Opinión

El 13 de marzo de 2020 ocurrió el primer caso de COVID-19 en Uruguay. De inmediato cundió el pánico en la población, alertada de lo que estaba sucediendo en el resto del mundo con la pandemia desde diciembre del año anterior.
En ese momento poco se sabía de la enfermedad que mataba al 1,7% de los enfermos y que demostraba una capacidad de contagio inusitada. No había nada que hacer, más que confinarse en sus hogares, usar tapabocas y alcohol para desinfectar manos y superficies que pudiesen estar contaminadas, a la espera de una vacuna que salvara al mundo pero que no se sabía cuándo estaría disponible. Ni siquiera había una vacuna en etapa de prueba.
Ante la emergencia, a pesar de que casi no se registraban casos, el gobierno exhortó a la población a reducir la movilidad y recluirse en sus hogares voluntariamente, algo que fue acatado por la inmensa mayoría de los uruguayos. También obligó a suspender los espectáculos públicos, cerró cines, gimnasios, espacios públicos, restaurantes, etcétera. Y nadie se opuso. Por el contrario, muchos pedían medidas más severas, como las que había tomado Argentina en sintonía con algunos países europeos. No había “negacionistas”, quizás porque el miedo podía más que la necesidad de trabajar o de relacionarse socialmente.
Sin embargo el problema con el COVID-19 no estaba tanto en la tasa de mortalidad –que es muy inferior a otras pandemias que azotaron a la humanidad en otras épocas– sino el potencial colapso de los sistemas sanitarios de cada país. En especial de los Centros de Cuidados Intensivos (CTI), así como la falta de respiradores artificiales, necesarios para asistir a pacientes críticos. Fue así que de inmediato aparecieron inventores de todo tipo, aportando ideas para construir respiradores caseros ante una eventual insuficiencia de equipos.
Desde estas páginas, en cambio, veíamos otra realidad. Alertábamos que un cierre total de la economía traería consecuencias aún más graves que la pandemia, porque el impacto económico sería tal que provocaría el cierre definitivo de miles de empresas, en especial de las PYME, que arrastrarían a decenas de miles de familias a la pobreza o incluso hasta la indigencia, con pocas posibilidades de revertir su situación en el mediano plazo. Y es bien sabido que la desesperanza es el caldo de cultivo para la violencia, el suicidio, la delincuencia y un montón de otros males que no se curan con una vacuna o 15 días de cuarentena.
El gobierno supo leer esta realidad y además de tomar medidas para evitar la catástrofe –que siempre serán insuficientes– optó por un camino intermedio, apelando a las “perillas” de la economía para evitar el colapso total que sería inevitable si se declaraba la cuarentena obligatoria; que además no iba a ser por 14 días sino meses, de acuerdo con la experiencia de otros países.
Y a un año de aquellos acontecimientos podemos asegurar que la decisión fue acertada, por cuanto estuvimos casi 10 meses esperando la “primera ola” de contagios, mientras los casos diarios casi se podían contar con los dedos de las manos.
Pero en febrero de 2021 llegó el tsunami, no por una “Carmela” sino por el movimiento de miles de uruguayos que se abastecían –y aún lo hacen– en las ciudades limítrofes con Brasil, o sobreviven del “bagayo” y que de esa forma introdujeron una cepa mucho más contagiosa y mortífera de la enfermedad, que circulaba en el país norteño.
La curva de contagios diario se disparó y desde el 25 de febrero hasta el 10 de abril no paró de crecer.
Pero la situación del país ya no era la misma que un año atrás, y en esta oportunidad ya muy pocos estaban dispuestos a encerrarse voluntariamente en sus casas esperando que algún día se terminara esta historia de terror. Algunos porque están cansados de la situación, otros porque la economía familiar ya está muy resentida por las medidas sanitarias en vigencia desde 2020, y otros –demasiados– influidos por la ola negacionista que ha copado las redes sociales. Las muertes ahora son números de una fría estadística que a una buena parte de la población le importa poco y nada y, por lo tanto, siempre encuentran la forma de relativizarlos.
Pero el 1º de marzo comenzó en nuestro país la inoculación masiva con la vacuna Sinovac, que no es buena para evitar los contagios pero sí para evitar los casos graves o muertes. El problema de las vacunas –de cualquiera de las que existen— es que para alcanzar la inmunidad de rebaño se necesita un 70% de la población inoculada y con al menos 14 días desde la última aplicación. Actualmente sólo un 30% está en esa situación. Sin embargo, los resultados ya se pueden apreciar: si bien la cantidad de casos diarios siguió creciendo, la ocupación de camas por COVID-19 ha permanecido estable por más de un mes, sin registrarse un colapso de los CTI, que en definitiva es lo que desde un principio se ha querido evitar.
El gran problema que tenemos actualmente no es el COVID sino el hecho que una buena parte de la población niega la pandemia y no está dispuesta a vacunarse. Pero dado que en poco tiempo se habrá logrado inocular a todo aquel que quiso recibir las dosis, es de esperar que el tan temido colapso del sistema de salud no se produzca.
Entonces el país tendrá que tomar una decisión trascendental para la población: hasta cuándo seguir con las medidas restrictivas de la actividad económica y social.
Como recordábamos al inicio de esta nota editorial, el gran problema de esta peste no es la tasa de mortalidad del COVID –que es muy baja e incluso similar a otras enfermedades corrientes–, sino que por su altísima velocidad de propagación contagia a tantas personas en tan poco tiempo que los sistemas de Salud se ven saturados, algo que dejará de ser una amenaza cuando la vacunación alcance un porcentaje más alto de la sociedad.
Dicho esto, corresponde entonces que, una vez inoculada la población que aceptó voluntariamente la vacuna, se libere completamente la actividad comercial, sin restricciones.
Ciertamente la enfermedad seguirá propagándose, incluso a mayor escala que ahora, pero en definitiva para quienes tienen la vacuna eso no será un problema, porque vivirán la enfermedad como cualquier otra de estación, con mayor o menor intensidad. Por supuesto que aquellos que no se vacunaron por decisión propia también serán susceptibles de enfermarse, con el agravante de que entre un 2 y un 4% de los enfermos en esta situación se sabe que morirán por esta causa; pero el Estado no estará omiso por cuanto habrá capacidad suficiente para atender los casos graves en los hospitales y sanatorios, y le ha dado a todos la posibilidad de cuidarse. Y, en definitiva, eso es lo que importa.
La sociedad toda no puede responder por quienes irresponsablemente, por decisión propia, deciden no cuidarse ni vacunarse. Es hora de hacerse cargo de las decisiones personales.
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La realidad ha puesto de manifiesto, que economía y pandemia no se llevan bien, sino que son radicalmente excluyentes entre sí, a menos que se pueda conciliar en forma criteriosa el ejercicio de la libertad responsable para controlar la transmisión con toma de conciencia y solidaridad, cosa que en América Latina, por ejemplo, solo se ha logrado a medias, por ser benignos con el término.
Cuesta hacer una enumeración más o menos completa en un escenario tan complejo y heterogéneo como es América Latina e incluso dentro de cada región o país, pero sin dudas el común denominador que quienes sufren la peor parte son los sectores que tienen que salir a buscar “la diaria”, contrariamente a lo que se da en el sector estatal, donde el funcionario público no enfrenta la disyuntiva de tener que pasar al Seguro por Desempleo, ser despedido o perder parcialmente su salario, en tanto la “empresa” para la cual trabaja jamás se va a fundir. Es más, en buena parte de las actividades el empleado del Estado solo se queda en su casa y va cobrar el salario al cajero a fin de mes, lo que dista un abismo de cómo debe manejarse el trabajador privado y los empresarios, los que dependen precisamente de la actividad que desarrollan para sostenerse y a la vez crear la riqueza que también sostiene a los asalariados estatales. ¡Casi nada la diferencia!
Y dentro del sector privado, los que por regla general llevan la peor parte son las micro y pequeñas empresas, por tener menos espalda para afrontar esta situación, pero a la vez también la problemática de las empresas de mayor tamaño refleja las consecuencias de esta realidad, y deben pelearla en el día a día para tratar de sobrevivir, a la espera de que se vayan disipando los nubarrones que trajo aparejados la pandemia.
Acerca de este escenario, un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reafirma que las pequeñas y medianas empresas de la región han acusado el fuerte impacto de la pandemia, o mejor dicho de las medidas restrictivas y caída de la actividad económica inherente a la situación, lo que agrava el escenario crónico de fragilidad y vulnerabilidad de estos emprendimientos.

Da cuenta el organismo que “la presión experimentada por la institucionalidad pública para enfrentar la pandemia” de COVID-19 reveló con claridad “las fragilidades del sistema de fomento” de las pequeñas y medianas empresas (PYME) pero al mismo tiempo estimuló la activación de “respuestas que de ser capitalizadas pueden resultar útiles para resolver viejas deudas” y “dar vida a nuevos programas o modalidades de operación más eficientes”.
Refiere la Cepal que hasta fines del año pasado se habían adoptado medidas de apoyo de diferente alcance, –orientadas principalmente al financiamiento– en países de la región, con resultados disímiles en un contexto erizado de dificultades, y en el caso de nuestro país se ha dado la participación en el tema de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), “que está jugando un rol fundamental como la agencia de las mipymes, con enfoque de articulación de programas concretos dirigidos a atender las debilidades empresariales en el país”.
De acuerdo a lo expresado por la presidente del ANDE, Carmen Sánchez, con relación a las acciones de aporte hacia la construcción de estrategias de reactivación económica, la financiación de esta institución presenta desafíos presupuestales notorios.
En este sentido explicó que la entidad logró cumplir con el decreto que ordenó disminuir el 15 por ciento del gasto dispuesto para toda la administración central y en ese marco destacó que “los programas se han mantenido pero se ha realizado una reasignación de fondos hacia los que se consideraron más relevantes”.
Con relación a los recursos disponibles en el sistema financiero, evaluó que si bien se han relajado los criterios de acceso al crédito, aún es importante aumentar el nivel de formalización de las empresas, en tanto los créditos fueron ajustados desde programas ya existentes y se ha ido evolucionando hasta la focalización de recursos en sectores que aún no han podido reactivar sus actividades, incluso en la gran empresa, pero a la vez se requiere fortalecer el trabajo en territorio para ampliar la implementación de estrategias locales.
En este contexto, en cuanto a los cambios recientes en torno a la institucionalidad vinculada con el apoyo a las empresas de menor porte, la Cepal considera que el Sistema Nacional de Transformación Productiva y Productividad Transforma Uruguay, creado en 2017, estableció un plan nacional para el período que finaliza este año como un marco de proyectos de carácter transversal, enfocado en áreas de interés para el desarrollo productivo.
Si bien la ANDE ha concretado aportes no reembolsables e incorporado asimismo aportes de contrapartes, desde su inicio en 2017 se considera que las medidas han resultado insuficientes para la dinámica que se procura generar en nuestro país en el ámbito de las PYME, y si ello ha sido insuficiente en épocas normales, mucho más lo es cuando la pandemia ha sido devastadora para la actividad en general de estos emprendimientos y las empresas en general, por encima de cual sea su envergadura.

