Opinión

Una ley despareja, que debe corregirse

Un día sí y otro también surgen elementos que analizados desapasionadamente, por encima de fundamentalismos y sustento ideológico, dan cuenta de la vigencia de un ordenamiento legal absolutamente asimétrico y hasta contradictorio a partir de la aprobación de la denominada Ley de Género, la 19.580, impulsada por colectivos feministas y grupos afines con fuerte eco parlamentario en la coalición de izquierdas, que entre otros aspectos se basa en la premisa de que “la víctima (mujer) no miente”, y de ahí parte la presunción de culpabilidad de la otra parte, hasta que se pruebe lo contrario.
Estas asimetrías, pese a ser flagrantes, no han sido enmendadas porque han primado los “lobbies” defensores de esta ley que a su vez cancelan a todo aquel que tenga una opinión distinta o simplemente no apoye públicamente lo que ellos defienden, muchas veces enmascarados en la movilización de los colectivos de mínima representatividad que los integran.
Un caso demostrativo es el de la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en la que se juntan grupos embanderados con una cruzada feminista o seudofeminista a ultranza, sin reparar en recurrir a la violencia que condenan cuando proviene del género masculino; incluso han arrojado pintura contra templos católicos y últimamente, con participación de menores manipuladas, nada menos, llevaron a cabo un escrache en medio de esta marcha contra el pueblo judío y en defensa de Palestina.
En suma, se trata de un movimiento netamente politizado que manipula a una mayoría bien intencionada, quedado relegados los reclamos genuinos respecto a situaciones que enfrentan las mujeres desde hace muchos años, para dar lugar a reivindicaciones de izquierda y grupos extremistas que no son representativos de las reales inquietudes de las mujeres en el Uruguay.
En cuanto al ordenamiento legal vigente, que ha quedado distorsionado y asimétrico a partir de la aprobación de la Ley de Género, el diputado y precandidato del Partido Colorado Gustavo Zubía presentó recientemente un proyecto de ley para modificar la denominada Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en Género (Ley 19.580).
El parlamentario señaló que consideraba que “la ley era necesaria para precaver situaciones de violencia sobre mujeres” cuando fue aprobada en 2017, a la vez que aclaró que “en mi experiencia como fiscal, durante 38 años pedí el procesamiento de centenares de personas por esa violencia. Pero, de alguna forma, el equilibrio y respeto por las disposiciones constitucionales es la base de nuestra convivencia. Hay una carencia legal para determinadas situaciones de violencia que la ley buscó superar, pero no podemos pasarnos de rosca. Se ha producido un desbalance en el respeto a los derechos humanos, en particular considerando el artículo 8 de la Constitución”, afirmó.
Dicho artículo establece que “todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”, pero evidentemente este precepto ha sido dejado absolutamente de lado en la redacción de esta ley, que deja al hombre un escalón más abajo en el contencioso legal en determinadas situaciones entre géneros.
En concreto, el proyecto presentado propone la modificación de cinco artículos de la ley, sobre lo que expresó Zubía que “lo que se busca es reparar este exceso que, lamentablemente, ha generado situaciones legales deplorables y sufrimientos de personas indebidas”, a la vez de citar el ejemplo de la denuncia falsa conocida como la de violación grupal de Cordón. Un hecho que no resultó en una injusta condena gracias a que un periodista reveló pruebas que dejaban en evidencia la manipulación de la Justicia, y que le costara ser perseguido por la propia fiscal del caso, en una vergonzosa intervención en la cual llegó al extremo de hacer una allanamiento en la radio donde trabaja. Una clara muestra de hasta dónde está podrida la manzana.
La iniciativa de Zubía plantea cambios en el artículo 3, que establece que “en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley, prevalecerá la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia basada en género”, lo que es una violación flagrante respecto a la igualdad de todos ciudadanos ante la ley, como establece la Constitución.
El diputado colorado propone que en los casos de duda se cambie por el siguiente texto: “Se seguirá la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia basada en género, salvo que se acredite prueba en contrario”. En particular, la iniciativa propone sustituir el verbo “prevalecerá” por “se seguirá”, y se añade la posibilidad de presentar una prueba, lo que a nuestro juicio igualmente promueve un flechamiento, por cuanto la norma debe ser neutral en conflictos en los que ningún ciudadano debe estar por encima de otro, cualquiera sea su sexo, y la prueba debe ser presentada por la parte denunciante.
El proyecto también propone una modificación a los artículos 6, 46, 59 y 80 de la Ley 19.580. Dichos artículos están vinculados a las sanciones pecuniarias ante una sentencia de condena, se agrega un inciso sobre “violencia social” y se modifica la postura sobre la valoración de la prueba.
En este último caso, la ley sostiene que “el silencio, la falta de resistencia o la historia sexual previa o posterior de la víctima de una agresión sexual, no deben ser valorados como demostración de aceptación o consentimiento de la conducta”, en tanto la propuesta de Zubía sustituye el texto por el siguiente: “El silencio, la falta de resistencia o la historia sexual previa o posterior de la víctima de una eventual agresión sexual serán prudentemente analizados para valorar o no la conducta en cuestión”.
Sostiene además con razón el exfiscal que el intento desmedido de proteger los derechos de la mujer ha derivado en quebrar derechos del hombre, al ubicarlos en planos muy desparejos al momento de la intervención judicial. Algo que se resume en una máxima que ya se ha repetido mil veces: actualmente el hombre es culpable hasta que se demuestre lo contrario.
La ley “incurre en esos excesos conceptuales y de valoración de las prerrogativas de cada parte y genera el campo propicio para la posibilidad de abusos en sede jurisdiccional. Esto no significa en absoluto desconocer las graves situaciones que padecen mujeres abusadas en nuestra sociedad, solo significa que los remedios para esta mecánicas de abusos no se vean desnaturalizados de tal forma, que sustenten el desequilibrio en sentido contrario, es decir el abuso de las vías procesales y recursos jurídicos que en muchas circunstancias dejan a la figura del denunciado desprotegido”.
Observó que legislar “significa tener presente que las desigualdades que se pueden cometer al momento de priorizar indebidamente los derechos de unos sobre otros, finalizan generando marcos de rispidez muchas veces mayores a los que se pretendía solucionar. El legislador debe ser muy cauto, pues es conocido, que esas posibles ventajas iniciales se transformen en obstáculos para lograr el equilibrio en la toma de decisiones judiciales. A vía de ejemplo el Art.3 de la presente ley cuya modificación se postula parte de la base de estar en caso de duda a la posición más favorable a la denunciante por sobre la que sostenga el denunciado, quebrantando el principio cardinal en materia penal que refiere”.
Zubía subrayó a la vez que “no tiene más valor la palabra de una mujer que la de un hombre, que es lo que pasa hoy. Muchas veces una mujer es víctima terrible de una brutalidad masculina, que es predominante en los números, pero no puede significar automáticamente la verdad. Yo como fiscal tuve varios casos, en otra época y con otros parámetros, de denuncias de mujeres donde la efectividad y la realidad de la denuncia quedó totalmente desvirtuada. Se podrá aducir que son las excepciones a una violencia masculina estable y permanente sobre la mujer, pero las excepciones nos tienen que despertar el instinto de desconfianza”, aseguró. Pero, como bien expresa Zubía, la norma vigente recoge el exceso de una “especie de reivindicación de la mujer a cualquier precio”, como promueven los colectivos seudofeministas, a los que no les importa el principio de justicia, cuando no encaja en el mundo irreal que ellos pretenden imponer, haciendo lobbies contra todo aquel que no sintonice con sus ideas. → Leer más

Opinión

Cuando los números nos aterrizan

Lavalleja, San José y Paysandú ocupan el podio de los departamentos que presentan una mayor tasa de denuncias por violencia doméstica cada 100.000 habitantes. El año 2023 cerró con 2.000 denuncias más –43.245 en total–, en comparación al año anterior y también registró un incremento de homicidios de mujeres. A nivel local, fueron 1.781 denuncias y la realidad es similar en todo el territorio nacional.
La violencia puertas adentro, que existió desde siempre, sostiene una tendencia al alza de las denuncias. El año anterior hubo 56 homicidios de mujeres –8 más que en 2022 y 16 más que en 2021– con una mayoría relacionada a episodios de violencia doméstica (39%) y casi la cuarta parte (23%) permanece en investigación.
Los femicidios contabilizados a lo largo del año pasado fueron 23, 5 menos que en 2022 y 4 menos que en 2021, pero hay 13 casos a estudio a fin de resolver su identificación. En cualquier caso es un agravante, de acuerdo con la legislación uruguaya.
Este panorama se enmarca en un aumento generalizado de la violencia, donde hay que incluir a niños y adolescentes. Por lo tanto, no hay respuestas rápidas ni soluciones mágicas para hogares y personas que se han desarrollado en medio de una baja percepción de las situaciones de violencia.
Para todo lo demás, existe el contexto de debate que suele sacar el foco del problema y ubicarlo en uno o varios chivos expiatorios que, al menos hasta ahora, no han servido para brindar una solución integral.
El año pasado se colocó una cifra récord de tobilleras electrónicas para casos en que el 96% de las víctimas son mujeres. Los datos proporcionados por el Ministerio del Interior el jueves pasado, confirman la apreciación social. Pero, en general, las sociedades discuten mucho sobre el punto para después dar vuelta la página rápidamente.
El horizonte no es favorable, en tanto cuesta asumir la realidad como tal. Las gestiones están atravesadas por cifras que no son alentadoras y parece que las políticas públicas focalizadas no han tenido éxito aún. Porque no resulta fácil dejar de naturalizar una situación de violencia, que empeora si la persona violenta es quien provee la vivienda. El temor a la denuncia está sobre la mesa todos los días.
Y en la mayoría de los contextos no es posible siquiera pensar que una mujer y sus hijos puedan optar por salir del lugar, si afuera –además de escasas propuestas de viviendas para esta población específica– existe la intemperie. Y porque no todas las familias contienen, ni la situación económica posibilita el pago de un lugar para vivir. Al menos dignamente.
Entonces, más que “naturalización”, aparece una pregunta que duele: “¿Dónde ir?”. Sobre todo, si el entorno calla o no ve, ni escucha. Por el momento, los datos del Ministerio del Interior reflejan en números a las víctimas que piden ayuda. Pero hay víctimas que se mueven en otros espacios. Llegan a atenderse a un centro de salud por un golpe, van a la escuela, al liceo, a un club deportivo o van trabajar. Porque cuando la Policía recibe el llamado, el hecho está consumado y el sistema, por sí sólo no puede subsanar los casos de abuso o violencia intrafamiliar, cuyas víctimas son mujeres, niños y adolescentes.
No hace tanto que la violencia doméstica era una cuestión de la vida privada. Pero ha logrado salir de allí, a través de las garantías que brinda la ley por la confidencialidad de las denuncias.
La última pandemia que –en algunos aspectos– parece quedar en el olvido, visibilizó la problemática. Alcanzó con correr el velo para ver lo que ocurría en los interiores de las casas. El aislamiento, que no fue obligatorio en Uruguay pero marcó el retorno a los hogares de miles de trabajadores en el seguro de paro, provocó un aumento de la violencia que no ha bajado hasta ahora.
A cuatro años de la declaración de contingencia sanitaria en Uruguay, ocurrida el 13 de marzo de 2020, la realidad interpela en torno a otros factores, que no son económicos ni laborales, sino sociales. El constante deterioro de la convivencia no tiene una solución a corto plazo ni logrará remediarse con discursos de campaña.
Porque acá no se habla de amor. Ni siquiera de odio. Sino de relaciones abusivas de poder, donde una de las partes pretende dirigir los destinos o la vida de las otras.
A pesar de los avances incuestionables y la visibilidad que adquieren durante el año estos hechos de violencia, se suelen empañar con gritería que no deja en claro que la lucha es a largo plazo. Porque cuando el mensaje es confuso y se mezcla con otras “luchas” o “reivindicaciones”, se desdibuja el problema. Y eso viene ocurriendo desde hace años.
Las calles son espacios de promoción de derechos. Sin dudas. Pero cuando atraviesan el nivel de escándalo, se empieza a restar apoyo. Y eso también se nota. De hecho, las últimas movilizaciones fueron noticia por otras conductas y por enésima vez consiguieron quitar al verdadero problema –que es el aumento de la violencia hacia los niños, adolescentes y mujeres– de los titulares de cualquier medio. Incluso de las redes sociales, que son grandes espacios de poder.
Pero la evolución cuesta. Las acciones positivas se logran con legislación y su difusión por diversos medios de comunicación. El efecto gota a gota y día a día, empoderará y llegará a quienes necesitan la ayuda. Todo lo demás han sido maniobras de distracción hasta que los números nos aterricen –nuevamente– en la realidad.

