Opinión

Es pertinente formular algunas reflexiones o compartir razonamientos a partir de datos que surgen ocasionalmente para establecer comparativos entre regiones o países, los que nos permite hacer una composición de lugar, en el mejor de los casos, sobre la realidad en la que estamos situados, desde que no somos una isla.
Por lo tanto en tren de comparaciones, todo lo que surge tiene que ver con nuestra inserción en el mundo, fundamentalmente para un país del tamaño de nuestra economía, precisamente.
Tenemos así que en las últimas horas se conocieron detalles del ranking mundial de las ciudades más caras del mundo, en el que se da cuenta que Montevideo es la ciudad más cara de la región, y le siguen en el subcontinente otras como San Pablo, Santiago de Chile, y Guayaquil. Entre las primeras diez ciudades hay cuatro brasileñas y dos ecuatorianas, en tanto las ciudades más baratas son Caracas, Cali, Medellín, Asunción del Paraguay y Bogotá.
De acuerdo a la base de datos Numbeo, en Montevideo el mayor porcentaje de gastos se destina a la alimentación, seguido por el alquiler, los restaurantes y el transporte, para continuar en escala descendente con los servicios mensuales, los deportes y el ocio, y cerrar con la compra de ropa y zapatos.
En Montevideo, por ejemplo, los precios de los restaurantes están 92 por ciento por encima de Bogotá, mientras que el poder adquisitivo es 40 por ciento mayor que el de la capital colombiana. La ciudad más cara del mundo es Zurich y en el ranking le siguen otras cuatro ciudades suizas.
Bueno, podría decirse que el hecho de que Montevideo sea la ciudad más cara del Cono Sur latinoamericano sería un problema de los montevideanos, pero en realidad la capital uruguaya es una muestra del nivel de precios comparativos de todo el país en la región, e incluso si tomamos algunos precios en el Interior, nos encontraremos que son más caros que en la capital, pese a una creencia generalizada en contrario, y ni que decir que se cobra muchas veces el transporte hacia el Interior de mercadería que se produce fuera de Montevideo, en otros departamentos, y que luego se redistribuye a todo el país.
Igualmente, este no es el punto central, porque no estamos analizando datos absolutos, sino que todo es relativo, al fin de cuentas, salvo a la hora de traducir los valores a dólares en el concierto internacional para vender y comprar. Ahí se nota cuando un país es realmente caro, porque se ponen en juego los costos internos, la relación cambiaria, la eficiencia y la productividad para colocar en destino el producto final o la materia prima.
No cuesta poco inferir que con los precios más altos de la región, el país tiene escasas posibilidades de competir con los países que venden la misma materia prima o productos semiterminados, y mucho menos si como es el caso de Uruguay, no tiene una compensación a través de aranceles preferenciales por tratados de libre comercio o acuerdos similares, como sí tienen muchos de nuestros competidores.
Con salarios y tarifas altas en dólares, al igual que la energía, con una pesada tributación, e insumos en niveles similares, a lo que se agrega una productividad que está muy lejos de acercarse a lo que se requiere en el mundo moderno, es claro que no aprobamos el examen de competitividad. Peor aún, tenemos las piezas acomodadas en este rompecabezas de costos de tal forma que es muy difícil, si no imposible, modificar algunos de los elementos sin afectar otros factores de primer orden y eventualmente empeorar las cosas, por lo menos en el primer empujón, con la expectativa de ir adecuando el resto a nuestras posibilidades.
Ello se debe al escaso, por no decir casi nulo, margen de maniobra que tendrá el futuro gobierno, mientras el actual sigue en piloto automático y peor aún, se decide a hacer cosas y dejar papeles firmados para que esos proyectos los aborden las nuevas autoridades y a la vez los financien, sin siquiera consultar sobre lo que es posible y lo que no se está de acuerdo, para no tener que revisar todo de nuevo y perder tiempo en reconsideraciones y análisis adicionales en la difícil tarea que sobrevendrá.
Volviendo al punto inicial, tenemos que el hecho de que Montevideo sea la ciudad más cara de la región es un símbolo que pinta el eje de la cuestión, porque abaratar el país no será cosa fácil si no se empieza por el gran culpable de este escenario, que es precisamente lo que el Estado le cuesta a los uruguayos.
Somos caros porque todos debemos volcar compulsivamente gran parte de nuestros ingresos al Estado, desde empresarios a trabajadores, y lejos de facilitar las cosas para los inversores, su ineficiencia y sus altos costos impiden hasta reducir en una mínima parte el déficit fiscal de más del 5 por ciento del PBI.
Es decir que como en un hogar, se sigue gastando más de lo que ingresa, lo que implica afrontar un mayor endeudamiento, mientras la vez no se pueden bajar las tarifas públicas, caso concreto de la energía, como así tampoco la presión tributaria, porque el Estado necesita recaudar mes a mes para satisfacer –igualmente no alcanza– sus necesidades de caja para poder seguir funcionando.
Por un lado hay que comenzar, y debería ser empezar a gastar menos. Pero este es un hueso difícil de roer tal como deja las cosas el gobierno saliente, porque los costos fijos implican salarios y jubilaciones, los costos de producir y de funcionamiento de las empresas públicas y de la burocracia estatal, pagar los compromisos de deuda, mantener la salud y las prestaciones sociales, la educación, a la vez de dejar margen para la vivienda y la inversión en infraestructura, por mencionar solo algunos de los aspectos más importantes.
Es decir, todo aquello que subyace en el dato de que Montevideo es caro, porque el país es caro, producimos caro e ineficientemente, gastamos mucho y generamos poca riqueza. Y no es que el dueño del restaurante que vende caro, o el bolichero que cobra caro o cualquier otro amasa fortunas en Montevideo; es que a pesar de todo lo caro, más caro nos resulta mantener al Estado y todo lo que éste “inventa” que encarece el trabajo uruguayo. → Leer más

Desde que tenemos memoria, el escenario socioeconómico que se da en América Latina, aún teniendo en cuenta los matices entre regiones y países, tiene una alta dependencia de la economía mundial y de las relaciones entre y con países desarrollados, que son los que al fin de cuentas dictan las leyes en el comercio y las finanzas; y porque además seguimos siendo vulnerables y tomadores de situaciones, más allá de avatares propios.
Sobre todo porque en cuanto a infraestructura, crecimiento y desarrollo, el Cono Sur y Centroamérica dependen de las exportaciones de sus materias primas, como abastecedores de commodities para terminación y procesamiento fuera de fronteras, para a la vez pagar precios elevados por el trabajo y la tecnología a los países que vendemos, los que cuentan con infraestructura, industria y tecnología para exportar productos terminados.
En los últimos años la bonanza económica de la región que se dio por algo más de una década, no se debió a que se pusieran en marcha políticas de desarrollo y derrame de riqueza por inversión genuina y consecuente mejora de la calidad de vida, sino que se apoyó en el elevado precio de los commodities. También ayudó que la Reserva Federal de Estados Unidos (conocida como Fed) redujo durante varios años a cero la tasa de interés para los bonos del tesoro americano, por lo que los inversores decidieron colocar su dinero en países del Tercer Mundo en lugar de ponerlos en bonos que no le redituaban nada. La mayor disponibilidad de recursos permitió dar la sensación de un bienestar que resultó efímero, porque no se solucionaron los grandes problemas endógenos, en tanto los gobiernos populistas en su afán de retener el poder, gastaron incluso más de lo que ingresaba, sin a la vez generar condiciones para el crecimiento.
Vuelta las aguas de los precios a su cauce, nos encontramos con que se han incorporado más costos fijos en el Estado y no se cuenta con recursos para financiarlos, lo que explica en gran medida el déficit fiscal y la inflación que padece la región como común denominador, de lo que nuestro país es un ejemplo claro.
Las previsiones para América Latina en este 2020 están evaluadas en base a la evolución de la economía mundial, en nuestra situación de dependencia de los mercados que se abren y cierran de acuerdo a la conveniencia de las grandes economías y sus necesidades de momento.
En este sentido tenemos que los más reputados economistas internacionales especializados en la región están pronosticando que la economía latinoamericana crecerá en 2020 y que si bien no será un gran año, sí será mejor que 2019.
Desde el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (Cepal) y otras instituciones internacionales, la expectativa es que la región crecerá alrededor de un 1,4 por ciento este año, en comparación con su crecimiento casi nulo del 0,2 por ciento el año pasado.
Hay elementos que influyen notoriamente en esta evaluación, y que en mayor o menor medida, tiran abajo el promedio. Así, la economía de Venezuela es un barril sin fondo, la Argentina está en crisis, y economías como las de Colombia y Chile, que se presentan como saneadas, a la vez están jaqueadas por manifestaciones callejeras que tratan de promover el caos.
En este tema es valedero aportar reflexiones del analista político internacional Andrés Oppenheimer, quien en análisis sobre el tema para el diario La Nación, de Argentina, evalúa que no debe dejarse de tener en cuenta que China, un importador importante de materias primas latinoamericanas, está creciendo a un ritmo más lento y que podría haber una escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que podría hacer caer el comercio mundial.
Considera igualmente al respecto que Alejandro Werner, director del Departamento de América Latina del FMI, “me dijo que a pesar de todas estas amenazas, la economía de América Latina va a tener un mejor desempeño en 2020. Entre otras cosas, habrá un ‘efecto rebote’ después de cuatro años de estancamiento económico, y las dos economías más grandes de la región, Brasil y México, crecerán más que el año pasado”.
Según el pronóstico del FMI, la economía de Brasil crecerá un 2 por ciento este año, gracias a la aprobación de una reforma de pensiones y otras medidas que atraerán más inversiones al país. Brasil, junto con Colombia, es una de las economías que están creciendo más rápido entre los países más grandes de América Latina. Además de Brasil y Colombia, la economía de México probablemente crecerá hasta un 1,4 por ciento este año, tras un crecimiento del 0,4 por ciento el año pasado, según dijo Werner.
