Opinión

Da cuenta la página oficial del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) del impulso a un laboratorio que tiene por objetivo la transformación de viviendas vacantes en oportunidades de acceso a soluciones habitacionales. Una vieja obsesión uruguaya la de poder disponer de inmuebles que se encuentran fuera de actividad para tratar de combatir otro problema histórico, que es el del déficit de viviendas que tiene el país y que ha tenido desde al menos muchas, demasiadas décadas, y que la población ha ido solucionando a su manera; y esa manera ha sido desorganizada, con algunas consecuencias indeseadas que conocemos y con la falta de optimización de esos procesos.
Una jornada de trabajo del equipo técnico que lleva adelante este Laboratorio de Economía Urbana Circular y Gestión Territorial se llevó a cabo en la ciudad de Minas, donde se trabajó, justamente, sobre esta iniciativa “orientada a abordar la vacancia urbana en áreas centrales de ciudades intermedias del país”. Esta iniciativa es promovida por el Sistema Público de Vivienda, en el marco de los objetivos establecidos en el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat vinculados al desarrollo de la Segunda Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano, destacó la web de la cartera, que agrega que una experiencia en ese sentido se va a llevar adelante en las ciudades de Minas y de Paso de los Toros, “con el propósito de generar conocimiento, metodologías y herramientas que contribuyan al diseño de una futura política nacional sobre la materia”.
Durante la jornada intercambiaron experiencias y analizaron normativas, instrumentos y programas nacionales y departamentales vinculados a la optimización del suelo urbano, la mejora habitacional y el acceso a la vivienda, y se realizó una recorrida por el centro de Minas buscando identificar situaciones de vacancia y subutilización del suelo, así como oportunidades para la revitalización urbana.
Reporta el artículo que también visitaron la nueva Sede Regional Este de la Universidad Tecnológica (UTEC), ubicada en la antigua terminal de ómnibus, algo similar a lo que ocurrió en Paysandú con la antigua terminal, que también se recicló con fines educativos. En el caso de Minas, destaca, esta intervención contribuyó “a fortalecer la centralidad urbana, atraer nuevas actividades y dinamizar el desarrollo de la ciudad”. En el caso de Paysandú también tenemos el ejemplo de lo que ocurrió con la antigua fábrica de Paylana, donde funciona también una sede de UTEC —además de otras instituciones—, pero además se establecieron cooperativas de viviendas, con lo que se cumplió con ese propósito de aprovechar el suelo urbano.
Fue durante este evento que la directora nacional de Ordenamiento Territorial, Paola Florio, mencionó que, de acuerdo al reciente Censo, en Uruguay hay aproximadamente 323.000 viviendas desocupadas, lo que a su juicio evidencia que el problema habitacional no se resuelve exclusivamente mediante la construcción de unidades nuevas, sino que requiere además de “incorporar instrumentos que permitan recuperar y poner en uso parte del stock construido existente”. Para ello, señaló, es necesario “complementar las políticas de producción de vivienda con instrumentos que promuevan la reutilización, rehabilitación y puesta en uso del stock existente”, en especial en las áreas urbanas que ya cuentan con infraestructura, equipamientos y servicios.
Esta recuperación representa, para la directora, una oportunidad para “fortalecer las centralidades urbanas, optimizar las inversiones públicas ya realizadas, reducir procesos de expansión urbana innecesaria y generar nuevas alternativas de acceso a la vivienda”, y agregó que la pregunta “de fondo” que debe responder Uruguay “no es solamente cuántas viviendas necesita construir, sino qué viviendas necesita promover para sostener el proyecto de país al que aspira”. Y señaló al respecto que “los cambios demográficos, el envejecimiento de la población, las dificultades de acceso a la vivienda para los hogares jóvenes y la necesidad de consolidar ciudades intermedias dinámicas y atractivas exigen una mirada integral que articule las políticas de vivienda, suelo y ordenamiento territorial”.
Se espera que este Laboratorio de Economía Urbana Circular y Gestión Territorial tenga un plazo de funcionamiento de dos años y que a partir de las experiencias que se recaben en ambas ciudades piloto se desarrollen “herramientas, metodologías y propuestas de política pública orientadas a la recuperación y reutilización de inmuebles y áreas urbanas vacantes, promoviendo un uso más eficiente del suelo urbano y contribuyendo a la construcción de ciudades más sostenibles, inclusivas y accesibles”. El propósito, indica el ministerio, es “sentar las bases para una política nacional que incorpore la gestión de la vacancia urbana como una herramienta estratégica” que amplíe las oportunidades de acceso a la vivienda en todo el país.
No está mal como aspiración lo que se plantea en los objetivos de este Laboratorio; sin embargo, hay detalles que omite, y que seguramente serán objeto del trabajo durante este tiempo, como por ejemplo que hay inmuebles desocupados que están por fuera del mercado de la vivienda pero que tienen propietarios, y estos propietarios tienen derechos adquiridos sobre esa propiedad, y que en general hay razones por las cuales no están ofreciéndose en alquiler o a la venta. En muchos casos ocurre incluso que son múltiples los propietarios. Hay instrumentos que posee el Estado para hacerse de un bien cuando lo considera de interés general, interés que debe estar debidamente fundamentado, está claro —aunque no siempre sea tan así, o al menos no quede tan claro—.
Ahora bien, está en manos del Estado, del gobierno, en este caso, adoptar medidas que incentiven la incorporación de estos inmuebles al circuito, buscando un beneficio que permita usufructuar el inmueble sin despojar al propietario del bien, utilizarlo temporalmente, digamos, por ejemplo. Claro, después habrá que ver qué garantías se podrían ofrecer a todas las partes involucradas, cómo incidiría una medida de este tipo en el mercado inmobiliario y en la industria de la construcción en general. También habría que analizar si cuenta el país con los recursos necesarios para implementar estas medidas sin tener que caer en el endeudamiento, que no para de seguir creciendo.

“Crear riqueza económica para poder redistribuirla con equidad” es uno de los ejes de la arenga que volcó el “presidente” cubano Miguel Díaz-Canel en el reciente Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, en el que planteó reformas estructurales en procura de contener la gravísima crisis económica que enfrenta el régimen.
Si no fuera tan dramático este escenario, podría catalogarse como tragicómico que parece que recién ahora se da cuenta, luego de 67 años de “Revolución”, de la importancia de generar riqueza para poder distribuirla, y cuánto atraso conceptual, ético y político-ideológico ha tenido la consecuencia de llevar a millones de cubanos a emigrar de la isla buscando poder vivir dignamente y en libertad, expresar opiniones e ideas sin el castigo del régimen a quien osa decir que piensa distinto a la diatriba oficial de todos los días.
Por décadas, el discurso oficial cubano ha atribuido las dificultades económicas del país principalmente al embargo estadounidense, las sanciones internacionales y las adversas condiciones externas. Sin embargo, el más reciente Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) dejó una admisión poco habitual: buena parte de los problemas que enfrenta la isla tienen origen interno y son consecuencia de decisiones que el propio régimen postergó durante años. La declaración de Miguel Díaz-Canel representa uno de los reconocimientos más explícitos realizados por la dirigencia cubana desde el inicio de la crisis económica actual. Al admitir que reformas discutidas y aprobadas anteriormente nunca fueron implementadas, el mandatario reconoció que el modelo económico vigente ha sido víctima de sus propias resistencias burocráticas y políticas.
Pero las cosas no terminan ahí: la paradoja central del anuncio es que las medidas presentadas como un “nuevo” camino para salvar la economía no tienen nada de nuevas. Según el propio Díaz-Canel, muchas fueron debatidas y aprobadas hace años, pero quedaron atrapadas entre la cautela ideológica, la burocracia estatal y el temor a perder control sobre sectores estratégicos de la economía, a la vez de quedar expuestos ideológicamente ante los fanáticos del régimen cubano y de su doctrina que aún quedan en el mundo, porque siempre hay reductos de delirantes y crédulos que se niegan a aceptar la realidad que les rompe los ojos.
Entre las principales reformas propuestas se destaca la flexibilización del comercio exterior, la apertura de espacios para la inversión extranjera en pequeñas y medianas empresas privadas, la eliminación de límites para la contratación de trabajadores y una mayor autonomía para empresas estatales y gobiernos locales. En términos económicos, estas medidas se asemejan más a mecanismos de mercado que a los principios tradicionales de una economía centralmente planificada, como la del socialismo real. De hecho, según los analistas, recuerdan algunas de las transformaciones que China inició a finales de los años setenta y que Vietnam implementó desde mediados de los ochenta bajo sus respectivos procesos de reforma socialista, que implicaron dar marcha atrás en mucho de lo que habían hecho y proclamado como verdad absoluta.
Pero, mientras China y Vietnam introdujeron cambios cuando todavía conservaban márgenes de maniobra económica —porque entendieron que con ese rumbo seguían yendo hacia el despeñadero—, el régimen cubano dice que intenta hacerlo ahora, en medio de una crisis muy profunda que condiciona seriamente su posibilidad de recuperación. Volviendo al discurso del mandamás de turno, uno de los aspectos más relevantes fue la admisión del fracaso de ciertas políticas recientes. Díaz-Canel reconoció que los controles de precios no lograron contener la inflación y que, por el contrario, incentivaron el desabastecimiento y el crecimiento de mercados informales.
Esta afirmación tiene una enorme significación y carga política, porque da por tierra con años y años de defensa oficial de mecanismos de control estatal que numerosos economistas habían cuestionado desde su implementación. Incluso en Uruguay este tema aparece cada vez que algún precio se dispara por motivos exógenos.
También la aceptación de errores económicos revela una creciente presión sobre las autoridades del régimen, cada vez más encerradas y cuestionadas por la inflación persistente, los apagones frecuentes, la escasez de combustible, la caída de la producción agrícola y una emigración masiva de ciudadanos. Les resulta cada vez más difícil sostener “explicaciones” exclusivamente externas para justificar el deterioro económico, y ponerse siempre en el papel de víctimas del imperialismo norteamericano como única causa de sus desventuras y décadas de fracasos acumulados. Ahora bien, la principal interrogante es si estas reformas son suficiente y llegan a tiempo y si es posible, además, ante la magnitud de la crisis, resolver los graves problemas estructurales y el rezago que padece la isla y, sobre todo, pedir al pueblo cubano más sacrificios tras admitir que todos los dramas que han atravesado en más de medio siglo han sido en vano, y que el camino era el contrario de lo que siempre le impusieron los líderes de la revolución.
El país enfrenta además una severa crisis energética agravada por la reducción de los envíos de petróleo venezolano, uno de los pilares que durante años sostuvo parte de la estructura económica cubana. Pero si bien la crisis se agravó por el bloqueo de EE.UU. hay que recordar que Cuba ya estaba al borde del colapso energético desde mucho antes, casi sin centrales operativas por falta de actualizaciones y de mantenimiento, sin energías alternativas de apoyo y con una producción propia de petróleo –que por cierto, tienen pozos—muy mermada.
El régimen espera que esta tardía apertura a la inversión extranjera y a los cubanos residentes en el exterior pueda convertirse en una fuente importante de recursos. Sin embargo, la efectividad de estas medidas dependerá de la existencia de garantías jurídicas, estabilidad regulatoria y confianza de los potenciales inversionistas, aspectos que históricamente han generado enormes dudas dentro y fuera de la isla. Paralelamente, y no menos importante, las reformas plantean un desafío político-ideológico para el régimen. El crecimiento del sector privado, la flexibilización económica y la llegada de capital externo tienen la contrapartida de que posiblemente generen mayores demandas de autonomía económica y social.
El ejemplo de China y Vietnam en este sentido es relativo, porque estos países en buena medida lograron combinar apertura económica con control político centralizado, pero lo hicieron mediante procesos graduales, sostenidos y acompañados de importantes incentivos para la producción y la inversión, lo que no es el caso de Cuba, que atraviesa circunstancias mucho más complejas y con recursos significativamente más limitados. Además, esos países surgieron desde la pobreza histórica, mientras que Cuba no siempre fue pobre; en realidad fue “fundida” y arrastrada hasta la miseria por el comunismo.
Por ello, el verdadero problema no es al fin de cuentas aprobar las reformas, sino llevarlas a cabo, porque como dijera Raúl Castro durante el plenario, el problema histórico de Cuba no ha sido la falta de diagnósticos ni de planes, sino la incapacidad para transformar decisiones políticas en cambios efectivos sobre la economía real.
Aunque, sin dudas, la lección más importante que surge de este proceso de aggiornamento no solo es que se ha repetido una mentira durante décadas, ahora reconocida por sus propios autores, sino que hay que empezar todo prácticamente desde cero. Y encima con el régimen aún vivo y activo, con su burocracia y su autoritarismo explícito, lo que hace aún más cuesta arriba tamaño desafío.