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Opinión

Hablemos de Turismo

ONU Turismo dio a conocer formalmente que la apertura de destinos turísticos ha vuelto a los niveles previos a la pandemia. Así lo consigna en el informe Tourism Visa Openness, que refiere a las políticas mundiales de apertura del régimen de visados, que refleja los permanentes cambios en la normativa internacional de viajes.
El informe incluye el “índice de apertura a visados turísticos”, un instrumento que permite medir cuánto se facilita el turismo en los distintos destinos y el grado de apertura de los países en cuanto a la facilitación de visados con fines turísticos. También se incluyen allí puntuaciones de movilidad para indicar en qué medida los ciudadanos de cada país están sujetos a políticas de visado, así como un análisis en profundidad de la reciprocidad de las políticas de visado, según difundió la organización.
Entre las principales conclusiones, obviamente se destaca este logro de alcanzar los mismos niveles de apertura que había antes de la pandemia, cuatro años después que el mundo prácticamente se cerrase con la consecuente crisis que afectó al sector en todo el planeta. Otro punto que destaca es que “como consecuencia de la pandemia, también aparecieron nuevas formas de facilitar los viajes, como los visados para nómadas”. Recordemos que en estas mismas páginas aludimos a esta modalidad que Uruguay ya adoptó, que permite estadías prolongadas en el país, un instrumento pensado para personas que aprovechan las facilidades del trabajo a distancia y se establecen temporalmente, al menos en principio, porque este trámite abre la puerta a que después consigan una residencia.
Pero volviendo al informe de ONU Turismo, entre los datos que se presentan se muestra una reducción en la exigencia de visados tradicionales. “Cada vez menos personas necesitan un visado tradicional para viajar, desde el 77% en 2008 hasta el 59% en 2018, y el 47% en 2023”. Hay, además, más viajes exentos de visado. “El 21% de la población mundial no necesita ningún tipo de visado, lo que supone un aumento con respecto al 17% de 2008 y al 20% de 2018”. También han aumentado los visados a la llegada. “El 14% de la población mundial puede solicitar un visado al llegar a su destino, lo que supone un aumento respecto al 6% de 2008 y al 15% en 2018”. En cuanto a los visados electrónicos, el 18% de la población mundial puede solicitarlos y eso supone “un aumento respecto al 3% de 2013 y el 7% de 2018”.
Y en este contexto favorable de buenas noticias, ¿qué pasa en Uruguay, hablando de países en los que el turismo tiene un rol central en la economía? Basta recordar que el sector tiene una incidencia del 7% del PBI, cuando el promedio en toda América Latina y el Caribe es del 5,3, y que en países que asociamos mucho más a esta actividad, como Colombia, o Costa Rica, la incidencia es mucho menor (2,6 y 4,8%, respectivamente).
Nuestro país acaba de presentar, con el apoyo de ONU Turismo y de los organismos crediticios internacionales BID y CAF, una completísima guía de inversiones en el sector donde no solamente se alude a los atractivos en el país y las características del sector, sino que además se hace un repaso de todos los instrumentos de incentivo y de apoyo a la inversión que se han generado y las características de las inversiones que se han radicado. También se plantean varias posibilidades de inversión abiertas en el país, entre las cuales aparece en nuestro departamento un hotel de lujo y casino, que espera por quien esté dispuesto a afrontar una erogación de 20 millones de dólares. Mencionado esto como una particularidad de la guía referida a Paysandú.
Pero a lo que vamos es que, considerando ese rol central que el Turismo tiene en la economía uruguaya, no ocupe un espacio en la discusión de las políticas a instrumentar en un próximo gobierno durante la campaña electoral en la que ya estamos inmersos. Lógicamente, cada candidato y partido han de tener sus estrategias y tristemente en los últimos períodos –y este no será la excepción– el debate se termina convirtiendo en una constante pasada de factura, reproches y golpes bajos, eludiendo cualquier esbozo de proyecto puesto a discutir.
Después, cuando el siguiente gobierno asume, nos encontramos con cambios poco comprensibles, como el haber abandonado sin más un proyectos como el del Corredor Pájaros Pintados, después de haber concretado importantes inversiones durante varios períodos a través de programas que tuvieron el acompañamiento del BID, justamente, para volver a un Destino Termas que fue apenas una anécdota en este período, o el programa Turismo Social, reemplazado por un Turismo para todos que nunca terminó de despegar y que no logró conquistar el interés del sector privado.
Sería acaso mucho pedir que se plantee un acuerdo multipartidario, como los que se firmaron en 2012 en materias como Seguridad, Medio ambiente, Educación y Energía, pero sí sería deseable que se encontrasen algunas bases mínimas que permitan, si no tener una política de Estado, al menos una garantía de respaldo a quienes hacen una apuesta en destinos “alternativos”, como se engloba a los que quedan lejos de la playa. → Leer más

Opinión

MOVIMIENTO URUGUAY SOBERANO: ACLARACIÓN NECESARIA

Sr. Director del Diario El Telégrafo:
En la edición del pasado domingo 10 de marzo, el Diario que Ud. dirige publicó un artículo editorial titulado “Movimiento Uruguay Soberano: hasta la irresponsabilidad tiene que tener un límite”, en el que se incluyen comentarios inexactos sobre el proyecto de reforma constitucional Uruguay Soberano, que los suscriptos promovemos, así como sobre nuestras personas en tanto promotores del mismo.
El artículo en cuestión parece dar por sentado que la aprobación de dicha reforma constitucional implicaría algo así como la expulsión del País de las inversiones extranjeras que han celebrado contratos de inversión con el Estado uruguayo. Tal afirmación es completamente errónea.
Como uruguayos, somos muy respetuosos del orden constitucional y legal de la República, que permite y debe estimular la inversión, tanto nacional como extranjera. Pero, naturalmente, eso no significa que automáticamente cualquier proyecto de inversión, celebrado en cualquier condición, sea conveniente para el País y para sus habitantes.
Precisamente, lo que señalamos es que, para ser válidas, las inversiones extranjeras deben adecuarse a las normas que regulan la vida de la sociedad uruguaya, normas creadas para garantizar el debido cuidado de nuestra economía, de nuestros recursos naturales y del bienestar de nuestros habitantes.
En concreto, lo que objetamos es que ciertas mega inversiones extranjeras se han beneficiado y se benefician mediante “contratos de inversión”, celebrados con sucesivos gobiernos, que se apartan de todas las normas constitucionales y legales que regulan la inversión y el trabajo nacionales.
Para ser más precisos, no conocemos ninguna norma jurídica que habilite al Poder Ejecutivo a conceder a una empresa durante cincuenta años el uso prioritario y gratuito del agua de un río como el Río Negro, habida cuenta además del valor tanto vital como económico que el agua adquiere día a día mundialmente. Lo mismo puede decirse de las reservas de agua subterránea de los acuíferos, que se están concediendo gratuitamente para producir hidrógeno y metanol. Tampoco existe una norma que habilite al Poder Ejecutivo a asegurar a una empresa el uso preferencial de una vía férrea muy costosa, construida con recursos de todos los uruguayos. Lo mismo cabe decir respecto a la concesión de la explotación del Puerto de Montevideo, que significa entregar a una empresa privada extranjera la llave de la entrada y salida de productos de nuestro país.
Como es fácil advertir, prácticamente ninguna empresa nacional tiene esa clase de privilegios, lo que constituye una llamativa inequidad que privilegia a inversores extranjeros.
De hecho, la misma idea de que un inversor celebre un contrato con el Estado para hacer su inversión es un hecho llamativo. Porque se supone que un inversor es alguien que viene a adecuarse a las leyes, normas y políticas del País, no alguien que exige que el gobierno le dicte y aplique normas particulares y favorables, que no se aplican al resto de las empresas del País, por medio de un contrato exclusivo. Más aun si en ese contrato el Estado no va asociado a la inversión, sino que se limita a conceder y pagar los beneficios, las exoneraciones tributarias y las infraestructuras que el inversor requiere, sin obtener ninguna utilidad por eso.
Pero lo que realmente nos preocupa es que esta clase de contratos, con una duración prevista de veinte, cincuenta o sesenta años, son negociados y firmados por el Poder Ejecutivo, sea cual sea el partido que gobierna, en secreto y sin ninguna clase de control, ni del Parlamento, ni del Tribunal de Cuentas, ni del Poder Judicial, ni de la propia población, que no puede promover un referéndum si no hay una ley que haya aprobado el contrato.
En suma, esa es la razón por la que promovemos la reforma Uruguay Soberano. Para que los grandes contratos con el Estado tengan que ser presentados al Parlamento antes de firmarlos, deban ser aprobados por mayoría especial, y puedan ser sometidos a referéndum si el 10% de los habitantes del País consideran que lesionan sus derechos o intereses.
La reforma no impone esas condiciones a cualquier clase de contratos, sino sólo a los que nos someten a jurisdicción extranjera, o le conceden a la empresa garantía de que no se legislará en ciertos temas, o le imponen al País obligaciones que superen en el tiempo el período de ejercicio del gobierno que lo firmó.
La razón para eso es clara. Si se va a someter el ejercicio soberano del gobierno de nuestro territorio por medio de un contrato, lo mínimo que puede exigirse es que ese contrato sea conocido y tenga el respaldo de una clara mayoría de la sociedad. Es un criterio básico y esencial de cualquier democracia.
¿Eso significa que queremos expulsar a la inversión extranjera?
No, en absoluto. Significa que queremos que los contratos futuros se aprueben en forma democrática y garantista, que las reglas sean iguales para todos, y que los mega – contratos hoy vigentes sean revisados por el Parlamento, que no tuvo oportunidad de discutirlos antes.
El sentido común indica que cualquier inversor sensato, si tiene intereses en el Uruguay, podrá optar por continuar trabajando sin un contrato particular, como lo hace la inmensa mayoría de las empresas del País, o renegociar su contrato para adecuarlo a las normas vigentes y obtener la aprobación parlamentaria.
Suponer que todos saldrán corriendo a demandarnos equivale a dar por sentado que los futuros parlamentarios impondrán condiciones irracionales o que todos los inversores son abusivos, decididos a sacar provecho de la falta de controles que los sucesivos gobiernos han usado con exceso.
Nuestra convicción es que, en un mundo complejo y conflictivo como el que vivimos, las inversiones que necesitamos son las que vengan en condiciones claras, protectoras de nuestra economía, de nuestros recursos naturales y de nuestra población. De lo contrario no son inversiones, sino abuso y depredación.
Por esa razón entendemos que el calificativo de “irresponsables” que se nos asigna es usado con ligereza y descuido, por no conocer la verdad y seriedad de lo que estamos proponiendo. José Zapicán Mattiauda Silveira, por Uruguay Soberano. → Leer más