En el caso de Uruguay, las PYME son las proveedoras de no menos del 80 por ciento de los empleos, y su precariedad acentuada en tiempos de pandemia son un factor clave para que se haya resentido la capacidad de captar y por lo menos mantener la fuerza laboral en el sector privado. Ya con serios problemas de formalidad para su desenvolvimiento, lo que repercute por lo tanto en la cobertura social y aportes a la seguridad social, como así también la inserción en el sistema, no es difícil inferir que las medidas restrictivas por la pandemia implican un impacto adicional en el sector y en la economía general, más allá de la sensible repercusión en el plano social.
Cada día que pasa, ante el número de contagios y muertes, se dice que “estamos en el peor momento” de la pandemia, pero los números van quedando atrasados día a día, lo que nos da la pauta de la gravedad del problema. Porque además no hay tema ni problemática que no esté contaminado por la pandemia, y la proyección en la economía, sobre todo de sectores más vulnerables, significa que se hace más difícil la recuperación, al mismo tiempo que va cayendo la calidad de vida de la población. Ello reafirma que es vital más que nunca el trabajar para que no siga cayendo el piso del que luego se va a partir para intentar volver a una normalidad que tampoco era el mejor de los mundos, pero que hoy se extraña, porque siempre se puede estar peor.
Pero no hay dudas, en este rompecabezas de afectaciones, que en el contexto general, el sector de la PYME deberá ser objeto de atención especial para atenuar la tendencia a una desaparición en cadena de empresas y de empleos, y contener la caída en la informalidad por imperio de las circunstancias, porque también está cercano el desafío de la pospandemia, y el punto de partida es clave, si tenemos en cuenta que no es lo mismo partir del fondo del pozo que alcanzar a tener la cabeza afuera para poder respirar. → Leer más

A lo largo de la historia de la humanidad, las epidemias y pandemias han sido también crisis históricas y sociales que han generado cambios demográficos, de organización social y comportamientos, así como en los valores morales y la identidad cultural.
La actual pandemia de COVID-19 está afectando negativamente la democracia a nivel mundial y en América Latina las restricciones a las libertades civiles impuestas por los gobiernos como respuesta al COVID-19 han agravado una problemática estructural ya existente y que se manifiesta en un descenso por quinto año consecutivo en el Índice de Democracia (Democracy Index), un “termómetro” desarrollado por la Unidad de Inteligencia de The Economist que se usa para evaluar la calidad de los procesos democráticos y de las instituciones gubernamentales en 167 países.
En 2020 esta herramienta, que anualmente mide la temperatura de la democracia en los niveles nacional, regional y global, registró su peor medición desde 2006: un total de 116 países registraron una caída en su índice de democracia, 38 países mejoraron y 13 permanecieron sin cambios.
Evidentemente, la pandemia por COVID-19 enfrentó a los países al enorme dilema planteado entre proteger la vida y la salud o perder libertades y, según el reporte, en todos los países analizados se optó por las restricciones a las libertades civiles.
Como es sabido, los ciudadanos de los diferentes países han accedido en mayor o menor medida a aceptar y cumplir las restricciones, dado que incluso los más acérrimos críticos coincidieron en que es necesaria alguna forma de distanciamiento social y uso de elementos de seguridad personal, por ejemplo.
“A pesar del acuerdo generalizado en la sociedad de que era necesario establecer medidas preventivas de aislamiento para contener la transmisión del virus, la cuestión de la libertad siempre fue un cuestionamiento central que fue creciendo con el paso de los meses. Estos cuestionamientos no solo fueron en dirección de las medidas más o menos coercitivas de restricción de la movilidad: también se refirieron a la libertad de expresión” plantea el reporte, divulgado en español en un extenso artículo publicado por InnContext, de Fundación Avina.
El estudio indica que en muchas democracias, y más aún en regímenes autoritarios, se observó una tendencia a limitar el debate y a acallar las voces disidentes, especialmente de las personas que se expresaban en contra del aislamiento. “Esto no solamente atenta contra uno de los principios más elementales de la democracia, sino que, además, mostró ser contraproducente: el silenciamiento de los discursos antagónicos al oficial impactó negativamente en la confianza de la sociedad en los gobiernos y en su capacidad para manejar la pandemia. Esto, a su vez, se tradujo en más críticas y en el surgimiento de muchas y muy diversas teorías conspirativas”, agrega.
Solo uno de los cinco indicadores del Índice mostró signos de mejora: el indicador de participación política, cuyo valor global pasó de 5,28 en 2019 a 5,42 en 2020, lo que indica que la suspensión de las actividades políticas y ciudadanas no fue un impedimento para la participación y el involucramiento social en los asuntos públicos. En este sentido, cabe señalar que a pesar de la situación de pandemia el año pasado hubo jornadas electorales –como el referéndum constitucional en Chile y las elecciones presidenciales en Bolivia y Estados Unidos– así como movilizaciones y protestas en relación al manejo de la crisis como a favor de cambios en políticas públicas que afectan a poblaciones específicas.
Según el estudio, América Latina “permanece como la región emergente más democrática del mundo”, detrás de Europa Occidental y América del Norte (conformada por Estados Unidos y Canadá). Por debajo se encuentran Europa del Este, Asia y Australasia, Oriente Medio y el Norte de África y África Subsahariana (estas dos últimas regiones concentran 40 de los 57 “regímenes autoritarios” del mundo).
A pesar de lo anteriormente expresado, también en Latinoamérica, donde según el Índice hay solo 3 “democracias plenas” (Costa Rica, Chile y Uruguay), 13 “democracias defectuosas”, 5 “regímenes híbridos” y 3 “regímenes autoritarios”, la pandemia también ha tenido el efecto de agravar viejos problemas como violencia, corrupción y debilidad institucional que atentan contra el pleno ejercicio de la democracia.
Una de las conclusiones señaladas por Inncontext a partir de los datos del estudio es que la pandemia reveló que buena parte de los gobiernos actúan como élites acostumbradas a no rendir cuentas y a excluir a la ciudadanía de las discusiones sobre los asuntos públicos, tendencia la verticalidad que se exacerbó en el contexto pandémico y, por otra parte, expuso las grandes falencias de los regímenes democráticos del mundo. Por otra parte, el multilateralismo y cooperación no han sido estrategias para enfrentar la crisis global, demostrando la fragilidad del sistema internacional.
En nuestro país, a pesar de su posición ventajosa como democracia plena reconocida en el Democracy Index, es innegable que el ejercicio de persuasión hacia ciertos modelos de comportamiento con distanciamiento físico implican una regulación de la vida social y, eventualmente una limitación de las libertades individuales en un contexto en el que el ciudadano parece quedar en una posición de mayor vulnerabilidad. No sólo por el posible contagio del virus sino por las consecuencias de las nuevas relaciones de poder y control social. Agreguemos a esto la propia irresponsabilidad de otros ciudadanos que poco esfuerzo realizan para colaborar en poner un freno a la pandemia.
Se trata de una situación que trae al primer plano el tema de las relaciones de poder y el rol del gobierno, los científicos y los medios de comunicación. Es un tema complejo y delicado que genera grandes debates y ha comenzado a manifestarse en polémicas recientes referidas al manejo de la pandemia por el gobierno, el rol del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) y las medidas recomendadas En definitiva, se registra en varios países un recrudecimiento de las medidas represivas, que en muchos casos fueron implementadas bajo la narrativa de la pandemia. Y esto en medio de una crisis para la cual aún no se avizora una salida sino que, por el contrario, presenta aspectos muy graves y el primero de ellos es la cantidad de muertes sin precedentes para las generaciones actuales en numerosos países. Una crisis que refuerza las vulnerabilidades y, evidentemente está teniendo y tendrá impactos económicos, políticos y sociales muy profundos y de cuyas secuelas nos llevará años recuperarnos.

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La salida de la pandemia no llegará en el corto plazo. No al menos la salida global, mientras los esfuerzos sean individuales y en busca de posicionarse mejor en un ranking con el que lo único que se busca es sostener posiciones de poder.
Para realmente pasar este mal trago el enfoque debe ser diferente, se deberá priorizar que realmente las vacunas lleguen a todos. Si no es de esta forma, las amenazas persistirán y el mundo no será un lugar seguro, por más que haya sectores aislados del mapa donde algunos se sientan a salvo. Pero ese no parece ser hoy el objetivo común.

La organización Médicos Sin Frontera (MSF) está impulsando una campaña en la que busca exigir la suspensión de las patentes médicas en esta pandemia para que “las vacunas, medicamentos y diagnósticos para el COVID-19 lleguen realmente a todas las personas”.
La campaña, dirigida a la Organización Mundial de Comercio (OMC), apunta a que los gobiernos exijan ante este organismo internacional la exención de patentes de los insumos necesarios para tratar el COVID-19 mientras dure la pandemia.
“Muchas de las herramientas médicas que se están desarrollando han recibido financiación pública en su etapa de investigación. A pesar de esto, las compañías farmacéuticas buscan patentarlas, controlar el precio y la producción”, alertó la organización.
MSF señaló que hace varios meses que en la OMC se debate una petición en este sentido, impulsada por India y Sudáfrica, a la que se plegaron posteriormente como patrocinadores otros 60 países, en su gran mayoría de África y Asia. “Sin patentes, se fomentaría la colaboración global para ampliar la fabricación, el suministro y el acceso a toda la población”, expresó la organización.
Esta iniciativa ya recogió el apoyo de los Estados Unidos para el inicio de negociaciones, anunciado por parte de su presidente Joe Biden.

El Parlamento Europeo, por su parte, aprobó una resolución sobre el VIH/SIDA que incluía un apoyo explícito a la propuesta de exención y se espera que en pocos días más se vote una resolución específica de apoyo a la propuesta de exención de los derechos de propiedad intelectual. Pero por el momento la Comisión Europea ha paralizado las negociaciones sobre la propuesta. La iniciativa ha recibido el rechazo de otros países como Japón, Australia y Brasil.
El problema es que mientras se dan estas lentas discusiones, la enfermedad avanza, especialmente en los países en desarrollo, aquellos a los que, si todo sigue como hasta ahora, las vacunas llegarán en último término.
En este tema, en el que es más urgente encontrar una solución, el mundo se sigue comportando como frente a otros, a los que parece querer solucionar aplicando una y otra vez la misma receta, es decir, básicamente pedirle a los países más poderosos compromisos que no asumen y que cuando lo hacen, lo hacen parcialmente y enfrentando presiones internas importantes.
Así ha ocurrido todo este tiempo con el cambio climático, desde los años 70, y cuando las organizaciones ambientalistas empezaron a denunciar los problemas que se enfrentarían en un plazo relativamente corto si no tomaban acciones para cambiar el rumbo de la creciente industrialización, se los ridiculizó y se desvirtuaron los informes en los que se habían expuesto los problemas que ya existían. Hoy, 50 años más tarde, aquí estamos viendo como esos problemas de los que se había advertido se hacen realidad. Y lo mismo aplica para la deforestación, la sobreexplotación de recursos que ha ocasionado la desaparición de especies, el hambre y la desnutrición en vastas zonas del planeta, la disparidad en el acceso a la educación y la cultura; en fin, una larga lista de situaciones en las que primaron intereses particulares por sobre los generales, postergando la búsqueda de soluciones.
En este caso de las vacunas y del acceso a los recursos queda aún más en evidencia, porque las soluciones se necesitan con rapidez; es más, para millones de personas alrededor del mundo y sus familias las soluciones ya son tardías. En Uruguay el número de muertes en el reporte del lunes fue de 4.276. Son más que la suma de la cantidad total de personas que habitan las localidades de Quebracho y Porvenir.

