Opinión

El ciberdelito ha dejado atrás los engaños rudimentarios, como los virus informáticos básicos y los correos electrónicos con estafas claramente detectables. Hoy, la irrupción de la inteligencia artificial generativa —que cuenta con herramientas de suplantación de voz, rostros sintéticos y ataques de phishing hiperrealistas— ha llevado el delito informático a escala industrial en el mundo.
Casi todos conocemos o hemos oído de algún caso cercano: un vecino o conocido que fue estafado, o a quien intentaron estafar, con alguna de estas nuevas prácticas delictivas. La voz que advierte sobre un bloqueo inminente de cuentas bancarias, la que relata un accidente ficticio protagonizado por un hijo o la que solicita auxilio financiero a un familiar directo hace que el destinatario, presa de la angustia o la prisa cotidiana, no dude y autorice la transferencia o entregue credenciales confidenciales. Minutos después, cuando el engaño se disipa, la realidad golpea con crudeza, y lo que parecía un drama doméstico o un error bancario es en realidad el producto de una nueva era tecnológica en la que la delincuencia ya no necesita romper cerraduras físicas para robar, sino que utiliza la inteligencia artificial. Ya no hace falta ser un experto informático para estafar, porque la IA hace el trabajo sucio en pocos segundos.

A escala global, este cambio radical ha permitido que plataformas digitales y modelos de “crimen como servicio” reduzcan las barreras para que las redes criminales alcancen a víctimas en cualquier rincón del planeta. Tal como advierten recientes informes del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre Delincuencia y Justicia (Unicri) y los debates globales formalizados en la Declaración de Abu Dabi, las tecnologías de código abierto, las comunicaciones cifradas, los activos digitales y los servicios de programación por encargo permiten hoy contratar infraestructura técnica para delinquir a una velocidad que supera a los sistemas de justicia. El impacto se refleja en pérdidas billonarias y en un alcance masivo de las estafas en línea, que afectan a las economías locales y fortalecen a redes criminales transnacionales que se diversifican infiltrando la economía legal. En Uruguay, un país que se ha posicionado en la vanguardia regional de digitalización y se enorgullece de sus avances en temas como el gobierno electrónico, la historia clínica digital y las transacciones bancarias instantáneas, la velocidad con que avanza la digitalización del cibercrimen choca con una peligrosa retórica de falsa seguridad.
En el día a día, el impacto golpea nuestra economía real y cotidiana. Las pequeñas empresas, como comercios tradicionales, talleres, distribuidores o servicios profesionales, operan por lo general con márgenes financieros ajustados y carecen de departamentos de tecnología o de presupuestos corporativos destinados a la seguridad informática. Para un comerciante de barrio o una empresa familiar, un ataque de secuestro de datos que paralice su sistema de facturación, o una suplantación de identidad que vacíe sus cuentas, no representa un simple traspié contable, sino la pérdida de un capital acumulado a base de mucho trabajo y, e incluso, la quiebra definitiva.
Frente a estas amenazas invisibles, la respuesta institucional se debate en una tensión compleja. Por una parte, organismos estatales como el Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CERTuy), dependiente de Agesic, emiten alertas tempranas y guías técnicas para mitigar riesgos. Por otra, las instituciones financieras y bancarias han debido endurecer drásticamente los protocolos de autenticación, incorporando verificaciones dobles y sistemas biométricos para proteger las transacciones. Sin embargo, estas previsiones tecnológicas suelen tropezar con una paradoja dolorosa: en la gran mayoría de los esquemas de fraude basados en inteligencia artificial, los delincuentes no vulneran los cortafuegos de los bancos, sino que manipulan psicológicamente al usuario para que sea este quien, convencido de estar protegiendo su dinero, autorice voluntariamente la transferencia de los fondos.

Esta forma de operar deja al descubierto una asimetría preocupante en la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad. Si los adultos mayores y los usuarios con menores herramientas de alfabetización digital ya sufrían las consecuencias de las estafas telefónicas tradicionales, la llegada de la era de los audios clonados y los agentes autónomos de inteligencia artificial multiplica exponencialmente su indefensión.

Hoy las estafas son trampas afectivas de altísima precisión emocional, que afectan también a jóvenes atraídos por falsas promesas de empleo digital y a cualquier ciudadano expuesto al ecosistema delictivo moderno.
Por eso es necesario dejar de ver la ciberseguridad como un asunto exclusivo de ingenieros informáticos, especialistas en sistemas o técnicos de grandes empresas. Hoy en día la seguridad digital se ha convertido en una cuestión de defensa ciudadana y de soberanía económica.

Hay mucho que se puede hacer todavía, y es imperativo que el Estado, los gobiernos departamentales, las cámaras empresariales y las instituciones educativas impulsen campañas masivas y descentralizadas de alfabetización digital e informacional y de prevención de fraudes, llegando de manera directa a los centros barriales y a las asociaciones de jubilados, y replicando el esfuerzo social que en su momento significó acercar la tecnología a los mayores a través de la entrega de tablets del Plan Ibirapitá.
A su vez, las instituciones financieras y tecnológicas que operan en el mercado uruguayo deben asumir una cuota mayor de responsabilidad protegiendo al eslabón más débil, implementando alertas de comportamiento inusual y mecanismos de reversión de pagos fraudulentos que no carguen toda la pérdida sobre las espaldas de la víctima.

El mundo digital ofrece herramientas formidables, pero no podemos perder de vista que en sus márgenes oscuros opera una delincuencia sin rostro que utiliza los avances para perfeccionar el engaño. Blindar nuestra ciberseguridad personal y empresarial ya es una condición indispensable para preservar la confianza en nuestras comunidades. Quizá sea hora de pensar la alfabetización digital y la gestión de riesgos cibernéticos como una política pública transversal que proteja al eslabón más débil: el ciudadano común con baja cultura de “ciberhigiene” personal.

Hay enfermedades que, por haber acompañado durante décadas a la sociedad uruguaya, corren el riesgo de perder visibilidad y quedar relegadas en las prioridades sanitarias. La hidatidosis y el mal de Chagas son dos ejemplos de esa realidad. Aunque se han registrado avances en su prevención y control, ambas continúan representando un problema de salud pública que exige atención, recursos y, sobre todo, una acción sostenida en el tiempo. No alcanza con reconocer su existencia ni con confiar en que los progresos alcanzados sean suficientes para erradicarlas. Es necesario mantener la guardia alta.
El reciente diagnóstico nacional sobre hidatidosis presentado en Paysandú por la directora de Zoonosis y Vectores del Ministerio de Salud Pública, Gabriela Willat, constituye una señal de advertencia. Si bien se observa una tendencia general al descenso durante la última década, en Uruguay todavía se estiman unos 60 casos humanos por año, y a ello se suma una prevalencia predial de la enfermedad en perros estimada en el 18,5%, un dato que revela la persistencia de condiciones favorables para la transmisión del parásito.
La preocupación no se limita a las cifras: la propia jerarca advirtió que se ha perdido parte de la percepción del riesgo, como si el retroceso de la enfermedad en determinados sectores de la población permitiera considerarla un problema superado. Precisamente, ese es uno de los principales peligros: que la disminución de los casos termine debilitando las medidas de prevención y la conciencia colectiva que hicieron posible los avances.
La hidatidosis es prevenible, pero para ello se necesita interrumpir su ciclo de transmisión, y en este sentido los perros infectados cumplen un papel central, especialmente en establecimientos rurales, donde pueden contagiarse al consumir vísceras crudas de animales parasitados. Luego eliminan los huevos del parásito a través de sus heces, que pueden contaminar el suelo, el agua y los alimentos, y las personas se infectan accidentalmente al ingerir esos huevos, con consecuencias que pueden manifestarse muchos años después.
Por ello, las medidas preventivas deben convertirse en hábitos permanentes. No alimentar a los perros con vísceras crudas, desparasitarlos periódicamente bajo las pautas sanitarias correspondientes, evitar que accedan a restos de animales muertos y disponer correctamente de las osamentas son acciones fundamentales. En el campo, donde los perros pueden recorrer grandes extensiones y alimentarse de animales muertos, la vigilancia debe ser especialmente rigurosa.
Los datos aportados por las autoridades departamentales muestran que todavía persisten prácticas que favorecen la continuidad del ciclo: cuando muere un bovino o un ovino y sus restos quedan al alcance de los perros, se abre una vía de transmisión que podría evitarse mediante una disposición adecuada de los cadáveres. No se trata solamente de una cuestión productiva o veterinaria, sino que es también –y sobre todo–, un asunto de salud humana.
A su vez, el control de la población canina constituye un componente relevante de la respuesta. Las castraciones, la tenencia responsable y la reducción de los animales que deambulan sin supervisión deben formar parte de una política sostenida, y no de campañas aisladas que pierdan continuidad al cambiar las prioridades o las administraciones. La experiencia demuestra que los refugios y caniles, por sí solos, no resuelven el problema, por cuanto se requiere coordinación entre los organismos públicos, los veterinarios, las organizaciones sociales y los propios propietarios de animales.
En Paysandú, las dificultades para dar continuidad a los programas de esterilización y las limitaciones presupuestales señaladas durante la reciente reunión constituyen aspectos que merecen atención. Los trámites administrativos no deberían convertirse en obstáculos prolongados para medidas sanitarias que requieren continuidad. Si existe coincidencia acerca de la importancia de prevenir, el desafío es transformar esa voluntad en acciones concretas, con recursos suficientes, responsabilidades definidas y resultados evaluables.
Pero tampoco basta con desparasitar perros y controlar su reproducción, ya que es imprescindible actualizar los relevamientos, identificar los establecimientos de mayor riesgo, evaluar periódicamente la presencia del parásito y fortalecer la vigilancia de los casos humanos. El seguimiento debe permitir conocer dónde se mantienen las condiciones de transmisión, qué medidas funcionan y en qué lugares es necesario reforzar la intervención. La información presentada por Zoonosis ofrece una base para trabajar, pero su verdadero valor dependerá de las decisiones que se adopten a partir de ella.
En ese sentido, el enfoque de “Una sola salud”, al que hizo referencia Willat, resulta particularmente pertinente. La salud humana, la animal y la ambiental están estrechamente vinculadas, por lo cual los médicos, veterinarios, productores, autoridades sanitarias y gobiernos departamentales deben trabajar de manera coordinada, porque ninguna de esas áreas puede resolver por sí sola un problema que las atraviesa a todas.
El mismo principio debe aplicarse al mal de Chagas, otra enfermedad que no puede quedar relegada por el paso del tiempo ni por la percepción de que pertenece exclusivamente al pasado rural. Transmitida principalmente por la vinchuca infectada, ha tenido históricamente una fuerte relación con las condiciones de vivienda y la vulnerabilidad social. Aunque Uruguay ha conseguido avances importantes en el control de la transmisión vectorial, eso no significa que el problema haya desaparecido por completo, ya que la infección puede permanecer sin síntomas durante años y ocasionar posteriormente complicaciones cardíacas o digestivas.
Por eso, el combate contra el Chagas requiere mantener la vigilancia entomológica, inspeccionar y mejorar las viviendas que presentan condiciones favorables para la presencia de vinchucas, actuar ante la detección de ejemplares y asegurar el diagnóstico y seguimiento de las personas infectadas. También es necesario sostener los controles previstos durante el embarazo y en los recién nacidos cuando corresponda, así como facilitar el acceso a la atención médica de quienes pudieron haber estado expuestos. La detección temprana y el seguimiento clínico son esenciales para evitar que una infección inadvertida se convierta, años después, en una enfermedad grave.
Las condiciones habitacionales precarias, en particular en construcciones rurales que ofrecen refugio a los insectos vectores, no pueden abordarse únicamente mediante fumigaciones. El mejoramiento de las viviendas, el saneamiento de los entornos, la educación sanitaria y la continuidad de los controles deben integrar una estrategia más amplia, que atienda tanto al vector como a las condiciones sociales que favorecen su presencia.
La hidatidosis y el Chagas tienen mecanismos de transmisión diferentes y requieren intervenciones específicas, pero comparten una enseñanza: las enfermedades prevenibles no desaparecen por el simple hecho de que disminuyan sus cifras o dejen de ocupar los titulares. Su control depende de políticas persistentes, información actualizada, diagnóstico oportuno y seguimiento de las personas y los territorios expuestos.
Uruguay tiene conocimientos técnicos, instituciones y experiencia acumulada para avanzar mucho más. Lo que no puede permitirse es que los logros obtenidos se traduzcan en complacencia, ni que las limitaciones presupuestales, la discontinuidad de los programas o las demoras administrativas terminen debilitando una tarea que beneficia a toda la sociedad.

