Opinión

Sabido es que las dirigencias gremiales y del Pit Cnt son utilizadas para catapultarse políticamente dentro del Frente Amplio (FA), → Leer más

Se aproxima marzo y como lo mencioné en la anterior solicitada, el día 27 los uruguayos debemos acudir nuevamente a las urnas.
¿Para qué?
Para colocar dentro del sobre de votación la papeleta celeste, al igual que la camiseta de la más linda, la celeste. Y esa papeleta debe decir NO.
¿Por qué?
Porque no podemos derogar un instrumento de gobierno que surgió después de 15 años nefastos de la izquierda uruguaya al frente de nuestro país.
NO derogamos la LUC. NO derogamos la Ley de Urgente Consideración porque es necesaria para el país.
Y vaya si ha sido eficaz en estos casi dos años de gobierno.
No ha lesionado un solo derecho de quienes se apegan a la ley, de personas como usted vecino, que camina su vida por lo derecho.
Pero sí ha puesto tras rejas a varios delincuentes, ha penado a quienes se sobrepasan con la autoridad policial y ha evitado diversos delitos graves.
Con la LUC vigente, se puede detener un vehículo, revisarlo, indagar a sus ocupantes y si existe delito o algún elemento que ponga en peligro la seguridad pública, elevar la información a efectos de cuidar a los ciudadanos de bien.
En materia de seguridad, la LUC tiene sus principales beneficios para el uruguayo.
Y no es lo único, miremos también lo que implica la portabilidad numérica.
¿Qué significa? Que puedo mantener mi número de celular y contratar con la compañía de telefonía que más me convenga. Tanto por trabajo o simplemente porque mis amigos tienen mi contacto, quiero seguir teniendo ese número pero el servicio de la empresa de celular no me sirve; entonces no hay problema, puedo cambiar mi contrato con total libertad. Y eso es la LUC, libertad.
Porque es impensable que un gobierno me diga qué hacer con mi celular o qué hacer con mi dinero.
Si no, miremos el tema inclusión financiera. Para comprar un bien de pocos dólares se debía declarar de dónde se sacó ese dinero, cuando en general es producto del ahorro y de años de trabajo. Ahora, con la LUC, se terminó esa invasión a la privacidad. Por poco dinero, ya no se necesita dar cuenta al Estado, porque es un acto privado.
Entonces, votando NO, usted defiende su libertad. De lo contrario, el retroceso será inminente. Volveremos a ser algo muy parecido a Venezuela, con una izquierda metiendo las narices en la vida privada de cada persona para poder dominarla a su antojo.
No se deje engañar. Vote NO.
Ana María San Juan,
edil Departamental → Leer más

