e Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), al menos el 10 por ciento de los hogares ya se encontraba debajo de la línea de pobreza y más del 45 por ciento de las personas tenían al menos una necesidad básica insatisfecha. Era significativamente mayor al promedio nacional.
Además, casi el 50 por ciento carecía de conexión a la red del sistema sanitario y el 9 por ciento de los hogares no estaba conectado al servicio de agua potable. Contaba con el mayor porcentaje de población analfabeta mayor a 15 años de todo el país (2,7) y se ubicaba en el de menor cantidad de años de escolaridad. Tenía en 2018 la tasa más alta de homicidios a nivel nacional, con 13,8 cada 100.000 habitantes.
Y como esta realidad económica y social se volvió más compleja en tiempos de pandemia, es posible analizar que la respuesta ciudadana a las campañas establecidas por las autoridades para la vacunación y por un descenso en la movilidad, fue la consecuencia del panorama actual.
En los últimos días Uruguay alcanzó un total de tres millones de dosis aplicadas, de las cuales poco más de un millón corresponden a la segunda dosis (30,4 por ciento).
En medio de esta situación, el 14 de mayo la cámara de representantes votaba por unanimidad el proyecto que solicitaba al Poder Ejecutivo la reapertura de los free shops. Tanto el oficialismo como la oposición coincidían en que el descenso de los casos activos en Rivera habilitaba a tal decisión. A pesar de las discusiones demagógicas instaladas en los últimos días, aquella iniciativa aseguraba: “La situación al presente es distinta pues ha habido un descenso importante en los casos activos en los departamentos fronterizos en los que están autorizados los free shops, pero además ha habido un aumento sustantivo de la vacunación”. Por lo tanto, manifestaban “la aspiración del Cuerpo para que se proceda a la reapertura de los comercios que operan en régimen de free shop”.
Rivera sostiene el 60 por ciento de los free shops a nivel nacional y emplea a unas 1.500 personas de un total de 4.000 que trabajan en este sector. Actualmente arriban miles de personas a la frontera y los residentes aseguran que, en realidad, nunca dejaron de llegar.
Toda esta descripción es posible que aporte a mantener en alto las expectativas de lo que puede lograr la ciudadanía desde su lugar, en cada rincón del país. Rivera es hoy la excepción, pero no lo era hasta hace algunas semanas.
La perseverancia, como en otros órdenes de la vida, permite resultados positivos. Así como la resiliencia, que hará mucha falta cuando pase esta pandemia y nos deje enseñanzas a transmitir a las siguientes generaciones.
Cada habitante de este país, nacido aquí o no, tiene un compromiso personal y comunitario. Sin embargo, cada uno deberá demarcar su propio camino y tratar de escuchar cada vez menos a aquellos referentes de la clase política que no están a altura de las actuales circunstancias.
Hoy es más urgente que nunca utilizar el sentido de la oportunidad para resolver por cada uno de nosotros. De lo contrario, estamos condenados a dejar las decisiones en manos de otros y a enojarnos por su falta de resultados. → Leer más

Al igual que en otros departamentos, en Paysandú se procedió al sorteo de cupos del plan de apoyo laboral “Jornales solidarios”, el cual se extenderá entre el 1º de junio y el 30 de noviembre, en seis quincenas con un pago nominal de 12.500 pesos mensuales. Existen 15.000 puestos de trabajo distribuidos en todo el país, 729 de los cuales corresponden a nuestro departamento. Sin lugar a dudas que se trata de una iniciativa valiosa, que intenta mitigar la falta de trabajo que azota a nuestro país como consecuencia de la pandemia causada por el coronavirus COVID-19 en estos casi trece meses de incertidumbre y desasosiego económico y social. De acuerdo con lo informado oportunamente a nuestro diario por Lorena Abate, directora de Gestión Humana de la Intendencia de Paysandú, “para muchos probablemente será su primera experiencia laboral, por lo cual tendremos que brindar una capacitación, que incluirá normas de seguridad, de acuerdo al área donde deberán cumplir su tarea”. A cada trabajador se le entregará un chaleco con la inscripción Jornales Solidarios. Se dividirá en dos grupos el total de cupos que se determinen para cada localidad (considerando población y cantidad de inscriptos). El primero trabajará la primera quincena (doce días efectivos). Luego, para la segunda quincena ingresará el segundo grupo. El segundo mes el segundo grupo trabajará la primera quincena, y el primer grupo la segunda. Y así sucesivamente.
Sin desconocer la importancia de la iniciativa instrumentada en nuestro departamento por la Intendencia Departamental, creemos que la difusión de los resultados debería incluir el nombre y apellido de las personas favorecidas, conjuntamente con el número de su cédula de identidad (el único dato personal que se brinda en la actualidad). El motivo de esta información adicional es dotar de mayor transparencia al proceso, asegurándose el control que todos los ciudadanos pueden realizar a los efectos de impedir o corregir, según el caso, que las personas sorteadas mantengan algún vínculo con las autoridades y que ello pueda ser interpretado como un favoritismo basado en coincidencias político partidarias o de otra naturaleza. Si bien podría argumentarse que tal información forma parte de los datos personales (definidos por la legislación vigente como la información de cualquier tipo referida a personas físicas o jurídicas determinadas o determinables), lo cierto es que esta limitación podría solucionarse a través del consentimiento de los aspirantes para que, cumpliendo los requerimientos que dispone dicha norma, se permita difundir su nombre y apellido además del número de su cédula de identidad. A los legítimos intereses de los aspirantes a la protección de sus datos personales debe anteponerse el derecho de los demás aspirantes a conocer quiénes han sido elegidos, despejando así cualquier tipo de práctica contraria a la buena administración. Como en tantos otros aspectos de la actividad pública, estamos hablando nada más y nada menos que del manejo de recursos que pertenecen a todos los habitantes y de las expectativas de quienes aspiran a mejorar su condición económica a través del referido llamado.