General

Escribe Danilo Arbilla: Preguntas irresponsables

Qué “joda” con esto de Orsi. Muy feo. Huele mal y la pregunta es dónde nace o cómo se genera ese hedor. Esto es lo que importa; todos de acuerdo, sí, de que se trata de algo “sucio”, pero ¿quién o quiénes son los que ensucian “la campaña”? Saberlo es lo que nos dirá qué es lo que efectivamente se persigue.

Daría para preguntas miles. Un par que son de cajón: ¿Esto a quién beneficia?
¿El objetivo son las internas, o las elecciones generales? Por ahí se debe empezar y se debe preguntar.
Y esto de preguntar es la tarea de los periodistas.

Por eso no hay preguntas irresponsables o irrespetuosas como ha dicho Carolina Cosse. Las preguntas podrán no gustar y el preguntado tiene derecho a no hacer comentarios o a no responder si entiende que la pregunta no corresponde. Me refiero por supuesto a preguntas periodísticas y no a discursos previos u opiniones y pareceres del interrogante el que muchas veces termina sin hacer pregunta alguna.

No es el caso de referencia. El periodista salteño Roberto Cerpa solo preguntó sobre la posibilidad de que este ataque a Orsi se tratara de “fuego amigo”; que proviniera de filas del propio FA.
A Cosse no le gustó: “… yo no le permito a usted que diga eso (¿cómo?, algo totalitario, ¿no?) porque el Frente Amplio es incapaz” … “además dentro del Frente Amplio esas prácticas no existen”. (Algo así como aquello de que “si es corrupto no es de izquierda. Si es de izquierda no es corrupto”). Por ello calificó la pregunta de irresponsable e irrespetuosa de la trayectoria del FA. También Cosse adjudico esa “posibilidad” a la “imaginación” del periodista. Yo diría que no tanto, leo en Búsqueda del jueves lo siguiente: “Beatriz Argimón –consultada sobre el tema Orsi por Telenoche– deslizó que podría tratarse de fuego amigo, aunque aclaró que hablaba en términos generales. “A veces pensás esto viene de la oposición, pero a veces viene de una interna muy competitiva”. Cerpa lo que hizo fue darle a Cosse la chance de específicamente despejar esas dudas.

Muy embarullado. Hay varias lecturas y todas válidas. Si todo este escándalo llevara a Orsi a bajarse de su candidatura –lo que está descartado, aunque habrá que ver lo que resuelve la Justicia–, la gran beneficiada sería Carolina Cosse. ¿O no?
Pero hay otras lecturas algo más rebuscadas: fuentes y voceros del Frente dicen que todo esto es una campaña hecha desde el exterior, por fuerzas del mal (por supuesto), para enchastrar a Orsi que es el único que puede llevar al FA al gobierno. Es una manera de decir para la interna que si quieren volver, el candidato es Orsi; con otro u otra, se hace mucho más difícil.

Otra forma de verlo es que se está buscando la “victimización” del FA. A Cristina Kirchner le dio buenos resultados y beneficios y también a Lula: con pocas propuestas, con el plebiscito contra los jubilados y el atraso cambiario es difícil hacer campaña, y el ser víctima compensa en algo.

No quiero terminar esta columna sin advertir que conozco a Yamandú Orsi, lo he tratado y ha estado en mi casa, y se me hace muy difícil creer que haya cometido la falta por la cual se le acusa. Debe haber una confusión, como él dice.

Durante diez años la persona denunciante no se enteró de quién era Orsi, uno de los políticos más populares del Uruguay. Y justo ahora, tan cerquita de las internas lo reconoció.
Le han hecho “una cama” me parece, no sé quiénes ni con qué fines. → Leer más

Opinión

SE PUSO EN LA CARTELERA MUNDIAL UNA GRAN FARSA: ELECCIONES EN RUSIA

Elegir, implica hacerlo entre varias opciones. En Rusia la elección de Presidente es entre Putin (“intención de voto” + del 80%) y tres opositores “sobrevivientes”, 2 con el 6% y 1 con el 5%.
Al único opositor representativo, Alexei Navalny, lo mató el gobierno ruso tras perseguirlo, envenenarlo, ser salvado por Alemania, regresar a Rusia, volver a la cárcel, y como tortura final enclaustrarlo en una cárcel siberiana al norte del círculo polar ártico con 32° bajo cero y esperar a que se muriera, como sucedió hace justo un mes.
Como dijo el profesor Stefan Wolff de la Universidad de Birmingham, “el mensaje de Putin durante las últimas dos décadas ha sido claro: la oposición no será tolerada y tendrá consecuencias fatales”.

PRUEBAS AL CANTO

Agosto de 2023. Yevgeny Progozhin muere en un “accidente” aéreo. Era el dueño de la temible organización paramilitar Wagner aliada de Putin y con la que organizó la invasión a Ucrania creído quizás que sería un “paseo”, bajo la orientación de militares de Moscú. Las desavenencias de Progozhin y mandos rusos llevaron a que a mediados de 2023, éste tomara la ciudad de Rostow del Don cruzando la frontera rusa e “invadiera” hasta llegar a 200 kilómetros de Moscú pidiendo la destitución del ministro de Defensa, retirándose después. Horadada la frontera, se rompió el mito de que Putin controlaba su país. Eso se consideró traición y se prometió castigo. A dos meses de eso murió Progozhin yendo en avión a Moscú junto a su cúpula militar. ¿A qué iba? ¿Quién lo llamó?
Antecedentes del método
Año 2002. Vladimir Golovliov fue “desaparecido convenientemente” baleado en Moscú mientras paseaba su perro. Primero fue aliado y luego criticó al régimen. Fue acusado de enriquecimiento durante las privatizaciones tras la caída de la Unión Soviética.
Año 2003. Serguéi Yushenkov. Diputado liberal que presidió una comisión que investigó atentados contra edificios de viviendas perpetrados en 1999. Sospechó que habían intervenido los servicios secretos rusos. Moscú culpó a terroristas chechenos usando el caso entre los argumentos que llevaron a la guerra contra Chechenia.
7 de octubre de 2006. Es asesinada la periodista Anna Politkovskaya. Desde el diario “Novaya Gazeta” denunció violaciones a los Derechos Humanos de las tropas del Kremlim en Chechenia. En 2014 cinco supuestos autores del crimen fueron condenados a prisión, pero la justicia rusa nunca indagó quien ordenó y pagó ese asesinato. En el año 2021 archivaron el caso.
27 de febrero de 2015. Es asesinado Boris Nemtsov, ex viceprimer ministro. Era científico y político liberal. Figura vista como posible sucesor de Boris Yeltsin. Ese asesinato fijó las sospechas de que el Kremlim corta la vida de sus oponentes. Boris Nemtsov criticó a Putin por su perpetuación en el poder y su política con Ucrania. Fue a la cárcel en tres ocasiones. Con reconocidos opositores como Garry Kasparov (campeón de ajedrez) fundó el partido opositor Solidaridad. Lo asesinaron a tiros en Moscú, cerca del despacho de Putin. Los asesinos eran parte de las fuerzas del líder checheno aliado a Putin, Radman Kadirov. Los nexos posibles nunca fueron investigados.

LOS EXILIADOS TAMBIÉN MUEREN

Noviembre de 2006. Alexander Litvinenko fue asesinado en Londres, envenenado con Polonio 210, material altamente radioactivo. Este exespía ruso enfermó de súbito y falleció en un hospital londinense. Había denunciado que sus superiores le habían ordenado asesinar al oligarca Boris Berezovsky. Marzo del 2013. Boris Berezovsky apareció muerto en su casa en Surrey, Inglaterra. Hubo quienes dijeron que se había suicidado pero dado que durante su exilio sufrió varios atentados sumados a una tenaz persecución judicial desde Moscú, ambientó la opinión de la venganza y que fuera ajusticiado. Berezovsky había hecho gran fortuna en el gobierno de Boris Yeltsin y luego de apoyar a Putin se distanció cuando el gobierno le arrebató un canal de televisión de su propiedad.
Marzo de 2018. Sergei Skripal y su hija Yulia fueron envenenados en la ciudad inglesa de Salisbury con el potente veneno, novichok, por supuestos agentes rusos. Skripal había sido integrante de la Central de Inteligencia rusa. Y además doble agente para el Servicio de Espionaje inglés (M16) hasta que fue arrestado en 2004. Fue condenado a 13 años de prisión por traición. Pero intercambiado por agentes detenidos en EEUU. Londres identificó a dos de los autores del intento de asesinato por envenenamiento como miembros de la inteligencia rusa y solicitó a Moscú su entrega. El Kremlim negó vinculación con el hecho y no atendió la petición tensando más las relaciones entre ambos gobiernos. Skripal y su hija Yulia sobrevivieron al atentado.