Esto se debe a que es probable que Estados Unidos, México y Canadá ratifiquen su tratado de libre comercio, lo que alentará las inversiones.
Además, es probable que el sector manufacturero de México se beneficie del acuerdo comercial preliminar entre Estados Unidos y China. Si crece el comercio entre Estados Unidos y China, crecerán las exportaciones de las fábricas mexicanas que abastecen a los productores estadounidenses.
Como contrapartida, todo indica que la economía de Venezuela continuará cayendo un 10 por ciento este año después de una disminución del 35 por ciento el año pasado, y es harto probable que la economía de la Argentina siga estancada, cuando está ahora en el poder un gobierno populista como el de Alberto Fernández y las herencias “malditas” entre los gobiernos se siguen dando en un país con grandes recursos naturales mal gestionados, por decir lo menos.
Otro elemento a tener en cuenta es que el crecimiento proyectado de la región del 1,4 por ciento en 2020 todavía estaría por debajo del crecimiento poblacional. Eso significa que los países no estarían generando aún suficientes trabajos para los millones de jóvenes que se incorporan a la fuerza laboral todos los años.
Lamentablemente, el eje de este diagnóstico –no es un tema nuevo– es que si no se generan inversiones genuinas no hay crecimiento, lo que indica que se cuenta con recursos insuficientes para reciclar y hacer frente a la pobreza.
Una especie de mosca blanca en este panorama regional paradójicamente lo tenemos en la excolonia Guyana, desde que según el Fondo Monetario Internacional la economía de esta olvidada nación sudamericana de casi 800.000 habitantes crecerá en 2020 a la espectacular tasa del 86% anual, o sea 14 veces más rápido que la economía china y será la economía de mayor crecimiento en el mundo.
También podría convertirse rápidamente en una de las naciones más prósperas per cápita en el hemisferio e incluso en el mundo; pero claro, ese crecimiento no es por hacer las cosas bien, sino por el petróleo que está empezando a brotar del subsuelo guyanés.
Enhorabuena para los guyanos, aunque teniendo en cuenta la historia de la región, y sobre todo la de sus vecinos venezolanos, este escenario de nuevos ricos con una producción del orden de un millón de barriles de crudo diarios, podría ser una catapulta para sanear su economía y el bienestar económico de su pueblo, o como ha ocurrido, se podría ingresar en una espiral de ocio, indolencia, corrupción y de comodidad que termine en más problemas que los que se tiene ahora.Pero, solo de ellos depende hacer las cosas bien, y es de esperar que no caigan en el populismo y despilfarro que es pan para hoy y hambre para mañana. → Leer más

En Rusia pasa un poco lo que en los países árabes. No están acostumbrados a la democracia, y en algunos casos la desconocen. Los rusos, comandados bajo la égida comunista durante 80 penosos años, se han visto luego frustrados de observar verdaderos procesos democráticos desde los años de 1990 hasta la fecha, con el hombre fuerte por antonomasia de ese enorme país: Vladimir Putin.
El presidente, exagente de la temible KGB, ha creado desde hace años un régimen en torno a su figura, haciendo y deshaciendo a placer, al tiempo que se ha armado de un barniz democrático. La última de Putin tuvo lugar el miércoles: provocó la renuncia en pleno del gobierno al anunciar una reforma política que otorgará mayores poderes al Parlamento y abre la operación sucesión en el Kremlin.
Esto quiere decir que después de 20 años en el Kremlin marcados especialmente en los últimos años por la involución democrática, Putin propuso introducir una serie de enmiendas a la Constitución que deberán ser validadas por los rusos en un referéndum. La movida del mandatario incluyó la salida de Dimitri Medvedev, el fiel escudero de Putin desde hace dos décadas: en su lugar quedó un desconocido, Mijail Mishustin.
Putin propuso que a partir de ahora la Duma vote la candidatura del primer ministro, cuando hasta ahora se limitaba a dar el visto bueno. Lo mismo ocurrirá con los viceministros y el resto de miembros del Ejecutivo, prerrogativa que la oposición comunista había demandado durante los últimos años ante el descrédito de la Cámara Baja entre la ciudadanía. Claro está, la reforma política fue muy bien recibida tanto por los principales poderes del Estado, incluido la Duma o Cámara Baja y el Senado, como por los principales líderes políticos leales al Kremlin.
La renuncia del primer ministro Medvedev, muy impopular entre los rusos por la drástica caída del nivel de vida en los últimos años, abre muchos interrogantes sobre el futuro del propio Putin, que debe abandonar el Kremlin en 2024, cuando expira su segundo mandato presidencial consecutivo de seis años cada uno.
Tras gobernar como presidente durante dos primeros mandatos (2000-2008), Putin situó a Medvedev en su puesto entre 2008 y 2012 para esquivar la prohibición de ser jefe de Estado durante más de dos períodos. Durante esos cuatro años, el actual presidente ejerció como primer ministro y luego volvió a intercambiarse los cargos con Medvedev. El hasta ahora primer ministro asumirá un cargo de nueva creación: vicejefe del Consejo de Seguridad que lidera el presidente ruso.
Con las distintas modificaciones, Putin, de 67 años y que lleva en el poder desde hace dos décadas, se aseguraría que nadie esté en el cargo durante tanto tiempo como él, ni acumule tanta autoridad. Es la persona que más tiempo ha estado al cargo desde Josef Stalin (en la URSS). Su sucesión y qué papel desempeñará el hombre que maneja todo el poder es una cuestión vital para un país con la economía estancada y la ciudadanía exhausta por el empeoramiento en el nivel de vida.
“Rusia ha entrado en su período de transición de poder antes de lo previsto”, según dijo la politóloga Tatyana Stanovaya, fundadora del grupo de análisis R. Politik. “Putin se está preparando para dejar la presidencia –ya sea en 2024 o incluso antes–, y está tratando de crear un mecanismo de seguridad para su sucesor en caso de conflicto. Al mismo tiempo, se está deshaciendo de Medvédev, que se ha vuelto tóxico para la élite y la población en general. Esto debería hacer que el período de transición sea más suave”, añadió la analista. El hasta ahora primer ministro tiene un índice de popularidad de un 37,9%, según la encuestadora estatal Vtsiom (datos de diciembre). El de Putin, aunque ha sufrido altibajos grandes, es de nada menos de 70,3%.
Sea como sea, durante las dos últimas décadas Putin fue el “hombre fuerte” que reubicó otra vez a Rusia en el mapa de la política mundial. Sus numerosas reformas internas, desde recortes de impuestos hasta una expansión de los derechos de propiedad, han ayudado a cambiar la vida de millones de rusos afectados por la pobreza y la inestabilidad que siguieron a la caída de la Unión Soviética.
Por otro lado, muchos le señalan de haber conducido a su país durante las últimas dos décadas a un nuevo autoritarismo, inflexible en su represión de la disidencia y en sus incursiones militares o políticas en Crimea, Medio Oriente o en las elecciones de Estados Unidos. Para muchos, otro de los momentos incuestionables que marcó la Rusia de Putin fue su estrategia para conservar el poder. En su biografía “El nuevo zar: el ascenso y el reinado de Vladimir Putin”, el periodista e investigador Steven Lee Myers señala que el ascenso del gobernante ruso durante los últimos 20 años marcó también el regreso de la autocracia, de la concentración de poderes y el culto a la personalidad que caracterizaron a la Rusia imperial y, luego, a la Unión Soviética.
La Constitución vigente únicamente obliga al presidente a dejar el cargo tras ejercer dos mandatos consecutivos, pero no le impide regresar al Kremlin posteriormente. Putin tendrá 71 años cuando tenga que abandonar el gobierno en 2024, pero hoy ningún analista se atreve a descartar que durante la próxima década siga dirigiendo los destinos de este país en primera línea o en la sombra. → Leer más

Tabaré Vázquez es un presidente en retirada que pretende, a todas luces, dejar un legado. En las últimas semanas procuró encabezar conferencias de prensa, donde realizó anuncios importantes, pero que deberá resolver el próximo gobierno.
El lunes encabezó la presentación de un nuevo Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE) en cardiología en el hospital de Tacuarembó. El mandatario destacó que por primera vez, el Fondo Nacional de Recursos regirá un IMAE público y capacitará a recursos humanos en el Interior. La población objetivo son unos 350.000 usuarios residentes al Norte y se destinará para su instalación, una inversión de tres millones de dólares.
La atención a las enfermedades cardiovasculares en Uruguay es de vital importancia, en tanto matan al 30,5% de las mujeres y al 25,7% de los hombres. El presidente Vázquez sabe que la descentralización de los servicios en un país como el nuestro es un reclamo de larga data. Tanto como un IMAE cardiológico que llevaba 12 años a la espera de una decisión política; sin embargo, muchos de los pacientes que infartan deben trasladarse a la capital.
Así como el tiempo pasó, también pasará otro poco más porque la fecha de inicio del servicio no está definida. Tampoco hay definiciones presupuestales o de recursos humanos, al tiempo que deben llevarse adelante las coordinaciones jurídicas de los servicios porque varias instituciones intervendrán en la extensión de este IMAE.
El director del Hospital de Tacuarembó, Ciro Ferreira, tuvo que aclarar algunos aspectos desconocidos para la opinión pública. Y estuvo bien, porque alguien debe manejar las expectativas de la población.
Porque deberá resolverse la forma de pago de los técnicos y las gestiones ante el Fondo Nacional de Recursos (FNR) para establecer ese financiamiento. Mientras tanto, se está creando una unidad de atención a pacientes vasculares con alto presupuesto que contiene intervenciones quirúrgicas, entre otros tratamientos.
No hay dudas que el hospital tacuaremboense es un centro de referencia en el interior del país, por su equipamiento con salas híbridas y de primer nivel. Sin embargo, es la primera vez que un IMAE con estas características funciona fuera de Montevideo. Y en Uruguay, además, todo funciona más lento.
La resolución del FNR determina los pasos a dar y varios de esos pasos aún quedan por resolverse. Si son procedimientos complejos, entonces las resoluciones también lo son y las intervenciones cardiovasculares deben atravesar por esos procesos.