La reducción de la pobreza que se ha anunciado a partir de los datos estadísticos del INE es una buena noticia y debe señalarse como un dato positivo. Cuando menos personas quedan por debajo de la línea de pobreza, tenemos una mejora concreta en las condiciones de vida de miles de familias. Sin embargo, una cosa es reconocer que los indicadores evolucionan favorablemente y otra muy distinta es considerar que el problema está resuelto o que el país puede darse por satisfecho. La medición puede ser correcta, los datos pueden reflejar una mejora real y, aun así, la evaluación general no da para festejar.

Los datos disponibles muestran una evolución positiva de varios indicadores que ayudan a explicar la caída de la pobreza durante el primer semestre. En los primeros ocho meses del año se crearon más de 9.500 puestos de trabajo registrados, según cifras del Ministerio de Trabajo. La tasa de desempleo se mantuvo relativamente baja, en el 7,2% en agosto, mientras los salarios reales recuperaron poder de compra. A eso se suma una inflación interanual del 4,68% en setiembre, la más baja en casi dos décadas. La combinación es coherente: cuando hay más personas trabajando, los salarios rinden más y los precios aumentan a un ritmo menor, los hogares recuperan capacidad de consumo y algunos logran superar la línea estadística que determina la condición de pobreza.
Pero tampoco corresponde confundir una mejora de los indicadores con la solución de un problema estructural. La pobreza es mucho más que una cifra publicada cada seis meses. Detrás de ella hay familias que no llegan a fin de mes, trabajadores cuyos ingresos siguen siendo insuficientes, jóvenes que no encuentran oportunidades y personas que necesitan asistencia para cubrir necesidades básicas. Que una parte de la población haya logrado superar temporalmente el umbral es alentador, pero que tantas personas continúen sin alcanzar condiciones de vida adecuadas debería impedir cualquier triunfalismo.

Desde el gobierno se han señalado varios factores que contribuyeron a la reducción. Entre ellos figuran el aumento del empleo, en particular el femenino; la recuperación del salario real en un contexto de baja inflación; la mejora diferencial de las jubilaciones y pensiones más bajas, y el impulso a la obra pública. Todos esos elementos pueden contribuir a mejorar los ingresos de los hogares y amortiguar situaciones de vulnerabilidad. El punto central es determinar cuánto de esa mejora puede sostenerse sin depender de circunstancias transitorias, transferencias puntuales o decisiones que requieren un esfuerzo fiscal permanente. La protección social tiene un papel importante, especialmente para quienes no pueden incorporarse al mercado laboral o atraviesan situaciones de vulnerabilidad extrema. Pero ninguna política de asistencia, por significativa que sea, puede sustituir indefinidamente a una economía que no genera suficientes puestos de trabajo productivos. La salida de la pobreza no puede descansar exclusivamente en el Estado como proveedor de recursos. Necesita una economía dinámica, empresas que inviertan, trabajadores que encuentren oportunidades y condiciones que permitan ampliar la producción. En definitiva, requiere que el sector privado pueda crear más empleo y que trabajar sea un camino efectivo para mejorar las condiciones de vida.

La única salida sostenible de la pobreza es generar las condiciones para atraer inversión, ampliar la actividad económica y multiplicar las oportunidades de empleo. Todo lo demás, aun cuando pueda aliviar urgencias, no es más que un paliativo si no existe una base productiva capaz de sostenerlo. Por eso, la evaluación debería ir más allá de la evolución semestral de la pobreza y concentrarse en las condiciones que ofrece Uruguay para invertir, producir y contratar trabajadores. Cada empresa que amplía sus instalaciones, incorpora tecnología o abre una nueva línea de producción puede generar puestos de trabajo directos y oportunidades para otras actividades. Cada proyecto que no se concreta por costos excesivos, incertidumbre o trabas burocráticas representa una oportunidad que el país pierde.

Atraer inversión no depende solamente de promocionar las ventajas de Uruguay, de su estabilidad institucional o de su calidad de vida. También exige ser competitivos. Las empresas comparan costos, productividad, infraestructura, acceso a mercados, reglas de juego y perspectivas de rentabilidad antes de decidir dónde colocar su capital. Si producir resulta demasiado caro, si los trámites se multiplican o si las reglas cambian de manera imprevisible, la inversión se posterga, se reduce o termina en otro destino. En ese terreno, la reducción de los costos de producción es una condición indispensable. La energía constituye un componente decisivo para buena parte de la industria y los servicios. Cuando sus costos son elevados, se encarece la producción y se deteriora la capacidad de competir tanto en el mercado interno como en el exterior. Lo mismo sucede con los combustibles, el transporte, la logística, los insumos y los servicios necesarios para desarrollar cualquier actividad empresarial.
No se trata de reclamar ventajas artificiales ni de desconocer las restricciones económicas. Se trata de revisar qué costos pueden reducirse, qué ineficiencias deben corregirse y qué reformas permitirían producir más con los recursos disponibles. Una economía que pretende crecer necesita energía competitiva, infraestructura adecuada, trámites ágiles y un marco regulatorio que no convierta cada iniciativa empresarial en una carrera de obstáculos.
También resulta imprescindible revisar el peso del Estado y la burocracia que acompaña su funcionamiento. Un Estado eficiente es necesario para garantizar servicios públicos, seguridad jurídica, educación, salud e infraestructura. Pero un Estado que acumula estructuras, procedimientos y gastos sin evaluar adecuadamente sus resultados termina trasladando sus costos al conjunto de la sociedad.
Los impuestos y las cargas que recaen sobre las empresas influyen en las decisiones de inversión y contratación. Cuanto más costoso resulta incorporar un trabajador, más difícil puede ser para una empresa ampliar su plantilla, especialmente cuando se trata de pequeñas y medianas empresas. Si se pretende crear empleo formal, es necesario examinar las barreras que dificultan contratar, crecer y competir, sin desconocer los derechos laborales ni la necesidad de financiar servicios esenciales.
La continuidad de las políticas económicas también es determinante. La inversión requiere horizontes previsibles. Una empresa que compromete capital para desarrollar un proyecto necesita confiar en que las reglas básicas no cambiarán abruptamente y en que las condiciones generales permitirán recuperar esa inversión. Sin previsibilidad, los proyectos se acortan, las decisiones se postergan y el crecimiento pierde fuerza.

La baja de la pobreza es, por tanto, una señal favorable, pero también obliga a preguntarse cómo consolidar lo conseguido, cómo evitar retrocesos y cómo lograr que cada vez menos hogares necesiten asistencia para cubrir sus necesidades.
Si la reducción de la pobreza se apoya en más empleo, mejores salarios y precios estables, el desafío consiste en crear las condiciones para que esos factores perduren. Eso exige captar inversión, reducir los costos que afectan la competitividad, abaratar la energía y los insumos cuando sea posible, simplificar la burocracia, revisar el peso del Estado y asegurar una continuidad económica que dé sustentabilidad al crecimiento.

De lo que se trata es de redoblar esfuerzos y orientar la política económica hacia el objetivo que realmente importa: generar riqueza, crear empleo y garantizar que la mejora de hoy no sea apenas un episodio favorable, sino el comienzo de una transformación sostenible.