De acuerdo con el documento “Exportaciones por Departamento 2025” de Uruguay XXI, Paysandú registró una caída del 9,3 % en sus exportaciones respecto a 2024, pasando de 461 millones de dólares a 418 millones en 2025.
Tradicionalmente, la maltería ha sido el sector con mayor incidencia en las exportaciones del departamento, seguida por el cuero y los productos agrícolas, con la soja como principal producto de salida.
Sin embargo, el informe también refleja una realidad concentrada en tres departamentos. Montevideo, Canelones y Colonia lideran las exportaciones gracias a mejores condiciones logísticas, infraestructura de transporte, cercanía a zonas francas, plantas industriales e incentivos a la innovación.
En ausencia de esas condiciones en el litoral, muchos discursos sobre el desarrollo equilibrado del país pierden sustento. Las estadísticas oficiales muestran un proceso de deterioro que se refleja en un indicador fundamental para el desarrollo humano: el empleo. La actividad laboral vuelve a concentrarse en las mismas áreas geográficas, mientras el litoral enfrenta tasas de desempleo de dos dígitos.
Esta situación evidencia la existencia de dos regiones claramente diferenciadas. En buena parte del interior se continúa produciendo con escaso valor agregado, lo que profundiza las brechas territoriales. En un país que avanza a dos velocidades, resulta difícil imaginar un desarrollo basado en la igualdad de oportunidades y la equidad social.
A ello se suma otro desafío estructural: la situación de la seguridad social, agravada por la baja natalidad y el envejecimiento de la población. Menos trabajadores activos, menor productividad y una reducción de las oportunidades laborales conforman una combinación compleja para cualquier política pública.
El desempleo también debe analizarse junto con los elevados niveles de informalidad que persisten al norte del río Negro. El resultado es un importante potencial desaprovechado, alimentado por la emigración de los jóvenes y las limitadas alternativas de desarrollo.
El elevado endeudamiento de las familias y la realidad de los departamentos fronterizos agravan aún más las dificultades económicas y reducen las posibilidades de crecimiento. Se trata de una región donde la recesión no termina de ceder y donde la capacidad de resistencia frente a los impactos negativos es cada vez menor.
Este escenario también es consecuencia de la ineficiencia estatal, que suele llegar tarde y con respuestas parciales ante problemas que requieren soluciones integrales. Mientras tanto, la expectativa de que alguna medida logre revertir la situación sigue sin concretarse.
El mercado laboral mostró algunas variaciones recientes y el gobierno anunció la creación de 5.800 puestos de trabajo entre diciembre y abril. De ese total, 4.600 fueron empleos formales y 1.200 informales, según datos de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía. Sin embargo, esa supuesta reactivación no parece reflejarse, al menos por ahora, en el litoral del país.
Recientemente, el Parlamento aprobó un proyecto de ley integral que establece un régimen de estímulos para que las empresas contraten personal. La iniciativa aún espera su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo.
La propuesta contempla subsidios destinados a reducir el desempleo juvenil y facilitar la inserción laboral de otras poblaciones vulnerables. Sin embargo, su impacto dependerá de múltiples factores. Si la productividad continúa cayendo, si disminuyen las ventas en sectores comerciales o si la información sobre estos beneficios no llega efectivamente a los potenciales beneficiarios, sus resultados podrían ser limitados.
Experiencias similares han tenido resultados dispares y las cifras actuales muestran que el desempleo sigue siendo un problema persistente.
Paysandú carga además con una larga historia de empresas e industrias que cerraron sus puertas a lo largo de las últimas décadas, sin generar suficientes oportunidades de reinserción laboral. Esa es la realidad que enfrentan nuevamente las generaciones actuales. A ello se suman las empresas que han enviado trabajadores al seguro de desempleo y aquellas que evalúan solicitar extensiones del beneficio ante un horizonte marcado por la incertidumbre.
Todo esto ocurre mientras el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social insiste en que las empresas comuniquen con anticipación cualquier decisión definitiva. Aunque la medida puede aportar previsibilidad, difícilmente constituya una solución de fondo.
El frigorífico más antiguo del mundo atraviesa hoy una coyuntura compleja. Fricasa necesita encontrar un inversor que le permita continuar produciendo. La alternativa resulta difícil de imaginar para un departamento que acumula décadas de pérdidas de empleo y cuyo mayor orgullo siempre ha sido la cultura del trabajo.
Existe una comunidad profundamente afectada, aunque todavía conserva un fuerte sentido de pertenencia. Más de 400 personas dependen directamente de esa fuente laboral, y podrían citarse muchos otros casos similares.
En distintos puntos del departamento se repite el mismo reclamo: preservar las fuentes de ingreso. Ocurre en AmBev-Cympay, donde poco más de un centenar de trabajadores continúa luchando por mantener en actividad a la histórica Norteña. También sucede en Paycueros, donde se reclama una mayor incorporación de procesos industriales que permitan completar la cadena de valor de las materias primas.
La mayoría de estas situaciones comparte un mismo trasfondo. El norte del río Negro presenta carencias estructurales en materia logística, competitividad de costos y desarrollo de un sistema de transporte multimodal capaz de facilitar el movimiento de la producción.
Por ahora, en esta región se ha instalado una percepción cada vez más extendida: al Estado le resulta demasiado costoso sostener su propia estructura. Un ejemplo recurrente en este debate es el caso de Ancap y las pérdidas acumuladas por su división de portland durante décadas.
Los subsidios pueden funcionar como una herramienta transitoria de contención, pero no constituyen una respuesta permanente ni integral al problema del desempleo.
Desde hace años se discute la necesidad de reformar un Estado percibido como pesado y costoso, cuya estructura burocrática ha seguido creciendo a lo largo de distintos gobiernos. Mientras tanto, las medidas implementadas parecen apenas un pequeño parche frente a una herida profunda que continúa afectando al empleo y al desarrollo del Interior del país.

El ciclo bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán avanzó durante meses bajo una lógica de escalada sostenida, marcada por la disonancia entre los hechos militares y la narrativa política. Desde los primeros ataques cruzados, la región quedó atrapada en lo que Clausewitz definía como “la fricción que convierte lo simple en difícil”, un terreno donde la información se vuelve instrumento estratégico.
En ese marco, Donald Trump proclamó en treinta y nueve ocasiones el “fin” de la guerra, ilustrando la advertencia de Hannah Arendt sobre “la vulnerabilidad de los hechos frente a la fabricación del relato”. La distancia entre anuncio y realidad se convirtió en un rasgo estructural del conflicto.