De hecho así procedieron las intendencias de Colonia, Durazno, Cerro Largo; en el caso de Soriano incluso se publicó la nómina completa de los anotados, junto con los datos filiatorios.
La forma en que los resultados de dichos sorteos son difundidos constituye otro de los aspectos en los cuales deberían instrumentarse mejoras que favorecerán tanto a los inscriptos como a la ciudadanía en general. En efecto, si bien la página web de la Intendencia Departamental es una forma correcta de difusión, ello no significa obligatoriamente que la misma sea todo lo efectiva de otros canales como los medios de prensa departamentales, cuya penetración aseguraría una mayor transparencia en este sentido. Si bien oportunamente se informó que “el resultado de los sorteos se dará a conocer a través de los medios de comunicación y también se publicarán en la página institucional de la Intendencia”, lo cierto es que dicha página terminó siendo el único canal de información, dejando de lado a los referidos medios de comunicación y asumiendo su rol, lo que obviamente no le corresponde desde el punto de vista institucional.
En este contexto, no resulta posible desconocer que lo expresado en el paso mes de febrero por la organización Transparencia Internacional según la cual “Uruguay con 71 puntos vuelve a situarse como el mejor de la región y el segundo de América por detrás de Canadá. Esta puntuación lo ubica en el puesto 21 sobre un total de 180 países. En un 2020 marcado por los efectos adversos debido a la pandemia por COVID-19, países como Uruguay, con un sistema de salud fortalecido y de alcance nacional, logran mejores resultados en el manejo y prevención de la corrupción en momentos de crisis sanitaria. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que califica 180 países por sus niveles percibidos de corrupción del sector público según expertos y empresarios, utiliza una escala de 0 a 100, donde 0 es “muy corrupto” y 100 “muy limpio”. De acuerdo a Transparencia Internacional, al igual que años anteriores, más de dos tercios de los países puntúan por debajo de 50 en el IPC de este año, con una puntuación media de solo 43. Los datos muestran que, a pesar de algunos avances, la mayoría de los países aún no abordan la corrupción de manera eficaz”.
Todos esos reconocimientos internacionales en materia de transparencia no pueden ni deben hacer que “nos durmamos en los laureles”, porque se trata de una materia que se construye día a día a través de pequeños pasos que van construyendo y consolidando mecanismos virtuosos de transparencia institucional que puedan mantenerse a pesar de los cambios de los partidos en el gobierno que puedan producirse. Todo ello adquiere especial relevancia a partir de la pandemia ya que como fuera informado por EL TELEGRAFO, “durante 2020 el desempleo en Paysandú promedió el 12,4 por ciento, mientras en todo el país fue del 10,4 (el departamento superó el promedio de desocupados para todo el país) y en el Interior del 10,9, mientras en Montevideo este índice fue del 9,5 por ciento. Los valores fueron dados a conocer en informe del Instituto Nacional de Estadística, al hacer un resumen del escenario nacional en el período. (…) En la discriminación del grado de ocupación por sexo, indica el informe que en Paysandú en hombres el desempleo es del 9,5 por ciento, en tanto que en el caso de las mujeres es de 15,7 por ciento. En todo el país el desempleo en personas del sexo masculino es del 8,6 por ciento, en el Interior del 8,7 y en Montevideo del 8,6. En Salto es del 9,7, en Río Negro del 7,6, en Tacuarembó del 8,5, Artigas 9,6, Maldonado 7,7. En el caso de las mujeres, el desempleo en Paysandú es del 15,7, como señalábamos, en todo el país del 12,4, en el Interior 13,8, en Salto 15,1, en Río Negro 13,0, Tacuarembó 14,9, Artigas 12,8, Maldonado 12,6 y en Montevideo 10,6”. Sin lugar a dudas Paysandú se encuentra en una situación económica y social muy delicada y por eso mismo todos los esfuerzos por dotar de mayor transparencia a los concursos como los realizados en el marco del plan Jornales solidarios son y deben ser instrumentados en forma rápida y efectiva.
Conocer la identidad de quienes han sido los beneficiados de tales sorteos y recurrir a los medios de comunicación para su correcta difusión, constituyen aportes que ayudan a cimentar un sistema público más transparente y democrático para beneficio de toda la ciudadanía.
Por otra parte, el hecho de publicar los resultados en medios que no son las vías normales de información de la sociedad genera un peligroso antecedente, puesto que de proceder así en otras circunstancias podría considerarse suficientemente notificado cualquier otro procedimiento que pudiese ser de interés de la población, cuando en realidad apenas se enteró una mínima parte de la población que sigue las páginas institucionales. → Leer más