Esta semana los directores del Fondo Monetario Internacional, FMI; el Banco Mundial, BM; la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización Mundial del Comercio, OMC, solicitaron a la comunidad de donantes una inversión de 50.000 millones de dólares que serviría para generar nueve billones de dólares en beneficios económicos mundiales en 2025 e impulsaría la capacidad de fabricación y suministro de productos sanitarios.
“La declaración conjunta se basa en un reciente análisis del Fondo Monetario Internacional, según el cual es necesario destinar ese monto a nuevas inversiones de suministros de salud para aumentar su capacidad de fabricación, abastecimiento, circuitos comerciales y entrega, acelerando la distribución equitativa de material de diagnóstico, oxígeno, tratamientos, suministros médicos y vacunas”, indica el artículo publicado en la página Noticias.onu. Lógicamente que de conseguirse ese apoyo sería un espaldarazo significativo, pero una vez más la señal parece ser la de caminar por el mismo camino de siempre, evitando tocar intereses superiores. → Leer más

Las previsiones y aportes de especialistas que se están generando a lo largo de los meses respecto a cómo irán evolucionando el país, la región y el mundo a medida que vaya cediendo la pandemia hasta ahora han quedado cortas y han sido como regla general teñidas de un optimismo excesivo, que en alguna medida ha menospreciado la capacidad del virus COVID-19 tanto en su capacidad de transmisión, como en su letalidad y mutación para superar las barreras de inmunidad naturales y las adquiridas por la vacunación, en gran medida.
A su vez, de acuerdo a las circunstancias, ha ido cambiando la percepción de la opinión pública sobre el manejo político de la pandemia –en base a su proyección sanitaria y económica, como aspectos principales– y se ha ido deteriorando la visión positiva que se tenía al principio en directa relación con la duración del flagelo en todo el mundo, han aumentado las muertes y el descenso de edad de los internados en CTI, en tanto paralelamente se deteriora la economía, con matices de acuerdo al país y la región de que se trate.
Así, hay percepciones diferentes en las encuestas sobre como se ha manejado la problemática en países con regímenes democráticos donde la población se puede expresar con libertad, lo que no existe en regímenes autoritarios e incluso donde hay formación cultural diferente, porque en unos se aplican medidas autoritarias que deben ser respetadas a rajatabla so pena de pasarla muy mal con el régimen, tanto respecto a la vacunación como a la libertad de circulación y de aglomerarse, y en otros se ha procurado un equilibrio muy difícil de lograr entre la libertad, los derechos individuales y los de los demás.
Hay así dicotomías flagrantes a resolver y que no tienen equilibrio posible, por lo menos sin que queden prendas del apero por el camino: el derecho de cada uno a vacunarse o no, de acuerdo a su elevación personal y manera de pensar, y el de los demás que sí han decidido vacunarse, que por lo tanto han reducido los riesgos propios de contagiarse pero también los demás, al bajar la transmisión del virus y tender hacia la inmunidad de rebaño, que es un bien mayor a considerar.
Es decir, quien decide no vacunarse, por la razón que sea, además de hacer uso de su libertad, aunque no quiera está atentando contra la de los demás porque pone a los otros en riesgo, y en este balance entre derechos, libertades y deberes, se deja a la lucha contra la pandemia en un limbo muy difícil de resolver, cuando además no solo hay un problema sanitario de por medio, sino de la libertad constreñida para reunirse y movilizarse y la consecuente afectación en la economía y el tramado social.
Porque hay de todo en la viña del Señor, y están por un lado quienes defienden a rajatabla su derecho a hacer “lo que quieran” con su cuerpo –como si este extremo fuera posible– y por lo tanto rechazar la vacuna con mil y un argumentos, incluso de teorías conspirativas delirantes sobre los chips y la manipulación del ADN, entre otros– y los que entienden que la forma en que se han combatido las pandemias históricamente, desde que se pudo por los avances científicos, ha sido con la inmunización por vacuna.
También en cuanto a la actividad y sus consecuencias sobre el tramado socioeconómico: mientras desde el punto de vista de los infectólogos la solución ideal sería cerrar todo y encerrarnos todos para así cortar de raíz la transmisión del virus, desde sectores de actividad duramente afectados por los cierres, como es el caso del turismo, los organizadores de eventos, incluyendo hasta a los gimnasios, entre otros que procuran subsistir, están reclamando la apertura con determinados protocolos, los que asimismo en la realidad son muchas veces difíciles de cumplir e ignorados por muchos ciudadanos y se generan focos de transmisión en distintos ámbitos que no se han podido evitar.
El balance ante este conflicto, que pone de un lado a la pandemia y en otro a la economía, con derechos y obligaciones también en conflicto, debe ser dirimido con el gobierno y el Estado como árbitro en posiciones contrapropuestas, anteponiendo el interés general por encima de las demandas sectoriales, por legítimas que sean.
Lo que pone además sobre el tapete cual sería realmente la medida del interés general, ante los extremos de hacer todo lo que se tenga a mano para cortar más o menos radicalmente la transmisión del virus, con un cierre indefinido de todo, y así enterrar la economía, o dejar todo abierto como si no pasara nada, como se ha hecho por ejemplo en Brasil hasta cierto grado, como así también en la época de Donald Trump, y dejar que las cosas sigan adelante, para que pase lo que tenga que pasar.
Hay posibilidades intermedias, con énfasis hacia un sentido u otro, que incluyen el ir abriendo y cerrando actividades, de acuerdo a la situación, como se ha hecho en países europeos, fundamentalmente, con sus consecuencias positivas y negativas respectivamente desde el punto de vista sanitario y económico. Ello ha reafirmado que no hay soluciones mágicas, salvo el contar con dinero indiscriminadamente para mantener todo cerrado, mientras el virus se vaya agotando solo por falta del medio humano de transmisión.
Esto en alguna medida ha podido hacerse hasta cierto punto, en determinados períodos en países desarrollados, que cuentan con amplia espalda financiera para distribuir dinero entre trabajadores enviados a sus casas y a empresas que no han podido trabajar o reducido sus actividades, pero en otras partes del mundo, como América Latina, donde se parte ya de un déficit crónico en sus economías, es impensable hacerlo salvo que se profundicen aún más sus acuciantes problemas económicos y se llegue a situaciones como en la Argentina, donde su economía se ha deprimido a un grado indecible, y que aún así tampoco se ha podido contener las graves consecuencias en vidas humanas del avance de la pandemia.
En esta dicotomía y conflictos hay un único elemento en el que es necesario ponerse de acuerdo y es que el flagelo solo podrá ser contenido mediante la vacunación masiva ya iniciada, con distintos grados de avance. El conflicto latente, ya existente, es el si corresponde hacer que esta vacuna se haga obligatoria, atendiendo el interés general.
Y tal como viene la cosa, teniendo en cuenta además que en nuestro país ya rige desde hace años un esquema de vacunación obligatoria, debería pasar a considerarse seriamente que se haga también obligatoria la vacuna contra el COVID-19, porque al fin de cuentas el interés general debe primar por sobre los motivos muchas veces rebuscados de quienes viven en comunidad y ponen sobre la balanza solo sus creencias y derechos y desestiman el equilibrio con los deberes hacia los demás.
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Uruguay llegó al millón de personas vacunadas con dos dosis y lleva suministradas unas 2,5 millones de dosis en total. Sin embargo, no está dicha la última palabra.
La denominada inmunidad de rebaño no está cerca, las variantes registradas en la región complican el panorama y los efectos de las inoculaciones.
Es importante observar las estadísticas. Si bien nuestro país y Chile se despegan de la región, en las últimas semanas Uruguay incrementó en forma sostenida los casos totales, las internaciones en CTI y el aumento de positivos cada vez a menor edad.
La incidencia de casos entre personas mayores de 50 años cae durante mayo y la franja entre 20 y 29 años es la que mantiene su nivel positivo predominante. Sin embargo, la franja etaria de mayor crecimiento fue la población hasta 19 años. Es así que los países se plantean, como un paso siguiente, la vacunación a niños y adolescentes.
En este sentido, las naciones son soberanas y resuelven si integran a los menores de edad. Recientemente se conoció que la Agencia Federal de Medicamentos podría resolver la inclusión de los jóvenes estadounidenses entre 12 y 15 años. En el viejo continente, la Agencia Europea de Medicamentos comenzó una “evaluación acelerada” para tomar una decisión en junio.
No obstante, los científicos ven necesaria la realización de una mayor cantidad de ensayos, antes de dar luz verde, en tanto las pruebas se concentraron en la población adulta desde el comienzo de la pandemia.
El escenario más negativo persiste en este continente tan desigual, como América Latina. Los estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirman que esta región sobrepasó a Europa y Estados Unidos en la cantidad de casos nuevos todos los días. Confirma además la alta movilidad y mutación que tuvo el virus desde los comienzos, al pasar de China a Europa, luego a Estados Unidos y finalmente a nuestra región.
Y los datos no son novedosos, porque desde julio de 2020 América Latina y el Caribe comenzaban a demostrar un panorama que iría oscureciéndose con el paso de los meses. De hecho, Uruguay pasó de ser un ejemplo en la región, a uno de los más complicados en positivos y fallecimientos.
Mayo termina sin frenar esa tendencia y el estrés del sistema sanitario es notorio. Aunque se busque el adjetivo para describirlo de la mejor manera, la sensibilidad se manifiesta en sus recursos humanos y en la rapidez de la respuesta para quienes aguardan. Porque ese “mientras tanto” de espera por resultados en los tests, también significan contagios.
Hoy, la mayoría de los casos detectados provienen de la variante brasileña P1, de alta contagiosidad y agresividad en sus síntomas. Abril se destacó por el peor desenlace de este virus y las muertes acabaron con vidas jóvenes.
Si el virus tardó más de un año en llegar al millar de fallecidos, solamente en veinte días alcanzó las cifras de muertos de todo el resto de la pandemia. Es así que abril cerró con más de 1.600 decesos. Y en comparación con la región, el país aceleró su propia tasa con 17 muertes por millón de habitantes. Eso es mucho más que Argentina, Paraguay o incluso, Brasil. Comparativamente, Uruguay solo es superado por Hungría que registra una tasa de 20,5 por millón.
Al cerrarse el mes anterior, el GACH adelantaba que mayo no iba a ser mejor. En realidad, agravó una situación complicada y eso se confirmó dentro de los CTI. La movilidad para determinadas fechas no se detuvo y eso se reflejó en la cantidad de contagios. Por lo tanto, la enfermedad empieza en la comunidad y decanta en las salas de tratamiento intensivo, donde la mayor cantidad de vacantes se dio por las muertes registradas, antes que por las altas. Por eso, se mantenía la ocupación a pesar de una mayor cantidad de ingresos.
Las autoridades sanitarias siempre destacan que el personal afectado a la tarea “deja todo en la cancha” y no hay dudas que así es. Pero a nivel nacional, no es lo mismo definir recursos para atender a 650 camas –que existían antes de la pandemia– que las 1.046 actuales.
Sin dejar de mencionar otro aspecto que requiere atención: las personas de alta se van con secuelas. Es decir, seguirán atendidos dentro del sistema de salud porque mantienen dificultades específicas. La vacunación empuja a bajar la gravedad de los casos, pero la movilidad no hace descender los positivos. Y allí está el problema.
La naturalización de las muertes que ocurren todos los días no era una conducta uruguaya. Nuestras comunidades –ya agotadas y estresadas por la pandemia– aflojaron su mirada humanizada de la muerte. Como consuelo nos queda saber que no es un comportamiento netamente propio. Le pasó primero a Europa y ahora llega a este continente.
Una mirada a la estadística diaria de muertos debe transformarse en un ejercicio aleccionador y de reflexión. Es necesario convencernos de que 50 fallecidos por día no son un número más. No dejemos esa responsabilidad a las autoridades sanitarias, nacionales ni municipales. Somo cada uno, con nombre y apellido, responsables por nuestros actos para cortar con los contagios comunitarios.
No se prevé una mayor reducción de las actividades, pero es posible un descenso en la movilidad. Esa movilidad que nos permite ir a trabajar y volver a nuestros hogares a pensar desde allí, que “la vida sigue”. Porque la prevención de las muertes no está en los centros de cuidados intensivos, sino en la comunidad. No alcanza con mirar las crónicas de la pandemia y espantarnos con los resultados negativos. Hace falta actuar y cada uno puede hacerlo desde su lugar y en la medida que pueda.
Para todo lo demás, está presente el libre juego político y sus escarnios. Pero allá ellos.
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En los últimos días el intendente Nicolás Olivera explicó a EL TELEGRAFO por qué pidió a la bancada en la Junta Departamental que “hasta la finalización del período, acompañara con el voto positivo todos los pedidos de comisiones investigadoras que se planteen”. Según Olivera, “fui edil, fui diputado también. Sinceramente sé de la impotencia que se siente cada vez que se quiere investigar y del otro lado dicen que no”. “Todos los gobiernos se mandan macanas, todos podemos meter la pata en una medida. No hay ningún problema, que se investigue lo que se tenga que investigar. Lo digo ahora, antes de cometer errores. Que se investigue, que se llegue a toda la verdad. Siempre antes de ocultar prefiero arrojar luz que arrojar sombra”, sostuvo el Intendente, quien además agregó que “No hay mucho misterio; vamos a votar siempre, para que se investigue lo que tenga que investigar, hasta que no queden dudas”, subrayó Olivera. “La oposición va a tener garantías de que los votos del Partido Nacional van a estar. Es como una vacuna que me doy. Ya está. Ahora tengo que hacer las cosas bien. Siempre hay que hacerlas bien”, concluyó.
De acuerdo con el artículo 273 de la Constitución Nacional las Juntas Departamentales, entre otras atribuciones, ejercerán las funciones legislativas y de contralor en el Gobierno Departamental y su jurisdicción se extenderá a todo el territorio del departamento. Por su parte, el artículo 286 prevé que la Junta Departamental podrá nombrar comisiones de investigación para suministrar datos que considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones, quedando obligados el Intendente y las oficinas de su dependencia, a facilitar los datos solicitados.
En un trabajo de investigación titulado “Las Juntas Departamentales en el gobierno subnacional, un análisis sobre las instituciones electorales y legislativas: El caso de Colonia 2005-2010” su autor, Pablo Irigoin resalta “el particular mecanismo de asignación de escaños de las Juntas Departamentales: la Mayoría Automática. Como ya se mencionó ésta implica que aquel partido que obtenga la mayoría de sufragios en la elección, aún si es una mayoría relativa, obtendrá la mayoría absoluta de las bancas (al menos 16 ediles en 31). Tenemos entonces que el partido que obtiene el control del ejecutivo tiene asegurado el control de la mayoría en el legislativo. El sistema de MA ha sido ocasionalmente cuestionado por considerarse menos representativo de los intereses de la sociedad que un sistema de representación proporcional integral, similar al existente en el Parlamento uruguayo”.
Las normas constitucionales ponen de manifiesto el importante rol que los órganos legislativos (el Parlamento Nacional o las Juntas Departamentales según el caso) cumplen en el contralor de la actividad de los órganos ejecutivos respecto de los cuales poseen competencia. La realidad ha demostrado, a través de los años y en todas las juntas departamentales del país, que las relaciones entre los Intendentes y los respectivos órganos legislativos nunca ha sido sencilla. El mencionado investigador Irigoin expresa asimismo que los mecanismos de asignación de escaños dentro de la Junta genera “una gran dificultad para que los partidos no ganadores puedan establecer contrapesos reales desde el legislativo, ya sea como partidos de control o como integrantes de coaliciones de gobierno”.
Es precisamente ese mecanismo de mayoría automática el que muchas veces hace fracasar las iniciativas de los ediles de la oposición a la hora de ejercer los mecanismos constitucionales de control de la gestión del Intendente, dentro de los cuales se encuentran las comisiones investigadoras, que casi siempre termina en dos informes antagónicos, uno en mayoría que respalda la posición del Ejecutivo, y uno en minoría que nunca llega a nada. A lo largo y ancho del país el tristemente célebre mecanismo de “manos de yeso” transforma a la mayoría del partido del Intendente en una aplanadora que desconoce los derechos de un sector importante de la ciudadanía a ejercer sus derechos más elementales. Como suele pasar con demasiada frecuencia los que pierden no son los políticos de la oposición (quienes seguramente se comportarán de la misma manera si les toca lograr dicha mayoría) sino el ciudadano de a pie, el eterno olvidado, quien seguirá sin saber en qué forma o por cuáles montos se utilizaron los dineros públicos de los cuales es el único propietario legítimo. Esta ingeniería electoral de las elecciones departamentales prevista por la Constitución de nuestro país le otorga mayor valor a la decisión del Intendente Olivera ya que implica renunciar a un derecho constitucional que lo ampara y que consiste en la Mayoría Automática antes mencionada. El efectivo cumplimiento de lo anunciado supondría una contribución concreta, concisa y clara a la transparencia en la gestión del Ejecutivo departamental, lo cual sin dudas redundaría en beneficios para todo el sistema político y para los propios ciudadanos de este departamento. Al fin y al cabo, se trata nada más y nada menos de una acción en pos de la mejora de la calidad democrática del departamento, ya que como ha señalado el investigador mexicano David Alonso Canales Vargas “La concepción de la democracia se ha ido transformando a través de la historia. La doctrina moderna considera como incuestionable que transparencia y rendición de cuentas, son elementos esenciales del nuevo paradigma de las democracias en la era contemporánea. Son rasgos fundamentales y necesarios de toda democracia consolidada”.
La decisión del Intendente Olivera es doblemente oportuna, en especial por su decisión de entregar distintas áreas de la gestión de la Intendencia a la Fundación a Ganar, una política que ha sido duramente criticada por distintos sectores de las fuerzas políticas y sociales del departamento y por el público en general.
Incluso en estas páginas, en editorial del 3 de enero del presente año y bajo el título “Centros CAIF: fin de año con sabor amargo” criticamos la forma en que la Intendencia decidió no renovar los contratos de trabajo de 120 funcionarios contratados para los 8 centros CAIF que administra la Intendencia Departamental –junto al Centro Siempre de Jardines del Hipódromo, para padres que estudian o trabajan, en medio de un llamado a licitación (finalmente ganado por la Fundación A Ganar) que cuando menos debería haber contado con mayores plazos para permitir la participación de otras entidades que pudieran haber estado interesadas en la gestión que antes realizaban los mencionados centros CAIF.
Es que no caben dudas que el procedimiento llevado a cabo es legal y se ajusta a Derecho, pero es evidente que la forma –una licitación relámpago que tomó por sorpresa a todos, menos a la Fundación ganadora– choca con el espíritu de la norma, que es lograr que la mayor cantidad de interesados se presenten en competencia en igualdad de condiciones.
La realidad es que a las tareas de control que la oposición puede y debe desarrollar en la Junta Departamental, se suma ahora la voluntad política del intendente Olivera para que los votos de la bancada nacionalista apoyen la formación de comisiones investigadoras. No pueden quedar dudas que se trata de una noticia alentadora, cuya efectiva implementación redundará en beneficio de todos los sanduceros. Para lograrlo, descontamos que los ediles del oficialismo y de la oposición estarán a la altura de las circunstancias. → Leer más