Israel, bajo el liderazgo de Benjamín Netanyahu, primitivo y sin opciones, ni de corto y menos aún de largo plazo, profundizó una estrategia de “presión preventiva” que combinó operaciones quirúrgicas con demostraciones de fuerza destinadas tanto a Teherán como a su propia audiencia interna.
La crítica internacional se intensificó: Emmanuel Macron advirtió que “ninguna democracia puede sostener indefinidamente una guerra sin horizonte político”, Pedro Sánchez subrayó que “la seguridad no puede construirse sobre la negación permanente de soluciones diplomáticas”, y Giorgia Meloni sostuvo que “la estabilidad regional exige responsabilidad estratégica de todas las partes”. Este consenso europeo reflejó un diagnóstico compartido: Netanyahu utilizó la prolongación del conflicto como amortiguador político, erosionando su legitimidad externa y bloqueando cualquier arquitectura de salida. No le ha funcionado ninguno de los intentos torpes para conseguir un indulto. Fracasadas sus propias exigencias, tampoco lo logró la prepotencia y torpeza relacional del presidente Trump, que lo intentó por lo menos dos veces, las dos de manera pública.

Después de eso, Netanyahu lo intentó, siempre a su estilo, y Herzog le recordó que solo puede solicitar el indulto el procesado, en persona, con sentencia firme, para lo cual además de completar el trámite penal debería abandonar su condición de jefe de gobierno.

Del lado iraní, la dinámica no fue menos problemática. Teherán combinó ataques directos con el uso sistemático de milicias delegadas —Hezbolá, los hutíes, las Fuerzas de Movilización Popular—, en una estrategia que Raymond Aron describiría como “guerra por procuración”, diseñada para ampliar el radio de acción sin asumir plenamente los costos. La retórica iraní, presentada como resistencia, encubrió una lógica de poder que instrumentalizó a sus aliados regionales y expuso a poblaciones civiles a ciclos de violencia recurrente.

En este escenario, Estados Unidos osciló entre la contención y la necesidad política de mostrar resultados. Aquí la figura de Henry Kissinger adquiere centralidad analítica: su advertencia de que “los armisticios mal diseñados incuban nuevas crisis” funciona como clave interpretativa del entendimiento anunciado en los últimos días. Lo firmado no constituye un acuerdo de paz, sino una pausa táctica: un documento ambiguo, sin mecanismos verificables y con compromisos elusivos. Su vaguedad refleja tanto el desgaste militar como la urgencia política de presentar un cierre provisional.

El resultado es un alto el fuego frágil, sostenido más por la fatiga estratégica que por una resolución real de las causas del conflicto. La arquitectura regional permanece inestable, con múltiples actores armados, agendas superpuestas y un equilibrio dependiente de decisiones que ninguno de los líderes involucrados parece dispuesto a asumir plenamente.

Como señaló Macron, “la región no necesita silencios armados, sino soluciones políticas duraderas”. Hoy, lo que existe es apenas un silencio condicionado, vulnerable a cualquier detonante y sin garantías de continuidad.

Y Putin…

Putin ha operado en clave oportunista: mantuvo apoyo político a Irán, amplió cooperación militar y explotó la distracción occidental para consolidar posiciones en Ucrania y en el Cáucaso. Su objetivo fue doble: debilitar a EE. UU. en varios frentes y presentarse como actor indispensable en cualquier salida regional. En los hechos, buscó que la inestabilidad ajena reforzara su margen estratégico.

Mediador

Pakistán actuó con ambigüedad calculada: condenó la escalada mientras permitía que sectores de su aparato de seguridad mantuvieran vínculos operativos con redes afines a Irán, buscando preservar margen frente a Washington y Riad sin asumir alineamientos plenos. A ello sumó una mediación de baja intensidad, ofreciendo canales discretos entre Teherán y EE. UU. para evitar una expansión del conflicto hacia Asia del Sur.

Esa mediación, más simbólica que efectiva, le permitió proyectarse como actor responsable mientras administraba sus fragilidades internas y equilibraba dependencias simultáneas con China, el Golfo y Occidente.

A modo de resumen

El conflicto dejó un balance económico adverso: disrupciones energéticas, presión inflacionaria global, desvío de recursos fiscales y encarecimiento del comercio marítimo. Ningún actor obtuvo beneficios estratégicos claros. EE. UU. preservó influencia pero perdió capacidad de conducción; Israel ganó tiempo pero no seguridad; Irán amplió alcance táctico sin consolidar poder. El resultado es un equilibrio inestable, costoso y sin victorias decisivas.

Por su parte, Washington administró el conflicto más que conducirlo: buscó contener la escalada sin lograr imponer un marco de desescalada estable. Su política oscilante reveló límites de influencia y una dependencia creciente de la comunicación política para compensar decisiones incompletas. La advertencia de Kissinger sobre armisticios mal diseñados volvió a ser pertinente ante un cierre frágil y sin garantías.

Netanyahu combinó eficacia táctica con deterioro estratégico. Sostuvo la guerra como recurso político interno y bloqueó cualquier horizonte diplomático. Las críticas europeas —las de Macron, Sánchez, Meloni— subrayaron la falta de proyecto y la erosión de legitimidad internacional. Israel mostró capacidad operativa, pero sin una arquitectura política que transforme victorias militares en estabilidad.
Teherán profundizó su estrategia híbrida: ataques directos, milicias delegadas y retórica de resistencia. Buscó ampliar influencia sin asumir costos plenos, instrumentalizando a sus aliados regionales. Aunque capitalizó la fatiga occidental, expuso fragilidades internas y una dependencia estructural de la escalada controlada como mecanismo de legitimación y proyección regional.

¿Acuerdo o estancados?

La crisis regional llega hoy a un punto de estabilidad negativa: no hay guerra abierta, tampoco un contexto político capaz de sostener la pausa alcanzada.

El entendimiento reciente funciona como contención mínima, no como solución. Las alternativas futuras se reducen a tres: una desescalada negociada que exige voluntad que nadie muestra; una prolongación del statu quo, frágil y costosa; o una nueva espiral de violencia detonada por actores delegados.
El sistema regional sigue sin un ancla estratégica y depende, peligrosamente, de la inercia o del oportunismo.

Tuve dudas sobre titular así o “cambiar la pisada”, o “aquí no renuncia nadie”. No sé; elijan. El presidente Yamandú Orsi, según se supo, se reunió con un grupo de “referentes” (como pasa con el fútbol). Ninguno le habría dicho lo que está cantado: no jodas más con la fiscalía y confirmá a Mónica y así por lo menos alivianás el “tufo del influencer” que muchos perciben, y cambiá a los de la Jutep.

Parece que no: optaron por “lo comunicacional”; ahí no hay como errarle, aunque se puede. ¿Qué piensan que pasará cuando la Jutep se expida sobre “la camioneta”? Cualquiera sea la resolución habrá otro festival. Hay que cambiar la pisada. Desde el título erran: Economía anuncia proyecto de ley de “Competitividad y Reducción del Costo de Vida”. Lo de la competitividad la gente lo asocia con TEMU más IVA, pero peor es lo de la reducción del costo de vida: se genera una expectativa sobre algo que demorará, como Oddone lo advirtió; si es que se da porque eso no se arregla con cartelitos. La gente, agobiada, se aferra a cualquier promesa de que los precios podrían bajar, como se aferra a cualquier medida que le dé esperanza de mayor seguridad. Y si no ocurre se desilusiona y ergo, cae la imagen. Pobres los jubilados, que ya deben estar calculando el degüello anual del IASS, mientras se habla de timbres médicos de los cuales ellos son los principales usuarios. Además son 240 artículos que implicará seguramente un nuevo número de personas marcando tarjeta. Porque aquí todo se complica, como el derecho a disponer de su propia vida, de su “derecho individual”; también en esto hay que sortear etapas y probar situaciones específicas; desconozco si hay incluso que presentar partida de nacimiento para probar que uno es uno y que en su momento nació. Y está el caso quizás más “caliente”, el de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, cuya renuncia reclama la oposición, pero a la cual la regimentada mayoría “progresista” más socios oportunos amparan pese a los hechos –director de ASSE, anestesista– que para decir lo menos “orillan” las normas.

Se añaden a su vez el criterio del MSP de que los pedidos de informes “perturban” la tarea del ministerio, una apreciación algo soberbia referida al control del Poder Legislativo y al derecho a la información de los ciudadanos y la acusación de que la ministra le mintió al Parlamento, lo que no pocos asumen como otro acto de soberbia y de desprecio.

Lo de que mintió, quizás habría que relativizarlo, por aquello de que el que avisa no traiciona. La ministra en una entrevista en Galería del pasado 5 de marzo advirtió que llegó “a la política para ejercer el poder no para transitar”. ¿Transitar qué carriles? ¿Los que hacen a la convivencia, esto es, las normas legales, con la Constitución a la cabeza? Lustemberg, formada en Cuba de los 8 a los 20 años, etapa importante para la militancia y eventual adoctrinamiento, dijo que esos años en la isla “la marcaron”, lo que explicaría su actitud.

Además se manifestó diría que fanáticamente feminista –¿rayando la misandría?– y ve a las mujeres “como una herramienta de transformación colectiva”. ¿Y por qué no? También para cambiar la pisada el presidente Orsi podría considerar pedirle que dé un paso al costado, no por lo que clama la oposición, sino por algunos hechos señalados y por lo que ella dice y como lo dice.
Es una ministra. No puede decir lo que quiera, involucra al presidente, además.

Desde su creación, en el año 2005, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ha sido el buque insignia de todos y cada uno de los gobiernos del Frente Amplio. Incluido como promesa electoral en las elecciones de 2004, el Mides se transformó rápidamente en una aceitada máquina electoral que entregó beneficios sin ningún tipo de control ni contraprestación, bajo una ética —o más bien falta de ella— de clientelismo político partidario puro y duro. Como si todo ello no fuera suficientemente censurable, el Mides ha sumado durante la gestión de Gonzalo Civila, y especialmente en los últimos días, una muestra más de su incompetencia y desidia, a lo que hay que sumarle las denuncias de los trabajadores de esa cartera, quienes señalaron “atrasos” en los pagos y “precarización” laboral.