LA INVASIÓN DE UCRANIA

Setiembre de 2022. Ravil Maganov: una muerte “extraña”. La invasión causó represalias contra varios personajes. Pero la muerte más significativa sucedió en 2022. Ravil Maganov era presidente del gigante petrolero ruso Lukoil. Y según informaron las autoridades, murió tras “caerse de una ventana” en el hospital moscovita donde estaba internado.
Como dijo el Prof. Wolff, en Rusia, “la oposición no será tolerada y tendrá consecuencias fatales” por lo menos mientras Putin gobierne. Observando los largos tiempos que se ha tomado en aplicar sus “castigos-venganzas”, se verifica que el aspirante a Zar de todas las Rusias, cree que “la venganza es un plato que se sirve frío”.

Ing. Ramón Appratto Lorenzo.

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Opinión

Decepcionado

Decepcionado con el exministro de Defensa, Dr. Javier García. Tenemos una relación de amistad desde el 15 de febrero de 2005, cuando asumimos como diputado. Pero tuvo una actuación errante en el tema del teniente Nelson Duarte.
Nos hemos enterado desde hace años de las denuncias que presentó el teniente Nelson Duarte, sobre irregularidades constatadas, donde funcionarios de alto rango cometieron ilícitos graves, y no hubo sanciones acordes. Más aún la primera denuncia presentada por el señor teniente, es presentada en 2013; casualidad, cierran la investigación el último día del gobierno del FA, el 14 de febrero de 2020. En este caso se denunció por el teniente, que desde el 2000 al 2013, soldados colocaban piscinas para la empresa Akeless, por orden superior, sin autorización del comando. Se prueba la misma y sólo hay una pequeña sanción administrativa al que cometió ese flagrante delito. Otra denuncia era sobre un oficial de alto rango, que en la carpintería de la unidad se construían porteras y otros elementos para la empresa de un alto oficial. Arrestan a rigor al denunciante en base a que no la presentó a sus mandos naturales, no porque no fueran ciertas. Llega estar, en distintas etapas, hasta 100 días de arresto a rigor.
En el correr de 2020 en la actual administración, presenta denuncia con video donde de la camioneta del jefe de Servicios de Parque del Estado, que estaba a su disposición, bajan 30 packs de cervezas y dos promociones de whisky con la promoción de una valija, compradas en el Chuy, lado brasilero. En la investigación el oficial dice que las compró en la estación de nafta Ancap de Chuy, por supuesto, sin presentar boletas. Muy grave esta situación, ya que lo haya comprado del lado brasilero o del lado uruguayo, no lo puede hacer con vehículo oficial y personal de su unidad. Creo que gravísimo. Al teniente Duarte, lo mandan a su casa, cobrando el sueldo y pregunta cuál es la razón y le dicen por su “seguridad”. Sobre esta investigación administrativa, solicitan junto a su abogada, a través de mails y otro tipo de solicitar audiencia al ministro de Defensa Javier García y nunca les contestó.
Al momento lo que ha pasado es que lo sancionan por ir al programa Desayunos Informales, sin autorización y le pregunto al ministro por las denuncias y no me ha contestado. Pero lo más preocupante es que luego de concurrir a la Comisión Permanente del Legado, expresa que un alto jerarca militar tomó 2.000 dólares de la unidad, para pagar honorarios profesionales a un abogado para que defienda a un violador de los derechos humanos. Luego de esa comparecencia, al jerarca le aplican 15 días de arresto a rigor y al teniente por ir a un programa de televisión, 30 días de arresto a rigor. No tiene ninguna medida proporcional. Y ahora para cubrirse del caso del teniente Duarte, sale a decir de las sanciones cuando era estudiante, pero se recibe de alférez, y asciende a teniente. ¿Por qué no lo ascendieron a posteriori, a un militar que denunció delitos de altas jerarquías, que fueron constadas? Saquen sus propias conclusiones.

David Doti

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General

Escribe Ernesto Kreimerman: Hitler, “nosotros necesitamos el poder”

Otto Strasser, hermano del nazi Gregor Strasser que fuera asesinado el 30 de junio de 1934, durante la noche de los cuchillos largos, fue un hombre de centro que, en su oposición al hitlerismo, fue privado de la ciudadanía alemana.

Unos años después, en 1939, fue señalado por presuntamente haber participado del intento de asesinato de Adolf Hitler, que promovió el cabo Georg Elser.​ Primero huyó a Portugal y en 1940 editó en francés, sus memorias de luchas entre facciones dentro del partido nazi antes de 1933.

Tituló ese libro Hitler et moi. Años después, las publicó en alemán bajo el título Hitler und ich. Es decir, “Hitler y yo”.

En la biografía de Hitler resultado de las investigaciones de John Toland (1976, editorial Doubleday & Company), en la página 106 se revela un diálogo entre Otto y Hitler, esclarecedor:
“Otto Strasser: ¿Cuál es el programa del NSDAP?

Hitler: El programa no es la cuestión.

La única cuestión es el poder y el hecho de que todo es falso.
Strasser: El poder es solo el medio para cumplir el programa.

Hitler: Esa es la opinión de los intelectuales. ¡Nosotros necesitamos poder!”

EL ASCENSO

En setiembre de 1919 podría ubicarse el comienzo de la carrera al poder de Adolf Hitler cuando se sumó al Deutsche Arbeiterpartei, DAP, el Partido Obrero Alemán. Pocos meses después, ya en 1920, se produce un cambio de nombre a Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, o simplemente, Partido Nazi. Ubiquemos bien ese momento histórico: el partido nazi se forma, crece y consolida durante la posguerra de la Primera Guerra Mundial. Sus definiciones son “gruesas”, contundentes y de choque: se define como partido antimarxista, enemigo del Tratado de Versalles y, también, del gobierno democrático de posguerra de la República de Weimar.

Se plantaba en el escenario del nacionalismo extremo y el pangermanismo, con la misma fuerza que su condición de odio proclamada contra los judíos.
El odio como elemento identitario y los judíos como foco principal de sus acciones violentas.

No hay duda que el “ascenso” de Hitler encuentra su momento culminante en marzo de 1933, una vez que el Reichstag votara la Ley de Concesión de Plenos Poderes. Recordemos que antes, el 30 de enero de 1933, tras una serie de elecciones parlamentarias y las consiguientes intrigas entre bastidores, el entonces presidente Paul von Hindenburg rendido ante las circunstancias, había nombrado canceller a Hitler. Ese gobierno contaba con solo dos ministros nazis.

La ley de plenos poderes, “Ermächtigungsgesetz”, aprobada el 23 de marzo de 1933, dio a Hitler la capacidad de ejercer constitucionalmente el gobierno sin control parlamentario, un poder definitivamente dictatorial, ilimitado, sin restricciones legales.

Con dotes de orador pasional, y a través de intrigas y presiones incluso violentas, AH conquistó el liderazgo absoluto del partido.

El ascenso de Hitler a su etapa definitiva y desde allí hasta su derrota final, estuvo asociada al recurso de la violencia como una herramienta más para alcanzar sus objetivos políticos.
Y esta nueva radicalización y verticalidad se convirtió en la nueva matriz del militante nazi.

Disciplina y disposición a la violencia características que debían cumplir los nuevos miembros que fueron sumándose al partido nazi.
El Putsch de Múnich, en noviembre de 1923, y la posterior publicación de su libro Mein Kampf, “Mi lucha”, ampliaron el radio de acción de Hitler, atrayendo nueva y numerosa audiencia.
Hacia 1925 el nazismo comenzó la lucha electoral con Hitler como orador y organizador de la intensa y agitada campaña, marcada por la violencia y numerosas peleas callejeras entre la Rotfrontkämpferbund, Alianza de Guerreros del Frente Rojo y la Sturmabteilung, SA, nazi. Noches de violencia descontrolada.

Así las cosas, hacia principios de la década de 1930, los nazis acumularon un “capital electoral” propio que los ubicó como el mayor partido político del Reichstag.
A diferencia de otras experiencias de esta hora, a la concentración de masas que logró el nazismo se potenciaba con una audacia política novedosa para su época, combinada con cierta rápida capacidad de planificación y de inmediata respuesta política, sin límites, apelando a unas estrategias de engaño y de astucia de Hitler que en no mucho tiempo más llevó al nazismo a transformarse en la mayoría simple, en un efectivo ejercicio de poder en la disminuida República de Weimar de 1933.

Después, y apelemos a la terminología de estos días, ya en el poder, los nazis desarrollarían un relato propio, una mitología alrededor de su ascenso al poder, que llamaron Kampfjahre, es decir, años de lucha.

NUNCA DIGAS, ERA APENAS UN LOQUITO…

Una característica común a todos estos procesos de ascenso meteórico al poder, donde el componente de la cultura del odio, la discriminación y la violencia son su soporte, es que “los buenos” prefieren subestimar el problema.
Afirmaciones como “son apenas un loquito y unos vividores desprestigiados que se les suman…”, o “los votan ahora porque no hay nada en juego”, o “es verdad que la crisis es brutal, y por ello la gente busca cualquier tabla de salvación, pero llegado el momento, volverán a sentar cabeza”….

Pero nada de eso es así. Ni en los años de 1930, ni 2023, ni 2024.
Los italianos, por ejemplo, vieron la fundación del Partido Nacional Fascista (1919), y desde entonces hasta 1922, los fascistas lideraron un proceso acelerado de intimidación y ataques terroristas que permitieron su ascenso al poder.

Una década después, buena parte de los políticos alemanes, incluso de la sociedad alemana, culta y sofisticada, se autoengañaron, se persuadieron de que aquellos nazis no tendrían la capacidad de gobernar. Y que, en el peor de los casos, una vez que llegaran –y llegaron– al gobierno, moderarían su discurso y aflojarían su accionar tenso y violento.
Pero las cosas no fueron así. Ni un mes después, el incendio del Reichstag planificado por los nazis permitió a Hitler acusar a los comunistas y salir fortalecido de unas nuevas elecciones empañadas por la violencia.
En Italia, Benito Mussolini fue el primer dictador fascista del siglo XX.