El próximo 27 de marzo se llevará a cabo una instancia de referéndum en la que uruguayos serán legisladores por un día. Es una instancia de fiesta para la democracia. Se van a someter a consideración de la ciudadanía la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración Nro. 19.889; que consta de un total de 476 artículos. Nosotros que somos y seguiremos siendo wilsonistas hemos avanzado en el análisis de la LUC, hemos hurgado en sus contenidos, las conclusiones a las que llegamos surgen de leer la LUC no representan eslóganes sueltos vacios de contenido. Hemos señalado en otras ocasiones que nunca antes en la historia democrática del Uruguay ningún gobierno había utilizado este mecanismo previsto para aprobar leyes de casi 500 artículos en tiempos parlamentarios reducidos, prácticamente sin debate sin discusión y lo más grave sin conocimiento de la población. Las delegaciones en parlamento tenían 15 minutos para exponer sus opiniones sobre 500 artículos. Si, 15 minutos. La LUC realiza modificaciones a más de cuarenta leyes, muchas de ellas que llevaron mucho tiempo de discusión como el propio Código de Proceso Penal aprobado en 2014 que se comenzó a construir en 2007. En materia de seguridad fomenta el abuso policial, otorga poderes discrecionales al policía que lo exponen al abuso, y en consecuencia a las faltas administrativas que deviene en procedimientos administrativos y destituciones. En legítima defensa realiza modificaciones absolutamente innecesarias, fomenta el gatillo fácil, recurrir a la violencia con arma de fuego, establece un criterio en que la propiedad vale más que la vida. Muchas otras modifican aspectos procesales muy delicados y complejos como el tema de las adopciones, con soluciones rechazadas por los expertos y que en nada protege los derechos de los niños más vulnerados. En el tema de alquileres promueve una modalidad de alquiler sin garantía que ya existía en nuestro derecho, pero ahora con normas que claramente perjudica al más débil, al inquilino, consagrando normas de desalojo y lanzamiento en tiempos ultra rápidos. En materia de fijación del precio de los combustibles ha demostrado que ha sido el más absoluto y rotundo fracaso. Unos meses el gobierno aplicó la LUC, pero cuando se fue acercando el referéndum ya no la aplicó. El señor presidente Luis Alberto Lacalle Pou pregunta muy suelto de cuerpo: ¿A quién ha perjudicado la LUC? Y la respuesta es que ha perjudicado a toda la población, a la masa de trabajadores que vive de su salario que cada vez disminuye en relación a los precios de los artículos de primera necesidad; esta es una respuesta que no admite discusión. La LUC no ha perjudicado a los más poderosos. Pero a la mayor parte del pueblo si ha perjudicado de eso no hay dudas. No es una cuestión de partidos políticos, quien suscribe es blanco y como muchos blancos los meses que los combustibles no subieron de precio agradecimos al referéndum, agradecimos a la militancia social y política que con mucho coraje llevó adelante la recolección de firmas en tiempos de pandemia que hizo posible el debate discusión que se debió dar antes, y que el gobierno con altanería, autoritarismo y prepotencia no propicio. Por estos y muchos otros motivos más estamos convencidos que la mejor opción para la ciudadanía es votar SI, no en blanco ni anulado, votar SI. Con firmeza y convicción decirle al gobierno que los blancos no queríamos esta forma de gobernar atropellando derechos y conquistas que tenían muchos años de existencia. Estamos convocando con la más absoluta convicción a toda la ciudadanía blanca, colorada, cabildante a votar por SI el próximo 27 de marzo, porque la LUC nos degrada como sociedad, la LUC nos quita derechos nos retrotrae a las peores épocas más oscuras de nuestro país.
Dr. Sergio Rodríguez Heredia “wilsonista” → Leer más

Como todos sabemos el próximo 27 de marzo se llevará a cabo un Referéndum sobre 135 Artículos de la Ley 19.889, Ley de Urgente Consideración (LUC).
Entre ellos particularmente nos queremos referir a los Artículos 357 y 358 sobre Colonización, los que cambian radicalmente la esencia de la Ley del Instituto Nacional de Colonización (INC), hecha para fortalecer al pequeño productor rural.

Este INC fue creado en 1948 por la Ley 11.029, creando la colonización para promover una racional subdivisión de la tierra, y así mejorar la producción, la radicación y bienestar del trabajador rural.

El Art. 357 sustituye el inciso 1º del Art 5 de la ley 18.756, que se refiere a tierras que justamente hacen a la esencia y lógica de la colonización.

Se desafectan tierras que vienen del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) que estaban consideradas incluso desde antes de la creación del INC, quitando lo sustancial del concepto colonizador. Pero además va en contra de la tradición jurídica, el patrimonio del estado y los pequeños productores rurales.

Se frenan las políticas de promover el acceso a la tierra a los productores familiares, favoreciendo lo que es la lógica del mercado en un negocio particular para los más pudientes. Se afecta abiertamente la agricultura familiar, y si los precios suben, son altos, sin dudas estos estarán en desventaja ante quienes tienen mayor poder.

El 358, habla de la excepción a la obligación prevista en la norma. Con este se quita la obligatoriedad de trabajar y explotar directamente la tierra por parte del propio colono y la exigencia de vivir allí con su familia.

Eso también va en contra de la razón de ser colonos, que apunta al poblamiento de las zonas rurales. Pero además para que los pequeños productores se puedan desarrollar se necesita de la atención directa y permanente sobre ese campo.

Hay excepciones de estudio, salud que perfectamente pueden ser atendidas por resoluciones administrativas, que no van en contra del concepto general. Pero incluirlo en una Ley es el camino que abre la puerta hacia la eliminación definitiva de la obligatoriedad de residir. Y por ende estimula solo al negocio y renta agraria, una vez más en desmedro de los más frágiles del medio rural.

Por eso, para no perder las raíces de la colonización, para que esto siga siendo un medio y opción de vida para los pequeños productores rurales, el 27 de marzo tenemos que votar SI, y quitar esos perjudiciales artículos de la LUC.