Fiel a su accionar, el ministro Civila ha cubierto su gestión y el accionar del Mides de una total falta de transparencia a través de la cual se esconde —un día sí y otro también— todo tipo de información referente a su gestión, la cual es cuestionada tras bambalinas por el propio presidente Yamandú Orsi y varios actores frenteamplistas de relevancia. En el mes de marzo pasado, el portal de noticias La República se expresaba sobre la gestión de Civila en los siguientes términos: “Con más de un año transcurrido desde el inicio de la actual administración, la gestión al frente del Mides comenzó a generar disconformidades dentro de sectores del oficialismo. Fuentes del Poder Ejecutivo indicaron al semanario Búsqueda que ese malestar se concentra principalmente en el MPP, aunque también registra manifestaciones en la Intendencia de Montevideo y en integrantes de la primera línea de gobierno. Pese a ello, las mismas fuentes señalaron que el ministro mantiene el respaldo del equipo de Presidencia. (…) Para el MPP, la problemática de las personas en situación de calle constituye un punto central de la agenda, con expectativas de mejoras concretas. En esa misma línea, toman en consideración la existencia de una sensación de ‘hartazgo’ en la sociedad respecto al tema. Una encuesta de Cifra citada por fuentes indica que el 74% de los uruguayos apoya el traslado de las personas en situación de calle, incluso contra su voluntad”.

Resulta llamativo que las organizaciones “sociales” de ultraizquierda que al comienzo de la gestión de Luis Lacalle Pou y una vez iniciada la pandemia hicieron florecer ollas populares hayan disminuido tan notoriamente su actividad, especialmente cuando se ha producido un aumento tan notorio de las personas en situación de calle. Organizaciones como la Coordinadora Popular y Solidaria, la Intersocial (acá en Paysandú; que siempre está para las “causas justas”), el Pit Cnt o el propio Frente Amplio guardan en este momento un silencio cómplice sobre los muertos en situación de calle porque no les conviene “agitar las aguas”, ya que son la fuerza de choque del actual gobierno nacional. Al fin y al cabo, no se trata nada más que de la puesta en práctica de las ideas proclamadas por el ideólogo marxista Vladímir Lenin con su famoso “frente de masas”, cuya finalidad era reunir y coordinar la mayor cantidad de sectores de la población —cuanto más diversos, mejor—, tales como organizaciones civiles, sindicales y campesinas, y lograr con ello la conquista del poder. Para todos ellos, los muertos de frío en la calle son importantes solo si murieron durante el gobierno de Lacalle Pou; quienes han muerto luego de la asunción de Orsi son accidentales y pasan rápidamente al olvido. Muertos de primera y de segunda.

En días recientes, y a raíz de la muerte de una persona en situación de calle, el intendente de Paysandú y presidente del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed), Nicolás Olivera, cuestionó duramente a la cartera por no asumir la responsabilidad. De acuerdo con lo publicado por el portal de noticias Ámbito, “según explicó a Radio Uruguay, hubo una falta de responsabilización por parte de las autoridades de la cartera, comenzando por su titular, Gonzalo Civila: cuestionó que mientras se destacaba públicamente el funcionamiento de los dispositivos implementados para la contención, acompañamiento y resguardo de las personas en situación de calle, se producía el hallazgo del fallecido; y que, luego, no se brindaran explicaciones oficiales al respecto. Asimismo, sostuvo que el Mides tuvo varios meses para fortalecer la capacidad de alojamiento y los mecanismos de captación de personas en situación de calle, pero que ese tiempo no fue aprovechado para mejorar los recursos disponibles”.

De acuerdo con lo que se informa en su página web, el Ministerio –que es específico para atender la emergencia social; ¡esa fue la justificación de su creación en 2005!– tiene, entre otros cometidos, “implementar, ejecutar y coordinar programas de Atención a la Emergencia Social, mediante la cobertura de las necesidades básicas de quienes se hallan en situación de indigencia y de extrema pobreza, buscando el mejoramiento de las condiciones de vida y su integración social”. A esto se debe sumar “garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales a la alimentación, a la educación, a la salud, a la vivienda, al disfrute de un medio ambiente sano, al trabajo, a la seguridad social, a la no discriminación y a los cuidados”. Leyendo todo esto, está claro que el Mides posee responsabilidad en lo relativo a las personas en situación de calle, por lo que no corresponde que quiera “sacarse el sayo” y colocárselo al Cecoed. Tal como ha cuestionado el intendente Olivera: “¿Desde cuándo las personas en situación de calle dejaron de ser responsabilidad del Mides?” En esa línea, Olivera ejemplificó señalando que, dentro del Cecoed, cada organismo tiene funciones definidas, pero que es el Mides quien debe conducir el operativo, mientras que otras instituciones, como la Policía, cumplen tareas de apoyo. Según el portal de noticias Ámbito, Olivera destacó que la Intendencia continuará dando explicaciones y acompañando las actuaciones necesarias, pero insistió en que el organismo competente debe asumir el liderazgo y responder ante la ciudadanía sobre las medidas adoptadas para evitar que situaciones de este tipo vuelvan a repetirse. Ante esta falta de acción del Mides, no resulta una sorpresa que el edil del Partido Nacional y exdirector adjunto del Mides durante la administración de Luis Lacalle Pou, Alejandro Colacce, haya solicitado que “la directora departamental y el ministro de Desarrollo Social den un paso al costado ante la muerte de una persona en situación de calle en Paysandú”.

Una muerte que ocurrió en plena vigencia de “alerta roja”, aún cuando en Paysandú las temperaturas apenas estuvieron por debajo de los 10ºC en esos días.

La incapacidad tanto del Mides a nivel nacional como a nivel local ha quedado ampliamente demostrada por la pésima forma en que han administrado los recursos asignados a esa cartera, todo bajo una falta total de planificación que parece increíble cuando se trata de un fenómeno climático —las bajas temperaturas— que se repite año tras año. Seguramente no faltarán las excusas de las autoridades, quienes evocarán la famosa “herencia maldita” del último gobierno nacionalista como forma de no asumir su propia responsabilidad como gobernantes.

Es hora de que el Mides deje de jugar a la “mosqueta” y asuma de una vez por todas sus obligaciones, y como tanto les gustaba decir, que “se hagan cargo”, algo que no ha hecho en más de veinte años de existencia, los que solo han servido para transformarlo en un comité de base.

Paysandú está en deuda con un arquitecto: Walter Belivisi. Fue senador, intendente en tres períodos, 1973-1981, 1988-1990, elegido por votación. 1983-1984, interino.

Paysandú tiene en su historia a varios intendentes que han descollado, que se destacaron, eminentes, sobresalientes. Tenían talento, calidad.

Hoy con sus 88 años, lo vemos por las calles caminando. El arquitecto está muy bien. Hace unos días contó cómo se inauguró el puente Paysandú-Colón. Desde 1920 ya se hablada del puente, un argentino decía de unir las dos orillas con una conexión ferroviaria.

En 1950 un uruguayo también comentaba del puente. 1964 fue un punto de partida (controlado por la Intendencia). En 1965 el ingeniero Viera impulsa una idea; la de un puente flotante.
Se forma un comité. Sería un puente, el primero uniendo dos países americanos.

El 22 de mayo de 1964 se forma Copayco, luego sería Cotepayco. Ese mismo año se preparó una importante y brillante gran exposición industrial del río Uruguay, con participantes uruguayos y argentinos quienes se pudieron vincular para futuros convenios.

En 1965 el presidente Gestido vino a apoyar. Pero falleció casi enseguida de asumir.
El 12 y 13 de febrero de 1966 con W. Beltrán se firman las cartas reversales entre los dos países.
El 1° de marzo de 1966 se realiza la declaración de Paysandú. Viene el presidente Pacheco, que había asumido en lugar de Gestido.

En 1968 fromalizan Cotepayco.
En 1970 comienza la licitación para contruir el puente.
El 2 de octubre de 1970 se oficializa la obra y da comienzo. Las columnas eran tubos de 14 metros de alto. Abajo habían sacado el agua para trabajar en seco.
El puente tiene 2.360 metros de largo.

Se trabajaba en ambos países, al llegar al centro faltaban 8,39 metros. Pusieron un tablón para unir los dos países.

El arquitecto Belvisi fue el primero que caminó sobre ese pasaje. Se unieron los dos territorios.
La presidenta argentina fue recibida en la Intendencia el 9 de diciembre. Suceden varios acontecimientos; se inaugura la purificadora de OSE. El acceso norte se mejora. Así como la entrada al cementerio, avenida Italia, el Auditorio.

En 1975 la Intendencia recibe la primera computadora, el escribano Ricardo Molinelli controla el sistema de Paysandú. Alberto Ponce Delgado da su apoyo para el puente Fray Bentos-Puerto Unzué. Consultaron al ingeniero Ponce Delgado sobre el techo de la terminal, para hacerla volada y le gustó mucho la idea.
Y así tendríamos mucho más para contar del intendente y arquitecto Walter Belvisi, sin sacar mérito a otros que gobernaron Paysandú. No importa el color del partido. Importa lo realizado y como es mucho merece un reconocimiento.

Gracias Arq. Walter Belvisi, señor intendente de Paysandú.

Zoraida Martegani de Camandulli

Hace poco más de un año y tres meses que el doctor Carlos Negro asumió la conducción del Ministerio del Interior. Tiempo suficiente para que la ciudadanía pudiera evaluar resultados. Y lamentablemente, la sensación que recorre barrios, ciudades y pueblos del Uruguay es que la inseguridad no disminuye: crece.
Los robos siguen siendo noticia cotidiana, las rapiñas continúan sembrando preocupación, los copamientos aparecen una y otra vez en los titulares y los homicidios parecen haberse convertido en una estadística que ya ni sorprende, aunque jamás debería dejar de conmovernos.