Conquistó el poder en 1922 y permaneció allí hasta 1943, cuando fue encarcelado por su propio partido.
En 1945, mientras huía hacia Suiza, fue capturado y ejecutado.

Adolfo Hitler se mantuvo en el poder hasta su suicidio en el destruido y cercado Berlín.
Fue el 30 de abril de 1945. La aventura nazi causó alrededor de 70 millones de muertos.

Incluso hay quienes lo estiman en 100 millones.
Ahora estamos en el 2024. Resta preguntarnos si los demócratas han aprendido de estas experiencias. En Uruguay llevamos cuatro décadas de democracia.
Aun así, de cuando en cuando, algunos van presos, diluvian fakenews, se dicen algunas mentiras y hasta amenazas.

Pero aquí y ahora, la democracia es más fuerte. → Leer más

Opinión

Ni muy muy, ni tan tan

Esta semana que concluye vieron la luz dos informes de Naciones Unidas que muestran, desde determinado ángulo, el rumbo que ha tomado el mundo tras la pandemia, y cómo aquella esperanza que se había tejido ante una situación adversa que tuvimos que enfrentar todos como humanidad, aquello de que “de esta saldremos mejores”, no se viene cumpliendo. Tal vez no haga falta meterse en estos informes para constatar esto, basta ver la conflictividad que se desató en varios lugares casi simultáneamente, pero a la vez es interesante ver qué hay detrás de títulos tan aparentemente auspiciosos como “La mortalidad infantil alcanzó un mínimo mundial histórico en 2022, según un informe de las Naciones Unidas”, un título que tiene su matiz en que “a pesar de los avances, se calcula que 4,9 millones de niños y niñas murieron antes de cumplir cinco años en algún lugar del mundo, es decir, una muerte cada 6 segundos”, como señala el mismo informe, presentado por el Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas para la Estimación de la Mortalidad Infantil.

Por supuesto que el informe destaca el gran esfuerzo que supuso alcanzar esta cifras, detrás de las cuales “están las historias de las parteras y el personal cualificado de la salud que ayudan a las madres a dar a luz a sus recién nacidos en condiciones seguras; de los trabajadores sanitarios que vacunan y protegen a los niños y niñas contra enfermedades mortales; y de los trabajadores de salud comunitarios que acuden a los hogares para ayudar a las familias y procurar a sus niños y niñas los cuidados oportunos en materia de salud y nutrición”, como afirmó la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell. La tasa mundial de mortalidad de menores de 5 años ha descendido un 51% desde 2000. “Varios países de ingresos bajos y medianos bajos han superado incluso este descenso, lo que demuestra que es posible progresar cuando se asignan recursos suficientes a la atención primaria de salud, incluida la salud y el bienestar infantiles”, y cita ejemplos de estados que han logrado reducir la mortalidad de menores de 5 años en más de un 75% en este lapso del siglo XXI que hemos transitado. La contracara son esas muertes que persisten, muchas de ellas evitables —por complicaciones que se producen durante el parto, la neumonía, la diarrea y el paludismo—, que se concentraron en África Subsahariana y Asia Meridional, donde además se observa un subregistro, fruto de las falencias en la colecta de datos. “Muchas vidas podrían haberse salvado con un mejor acceso a una atención primaria de salud de alta calidad que incluyera intervenciones esenciales y de bajo costo, como vacunaciones, disponibilidad de personal sanitario cualificado en el momento del nacimiento, apoyo temprano y continuado a la lactancia materna, y diagnóstico y tratamiento de enfermedades infantiles”, expresa el informe. Entre las conclusiones destaca que “Los niños y niñas nacidos en los hogares más pobres tienen el doble de probabilidades de morir antes de cumplir los cinco años que los nacidos en los hogares más ricos, mientras que los niños y niñas que viven en entornos frágiles o afectados por conflictos tienen casi el triple de probabilidades de morir antes de cumplir los cinco años que los que viven en otros lugares”. Agrega también la estimación de que unos 35 millones de niños y niñas morirán antes de cumplir los cinco años de aquí a 2030.

El otro informe, que tiene mucho que ver con esto, indica que “Los países ricos alcanzan un desarrollo humano récord, pero la mitad de los más pobres han retrocedido”, y fue publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se trata del Informe sobre Desarrollo Humano 2023/2024, que se titula “Romper el bloqueo: reimaginar la cooperación en un mundo polarizado”. Sintetiza en una frase el comunicado del organismo que “el repunte del Índice de Desarrollo Humano (IDH) mundial —que se elabora a partir del Ingreso Nacional Bruto per cápita, la educación y la esperanza de vida de un país— ha sido parcial, incompleto y desigual”.

Y no es un dato a despreciar el hecho de que el IDH vaya a alcanzar máximos históricos en 2023, luego de haber presentado tras descensos pronunciados en 2020 y 2021. El tema es que este progreso “es profundamente desigual”. La explicación es que “los países ricos están experimentando niveles récord de desarrollo humano, mientras que la mitad de los países más pobres del mundo permanecen por debajo de su nivel de progreso anterior a la crisis”. Muy en línea con lo expresado en el informe anterior, el que aludía a la mortalidad infantil. Datos globales favorables, pero que al profundizar revelan que una parte del mundo está bien mientras el resto está muy mal.

“Las desigualdades mundiales se ven agravadas por una importante concentración económica. Como se indica en el informe, casi el 40% del comercio mundial de bienes se concentra en tres o menos países; y en 2021 la capitalización bursátil de cada una de las tres mayores empresas tecnológicas del mundo superó el Producto Bruto Interno (PBI) de más del 90% de los países ese año”. Sí, cada una de estas empresas, por separado, son más ricas que la gran mayoría de los estados, con todo lo que ello implica a todos efectos.

Este informe, que de momento está disponible solo en idioma inglés, agrega que “el avance de la acción colectiva internacional” se ha encontrado con el obstáculo de lo que define como una “emergente paradoja de la democracia”, explicada en que “mientras que nueve de cada diez personas en todo el mundo respaldan la democracia, más de la mitad de los encuestados a nivel mundial expresan su apoyo a líderes que pueden socavarla saltándose las normas fundamentales del proceso democrático”. Y hay otros datos que sería interesante analizar detenidamente y por separado, como un incipiente proceso de “desglobalización”, que en la interpretación de los datos se considera que “no es factible ni realista en el mundo actual”, dado que la interdependencia económica sigue siendo elevada. Sin embargo, la creciente polarización y división que lo caracteriza, es una amenaza grave, en cuanto estos enfoques proteccionistas “no pueden abordar los retos complejos e interconectados a los que nos enfrentamos, como la prevención de pandemias, el cambio climático y la regulación digital”, enfatizó el administrador del PNUD, Achim Steiner. → Leer más

Opinión

La incógnita de la energía

La sustitución del petróleo como el combustible por excelencia que durante décadas ha imperado en el mundo, plantea sin dudas el gran desafío energético para la humanidad, la que prácticamente desde los albores del siglo pasado ha basado su desarrollo, la innovación tecnológica, la mejora de la calidad de vida, la investigación, las comunicaciones, el transporte, por citar solo algunas áreas, en lo que este combustible fósil ha resultado herramienta fundamental en esta era.
Sin embargo, por tratarse de un combustible fósil y por añadidura, altamente contaminante, como otras fuentes energéticas no renovables, y más allá de los intereses económicos y geopolíticos, el diversificar las fuentes de energía hacia impulsores amigables con el medio ambiente, y a la vez de costo razonable, conlleva que un día sí y otro también se planteen avances, posibilidades, pruebas, búsqueda de apoyo financiero para tal o cual desarrollo, y eventualmente, imponer una visión desde algún ángulo con intereses propios incluidos, de forma de llevar agua hacia el molino de cada uno.
Sin dudas, la conversión hacia la electricidad está marcando el rumbo en esta problemática, como un ideal a lograr por lo menos en forma gradual, aunque naturalmente, si bien en sí la utilización como impulsor implica una energía libre de polución, la forma de generación es clave para que a la vez la contaminación no se dé en el inicio del proceso, es decir la vía para obtener la electricidad, sin que intervenga ningún combustible o material contaminante.
Entre otros posibles sucedáneos del petróleo, con un poder energético incluso superior está el hidrógeno, pero naturalmente, para poder obtenerlo es necesario un proceso en el que también se necesita mucha energía eléctrica, y de ahí el doble desafío.
Pero en el interín, sigue avanzando la investigación, que requiere fuertes inversiones, y entre los retos más significativos está el de lograr un impulsor confiable en cuanto a la seguridad del manejo, y hacer un compromiso entre riesgos y ventajas.
Por ejemplo, se considera que la aviación es uno de los mayores contaminantes del planeta, pero eso podría dejar de ser así en un futuro muy próximo, al haber resultado ampliamente satisfactorias las pruebas en Estados Unidos del motor de hidrógeno para avión más grande del mundo.
La empresa estadounidense Universal Hydrogen ha realizado con éxito una prueba en la que ha utilizado un motor de avión que funciona con hidrógeno. Universal Hydrogen ha usado una pila de combustible de un megavatio que funciona con hidrógeno líquido, y el éxito del test abre nuevos e interesantes caminos para la aviación.
Respecto a las pruebas que se han realizado con una gigantesca turbina de avión, el test se ha llevado a cabo en el puerto aéreo y espacial de Mojave, en California. La misma ha servido como adelanto de que es posible descarbonizar la aviación para reducir la contaminación que afecta al cambio climático y el efecto invernadero.
Los motores de hidrógeno son una tecnología innovadora de última generación y aunque todavía no se están fabricando para el uso diario, no son pocas las compañías que barajan su utilización en un futuro cercano. Ya existen drones que funcionan con este recurso no contaminante. Incluso Hyundai ha anunciado que para 2050 todos sus automóviles serán de hidrógeno.
Desde hace años, los coches eléctricos han sido la mejor opción para olvidar los motores de gasolina o diésel que tanto daño hacen al ecosistema. Sin embargo, uno de los problemas más comunes que tienen los consumidores con este tipo de vehículos son los largos períodos de recarga. Esto hace que se tenga que prevenir con antelación la duración de la batería y este tiempo de recarga si no queremos tener sustos durante la conducción. Pero además se ha comprobado que no es tan fácil como parece migrar a un parque automotor a batería; entre otros motivos porque habría que rehacer completamente la red de distribución eléctrica de las ciudades, pueblos y zonas rurales para soportar la potencia de carga de los autos particulares que se sumen. Pero además, se está viendo que no son tan “verdes” puesto que producir las baterías insume grandes cantidades de recursos, los vehículos tienen una vida útil muy menor –a pesar de que son tremendamente caros—y se han constatado casos de incendios espontáneos que son prácticamente imposibles de apagar.
Por estas razones, algunas marcas están optando por fabricar coches con motor de hidrógeno que se recargan tan fácil como los actuales a gas. En este sentido, el primer coche con motor de 2 litros impulsado por hidrógeno, específicamente diseñado para vehículos de pasajeros, se presentó en Corea del Sur en 2023.
En el terreno geopolítico, debe tenerse presente que Europa busca la manera de reducir las emisiones en el transporte de manera drástica. Con el acuerdo Euro 7 se esperaba un primer paso para conseguir los ambiciosos objetivos propuestos para 2030. Se avecinaba un paso intermedio antes de prohibir los motores de combustión (que no sean neutros en carbono) a partir de 2035.
Sin embargo, la regulación ha terminado por dejar al transporte ligero tal y como está. Los límites de emisiones se mantienen y será el transporte pesado el que tendrá que hacer un importante ajuste en los años venideros, aunque éstos también se retrasarán hasta 2029. Y es aquí donde más propuestas se están poniendo encima de la mesa.
De momento, los camiones eléctricos tienen un reto por delante. Por tamaño, las baterías que pueden instalar en el chasis son enormes pero, al mismo tiempo, provocan un sobrepeso en la estructura, necesitan de enormes enchufes para asegurar cargas útiles en el día a día y, además, la autonomía se puede ver seriamente perjudicada cuando viajen a máxima carga.
La solución, afirman otras voces de la industria como Mercedes, pasa por el hidrógeno. Con hidrógeno, el problema de la autonomía desaparece porque se recarga como cualquier otro combustible. Sin embargo, actores como Man desechan la idea por la baja eficiencia del hidrógeno, la cual sería inferior a la electricidad.
En los últimos años, el sector del transporte vive entre quienes creen que el futuro se encuentra en el hidrógeno y los que consideran que este tipo de tecnología es inviable para el transporte de carretera.
Entre los primeros figura Toyota. La firma japonesa hace tiempo que trabaja con el hidrógeno como alternativa al coche puramente eléctrico. Primero con el Toyota Mirai, un vehículo movido por pila de combustible que utiliza el hidrógeno para generar energía eléctrica que pasa por una batería y, posteriormente, aprovechan motores eléctricos.
El problema se suscita en que se necesita energía adicional, y no poca, para mantener el hidrógeno en estado líquido, con temperaturas de 250 grados bajo cero, con el que se logra la mayor eficiencia, y de ahí el desafío tecnológico adicional para la masificación.
Lo esperable es que surja de estos avances, en todos los campos relacionados con la energía, una decantación imprescindible de las alternativas que están en experimentación, para obtener la combinación de eficiencia, practicidad y ecuación objetiva que permita la anhelada transición masiva hacia energéticos amigables en un plazo razonable, para beneficio general, más allá de la carrera empresarial por copar el mercado en un marco de conflicto de intereses, que no siempre va en la dirección que necesita la humanidad. → Leer más