Felizmente, pese al preocupante escenario sanitario, la principal fuente de riqueza de nuestro país, el agro, no conoce de pandemias y siguen cumpliéndose los ciclos biológicos para la producción de carne, lanas, granos y madera, entre otros rubros, lo que indica que pese al encierro parcial y reducción de actividades, hay expectativas de que en el período pospandemia el punto de partida no esté tan cercano al piso, y que no se vea afectada tan radicalmente la calidad de vida y expectativas de los uruguayos.
Desde el punto de vista laboral, por ejemplo, tenemos que en el Interior y sobre todo en el ámbito rural, se ha seguido trabajando para acompañar y acompasar los ciclos productivos que nos han sostenido hasta ahora, porque lo contrario hubiera sido apelar a créditos y vivir de prestado a cuenta de que las futuras generaciones luego carguen sobre sus hombros el pago de la deuda.

Mientras tanto, en otros ámbitos de trabajo, como en el caso de los funcionarios del Estado, la afectación laboral prácticamente no existe, por cuanto es un costo del que se ha hecho cargo exclusivamente el sector privado, donde se genera la riqueza que luego se redistribuye, mal o bien, a todos los demás sectores del tramado socioeconómico.
Nuevamente el agro, por si hiciera falta demostrarlo, se erige como la esperanza y la reserva de riqueza potencial en tiempos de crisis, cuando a la vez desde diversos sectores académicos se reclama que se adopten medidas “covid-céntricas” y se perfore el problemático intento de equilibrio entre medidas de contención del virus, con cierre indiscriminado y encierro a rajatabla, dejando de lado toda actividad cotidiana y cortando de raíz también la circulación de recursos para quienes viven el día a día, cuando el país no cuenta con espalda financiera para sostener a quienes quedan expuestos sin su fuente de ingresos.

Y si hablamos de generación de riqueza y agro, más allá de las buenas performances de la carne y los granos, tenemos a un sector forestal que se ha sostenido y mejorado su comportamiento, tanto en producción para la venta al exterior como generador de empleos directos e indirectos.
De acuerdo con el nuevo informe de Uruguay XXI, el fuerte desarrollo silvícola (gestión de bosques o montes de épocas anteriores), se encuentra actualmente en turnos de cosecha y habilitará un volumen muy importante de materia prima disponible, pero se requiere atraer nuevas empresas que trabajen en la promoción y el desarrollo de esta actividad.
Según datos del Banco Central del Uruguay (BCU), el sector forestal es uno de los más dinámicos en la economía nacional del presente siglo, ya que presenta una tasa anual de crecimiento del 7,7 por ciento en la última década, lo que es determinante para que el sector represente alrededor del 3 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que las exportaciones del complejo forestal, que incluye a la madera, celulosa y papel, representan casi una quinta parte del total de las exportaciones de bienes del país.
En lo que tiene que ver con el mercado laboral, el sector emplea directamente cerca de 17.000 personas sin contar por lo tanto los empleos indirectos que también genera el sector en infraestructura de apoyo. Como dato complementario, tenemos que el 15 por ciento de la población del país vive en los departamentos con mayor cantidad de hectáreas forestadas, lo que confirma la incidencia de esta actividad en territorios que no tienen otras opciones laborales, en el interior profundo sobre todo.

A su vez, el tejido empresarial presenta unas 1.700 empresas en el entorno de la actividad forestal, directamente vinculadas al rubro. Las empresas nacionales son en gran medida de pequeña escala, de los cuales unos ochenta aserraderos en todo el país.
Estas empresas son significativas fuentes de empleo y en algunas regiones son pequeños polos de desarrollo que han contribuido a retener la población en el medio rural, y por lo tanto su proyección real es mucho mayor que una fuente de actividad aislada, sino que forman parte de una respuesta más integral para la búsqueda de contener el éxodo desde nuestros campos hacia los cinturones de pobreza de las ciudades.
Sin dudas, como dan cuenta los análisis de institutos especializados, el sector forestal de nuestro país tiene volumen suficiente de madera de eucalipto y pino para captar mayores inversiones y continuar creciendo en la industrialización de esta materia prima. El Instituto Uruguay XXI, por ejemplo, aclaró que para poder determinar los volúmenes de ambas maderas con miras a 2050, es preciso tomar en cuenta una serie de aspectos que refieren a la duración de los ciclos forestales, a los datos disponibles en la actualidad y las posibles líneas de desarrollo del sector forestal uruguayo.