Uruguay ha impulsado importantes avances normativos y de gestión para transformar su sistema de salud mental, aunque persisten grandes desafíos estructurales. La consolidación de la Ley de Salud Mental N° 19.529 y la implementación de la Estrategia Nacional de Salud Mental y Bienestar 2025-2030 están perfiladas para dejar atrás el modelo asilar y de atención hospitalaria para avanzar hacia un modelo de atención comunitario y territorial.
Con el lanzamiento de la Acción País por la Salud Mental, el gobierno impulsa la creación de planes departamentales en todo el territorio con presupuestos asignados y la articulación con la sociedad civil. A nivel estatal, las autoridades de ASSE se muestran proclives a ampliar la mirada en la atención y prevención, con iniciativas de apoyo psicológico y psiquiátrico en espacios específicos como el Ministerio del Interior y la red de atención primaria.
Pero en la práctica, persisten las demoras para conseguir consultas con psiquiatras y psicólogos, además de una mala distribución de los especialistas que se concentran mayoritariamente en la zona metropolitana.
A pesar de los planes, los indicadores generales reflejan una alta demanda y un aumento en la prevalencia de trastornos en jóvenes y adultos mayores, con cifras complejas en materia de prevención del suicidio.
Y, en cualquier caso, la sustitución efectiva de los hospitales psiquiátricos monovalentes por dispositivos de medio camino, así como la instalación de equipos comunitarios, avanza a un ritmo lento y desigual en el país.
Por estos aspectos, Uruguay enfrenta importantes desafíos en materia de salud mental, marcados por la alta tasa de suicidios y las dificultades estructurales del sistema sanitario.
En medio de esto, existen otras cuestiones expuestas por los propios especialistas. El subregistro en salud mental demuestra una falencia en el manejo de los datos oficiales, omisiones en las notificaciones y vacíos estadísticos sobre la verdadera magnitud de la población con padecimientos psíquicos y el uso de los servicios de atención.
Y lo ha señalado la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) en sus documentos. Allí indicó que menos del 7% de los prestadores de salud reportan las internaciones prolongadas por más de 45 días, a causa de la salud mental que incumple con lo establecido en la mencionada ley.
Los reportes enviados –en el caso que se envíen– en general presentan escasa información clínica, social o jurídica. Según el Inddhh, con frecuencia se omiten el número de expediente judicial, el tribunal interviniente, si se trata de un primer ingreso o una reinternación, o los motivos reales de la prolongación de la estadía. Este panorama se profundiza cuando se trata de niños o adolescentes.
Por otro lado, Uruguay tiene una proporción elevada de personas con depresión o ansiedad que no reciben tratamiento. Algunas estimaciones aseguran que solo una de cada tres personas con depresión accede a ayuda profesional y eso, es más invisibilización de la demanda real.
Anualmente se registran en torno a 700 suicidios al año, con una incidencia elevada en el interior del país y una mayor prevalencia de autoeliminación en adultos mayores, además de un aumento de consultas por ansiedad y depresión en adolescentes, luego de la pandemia sanitaria.
Un elevado porcentaje de la población percibe soledad, violencia intrafamiliar y problemas económicos que, sumado a los prejuicios culturales, dificulta el pedido de ayuda o el abordaje de esta problemática desde el punto de vista de una “única salud”.
La Organización Mundial de la Salud apuntó a la baja inversión estatal, falta de recursos en el primer nivel de atención, largas listas de espera y atención privada que resulta inaccesible para una gran parte de la población.
En los tiempos actuales, pensarlo con el enfoque puesto sólo en la salud mental acelera una separación del sufrimiento pisquiátrico con respecto al cuerpo, cuando el enfoque de “una salud” demostraría otras cuestiones, sin tantos miedos al estigma.
Es aquí donde, también es necesario el abordaje de la prevención del suicidio con enfoque de género, en tanto marca una tendencia superior en los varones, lo que exige romper con los roles rígidos, campañas educativas continuas y derribar las barreras culturales que naturalizan el sufrimiento o castigan la vulnerabilidad.
Sin embargo, el debate sobre la salud mental suele activarse con fuerza ante casos de suicidio de gran impacto público o durante fechas conmemorativas específicas –como el pasado 10 de octubre– aunque en los últimos años existe un esfuerzo creciente por mantener el tema en la agenda pública de manera permanente.
El país no escapa de la realidad global. Más de 1.000 millones de personas en todo el mundo viven con un trastorno de salud mental, lo que equivale aproximadamente a 1 de cada 8 personas en el planeta.
Las estadísticas afirman que el 45% de las personas a nivel internacional, identifica la salud mental como el mayor problema sanitario actual. La inversión escasa de los gobiernos, así como la falta de acompañamiento derivan en el suicidio como la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 21 años en todo el mundo.
Es la nueva crisis global que busca respuestas. Es la pandemia silenciosa que se instaló como el principal problema de la salud pública, tal como ocurre en Uruguay.
Y si bien no suele considerarse la pérdida de productividad económica, conviene recordar que el perjuicio implica un billón de dólares que provocan la depresión y ansiedad combinadas, a nivel internacional.
La salud mental no es una lucha individual ni un asunto aislado, sino un pilar colectivo del bienestar humano. Exige que se derriben los estigmas para hablar sin miedo y políticas públicas solidarias como pasos indispensables para construir un mundo más empático, sostenible y humano.

Cuando hablamos de distopía (o también de antiutopías o cacotopías) nos referimos a una visión ficticia de la sociedad humana en la que, dicho de un modo simple, las cosas salen muy mal.
Se trata de un término de uso bastante frecuente en el cine, la literatura y la filosofía, conformado por las voces griegas dys (“mal” o “difícil”) y topos (“lugar”). Se utiliza como antónimo de utopía y fue empleado por primera vez en 1868 por el filósofo británico John Stuart Mill.

Distopía o cacotopía son términos antónimos de eutopía, significando una “utopía negativa”, donde la realidad transcurre en términos antitéticos a los de una sociedad ideal, representando una sociedad hipotética indeseable.
Como utópico designamos algo que es ideal, quimérico, fantástico, maravilloso o fabuloso. De allí que utópico, por ejemplo, pueda considerarse algo muy positivo, aunque difícil de poner en práctica.

En sentido estricto, refiere a un “proyecto deseable, pero irrealizable”. Procede del nombre de un país imaginario descrito por Tomás Moro en el siglo XVI, más precisamente en 1516, una de sus obras más importantes. Tomás Moro fue beatificado por la Iglesia Católica en 1886 y en el siglo XX, en 1935, fue canonizado por el Papa Pío XI.
Tomás Moro fue el humanista, hombre de Estado y mártir católico inglés cuya Utopía dio a la filosofía política el género de la república imaginaria. Recordemos su ejecución en 1535, con 57 años, por negarse a jurar el Acta de Supremacía que lo convirtió en uno de los símbolos de la resistencia de la conciencia frente al poder. Canciller de Inglaterra, amigo íntimo de Erasmo de Róterdam, helenista y figura cuya vida y muerte han marcado durante cinco siglos las lecturas católicas y protestantes de la crisis de la Reforma.

El 1º de julio de 1535 fue condenado y el 6 de julio fue decapitado en Tower Hill. Según la tradición, declaró al subir al patíbulo que moría “siendo buen servidor del rey, pero primero de Dios”.

Distópico

La pasión de Moro por la utopía, por algo mejor, superior, es para ponernos en dimensión moral de los cambios de esta época. De la filosofía política el género de la república imaginaria. En estos días, con la misma preocupación y poniendo en perspectiva los debates de nuestras circunstancias Thomas Piketty nos advierte que “el futuro que nos están preparando los multimillonarios es distópico”.

El último informe del World Inequality Lab revela una disparidad creciente, agravada por el cambio climático y con una “desigualdad de género persistente”. Surge de sus conclusiones una de las vergüenzas más angustiantes de este tiempo, la que cada tanto se la menciona para poner la humillación sobre la mesa o, “fingiendo demencia”, simplemente mencionarla al pasar para no tener que excusar un olvido voluntario.

Es éticamente imposible convivir serenamente con una realidad que empobrece el ánimo: el 10% de la población mundial concentra el 75% del patrimonio mundial y capta el 53% de los ingresos totales. No son números antojadizos sino una de las conclusiones del informe sobre las desigualdades mundiales realizado por el World Inequality Lab, que alerta sobre una brecha cada vez mayor en la distribución de la riqueza en el mundo.
Estos datos surgen de la tercera edición del informe (cierre del 2025, y las anteriores de 2022 y 2018) del World Inequality Lab, del que participaron doscientos investigadores. Destacan los economistas Ricardo Gómez Carrera, Thomas Piketty, Lucas Chancel y Rowaida Moshrif, quienes realizaron una radiografía de las desigualdades en el planeta, estudiando no solo las diferencias de ingresos o el patrimonio, sino también otros aspectos que influyen como clima o el género.
El mexicano Ricardo Gómez Carrera, al momento de presentar un resumen del estudio, lo expresó así: “las desigualdades afectan a todos los ámbitos de la vida económica y social. Los datos revelan una extrema concentración de la riqueza en una parte pequeña de la población”.

Dicho en otras palabras, más directas y contundentes, sin necesidad de calificaciones: los ricos cada vez son más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Hoy, el 0,001% de la población mundial más adinerada, menos de 60.000 multimillonarios, poseen tres veces más de riqueza que la mitad de la humanidad. El patrimonio de esta minoría ha crecido un 8% de media anual desde los años 90. Esta tendencia “no ha cesado de aumentar, poniendo en evidencia la persistencia de las desigualdades”, según concluye la investigación.

Concentración de plata y emisiones

El documento estudia acerca del impacto del cambio climático, con datos que revelan una dimensión dramática para la humanidad. Se dimensiona que las contribuciones para luchar contra los efectos son muy desiguales, aún más cuando se tiene presente que el 10% de las personas más ricas del mundo son responsables del 77% de las emisiones mundiales.
La investigación advierte que son precisamente estos núcleos “los que se pueden proteger mejor de los desastres naturales”. Apenas el 3% de las emisiones corresponden a la población pobre, “justo los que están más expuestos a las catástrofes climáticas” y los que menos preparados están para hacerles frente.
De ahí que Thomas Piketty concluya que “la desigualdad social a escala mundial y la cuestión climática no pueden desvincularse. Hay que integrar estos niveles de reflexión para encontrar soluciones”.

Mujeres vs. hombres

Antes de leer el capítulo que refiere a la desigualdad salarial entre hombres y mujeres hay que despojarse de la idea preconcebida de que es una realidad jodida pero que va mejorando lentamente. Bien, eso no es así según esta investigación: las mujeres reciben un cuarto de los ingresos totales producidos por el trabajo, “una cifra que no ha evolucionado desde 1990”.
Los autores ponen énfasis en que estos datos “revelan no solamente una discriminación persistente, sino también ineficacias en la manera en la que las sociedades ponen en valor y reparten el trabajo”.

Piketty reivindica que “las inversiones más inclusivas en educación y salud” pueden reducir esta brecha de manera eficaz y digna.

Pocos y concluyentes…

Finalmente, los economistas e investigadores se plantan frente al problema yendo al fondo de la cuestión: estos extremos, estas desigualdades persistentes “han alcanzado niveles que requieren una atención urgente… de las ventajas de la mundialización y del crecimiento económico solo se beneficia una parte minoritaria, mientras que la otra tiene dificultades para acceder a medios de subsistencia”.

Los autores convocan a una cooperación a nivel mundial para lograr una fiscalidad progresiva. Persuadidos que los gobiernos pueden hacer mucho, están a favor de “propuestas como la de un impuesto mínimo sobre la fortuna a los multimillonarios, que muestra la cantidad de ingresos que pueden ser movilizados para financiar la educación o el cambio climático”.
Para Lucas Chancel, “es un tema de elecciones políticas”. Piketty recordó “que es cierto” que la propuesta de impuesto global no prosperó, pero “en Europa y hasta en EE. UU., la reacción no fue un rechazo frontal… cuando resurja el tema, porque en unos años va a resurgir”, los reclamos serán más enérgicos y urgentes.

Y Piketty concluyó así: “si los multimillonarios estuvieran acometiendo todas las inversiones que hacen falta para las energías limpias, para la educación y la salud, y el mundo se estuviera volviendo fantástico gracias a su liderazgo, incluso yo estaría encantado de dejar que siguieran siendo los que deciden sobre inversiones, medios y políticas. Pero no es lo que está ocurriendo. El futuro que nos están preparando es distópico”.