Pero si algo refleja el nivel de deterioro al que hemos llegado fue el hecho ocurrido días atrás, cuando un vehículo con cinco personas encapuchadas se dirigió a una boca de drogas y desató una lluvia de balas contra quienes allí se encontraban. El resultado fue aterrador: tres personas muertas, dos gravemente heridas y, hasta el momento, ninguna captura de los responsables. Una escena que parece sacada de una serie sobre carteles mexicanos o de alguna película sobre mafias internacionales. Pero no. Ocurrió en Uruguay, ese país que alguna vez fue presentado como una isla de tranquilidad en la región.
Y entonces llega la noticia: se cambia la cúpula policial.
Y ahí surge una pregunta tan sencilla como incómoda.

¿La culpa es de quienes ejecutan las órdenes o de quienes las imparten?
Porque hasta donde sabemos, los jefes policiales no diseñan la política de seguridad.
No definen estrategias ministeriales. No elaboran planes nacionales. No establecen prioridades. Su función es ejecutar los lineamientos que llegan desde arriba.

Es decir, cuando un equipo pierde durante más de un año, cuando los resultados empeoran y cuando la sensación de descontrol aumenta, resulta curioso que se cambien los jugadores y nunca el director técnico.

La lógica parecería indicar que si el problema es estructural, el análisis debería comenzar por quien conduce la estructura.

Pero en Uruguay somos innovadores. Cuando el barco hace agua, cambiamos a quienes sostienen los baldes y dejamos intacto al capitán que trazó el rumbo.

Quizás la nueva cúpula policial logre revertir la situación. Todos los uruguayos deseamos que así sea. Porque aquí no hay colores políticos que valgan cuando la vida de las personas está en juego.
Sin embargo, también es legítimo preguntarse si este cambio no es simplemente una forma elegante de trasladar responsabilidades.

Porque cuando la inseguridad crece, los homicidios aumentan, las bandas narcotraficantes disputan territorios a balazos y los ciudadanos viven cada vez con más temor, llega un momento en que ya no alcanza con cambiar nombres. Lo que la gente reclama son resultados.
Y cuando los resultados no aparecen, la pregunta deja de ser quién dirige a la Policía.
La verdadera pregunta pasa a ser quién dirige al ministro.

David Doti

Considero que es un deber ético y moral denunciar públicamente ante la opinión pública de nuestro departamento y del país la flagrante injusticia, la arbitrariedad y el desamparo que el Instituto Nacional de Colonización (INC) pretende cometer contra Soledad Parietti Zeni, una joven colona de tan solo 24 años de la Colonia Juan Gutiérrez. que mediante la Resolución N° 21 (Acta N° 5789), adoptada con el digno voto en contra del Director Dr. Luca Manassi, el Directorio del INC resolvió rescindir de forma intempestiva el contrato de arrendamiento de la fracción N° 28 de la Colonia Juan Gutierrez,ordenando el desalojo inmediato y el inicio de acciones judiciales contra esta joven colona.
Esta medida no solo representa un severo golpe a una familia de trabajo radicada en el interior de Paysandú, sino un peligroso precedente que violenta el más elemental sentido común y los fines de la propia Ley de
Colonización. Soledad no es una colona improvisada; se radicó en esa tierra junto a sus padres cuando tenía apenas un año de edad. Tras el fallecimiento de su madre cuando tenía apenas tres años, se crió y trabajó codo a codo con su padre, haciendo de la actividad agropecuaria su único y legítimo medio de vida. Cursó la escuela pública de la Colonia Juan Gitierrez y sus estudios secundarios en la Escuela Agraria de Guichón, manteniendo siempre allí su única y efectiva vivienda. Si existe un ejemplo vivo en Paysandú del espíritu de la Ley 11.029, que busca poblar la campaña y lograr el arraigo de las familias en el medio rural, es el de esta joven.
Sin embargo, el argumento de la burocracia montevideana para decretar su expulsión roza lo absurdo y lo abiertamente discriminatorio: pretenden sancionarla porque actualmente cursa estudios en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República en la Regional Norte. El Instituto de Colonización de manera insólita transforma un mérito evidente en un demérito administrativo. ¿Desde cuándo el derecho al desarrollo personal, al estudio y a la capacitación técnica para producir mejor el campo son causales de exclusión? Soledad estudia para volcar sus conocimientos profesionales en su propia tierra y cooperar con el desarrollo de la zona. Desalojarla por estudiar es un mensaje nefasto para toda la juventud rural de nuestro interior.
Sin perjucio y como profesional del derecho debo, señalar que esta resolución del Instituto de Colonización, está completamente viciada de nulidad y plagada de falsedades técnicas, que denotan una animosidad manifiesta de los responsables de esta medida. La mayoria del Directorio invoca supuestos incumplimientos financieros y ordena el cobro de deudas cuando la realidad material, tajante e indiscutible, es que la joven colona se encuentra absolutamente al día con el pago de sus rentas. Para colmo, el acto fue dictado entre gallos y medianoches, de espaldas a la interesada, sin conferirle la vista previa ni la notificación personal que por ley corresponden, dejándola en un total estado de indefensión. Se ignoró deliberadamente que ya en marzo de 2025 la propia Oficina Regional de Paysandú del INC había informado que todos los supuestos inconvenientes estaban subsanados y recomendaba la renovación del contrato por dos años. Hoy, un año después y de forma arbitraria, se decreta el desalojo sin previo aviso. No se puede aplicar la sanción más grave de la ley cuando no existe una sola causal legítima para hacerlo.
Frente a este atropello que lesiona la seguridad jurídica y los valores de la comunidad productiva sanducera, exijimos una solución inmediata. No hay causa justa, ni grande ni chica, que ampare semejante despropósito. Apelo firmemente a que las máximas autoridades del Instituto Nacional de Colonización tengan la capacidad y sensatez, de rever semejante decisión, y también al Poder Ejecutivo – en la persona del Ministro de Ganaderia,
Alfredo Fratti que dijo ser defensor de los colonos, para que, en el marco de los recursos que segun me han informado se han interpuesto en vía administrativa, procedan de forma urgente a la suspensión de la ejecución de este desalojo y a la revocación total de la resolución que propició esta ilegitima medida. Desde que, es un deber del Estado proteger, incentivar y amparar a los jóvenes como Soledad que eligen vivir, estudiar y trabajar en el campo.
Dr. Marcelo Tortorella, edil departamental por
el Partido Nacional

Nos gusta el Mundial, o la Copa Mundial de la FIFA, como les gusta decir a los que se apegan a las formalidades de la denominación oficial del torneo. Nos gusta más que lo esté jugando Uruguay, por supuesto. Y este Mundial en particular, en edición XL, ha traído novedades y confirmaciones, como la locura por las figuritas y su intercambio, que hace tiempo que vienen acaparando espacios y sumando instancias de intercambio que han mutado en verdaderos eventos que convocan especialmente a niños y adolescentes a interactuar. Y eso, en tiempos en los que la denominada “presencialidad”, el encuentro mano a mano, cara a cara, ha dejado de ser la primera opción de interacción entre los seres humanos, no es poca cosa.

Pero en este Mundial están pasando otras cosas. Se ha terminado de desatar una locura por las “pencas”, con varios espacios virtuales que ofrecen la posibilidad de predecir los resultados de los partidos y de competir en grupos de amigos, compañeros de trabajo, familias, clubes, etcétera. Hay varias aplicaciones de celulares que lo permiten. Y lo otro que ha proliferado son las publicidades de las casas de apuestas en línea. Aclaremos esto: estas publicidades están prohibidas en Uruguay porque está prohibida la actividad de estas plataformas extranjeras. Hay una sola plataforma de apuestas deportivas legales en nuestro país y, por supuesto, sus publicidades forman parte de la cartelera de avisos de las transmisiones oficiales, digamos, como la que corre por el Canal 5, el canal oficial público, que es quien detenta los derechos de televisión del máximo evento futbolístico. Podría abrirse un interesante debate sobre si corresponde este tipo de publicidad en este canal, lo mismo que las piezas que promueven el consumo de cerveza, que también las hay.

Pero claro, el Mundial no nos llega solamente por el Canal 5 y la cobertura que, aun sin los derechos para transmitir los partidos, realizan otros medios desde el lugar de los encuentros. Hay toda una oferta de contenidos relacionados con el campeonato del mundo que ingresa a las casas y a los dispositivos de los uruguayos y que “perfora” la prohibición de publicitar plataformas de apuestas. Sin ir más lejos, en la República Argentina esta prohibición no existe y los anuncios de este tipo de negocios tienen menos regulaciones. Sumado a ello, las repercusiones en las redes sociales de lo que ocurre minuto a minuto en la tierra de los campeones mundiales se consumen como pan caliente, y mucho de este contenido nos llega con el adjunto de la publicidad de bet-algo (bet es el inglés de “apuesta”).

Estos coletazos incluyen todo el novelón de los anuncios protagonizados por Diego Armando Maradona y el papa Francisco, o mejor dicho, por sus avatares digitales creados por inteligencia artificial, autorizados, con todos los papeles, pero a la vez con mucho, pero mucho, por discutir en torno a lo oportuno, a lo procedente y al buen gusto con que se desarrollan estas piezas.

Un informe publicado a comienzos de este año, cuando todavía todo estaba bastante frío con respecto al Mundial, indicaba que el 19% de los consumidores a nivel global interesados en seguir el Mundial 2026 planeaba realizar su primera apuesta en línea durante el torneo.

En los estados de EE.UU. donde las apuestas deportivas son legales, el 62% dijo tener intención de apostar, y el 29% indicó que lo haría por primera vez; mayores son los datos de México, donde el 68% planeaba apostar y un 26% serían nuevos apostadores. También el interés internacional se mostraba “sólido” con respecto a la intención de apostar durante la competencia, “especialmente en mercados en los que se establecieron regulaciones recientemente, como Brasil (el 66% planea apostar) y, sobre todo, Perú (85%). La expectativa también es alta en mercados europeos ya consolidados como Italia (64%) y el Reino Unido (60%)”.