Los ciclos forestales en el Uruguay pueden ir de 10 a 20 años mínimos, según se trata de destino de pulpa de madera o aserrío, y de acuerdo al informe de referencia, “la plantación de pinos disminuyó paulatinamente hasta ser de poca importancia en los años recientes. Sin embargo, lo plantado con anterioridad asegura una disponibilidad muy importante durante los próximos 20 años, con picos de volumen muy grandes en el futuro cercano. Un promedio anual de disponibilidad de madera superior a los tres millones de metros cúbicos, supera ampliamente la capacidad industrial instalada en Uruguay”.
Ello quiere decir que con la infraestructura de procesamiento de madera –muy reducida– con que cuenta el Uruguay, en el futuro inmediato se seguirá exportando materia prima para darle valor agregado fuera de fronteras, en lo que ha sido lamentablemente una constante en nuestro país a partir de la explotación de los montes plantados a partir de fines de la década de 1980, como consecuencia de la entrada en vigencia de la Ley de Desarrollo Forestal.

La capacidad instalada de los aserraderos de pino nacional permite un consumo de entre 3.000 y 4.000 hectáreas de bosque maduro (un millón de metros cúbicos por año). La superficie destinada a plantaciones de pinos debería estar entre 60.000 y 80.000 hectáreas para satisfacer esa demanda, y hoy es el doble de ese número. En 2019 había 25 millones de metros cúbicos en turno completo pronto para la cosecha, y que gran parte de ese volumen se exportó en bruto, es decir sin ningún valor agregado dentro del país.
En tiempos del omnipresente COVID-19, donde lamentablemente todo se mide desde el ángulo del escenario sanitario y socioeconómico ante la gravedad de la crisis, aparece como un apuesta pos pandemia de primera prioridad la búsqueda de potenciar la dotación de valor agregado a la madera, procurando canales efectivos para superar el cuello de botella para obtener el mejor aprovechamiento de la riqueza forestal en el Uruguay.
Es decir que se genere reciclaje de recursos por vía de la industrialización, aplicación de tecnología y creación de fuentes de empleo directos e indirectos, que tanto se necesitan, con inversiones significativas que hasta ahora se han dado muy por debajo de lo que cabía esperar, más allá de algunas excepciones que no alcanzan a compensar el déficit en este sentido. → Leer más

Uno de los incontables estudios que se han realizado a lo ancho y largo del mundo en cuanto a la magnitud y consecuencias de la pandemia desde varios ángulos, más allá de las pérdidas de millones de vidas humanas, tiene que ver con el agujero en la generación de la riqueza mundial desde que detonó el flagelo, medido en términos de Producto Bruto Interno (PBI) tanto por país, como por región y en forma global.
No es un análisis para nada fácil teniendo en cuenta la diversidad de ángulos que comprende el análisis y el origen de la problemática, sus proyecciones y consecuencias directas e indirectas.
En este sentido es pertinente traer a colación un estudio de economistas de la Universidad Torcuato Di Tella, de Argentina, contratados por el Panel Independiente de Preparación y Respuesta ante la Pandemia, armado por la Organización Mundial de la salud (OMS).
Según da cuenta la revista Economía y Mercado, del diario El País, el estudio apunta a contar con datos para dar recomendaciones a países y organismos multilaterales en este contexto y crisis y ha surgido del trabajo de los economistas Eduardo Levy y Federico Filippini, fundamentalmente.

Para estimar estas pérdidas acerca del costo de la pandemia a nivel global se tomaron en cuenta las pérdidas del costo de la pandemia a nivel global, se estimaron las pérdidas económicas, los costos sociales, en educación, y en vidas humanas, lo que se estima alcanza ya el PBI global correspondiente a un año.
Pero si bien se trata de un cálculo a nivel global, tenemos que el impacto de la pandemia varía sustancialmente entre país y país y entre las regiones, con un marcado impacto negativo precisamente en el mundo subdesarrollado, como es el caso de América Latina, tanto a nivel directo como indirecto y en lo que respecta a los instrumentos con los que se cuenta en aras de la recuperación económica.
Levy subraya que si bien una primera cifra que surge del estudio es de esa magnitud, refiere solo a las pérdidas económicas, pero “hay proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) de cinco a diez años para diferentes países. Comparamos las proyecciones prepandemia y al final de 2020 ver cuánto caía el producto en la ventana de 2020 y 2030, y el ingreso perdido nos da un 53% del PBI mundial. Entre un 50 y un 60 por ciento, donde los países latinoamericanos se encuentran más cerca del borde superior que los países desarrollados. Pero es solo la proyección del producto”.

Igualmente argumenta que “no hay forma de comparar esto con otras crisis. Está en otra liga en términos de impacto del crecimiento. Es una crisis muy distinta a las otras, donde los países entraron en un coma inducido de producción, pero también de educación e incluso por efecto de la pandemia, en un fuerte incremento en la pérdida de vidas. Algo que no se ve en cualquier otra crisis económica”.
Este es el punto, en realidad, porque los correctivos a la crisis no parten de una referencia intrínseca a la economía, sino en el marco del factor pandemia que lleva a que las medidas restrictivas de prevención repercutan sustancialmente en el escenario socioeconómico global.
Por lo tanto, en teoría la salida a la crisis tiene marcado el rumbo: terminada la pandemia, se retoma la actividad para el crecimiento y se termina el origen del problema. Pero ocurre que no es tan fácil, ni tampoco es en sí una bandera de largada, como en una competencia deportiva, y cada país tiene su punto de inflexión posible, pero no seguro, por cuanto en la economía hay una interrelación de causas y efectos, escenarios, demandas y expectativas que tienen un efecto dominó y no siempre un desenlace previsible.
Es pertinente tener en cuenta que el especialista en temas de pobreza y salud, el premio Nobel Angus Deaton, presentó un trabajo donde observaba las pérdidas de 2020 y en función de los ingresos de los países, en base a un impacto más fuerte de la crisis en Europa y Estados Unidos, mostraba que económicamente los que más habían perdido eran los países más avanzados.
El punto es que la parte más álgida sobre las pérdidas es la capacidad de recuperación, y lamentablemente en los países en desarrollo y en particular en la región, todo indica que la recuperación va ser más lenta que en Estados Unidos, en China y en Europa.
En una ventana de diez años, incluyendo la recuperación, los países en desarrollo perderán más en términos de su producto que los avanzados y la crisis en realidad va a terminar incrementando la inequidad global, medida como la diferencia entre lo productos per cápita promedio de los países en cada región.
Los escenarios en China y Estados Unidos ya tienen un camino de recuperación trazado a partir de la contención drástica de los casos y reaperturas en proceso, en tanto Europa está avanzando lentamente en la inmunización de su población y tiene dinero e instrumentos para hacerse de las vacunas, a la vez de espalda financiera para seguir atendiendo el impacto en la economía del bloque.

Pero otra cosa ocurre en las naciones pobres, y en el caso de América Latina la problemática es radicalmente diferente, más allá de algunas señales positivas para los productores de materias primas por la buena demanda y precios consecuentes, porque hay un común denominador de déficit agravado en las cuentas fiscales, baja capacidad de generar políticas desde el Estado por falta de recursos para mitigar el impacto y precarias fuentes laborales genuinas, en tanto hay amplios sectores que no están regularizados que están sufriendo la peor parte en la pandemia.
La destrucción de empleos en América Latina ha sido mayor que en otras partes del mundo, donde la espalda financiera ha permitido apuntalar empresas, salarios y subsidios para sostener la estructura durante este período. Pero no todo son malas noticias, y lo señala el economista cuando considera que de todos modos “si bien es cierto que se paró la economía, hay mucha riqueza, ahorro en el mundo, que deberíamos procurar que se invierta”.
Este es un aspecto clave: con buenas políticas de inversión, se puede generar un circuito de capitales que contribuya a una recuperación más ágil de la economía y en este caso es clave la participación de los gobiernos, con un Estado ágil que sea facilitador de las inversiones y canalizar con criterio los recursos para infraestructura que se logre a través de la participación de organismos internacionales.
Porque no hay milagros en la economía, y los manidos voluntarismos con dinero que no se tiene terminan creando problemas más graves que los que se pretende combatir con facilismos.
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En un mundo cada vez más digitalizado, hay cada vez más usuarios en línea. La pandemia por COVID-19 hizo que se cerraran miles de puertas de oficinas públicas y diferentes instituciones públicas o privadas a las que acudíamos diariamente para hacer trámites o solicitar servicios y atención.
Como nunca antes, nos hemos visto enfrentados de improviso a interactuar con oficinas gubernamentales e instituciones por teléfono o Internet y, en otros, la atención ha sido suspendida.

Una aproximación interesante al tema fue publicada en un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo cuyo objetivo fue conocer qué tan grave fue realmente esta circunstancia y qué aprendimos en la experiencia con los servicios públicos durante la pandemia en que vivimos desde 2020 en Latinoamérica.
La pandemia obligó a los gobiernos a ofrecer servicios digitales de un día para otro, y a los ciudadanos a utilizar un canal con el que pocos estaban familiarizados para poder acceder a los servicios que necesitaban.

A partir del análisis de la situación en 12 países de la región, entre ellos Uruguay, los datos muestran que en promedio, en los cinco meses previos al comienzo de la pandemia, el 34% de los latinoamericanos había hecho un trámite y esa cifra cayó al 15% entre marzo y agosto de 2020. La razón principal detrás de este menor acceso a servicios público parece ser el cierre de algunas oficinas públicas y la falta de disponibilidad de ciertos trámites en línea.

El informe señala que afortunadamente, en varios países de la región los ciudadanos pudieron acceder a sus trámites de forma virtual y que “los avances en el ecosistema de gobierno digital les permitieron a los gobiernos digitalizar trámites rápidamente durante la pandemia, aumentando la disponibilidad de servicios digitales”, por lo que en términos generales a partir de los países analizados la proporción de personas que usó el canal digital para hacer un trámite aumentó de 21% antes de la pandemia a 36% durante la misma.

Se indica también que “aunque las entidades realizaron grandes esfuerzos para garantizar las condiciones de salubridad requeridas, algunas personas manifestaron no haberse sentido seguras cuando acudieron a las oficinas públicas” y como dato preocupante, en promedio, el 23% de los ciudadanos que hicieron un trámite en persona opinaron que no se habían respetado las medidas de distanciamiento social y bioseguridad en la oficina.

El estudio concluye que los ciudadanos que hicieron sus trámites en línea tuvieron una experiencia “sub óptima” y que muchos ciudadanos tuvieron dificultades haciendo sus trámites en línea durante la pandemia. En promedio, el 39% de las personas reportó que su experiencia haciendo trámites por este canal había sido muy difícil o difícil. Las razones de esta dificultad son variadas: el 18% experimentó problemas técnicos con la página, el 14% pensó que la información para hacer el trámite no era clara y el 8% contestó que el trámite no podía hacerse desde un dispositivo celular. En términos generales, de las personas que hicieron su trámite en línea durante la pandemia, el 56% dijo que hubiera preferido hacerlo por el canal presencial.