Dr. Emerson Arbelo, edil departamental → Leer más

Escribe: Danilo Arbilla

Parece seguro, sí, que el Presidente Lacalle Pou será quién usará la cadena de radio y TV para hablar en nombre del No. Es lógico, no cabía esperar otra cosa. Es la mejor carta que tiene la coalición, sin dudas. Lo de que esté constitucionalmente impedido es una tontería sobre la cual no vale abundar.

No sé bien cuántos serán los debates. Todos sí serán históricos; es lo que ocurre con los debates, son como las peleas o partidos del siglo. Nada chico.
Habrá que ver si Fernando Pereira encuentra un contendiente a gusto. Primero desafió al presidente y rápidamente se le hizo ver y asumió su desubicación. Lanzó desafíos a granel. No sé en qué estaba al escribir esta columna y si al final se iba a animar a debatir con el ministro Pablo Mieres. Un hueso duro de roer. Con pocos flancos por donde atacarlo. Y menos con respecto a la LUC, la que Pereira ha dejado un poco de lado y se ocupa más de enseñarnos cómo se vota anulado y de usar aquello de que “la gente no tiene plata en los bolsillos”, que tiene su efecto. Siempre tenemos menos de lo que aspiramos: a todo el mundo le gustaría ir a la América que sale dos mil y pico y tiene que resignarse con la Olímpica o la Amsterdam. Y eso hay que explotarlo como enseña Astori. Los frentistas, aún los que son millonarios, están al firme, pero el resto duda: no basta con el tonito humildón, de muchacho trabajador, pero que se las sabe todas. Decía Voltaire, creo, que la humildad es la peor de las vanidades. Y la gente se da cuenta.
Personalmente no me preocuparía: los debates, no le aclaran nada a la gente ni son un aporte imprescindible para el sistema democrático. Pueden incluso ser un factor distorsionante.

Veamos: el puntapié inicial lo dieron hace 60 años Kennedy y Nixon. Fue un debate en el que el primero logro superar a su contrincante porque fue de traje oscuro, camisa celeste y maquillado, mientras Nixon lucia pálido con su traje gris perla y transpirado.

Se asegura que fue decisivo y si así fue y eso ocurrió en la primera potencia democrática, ¿en qué ayuda eso a la democracia? ¿Qué tiene de democrático que un presidente sea elegido por el color de su traje y su corbata?

Los debates se trasformaron en una suerte de enfrentamientos en los que servía más ser un buen histrión, espontáneo y vivo que mostrar que efectivamente estaba preparado para gobernar. Eran un show. Y hasta divertidos.

Pero eso se acabó y ahora los debates son más digitados que una función de títeres. Los contendientes eligen temas, tiempos y sortean cuando le toca a cada uno. No pueden interrumpirse y hasta se limita el manejo de cámaras. Bien aburridos. Se acabó el espectáculo.

Al debate Manini-Andrade, lo vieron 44 mil personas, seguramente con posición ya tomada, de un total de 2.684.131 habilitados y obligados a votar el próximo 27. A Manini le fue mejor: el formato venía al pelo con su estilo y además Andrade se mostró desorbitado. Este estuvo mejor cuando debatió con a Talvi. No creo, empero, que hayan sumado votos para una propuesta o la otra.

En casos puede que un debate ayude a posicionarse y hacerse conocido a algún dirigente, pero de ahí sostener a que una elección es más o menos libre y democrática si hay o no debate, me parece que no cabe. → Leer más

Ante Uds., agradecemos la publicación de la siguiente solicitada en vuestro prestigioso diario, una actualización al día de hoy de una problemática que vivimos noche a noche, vecinos de avenida Salto y Setembrino Pereda. Comenzó a principios de 2019, luego se pausó ante la llegada de la COVID-19 y se reanudó al inicio del 2021.

Estamos viviendo una situación de continua violación a nuestro derecho a descansar por la noche, por parte de los jóvenes, adolescentes y adultos, que visitan la zona a partir de la medianoche hasta el amanecer, casi todos los días, en automóviles y camionetas con parlantes a altísimo volumen, haciendo que vibren los vidrios de las ventanas, situación por tanto imposible para el descanso en nuestros hogares.