Las apuestas además han ganado lugar entre las noticias; basta ver la repercusión que tuvo el caso de quien perdió cerca de un millón de dólares al apostar por un triunfo de España frente a Cabo Verde —un resultado que parecía “cantado” por la diferencia de potencial entre uno y otro equipo—, opción que tenía un favoritismo superior al 90% de probabilidades de ganar, de acuerdo con los análisis de las mismas plataformas, y que terminó en empate.

Hay quienes discuten en redes sociales que las aplicaciones de pencas son como una versión soft o una puerta de entrada al mundo de las apuestas deportivas, en especial para los jóvenes. A primera vista, no es descabellado pensarlo así, aunque habría que pulir un poco la idea.

Pero qué ocurre: hay una diferencia significativa entre lo que pasa en Uruguay y en países como Argentina. En esta orilla, donde las apuestas no son legales, el tema no se aborda de forma preventiva en el trabajo con niños y jóvenes. En Argentina se han preparado materiales de apoyo a los docentes para que el tema pueda plantearse en el aula. ¿Es lo ideal? ¿Mitiga este abordaje el efecto potencialmente nocivo que podría tener el desarrollo de una ludopatía? Probablemente la respuesta en ambos casos sea que no. Sin embargo, es mejor que nada, que parece ser lo que ocurre en Uruguay, donde, como no están habilitadas las apuestas y las plataformas —excepto la que sí lo está, y las pencas, por supuesto— se hace de cuenta como que no existen, mientras por la ventana el mundo se nos cuela, como con tantas otras cosas.

El proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida impulsado por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, representa uno de los intentos concretos de los últimos años para abordar problemas que desde hace décadas figuran entre las principales preocupaciones de productores, empresarios y consumidores uruguayos. Más allá de las diferencias que puedan surgir durante su discusión parlamentaria, resulta difícil cuestionar la pertinencia de un diagnóstico que identifica al exceso de burocracia, la lentitud administrativa y los elevados costos estructurales como obstáculos para el desarrollo económico nacional.
La iniciativa tiene el mérito de concentrarse en aspectos identificados de la gestión estatal que afectan diariamente la actividad económica.
La simplificación de trámites, la unificación de registros, la reducción de plazos administrativos y la ampliación de la vigencia de habilitaciones constituyen medidas que, aunque puedan parecer menores de forma individual, tienen la posibilidad potencial de generar un impacto acumulativo significativo sobre la productividad y la competitividad del país. En un contexto donde las empresas deben destinar tiempo y recursos a cumplir exigencias burocráticas, cualquier avance en materia de eficiencia representa una mejora para el clima de negocios, aunque en apariencia pueda no mover la aguja.
También es relevante el énfasis puesto en la promoción de la competencia. Uruguay ha convivido durante años con mercados relativamente pequeños y, en algunos casos, con niveles de concentración que limitan la posibilidad de reducir precios para los consumidores. La facilitación de importaciones y la eliminación de ciertas barreras de acceso podrían contribuir a una mayor diversidad de oferta y a una presión competitiva beneficiosa para el mercado interno. No obstante, el verdadero desafío estará en garantizar que esas medidas se traduzcan efectivamente en menores costos y no solo en ventajas para determinados actores económicos.
El ministro Gabriel Oddone ha apuntado a documentar en esta iniciativa una serie de planteos que ha formulado en las últimas semanas, uno de los cuales expuso precisamente en el reciente Congreso de la Federación Rural, en el sentido de reducir trabas burocráticas para el sector, mejorar la logística y reducir el costo de la energía, en un país que resulta muy caro para los sectores reales de la economía, y también para afrontar el costo de vida con los ingresos salariales de sectores bajos y medio bajos.
En este proyecto de ley el secretario de Estado incluye más de 240 artículos con reformas microeconómicas diseñadas para modernizar el Estado, promover la inversión, facilitar el comercio exterior y eliminar trabas burocráticas.
En cuanto a desburocratización y agilización de Trámites, propone registros unificados, con creación de registros que evitan duplicar documentación, a la vez que se establecen tiempos máximos de respuesta para la administración pública; si el Estado no responde en ese plazo, se considerará aprobado el trámite.
Por otro lado, respecto a trámites sanitarios y técnicos se amplía la vigencia de habilitaciones de 5 a 10 años, se permiten renovaciones por declaración jurada y ya no será obligatorio traducir documentos al inglés o portugués.
Apuntando a la vez a la reducción del costo de vida y mejorar la competencia, la idea a través de estas medidas es facilitar la existencia de múltiples importadores para un mismo producto y se habilita el autodespacho aduanero, mientras que en defensa de la competencia se fortalece a las instituciones encargadas de fiscalizar y asegurar mercados más libres y competitivos.
En el área de apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) el principal estímulo parte de la facilitación financiera, mediante la creación de una plataforma de información positiva para facilitar el crédito a personas y empresas con buen historial de pagos.
En Flexibilización y tributación, el proyecto establece una graduación tributaria, un sistema integrado de gestión y facturación, y menores costos de registro de productos para proteger al sector que concentra gran parte del empleo.
Sin embargo, corresponde mantener expectativas realistas respecto al efecto de la iniciativa, pese a ser positiva en sí. La experiencia demuestra que los problemas de competitividad uruguayos tienen raíces profundas que exceden los procedimientos administrativos. El costo de la energía, la infraestructura logística, la dimensión del aparato estatal, las rigideces regulatorias y la escasa escala del mercado interno son factores estructurales cuya solución requiere procesos de largo aliento y acuerdos políticos amplios. En ese sentido, esta ley puede constituir un paso importante, pero difícilmente alcance por sí sola para modificar de manera sustancial el denominado “costo país”.
Otro aspecto destacable es la disposición expresada por el propio gobierno a discutir y perfeccionar el proyecto durante el trámite legislativo. Las reformas de esta naturaleza suelen enfrentar resistencias de sectores que perciben amenazados sus espacios de influencia, beneficios adquiridos o formas tradicionales de funcionamiento. Por ello, la construcción de consensos aparece como una condición indispensable para que los cambios no queden limitados a declaraciones de intención y logren una implementación efectiva.
En definitiva, el proyecto de Oddone parece orientarse en la dirección correcta al reconocer que la competitividad no depende exclusivamente de variables macroeconómicas como el tipo de cambio o la política tributaria. Mejorar la eficiencia del Estado, reducir costos de transacción y facilitar la actividad productiva son objetivos que deberían convocar apoyos más allá de las fronteras partidarias. El éxito de la iniciativa dependerá, en última instancia, de la capacidad del sistema político para transformar un diagnóstico ampliamente compartido en reformas concretas y sostenibles, capaces de generar beneficios tangibles para empresas, trabajadores y consumidores.

Las expresiones del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, en la reciente Expo Uruguay Sostenible dan cuenta de una innovación cultural de importancia que asignará un valor financiero directo a la entrega de residuos plásticos por parte de los consumidores.

Se trata del Plan Vale (Valorización de Envases) que llevará adelante este ministerio con la participación de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y más de 2.500 empresas. Será ni más ni menos que el primer sistema de depósito, devolución y reembolso a escala nacional de Latinoamérica.

De esta manera, el “use y tire” que atraviesa las prácticas cotidianas de gran parte de la población y convierte al consumo en un acto de un momento y a los residuos en una herencia que contamina cuencas, playas y periferias —por varias generaciones en el caso del plástico— podría tener una disminución importante a partir de un cambio de comportamiento sustentado en el incentivo económico.
El mecanismo introduce una premisa totalmente innovadora en la región pero ya utilizada en otras partes del mundo: asignar un valor financiero directo al residuo en su entrega. De esta manera, cuando el consumidor adquiera, por ejemplo, una bebida, pagará una fianza sobre el contenedor, dinero que le será devuelto de manera íntegra solamente cuando restituya el envase vacío en los puntos de recepción manual o automatizada que se colocarán en distintos lugares del territorio nacional.

Para un país que tiene una tasa de recuperación de envases de apenas el 5%, alcanzar la meta del 50% de valorización —esto es, retirar unas 50.000 toneladas anuales de materiales— es un gran desafío que, como enfatizó el ministro Ortuño, implica no solo una transición logística sino un cambio cultural profundo. El éxito del plan, que por mucho tiempo pareció una utopía, representaría un salto cualitativo que medirá si tenemos la madurez para transitar de la comodidad del descarte inmediato en cualquier lugar a la circularidad absoluta.

El andamiaje legal en el que se sustenta esta iniciativa, que se pretende instalar como política pública, es robusto.

El Plan Vale está creado por la resolución 271/2021, que obliga a desplegar un plan de gestión de envases en todo el territorio nacional, y está también alineado con la Ley 17.849 de promoción del reciclado de envases. Incluye alianzas con firmas de ingeniería local y gigantes tecnológicos globales expertos en logística inversa, que se encargarán del “cerebro” informático del sistema, el cual entrelazará los comercios, los reembolsos financieros y la trazabilidad física del material.

Por otra parte, el despliegue territorial del proyecto rompe el centralismo montevideano para llegar a las 19 capitales departamentales y a localidades de más de 5.000 habitantes. Se recibirá plástico PET, latas de aluminio, vidrio y envases multilaminados (tetra brik). Una vez limpios y clasificados, alimentarán un circuito cerrado de economía circular, suministrando materia prima secundaria de alta calidad a la industria nacional y reduciendo la huella de carbono en el proceso.

Según informó el ministro Ortuño, el cronograma del plan contempla que este año se inicien las obras de la planta de consolidación metropolitana para avanzar a partir de 2027 hacia la instalación de las terminales automáticas de recepción.