Los derechos y deberes humanos se entienden desde la dignidad de toda persona.
Los derechos protegen bienes fundamentales de la persona, como la vida, la libertad, la dignidad y la participación social.
Los deberes acompañan necesariamente a los derechos; implican respetar a los demás, actuar responsablemente, cumplir las obligaciones y contribuir al bien común.
Desde la visión judeocristiana, estos deberes se fundamentan en Dios y en el amor al prójimo (respetar la vida, actuar con justicia, ayudar al necesitado y buscar el bien común): tener derechos implica también responsabilidad y compromiso con los demás. La libertad no significa hacer cualquier cosa, sino ejercerla responsablemente, orientándola hacia el bien.
La persona no es considerada únicamente como individuo, sino también como miembro de una familia, comunidad y sociedad; no debe renunciar a sus principios morales por conveniencia o presión del poder.
Los derechos protegen la dignidad humana, pero los deberes hacen posible una sociedad verdaderamente humana.
La persona no debe preguntarse únicamente “¿qué derechos tengo?”, sino también “¿qué debo hacer por los demás?” Por eso, se vincula estrechamente libertad, responsabilidad, solidaridad, familia y bien común.
La visión predominante actual pone mayor énfasis en la autonomía, la libertad personal y los derechos individuales.
La principal diferencia está en que la visión judeocristiana destaca con mayor fuerza la responsabilidad moral y los deberes hacia los demás.
Ing. Agr. José Francisco Ramos Peralta

Con el mayor de los respetos hacia los ediles que ahora aparecen “preocupados” por la ocupación de las veredas por parte de las automotoras, hay cosas que realmente cuesta entender.
¡Por fin se dieron cuenta! Después de más de un año de haber asumido, algunos ediles presentan una moción para que se regule una situación que, desde hace tiempo, es visible para cualquier sanducero que camine por nuestra ciudad.
Hasta ahí, bienvenida sea la preocupación. Pero lo verdaderamente tragicómico aparece cuando se señala que el propio director de Tránsito, Gastón Berreta, habría manifestado que no existe normativa que regule específicamente esa situación.
Y entonces uno se pregunta: ¿Acaso al director de Tránsito no se le ocurrió que, si entendía que faltaba una normativa, podía elaborar un proyecto de decreto, elevarlo al señor intendente y que éste lo remitiera a la Junta Departamental para su consideración?
¿No es precisamente para eso que existen las autoridades y los mecanismos institucionales?
Pero hay algo todavía más llamativo. El 18 de setiembre del año pasado, ante una pregunta concreta que le formulé sobre este mismo tema, recibí del director de Tránsito, a las 14:28 horas, una respuesta textual: “Hola buenas tardes. Le aviso que hemos cumplido con la Ordenanza”.
Entonces, perdón, pero acá aparece el verdadero colmo del revés. Porque si en setiembre de 2025 se afirmaba que se había cumplido con la Ordenanza, ¿qué es exactamente lo que cambió desde entonces? ¿La Ordenanza? ¿La interpretación? ¿La realidad de las veredas?
¿O recién ahora algunos descubrieron lo que muchos sanduceros venimos denunciando desde hace tiempo?
Y si efectivamente existe un vacío normativo para regular determinadas situaciones, bienvenido sea el debate para solucionarlo.
Pero que nadie nos haga creer que descubrir el problema hoy significa que el problema nació hoy. Las veredas no aparecieron ayer. Las automotoras tampoco. Y los sanduceros que tienen que caminar por ellas vienen padeciendo la situación desde hace bastante tiempo.
Por eso, con todo respeto: si faltaba una norma, había que impulsarla. Si la norma existía, había que hacerla cumplir. Y si se decía que la Ordenanza se estaba cumpliendo… ahora sí, cerrá y vamos.
David Doti

No alcanza con gobernar bien. Lula gobernó bien. Dio de comer, casa, remedio y empleo. Y aun así está en balotaje contra un tipo sin proyecto. Porque una elección nacional no se gana solo con gestión. Se gana con disputa de sentido. El bolsonarismo ya gobernó y ya fracasó.

Dejó treinta y tres millones con hambre y ciento veinticinco millones con inseguridad alimentaria. Más de setecientos mil muertos en pandemia, sin vacunas a tiempo, negando la ciencia. Inflación en comida y nafta, salario real abajo y familias endeudadas. Más informalidad y trabajo por aplicación sin derechos. Deforestación récord en la Amazonia, desmonte del Ibama y garimpo ilegal en tierras indígenas. Recortes en universidades, ciencia, Farmacia Popular y caída de la vacunación. Ataques al Supremo y a las urnas electrónicas que terminaron en el intento de golpe del ocho de enero. Y corrupción con rachadinhas, sobreprecio en vacunas y el caso de las joyas.

Gobernó y ya fracasó. Si dejás que te lleve a comunismo versus libertad, perdés aunque hayas gobernado mejor. Si lo traés a qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer, ahí gana Lula. Esa es la pelea del veinticinco de octubre.

DE QUE SE TRATA ESTE BALOTAJE

No son dos nombres, son dos modelos de país. Uno que puso al pobre en el presupuesto, creó empleo con derechos y propone mejorar la vida concreta, menos horas de trabajo, más salario en el bolsillo, casa y remedio.

Otro que heredó apellido pero no proyecto. No dice qué va a hacer, solo contra quién está.

La elección está entre futuro o pasado. Propuestas o gritos. Ideas o miedo.

EL VACÍO DE IDEAS

Flávio Bolsonaro no planteó ideas. Solo critica la gestión de Lula.

Nada concreto para la seguridad más allá de mano dura y porte de armas. Nada para empleo de calidad, salud o deuda de las familias.

Criticar no es un proyecto. Decir que el otro es el problema no explica cómo vas a gobernar.

Si Lula instala que el balotaje es un debate de ideas y no de gritos, Flávio queda expuesto. Cómo baja la violencia sin violar derechos. Cómo generar empleo sin quitar Bolsa Familia. Cómo bajar impuestos sin cerrar hospitales. Cómo gobierna sin tener Congreso. Ahí no tiene libreto.

PROPUESTAS O CRÍTICAS

Jornada laboral. Lula propone pasar de seis por uno a cinco por dos. Cuarenta horas semanales, ocho por día, domingo preferente, sin bajar sueldo. Implementación gradual, cuarenta y dos horas a los sesenta días y cuarenta horas a los doce meses. Flávio se opone, quiere flexibilidad total y que cada trabajador arregle solo con el patrón.

Impuesto a la Renta hasta cinco mil. Lula exime a quien gana hasta cinco mil reales. Es plata directa al bolsillo del trabajador. Flávio no exime al trabajador, propone baja general para todos y ajuste con recorte de gastos.

Salud. Lula amplía el SUS, Farmacia Popular totalmente gratis y vacunación masiva. Flávio propone remedios por correo. Menos hospital, más pantalla.

Vivienda. Lula retoma Mi Casa Mi Vida con crédito barato y subsidio del Estado. Flávio propone Casa Verde y Amarilla, más banco privado y menos subsidios.

Educación. Lula propone becas para que los jóvenes terminen la secundaria, más institutos federales y escuelas de tiempo completo. Flávio propone vouchers y escuelas cívico militares.

Trabajo por aplicación.

Lula propone mínimo por hora trabajada, seguro contra accidentes, previsión social y transparencia del algoritmo.

Flávio habla de oportunidades de renta, seguir doce horas arriba de la moto sin seguro ni aguinaldo.

Súper ricos. Lula cobra más a dividendos y grandes fortunas para financiar abajo. Flávio se opone, quiere recortar ministerios, privatizar todo y volver al techo de gastos.

Lula dice qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Flávio solo dice achicar, flexibilizar y privatizar.

LA DINASTÍA BOLSONARO

No es un proyecto de país, es un proyecto de poder familiar. No es un partido, es un clan que vive del Estado desde mil novecientos ochenta y ocho. Treinta y un elecciones ganadas entre padre, hijos y ex esposas. Metieron cuatro bancas por el PL para tener fueros.

Michelle Bolsonaro senadora electa por Distrito Federal, nunca fue candidata a nada, usó apellido e iglesia evangélica, ya la lanzan para presidenta en 2030. Carlos Bolsonaro senador electo por Santa Catarina, jefe del gabinete del odio. Jair Renan diputado federal electo por Santa Catarina, de concejal que no fue a trabajar a diputado federal sin un proyecto. Renato Bolsonaro, diputado federal electo por San Pablo, hermano de Jair.

Para qué quieren tanto poder juntos. En esta legislatura se renuevan tres jueces del Supremo Tribunal Federal. Con Flávio presidente y cuatro Bolsonaro con fueros en el Congreso, el plan no es gobernar Brasil, es liberar al jefe de la familia Jair Bolsonaro.

No está preso por opinar distinto. Está preso por delincuente, condenado por atentar contra el Estado Democrático de Derecho e intentar un golpe de Estado para romper a tiros las urnas.

DISCURSO DE MENTIRA

En la noche de la elección Flávio usó palabras que no lo definen.

Dijo pueblo pero no tiene una sola propuesta para el pueblo. Dijo libertad pero defiende la libertad de su clan para tener fueros y no ir preso. Dijo derechos pero no defiende el derecho a las cuarenta horas, al remedio, a la casa ni al salario. Dijo democracia y Constitución pero su padre está preso por intentar destruir la democracia y la Constitución. Dijo verdad pero su proyecto no es gobernar Brasil, es liberar al jefe del clan.

LOGROS DE LULA

Lula sacó a Brasil del Mapa del Hambre de la ONU. Treinta y seis millones salieron de la pobreza extrema. Veinte millones de empleos formalizados con derechos. Salario mínimo con aumento real de setenta y siete por ciento. Desempleo más bajo de la historia 4m8%. Cuatro millones de casas entregadas. Quince millones con luz por primera vez con Luz para Todos. Farmacia Popular con remedios gratis. Catorce universidades federales nuevas, ciento veintiséis campus y doscientas catorce escuelas técnicas. Dos millones de pobres en la universidad por primera vez con Prouni y Fies. Más Médicos en todo el interior. Reservas de treinta y ocho mil a trescientos ochenta mil millones de dólares. Pagó toda la deuda con el FMI. Brasil pasó a ser la sexta economía del mundo, respetado en el mundo entero.

DOS VISIONES

Lula es un país para la gente. Un Brasil que incluye, trabajo con derechos, salario que alcanza, casas, luz, remedio, universidades y selva cuidada. Un Estado para levantar al pueblo, defender la democracia y poner a Brasil respetado en el mundo.