“Teniendo en cuenta que los países de la región continuarán sintiendo los efectos de la pandemia en el corto plazo, es necesario que los gobiernos tomen medidas para que el acceso a servicios sea incluyente, seguro y fácil. Por un lado, es necesario ampliar la oferta de servicios disponibles en línea. Para evitar brechas en el acceso –y experiencias presenciales que pongan en riesgo la salud– es fundamental seguir digitalizando más servicios y que estén en línea de principio a fin”, señala el estudio titulado “Servicios públicos y gobierno digital durante la pandemia: perspectivas de los ciudadanos, los funcionarios y las instituciones públicas”.

A diferencia de la mayoría de las economías de América Latina y el Caribe, que no se han sumado a tiempo a la revolución de las TIC y de Internet y presentan distintos grados de retraso respecto a indicadores referidos a aspectos básicos como el acceso a banda ancha y la cantidad de computadoras entre la población, Uruguay se ubica a la cabeza de los rankings de acceso a Internet y, además, muy bien posicionado en materia de gobierno digital, aspectos que constituyen una ventaja en la situación actual.

En los últimos años nuestro país ha desarrollado una sólida infraestructura de banda ancha fija, en especial la fibra óptica, pero también ha mejorado la conectividad internacional y ha desarrollado una fuerte concepción administrativa relacionada con la Sociedad de la Información y la trasformación digital del Estado, el desarrollo de software de seguridad y el abatimiento de la brecha digital a través de planes como Ceibal e Ibirapitá, que entregaron computadoras portátiles a niños y jubilados, avanzando así hacia una propuesta de fuerte inmersión tecnológica en la vida cotidiana.

Más allá de la situación local es importante señalar que la mala experiencia con los trámites digitales pone en evidencia la importancia que tiene la experiencia del usuario para garantizar la sostenibilidad de la demanda y el uso futuro de los trámites en línea, en particular los relacionados con la atención de la salud.
Indudablemente, esto exige ajustes para la situación actual de pandemia. Por eso, es buena cosa el anuncio de ASSE, que informó que a partir de la alta demanda de los servicios telefónicos de ASSE, un convenio con Antel posibilitará el descongestionamiento y mayor accesibilidad, vía telefónica, a usuarios del prestador estatal. Se trata de algo fundamental en momento un tan complicado como la emergencia sanitaria debido a la saturación de los servicios de asistencia telefónica por la importante demanda que se genera a partir de la gestión administrativa de los hisopados (agenda, consultas y obtención de resultados)”.

Es fundamental sostener el esfuerzo y continuar mejorando la experiencia del usuario con los trámites que se hayan digitalizado y, como bien señala el informe del BID, también es crucial hacer que todo usuario que pueda –y quiera– usar los servicios ofertados en línea, lo haga de forma rápida, fácil e intuitiva. Es algo a tener en cuenta desde el supermercado o almaceneros o comercios de comida que hacen envío a domicilio hasta los prestadores de servicios de salud, los organismos del Estado que han reducido la presencialidad y también aquellos servicios orientados a satisfacer necesidades culturales y recreativas de una población que hoy se ve enfrentada a la necesidad de distanciamiento social. → Leer más

Las tensiones intrafamiliares, el manejo inadecuado del estrés y la prolongación en el tiempo de las informaciones de la pandemia a nivel global y nacional, reafirman la existencia de una historia de fragilidad en algunos hogares. Estas situaciones que repercuten en los más vulnerables, es decir niños, adolescentes, personas mayores y con discapacidad, traen nuevos desafíos para visibilizar el otro lado de una contingencia sanitaria cuya fecha de finalización es incierta.
El deterioro en la vejez, la carga del trabajo doméstico y las dificultades económicas, han profundizado los hechos de violencia e impedido el desarrollo de ambientes armónicos. Porque lejos de prevalecer la idea de que los contextos de aislamiento pueden ser aprovechados para profundizar lazos de contención, ha quedado demostrado el lado débil de las relaciones interpersonales. Incluso, es la evidencia que, en algunos casos, las ausencias eran una forma de “salida” de esos entornos.

Las desigualdades y los desequilibrios en aprendizajes, desarrollo humano y acceso a una alimentación nutritiva, impactó en los más débiles. El año pasado, el último reporte sobre la seguridad alimentaria y nutrición en América Latina y el Caribe, elaborado por la FAO, señalaba que el 6,4 por ciento de la población uruguaya padece inseguridad alimentaria grave y el 23,3 por ciento inseguridad alimentaria moderada. En comparación, el continente sudamericano se encuentra en 7,7 y 29,4 respectivamente.

El Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) analizó en su último informe, las consecuencias no relacionadas con la COVID-19 en pediatría y detalló las derivaciones del contexto de encierro. Una de ellas refiere al descenso de las vacunaciones que corresponden al plan de inmunizaciones específico para la infancia, como resultado de la disminución de la movilidad durante el año anterior. La preocupación de los expertos quedó clara, en tanto destacaron que esa variación “constituye una amenaza, en especial en la salud de los lactantes”. Uruguay, comparado con el contexto regional, estaba bien posicionado hasta 2019 con dicha población inoculada por encima del 90 por ciento. Sin embargo, los especialistas aclararon que “no se han comunicado las coberturas para 2020”, pero alertan por el resurgimiento de infecciones invasivas como tos convulsa o la “reintroducción del sarampión, dada la situación en la región”.

Las otras referencias apuntan al incremento del “sobrepeso y la obesidad, que afectan a cuatro de cada diez escolares”, o a la “interrupción de controles pediátricos, de subespecialidades y de procedimientos quirúrgicos no urgentes” que afectaron a los niños.

No quedó de lado “la excesiva exposición a las pantallas”, asociados a “trastorno atencional, trastorno del sueño, trastorno oftalmológico, menor desarrollo de la comunicación verbal-social en primera infancia y con depresión y aislamiento social en adolescentes”.

El documento es una constatación de otras realidades que se sumaron a las ya existentes: “Según encuestas, ocho de cada diez niños presentan alteraciones en su salud mental” con un predominio de la irritabilidad, ansiedad y violencia familiar. Son conductas observadas desde los preescolares hasta adolescentes.
Los cambios desfavorables fueron señalados en las consultas, donde los médicos registraron traumatismos, accidentes domésticos e incremento de situaciones de abuso.

Los expertos concluyeron que la intervención temprana, “es clave” para prevenir alteraciones del neurodesarrollo, en tanto durante los primeros años de vida, el espacio de la presencialidad “es insustituible”.

Es que, a pesar de la diversidad de opiniones que discuten la oportunidad del retorno a la presencialidad del sistema educativo ante un repunte de los casos positivos, este complejo panorama no puede mirarse de soslayo.

El GACH lo definió de una forma directa: “Someter a los niños vulnerables exclusivamente al contacto familiar durante un período prolongado establece las condiciones perfectas para una falla de protección”.

Nadie estaba preparado para un contexto de aislamiento. Aunque en Uruguay no hubo restricciones obligatorias –denominada Fase 1 en Argentina– está claro que uno de los problemas sanitarios prevalentes en el país, es el maltrato infantil. Por otra parte son pocos los que pueden sacar conclusiones sobre el futuro desarrollo neuronal o manejo de emociones de estas generaciones, que viven actualmente en entornos con estados de ánimo negativos.

Porque la inseguridad laboral, el desempleo, la ansiedad por no poder sortear las dificultades que se presentan a diario, indirectamente conspiran con un normal crecimiento de los más pequeños. Allí, donde aumentan los gritos o el maltrato, no hay crecimiento armónico posible.
Niños y adolescentes tampoco fueron considerados como un grupo de riesgo frente al coronavirus, por sus edades y condiciones biológicas. Sin embargo, padecen los efectos “secundarios” de las estrategias que llevaron adelante los países para detener los contagios. Así como también de los adultos que toman decisiones dentro de los hogares.
El miedo ante lo desconocido resultó tan “contagioso” como el virus y las limitaciones en los contactos le impiden a los más chicos adquirir seguridad en sus emociones. Son conductas que ya llevan más de 14 meses naturalizadas e incorporadas en núcleos familiares y en la calle, donde se ven los rostros tapados por barbijos. Son pequeñas mentes que se desarrollan en una constante vinculación con la muerte y una asociación de ese final a sus seres queridos, como los abuelos.
Se torna urgente el cambio del gesto adusto y la dureza de los conceptos, en una sonrisa y el apoyo que necesitan los más vulnerables de las familias, por más disfunciones que padezcan. Mirar hacia adelante será un nuevo ejemplo de resiliencia –entre otros tantos– que tenemos como humanidad. → Leer más

La conmoción que ha causado la imprevista desaparición física del exintendente y exministro Dr. Jorge W. Larrañaga no se explica solo como una reacción lógica del sistema político y la ciudadanía ante un hecho que involucra a un dirigente político de primera línea de las últimas décadas, sino que implica el reconocimiento, por encima de posiciones partidarias e ideológicas, de que estamos ante uno de los últimos caudillos “de los de antes”, de aquellos que despertaban por igual pasiones a favor y en contra, casi sin posturas intermedias, sin indiferencias, pero asumiendo siempre una impronta que no pasaba desapercibida.

Pero sobre todo, porque se trata de uno de los pocos dirigentes del Interior con proyección nacional, que nunca renegó de su origen y su consecuente lucha en la defensa de los intereses del Interior, que coinciden con los del país, y sin dejarse absorber por el frenesí del clima hipercentralista de Montevideo, donde se desdibujaron no pocos dirigentes provenientes de tierra adentro que fueron arrastrados por el torrente hacia el embudo capitalino.

Ríos de tinta podrían escribirse sobre la personalidad avasallante y tan particular de Larrañaga, con sus luces y sus sombras, como todo ser humano, pero que en ningún caso pasaba desapercibido. Seguramente cada uno de los que lo conocimos en el mano a mano, más allá de su trayectoria política, tenemos un sinnúmero de anécdotas vividas que definen su personalidad, pero sería muy pequeño detenernos solo en las vivencias personales, cuando la proyección de su figura ha ido, felizmente, mucho más allá del círculo de quienes han tenido la posibilidad de compartir momentos con el líder político sanducero.

Lo que sí nunca puede ponerse en cuestión, por encima de banderías políticas y decisiones que han estado lejos de generar unanimidades, es el inmenso amor por su Paysandú natal y el hecho de que sus acciones han estado en consecuencia con este sentimiento, luchando a brazo partido por su solar y por el Interior, las más de las veces en una lucha desigual en medio del centralismo, pero en cada instancia sin resignarse a aceptar un NO como última palabra del poder central hacia lo que entendía de legítimo derecho para el bienestar de los ciudadanos del Norte del Santa Lucía.

Así, logró a lo largo de los años una serie de conquistas para Paysandú, muchas de ellas en funciones como intendente durante los dos períodos en que ejerció el cargo a través de un amplio respaldo electoral, con obras de envergadura como Bulevar Artigas, el Anfiteatro del Río Uruguay, la doble vía de Cerrito, entubamientos de grandes pluviales que cruzan la ciudad, entre otras. En algunos casos no fueron tal vez enmarcadas en la proyección y calidad que hubiera sido ideal, pero que sí fueron revulsivas para lo que había entonces en Paysandú y significaron un cambio sustancial en la realidad de la ciudad y el departamento.
Y en funciones como legislador no hubo inquietud de Paysandú y el Interior que le fuera ajena, sino que hizo suyas las reivindicaciones de fuerzas vivas y ciudadanos en una serie de gestiones en las que acompañó a numerosas delegaciones para plantear el reclamo ante los respectivos ámbitos de decisión, siempre jugándose por los ciudadanos, cualquiera fuera su color político.