Más allá de los sistemas informáticos y las máquinas, la gran verdad es que el éxito del sistema se juega en las manos del consumidor, a quien se le reembolsará el dinero que se le cobró al comprar. Con esto el envase deja de ser basura para transformarse en un activo financiero latente. El incentivo está allí, pero también será necesario superar la inercia cotidiana para decidir llevar envases a los puestos de recepción. Es necesario pensar también en qué lugar del circuito quedan los clasificadores informales, para que el plan no lesione su medio de subsistencia a través de la recolección de PET y aluminio. En ese sentido, parece imperativo que el Plan Vale sea también una fuente de dignificación, transformando esa recolección marginal en un empleo “verde” bajo condiciones laborales formales.

La experiencia uruguaya, si bien será pionera en América Latina —lo cual se facilita también por nuestro reducido tamaño y escasa población—, no es una innovación total: existen experiencias en Europa que es necesario tener en cuenta y de las que conviene aprender de sus aciertos y errores.

Alemania, con un depósito de aproximadamente 25 centavos de euro para envases de un solo uso, alcanza una tasa de recuperación del 97%, habiendo erradicado el descarte en lugares públicos. Noruega aplica un impuesto ambiental a los productores que se reduce a cero si el sector supera el 95% de recuperación, alineando así los intereses corporativos con los objetivos del Estado. Lituania, por su parte, pasó de reciclar el 34% al 92% en dos años gracias a una agresiva campaña de concientización y accesibilidad total de las terminales de entrega. En este sentido, la experiencia internacional indica que se debe asegurar la proximidad de los puntos de entrega de envases para no ahuyentar al consumidor, además de contar con un etiquetado estricto que evite el fraude por envases provenientes del contrabando, por ejemplo.

El Plan Vale llega en un momento en que la marca “Uruguay Natural” se encuentra muy golpeada y debe dejar de ser un eslogan publicitario para insertarse en un orden mundial que exige certificaciones “verdes” estrictas. Para eso se necesitan métricas, planes y estrategias auditables.

Para un país agroexportador que aspira a mercados de alto valor no es nada bueno contar con apenas un 5% de posibilidad de reciclado de plásticos, porque todos sabemos que la contaminación por microplásticos afecta las cuencas de ríos y arroyos y amenaza la salud animal y humana. Si el Plan Vale funciona y puede retirar 50.000 toneladas de residuos, estará subsidiando nuestra resiliencia ambiental. Para esto también es imprescindible que los costos logísticos del sistema no se recarguen en el consumidor final, como forma de garantizar que el depósito sea financieramente neutro para el ciudadano responsable. Pero claro, esa es quizás la parte más difícil, porque si un producto se encarece, sea por la causa que sea, termina costando más caro al consumidor, porque la magia no existe y nadie produce un producto para perder plata.

Como ciudadanos, el plan nos enfrentará a un ejercicio de autodisciplina que, si somos capaces de gestionar y superar con éxito, significará una mejora sustancial para la calidad de vida ciudadana y una lección que este pequeño país podría dar al mundo: el paso de una utopía circular a una realidad que se niega al descarte. Y ese es un partido que recién empieza a jugarse.

Esto no es nuevo del todo; ya lo hemos comentado incluso en esta misma página, y no es para menos, porque la preocupación por la baja natalidad y las inquietantes proyecciones demográficas del Uruguay para el resto de este siglo deberían estar entre los primeros lugares de la agenda, pero no de ahora: podríamos decir incluso que venimos llegando tarde, a la vista está. De todos modos, es oportuno refrescar algunos datos para entender de qué estamos hablando. De acuerdo con los estudios del Instituto Nacional de Estadística (INE), a partir de la actualización de datos realizada a instancias del Censo 2023, Uruguay ya alcanzó su población máxima en 2020 con 3.510.305 personas, y desde ese año inició un proceso de gradual reducción. La estimación es que para 2045 habrá 3,4 millones de habitantes y que para 2070 volveremos a ser aquellos tres millones. Tal disminución obedece a un “crecimiento natural negativo sostenido, producto del descenso en la natalidad y el aumento de las defunciones”, y se calcula bajo el supuesto de un saldo migratorio exterior nulo, es decir, que tendremos tantos extranjeros radicados en Uruguay como orientales que abandonan el país en busca de nuevos rumbos, o una cifra similar. De la mano de esto, el informe advirtió un envejecimiento acelerado de la población. Para 2070, el 32,5% de los uruguayos tendrá 65 años o más, el doble que en la actualidad (15,8%) y, en contraste, los menores de 15 años serán solo el 11,5% de la población. El promedio de edad aumentará de 39 a casi 50 años, y los niveles de fecundidad continuarán siendo los más bajos de la historia del país. Eso a su vez se retroalimentará, porque en las futuras generaciones habrá menos vientres y por supuesto menos niños. Esta reducción demográfica ya está teniendo consecuencias. En los últimos meses venimos escuchando a las autoridades de la educación sobre este escenario y sus derivaciones. En los niveles de Inicial y Primaria ya se empieza a notar una matrícula en franco descenso, lo que, sin dejar de ser un problema país en el mediano y largo plazo, en lo inmediato es incluso una oportunidad para mejorar la calidad del acceso al conocimiento que se ofrece a esos menos alumnos orientales que llegan a las aulas. Referimos a la situación uruguaya, pero es un problema regional y hasta global, que tiene sus explicaciones y que no vendría al caso analizar ahora en detalle.
Martín Scasso, especialista en información educativa de la Unesco en Santiago de Chile, afirmó en un evento regional en octubre del año pasado que no existe otra región del mundo donde haya descendido de manera tan acelerada la natalidad como en América Latina y el Caribe, y que esta tendencia “está cambiando la fisonomía de los sistemas educativos de la región”. Entre las posibles situaciones derivadas de la carencia de planificación, mencionó la posibilidad de estructuras educativas sobredimensionadas, cierre de escuelas, construcción de nuevos centros educativos a contrapelo de una matrícula en descenso, distribución inequitativa de recursos, competencia entre centros para captar una demanda reducida y docentes sin oportunidades laborales, entre otras. Pero, en contrapartida, llamó a apreciar este contexto como una oportunidad para avanzar en innovaciones, “con un esfuerzo quizás menor del que podría requerirse en otros escenarios”.
El director de Planeamiento Educativo de la ANEP, Andrés Peri, expuso sobre la situación uruguaya. Afirmó que la proyección de la población en edad escolar constituye una dimensión clave del planeamiento educativo, ya que permite estimar con cierta precisión la población futura a escolarizar. Peri señaló que en Uruguay, en la década de los ochenta, se registraban alrededor de 55.000 nacimientos anuales, mientras que en 2024 fueron casi 30.000. La cantidad de estudiantes de tres a 17 años en 1996 era del orden de los 800.000, mientras que en la actualidad ronda los 673.000, cifra que se reduciría a la mitad para 2070.
Ahora hablemos de fútbol. El profesor Esteban Gesto es un conocido profesional en el ámbito del fútbol, preparador físico de selecciones celestes y de equipos uruguayos que han sabido levantar copas internacionales. Durante su participación en el reciente Summit AUF 2026, organizado por la institución rectora del fútbol uruguayo, ofreció una ponencia centrada en la modernización de la competencia y el desarrollo integral de las divisiones formativas. Abarcó ejes clave como la necesidad de modernizar los torneos, planteó estrategias para optimizar y elevar el nivel competitivo de los juveniles, enfatizó la necesidad de avanzar en una formación integral de los jugadores y remarcó que los aspectos técnicos siguen siendo decisivos, por más que el fútbol es cada vez un deporte más atletizado, es decir, en el que la base física no ha dejado de elevarse.
Pero lo que nos viene al caso de su exposición es lo que refirió respecto a esta reducción de población en el país, que ya está afectando, dijo, la base, la cantidad de jugadores entre los que se seleccionarán a los futuros defensores de las selecciones uruguayas. No se trata de que no lleguemos en el futuro a juntar once jugadores en condiciones de saltar a la cancha; sin embargo, cuanto menor es la cantidad “bruta” de jugadores, menor la chance de contar con talentos. El país ha tenido históricamente una buena red de captación de esos talentos y eso seguirá estando, pero los demás han venido perfeccionando las suyas también, y nuestra competencia es con auténticos gigantes como Brasil y Argentina, con quienes hemos compartido podio en general. Gesto considera que en lo que queda del siglo está en riesgo ese tercer puesto frente a selecciones que han crecido mucho en sus inferiores, como Ecuador y Colombia. Frente a eso, hay estrategias que ya han empezado a adoptarse, y no solo por Uruguay, como seguir trabajando en captar talentos tanto en el interior como, sobre todo, en el exterior del país: hijos de uruguayos a los que se pueda vestir de celeste. El tiempo dirá si es suficiente para compensar.
Ahora bien, lo que nos pasará en el fútbol es de suponer que en alguna medida también nos ocurra en otras disciplinas, aunque quizás los efectos no sean tan visibles: en las diferentes profesiones, en las artes, en la política, en las fuerzas de seguridad, y hasta en el carnaval, por qué no decirlo.

En el marco de un proceso de expansión de la conectividad en todo el país, Antel inauguró recientemente el servicio de fibra óptica en la localidad de pueblo Porvenir, completando la provisión de esta tecnología en todas las ciudades de más de 1.000 habitantes, un hito que consolida a Uruguay como el país mejor conectado de América Latina. Se trata de un logro que trasciende la ingeniería de telecomunicaciones, debido a su impacto social con una cobertura del 96% de la población.

No es que Uruguay sea una “isla” en un continente marcado por la desigualdad y las exclusiones, pero el hecho de que un vecino de Porvenir o cualquier otra pequeña localidad del interior cuente con las mismas posibilidades de transmisión de datos que un residente en el centro de las capitales departamentales o Montevideo representa un avance que no puede pasar desapercibido.

Si bien este despliegue en el territorio es un desarrollo de infraestructura, también tiene valor como política social de gran escala para las nuevas generaciones, algo que quizás próximamente sea incluido como un indicador de bienestar o calidad de vida.