Bolsonaro es un país para sus intereses. Un Brasil que excluye, destruye lo que funciona, baja salario, endeuda familias, niega ciencia, prende fuego la Amazonia y ataca la democracia. Un Estado solo para salvar a su familia y garantizar impunidad.

El veinticinco de octubre hay que elegir. Lula, un país para la gente, o Bolsonaro, un país que solo piensa en el poder de la dinastía y la burguesía.

Un Brasil de izquierda aporta soberanía. Un Brasil de derecha aporta alineamiento automático con Estados Unidos.

Izquierda es Mercosur fuerte, BRICS, integración latinoamericana, banco de desarrollo propio y defensa de la Amazonia como patrimonio nuestro.

Derecha es OTAN, Comando Sur, desmonte del Mercosur para un tratado de libre comercio solo con Estados Unidos, entrega del presal y de la Amazonia.

El 25 de octubre no solo se define Brasil, se define que América Latina queremos, si queremos una América Latina que decida su futuro o una que obedece lo que manda Washington.

Menos Bolsonaro, más Brasil, más pueblo, más Lula.

Tec. Pablo Miranda Ponce

Las encuestas están en el ojo de la tormenta. A la gente gratuitamente le gusta mofarse cuando erran. Cuando favorecen las aplauden, las aman, y cuando no, las repudian y las enchastran, sin sentir ningún asco en ello como tampoco en volver a amarlas cuando “nuestros números” mejoran.
Y no es culpa de los encuestadores, sería en todo caso de los encuestados cuya voluntad es “veleidosa”, a veces frívola y cada vez más militante y radical en este mundo cibernético. Hoy cualquier “imbécil” trasciende, como vaticinara Umberto Eco. Además, hay un gran campo fértil para anónimos cobardes y mentirosos, militantes y operadores que se disfrazan y enfermos de “mala leche” que actúan sin piedad y sin respeto y lo hacen muy conscientes y superan la inocente maldad que se da en niños y tempranos adolescentes no corregidos ni guiados por maestros, profesores e instituciones.
Las encuestas, con sus errores y aciertos, nos acercan a la realidad, pese a la mala e intencionada utilización que de ellas hacen quienes, siempre desde arriba, dictan cátedra cómodamente y sin mucho trabajo gozando de muy buenos sueldos, pagados por los giles que sí laburan y se rompen el lomo: “Los nabos de siempre”, como ha señalado Tomás Linn.
El “cáncer” que nos engaña no son las encuestas sino esa “gran casta” —única y verdadera— que es “la burocracia”, la que desde la ONU para abajo, pasando por instituciones —léase FMI, Banco Mundial, BID y otras tantas e inmaculadas, vituperadas o jerarquizadas, según convenga, más miles de siglas— —los vivos de siempre— que pululan y van acabando con la democracia, una especie camino a la extinción. (Gramsci debe saltar de alegría en su tumba).
Tomemos un ejemplo: el Uruguay y el Latinobarómetro. Todos coinciden que en nuestro país el problema es el déficit fiscal, el gasto, el gran tamaño del Estado, su burocracia desbordada: los que viven del Estado. Parece tan fácil, es por ahí que hay que hincar el diente. Lo que ocurre es que quienes tienen el poder para resolverlo son precisamente también burócratas y estos no son tontos, por decirlo así.
El Latinobarómetro muestra una realidad: el 75% de los uruguayos no confía en cómo el Estado gasta el dinero de los impuestos. Ja, já; lo dicho. Todos saben a dónde va el “grueso” de lo aportado por “los nabos de siempre”.
Hay un 25% que no lo ve así; otro dato de la realidad: según consigna Javier de Haedo en una reciente columna, los que dependen —cobran— del Estado son unos 318 mil. ¡Mamita! En un cálculo avaro, con familia son unos 500 mil. Cerca de 25% al que le parece que los impuestos están bien “manejados”.
¿Y qué dice el ministro Oddone, también funcionario?: que la responsabilidad para que el Uruguay crezca está en manos de la actividad privada (¿los de siempre?, que laburen más). ¿No habría que pegar el tajo donde hay que hacerlo?
Habla de una ley magnífica que puede ayudar mucho para facilitarlo. Puede a su vez transformarse en una nueva frustración. (Problemas de la comunicación). Pero de reducir el Estado, nada.
Ah, y atenti los jubilados: Oddone —el nuevo Astori (aquel del IASS)— a los viejos no los cita como prioridad. Cuidado: Kirchnerismo a la vista, más sus posteriores consecuencias.

El actual panorama europeo no podría ser más desolador. Por un lado, se ha producido un avance significativo de los partidos de ultraderecha, que han aprovechado el descontento de la población por una época marcada por la incertidumbre en todos los sentidos. No solo se trata de la imparable pérdida de puestos de trabajo ante el avance de la industria china (basta con ver la situación en la que se encuentran los trabajadores de la empresa Volkswagen en Alemania), sino también de un contexto de guerra más o menos explícita, donde Rusia ha decidido que la invasión a Ucrania sea solo el comienzo de una ofensiva contra el territorio europeo, que ahora se traduce en ataques con drones contra Alemania (obviamente sin reconocer su autoría). Su consecuencia más directa e inmediata es el aumento de los gastos militares, lo que supone un desvío de recursos desde áreas socialmente sensibles como la educación, la seguridad social y la salud. A esto se suma la crisis de los sistemas previsionales, que ha obligado a muchos países europeos a llevar la edad de jubilación a los 67 años, tendencia que también alcanzó a China, cuya edad ahora se sitúa en los 65 años. Si de alguna forma puede definirse esta situación, resultaría necesario recurrir a palabras como incertidumbre, temor, insatisfacción, ira y desconcierto para tratar de definir qué sienten hoy los ciudadanos europeos, muy malacostumbrados al estado de bienestar que hoy encuentra grandes dificultades para financiarse. Como si todo este lúgubre panorama lo necesitara, al mismo tiempo es necesario sumar la crisis migratoria, que ha encontrado en las imágenes provenientes de Ceuta —el territorio español enclavado en suelo africano que el Estado español mantiene como un resabio de sus sueños colonialistas, a pesar de que, al mismo tiempo, reclama al Reino Unido la devolución de Gibraltar— una muestra singular del “haz lo que yo digo pero no lo que yo hago”. Resulta claro, entonces, que hace mucho tiempo que Europa ha dejado de ser un lugar en el cual se pueda prosperar y crecer, no solo para sus habitantes, sino también para quienes creen poder encontrar en este territorio una vida mejor para sí mismos y para sus familias.

Obviamente, no hemos llegado a esta situación de un día para otro, sino como consecuencia de un imparable avance de la denominada “filosofía woke”, la cual domina no solo la agenda política y social de varios países, sino también el accionar concreto de sus gobernantes, de los cuales el presidente español Pedro Sánchez es el ejemplo más claro. La actual situación de la vivienda en España no nació de un repollo, sino que se ha gestado durante años por la inacción de quien hoy pretende presentarse como el abanderado de los vulnerables en materia habitacional, pero de cuyos errores, omisiones y responsabilidades en esta materia nadie habla. Esta “filosofía woke”, apoyada desde organismos internacionales como las Naciones Unidas –totalmente “contaminado”–, así como por diversas oenegés de presencia global, tiene tres credos fundamentales que, para sorpresa de cualquier lector medianamente informado, se han combinado en una mezcla totalmente explosiva: islamismo violento, izquierda radical e ideología de género.

El periodista y escritor español Arturo Pérez-Reverte ha expresado, en una reflexión tristemente aplicable a otros países europeos, que “en España hemos conseguido un siniestro doblete: una inmigración descontrolada, con la creación de guetos raciales, culturales, sociales y religiosos que rechazan la integración y cada vez son más activos y hostiles, y la cólera creciente de quienes sufren eso, incluso de españoles desfavorecidos que piensan –y a menudo comprueban– que un recién llegado ajeno a todo recibe más atención y más ayudas que él. Con el resultado de que dos extremos se frotan las manos: las izquierdas analfabetas encantadas con ponerse de parte de cualquier víctima real o inventada, con mucha kufiya al cuello y mucho ‘Hermana, tu velo es un acto de libertad’, y las derechas en busca de argumentos que justifiquen el resonar de botas y el palo y tentetieso. Y mientras aquellos idiotas sostienen que la solución es legalizar de golpe a todo cristo, los que han llegado y los que están por llegar, estos otros idiotas afirman que la solución es expulsar a miles o millones de forma indiscriminada, sin especificar de qué manera, ni cómo, ni a dónde”. Es también Pérez-Reverte quien ha advertido que el islam –del cual conoce en profundidad porque fue fotógrafo de guerra en países islámicos durante años– no es compatible con la democracia debido a su naturaleza teocrática. Mientras todo esto sucede, las mujeres occidentales son atacadas con insultos y agresiones físicas por hombres y mujeres musulmanes en plazas y parques de diversos países por haber cometido el “delito” de llevar los hombros descubiertos, una pollera demasiado corta (a juicio de esos intolerantes) o la cabeza descubierta. Y lo más gracioso de todo: ¿qué piensan las militantes de las organizaciones que defienden la ideología de género o a los colectivos Lgtbi+ sobre cómo se trata en los países árabes a quienes defienden esas ideas o quieren vivir en libertad su amor por una persona del mismo sexo? En Catar, por ejemplo, mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo puede acarrear una pena de hasta siete años de cárcel. Irán, Arabia Saudita, Sudán o Yemen —entre otros países islámicos— contemplan la pena de muerte como castigo a estos actos.

Parafraseando al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, podríamos preguntarnos —tal como él lo hace en su libro Conversación en la Catedral—: ¿cuándo se jodió Europa? Responder esta pregunta no requiere mucho tiempo: cuando la conjunción del islamismo violento, la izquierda radical y la ideología de género generó una tormenta perfecta que arrasó con un modelo de cultura occidental –nuestra cultura, por cierto– donde el respeto a la vida, a las creencias ajenas y a la propia democracia como sistema de convivencia eran valorados y respetados. ¿Acaso alguien imagina a figuras históricas de la izquierda uruguaya como Emilio Frugoni, José Luis Massera, José Pedro Cardoso, Juan Pablo Terra, Zelmar Michelini, Juan José Crottogini o Liber Seregni (por nombrar tan solo algunos) justificando la pena de muerte para integrantes del colectivo Lgtbi+ o apoyando que a las mujeres se las denigrara en público o se les impidiera asistir a los centros de enseñanza? Sin duda, la izquierda uruguaya (que durante toda su historia contó entre sus filas con destacados judíos y judías) ha perdido la brújula hace ya tiempo y por eso mismo justifica este tipo de aberraciones, al tiempo que apoya y fogonea un sentimiento contra la comunidad judía, la cual siempre ha convivido en paz en un país como Uruguay, que se ha enorgullecido de su capacidad de integración con distintos colectivos.
En Uruguay deberíamos observar y aprender de lo que está sucediendo en Europa, y particularmente en España, que ya está al borde del punto de no retorno, para reflexionar y prepararnos de la mejor manera ante esta embestida intolerante. Y la izquierda uruguaya también debería reflexionar que no todo vale para juntar votos, porque puede ser igual a escupir para arriba. Vienen tiempos muy difíciles para la democracia, la libertad de expresión y el respeto a quien piensa diferente, todos ellos valores que, afortunadamente, forman parte de la esencia uruguaya.