Encontró la muerte a poco más de un año de haber aceptado ejercer un cargo tan difícil como desafiante en su carrera política, como lo es la titularidad del Ministerio del Interior, cartera complicada si las hay, que hasta el expresidente José Mujica catalogó como “la tumba de los crá” y que pinta de cuerpo entero las complicaciones de una gestión en la que hay mucho más para perder que para ganar, en un país en el que durante los últimos años se ha registrado un incremento sustancial de la delincuencia y la inseguridad en sus diversos órdenes.
Larrañaga fue una vez más consecuente con lo que pregonaba, sin medir costos políticos ni anteponer intereses personales: su partido se lo reclamaba y se puso al servicio del país, declinando la comodidad de un cargo legislativo para asumir el reto de conducir un ministerio que venía cuestionado y desbordado. Lo hizo sin perder de vista el respeto a la institucionalidad democrática, al ciudadano indefenso, que sufre en el día a día los embates de la delincuencia, pero preservando el balance entre las garantías a los derechos individuales en su integralidad y no solo de los delincuentes, como se había hecho en la mayor parte de los gobiernos de izquierda.
Como había actuado durante sus dos períodos al frente de la Intendencia de Paysandú, Jorge Larrañaga se dedicó a cumplir la función de ministro con el mismo entusiasmo y dedicación con que ejerció el cargo de intendente de Paysandú, haciéndolo las 24 horas del día los 365 días del año al pie del cañón, sin medir las consecuencias en su persona y al hecho de que ya habían pasado treinta años, tanto en el tiempo como en su físico, desde que había ejercido funciones como primer ciudadano del departamento.
Había tenido éxitos en su difícil tarea en tan corto período, con logros que se han traducido no solo en el relacionamiento con sus colaboradores, más allá de su grado, como ha sido el reconocimiento que le tributó el sindicato policial con sirena abierta en sus unidades móviles tras su muerte, ante sus desvelos por dignificar la Policía, ponerla al servicio del ciudadano, pero también a través de acciones concretas en su querido Interior, donde reabrió comisarías y destacamentos policiales que en su momento habían sido cerrados y se había dejado sin cobertura a vastas áreas de las zonas rurales.

Una señal inequívoca del respeto de propios y ajenos ante el infortunio que significa su temprana muerte lo da el amplio reconocimiento de sus adversarios políticos a su figura, más allá del acierto o en el error, en las coincidencias y en las discrepancias, al destacarlo como un adversario leal y frontal sin medias tintas, con el que se podía conversar y buscar puntos de acuerdo cuando estaba de por medio el interés de los ciudadanos del departamento y del país.
El país ha perdido un gran ciudadano, un wilsonista por definición y acción, un defensor de las banderas del Interior olvidado y un republicano como pocos. No es poca cosa. El Dr. Jorge Washington Larrañaga Fraga nunca será olvidado, y es parte ya de la mejor tradición cívica de un Uruguay y de un Paysandú que lo tendrán por sobrados méritos entre sus hijos dilectos a lo largo de la historia.
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Escenario 1: País modelo, libertad responsable. Confinamiento voluntario. Pandemia controlada como en ninguna parte del mundo.
Escenario 2: Aparece algunos casos. Pero continúa funcionando la responsabilidad colectiva. La gente y todo el sistema político apoya cada una de las medidas de Gobierno.
Escenario 3: Ya no somos ejemplo. La pandemia se dispara y Uruguay comienza a aparecer en los registros mundiales de países afectados. Primero un poco, después bastante. Llegan las vacunas y se reciben como la gran solución.

Escenario 4: Ya no hay departamentos que no tengan un gran número de contagios y de muertes. La vacunación sigue su marcha con bastante rapidez, pero de ser el ejemplo mundial pasamos a estar entre los países con más contagios y muertes en relación al número de habitantes.
Y todo esto ocurrió antes nuestros ojos y los ojos de los responsables políticos, sociales y médicos. La pregunta es ¿realmente lo vimos? Ya se sabe que el cerebro humano tiene un efecto de defensa que “filtra” la realidad. Nadie puede vivir pensando constantemente en, por ejemplo, la muerte. La propia o la de sus seres más cercanos, aunque eso sea una realidad que, tarde o temprano, nos llega a todos. Entonces, olvidamos que estamos de paso en este mundo y continuamos con nuestras tareas cotidianas pensando que mañana todo seguirá igual. Cuando en realidad eso no lo sabe nadie. Pero no habría forma de vivir si no fuese así.

Ese mecanismo de defensa también es llamado de “negación” por la psicología, aunque ahora esa palabra pueda hacernos pensar en el movimiento nacido también a partir de la pandemia. Pero la negación es algo que va mucho más allá de ponerse de un lado o del otro en cuanto a aceptar o no la pandemia y aceptar o no la vacunación.
En realidad, la negación más peligrosa es la que todos manejamos. Esa que, a fin de cuentas, nos lleva a aceptar lo inaceptable. O lo que se creía era inaceptable. Pensemos en una guerra, cualquiera de las que han sucedido. ¿Qué pasaba con la gente que no combatía pero seguía con su vida durante las contiendas? ¿Pusieron en pausa todas sus actividades? ¿Dejaron de alimentarse, de salir de sus casas, de tener relaciones sociales?
No. De alguna manera se las arreglaron para seguir con sus vidas. Una vida diferente, sí. Mucho más sacrificada, acotada, triste, por supuesto, pero que no se detuvo. Por la sencilla razón de que la vida no puede detenerse. Es imposible. Incluso en los regímenes más duros donde se prohíben muchas actividades, la vida social continúa.
La fotografía de la agencia EFE publicada hace una semana de dos niñas palestinas sentadas encima de una bomba esbozando una enorme sonrisa habla también de la guerra y el acostumbramiento del ser humano. Ninguno de nosotros se acercaría a una bomba –de varios metros de largo– ni por todo el oro del mundo y por más que nos dijeran que no va a estallar. Pero esas niñas tenían a ese artefacto mortal como un objeto más de su vida cotidiana. Sus cerebros negaban la posibilidad de que, a pesar de todos los recaudos, pudiera estallar.

Y no es para nada un delirio hablar de la guerra. Porque estamos en medio de una. Tampoco lo queremos ver, pero así es. Una guerra contra el enemigo invisible que es el virus, pero que no debería quedarse solo en ese concepto. Porque el próximo escenario con el que habrá que lidiar cuando la pandemia pase será el de las consecuencias. En realidad tales consecuencias ya están aquí, pero neguémosno un poco más que para eso tenemos el cerebro que tenemos y digamos que tendremos que enfrentarnos a ellas dentro de unos meses.
Porque la pandemia va a dejar no solo secuelas físicas, que ya de por sí son muy complicadas, sino también secuelas psicológicas y anímicas en gran parte de la población. Esto, sumado a la crisis económica prefigura un panorama que pocos están queriendo ver en su real dimensión. Aquí es cuando el tema de la defensa y la negación a la que nos inclinamos se vuelve peligroso. Ya se ha visto en algunas oportunidades cercanas como el Día de la Madre. Si tomamos la actitud del grueso de la población ese día no se puede más que pensar que lo que quiere –¿queremos?– toda la gente es volver a la vida prepandemia. Cuando, la realidad indica que eso va a ser muy difícil sino imposible, al menos por bastante tiempo.
Cuando estemos lidiando con las consecuencias de esta, ya hay quienes advierten que hay que ir pensando en la próxima pandemia, que puede ser más seria y mortal. O sea que, cuando aún no se ve la salida a esta gran tragedia por la que transitamos, los más pesimistas aseguran que, algún día, aparecerá otro virus aún más contagioso y letal.
Es cierto, es mucho para asimilar, de ahí que nuestra cabeza decida aislar tales conceptos, no hacerles caso y creer que, dentro de dos o tres meses el mundo volverá a ser el de antes. Mientras tanto, los contagios se multiplican y se suman los fallecimientos. Pero es algo que “iba a ocurrir”, que “tiene que pasar”, que “es inevitable”. Claro, con el diario del lunes y el panorama actual es muy fácil decirlo.

Pero todos nos olvidamos cuando primero se trataba de un problema chino, después asiático, luego europeo y finalmente, mundial. Cuando fuimos el ejemplo mundial ¿quién pensó que llegaríamos a tener más de 4.000 contagios diarios? Seguramente nadie de nosotros. Era un escenario de ciencia ficción. Y cuando llegaron los primeros casos a Uruguay, todo el país se encerró voluntariamente. Fue una locura, por cuanto no había circulación del virus, pero ante el “exhorto” de las autoridades nadie dudó en restringir todo tipo de actividad social al mínimo.
Pero poco a poco fuimos olvidando esa paranoia colectiva provocada por el miedo a una pandemia que prometía exterminar la población mundial en cuestión de días, hasta prácticamente volver a la “vieja normalidad”, con apenas algunas restricciones; por ejemplo, no más fiestas, no gimnasios, y poca cosa más, como para salvar las apariencias.
Ahora, cuando realmente la peste llegó a nuestro territorio, paradójicamente son cada vez más los que piden más libertad de movimiento, e incluso que se habiliten las ferias, los gimnasios, y las 3 o 4 actividades que en todo este tiempo sufrieron con mayor intensidad por las medidas sanitarias. Parece que 60 muertes por día de 2021 preocupan menos que 4 casos positivos en marzo de 2020.
Es que como editorializábamos al comienzo de este caos, la enfermedad y la muerte son apenas una parte del problema que se debe atender. Y hay otras facetas que pesan incluso más para la sociedad en su conjunto en el mediano y largo plazo, por lo cual era impensable mantener las restricciones por demasiado tiempo y por lo tanto, era absurdo cerrar el país cuando prácticamente aún no se registraban casos.

Hoy la pandemia nos agarra “con el caballo cansado” y ya nadie quiere aceptar el volver al cierre total, cuando son miles los contagios por día y decenas los fallecidos. Además se perdió la novedad, y hemos normalizado el hecho que tantos coterráneos pierdan la vida a manos del COVID-19. Por el contrario, muchos buscan excusas absurdas para justificarse.
Hoy son cada vez más los uruguayos sentados sobre una gran bomba sin detonar esbozando una sonrisa negacionista, mientras exigen que todo vuelva a ser como antes, cuando atravesamos el peor momento de la crisis sanitaria. Sin dudas es todo un material de estudio para las próximas generaciones, que tendrán un importante material para analizar sobre el comportamiento social en tiempos de crisis.
Por ahora la esperanza está en las vacunas, que prometen la inmunidad de rebaño a partir de setiembre de este año en nuestro país, cuando el 70% de la población tenga las dos dosis aplicadas y más de 15 días de la segunda inoculación. Pero primero hay que pasar la tormenta. → Leer más

La prolongada incertidumbre generada por una pandemia que no solo no da tregua, sino que realimenta los dramas y las interrogantes con mayor número de contagios en una segunda ola en América Latina, que presenta un escenario desfasado seis meses de lo que se dio en Europa, el panorama socioeconómico de nuestro país, como en los demás países del subcontinente, con matices, pone de relieve, por si había alguna duda de la indefensión en que se encuentran amplios sectores de actividad que trabajan en la informalidad.
En medio del desasosiego que transmite la prevalencia del COVID-19 con la irrupción de cepas mucho más contagiosas y agresivas que las que primaban hasta hace pocos meses, y aún teniendo en cuenta la incidencia heterogénea del impacto sanitario, social y económico, la crisis ha puesto al desnudo falencias en un supuesto escudo que se decía era producto de fortalezas que al fin de cuentas no eran tales, y que además de un déficit de coordinación internacional en materia de controles sanitarios, también tiene que ver con escenarios internos en cada país.
Más allá de la calidad y cobertura de los sistemas sanitarios, de las virtudes y deficiencias en cada país, así como de la espalda económico financiera, existen otros aspectos a tener en cuenta, para tener idea de la magnitud del impacto que implica para la población en la coyuntura y las perspectivas de rebote hacia una situación de determinada normalidad.