A esto hay que sumarle las picadas de autos y motos con escape libre, que usan la zona de pista de carrera o de zona de exhibición. Estacionan en nuestras entradas de garaje impidiéndonos la libertad de salida de nuestro hogar; se visualiza una clara conducta irresponsable en manejo de estos vehículos ya que todos sus ocupantes consumen alcohol. Ejemplos de accidentes en coches ya son de público conocimiento y han sido publicados en sus páginas, alguno con graves consecuencias.

 El resultado al día siguiente: veredas sucias con botellas vidrio, cajas de vino, vasos, basura general, restos de orina y materia fecal, preservativos usados; todo un panorama agresivo y contaminante. Ha habido peleas individuales y en barras, con lluvia de botellas, producto probablemente de la continua ingesta de alcohol por parte de los jóvenes, siempre esperando no tengamos que lamentar alguna desgracia.

¿Qué hemos hecho los vecinos?

Esperar que se cumplan las normas, decretos y/o leyes nada más y nada menos. La Policía a través del 911, junto con los efectivos de la 2ª Seccional nos han apoyado desde el vamos, corrigiendo la situación. Pero esto dura pocos minutos y se vuelve a lo mismo o peor. Incluso cuando de lejos ven venir a la policía entran a los autos, desaparece el alcohol, se hace el silencio. Desde el interior de las casas sabemos cuándo pasa la policía, por esta razón.
Motivo por el cual se deben reiterar los llamados hasta que la policía se queda y marca presencia y por fin esto se encauza por los carriles de la normalidad.
 Obviamente esto no puede ser así, necesitamos una solución de fondo.

¿Qué pedimos los vecinos? Que las instituciones públicas nos garanticen a través de los reglamentos/ ordenanzas/ leyes, su aplicación y cumplimiento para garantizar la convivencia.

No debemos, a modo de ejemplo tener que llamar cada uno de nosotros al menos una vez en las últimas 7 noches, registros que deben estar en la policía.
Los jóvenes tienen que divertirse, pero no a costo de nuestra salud.
Vecinos de avenida Salto y Setembrino Pereda

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A menos de un mes de tener que asistir a las urnas para votar mantener la LUC (NO) o derogarla (SI) asistimos a un cúmulo de argumentos de un bando y del otro, que muchas veces confunde, mezclándose la verdad y la mentira; por tanto conviene informarse y saber si es correcto lo que nos están contando. Esta solicitada tiene que ver con la posibilidad que da la Ley de Urgente Consideración de poder elegir y en lo que aquí respecta y quiero desarrollar, haré referencia a la libertad financiera. ¿Qué dice la ley? Que los uruguayos a partir de julio de 2020, que es la fecha en que la LUC entró en vigencia, pueden elegir con qué medio de pago prefieren cobrar su sueldo, si en efectivo o bancarizado, por qué medio de pago prefieren abonar los precios en los negocios en que intervienen, (compraventa, permuta, etcétera) ya que hay libertad de elección hasta la suma de 1.000.000 (un millón) de unidades indexadas, lo que equivale hoy a un poco más de 100.000 dólares. Usted, hasta ese límite, puede pagar en efectivo o bancarizado. Eso está claro, la ley lo establece en su artículo 215 y siguientes. En el punto que se ha tratado de confundir con una campaña engañosa, es en el tema del control de lavado de activos. Se ha dicho que si usted hace negocios en efectivo ya no se hace más control sobre el lavado de activos, diciendo que el sistema creado por la LUC lo habilita, tratando de instaurar la idea de que ya no existe más la transparencia de antes. A lo que respondo que el control sigue existiendo igual y no es por la LUC, es por las leyes 19.574 y 19.749 y sus decretos reglamentarios. El organismo encargado es la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft), organismo que sigue vigente, haciendo los controles que por ley le corresponden y obligando tanto a los escribanos como a muchos sujetos más, a actuar con la mayor diligencia en ese sentido. Una cosa es la libertad financiera que instauró la LUC, otra cosa y corren por carriles diferentes, es el control de transparencia en los negocios, que sigue existiendo de la misma forma a cargo de la Senaclaft. Es bueno saber también, que en el gobierno del Frente Amplio se podía hacer negocios en efectivo, aún con la ley de bancarización obligatoria vigente, la ley 19.210. Uno podía ir con un millón de dólares en efectivo al escribano y pagar un inmueble. Se podía. ¿Cuál era la consecuencia? Que la escritura de compraventa que se otorgara de esa forma, no era nula, pero no podía inscribirse en el registro de la propiedad, si no se pagaba la multa que estaba pactada en la ley. (Artículo 12 de la ley 19.478). Por tanto, los que tanto se asustan de la libertad financiera instaurada en la LUC, son los mismos que permitieron negocios en efectivo bajo el régimen anterior, rigiendo una bancarización obligatoria como regía. La libertad financiera es muy buena, beneficia a muchísima gente, pensemos en los compatriotas del interior profundo a quienes acceder a un cajero para cobrar su sueldo y así pagar sus cuentas les es dificultoso. Prefieren cobrar el dinero en mano y hoy pueden hacerlo. En el régimen anterior fuimos rehenes de los bancos y hoy se nos da la posibilidad de elegir. Aprovechemos ese beneficio y votemos NO a la derogación de la LUC.
Esc. Sabrina Buono → Leer más