Opinión

Resiliencia y alertas tempranas

En los primeros meses de este año han ocurrido fenómenos meteorológicos de consideración –como vientos de alta intensidad y copiosas lluvias– que generaron un cóctel de situaciones de riesgo que han afectado seriamente tanto al espacio público como a infraestructuras de vivienda y trabajo, en el medio urbano como rural, impactando fuertemente y en múltiples dimensiones en la vida cotidiana de las personas y el normal desarrollo de actividades sociales, productivas y económicas.

El cambio climático, que se manifiesta de múltiples formas sobre la naturaleza y el día a día de las poblaciones y personas, así como situaciones meteorológicas puntuales hacen que sea necesario comenzar a considerar seriamente aspectos claves de la resiliencia pero también la adecuación de las políticas de información a la ciudadanía y los cambios de hábitos y costumbres de esta última.

La trágica muerte de un niño de ocho años acaecida mientras estaba alojado en una cabaña de un campamento y de un joven de 20 en Colonia durante un temporal a fines del año pasado constituyeron –además de una lamentable e irreparable pérdida de vidas jóvenes– un recordatorio de la necesidad de incorporar en nuestro día a día una adecuada gestión de riesgos.

Es justo reconocer que los pronósticos meteorológicos conllevan cierto grado de incertidumbre y generalmente no es fácil hacer un pronóstico con vigencia de más de 48 horas que se cumpla a rajatabla, así como también el hecho que han mejorado mucho las alertas meteorológicas en relación a lo que ocurría hace una década y que en la mayoría de los casos en que han sucedido eventos de consideración, habían sido emitidas. No obstante, el tema sigue dando motivos a la polémica y una de las variables de la discusión es si se difunden o no con la suficiente anticipación.

En la esfera pública algunas instituciones, como la Universidad de la República, cuentan con protocolos de actuación vinculados a los diferentes niveles de alerta de Inumet con la finalidad de evitar riesgos y lesiones personales que podrían derivarse de los traslados desde y hacia los lugares de trabajo, o la realización de diferentes tareas laborales durante el transcurso del evento meteorológico que da origen a una alerta roja, por ejemplo. En el sistema educativo, también la ANEP deja de contabilizar inasistencias a partir de alerta naranja.

Sin embargo, como bien lo demuestran diferentes situaciones ocurridas durante eventos meteorológicos como vientos fuertes, lluvias intensas o granizadas, eso no es suficiente. Y, por otra parte, estamos errando el camino si tratamos a las alertas solo con criterio administrativo para contabilizar corrimientos horarios de la asistencia del personal o como justificación de suspensión de actividades.

Como bien señaló tiempo atrás el director del Sistema Nacional de Emergencias, Santiago Caramés, se podrán hacer “todas las previsiones posibles, avisarle a la población y hacer las alertas, pero si cuando hay avisos y alertas no nos ponemos alertas” es difícil que las cosas ocurran de manera ideal.
En el fondo se trata de un tema de educación para mejorar la percepción de riesgo sobre determinados fenómenos en la discusión pública. “Hay que tomarlo en serio y no lo hacemos, incluso los actores políticos”, opinó el jerarca.

Nuestro país está tratando de mejorar sus sistemas de alertas tempranas en múltiples esferas de la actividad. En este sentido, el año pasado fueron presentados los resultados de una consultoría para el apoyo a la implementación de “Sistemas de Alerta Temprana (SAT) Multiamenazas en Uruguay”, en el marco de un trabajo conjunto del Sistema Nacional de Emergencias, el gobierno nacional, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN).

Allí se describen los instrumentos y aportes de diferentes organismos e instituciones y se realizan recomendaciones entre las que se incluyen la creación de campañas de difusión y democratización de la gestión de riesgo ante inundaciones, tanto a nivel de las instituciones como la población y estar preparados para dar respuesta. Esto resulta clave caso de eventos extremos de cualquier tipo, incluidos los destrozos de viviendas por fuertes vientos y las inundaciones por anegamiento de pluviales, que son dos de las afectaciones más comunes.

También se plantea la necesidad de protocolos locales en espacios relevantes de la población incluyendo a las organizaciones sociales e instituciones educativas, el desarrollo de mapas de riesgo locales y la actualización periódica de zonas seguras y rutas de evacuación.

Acordamos con estas recomendaciones en lo que respecta a la necesidad fundamental de involucrar a la población civil en los procesos de respuesta a partir de mapeo de actores locales y su participación en los procesos de actualización de los protocolos de actuación ante emergencias. Es necesario que los potenciales riesgos y amenazas sean conocidos por los vecinos de los diferentes barrios, los docentes y estudiantes y todas las personas en su ámbito laboral.

Resulta fundamental el establecimiento de redes de información eficaces y oportunas para la población, algo que hoy en día se ve facilitado por ejemplo por el uso masivo de la tecnología que podría ser utilizada, por ejemplo, para el envío de alertas a través de aplicaciones de celulares como se hizo durante la pandemia por COVID-19.

Una de las lecciones que nos dejó la pandemia es, justamente, la necesidad de reevaluar cómo se gestiona el riesgo y cómo se diseñan políticas tendientes a ese fin, apuntando a enfoques de prevención, recuperación y reconstrucción efectivos.

Se trata de un aspecto de la realidad en la que los gobiernos de los diferentes países del mundo exhiben una inversión y progresos insuficientes según los reportes de las Naciones Unidas. En particular, en la cumbre de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres, realizada en 2022 en Indonesia, el organismo internacional exhortó a todos los gobiernos del mundo a adoptar y mejorar con urgencia los sistemas de alerta temprana y a invertir en la construcción de una mayor resiliencia para disminuir las cada vez más frecuentes calamidades.

En Uruguay necesitamos saber cómo prepararnos frente a la posibilidad de fenómenos meteorológicos extremos –que están siendo cada vez más frecuentes– y qué hacer en casos de emergencia. No podremos avanzar en resiliencia si estamos flojos en algo tan elemental. Por el momento salta a la vista que nos falta acceder y comprender la información e incorporar hábitos y entrenamiento. → Leer más

Opinión

Radiografía de una crisis

“Rosario se desangra”, así empieza un artículo que tiene más de un año. Se publicó en el portal Infobae en febrero de 2023 con la firma del periodista Andrés Klipphan y es una síntesis del proceso de deterioro de la segunda ciudad en importancia de la vecina República Argentina, una ciudad que hoy arde a raíz de un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y las mafias del negocio narco que no deja de cobrarse víctimas inocentes. “Los vecinos reclaman por seguridad. La violencia en las calles, en los barrios, aumenta año a año, mes a mes. Las víctimas ya no son solo integrantes de bandas rivales por disputa de territorio. Niños, bebés, quedan en medio de balaceras. En la ciudad santafesina los crímenes se profesionalizaron. Las familias narco que anidan en el territorio contratan sicarios para eliminar oponentes. Son empresas criminales”, planteaba la nota.

El redactado cita a Eugenio Burzaco, exsecretario de Seguridad de la Nación en el período de Mauricio Macri, repasando que “Rosario tuvo más de 280 asesinatos en 2022, una tasa que supera los 20 homicidios cada 100.000 habitantes. Una enorme cantidad de los 2.327 asesinatos de los últimos diez años en la ciudad están relacionados directamente con el tráfico de drogas y la violencia vinculada a esta actividad”. Agregaba entonces que proyectando los homicidios intencionales de los primeros dos meses del 2023 a todo el año, “terminaremos con un homicidio intencional promedio por día y a Rosario ubicada entre las 50 ciudades más peligrosas del mundo”. Los homicidios bajaron en cantidad a lo largo del año pasado y la tasa bajó de más de 22% a menos de 20, a 19,87%, para ser más precisos. De todos modos, Rosario sigue siendo una de las ciudades más peligrosas del mundo. Porque más allá de los números, la inseguridad no varía. La sensación, sí, la “sensación térmica” como decía la desaparecida ministra del Interior Daysi Tourné.