En el caso de Uruguay, en una acertada descripción del panorama surge a partir de conceptos vertidos en su momento por el economista Néstor Gandelman, al hacer referencia a que amplios sectores de trabajadores y empresas de bajo porte han quedado expuestas a campo abierto en el temporal, cuando había un “relato” sobre una situación mucho mejor como consecuencia de la gestión de los gobiernos de izquierda durante quince años.
“La informalidad es tanto causa como consecuencia de la falta de desarrollo. Es una debilidad social por el atraso que conlleva en los métodos de producción, acceso a servicios públicos y la posibilidad de mitigar riesgos de shocks. En el extremo, impide atemperar golpes como el que estamos sufriendo. Desde el punto de vista recaudatorio, también es un problema que empresas y trabajadores no contribuyan al fisco en la medida en que lo hace el resto de la economía”, apunta el economista, quien da en el clavo en uno de los aspectos claves en cuanto a los flancos débiles que implica tener una economía informalizada en una serie de áreas.

Un escenario que solo no veían quienes no lo querían ver, ha sido potenciado indudablemente por las consecuencias socioeconómicas de la pandemia, y queda expuesto en toda su magnitud en coyunturas como la actual, desde que implica que amplios sectores de la población y de la fuerza productiva, de las células del tejido socioeconómico, resultan sin cobertura en una emergencia de consecuencias imprevisibles.
En plena crisis, es impensable trabajar para integrar personas desde el informalismo y darle sentido sustentable, y si bien los esfuerzos en épocas normales deben centrarse fundamentalmente en captar a los sectores que están trabajando fuera de la legalidad, en escenarios como el actual se trata de buscar paliativos para que estos sectores más vulnerables no resulten aún más marginados por la falta de cobertura, y así se explica que no se hayan adoptado medidas más restrictivas para reducir la movilidad y las actividades.
Es que una cosa es el trabajar en día a día buscando su sustento, en el sector privado, y otra la de los funcionarios públicos, muchos de los cuales reciben el sueldo en su casa sin trabajar y no sufren desempleo, envíos al seguro de paro ni reducción de horas trabajadas, ni mucho menos despidos.
En el tema de la informalidad se ha estado trabajando con énfasis en los últimos años, con resultados que se habían expuesto en su momento como satisfactorios, porque se había logrado bajar un 40 por ciento prácticamente crónico en nuestro país hasta porcentajes del orden del 22 por ciento, con algunos altibajos, de acuerdo a cifras de organismos del Estado y sobre todo del Banco de Previsión Social (BPS).

Sin embargo, el escenario que ha quedado visible por la crisis de la pandemia es distinto al que se presentaba, o por lo menos desnuda que el informalismo estaba a la vuelta de la esquina, que la regularización estaba prendida con alfileres, en el mejor de los casos, porque las necesidades de asistencia por el Estado en estos grupos ha sido mucho mayor e inmediata de lo que se podía suponer.
Más allá de entredichos sobre la realidad y lo que se decía por integrantes del anterior gobierno, que dio lugar a cruces con las autoridades actuales, no es menos cierto que en este período de pandemia se ha confirmado la vulnerabilidad que tenemos tanto en niveles de pobreza como de informalidad. Dentro del concepto de informalidad se incluye tanto a empresas como trabajadores que operan fuera del marco legal y regulatorio. La informalidad denota dos aspectos, uno relacionado con incumplimiento y evasión de las reglas establecidas y otro con la precariedad en que las actividades son conducidas.
Desde el punto de vista de los trabajadores y empresas implicadas, conlleva no tener acceso a los beneficios de cobertura y derechos inherentes a la seguridad social y solidez institucional de empresas, en tanto que por el lado del Estado, es decir del propio país, es un elemento de debilitamiento institucional por una menor recaudación de organismos previsionales, de la percepción de tributos y cargas sociales, y por ende de extensión de cobertura para evitar que por ejemplo, situaciones como la pandemia haga crujir la capacidad de respuesta del Estado y actores de la economía ante lo inevitable.

Ello indica que más allá de las acciones de emergencia en medio del asedio por el virus, no debe postergarse la consideración de la problemática en una mirada de pospandemia, porque seguimos ante un escenario endémico indeseable y que había sido solo maquillado partir de números que no daban para tanto optimismo y lo que es peor, disimulaban una realidad que nos golpea duramente, porque venía con un mal de base al que nunca se le habían dado respuestas valederas.
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La reciente conmemoración de los 54 años del Movimiento pro Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (Mevir) y simultáneamente del Día de la Vivienda Rural permitió una puesta al día de boca del propio titular del organismo, Arq. Juan Pablo Delgado, sobre la actividad y problemática de una entidad que ha tenido carácter removedor en el ámbito del interior profundo, el gran olvidado por lo general en las decisiones y prioridades en sucesivos gobiernos, más allá de las palabras y apelaciones de ocasión.
Mucha agua ha corrido bajo los puentes desde que en 1967 el Dr. Alberto Gallinal hiciera realidad su idea de destinar un porcentaje de los recursos generados por la actividad agropecuaria a financiar un organismo que pasó a denominarse Mevir, y que ha tenido como objetivo principal contribuir a erradicar las tradicionales taperas y rancheríos del medio rural por casas económicas pero dignas, en las zonas donde existe trabajo zafral o estable en el medio rural, y donde además los servicios básicos brillan por su ausencia, como regla general, aún teniendo en cuenta los avances registrados en las últimas décadas.
Como bien señalaba Delgado, además del acceso a una casa digna, lo que se logró fue ir eliminando potenciales focos de contagio del Mal de Chagas, transmitido por la vinchuca, insecto que se aloja en grietas y resquicios sobre todo de paredes y techos construidos en barro y paja, así como en la periferia de la construcción, por lo que conjugado con campañas de concientización y fumigación de instalaciones como gallineros y galpones, se ha ido reduciendo sistemáticamente la incidencia de la enfermedad en áreas crónicas como departamentos del norte y noreste.
El Arq. Delgado destacó que en más de medio siglo de existencia el organismo ha proporcionado en todo el país un total de 39.911 soluciones habitacionales, que incluyen intervenciones en núcleo, intervenciones en planta urbana, intervenciones en área rural, saneamiento, electrificación, readjudicaciones, reparaciones y otras construcciones.
Debe tenerse presente que Paysandú es uno de los departamentos con mayor cantidad de viviendas de Mevir, con 3.538 unidades habitacionales que se han construido en áreas rurales del Departamento y en la periferia de localidades ubicadas lejos de la capital departamental.
Delgado subrayó la trascendencia “del proyecto iniciado en el año 1967 que tiene plena vigencia y en ebullición permanente, removedor, vanguardista, impulsado por Gallinal”, a la vez de subrayar que actualmente “hay casi 32.000 viviendas construidas, en más de 350 localidades de todo el país, y donde uno recorre, ve una vivienda del Mevir”.
“Este gobierno tiene la voluntad férrea de avanzar con el mecanismo, el espíritu y el proyecto Mevir. Es así que en este gobierno se amplió el ámbito de actuación de Mevir, y ya no solo puede llegar al ámbito rural, o pequeños centros poblados de 5.000 habitantes, sino que ahora podrá llegar hasta 15.000 habitantes, lo que permite brindar nuevas oportunidades de soluciones habitacionales y una metodología validada en su actuación, llegando a una población objetiva del 26 por ciento”, señaló el jerarca, al exponer cual es la línea de acción por la que se procura avanzar.
“Hemos transcurrido un primer año de gestión con mucho dinamismo, muy intenso y marcado además por la pandemia. Uno de los principales objetivos que nos trazamos cuando llegamos a Mevir era cuidar el trabajo y el prestigio que tiene la institución y reivindicar la figura del participante y no de un beneficiario”, reflexionó.
Uno de los aspectos clave, que se ha aprendido a lo largo de los años, respecto a todo emprendimiento habitacional social –pero también en prácticamente todos los órdenes de la vida– es que el beneficiario valora mucho más lo que ha logrado, en este caso el anhelado techo propio, si no lo recibe como un regalo y en cambio pone su esfuerzo, junto a sus familiares, para contribuir a construirlo y levantarlo desde abajo.
Lo explicó Delgado al indicar que el beneficiario “es participante porque participa en todo el proceso de construcción de su vivienda, porque aporta horas de trabajo mediante la ayuda mutua, trabaja en equipo, trabaja en comunidad, y a su vez después pasa a pagar una cuota por su vivienda, por supuesto, una vivienda social con un alto subsidio del Estado, pero ya no más subsidio del cien por ciento”.
“Es un sentido de pertenencia, de tener sentido comunitario, y también la responsabilidad de pagar una cuota, una responsabilidad de cultura de pago”, enfatizó, resumiendo un complejo entrelazado de derechos y deberes en el acceso a la vivienda y otros bienes esenciales para la familia.
Entre otros aspectos a destacar en lo que tiene que ver con la gestión del organismo, subrayó que “hemos trabajado fuertemente con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), a través de Inmujeres para dar protección social a la violencia de género” y trabajando en convenio para contemplar a la población más vulnerable.
En cuanto a cifras recientes, anunció que el trabajo del año 2020 se vio reflejado en 767 soluciones habitacionales, con más de 2.700 personas que han accedido a tener su hogar, así como 30 obras por convenio, escuelas, centros CAIF, electrificación rural, y escrituraciones de vivienda, para que las familias, después que pagaron, puedan tener su título en regla, mientras que el objetivo de este año es entregar 830 soluciones habitacionales, más de 30 obras por convenio y, 400 escrituras de viviendas, con el agregado de incorporar nuevas tecnologías en sistemas constructivos.
Sin dudas la obra de Mevir continúa siendo proficua y revulsiva para el medio rural, con luces y sombras en los respectivos períodos de gobierno, más allá de partidos, respecto a las soluciones habitacionales como respuesta a las necesidades.
Pero en el marco de la problemática de la situación en el interior profundo, y sobre todo en lo que tiene que ver con evitar el éxodo hacia las ciudades, se requiere acciones complementarias –algunas las está encarando el propio Mevir– en cuanto a contar con una red de contención que tiene que ver con fuentes de trabajo y oportunidades, servicios en salud, caminería, telecomunicaciones, actividad social e integración al tramado socioeconómico de sectores que siguen marginados.
Para ello no alcanza con el Mevir en sí, más allá de contribuir en lo que le corresponde desde sus competencias, sino que deben instrumentarse en forma efectiva y persistente desde el Estado políticas específicas para contrapesar de alguna forma las políticas centralistas que se han dado históricamente en nuestro país, en desmedro del Interior y sobre todo del interior profundo, y se atienda con respuestas a tono una realidad que hace que todavía haya uruguayos de primera, de segunda y de tercera categoría, según el lugar en que residen.
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