En los últimos días EL TELEGRAFO ha dado difusión a las reivindicaciones formuladas por los trabajadores de la estiba en el puerto de Paysandú por la falta de trabajo de los aproximadamente 30 trabajadores portuarios. La caída en la actividad de la terminal fluvial sanducera ha sido el motivo desencadenante de estos reclamos que demuestran la cara de una realidad dura de aceptar pero que constituye “la crónica de una muerte anunciada” al decir del escritor colombiano Gabriel García Márquez: el puerto de Paysandú no logra desarrollar una actividad sostenible y significativa a lo largo del año.

Durante décadas los diversos intendentes que ha tenido nuestro departamento –de distintos partidos y corrientes ideológicas– han tratado, con mayor o menor suerte y con más o menor habilidad, de reactivar el puerto sanducero para que se constituya en un punto de conexión con la región y con el mundo, generador de empleo y de toda el desarrollo económico y social que supone dicha actividad. También es cierto que la reactivación del puerto de Paysandú necesita de poder generar operaciones que justifiquen una plantilla de trabajadores como aquella por la cual hoy se reclama y ello solo puede lograrse a través de las operaciones de empresas privadas. El dirigente portuario Aníbal Silva declaró a nuestro diario que “han dejado a la deriva a los 33 trabajadores que estamos en la bolsa de la estiba del puerto de Paysandú y hasta ahora no hemos tenido trabajo en forma continua. Solamente alguna carga una vez por mes de azúcar que hacían dos días pocos trabajadores. O el portacontenedores una vez o dos por semana y ahora, desde hace dos meses que está amarrado en el puerto, sin miras de cargas ni descarga. Y tampoco ingresaron granos”. Tal como lo señala Silva, el problema es nada más y nada menos que la falta de operaciones portuarias, actividades en cuya creación y permanencia en el tiempo los actores privados tienen un papel fundamental. Precisamente ahí está una de las bases fundamentales de esta problemática: lo que se necesita es empleo, pero para ello es necesario que las empresas privadas tomen la decisión de operar en el puerto y con ello llegue esa inversión llegue el crecimiento y el bienestar social. Como bien lo señalara el entonces presidente Tabaré Vázquez en el año 2015 “generar puestos de trabajo decente para la gente es la mejor política social que se puede llevar adelante”.

La decisión de las autoridades Administración Nacional de Puertos (ANP) de solicitar a los estibadores sanduceros su inscripción como monotributistas para realizar tareas de mantenimiento de los espacios verdes del ente constituye un intento que refleja con claridad cómo muchas veces no se quiere enfrentar los problemas del fondo (la falta de cargas) y el costo político de las medidas que requieren los mismos. No importa qué razones puedan invocarse para el casi nulo funcionamiento del puerto de Paysandú o cuáles sean las soluciones mágicas que se propongan: el problema central es la falta de cargas y ello responde a múltiples factores (ubicación, profundidad de las aguas, etcétera) que dificultan la salida o llegada de mercaderías. Junto a esto, existe otro problema igualmente grave: tras décadas de promesas, fotos en la prensa y cintas cortadas inaugurando obras que claramente no han dado resultado, los actores del ambiente político sanducero han quedado atapados en sus propios discursos y ninguno de ellos (salvo alguna excepción aislada) tiene el valor para decirle a la población lo que nadie quiere escuchar: que el puerto de Paysandú no es capaz de captar las cargas que le permitan operar normalmente.