Por otra parte, los técnicos no están en el Interior por lo que hace falta un acuerdo interinstitucional, con la participación del Hospital de Clínicas y la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Pero además deberán viajar desde Montevideo y para eso se necesitará destinar presupuesto y logística.
Y esos recursos no saldrán del FNR si no se cumplen con las pautas que establece el fondo. El Hospital de Clínicas proveerá de recursos humanos y técnicos, pero antes deberán establecerse las condiciones óptimas, además de saber quién financiará desde el comienzo.
Para eso hace falta plata y esas distancias aún no están recorridas. Está fuera de discusión que los usuarios que viven al Norte, merecen el mismo tratamiento que los residentes en el Sur.
El problema radica en escuchar al presidente y a su ministro de Salud, Jorge Basso, y creer que en poco tiempo todo comenzará a funcionar de acuerdo al lanzamiento efectuado en Presidencia.
En los últimos tiempos nos hemos acostumbrado a los anuncios que después no se concretan y hay sobrados ejemplos, así como la promulgación de leyes que no tienen presupuesto y son imposibles de instrumentar. Como la ley integral de violencia basada en género que es una buena iniciativa, pero no tiene plata para su desarrollo pleno. O la nueva ley de salud mental, a la cual le destinaron el 40% del total del presupuesto necesario.
O la declaración de emergencia nacional de la violencia doméstica que llega tarde, a fin de año y motivado por los casos fatales ocurridos en fechas de alta sensibilidad, como las fiestas tradicionales. Una declaración que deberá reglamentar el gobierno de Lacalle Pou.
La visión de la comunicación de resoluciones importantes es un punto débil en el gobierno saliente. No asentar sobre las bases de la realidad estos anuncios, se confunde con la etapa que llevamos adelante como país, como es la transición hacia el próximo gobierno que asumirá el 1° de marzo. Y de la que restan aún, 45 días.
También el próximo gobierno deberá resolver sobre la construcción de una represa en el río Santa Lucía. Tendrá a su consideración la exclusión de los tratamientos que no forman el protocolo del FNR para evitar mayores casos de judicialización de la salud. Y el gran “legado” que fue un cambio radical en las medidas de suba de las tarifas públicas, que siempre hacía a comienzos del año y en esta oportunidad no ocurrió. Por más que los cercanos a Vázquez se esfuercen por explicar lo que anunció el ministro de Industria, Guillermo Moncecchi, durante la conferencia de prensa del 29 de julio. Ese día, el secretario de Estado dijo “probablemente” hasta el final del período y “probablemente” en una autoridad de gobierno no es anuncio de nada.
Por eso, seguramente las tarifas se incrementarán en marzo y el legado se transformó en un enorme conjunto de problemas que deberá resolver el gobierno multicolor. Una decisión que comprometerá los anuncios de ahorro que Lacalle Pou efectuó durante su campaña y calculó en torno a 900 millones de dólares, destinados a bajar el déficit fiscal que se mantiene planchado en el 5% del PBI y que el actual gobierno no pudo reducir. Con bonanza y sin ella, es la deuda pública más alta de los últimos 32 años.
Por lo tanto, el cambio en las reglas de juego también será su “legado”. → Leer más

Sin dudas un elemento central en las políticas que habrá de llevar adelante el nuevo gobierno –con expectativas acotadas, naturalmente, ante un margen de maniobra muy condicionado por el estado deficitario de las cuentas públicas, el atraso del tipo de cambio, aumento de la desocupación y desaceleración de la economía– tiene que ver con el precio de la energía que moviliza el aparato productivo y la logística, nada menos, y pese que en estos últimos años se ha mejorado el perfil de la matriz energética, el petróleo sigue ocupando un papel prioritario en este esquema.
Es por ello que debe considerarse como de primer orden la evaluación a priori que formulan quienes habrán de ocupar cargos de decisión en el gobierno que asumirá el 1º de marzo, como es el caso del designado subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, nuestro conterráneo diputado Walter Verri, quien se integrará al cargo en el marco de la distribución de ministerios entre los integrantes de la coalición multicolor, en este caso por el Partido Colorado.
En diálogo con EL TELEGRAFO, Verri dijo que “no está descartado que la liberalización de la importación de combustibles se pueda incorporar a la Ley de Urgencia, o enviar un proyecto independiente a la brevedad, pero tampoco es un tema que necesariamente deba procesarse rápidamente”, lo que indica que con buen tino se ha preferido ir despacito por las piedras, porque se trata de una problemática compleja en un tema que tiene pendiente el país desde hace muchos años y que tiene que ver también con el papel que cumplen o deberían cumplir las empresas estatales.
Adelantó sí Verri que existe ya desde el vamos la decisión de que los precios de los combustibles tiendan a estar alineados con el precio de paridad de importación, “más allá que exista o no la posibilidad de importarlo”.
Explicó que no existe tampoco una decisión cerrada en el sentido de incluir o no el tema en la Ley de Urgente Consideración que implementará el gobierno lo antes posible a partir del inicio de su gestión, lo que reafirma la idea de que es un tema en el que no se puede acelerar sin evaluar todo el escenario, más allá de la coincidencia en la necesidad de que el Uruguay deje de tener los combustibles más caros de la región y entre los más caros del mundo, lo que por supuesto contribuye a que seamos un país caro, porque el combustible es clave en la pirámide de costos. Y mucho más cuando estamos atados al régimen monopólico de Ancap, su ineficiencia y su burocracia, por no mencionar una gestión que desde hace años ha estado dejando que desear, al punto que el gobierno debió capitalizar la empresa ante sus pérdidas, por un monto no inferior a los 600 millones de dólares.
En suma, el eje del tema son los precios, más allá de quien refine o importe, y para el país es de fundamental importancia que por lo menos no tengamos los combustibles más caros del mundo, en parte por el costo de importación y refinado, pero también en gran medida porque los impuestos que se aplican explican no menos de la mitad del precio del combustible en surtidor, simplemente porque entre todos estamos financiando al Estado que gasta demasiado y mal.
Señaló precisamente el futuro subsecretario que si el tema “está sobre la mesa es porque la orientación del ministerio estará alineada para que el Uruguay sea más competitivo. Por eso es evidente que tenemos que bajar el precio de los combustibles”, y “hacia ese horizonte vamos a trabajar, con liberalización o no”.
El punto es que aunque se hagan gárgaras con el tema de la “soberanía” para tratar de justificar el monopolio del refinado de Ancap, el Uruguay importa todo el petróleo que consume, desde siempre, y por lo tanto esta soberanía es simplemente un eslogan que han inventado los funcionarios sindicalizados y grupos de izquierda para defender este monopolio, porque al igual que en las demás empresas públicas, se sienten –y en buena medida lo son, tal como se han venido desarrollando los hechos– como los verdaderos dueños de estas empresas, en lugar de dedicar sus desvelos a brindar el mejor servicio posible a quienes les pagamos el sueldo, es decir todos los uruguayos.
Lo señala Verri al considerar que “Uruguay es tomador de precios en un mercado muy volátil, como ocurre ante la posibilidad de un conflicto entre Estados Unidos e Irán”, y reconoció que “esa volatilidad no la podemos manejar, pero tenemos otras herramientas, como por ejemplo diversificar los lugares desde donde se puede importar combustible. Ancap está trabajando en ese sentido, de manera independiente al cambio de gobierno”.
Consideró al respecto que la posibilidad de liberar la importación de combustible “es una herramienta que debería estar vigente, porque eso es algo que a Ancap lo obligaría a ser eficiente. Y en un ambiente donde somos tomadores de precios, para bajar el costo final de los combustibles tenemos que hacer énfasis en la eficiencia. No queda otra, de lo contrario se debería bajar algún impuesto que tiene el combustible. Pero si bien no se piensa aumentar, tampoco es posible reducirlos con un déficit fiscal de cinco puntos, que heredaremos”.
Es precisamente en estos aspectos en que está centrado el meollo de la cuestión: el alto componente de impuestos que no se pueden bajar cuando el Estado necesita paliar el déficit fiscal de 5 por ciento del PBI que deja este gobierno, pese a haber tenido durante gran parte de su gestión uno de los períodos más favorables de la historia en las condiciones internacionales para nuestras exportaciones y por ende contar con recursos extra, y por otro, aprovechar el menor precio de importación de los combustibles, sin a la vez incrementar gastos por el funcionamiento en costos fijos de la refinería, incluyendo naturalmente a su personal inamovible.
Estamos en este caso ante lo que podríamos denominar una “tormenta perfecta”, que hace que con Ley de Urgente Consideración o no, entre impuestos, monopolios, burocracia, costos fijos y presiones sindicales, resulte difícil cambiar la pisada porque no se parte de cero, sino de algo ya montado, por mejores intenciones que se tengan. → Leer más

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) mostró un nuevo deterioro del mercado de trabajo uruguayo, cuya cifra similar debe remontarse al 2007. Los datos oficiales indican un desempleo de 9,2% a nivel nacional, pero analizado solo el Interior del país, se eleva a 10%.
En forma paralela, el Instituto Cuesta Duarte del Pit Cnt, estimó en su análisis que la pérdida de puestos laborales afectó a unas 55.000 personas entre 2014 y 2019 y planteó que la recuperación de las tasas de empleo “sin duda será uno de los principales desafíos para el 2020”. La desocupación involucró en noviembre a unas 159.000 personas, por lo tanto el deterioro aceleró su ritmo, de acuerdo a dicho análisis.
Así como se elevó el desempleo, la tasa de empleo presenta su registro más bajo en los últimos años, al menos desde 2014. Y por rubros, claramente, la industria manufacturera continúa a la cabeza con la pérdida de 27.800 puestos, seguido de la construcción, el sector rural y el comercio.
Resulta fuerte y desalentador que las conclusiones digan que el desempleo será “uno de los principales desafíos” en 2020, cuando el deterioro mantiene una tendencia desde hace tres años. Fueron años de tibieza y de mirar las pizarras con el ceño fruncido, mientras las cifras no mejoraban. Pero, nada más.