El fantasma que hoy recorre Europa no es, como sostuvo Karl Marx en 1848, únicamente el comunismo, sino la intolerancia política, social y religiosa que lleva adelante el temible tridente compuesto por el islamismo violento, la izquierda radical y la ideología de género.

Vuelvo a escribir porque en realidad hay muchas cosas que han pasado en estos últimos días, lamentablemente para los uruguayos, todo negativo. Orsi ha sido el peor presidente de los últimos tiempos. Y miren que para superar al impresentable Mujica hay que hacer mérito.
Orsi además es mentiroso y no tiene el poder que se necesita para gobernar. Tiene encima a los comunistas que no dejan de meterlo en líos, porque no hay nada más disparatado que el hecho de que obreros con grandes sueldos estén haciendo perder millones de dólares al país con los paros.

Lo peor es que el ministro de Trabajo es uno de ellos y los apoya para que compliquen todo.
El puerto de Montevideo es la salida de todo lo que hacemos los uruguayos con mucho esfuerzo y también la entrada de cosas muy importantes. Pero los sindicalistas siempre piensan que tienen razón. Opino que deberían echarlos a todos y poner a gente que quiera trabajar. Y les digo más: mucha gente lo haría por la mitad de lo que ganan esos señores.

Con la necesidad de trabajo que hay, están jugando con una fuente de trabajo solo por poder; me parece un disparate.
Ya lo dijo Macri: es muy difícil trabajar con esta gente que no tiene cabeza, no piensa, y todavía encuentra apoyo de legisladores que el sistema político sostiene, y por eso nadie cree en la casta política. Cada día la gente siente que son un grave problema que tiene este país, y más con un gobierno de izquierda.

Gobiernos que en el mundo están desapareciendo. Estos “genios” no saben gobernar. Ya pasó en Venezuela, Cuba, Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Nicaragua, Alemania, Francia. Por favor, compatriotas, vean estos ejemplos: tienen un sistema dictador, son corruptos, asesinos en algunos casos.
Yo sé que la militancia es muy complicada, es algo con lo que se nace o enseñan los padres, pero creo que esta realidad debe hacer pensar a la gente que estos gobiernos no le hacen nada bien; son unos mamarrachos.

Que unos padres tengan que contratar un abogado para que haga el reclamo de un medicamento para salvar la vida de su hijo, y que al mismo tiempo se hagan operaciones sin problema de costo para cambio de sexo, es insólito.
Solo puede pasar en este país, y la oposición y los sindicatos mirando para otro lado. Son tan hipócritas que tendrían que renunciar todos y llamar a elecciones urgente.

Lo mejor sería que saliera un partido nuevo con ideas de cambiar todo el Estado, los privilegios, los sueldos, que los políticos pasen a ganar el 50% de lo que ganan y sin aumento por dos años, sacarles todo lo extra, el auto, el chofer, las secretarias. Así empezaría a tomar rumbo el país. Ahora el gobierno y los sindicatos son como un Gran Hermano y miran para otro lado cuando tienen que pelear por toda la gente.

Y todavía el ministro de Economía —que uno confía que sabe cómo se manejan los números— puede enojarse con un periodista porque le dijo que hay sueldos de 25.000 pesos aquí en Uruguay. Es increíble, algo que todos sabemos, como que hay jubilados con 20.000 pesos.

Pero después de contagiarse con la casta política, se les complica el cerebro y manejan otra realidad. ¿Qué se puede esperar de una persona tan importante para el país como el que maneja la economía, que no está pensando desde el primer día que asumió como ministro cómo levantar a los más sumergidos?
Quiere estar bien con el Fondo Internacional y matarnos a todos con los impuestos. Nace un niño, nace un animal y ya está pagando impuestos.

Es imposible vivir en un país tan chico pero tan recaudador, para un Estado enorme que no hace nada para achicar gastos.
Achicar el Estado es el gran problema que tenemos todos los uruguayos: un Estado muy grande para gobernar un país de tres millones de habitantes, que todavía no le devuelve nada a la sociedad en buenos servicios de seguridad, salud y educación. Esto último es un desastre; en la semana de vacaciones, no haber coordinado con tiempo con las intendencias el plato de comida de miles de niños da vergüenza.
Si no es porque nuestro intendente salió a aclarar lo que estaba sucediendo, se puso la camiseta y solucionó el problema, todo seguía igual.

Pero nadie de la prensa dijo una palabra, algo raro en un tema tan sensible que deja claro lo desprolijo que gobierna el Frente Amplio.
La frutilla de la torta es que el diputado del Frente Amplio de nuestro departamento lleva los suplementos con él al Parlamento, algo que cuesta mucha plata, y lo peor es que entre los tres no hacen nada positivo para nuestra ciudad; hablan nada más, son patéticos.

Ángel

Hay debates que Uruguay parece condenado a repetir una y otra vez, como si el paso del tiempo, los cambios tecnológicos y las transformaciones de la sociedad no fueran suficientes para revisar posiciones que se mantienen casi inalteradas. La posibilidad de habilitar los allanamientos nocturnos es uno de ellos. Mientras el narcotráfico se expande, las organizaciones criminales diversifican sus actividades y la ciudadanía reclama mayor seguridad, una parte del sistema político —el Frente Amplio, concretamente— continúa mostrando reservas frente a una herramienta que, bajo autorización judicial y con las garantías correspondientes, podría ampliar la capacidad de respuesta del Estado.
El tema ha vuelto a la agenda política a impulso de Cabildo Abierto y del Partido Nacional, con receptividad también en el Partido Colorado. La propuesta de crear una comisión multipartidaria o bicameral para estudiar el asunto puede ser un camino razonable para reunir información, escuchar a especialistas y analizar experiencias internacionales. Sin embargo, el debate no debería convertirse en otra instancia destinada a prolongar indefinidamente una discusión que Uruguay arrastra desde hace años.
Porque la disyuntiva de fondo es sencilla: ¿estamos dispuestos a actualizar nuestros instrumentos de combate al delito para responder a una realidad que ha cambiado, o seguiremos aferrados a concepciones que parecen desconocer tanto las posibilidades de la tecnología como las necesidades de la seguridad pública?
La Constitución, en su artículo 11, establece la inviolabilidad del hogar y dispone que los allanamientos durante la noche requieren consentimiento de sus moradores. Modificar ese régimen exige una reforma constitucional, con los procedimientos y las garantías democráticas correspondientes. Por tanto, no se trata de una decisión que pueda adoptar unilateralmente el Poder Ejecutivo ni de una autorización para que la Policía actúe sin límites.
Precisamente por eso, el debate debe darse con seriedad, sin simplificaciones y sin convertir una cuestión de seguridad en una disputa ideológica. Habilitar allanamientos nocturnos no significa eliminar las garantías constitucionales, desconocer la autoridad judicial ni entregar a la Policía un poder ilimitado. Significa discutir si, en determinadas circunstancias y bajo condiciones estrictas, el Estado debe contar con una herramienta adicional para actuar cuando la actividad delictiva se desarrolla aprovechando las limitaciones horarias de los procedimientos actuales.
Resulta difícil comprender que, en pleno siglo XXI, sigamos discutiendo este asunto como si Uruguay viviera en una época en la que no existían medios técnicos para mejorar la seguridad de una operación policial. Hoy se dispone de cámaras térmicas e infrarrojas, sistemas de comunicación, dispositivos de iluminación, equipos de protección y otros recursos que pueden contribuir a reducir riesgos y mejorar la planificación de los procedimientos. Naturalmente, la tecnología no elimina todos los peligros ni garantiza resultados exitosos, pero constituye un elemento que debe ser evaluado antes de descartar una alternativa. Porque, además, la otra alternativa es que los narcotraficantes y delincuentes pesados sigan amparándose en normas de otro siglo para evadir la Justicia, aprovechando estas limitaciones para desenvolverse a sus anchas, con el ciudadano como víctima.
Y la modernización del Estado no consiste solamente en incorporar cámaras de videovigilancia o adquirir equipamiento, sino que también supone revisar las normas y los procedimientos para determinar si continúan siendo adecuados frente a nuevas formas de criminalidad.
La postura del Frente Amplio vuelve a poner sobre la mesa una dificultad recurrente de la izquierda uruguaya cuando se trata de aplicar instrumentos de carácter represivo, incluso cuando estos se encuentran sujetos al control de la Justicia. Sus reparos frente a iniciativas como los allanamientos nocturnos, las propuestas de reforma vinculadas a la seguridad y otras medidas de endurecimiento de la respuesta penal reflejan una visión que privilegia determinadas precauciones, pero que corre el riesgo de restar importancia a las necesidades concretas de quienes padecen la delincuencia.
Desde el oficialismo se ha sostenido que el tema no es urgente y que las prioridades deben estar en una mayor presencia policial en las calles, más efectivos, cámaras y tecnología. Son objetivos atendibles. Nadie podría discutir que se necesitan policías suficientes, mejores recursos y una investigación criminal más eficiente. Pero una cosa no excluye la otra. No hay razón para presentar la incorporación de tecnología y el aumento de efectivos como alternativas incompatibles con la discusión de nuevas herramientas legales.
Si se necesitan más policías, más cámaras y mejores sistemas de investigación, también corresponde preguntarse si las normas vigentes permiten aprovechar plenamente esos recursos. El combate al delito requiere un conjunto de medidas coordinadas, no una selección de instrumentos condicionada por las preferencias históricas de cada sector político.
La dificultad aparece cuando, ante cada propuesta que supone ampliar las capacidades de actuación del Estado, se levantan objeciones que terminan postergando su consideración. En el caso de los allanamientos nocturnos, la discusión no debería resolverse mediante una negativa anticipada ni mediante la afirmación de que existen otras prioridades. Lo razonable sería estudiar las condiciones en que podrían aplicarse, sus resultados potenciales, sus riesgos y las salvaguardas necesarias.
La izquierda también debe hacerse cargo de que gobernar implica responder por la seguridad de la población y evaluar instrumentos concretos, incluso aquellos que anteriormente rechazó, como la baja de la edad de imputabilidad en su momento. Los dogmas ideológicos no deberían convertirse en una barrera que impida revisar políticas cuando cambian las circunstancias.
Uno de los argumentos que debe examinarse con mayor atención es el relativo a los riesgos de los procedimientos nocturnos. Por eso, cualquier reforma debe establecer requisitos precisos, protocolos de actuación, capacitación, identificación de los agentes y mecanismos de control y rendición de cuentas, naturalmente con la autorización judicial previa como garantía central.
No es de ninguna manera aceptable utilizar la defensa de las garantías constitucionales como argumento para mantener sin discusión cualquier restricción existente, con independencia de su eficacia frente a las nuevas modalidades delictivas. Las garantías deben proteger a las personas frente al ejercicio arbitrario del poder, no transformarse en una excusa para dejar al Estado sin instrumentos adecuados.
En particular, el narcotráfico plantea desafíos que no pueden ignorarse. Las organizaciones dedicadas a esta actividad pueden utilizar viviendas para almacenar y vender drogas, distribuir sustancias, ocultar armas o coordinar operaciones, incluso letales. Cuando existen indicios suficientes y una investigación judicial en curso, es necesario evaluar si las limitaciones horarias dificultan intervenciones oportunas.
La aprobación de una reforma no implica por sí sola la solución automática del problema, pero sí es un paso adelante para disponer de un instrumento que dote de mayor eficacia la investigación financiera y la persecución de las redes criminales. Porque la ciudadanía que vive bajo la amenaza de robos, rapiñas, enfrentamientos entre bandas y actividades vinculadas al narcotráfico necesita algo más que declaraciones de empatía y excusas: reclama respuestas eficaces e instituciones que funcionen.