“La disputa feroz de las bandas por el control territorial del negocio narco, generan el 75% de los homicidios cometidos con armas de fuego, tasa muy superior a la media nacional”, agregaba Burzaco en la cita. También planteaba que esta “dinámica criminal no solo alimenta un mercado de consumidores ávidos por financiar su consumo que se transforman en ‘dealers’ o ‘soldaditos’ de las bandas criminales, sino que también altera los incentivos de ascenso y reconocimiento social, llevando a muchos jóvenes a matar por un celular o un par de zapatillas, con una irracionalidad criminal que no ajusta los medios violentos a los fines a conseguir”.

Burzaco también advierte que “no es casual que Rosario sea un objetivo central para las operaciones de los grandes narcotraficantes”, y atribuye esto a que “allí convergen casi todas las rutas relevantes que vienen del norte desde los principales países productores de estupefacientes, tanto de cocaína como de marihuana”. Y señalaba que otra de las rutas narco es la hidrovía, que “se ha trasformado en una verdadera autopista comercial de Paraguay, Bolivia, sur de Brasil, Argentina y Uruguay, en un viaducto para el tráfico de cocaína hacia Europa”. Esto ha quedado demostrado varias veces ya con los repetidos cargamentos que se han interceptado en puertos europeos que han pasado por el de la San Felipe y Santiago. A propósito, un reciente artículo en la Voz de América (VOA, por Voice of America), la radio oficial de los Estados Unidos, alude a alejamiento de la DEA (Administración de Control de Drogas) de nuestro país en 2019, después de varios años de tensión con el gobierno, según refleja. También señala que desde el actual gobierno uruguayo se han hecho gestiones para que esa dependencia vuelva a estar con una oficina en Uruguay, pero de ello hay ninguna chance, por un lado porque no está saliendo cocaína desde Montevideo hacia la federación norteamericana y por otra parte porque la principal preocupación de ese organismo hoy es el fentanilo. “Con la poca cocaína que circula desde Uruguay hacia Estados Unidos, hay poco apetito para buscar la aprobación del Congreso para reabrir una oficina en Montevideo. Ahora todo es fentanilo”, dijo Larry Reichner, ex subdirector regional de la DEA para el sur de Sudamérica de 2015 a 2019. “Les importa un comino la cocaína”. La DEA se negó a hacer comentarios, según VOA.

Pero volviendo a lo de la ciudad que vio nacer a Fito Páez, Alberto Olmedo, Roberto Fontanarrosa y tantos otros argentinos célebres, Burzaco señalaba que es un grave error creer que este problema se circunscribe únicamente a los países productores y de consumo final, porque el tráfico de cocaína internacional paga a intermediarios y facilitadores en especies, “es decir dejando parte de esos cargamentos a lo largo de las rutas de circulación”, por lo que “esa sustancia debe ser volcada al mercado local para generar ganancias a estos grupos”. De allí que no sorprenda que países como Chile, Uruguay, Brasil y Argentina “tengan prevalencias de consumo similares a los Estados Unidos o los principales países europeos”. Sudamérica se ha transformado en un mercado maduro, “que mueve enormes cantidades de dinero. Ya no somos un mero país de tránsito”, aseguró.

Rosario, en esto, es un “ejemplo” a no seguir. Burzaco lo señalaba en ese momento, en febrero de 2023, como indicativo de un rumbo negativo de todo el país en materia de inseguridad. “Muestra como la pérdida del control territorial por parte del Estado es ocupado por las bandas criminales”. Agregaba que “el Estado ingresa a las zonas críticas pero no puede permanecer allí. Con el tiempo ya ni siquiera ingresa en determinados barrios y la vida diaria de los vecinos en aquellos lugares es regida por los líderes criminales. Las peleas entre bandas terminan generando muertos inocentes como daño colateral”. Lo que viene después que las bandas controlan el territorio es, de acuerdo a la descripción, casi que de manual de la operativa mafiosa de las películas de Martin Scorsese: sus actividades se expanden, comienzan a cobrar “impuestos” criminales y extorsivos por “protección” de las actividades lícitas y abordan otros negocios ilegales, como el tráfico de armas. “La ilegalidad y la violencia van desplazando de la ciudad al comercio legal y la libertad de las personas, y las bandas se enfrentan abiertamente al Estado”. Parece la descripción de lo que acontece hoy en Rosario, apenas un año más tarde.

“La lógica del narcotráfico –describía Burzaco– es corromper instituciones y personas a lo largo de su actividad criminal para poder maximizar los beneficios de su negocio, para reducir riesgos en la operación y para desplazar adversarios”. Y su capacidad económica tal vez no sea ilimitada, pero es muy importante, cabe agregar. → Leer más

Opinión

Feminismo sí, antisemitismo no

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define el feminismo como el “principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre”.
De acuerdo con National Geographic, “pese a que el feminismo no se inició formalmente hasta finales del siglo XVIII, fueron muchas las mujeres que, a lo largo de la historia, se cuestionaron el rol que la sociedad les había impuesto y desafiaron las convenciones de su época” como por ejemplo Guillermina de Bohemia o Christine de Pizan (…) Años más tarde, “en 1789, en plena revolución, la Asamblea Nacional Constituyente francesa aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Este documento, lejos de respaldar los derechos de todas las personas, recogía y proclamaba exclusivamente los derechos fundamentales de los hombres. Siendo parte de la revolución y del movimiento ilustrado, las mujeres empezaron a ser conscientes de la opresión en la que vivían y decidieron luchar contra ella”.
A pesar de todo el tiempo transcurrido y de las luchas libradas con fundamento y justicia por mujeres que se adelantaron a su propio tiempo, la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer sigue siendo una materia pendiente en muchos países del mundo y por supuesto en nuestro país, en el cual muchas prácticas culturalmente aceptadas siguen postergando a quienes deberían ser tratadas como iguales. Temas como la equiparación salarial, la corresponsabilidad en las tareas del hogar y en la crianza de los hijos, la violencia de género o el cuidado de los familiares incapacitados para valerse por sí mismos siguen requiriendo que nos preocupemos y ocupemos por una tarea que no ha terminado y que plantea paradojas realmente increíbles para la Humanidad: hemos sido capaces de llegar a la Luna pero muchos hombres se niegan a cambiarle los pañales a sus hijos por considerarlo una tarea propia de mujeres.
En este contexto de objetivos aún no alcanzados, la marcha del Día Internacional de la Mujer alcanza una importancia que debe ser subrayada año a año en el marco de una lucha que se libra día a día. En efecto, las numerosas manifestaciones que se producen en esa fecha y los recordatorios que se realizan en instituciones de enseñanza, lugares de trabajo y oficinas públicas forman parte de una práctica que debe ser bienvenida y promovida porque la igualdad proclamada y perseguida es un elemento fundamental de la vida democrática y de la construcción de una conciencia ciudadana fuerte y comprometida.
Lamentablemente, la marcha que tuvo lugar el pasado 8 de marzo en Montevideo mostró una cara diferente de lo que debería ser una fiesta centrada en la reivindicación de derechos: durante su desarrollo se llevaron a cabo muestras de odio e incitación a la violencia contra el pueblo judío. En efecto, un grupo de jóvenes y niñas marcharon llevando la réplica de la cabeza de una mujer judía (identificada por la estrella de David en su frente) atravesada por una lanza. Sin lugar a dudas se trata de un hecho gravísimo, el cual resulta no sólo una afrenta a una colectividad que desde hace más de cien años forma parte del Uruguay y de sus tradiciones y convicciones democráticas, sino también al Uruguay todo. Ese acto miserable, peligroso y discriminador no nos representa como país. Se trata de un episodio doloroso y triste, que marca un antes y un después en la forma en que algunos colectivos feministas viven una fecha que debería unir a las mujeres y no discriminarlas por ser judías. Como si ello fuera poco, en las últimas horas se difundió a través de las redes sociales un video en el cual las organizadoras de este atentado contra la tolerancia y la convivencia democrática se filman preparando la infame cabeza antes mencionada en un ritual de discriminación y odio que no admite lugar a dudas.
La licenciada uruguaya Teresa Porzecanski Cohen en un artículo publicado en el semanario hebreo Jai ha expresado con claridad la doble moral de muchos movimientos supuestamente feministas –que en realidad son políticos más que feministas– tanto de Uruguay como de otros países: “A las organizaciones feministas que se quedaron calladas’ respecto a la masacre de mujeres, niñas y bebés judías israelíes del 7 de octubre por parte de Hamás: ¿cómo pueden tildarse de ‘feministas’ que dicen luchar por los Derechos de las Mujeres? ¿O son, precisando mejor los términos, decididamente antisemitas? (…) Si hasta la reacia Naciones Unidas reconoció estos hechos y, muy a su pesar, los confirmó, ¿por qué la mayoría de las organizaciones que se autodenominan ‘feministas’ no salieron a la calle para denunciar y reclamar justicia? ¿Es acaso cobardía o porque se trata de mujeres y niñas judías? Entonces, hay un claro antisemitismo, que invalida el ‘feminismo’ mismo, ya que opera desde el prejuicio contra las propias mujeres que, deliberadamente son excluidas… Y en esa hipocresía, que es también, cobardía, ninguno de los principios de justicia social que dicen defender, está presente. Por lo que queda siendo solamente un ‘teatro’, un bla bla bla, poco creíble y lleno de prejuicios”. Ante los hechos que tuvieran lugar en la marcha mencionada, es importante recordar que el artículo 149 bis del Código Penal Uruguayo establece lo siguiente: “el que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, será castigado con tres a dieciocho meses de prisión”. Resulta claro entonces que existe una norma (entre muchas otras). A modo de ejemplo, la Ley N°17.817 de 06 de setiembre de 2004 declara de interés nacional la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación, norma que se complementa con disposiciones constitucionales y tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país que marcan su compromiso y obligación en combatir hechos como el acaecido en la marcha del pasado 8 de marzo en Montevideo. ¿Será que algún fiscal tenga el coraje suficiente para iniciar una investigación de este suceso? ¿O todos ellos están maniatados por lo políticamente correcto? Ya hemos visto casos donde claramente la Justicia se extralimitó por defender una causa “feminista” que a la postre se demostró que era engañosa. No sería de extrañar que un organismo público que está en el ojo de la tormenta por sus polémicas actuaciones decida, una vez más, mirar hacia el costado y hacer como si no pasara nada. En nuestro departamento ya sabemos de esa clase de odio porque un sanducero antisemita convertido al Islam, mató a David Fremd a puñaladas en plena avenida España por el sólo hecho de ser judío. El autor de ese crimen, de nombre Carlos Peralta (pero que desde que se convirtió al Islam se hacía llamar Abdullah Omar) fue declarado inimputable en un incomprensible fallo que constituye un peligroso antecedente.
Por lo pronto, hay más razones –y gravísimas, por cierto– para actuar de oficio, porque en este caso se utilizaron niñas para incitar al odio, con una performance que ya de por sí es suficiente argumento para que el INAU tome medidas ejemplares. Si no lo hace, quedará muy en falso, cuando hasta para desfilar en un carnaval en Tambores con menores hay que andar haciendo mil trámites y que terminan haciendo inviable hasta la fiesta más popular y familiar del país. Basta recordar el celo del la Institución que supuestamente vela por el bienestar del los niños, cuando llegó al extremo de citar a este diario por publicar una solicitud de localización de una menor, que paradójicamente había sido emitida por el propio INAU.
Los uruguayos, y por supuesto los sanduceros, debemos estar alertas para que los movimientos feministas –que no son tales– que llevaron a cabo estas repudiables acciones el pasado 8 de marzo o quienes las apoyan no nos pasen “gato por liebre” y utilicen una causa noble como el feminismo para dar rienda suelta a su antisemitismo. Hay un dicho popular que dice que “el Diablo nunca duerme” a lo cual deberíamos agregar: “y los antisemitas tampoco”. → Leer más