Y si creemos que el índice de desempleo surge de la oferta y la demanda, entonces el porcentaje se eleva porque hay personas que ya no salen a buscar un empleo. O encontraron una solución en la informalidad o en la autogestión que no resulta visibilizado en las cifras. Pero tampoco califica como un empleado de calidad.
Ahora el Pit Cnt señala la “falta de políticas más activas” con respecto al gobierno saliente que estuvo en el poder por tres períodos. Si, de acuerdo a la estadística, el comercio, los servicios y la construcción siguen afectados, entonces la falta de inversiones aclara el panorama.
Y, por enésima vez, habrá que hablar de los problemas productivos, de inserción internacional y de competitividad que tiene Uruguay y no han sido resueltos. Porque el mundo transforma su tecnología y resuelve bastante más rápido de lo que nosotros pensamos. Y porque nuestros índices de empleo demuestran mes a mes, que no ha sido posible bajar el porcentaje de personas en el seguro de paro ni mejorar la tasa de actividad.
Todo eso, de acuerdo a las cifras oficiales. Porque en ciertos territorios y, particularmente al norte del río Negro, se percibe mucho más.
Pero el fenómeno no se detiene allí, porque el deterioro incluye a los salarios y su poder adquisitivo. Por eso la economía crece poco y refleja períodos de estancamientos. O con el déficit fiscal, incompatible con la deuda pública y el tan discutido “grado inversor”, que durante el último tramo de la campaña electoral estuvo sobre la mesa de debate. Porque si Uruguay lo pierde, habrá que mirar hacia atrás y lo que se hizo o no se hizo para sostenerlo.
La voluntad política exigía definiciones rápidas para evitar mayores complicaciones, con una reducción del déficit fiscal –no logrado– y que ahora no podrá asimilarse en pocos meses. Quizás para el 2021, siempre y cuando no haya problemas de gobernabilidad, ni se sostenga la fragmentación política. A todo esto deberá sumarse el contexto regional y externo porque en Uruguay, al menos, son factores que permean.
Porque cuando Tabaré Vázquez asumió la segunda presidencia en 2015, Uruguay tenía cifras de desempleo un poco por encima del 7%, con un perfil de la economía bastante cercana al pleno empleo.
Sin embargo, las condiciones cambiaron de manera radical y el contexto internacional ya no favoreció a la condición uruguaya. Mientras esperábamos que eso ocurriera, nuestras propias cifras comenzaban a deteriorarse y el peso mayor de ese perjuicio se notó en el empleo.
Ahora, esa senda de crecimiento ya no puede retomarse sin medidas antipáticas que alguien, en algún momento, deberá adoptar y dejar de patear la pelota hacia adelante. Y deberá resolver, a pesar de los costos políticos que el gobierno que se va no quiso asumir, porque pizarreaba constantemente los resultados, enmarcados en las últimas instancias electorales.
La prudencia deberá ejecutarse en los gastos públicos y también en los ajustes de salarios porque, de lo contrario, la problemática del empleo no se soluciona más. Y a eso lo saben los negociadores que vayan a sentarse a una mesa a dialogar en los próximos meses, tanto como el Pit Cnt, que se ha visto más conciliador a la salida de la última reunión en la sede del sector Todos.
Porque esta situación compleja de deterioro no surgió de la combustión espontánea, sino de una serie de factores no subsanados a tiempo y que ejercieron una fuerte presión en los guarismos de la economía uruguaya. El resultado fue el descontento popular y las explicaciones políticas sin fundamentos.
Porque hasta el momento se han mostrado expectativas exageradas en la creación de empleos a partir de algunas inversiones, como es el caso específico de la instalación de la segunda planta de celulosa de UPM. En cualquier caso, abrir un panorama sin medir sus impactos a futuro, inhibe de la adopción de otras medidas que también son tan necesarias como avalar el emplazamiento de inversiones en el Interior del país. Un país que, dicho sea de paso, tiene una capacidad ociosa en torno al 40% y que también sirve para explicar el efecto de la recesión en la economía.
Mientras sigamos caros, los inversionistas demorarán su llegada, continuarán las restricciones para producir y exportar. Por lo tanto, ineludiblemente afectará en la mano de obra.
No es tan difícil de entender. No obstante, requiere de medidas generales tanto a corto como a largo plazo en una región compleja. O mejor dicho, en un mundo complejo donde nos involucra hasta la guerra comercial entre China y Estados Unidos, o lo que pueda ocurrir en Medio Oriente.
Ningún fenómeno geopolítico nos es ajeno y la celeridad en la toma de decisiones puede ser la diferencia entre seguir como estamos o cambiar la pisada. → Leer más

Un tema que debería incorporar desde el vamos el nuevo gobierno refiere a una problemática que ha estado recurrentemente ausente en el Uruguay y mucho más durante la gestión de los quince años de gobierno de izquierda. Nos referimos a la productividad, un elemento que es de vital importancia desde siempre, pero mucho más aún en el mundo moderno y globalizado.
Por supuesto, este componente sigue ausente en los planteos de la dirigencia sindical, y desde el gobierno no se han enviado todavía señales en cuanto a abordar el problema en toda su entidad. Es a todas luces una necesidad que el Uruguay aumente la productividad, como una forma genuina de reducir costos, incidiendo por lo tanto positivamente en la competitividad en los productos de exportación, y a la vez contribuyendo a contener la inflación, nada menos.
Un estudio del Banco Mundial, que data desde hace unos años pero que no ha cambiado en esencia, indica que la contribución del capital humano al crecimiento que ha tenido el Uruguay, sobre todo en la última década, ha sido muy baja, aspecto este que no ha tenido modificación durante los gobiernos del Frente Amplio, pese a la persistente suba de los costos de producción y pérdida de competitividad.
Estamos por lo tanto ante retos vigentes por temas pendientes y acentuados a partir de un escenario internacional que ha cambiado, con precios de commodities estancados o en baja, con los competidores pugnando por desalojarnos de los mercados y sin que tengamos a la vez tratados preferenciales para compensar este desfasaje, por lo que nuestros competidores llevan las de ganar.
Desde el Banco Mundial se indica que si bien Uruguay es hoy un país mucho más moderno y mucho más fuerte, con logros económicos y sociales en años recientes, hay desafíos que es preciso abordar, y precisamente cuando ya no hay viento de cola, el empuje por la productividad y el crecimiento en el futuro es aún más grande.
Sin dudas que hay aspectos que no han acompañado los cambios positivos, empezando por el escenario internacional, a lo que se agregan planteos difíciles en lo interno, como es el caso de la situación demográfica, el deterioro de la economía y en el plano de la educación, la gran deserción y la movilidad educativa.
Estos aspectos sin embargo son perdidos de vista ante las urgencias y los cortoplacismos, y sobre por reclamos sectoriales para contar con más recursos, como acontece cada vez que surge una instancia presupuestal en el caso de los gremios del Estado.
Por lo tanto es de recibo el planteo de elevar la competencia y la competitividad. Para el Banco Mundial, si se compara la contribución de la productividad total al crecimiento en Uruguay con otros países, esta no es alta, por lo que se requiere promover la innovación, lo que tiene mucho que ver con las regulaciones anticompetencia y fomentar la competencia público y privada. El punto es continuar aumentando la eficiencia, también en las empresas públicas, mejorando las reglas y la institucionalidad.
Estos argumentos no se descubren ahora, sino que los hemos expuesto en numerosas oportunidades desde esta página editorial, porque además se han registrado cambios en el escenario que se ha dado en el país en los últimos años, donde se han registrado fuertes transferencias entre sectores, y no necesariamente para favorecer a los que realmente contribuyen a dinamizar la economía, si se tiene en cuenta que desde actividades de riesgo en el sector privado se han fortalecido remuneraciones en la burocracia del Estado, y no se han volcado recursos suficientes para apuntalar infraestructura.
El reacomodamiento ha disimulado desigualdades en redistribución por las exportaciones de productos primarios, pero al cesar el viento de cola en las condiciones internacionales, y con un elevado déficit fiscal, ya no se pueden seguir afrontando y disimulando los altos costos internos, con una fuerte carga tributaria y los altos precios de insumos y energía, entre otros aspectos.
Ello indica que se ha constreñido el margen de maniobra para abaratar costos de producción, mientras por el lado de la inflación se reduce sustancialmente el poder adquisitivo de los sectores de menores ingresos, los más afectados por el aumento en los precios de los alimentos, y tal como están planteados los esquemas estructurales no es fácil reducir el costo país para las empresas mediante rebaja de cargas e impuestos con los gastos rígidos que han incorporado los últimos gobiernos.
Desarrollar una gestión del Estado por un gobierno austero que reduzca el gasto público es ya una condición sine qua non, porque es impensable seguir aumentado impuestos, y lo que queda pendiente es apuntar seriamente a la productividad, que es un parámetro en el que se podría trabajar con muy buenas posibilidades, pese a que a los sindicatos el tema está lejos de seducirlos y más aún, se han centrado en reducir la jornada laboral. Ello es precisamente lo contrario a lo que requiere el país, que es producir más bienes a menores costos para mejorar la competitividad de exportación y al mismo tiempo competir con los productos similares que ingresan desde el exterior.
La productividad significa tecnología actualizada en los centros de producción de bienes y servicios, mano de obra capacitada, coordinación, mejor gestión, logística a tono con los requerimientos y una escala de volumen suficiente para abaratar la cadena de producción cuando salga el producto terminado, con el funcionamiento de un esquema complementario armonioso capital-trabajo, que a la vez permita potenciar ventajas comparativas. Y este objetivo debe ser prioritario, en este como en cualquier gobierno, por encima de ideologías. → Leer más

En un país agonizante y decadente como Venezuela, hay un presidente que se comporta ajeno y alejado de toda la miseria, pobreza y sufrimiento que padece su país. Autoritario, se muestra impasible ante la destrucción institucional, la economía hecha añicos, la inseguridad galopante y las cárceles rebosantes, y la emigración de millones de venezolanos que escapan al régimen chavista.