Hoy en día la conectividad condiciona el ejercicio de derechos fundamentales del ser humano, porque el derecho a la educación, la cultura y el acceso a la información nos alcanzan a todos desde el texto de las declaraciones y las leyes, pero no siempre pueden ejercerse en la vida cotidiana de los habitantes del país. Por ejemplo, un joven sin internet en una localidad de contexto rural es un ciudadano con acceso limitado a la educación superior, a la capacitación técnica o la inserción laboral global. En este sentido, la llegada de la fibra óptica cambia las reglas de juego y elimina una barrera al desarrollo que hasta hace muy poco era invisible pero insalvable.

Se trata ni más ni menos que de una herramienta de justicia territorial que podría ayudar a combatir el desarraigo al garantizar las mismas condiciones de conectividad que en los centros urbanos, permitiendo, por ejemplo, optar por estudiar o trabajar a distancia y decidir permanecer en el lugar de residencia sin renunciar a un futuro profesional.

Sin embargo, la democratización del acceso no garantiza la igualdad de oportunidades, y la experiencia internacional advierte que la fibra óptica por sí misma no es suficiente y que servirá de poco si no va acompañada de una estrategia que impacte efectivamente en el territorio.

A pesar del despliegue, tienden a subsistir tres brechas. La primera es la de habilidades o competencias, dado que tener la herramienta no implica necesariamente saber usarla para generar riqueza. En ese sentido, habría que pensar en dinamizar —o crear— los espacios culturales de los pueblos adecuados para desarrollar programas de entrenamiento o reconversión laboral que permitan que la población pueda acceder a mercados más amplios que su propia comarca, a nivel nacional o global, o a empleo en servicios remotos. En Escocia, por ejemplo, el programa Reaching 100% (R100) invirtió 600 millones de libras para conectar al 100% de la población rural. Sin embargo, las evaluaciones de 2025 mostraron que si bien más del 70% de las empresas conectadas mejoraron su productividad, el impacto real fue condicionado por la falta de programas de capacitación. Sin formación en habilidades digitales, la brecha de apropiación persiste.

La segunda brecha tiene que ver con el llamado capital social: la fibra óptica facilita la creación de cooperativas digitales y centros de innovación local, nodos de trabajo compartido donde la comunidad se reúna para innovar, de forma de evitar la fragmentación de los usos individuales y pasivos de la tecnología. La tercera brecha es la de los servicios públicos: incorporar la digitalización de la gestión pública local, porque si un trámite exige el traslado a la capital departamental se está desperdiciando la potencialidad de la red.

Esto implica avanzar en algo que Uruguay ya está implementando con bastante éxito: la digitalización del Estado. En este sentido, la conectividad debe ir acompañada del desarrollo de una identidad digital que permita gestionar trámites, impuestos y hasta servicios de salud telemáticos desde cualquier punto del país. Por otra parte, considerando otros aspectos del cruce entre tecnología y sociedad, habría que tener en cuenta que el despliegue de infraestructura de fibra óptica no puede analizarse ignorando las alarmas que resuenan en el sistema sanitario. Recientemente el Ministerio de Salud Pública ha puesto el foco en la urgencia de estudiar el impacto del consumo digital en menores. Al respecto, existe una preocupación creciente sobre cómo la exposición temprana a pantallas está incidiendo en el desarrollo cognitivo, los patrones de sueño y la estabilidad socioemocional de los niños y adolescentes. Se trata de una faceta que no debería ignorarse: ¿de qué sirve garantizar el acceso universal si no se capacita a las familias y al sistema educativo para gestionar esos riesgos?

Ahora que la conectividad está llegando incluso a los lugares más remotos del país, es necesario educar para promover un uso que no desplace actividades fundamentales para el desarrollo humano, como el juego presencial y la interacción cara a cara. La soberanía digital también implica la protección de nuestras infancias frente a algoritmos diseñados para capturar la atención.

Asimismo, sería interesante y productivo comenzar a ver las localidades rurales como nodos de producción especializada donde el trabajo remoto y las industrias creativas constituyen oportunidades para atraer empresas que busquen entornos de vida equilibrados con la naturaleza, con menores costos e igual conectividad. Ahí el Estado debe otorgar incentivos y programas de capacitación que logren que el talento humano local sea una ventaja competitiva.

Por todo esto, la fibra óptica es apenas una base, un piso para cimentar un protagonismo local y una verdadera descentralización digital, en lugar de trasladar a las pequeñas comunidades rurales nuevas formas de consumo digital y ocio dejando intactas las desigualdades estructurales. Ahora que la fibra óptica fue inaugurada, se hizo la foto y la noticia estuvo en titulares, los municipios, las intendencias, el sector privado y los propios ciudadanos deberán demostrar en el corto plazo su capacidad para que esta autopista digital que corre en los laterales de nuestros caminos vecinales sea también una ruta segura hacia el desarrollo local.

Las cifras oficiales de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas indican que 2025 cerró con más de 677 millones de dólares en apuestas deportivas, loterías y quinielas. Esa cifra representa un crecimiento significativo respecto a 2024, cuando se registraron unos 614 millones de dólares. En el desglose por cada juego oficial, todos muestran un incremento sostenido de las apuestas. La respuesta del público consolidó el escenario regulado por el Estado y evidencia una creciente digitalización, particularmente en las apuestas instantáneas y deportivas. No obstante, el 60 % de los apostadores aún realiza sus apuestas en puestos de venta físicos.
La Rendición de Cuentas de 2017 (Ley 19.535) declaró ilegales las apuestas, los juegos de casino y las plataformas en línea que no cuenten con la autorización expresa de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ). Asimismo, la norma facultó la adopción de medidas directas para erradicar el juego no autorizado.
Como resultado de un acuerdo con la empresa Meta, al cierre del año pasado la DNLQ había bloqueado 1.654 sitios internacionales, eliminado 51 cuentas y aplicado cuatro medidas sancionatorias a medios de comunicación, entre intimaciones y multas económicas. En este contexto, más de un centenar de páginas son dadas de baja cada mes. Uruguay no cuenta con estudios estadísticos sobre la ludopatía ni sobre las franjas etarias involucradas en esta problemática. La DNLQ comenzó a realizar encuestas para sistematizar esa información. La percepción general indica que, en Uruguay, el fenómeno no alcanza los niveles observados en otros países de la región. Sin embargo, se estima que unas 35.000 personas padecen adicción al juego.
En el Parlamento no prosperaron los proyectos de ley presentados durante el período anterior. En 2021, el Ministerio de Economía impulsó una iniciativa y, al año siguiente, hizo lo propio la entonces oposición.
Al comienzo de esta administración, el senador Felipe Carballo presentó un proyecto de ley con el objetivo de regular el juego en línea mediante un sistema operado por el Estado en conjunto con privados y bajo supervisión estatal.
El legislador propone la creación de una Plataforma Estatal de Juego en Línea, dependiente de la DNLQ, así como de una Agencia Nacional de Regulación del Juego Online, que tendría autonomía para otorgar licencias, auditar plataformas, controlar transacciones y sancionar incumplimientos. Una vez aprobada la inscripción del usuario, el apostador estaría obligado a registrarse con límites personalizados de gasto y mecanismos de trazabilidad financiera. De acuerdo con el proyecto, operar sin licencia constituiría un delito.
En cada nuevo período de gobierno se percibe interés por ampliar las regulaciones, pero diversos intereses obstaculizan la continuidad de los proyectos. Lo cierto es que cualquier persona con un celular, acceso a internet y una tarjeta de crédito puede apostar. A comienzos de marzo, Carballo declaró a EL TELEGRAFO que existen dificultades vinculadas a la salud mental derivadas de la ludopatía y a la falta de controles sobre las apuestas realizadas por menores de edad. “Todo ese espacio vinculado al juego le pertenece al Estado uruguayo, que lo único que ha hecho es dar en concesión a la banca privada para su explotación”.
Sin embargo, cada día ingresan nuevos apostadores a través de internet y el Estado debe avanzar en los controles mediante una plataforma propia. “Los concesionarios deben aportar por hacer uso de ese espacio y eso no sucede porque el aporte lo hace únicamente la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas”, afirmó el legislador.
El bloqueo diario de páginas ilegales demuestra que se trata de un negocio rentable y, en ese sentido, el Estado, como titular de todos los juegos, debería percibir un aporte económico significativo.
Los juegos en línea no han sido discutidos en profundidad y la legislación vigente responde a otras épocas y modalidades de apuesta. Por otra parte, la DNLQ presentó un proyecto orientado a modificar la distribución del IVA generado por el juego deportivo bajo su supervisión, Supermatch, e incorporar como beneficiarios a la Secretaría Nacional del Deporte y al Comité Olímpico. Asimismo, impulsa otra iniciativa destinada a modernizar la normativa vigente sobre rifas, que no ha sido modificada desde la década de 1970. Al finalizar el primer año de gestión, el Poder Ejecutivo señaló en su memoria que, durante 2025, la DNLQ incrementó las fiscalizaciones y logró “una mejora en el funcionamiento en cada uno de los lugares inspeccionados”. Incluso anunció que, desde este año, establecerá una “regionalización con rotación de inspectores para el interior del país”.
A pesar del monopolio estatal, el Estado se encuentra en desventaja frente a un mercado globalizado, y allí radica una de las principales contradicciones. El marco legal uruguayo es uno de los más restrictivos de la región, pero carece de una regulación específica para el juego digital. Además, cada período legislativo concluye con el archivo de alguna propuesta que vuelve a surgir en la legislatura siguiente.
Por ahora, el único dato disponible proviene de un relevamiento realizado en Montevideo en distintas instituciones educativas, según el cual el 27 % de los estudiantes de entre 12 y 18 años realiza apuestas en línea todos los días. La edad de inicio no es un dato menor ni una simple referencia estadística: constituye una señal preocupante sobre un futuro incierto en un país donde la salud mental continúa siendo una cuenta pendiente.