Opinión

Prioridades que deberán resolverse en seis meses

Comenzó el último período parlamentario antes de las elecciones y los representantes nacionales tendrán que trabajar a contrarreloj si quieren aprobar los proyectos de ley que han sido largamente debatidos en los últimos años.

Hasta el 15 de setiembre hay tiempo. Después, vendrá el período que atraerá la atención de diputados y senadores. Y si los proyectos de ley no se aprueban en los siguientes seis meses, entonces pasarán a morir en un cajón. Tal como ha ocurrido con tantas iniciativas.
A principios de octubre del año pasado, la cámara de Diputados dio media sanción a la ley de eutanasia, presentada por el diputado colorado Ope Pasquet. Salió de allí para continuar su discusión en Senadores, donde no hay consensos con la redacción actual.

El Partido Nacional marcará su posición y planteará que se afine la evaluación de la aptitud física de la persona y que la comisión revisora no actúe post mortem.
Habría acuerdo en pasarla al plenario en abril para evitar que se dilate su discusión, pero aún deben aclarar detalles dentro de la coalición porque el Frente Amplio la apoya.
Si se aprueba, Uruguay pasará a ser el segundo país de América Latina, luego de Colombia, en aprobar una ley de estas características. El Sindicato Médico del Uruguay publicó una encuesta en el año 2020, donde el 82% de los profesionales consultados se mostraba a favor del proyecto.

En el país se aplica la ley de voluntad anticipada, una iniciativa votada en el año 2013, donde el paciente resuelve no continuar con sus tratamientos ante lo irreversible del caso y evitar, así, la denominada “obstinación terapéutica”.

La prohibición de “designar personal presupuestado o contratado en el período de un año previo a la finalización” del gobierno fue presentada por el senador colorado Adrián Peña. A la comisión del Senado, donde permanece a estudio, acudieron intendentes que responden a todos los partidos políticos y hay un acuerdo unánime en la presentación de una acción de inconstitucionalidad si se aprueba finalmente el proyecto.
Los senadores se comprometieron a consultar a nuevos constitucionalistas, pero no hay una decisión adoptada.

Hay interés en darle curso a la propuesta sobre el financiamiento de los partidos políticos, luego de su aprobación en la cámara baja. El Senado creó una comisión para el seguimiento del tema que aún no tuvo su primera reunión y que deberá recibir a todas las delegaciones pertinentes afín de escuchar sus aportes.

La Ley de Medios aún se encuentra en pausa. El gobierno intentó derogarla en la Rendición de Cuentas de 2022 pero no pudo. Antes del cierre del año parlamentario, en diciembre se votó el proyecto que deroga la normativa actual para la instalación de otra. La comisión de Industria tiene el tema, pero la idea es aprobarlo sin modificaciones para que no tenga que retomar el camino a la cámara baja. De lo contrario, la siguiente cámara deberá aprobar las eventuales correcciones y demorar más una propuesta que –también– fue largamente discutida.

El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República, se manifestó en contra del proyecto a estudio parlamentario porque “no cumple con los estándares de calidad democrática en materia de comunicación”. De acuerdo al ámbito académico, “habilita una mayor concentración y extranjerización de los medios de comunicación del país, inhabilita la participación ciudadana y no garantiza la transparencia en las decisiones sobre uso de espectro y regulación de los medios”. La UdelaR, incluso, considera que la nueva ley tiene nombre propio.

Y justo en medio del debate social sobre la reinserción de las personas con consumo problemático de sustancias, la Cámara de Diputados tiene en sus manos un hierro caliente. Hay interés en la aprobación de la internación compulsiva de adictos con previo consentimiento de la persona. Sin embargo, este proyecto de ley abre el interés ciudadano por conocer cómo se implementará y aterrizará en los territorios una vez aprobada.
Están pendientes los cambios en las comisiones binacionales, luego de las polémicas designaciones en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y ya asistieron autoridades del gobierno a la comisión de Asuntos Internacionales.

Falta consenso e interés en la aprobación de una ley de paridad en el Parlamento, luego de la propuesta de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Hace años que se discute el tema, se retoma en tiempos electorales pero no se resuelve. El proyecto intenta captar la atención de un electorado, pero falta la amplitud de los acuerdos políticos. Incluso dentro del Partido Nacional.
Las negociaciones fueron complejas para la media sanción en la cámara de representantes de la ley sobre el financiamiento de los partidos políticos.

La regulación de la publicidad gratuita para los partidos políticos durante la campaña electoral fue discutida y pasó al Senado. La iniciativa aumentó de 15 minutos a 20 minutos por hora en horario central de los canales y 10 de esos minutos no tendrán costo para los distintos lemas.

La discusión se profundizó en la redacción del texto que “faculta” al Estado a “compensar” a los canales por los minutos que no venderán en tanto no especifica la cifra. El criterio para el cálculo está definido por el precio promedio pagado por concepto de publicidad de los organismos públicos, con un año de anterioridad a la campaña electoral.
Pero el Poder Ejecutivo es el que define dicha compensación, porque si eso no ocurriese, el texto aclara que la cesión gratuita será inaplicable.

Andebu planteó severos perjuicios económicos y la posibilidad de enviar trabajadores al seguro de desempleo, si no ocurría tal compensación. De hecho, la cotización de la publicidad electoral estará en el centro de un áspero debate, porque la oposición reclama que ha sido históricamente perjudicada en comparación a los partidos tradicionales y que denunciará si comprueba diferencias de precios en las empresas.

Estas son algunas de las prioridades establecidas por la coalición para los restantes seis meses. Un tiempo donde se verán muchas caras suplentes porque el primer tiempo –el 30 de junio– está orientado a reforzar estructuras y armar aparatos. El siguiente, en octubre, es para reforzar la presencia parlamentaria. Todo lo que ocurra antes será, por lo menos, una interrogante.
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Opinión

Solicitada: Quinientos cuarenta y siete millones de pesos de déficit

¿Hasta cuándo el Intendente Nicolás Olivera seguirá engañando a la población de Paysandú con los números de su gestión? Una vez más el Tribunal de Cuentas de la República tiene que poner negro sobre blanco y desenmascarar a una administración que intentó maquillar los resultados de la rendición de cuentas del año 2022. Así, en la Resolución N.° 418/2024 del 7 de febrero de 2024, dicho órgano corrigió nuevamente la rendición de cuentas, como ya lo había hecho con la del 2021, y de un déficit que estimó la comuna sanducera en $184.415.031 (ciento ochenta millones cuatrocientos quince mil treinta y un pesos), el tribunal le sumó $363.084.828 (trescientos sesenta y tres millones ochenta y cuatro mil ochocientos veintiocho pesos), la friolera de 196% más del déficit estimado, lo que representa un 16% del total de gastos. Se preguntará el lector porqué se da este desfasaje; pues bien, en esta operación maquillaje llevada adelante, la intendencia pretendió incorporar la suma de $311.413.631 (trescientos once millones cuatrocientos trece mil seiscientos treinta y un pesos) proveniente del fideicomiso de obras, como ingreso de recursos departamentales, cuando es, a todas luces, financiamiento de terceros, y de esa manera computar esa cifra como ingreso para sufragar el déficit que se había producido en el período. Pues bien, estos 547 millones de pesos, que equivalen aproximadamente a 14.000.000 de dólares, son indicativos de un problema muy grave en la gestión económica de la comuna, gestión que está dejando a Paysandú por primera vez en la historia, ante la duda de la viabilidad financiera de su Estado departamental, extremo que no hace mucho tiempo lo vimos en nuestros vecinos, con la administración Coutinho.

Hace un año denunciamos lo que surgía de otro informe del Tribunal de Cuentas, donde también se detectó un ocultamiento del déficit por una suma de 343 millones de pesos; ese déficit acumulado, hoy supera los 900 millones de pesos, y solo hemos recibido como respuesta de parte de las autoridades departamentales, que el Tribunal se equivoca, que se hacen mal las cuentas, etcétera. Siempre la culpa es del otro, pero jamás una explicación de cómo es posible llegar a estos desfasajes millonarios. Contemporáneamente tenemos a nuestro intendente pavoneándose con Álvaro Delgado por varios departamentos del país, haciendo campaña, y pronto lo veremos haciendo lo propio aquí con su candidatura a la reelección, sin dar una sola explicación sobre qué es lo que está haciendo con el dinero de todos nosotros, dónde lo está aplicando, qué significan esos 900 millones acumulados de déficit, cómo se explican.

¿No es acaso su primera responsabilidad política y jurídica la de dar explicaciones sobre lo que los sanduceros le confiaron? Ni hablemos de rendir cuentas del Fideicomiso que gasta a manos llenas, pero del que nunca se ha dignado a transparentar, para qué. No se confunda Señor Olivera, la Intendencia no es su coto de caza como lo ha sido para el Partido Nacional la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, donde han hecho con el dinero de todos, un club político, sin poder ser auditados por el Tribunal de Cuentas; no señor intendente, usted está de este lado de la legalidad nacional, donde los gobernantes deben rendir cuentas. Lo estamos esperando.

Dr. Federico Álvarez Petraglia

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