Se trata de Nicolás Maduro, un ser nefasto que siempre se las arregla para mantenerse firme al frente del gobierno, para soportar las presiones, y para generar siempre nuevos impedimentos para que la oposición y su gente puedan escalar y tengan algún tipo de influencia o poder dentro del panorama político de la nación.
Hace un año ya que Juan Guaidó se proclamó presidente encargado de Venezuela como titular de la Asamblea Nacional, con el reconocimiento de unos 60 países. Justo en este momento, Maduro volvió a pegar duro para impedir la renovación de Guaidó como presidente del legislativo, y colocar en su lugar a un típico inservible y detestable chavista como Luis Parra. Al tipo no lo votó ni la mayoría simple de diputados, pero igual estará en ese lugar cual usurpador.
“Venezuela está pues sumida en un caos institucional: Maduro ejerce el poder; la Asamblea Nacional renovó, con votos y quórum verificados, a Guaidó como presidente encargado, que sigue reconocido por numerosos países en Europa y América, mientras Parra encabeza una fantasmal junta directiva alternativa en la Asamblea que nadie, excepto el chavismo y sus aliados, reconoce”, enumera acertadamente un editorial de El País de Madrid, siempre atento a lo que sucede en Venezuela.
Por supuesto, los países europeos y latinoamericanos integrantes del Grupo de Contacto liderado por la Unión Europea (UE) reiteraron el jueves su apoyo a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional al considerar ilegítima la elección de Parra.
“La elección de Luis Parra no puede ser considerada legítima ni democrática”, reza una declaración del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, que expresa su “gran preocupación” por los acontecimientos recientes en la cámara venezolana. “Apoyamos a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional”, subraya el grupo formado por Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Panamá, así como los europeos Francia, Italia, Alemania, Holanda, España, Portugal, Suecia y el Reino Unido.
A todo esto hay que sumar más factores implementados por el chavismo que hacen de Venezuela un país imposible. Se agregó la ilegítima Asamblea Constituyente, instituido de manera non sancta por Maduro y sus secuaces, y dedicada solo a quitarle legitimidad a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.
“Esta es una de las características más descaradas de los regímenes autoritarios. No cumplen ni siquiera sus propias reglas de juego. O solo las cumplen cuando van a su favor. Cuando fingen utilizarlas para dinamitarlas desde dentro, como ha hecho Maduro con la elección y juramento fraudulentos de un presidente de la Asamblea Nacional, Luis Parra, con el único objetivo de desposeer a Guaidó”, añadió con fuerza el diario español.
La mafia que gobierna Venezuela sigue haciendo de la suyas, vaciando al país y llevando al límite su poder y audacia. Maduro siempre tiene a mano la manera de sonsacar aún más la democracia, esa que dejó de existir hace tiempo en el régimen bolivariano ya desde la época de Hugo Chávez, y que por aquí en Uruguay se defendió por largo tiempo desde los gobiernos izquierdistas.
El mandatario venezolano vive alejado de la realidad, al tiempo que destruye a sus propios compatriotas. Maduro, que carece de planes y seguramente comprenderá que no tiene futuro alguno, es cruel y va camino a ahondar la catástrofe. Hasta el momento, los esfuerzos de la comunidad internacional han sido poco certeros, al tiempo que ya ni se habla de una intervención extranjera, algo que muchos venezolanos reclaman. Además, Venezuela sigue siendo un punto de inestabilidad regional.
Estos días, Estados Unidos instó a establecer un diálogo en Venezuela para formar un gobierno de transición que permita organizar nuevas elecciones y ponga fin a la crisis política desatada con el segundo mandato de Maduro iniciado hace un año.
“Una rápida transición negociada a la democracia es la ruta más efectiva y sostenible hacia la paz y la prosperidad en Venezuela”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, en un comunicado. “Las negociaciones podrían abrir el camino para salir de la crisis a través de un gobierno de transición que organizará elecciones libres y justas”, apuntó.
Esto resultó muy agradable en los papeles y a Estados Unidos no le falta razón para recomendar esa serie de puntos, ideal para comenzar a salir de una crisis, o al menos para intentarlo. La presión sobre Maduro, no obstante, no deberá cesar. Las condenas a su régimen no podrán detenerse ante una continua violación a los derechos humanos. Y, a su vez, enfocar los esfuerzos para que el ejército bolivariano por fin cambie de bando y deje de apoyar al nefasto Maduro, punto clave sobre el que el régimen se apoya y se sostiene. → Leer más

“Hoy tenemos cierre de comercios, gente sin trabajo, empresas paradas y el 50 por ciento de la flota de camiones de Uruguay hoy está sin trabajo”, expresó uno de los voceros del movimiento Un Solo Uruguay, Guillermo Franchi, al cabo de una reunión que mantuvieron representantes de este grupo con el presidente electo Luis Lacalle Pou y sus asesores para considerar la problemática del agro y el Interior teniendo en cuenta la mirada de este movimiento.
El panorama que traza Franchi es el mismo que planteó en su momento Un Solo Uruguay al presidente Tabaré Vázquez, haciéndose eco de la realidad socioeconómica del Interior.
Precisamente esta realidad que desde la coalición de izquierdas, con Vázquez a la cabeza, se negaba, explica en gran medida la derrota del gobierno en las elecciones de octubre-noviembre, al quedar demostrado que no eran producto de una fantasía con intenciones electorales, sino el sentir de una gran parte de la población, de los sectores productivos, que continuaron retrocediendo en tanto el gobierno seguía con piloto automático a la espera de que transcurriera la elección.
Este escenario de paralización y deterioro de la economía es un fardo que ha quedado para el gobierno que asumirá el 1º de marzo, en el marco de un proceso que no se ha generado de un momento para otro, sino que ya lleva por lo menos tres o cuatro años sin que se intentaran correctivos a tiempo para por lo menos recuperar cierto grado de crecimiento real y no solo algún dato estadístico.
Lamentablemente, no solo no se ha retomado el crecimiento, sino que estamos ante un estancamiento muy obvio, con el Interior con el principal afectado en su papel de causa-efecto, y con el agravante de que esta inacción ha seguido repercutiendo negativamente en las cuentas públicas, con un déficit fiscal que está superando actualmente el 5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) y con la apuesta casi única del gobierno del Frente Amplio de recuperar la senda del crecimiento a través de la inversión de la nueva planta de celulosa de UPM y su eventual efecto de arrastre.
La realidad y las perspectivas son mucho más complejas que los efectos beneficiosos que traería aparejada la instalación de una nueva planta de celulosa, porque los resultados de un emprendimiento de estas características ya lo hemos tenido en experiencias anteriores, y por supuesto, estamos ante una inversión positiva pero que implica mayormente una arremetida de impacto transitorio y que queda como algo sustentable en un margen mucho menor.
Volviendo al encuentro de Un Solo Uruguay con el presidente electo, en un verano que tiene como elemento especial de interés las alternativas del proceso de transición hacia el 1º de marzo, tenemos que la delegación trasladó al futuro mandatario y sus asesores una serie de inquietudes que entre otros elementos incluye el pedido de que el nuevo gobierno no aplique un ajuste de tarifas públicas en marzo, como se estima que sucederá, sobre todo a partir de que el gobierno del Frente Amplio no lo hizo este fin de año, como sí lo ha hecho invariablemente año a año, dejando al nuevo gobierno el costo político de tener que hacerlo tan pronto asuma, para no seguir deteriorando las cuentas públicas.
Por cierto es una chicana que no es invento del Frente Amplio, sino que ha sido aplicada en más de una oportunidad, lo que reafirma sí la poca responsabilidad con que se mueven algunos actores políticos, con tal de buscarle la vuelta para llevar agua hacia su molino, tratando de que a quienes asuman la responsabilidad de gobierno las cosas no le salgan bien, para así tener mejores oportunidades de volver en la siguiente elección.
Y también en este aspecto incide gravosamente el costo país, el costo de producir en el Uruguay, tanto bienes como servicios, lo que conspira contra nuestra competitividad, sobre todo en la región, porque con un tipo de cambio atrasado para no afectar la inflación y mantener el poder adquisitivo de salarios y pasividades, nos encontramos con que a la hora de exportar, estos costos exacerbados en dólares se trasladan a los productos que vendemos, y a la vez se está subsidiando indirectamente la importación de los similares a los que se producen dentro de fronteras. Una práctica que se ha utilizado recurrentemente por gobiernos populistas, tanto de derecha como de izquierda, para mantener a la población satisfecha artificialmente durante cierto tiempo, hasta que la situación se hace insostenible y no hay más remedio que adecuarse a las circunstancias, con la consecuencia de sacrificar calidad de vida y salario real en aras de generar más ocupación, de la mano de una mayor rentabilidad de las empresas, así como evitar más cierres de fuentes de trabajo.
Nada nuevo bajo el sol, en una película que en nuestro país hemos visto más de una vez, y que se reedita por quienes se encierran en su autocomplacencia y se niegan a aceptar la realidad, a aplicar el sentido común y actuar a tiempo, cuando se puede todavía aplicar correctivos que resulten menos traumáticos.
Lo que plantea Un Solo Uruguay es absolutamente sensato y seguramente refleje el sentir de la mayoría de los uruguayos, porque al decir de Franchi “un ajuste de tarifas es un ajuste para todos. Si sube la luz sube para todos, sube para la industria, pero también sube para las familias”.
Lo que es absolutamente cierto, pero no quita el preguntar lo de Perogrullo, que es que si eso todos lo sabemos ¿por qué lo hacen? Y aquí está el meollo de la cuestión: se tensa la cuerda hasta tal punto que no se deja margen de maniobra para evitarlo, porque las empresas estatales están funcionando como agentes recaudadores para transferir recursos a Rentas Generales, para tratar de paliar un déficit fiscal que ha crecido y que no es posible solventar por la vía de impuestos cuando sigue decayendo la actividad económica.
