El gobierno que asumirá el 1º de marzo próximo tendrá el desafío de reducir la pobreza infantil, la cantidad de asentamientos y de atacar la problemática del desempleo juvenil. Son exactamente los mismos desafíos que recibió el actual gobierno del anterior, cuando ingresó en 2020.
Del gobierno electo se escucha que el saliente empezó “tarde” con el abordaje del déficit habitacional. Y es importante conocer cuán “tarde” en comparación a qué factores. Porque de acuerdo a un recorrido realizado por la organización latinoamericana Techo con entrevistas a referentes vecinales, cuyos datos publicó en el año 2019, en Uruguay había 656 asentamientos de los cuales el 86% no contaba con saneamiento y el 33% no tenía agua potable.
El gobierno saliente refiere a un Registro Nacional de Asentamientos y señala que a marzo de 2020 había 684 asentamientos, donde residían unas 220.000 personas. Estiman que a marzo de este año, se haya intervenido en más de 120 asentamientos que incluyen a 15.000 hogares y que uno de cada cuatro de sus habitantes haya regularizado su situación a esa fecha.
La realidad aún indica que la cantidad es alta para unos 3,5 millones de personas en un territorio pequeño. Hay discusiones que deberían zanjarse, pero las posturas partidizadas sólo han servido para profundizar las diferencias y que el problema lleve años y se traslade de una administración a otra.
No obstante, no es posible entender la problemática si no se piensan en los dos años de pandemia que impidieron llevar adelante, entre otros, nuevos proyectos habitacionales. Porque el Ministerio de Vivienda sufrió recortes de recursos –al igual que otras secretarías de Estado– que se orientaron a enfrentar la pandemia sanitaria.
Ciertamente, tampoco es posible solucionar en un período de cinco años, una problemática enquistada en las comunidades desde hace décadas. Estos son aspectos que se deben incluir en una discusión política madura y despojada de críticas que siempre resultan inconducentes.
El desafío que se plantea en Uruguay desde hace décadas es enfrentar esta problemática, sumada al desempleo juvenil o la pobreza infantil como política de Estado. No importa quién gane las elecciones o los tiempos electorales, sino que todos asuman confiados en la continuidad y aportes para mejoras de las políticas que sobrevivan a los gobiernos. Tal como ocurre en el sector agropecuario, que posiciona a Uruguay como un país confiable en el contexto internacional. Esto que parece simple en la política agroexportadora, se transforma en una utopía cuando se reiteran problemáticas sociales de larga data, que enfatizan los dirigentes durante las campañas electorales, como si no hubiesen estado nunca en Torre Ejecutiva.
Por eso, es difícil comprender por qué tienen tanta claridad para los diagnósticos –a juzgar por las críticas cruzadas que se observan en las campañas– pero demuestran tantas dificultades a la hora de ejecutar planes que avancen sobre el déficit habitacional.
Es importante recordar –al menos como dato anecdótico– que el 5 de abril de 2022, el presidente Luis Lacalle Pou dejó sin efecto la declaración de estado de emergencia nacional sanitaria que había declarado el 13 de marzo de 2020. Al mes siguiente, en mayo, lanzaba el Plan Avanzar para intervenir en 120 asentamientos con una inversión de 480 millones de dólares para distribuir en los restantes casi 3 años que le quedaban de gobierno. Es decir, no en un quinquenio completo.
Ese día también recordaban las palabras del presidente de Brasil, Lula da Silva, sobre el “fome zero” o hambre cero. “Se nos ocurrió hablar de asentamiento cero. Obviamente que era aspiracional, como muchas cosas en la vida. Decíamos que no era para un período de gobierno, que era una política nacional. Y este punto de inflexión va a ser seguido por los que vengan, si hacemos las cosas bien”.
Lo cierto es que, si las organizaciones de la sociedad civil llegan antes, es porque el Estado es lento. Más que un gobierno o dos.
El Estado ha mostrado lentitud y burocracia para “casi” todo, sin importar el color del gobierno. Y de esa lentitud dependen decisiones impostergables.
El próximo gobierno está obligado a negociar por las circunstancias parlamentarias y, más allá de ser un factor propicio para la democracia, interpelará a las distintas fuerzas políticas con representación en el Legislativo. No obstante, las negociaciones para arribar a acuerdos no se pueden demorar. De lo contrario, cuando finalice el gobierno siguiente, se irá con la misma sensación de que queda mucho por hacer.
Las federaciones que nuclean a los distintos sistemas de acceso a la vivienda reclaman el fortalecimiento de un Fondo Nacional de Vivienda que, incluso, formó parte de un proyecto de ley presentado en 2023. La iniciativa forma parte del programa de gobierno, pero han reconocido que no saben de qué manera se hará. Porque hay una diversidad de factores que dependen que decisiones del Ministerio de Economía que, a su vez, deberá aguardar el escenario que le espera este año con la devaluación de Brasil que es un tema de alto impacto, así como el déficit fiscal que entregará el actual gobierno.
Pero todo esto no se soluciona únicamente con recursos económicos, sino con gestiones enfocadas a evitar la instalación de nuevos asentamientos, en coordinación con las intendencias departamentales y resolver la regularización de los que ya existen.
En esos barrios, así como en viviendas precarizadas, residen niños pobres. El próximo gobierno anunció que aumentará las prestaciones del Ministerio de Desarrollo Social. Pero son transferencias económicas y el “desarrollo social” que pretende dicha cartera, permanecerá como hasta ahora.
En esos hogares, también, viven jóvenes que no encuentran empleo o se desempeñan en la informalidad. Uruguay persiste en las tasas particularmente elevadas, en la comparación internacional y brechas de desempleo alto, señala el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED). Precisamente el centro donde trabajará Lacalle Pou cuando deje la presidencia de la República.
Los datos están y son actuales. Ningún gobierno puede perder tiempo en mayores planificaciones, pero alguno –tal vez el próximo– deberá acordar que lo que empiece en 2025 continúe y no se corte. Sin importar quien gobierne.