Durante una exposición en un reciente evento organizado por la Asociación Cristiana de Empresarios (ACDE), el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, hizo un llamado al sector privado para apuntalar el crecimiento económico y advirtió que, para avanzar, hay aspectos que “incomodan”, como varios de los incluidos en el proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, que atacan las “rentas monopólicas” que usufructúan algunos. Ahora, “si no queremos jugar ese partido, es un derecho absolutamente legítimo, pero no digamos después que el país no crece y que es caro”, afirmó.
El secretario de Estado expresó estos conceptos ante empresarios en el evento “¿Qué define el futuro económico del país?”, que se desarrolló en la sede de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Otros conceptos manejados por el conductor del equipo económico del gobierno incluyeron la necesidad de apertura al mundo y de integración económica, lo que impulsará mayor inversión privada, aumento de la productividad y de los puestos de trabajo de calidad. En ese sentido, dijo que hay que acelerar la concreción de acuerdos, como el ingreso de Uruguay al Acuerdo Transpacífico (lo que, a su juicio, “saca de la zona de confort” a muchos agentes económicos).
También habló de apegarse a estándares internacionales (en esa línea va el acercamiento y el debate sobre si Uruguay debe solicitar ser miembro de la OCDE), otro capítulo que es la atracción de inversiones, y a su vez resaltó el aspecto del financiamiento y el mercado de valores.

Con relación a esto último, señaló que se debe aumentar el crédito (es del 30% del Producto Bruto Interno (PBI) en Uruguay, mientras que en otros países alcanza el 50%) y desarrollar el mercado bursátil mediante la unificación de las bolsas (de Valores de Montevideo, Electrónica de Valores y UFEX) y la creación de una Caja de Valores privada (a la que se cedería la custodia de los activos que hoy realiza el Banco Central).

Mencionó como un aspecto también clave lo vinculado a los costos de energía y logística, que el gobierno se propone atacar en los próximos meses. En cuanto al puerto de Montevideo, Oddone dijo que el gobierno está repensando cómo potenciar su actividad para que reciba más barcos, y se refirió a la propuesta de una segunda terminal de contenedores por parte de Neltume Ports (actual accionista de Montecon, que opera con contenedores en los muelles públicos). “Hay un contrato que tiene firmado el Estado con la terminal de contenedores (de Katoen Natie), y eso tiene una naturaleza jurídica que tiene que ser evaluada. Ahora tenemos una iniciativa privada de un tercero y lo que el gobierno está haciendo es evaluar la factibilidad jurídica de que esa iniciativa tenga lugar y cuando tengamos una respuesta se dará a conocer”, dijo el ministro, según recoge el diario El País. Aseguró el ministro que otro punto de la agenda procrecimiento es el de inversión, competitividad, costo de vida e innovación, que en buena parte está contenido en el proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida. Según Oddone, esa iniciativa contiene “capítulos que incomodan”, y trajo a colación el hecho de que se busca terminar con el importador exclusivo en determinados rubros y con las finanzas abiertas, donde las fintechs pueden competir mejor con el sector financiero tradicional, entre otros.
La actual normativa de registros sanitarios y fitosanitarios impide en los hechos que en varios rubros haya un segundo importador que compita, lo que “genera condiciones monopólicas”, planteó Oddone, para indicar luego que “tenemos sectores, actividades, empresas afectadas, porque hoy disfrutan una renta monopólica. Por lo tanto, es legítimo que entiendan y encuentren argumentos para sostener que esto es una idea que puede generar afectación en su rentabilidad”.

Estos elementos expuestos por el ministro son atendibles, compartibles y motivo de debate e intercambio de opiniones, pero sin dudas faltó exponer términos de la ecuación, porque nuestro país no parte “empatado” para hacer realidad estos deseos, sino que va perdiendo por goleada ante los competidores en los mercados internacionales. Por citar un punto, una clara muestra de ello es que Uruguay va a crecer este año la mitad que el promedio de América Latina, muy por debajo de las previsiones iniciales que dio a conocer el gobierno.

Y debería llamar la atención que el secretario de Estado, en su convocatoria a la inversión al sector privado, traslade a este sector toda la responsabilidad por este escenario porque no se arriesga a invertir, cuando es notorio que no hay empresario que se decida a salir a “rifar” su capital solo porque lo diga un gobierno que prometa rentabilidad, y cuando la realidad —todos los números lo indican— es que producir y competir desde nuestro país en el mercado internacional es un desafío quijotesco, ante los costos de la energía más altos de la región y uno de los más caros del mundo —la electricidad, por ejemplo, tiene un precio que triplica al de Paraguay—, un peso tributario fenomenal, un alto costo laboral en dólares, permanente conflictividad sindical y un puerto capitalino que no ofrece garantías para los operadores y que viene saliendo de paros y más paros que causaron grandes pérdidas a estos operadores a los que, precisamente, se convoca a invertir.

“Lo que no es consistente es decir: ‘Somos caros, bajame el costo de vida’. Y cuando tenés una iniciativa al respecto decís ‘está bien, pero por acá no, empezá por allá’”, cuestionó Oddone en referencia a las críticas de industriales y otros empresarios a determinados aspectos del proyecto de ley de competitividad, para añadir que “tenemos que avanzar hacia donde el mundo va, con regulaciones que favorecen la convivencia, que impiden los monopolios y que faciliten la generación de competencias, como con las finanzas abiertas. Si no queremos jugar ese partido, es un derecho absolutamente legítimo, pero no digamos después que el país no crece y que es caro”.

Bueno, por ahora lo que tenemos y seguimos viendo en el horizonte es un país caro, pero lo que es mucho peor —y no solo es responsabilidad de este gobierno— es que no es caro coyunturalmente, sino estructuralmente, y de ahí que, legítimamente, los empresarios potencialmente interesados en invertir para obtener una legítima rentabilidad, y no para hacer favores, busquen los países donde la ecuación se les presente más favorable, y ese país no es precisamente Uruguay.
Tampoco pueden esperar, ante nuestros problemas estructurales, que el escenario les cambie como por arte de magia y confiando en el gobierno de turno, el que precisamente no se destaca por hacerles la vida más fácil. Por ejemplo, hace ya mucho tiempo, demasiado, que el gobierno de la coalición de izquierda le sigue dando vueltas y anteponiendo trabas —sobre todo por parte de algunos integrantes del Poder Ejecutivo— a la inversión de HIF Global en Paysandú, la mayor inversión privada en la historia de Uruguay, en la que el mayor obstáculo hasta ahora es el precio que se le quiere cobrar por la electricidad.

Estos son hechos, no palabras sobre lo que se dice que se piensa hacer, y ello explica que haya sido muy tibia la acogida, por decir lo menos, a las buenas intenciones enumeradas en los conceptos del titular de Economía en el evento de la ACDE.
Porque, como dice el refrán, “el que se quema con leche…”.