Hay que abaratar el país, pero en forma sustentable, y una vía de hacerlo es evitando o por lo menos atenuando la suba de costos como el de la energía, otros insumos y los impuestos, entre otros, por la vía de lograr eficiencia en el Estado. Pero si a la vez no se recauda para enjugar el déficit, nos encontramos ante un encierro, porque los sectores productivos, de toda rama de actividad, se encontrarán siempre ante costos elevados y no tienen forma de ser competitivos con los precios.
Bueno, ese encierro en el que se ha metido el Frente Amplio por medidas y errores propios, se ha trasladado al nuevo gobierno, que solo tiene como vías alternativas reducir el gasto estatal desmesurado que ha heredado, y eventualmente también aumentar ciertos impuestos, o las dos cosas.
La clave está en el cómo hacerlo, en los pasos a dar, en muchas veces tener que optar entre lo urgente y lo importante, cuando se puede, y hacerlo en lo posible dentro del primer año de gobierno, cuando todavía no se generan la impaciencia y las demandas que inevitablemente sobrevendrán en mayor o menor grado, dependiendo de cómo evolucione la situación.
Es que cuando las necesidades son muchas y los recursos insuficientes, es inevitable el síndrome de la sábana corta, y siempre quedará algo al descubierto, por mejores intenciones que se tengan. → Leer más

A nadie medianamente cuerdo le conviene una guerra en toda su extensión entre Estados Unidos e Irán, y entre sus ramificaciones allá en Medio Oriente. El drama generado por la muerte de un militar iraní hacía presagiar una escalada de tensión y de acciones bélicas. No obstante, desde Teherán parecen querer bajar la pelota al piso, al tiempo que Donald Trump, el presidente estadounidense, se moderó en el tono hacia su rival, mientras que su figura sale fortalecida de cara a las elecciones de noviembre.
Pese a los daños significativos producidos en edificios de la base aérea Al Asad, en Irak, que alberga a tropas estadounidenses y que fue atacada el martes por la noche por Irán –en represalia por el asesinato del general Qasem Soleimaní–, Trump hizo unas declaraciones menos explosivas respecto a los iraníes, algo que fue bien saludado por Naciones Unidas. Tras ese ataque, el mandatario estadounidense anunció nuevas y “poderosas” sanciones económicas contra Irán, a la vez que instó a las potencias mundiales, como el Reino Unido, Francia y Rusia, a que “rompan” con el acuerdo nuclear de 2015 con Irán para renegociar un nuevo pacto.
Todo el mundo estaba atento a las palabras de Trump, después de que el sábado asegurara que reaccionaría ante una eventual represalia de Irán contra “cualquier estadounidense o activo estadounidense” atacando “muy rápido y muy fuerte” 52 sitios iraníes. Este interesante y moderado discurso de Trump sobre el conflicto con Irán indica que las dos partes están dispuestas a bajar las tensiones. Lo que significa una buena noticia para la comunidad internacional.
Stéphane Dujarric, el portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, dio la “bienvenida a cualquier indicación de que los líderes están evitando una mayor confrontación”. En una rueda de prensa en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Dujarric insistió en la importancia de que los líderes mundiales hagan “todo lo posible para evitar una mayor escalada”.
Lo cierto es que un enfrentamiento directo con la primera potencia militar sería un desastre para Irán, y esto los dirigentes iraníes lo saben muy bien, más allá de que “las características de la región y el desarrollo de capacidades de enfrentamiento asimétrico le permiten tener alternativas sobre la mesa”, según un análisis de El País de Madrid. Las sanciones de Estados Unidos sobre Irán han repercutido negativamente en la capacidad económica de Teherán y, por supuesto, en su dinámica militar.
Pero para Estados Unidos un panorama de guerra tampoco le resulta muy rentable. Irán ha desarrollado un notable programa de misiles, y muchos objetivos estratégicos en el golfo Pérsico e incluso Israel están al alcance de esos misiles iraníes. La República Islámica también ha desarrollado la tecnología de los aviones no tripulados.
“Para el nuevo tablero regional no todas las cartas son militares, ya que Irán se enfrenta a una guerra económica que acosa cada vez más a los sectores vulnerables, la principal base social de la República Islámica. Aunque la conmoción provocada por el asesinato inesperado de Soleimani distraiga a la opinión pública de la crisis interna, su efecto sedante no durará mucho y las autoridades iraníes, conscientes de las estrecheces económicas, ven limitado su margen de maniobra”, añade el análisis de El País madrileño, que deja en claro que Teherán se mantendrá, en lo posible, en el ámbito de la retórica.
Estos días resultarán clave para saber a ciencia cierta cómo un tipo como Trump maneja una crisis. Con su carácter impulsivo y explosivo, que le importa bien poco qué puedan pensar o sentir los demás, los detractores han esperado un momento de estos para conocer, finalmente, qué haría Trump en una situación de crisis internacional de escala, como la de ahora con Irán. Esos críticos “advertían que un comandante jefe conocido por sus reacciones impulsivas podría extralimitarse y, con ello, provocar consecuencias alarmantes”, manifestó un texto del diario The New York Times.
“Probablemente haya llegado el momento que todos temíamos”, escribió el fin de semana en Twitter Christopher Murphy, senador demócrata del estado de Connecticut que ha sido muy crítico con Trump. “Un presidente inestable que se ve rebasado por la situación y entra en pánico cuando ya todos sus asesores experimentados han renunciado y solo quedan los principiantes que lo adulan. Asesinar a líderes extranjeros, anunciar planes de bombardear a los civiles. Una pesadilla”.
Por lo declarado ayer, Trump parece adentrarse en un terreno más de centro, más moderado, seguramente asesorado por su gente más cercana. Pese a que se trata de un tipo que no escucha mucho las opiniones de los demás. “El presidente estadounidense tendrá que transitar por un período complicado y peligroso sin cometer el tipo de errores de los que acusó a sus predecesores de haber cometido. Además, enfrenta un gran escepticismo por parte de sus detractores, quienes, desde hace tiempo, han advertido que era demasiado impredecible para enfrentar momentos de crisis”, continuó el Times neoyorquino.
Como siempre sucede en los conflictos bélicos, la población es la que termina pagando las consecuencias, y siempre debería priorizar, por encima de todo, a la diplomacia y a los acuerdos. Estados Unidos e Irán nunca serán amigos, pero al menos pueden mantener la pelota contra el piso. Se lo ruega la comunidad internacional. → Leer más

En su sitio web, la embajada de Estados Unidos recuerda que mantiene “fuertes” relaciones diplomáticas con Uruguay desde 1867 y a lo largo de más de 150 años de esa historia, define a nuestro país como un “socio constructivo”, con actitudes mediadoras ante instituciones internacionales.
Destaca el aporte uruguayo a las misiones de paz como “uno de los principales contribuyentes per cápita” y señala que las relaciones económicas bilaterales entre ambos países fueron selladas con un Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones, vigente desde 2007. O lo que conocemos como TIFA por sus siglas en inglés (Trade and Investment Framework Agreement).
Cabe recordar que un año antes, Uruguay desistía de firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC), ante las divisiones internas existentes dentro del Frente Amplio. Incluso la oposición de entonces –los partidos Nacional y Colorado– se mostraron contrarios a una propuesta de un tratado de trámite rápido, o fast track, parecido al acuerdo firmado con Perú.
El TLC era apoyado por el entonces ministro de Economía, Danilo Astori y su sector Asamblea Uruguay y una parte del Partido Socialista. Se oponía el Partido Comunista, la Vertiente Artiguista y el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Reinaldo Gargano.
Fueron famosas y repetidas las palabras de Vázquez en un foro empresarial cuando hablaba para la interna de su partido: “La historia no retrocede, la historia no se detiene pero tampoco la historia se repite. El tren, algunas veces, pasa una sola vez”. Pedía una discusión con “criterio patriótico” y no con “criterio ideológico”. Pero de eso, ni hablar en aquel momento. El tren pasó y con él selló la suerte de Paylana, por nombrar sólo una de las tantas empresas perjudicadas, porque Estados Unidos era prácticamente el único nicho posible de mercado para su producció- de calidad, pero sólo era competitiva si entraba sin aranceles.
Sin embargo el plenario nacional celebrado en 2006 aplaudió de pie a Gargano. “El tren pasa una sola vez, pero hay gente que se pone delante y se la llevan por delante” y así la aplanadora ideologizada enfatizaba en una apuesta a la región con los gobiernos progresistas de entonces. Con esa decisión, además, se acallaban los reclamos del Pit Cnt que prometía “una actitud vigilante” y del presidente temporal del Mercosur ese año, Luis Inacio Lula da Silva.
Con el paso del tiempo, las siguientes administraciones frenteamplistas le buscaron la vuelta para ampliar ese acuerdo y otorgarle un alcance mayor. El ministro de Industria del expresidente José Mujica, Roberto Kreimerman, manifestó en reiteradas oportunidades la necesidad de profundizar el TIFA. Pero no se animaban a hablar de un TLC. La interna seguía dura y en 2014 el secretario de Estado tampoco mencionaba un acuerdo de ese tipo “por el momento”.
Ese año, en un viaje realizado a Estados Unidos y a partir de un encuentro con Barack Obama, el presidente José Mujica negoció la profundización del TIFA con el mandatario estadounidense. Incluso se mencionaba ese asunto como uno de los principales puntos en la agenda bilateral que llevaba adelante el canciller Luis Almagro.
El portal de Presidencia informaba sobre la instancia “muy productiva”, con la firma de acuerdos aduaneros, de seguridad social y la posibilidad de comenzar a vender carne ovina. Pero nada de TLC.
Llegó el tercer gobierno del Frente Amplio, y con él un TIFA que profundizaba su contenido y enviaba, a través de la diplomacia, un fuerte mensaje del presidente Donald Trump. El actual mandatario sostiene –aún– su voluntad de manejar acuerdos con los países en forma bilateral. Pero se paraba frente a un bloque regional como el Mercosur, conformado por países que ninguno tiene un TLC con el grande del Norte, todos mantienen déficits comerciales y fiscales, además de utilizar la misma herramienta. El TIFA se presentaba como una sólida posibilidad de avance, a pesar de algunas revisiones efectuadas por Estados Unidos, entre ellas, la pérdida del beneficio del Sistema General de Preferencias, porque considera que Uruguay es un país de renta media. La madera pasó a ser la mayor perjudicada, con un incremento del arancel, seguido por el cuero y las preparaciones de carne ovina.
Pero allí quedamos. En esta etapa de transición hacia el gobierno que asumirá el 1° de marzo, surgió la llamada del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a Luis Lacalle Pou el lunes. Un encuentro telefónico pautado desde hacía una semana, relatado por ambos en sus cuentas de Twitter y por el vocero del Departamento de Estado.
Lo sugestivo de este diálogo es que ocurre en medio de grandes tensiones entre EE.UU. e Irán, ante un interés del grande del Norte por ampliar acuerdos estratégicos y buscar la mayor cantidad de aliados en América del Sur. También, y por qué dudarlo, a la búsqueda de salidas estratégicas de exportaciones en una balanza que crece. Porque para Uruguay, uno de los mercados excluyentes es EE.UU., además de China, Brasil y Argentina, como sus principales compradores. Entre los cuatro representan la mitad de las exportaciones del país.
Es así que el planteo de Lacalle Pou de arribar a un TLC estuvo sobre la mesa, tanto bilateral como con el bloque. Aunque no hubo una respuesta precisa sino una contestación a futuro, se nota que es un asunto que sobrevuela desde hace al menos 15 años en el ámbito político.
La región tiene socios con problemas y uno que mira poco a sus vecinos. Por nuestro lado, solo hay una batalla ideológica planteada desde las raíces que así como no acepta u-n TLC, tampoco un acuerdo global sobre servicios (TISA) o uno de integración al Transpacífico que mira a los denominados “tigres asiáticos”.
El nuevo contexto político regional debería motivar a la reflexión porque existe una fuerte mirada pro-mercado. Ya la impuso Bolsonaro en Brasil, Piñera en Chile, Duque en Colombia y seguramente lo verá así Fernández, en Argentina.
El panorama cambia constantemente y anquilosar las ideas en el mero debate ideológico con reminiscencias sesentistas nos hace perder el tren. Nos estanca, nos ralentiza y nos instala en un estado continuo de debate, mientras que otros actúan.
Porque la cooperación internacional entre países se moderniza en forma permanente y perder el carril con la economía más importante del mundo, no es muy estratégico que se diga.

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Por resolución de la Corte Electoral, en mayoría, no se aplicará en las elecciones municipales de mayo venidero la inhabilitación en cuanto a la participación de dirigentes de un partido que comparecieron en las elecciones internas, como candidatos de otro partido en los comicios para los municipios, lo que abre el espectro a posibles acuerdos y reafirma la idea primaria de que el elector pueda elegir al mejor vecino para el cargo, en lugar de quedar encorsetado en los partidos.
Es así que para ser candidato a los municipios, no se aplicará en las elecciones municipales la inhabilitación prevista en el literal G de la Disposición Especial y Transitoria (letra W) de la Constitución de la República, en lo que implica destrabar la posibilidad de acuerdos en los departamentos para votar bajo un mismo lema.
La resolución por 5 votos a 4 en la Corte Electoral, indica sin embargo que hay diferencias de interpretación, y que de una u otra manera quienes votaron en el órgano rector electoral han seguido más lineamientos políticos que jurídicos, habida cuenta de que por regla general hay dos bibliotecas en las interpretaciones, salvo en lo que refiere a normas básicas que no dan espacio para la discusión.
El punto es que este cambio incorpora modificaciones sustanciales a la elección municipal anterior que se celebró en 2015, y que ha tenido un aporte significativo en aras de la descentralización de los gobiernos de comarca, dando lugar a la conformación de municipios que sustituyeron las anteriores juntas locales e incorporado la figura del alcalde y de los concejos municipales.
Es decir, que la idea de la normativa ha sido la de alguna manera descentralizar la gestión, permitiendo que en cada municipio se instituyan alcaldes y concejales, sin que necesariamente estos gobernantes respondieran al partido político ganador de la elección departamental sino que, como es buen ejemplo Paysandú, con un intendente del Frente Amplio han coexistido cuatro municipios con alcaldes de otros partidos, de los cuales tres son nacionalistas y un colorado.
Ello está muy bien si tenemos en cuenta que lejos de imponerse desde el gobierno departamental, asentado en la capital, cuáles son los delegados del gobierno –como ocurre en las juntas locales–, los habitantes de cada municipio o comarca se dieron a sí mismos su gobierno, eligiendo al vecino que han considerado como el más capaz o mejor calificado para el cargo, fuera del partido que fuera.
Tenemos por lo tanto que la decisión de la Corte Electoral permitiendo la incorporación de candidatos a los municipios por encima de cómo han comparecido en las elecciones internas, de alguna forma contribuye a diluir aún más las fronteras partidarias y apostar a la figura del mejor vecino por encima de las ataduras ideológicas o de filiación partidaria.
Naturalmente, aquí entran a tallar los intereses políticopartidarios en cuanto a la conveniencia o no de esta decisión, y una clara demostración de ello reside en el hecho de que la decisión fue muy bien recibida por los partidos que convergen en la coalición multicolor, y rechazada por los dirigentes del Frente Amplio, ante el convencimiento de que esta flexibilidad de alguna forma promueve o facilita el pasaje de votos, a favor o en contra, de determinada propuesta partidaria dentro de los municipios.
En este sentido, el diputado nacionalista Nicolás Olivera expresó a nuestro medio periodístico que la elección departamental es en esencia distinta a la nacional, y que se conjugan elementos locales que hacen que la población se pronuncie obviando las fronteras partidarias, como ya ha venido ocurriendo y que en el caso de los municipios esta posible presentación de candidatos abre el espectro para que la ciudadanía se pronuncie con mayor libertad.
Expuso así que “va a ser una herramienta más para generar acuerdos, pero debemos ser claros en el sentido de que las fronteras partidarias rumbo a mayo se desdibujan, porque la gente no está tan atada a los partidos sino a los proyectos singulares o colectivos de cada candidato. A nivel departamental ya se ve una fuerte tendencia de que gente de otros partidos vote a otros candidatos que no eran de su colectividad política, y a nivel municipal eso se da todavía mucho más”.
En cambio, esta medida ha sido objeto de duras críticas desde el Frente Amplio, cuyos dirigentes han enfatizado que se trata de un cambio en las reglas de juego a cuatro meses de las elecciones municipales, y que la nueva interpretación solo se debe a la mayoría que tiene la coalición en la Corte.
Debe tenerse presente que esta resolución de la Corte no alcanza a candidatos a ediles e intendentes que, de acuerdo a la normativa vigente, si fueron candidatos en las internas por un lema, están inhabilitados para ser candidatos por otro lema en las elecciones nacionales y departamentales inmediatas, pero ahora sí pueden hacerlo en las municipales.
E igualmente, en cuanto a una efectiva descentralización y mejor gestión de los gobiernos municipales en cada departamento, el talón de Aquiles ha radicado en el hecho de que si bien se ha instrumentado la libertad para el elector de las zonas del interior del departamento para elegir a sus autoridades, los municipios siguen dependiendo de la llegada de los recursos desde el ejecutivo departamental, entre otras limitaciones a su independencia, lo que ha generado sistemáticamente reclamos desde las alcaldías por la no llegada en tiempo y forma de los recursos.
Por lo tanto, más allá de esta flexibilización desde el punto de vista electoral ante la nueva interpretación de la Corte Electoral, tenemos que la normativa, tal como ha sido redactada, sigue coartando el funcionamiento e independencia administrativa de los municipios.
Consecuentemente, en los hechos la descentralización es más aparente que real, y siempre se termina dependiendo del talante o disposición del ejecutivo departamental, sea o no del mismo partido, lo que por regla general naturalmente se agrava cuando se trata de gobiernos de partidos distintos, lo que da la pauta de la necesidad de que se promuevan los correctivos indispensables en la norma, para que la descentralización no quede en los papeles, ante la porfiada realidad. → Leer más

En tiempos electorales el cruce de artillería verbal es notoria y entendible. Pero cuando esos períodos finalizan en las urnas, donde se manifiesta la voluntad de la ciudadanía, debería sobrevenir un tiempo de reflexión para aquellos que perdieron. Incluso para quienes asumirán el Poder Ejecutivo porque ocuparán una responsabilidad histórica, donde deberán cumplir con los compromisos asumidos durante una larga campaña.
Lejos de eso –y a pesar del tiempo de receso veraniego– hay dirigentes frenteamplistas preocupados por el futuro de la coalición multicolor que, de alguna forma, también pasarán a integrar. Porque los organismos de contralor, de acuerdo a lo anunciado por el presidente electo Luis Lacalle Pou, serán ocupados por la fuerza política del gobierno saliente.
El expresidente del Banco Central y exprecandidato a la presidencia por el Frente Amplio, Mario Bergara, augura que “dure poco” la coalición con Cabildo Abierto “por el bien del Uruguay”. Y lo explica por las visiones de país e institucionalidad que tiene el partido liderado por el excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos.
O sea: la preocupación no está puesta en el déficit fiscal más alto de los últimos treinta años que ellos mismos dejan, y que obligó al gobierno saliente a utilizar a las tarifas públicas como variable de ajuste ante un panorama incierto. Y que tampoco sirvió porque nunca cedió ese guarismo cercano al 5% del Producto Bruto Interno. Porque si no hubiese sido tan alto, probablemente no hablaríamos de ajustes fiscales.