La energía solar se perfila como la gran protagonista para cubrir la segunda etapa de la transición energética del país, en la cual resulta clave acompañar el crecimiento de la demanda eléctrica, la electrificación del transporte y el desarrollo de las industrias de hidrógeno verde.
Sin embargo, producir nuestra propia electricidad sigue siendo una rareza reservada a unos pocos. La injusticia de fondo es clara: en el litoral noroeste se encuentran grandes parques solares que alimentan la red nacional, nuestra región pone la tierra y soporta el costo territorial de las grandes obras de infraestructura energética, pero los vecinos pagan exactamente la misma tarifa que quienes viven a metros de la sede central de UTE.
Cuando las autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería presentan los índices de descarbonización de la matriz eléctrica, el mapa del territorio nacional marca invariablemente el noroeste, donde la radiación solar y las corrientes de aire constituyen la fuente primaria de uno de los orgullos del modelo energético uruguayo. Sin embargo, si dejamos de lado las grandes plantas comerciales, los barrios de nuestras ciudades litoraleñas presentan un contraste evidente: los techos de los hogares, de las pequeñas industrias, de las pequeñas empresas y de los comercios tradicionales de nuestros entornos cercanos continúan mayormente desprovistos de paneles solares.
La imagen del ciudadano común produciendo su propia electricidad a partir de la energía solar mediante la denominada microgeneración distribuida (que no es otra cosa que el panel fotovoltaico en el techo propio) sigue siendo casi una excepción. Existen además barreras reglamentarias, costos de inversión inicial y esquemas de facturación que realmente no incentivan la adopción masiva del autoconsumo fotovoltaico.
Entender esta asimetría implica repasar las cifras oficiales y las perspectivas del sector energético nacional. Según el Boletín de Energía Solar (2014-2024), elaborado por la División Gestión Tecnológica Nacional de Propiedad Industrial del MIEM, Uruguay experimentó una década de crecimiento continuo de esta tecnología, pasando de apenas 5 MW de capacidad solar instalada en 2014 a 310 MW en 2024. Cabe mencionar que en ese lapso los equipos de generación redujeron su costo un 90%, costando actualmente la décima parte de lo que costaban en 2014. Este despliegue permitió que la potencia per cápita aumentara de 1,5 W/hab a 88 W/hab en el mismo período, posicionando al país por encima del promedio latinoamericano y generando un impacto ambiental directo, ya que la generación de energía limpia de fuente solar tiene un equivalente ambiental igual al retiro de unos 160.000 automóviles en circulación. Sin embargo, más del 96% de esa potencia pertenece a grandes emprendimientos comerciales.
Según el informe, en la matriz eléctrica nacional la energía solar representa algo más del 3% de la generación total, y aunque las proyecciones oficiales apuntan a alcanzar los 450 MW para 2030, la realidad actual muestra que el grueso de la potencia instalada corresponde a parques de generación de gran porte. El pequeño usuario quedó al margen.
La microgeneración domiciliaria y comercial, si bien se encuentra amparada bajo el régimen de facturación neta, que permite inyectar excedentes a la red pública a cambio de compensaciones en la factura, avanza a un ritmo mucho más lento que la capacidad instalada a gran escala. Esto se debe a que lo que UTE paga la energía no justifica en absoluto la inversión necesaria.
Es verdad que el país construyó un marco legal pionero para abrir el mercado e incentivar las energías renovables. Por ejemplo, se crearon leyes para la participación del sector privado en la generación energética, que anteriormente era una actividad reservada en exclusiva al Estado; posteriormente se autorizó a UTE a contratar potencia proveniente de fuentes renovables, y por primera vez los inversores privados pudieron participar en condiciones transparentes y predecibles, con la posibilidad de realizar contratos de compra de energía a largo plazo.
En los años siguientes se emitieron decretos adicionales que aumentaron la potencia instalada e incorporaron formalmente la fuente fotovoltaica. También se abrió la puerta a la microgeneración, permitiendo que hogares y pequeñas empresas generaran su propia energía a partir de fuentes renovables y pudieran volcar los excedentes a la red eléctrica nacional, lo cual puede considerarse un hito que convirtió a los consumidores en actores activos del sistema.
Sin embargo, en el día a día del vecino o comerciante del barrio, ese andamiaje choca contra una pared: la inversión inicial sigue siendo muy grande, los beneficios fiscales están diseñados para grandes empresas y los trámites ante UTE y la Ursea pueden ser una maratón burocrática que desestimula a cualquiera. En este sentido, la Cámara Solar del Uruguay y diversos actores del sector han argumentado sobre la necesidad de simplificar los procesos para los inversores residenciales.
Claramente existen barreras que hacen que la adquisición e instalación de un sistema fotovoltaico residencial exija un desembolso significativo, que incluye, además de los equipos, ciertos trámites que desestimulan una inversión de lenta amortización.
Considerando que en el litoral noroeste del país se hallan ubicados grandes generadores solares, un debate sobre este tema implica también una dimensión de equidad territorial.
Históricamente, las poblaciones del litoral hemos convivido con costos territoriales —y eventualmente ambientales— de las grandes obras de infraestructura energética nacional (pensemos, por ejemplo, en las represas, en los parques de energía renovable, en la discusión sobre la instalación de la industria del hidrógeno verde), aunque la estructura tarifaria uniforme que tenemos en el país impide que las familias adyacentes a las zonas de generación perciban una ventaja económica directa o un estímulo por alojar en su zona esa matriz limpia.
La superación de esta situación podría significar una verdadera democratización de la energía, a partir de la transformación de consumidores en “prosumidores”, es decir, productores y consumidores de su propia energía.
Algunas ideas para concretarlo podrían articular líneas de microcréditos blandos con subsidios parciales, sumados a la simplificación de trámites ante UTE. Un programa de techos solares para el litoral que resulte efectivo permitiría avanzar hacia las metas de generación de energías limpias nacionales y beneficiar a familias y pequeñas empresas.
Si la energía solar va a ser la gran protagonista de la segunda transición energética, la verdadera democratización no puede quedarse en el discurso ni limitarse al alcance de los grandes generadores comerciales. Aún estamos a tiempo de imaginar que nuestra región deje de ser un mero escenario de generación para avanzar en la soberanía energética cotidiana, con créditos blandos, subsidios focalizados y trámites ágiles que permitan, de una vez por todas, que el sol alivie el bolsillo de la gente.

Hay una diferencia sustancial entre las acciones y el discurso para captar votos desde la oposición y gobernar cuando se tiene la responsabilidad de administrar un país. En la oposición, es relativamente sencillo convertirse en portavoz de determinadas demandas, acompañar reclamos sectoriales, recoger las banderas de minorías organizadas –por más menores que sean– y prometer que, llegado el momento, esas reivindicaciones ocuparán un lugar central en la agenda pública. El problema aparece después, cuando las urnas otorgan la responsabilidad de gobernar y esas mismas promesas deben enfrentarse a una realidad mucho más compleja: la de una sociedad entera, con intereses contrapuestos, recursos limitados y decisiones que inevitablemente favorecen a unos y afectan a otros.
Es allí donde aparecen las contradicciones. Y en este sentido, la historia política reciente de Uruguay ofrece varios ejemplos, como es el caso del tema de la forestación y las plantas de celulosa. Durante años, sectores del Frente Amplio cuestionaron con dureza el modelo forestal y expresaron reparos respecto de la instalación de plantas de celulosa en el país, en la década de 1980. Se trataba de una postura que encontraba eco en sectores ambientalistas y en parte de la militancia que había hecho de la defensa del medio ambiente una de sus banderas.
Sin embargo, cuando la coalición de izquierda llegó al gobierno, la realidad terminó imponiendo otra mirada. La forestación pasó a ser reconocida como una actividad de enorme importancia económica, generadora de inversiones, empleo, exportaciones y movimiento en el interior del país. Las plantas de celulosa, que en otro momento habían sido objeto de fuertes cuestionamientos, terminaron siendo respaldadas desde el gobierno y consideradas parte de un modelo productivo que Uruguay no podía simplemente ignorar.
Por supuesto, un gobierno puede y debe modificar posiciones cuando la evidencia demuestra que la realidad es diferente de lo que se pensaba desde la oposición —o, mejor dicho, de lo que se decía—, porque muchos de los dirigentes sabían que la cosa no era tan fácil y, sin embargo, la ponían en blanco y negro para captar incautos. El problema está en esa facilidad con que muchas veces se presentan determinadas posiciones como principios inamovibles mientras se está en la oposición y luego, cuando llega la hora de gobernar, esos principios pasan a ser relativizados en nombre de la responsabilidad, porque simplemente eso hace la diferencia entre la demagogia y la responsabilidad.
Gobernar es, precisamente, hacerse cargo de esas responsabilidades. Algo similar vuelve a plantearse ahora con la discusión sobre la represa de Casupá. Sectores ambientalistas que históricamente han acompañado a la izquierda o han encontrado en ella un interlocutor político natural levantan reparos frente a un proyecto que, paradójicamente, un gobierno de izquierda está dispuesto a llevar adelante.
Aquí vuelve a aparecer la misma pregunta: ¿qué ocurre cuando una fuerza política que durante años se embanderó con las causas ambientalistas llega al gobierno y debe decidir entre determinadas demandas de esos grupos y una necesidad que considera estratégica para el conjunto de la población?
La respuesta no puede ser otra que gobernar, lo que significa, muchas veces, decir que no y dar la espalda incluso a quienes ayer fueron aliados electorales estratégicos, cumplida ya la etapa de juntar los votos.
Por supuesto, las minorías tienen derecho a organizarse, reclamar, protestar y tratar de influir en las decisiones públicas. Es parte esencial de la democracia. Pero una cosa es escuchar a las minorías y otra muy distinta es gobernar exclusivamente en función de sus demandas.
Y aquí aparece otro ejemplo revelador: el concepto de “Uruguay Natural”, durante años utilizado como “marca país”, particularmente en materia turística pero también en la producción industrial y agrícola, como en cualquier otra área.
La expresión no era casual. Uruguay pretendía proyectarse al mundo como un país asociado a la naturaleza, al ambiente, a la tranquilidad y a una determinada calidad de vida.
Pero hoy se ha optado por quitar la palabra “Natural” de la marca turística. Es cierto que una modificación de una marca institucional puede responder a razones de marketing y no necesariamente a un cambio ideológico. Pero también es legítimo preguntarse si detrás de estas modificaciones existe una percepción política más amplia: que determinadas etiquetas, particularmente aquellas asociadas al ecologismo ya no generan necesariamente el mismo rendimiento electoral o comunicacional ante las mayorías.
Porque también aquí hay una diferencia entre una identidad que puede ser atractiva para determinados sectores y una propuesta capaz de convocar al conjunto de la sociedad.
Uruguay tiene motivos para sentirse orgulloso de su política ambiental y de la transformación de su matriz energética; en este aspecto, la incorporación masiva de fuentes renovables fue una decisión trascendente y permitió modificar sustancialmente la estructura de generación eléctrica del país. Pero tampoco corresponde convertir ese logro en una especie de argumento definitivo que cierre cualquier discusión.
Ocurre que para el ciudadano común también importa cuánto paga en su factura, o si al abrir la canilla de su casa sale agua potable. Y para una empresa importa cuánto representa la energía dentro de sus costos de producción. Un país puede exhibir una matriz energética moderna y renovable y, al mismo tiempo, continuar enfrentando problemas de costos internos que afectan la competitividad y el bolsillo de los consumidores, como es precisamente el caso de nuestro país.
Lo mismo ocurre con las políticas destinadas a determinados grupos o minorías. No puede soslayarse que, durante las últimas décadas, la izquierda incorporó con fuerza reivindicaciones vinculadas a distintos colectivos. Algunas de ellas respondieron a problemas reales y merecieron respuestas legislativas y políticas, pero nuevamente aparece el problema de los límites, por cuanto una cosa es la garantía de derechos y otra es transformar determinadas reivindicaciones sectoriales en una suerte de doctrina política que debe ser aceptada sin discusión por toda la sociedad.
Allí es donde determinadas políticas vinculadas a sectores feministas, por ejemplo, generan rechazo en una parte importante de la población, al ser percibidas como mecanismos de privilegio, imposición cultural o discriminación inversa, que es precisamente el camino que se ha tomado.
Porque una cosa es captar el voto de una minoría y otra muy diferente es sostener indefinidamente todas sus demandas cuando se gobierna para tantas personas que piensan diferente. Y aquí aparece la esencia de la política para el acceso al poder y la forma de retenerlo: se opta por aquello que en su momento puede rendir, pero cuando ya no lo hace, y en cambio es un contrapeso, se lo descarta, con una palmadita piadosa en la espalda.
Y no tienen que quejarse los ahora apartados, porque las cosas son así desde que el mundo es mundo, sobre todo en política, y gobernar consiste precisamente en administrar esas contradicciones, dejando el juicio final para el ciudadano a la hora de emitir su voto.
Porque allí, inevitablemente, llega el momento en que los eslóganes deben compararse con la realidad de los resultados.