Tampoco es el complejo panorama del futuro del empleo en Uruguay, enmarcado y atado a los resultados educativos que persisten como un cuello de botella en la educación media. Porque jóvenes mejores capacitados también consiguen mejores empleos y esa ecuación que parece simple y obvia, ha costado bastante insertarla en las discusiones sobre políticas públicas. Ni hablar del desempleo, la competitividad, los bajos niveles de inversión, la seguridad social o la inseguridad ciudadana que atraviesa a todas las clases sociales.
El motor de la economía acelerará su rumbo a través de la inversión privada. El ámbito público tuvo durante la pasada administración y tendrá, a partir de los anuncios y discursos de campaña, un despliegue cauteloso por los ahorros necesarios que deberá imprimirse sobre las cuentas públicas.
Y porque la tranca permanece sobre un país que tiene una pesada carga impositiva y resulta caro en un contexto de recesión. Eso, debería preocupar y no otra cosa. Son costos operativos pero también laborales que las empresas resuelven con la adquisición de mayor tecnología y que comienzan a sustituir a los puestos de trabajo, por simple y por menos dolores de cabeza. O, simplemente terceriza sus servicios y contrata a quienes están registrados como unipersonales. Así se resuelven las complejas relaciones laborales en los últimos tiempos.
Pero ahora será el próximo gobierno el que deberá remangarse y adoptar decisiones antipáticas, cuyos resultados tampoco se verán en el corto plazo.
El panorama positivo para atesorar como un bien, tampoco es un descubrimiento o logro de las últimas administraciones, sino un proceso largo que comenzó con la reinstalación de la democracia en 1985. La fuerte institucionalidad, la estabilidad del sistema financiero, el nivel de reservas, el respeto a los derechos individuales y a las reglas de juego, nos muestran confiables hacia un mundo cada vez más competitivo. Pero ahí está el problema.
La clave está en la productividad que parte de una cultura del trabajo, donde no haya una conflictividad excesiva y se cuiden las fuentes de empleo. Pero eso va a contrapelo de lo que anuncia el movimiento sindical, liderado por los extremos y los públicos, que sienten la impunidad de parar al país cuando no se atienda un reclamo.
Por el lado del sistema político, probablemente uno de los mayores desafíos del mandatario electo será mantener la coalición que integrará el gobierno, pero que también se verá reflejado en un parlamento fragmentado. Ahí, en cualquier caso, la cintura política será necesaria para arribar a consensos, basados en una negociación abierta. Y todo esto, bajo el escenario económico complejo que urge retomar la senda del crecimiento, sin provocar la tensión social.
Porque en los últimos tiempos hubo una particular preocupación por instalar en el centro del debate el déficit en el sistema de la seguridad social, cercano a 3.500 millones de dólares y que se incrementa año tras año. Un rojo que creció y ahora se plantea como parte de un problema para mejorar las cuentas públicas. O una reforma educativa, que apunte a una mejor formación para equilibrar la calidad del empleo uruguayo y posibilitar la inserción en mejores puestos laborales.
Porque los países competitivos invierten en investigación y desarrollo, innovan y se diferencian. Pero, claramente, Uruguay ni siquiera está a mitad de camino. Y eso, también debería ser un motivo de preocupación.
Por eso, ante tantos pendientes, la clase política debería unirse para resolverlo y aprender que, en una región incierta, lo mejor es mostrarse sólido. Porque los desafíos económicos y sociales, también son políticos.
Mientras no modernicemos la visión de país anquilosada en lo público, con una visión estatista y donde todo lo regule el mercado, entonces, seguiremos discutiendo por lo mismo. La postración de los discursos políticos de quienes ahora pasarán a ocupar la oposición se basa en un estado de bienestar intocable a los intereses de quienes resultaron funcionales. Porque el reparto no llegó o llegó muy escasamente a la población.
Además, el 2020 volverá a ser un año electoral, donde se manifestará un escenario totalmente diferente al anterior. Las elecciones municipales presentan desafíos en sus propios feudos, donde existe un marcado perfil de los dirigentes locales y eso pesará también en sus discursos.

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La reciente presencia en Paysandú y en EL TELEGRAFO del presidente electo, Luis Lacalle Pou, nos ha permitido contar de primera mano con información calificada sobre las acciones a desarrollar en lo inmediato por el gobierno que asumirá el 1º de marzo por voluntad de la ciudadanía. Esa ciudadanía que en democracia es consultada cada cinco años para elegir quien prefiere que gobierne el país, más allá de las acciones y los eslóganes de los grupos de presión, sobre todo las grandes corporaciones, que se atribuyen a sí mismas una representatividad que no tienen, porque solo representan intereses sectoriales a pesar de que pretenden hablar en nombre de todos los uruguayos como dueños de la verdad absoluta.
Pero los uruguayos se han pronunciado y han encomendado a Lacalle, encabezando la denominada coalición multicolor, que conduzca el país y trate de resolver sus problemas, que no son pocos y que lamentablemente no han sido superados pese a que la coalición de izquierdas, durante la mayor parte del tiempo en sus tres períodos de gobierno y contando con mayoría parlamentaria absoluta, gozó de condiciones internacionales excepcionales para nuestra economía sostenida en la exportación de productos primarios de origen agropecuario, en su gran mayoría.
Precisamente tras primeras reuniones con sus socios de coalición, el presidente electo habrá de enviar al Parlamento una denominada Ley de Urgente Consideración, que naturalmente se enmarca en la Constitución y en la institucionalidad de nuestro régimen republicano de gobierno, y por lo tanto, mal que pese a los que cuestionan el uso de este instrumento –que ha sido utilizado en muchas oportunidades– estamos ante una herramienta fundamental que apunta a aprovechar este primer período para incorporar correctivos y líneas de acción enmarcadas en el programa de gobierno de quien resultara ganador en la consulta popular.
De acuerdo a lo expresado por Lacalle, la Ley de Urgente Consideración está ya delineada a nivel de boceto, y contiene 457 artículos, “pero es un boceto que luego será presentado a los partidos de la coalición, por lo que puede quedar en 200 o aumentar a 600”, según expresó en la oportunidad a EL TELEGRAFO.
Amplió en este sentido que “hoy por hoy es un boceto que tiene como base el compromiso por el país, que obviamente va en el sentido del acuerdo de octubre e involucra a todos los ministerios”. Explicó que entre otros aspectos hay varios artículos referidos a la seguridad pública y a la educación, y que en el caso de los que involucran al Ministerio del Interior estuvo hablando con el futuro ministro del área, Dr. Jorge Larrañaga, habida cuenta de que en el texto hay algunos elementos que estaban contenidos en el proyecto de reforma constitucional que impulsó el exprecandidato nacionalista.
Precisó por otro lado que la Ley de Urgente Consideración no contiene incrementos del gasto estatal, –posiblemente el principal problema que tiene el país, como mal crónico agravado durante los gobiernos de izquierda, al punto de que el déficit está en más del 5 por ciento del PBI– porque este punto será incluido en la ley que entiende en materia presupuestal.
Pero sí contendrá “herramientas legales, transformaciones legales y del Estado que desde mi punto de vista ayudarán a una mejor gestión de gobierno y a facilitarle la vida a los uruguayos”, aunque aclaró que “va a ser una ley popular, será vista con buenos ojos por la población, aunque quizás para algunos sectores del ámbito público no lo sea, como algún sindicato” y que “cuando se proponga modificar la gobernanza en la educación, ya lo ha dicho Fenapes, que aparte tiene una permanente disposición para estar en conflicto”.
Precisamente, ya desde antes de asumir Lacalle, e incluso tan pronto se conoció el resultado adverso para el oficialismo del balotaje del 24 de noviembre, hubo voces desde los sindicatos y desde algunos sectores radicales vinculados a organizaciones sociales que proclaman “resistir” al nuevo gobierno, como si éste fuera producto de un golpe de Estado y ellos defensores de la democracia.
Ergo, esta “resistencia” no cuenta con el protagonismo de la gente de a pie, sino de los grupos que se creen dueños de la verdad y solo responde al interés particular y muchas veces teñidos de una ideología que no tiene nada que ver con la expresión popular.
También se pretende disfrazar por estos grupos que la gestión de las empresas públicas coincide con el que expresan en sus reclamos, soslayando nada menos que el hecho de que las empresas públicas no son propiedad de los funcionarios que en ellas trabajan, sino de todos los uruguayos que las financian, y por lo tanto debe estar al servicio de los ciudadanos, igual que sus funcionarios, en lugar del caso inverso, como ha sido la constante.
Es de recibo por lo tanto el concepto del presidente electo en el sentido de de que “habrá que aplicar una política de coyuntura ante la omisión del gobierno de adecuar la estructura tarifaria a los gastos de las empresas públicas. El gobierno sigue sin mejorar el funcionamiento de las empresas públicas y no adecua las tarifas al costo del servicio, que solo eso pretendemos”.
Tiene razón en cuanto a que a efectos de abatir el gasto, el esfuerzo debe partir desde el propio gobierno, desde el Estado, lo que se ha resistido a hacer en estos tres períodos de gobierno la coalición de izquierdas para no pagar costos políticos, confiando en que la bonanza derivada del escenario internacional podría seguir vigente indefinidamente, lo que ha quedado desmentido por la realidad.
Hasta ahora el esfuerzo de ajuste, –muy insuficiente, porque el déficit ha seguido en aumento– a estado a cargo del sector privado, que lo ha pagado con desempleo, menos horas trabajadas, pérdida de rentabilidad y cierre de empresas, así como la precaria situación de las que siguen trabajando.
Para ello no alcanzará con el ahorro necesario que debe partir desde el Estado con el gobierno a la cabeza, sino que debe compartirse el equilibrio entre impuestos y reducción del gasto en forma compatible. Pero a la vez hacerlo sostenible promoviendo la inversión, que es lo único que nos va a sacar de este deterioro de la economía y de las cuentas públicas.
Y ello al fin de cuentas no es cuestión de ideologías de izquierda o de derecha, sino de la realidad y de sentido común, de hacer crecer la torta para que todos vivamos mejor, bajar el costo de producir y aumentar la productividad. → Leer más