La idea de realizar tareas de mantenimiento en los espacios verdes a cargo de la ANP resulta un parche que carece de sustento porque no sería posible generar jornales para todos los días del mes teniendo en cuenta el número de trabajadores involucrados y el espacio que se debería atender. La preocupación de las autoridades locales y nacionales debe estar centrada en cómo conseguir esa carga que resulta tan esquiva y que lo será mucho más después de que el puerto de Concepción del Uruguay concrete y desarrolle los avances en los cuales está trabajando desde hace años y que incluyen un acuerdo para desarrollar una línea de transporte fluvial para unir el puerto de esa ciudad con el puerto de La Plata, permitiendo un acceso más directo y barato de sus productos a los exportadores de Entre Ríos, de otras provincias y Paraguay y, lamentablemente, borrando del mapa logístico al puerto sanducero. ¿Con esa opción dentro de su propio territorio nacional, qué empresario argentino utilizaría el puerto de Paysandú?

Para finalizar esta amarga reflexión sobre el puerto sanducero, no resulta redundante detenernos en una no menos amarga paradoja: en un mundo en el cual crece la economía basada en los servicios y dentro de los cuales la logística ocupa un lugar más que destacado, Paysandú es incapaz de captar cargas para su adormecido puerto. Ni el notable empuje que la logística ha tenido a nivel nacional, transformándose en una verdadera política de Estado desde el retorno de la democracia en 1985, ha derramado sus virtuosos efectos en nuestras costas. Con tantos antecedentes, tanto esfuerzo realizado y tanta inversión cabe preguntarse hasta dónde se puede seguir soñando con un puerto regional de grandilocuentes aspiraciones de captar cargas de toda la región e incluso desde el Este y norte del país, que deberían viajar cientos de kilómetros para embarcarse en un buque feeder hasta Montevideo. Hasta ahora la dura realidad ha demostrado que los privados ven más sencillo, barato y seguro operar directamente con Montevideo, evitando así costos logísticos insalvables por distancias y manipulación de las cargas; y nada de eso se soluciona elevando los cables de alta tensión que cruzan el río al sur del puerto local, ni dragando la canal a 23 pies o construyendo una vía de ferrocarril que atraviese toda la ciudad hasta la terminal portuaria, todas obras millonarias que están en la agenda.

Concepción del Uruguay está apenas unos 20 kilómetros de Paysandú, mucho mejor posicionado para captar las cargas de Paraguay y la región porque el mayor volumen al que se puede aspirar está del otro lado del río y por lo tanto, no necesita pasar otra frontera y además ya está funcionando a pleno. Tanto que hoy tiene el problema que, al estar dentro de la ciudad, genera serios desafíos urbanísticos, un problema que acá no se tuvo en cuenta cuando se decidió invertir decenas de millones de dólares en resucitar el puerto sanducero en lugar de apostar por uno nuevo en Casa Blanca; que no necesita dragar porque ya está a 23 pies no tampoco tiene cables de alta tensión que molesten a potenciales barcos ultramarinos, llegado el caso.
Es cierto que coyunturalmente hay menor movimiento en el puerto sanducero y que seguramente volverá a operar el portacontenedores, generando trabajo nuevamente. Pero en todos estos años los trabajadores de la estiba de Paysandú ni siquiera han logrado la suficiente continuidad operativa para contar con un seguro genuino. Entonces la solución no pasa por cortar el pasto o mantener limpias las instalaciones portuarias sino abrir los ojos a la realidad, por dura que esta sea. → Leer más

Las secuelas de la pandemia de COVID-19 y las medidas sanitarias adoptadas por los diferentes países se han vuelto más difíciles de revertir para las mujeres trabajadoras. Así lo describe un informe –Nota Técnica– de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), centrada en la región de América Latina y el Caribe, que indica que más de 4 millones de mujeres no han logrado retornar a la actividad.

Según el estudio, la tasa de desocupación es en la región de 16,4% y a ella se suma una alta informalidad, sobrecarga por tareas de cuidados, como factores “que contribuyen a incrementar las brechas de género en el mercado laboral”. Este retroceso en la igualdad de género en el mercado de trabajo no tiene precedentes, destacó la publicación.

Siempre en función de los datos presentados, de los 23,6 millones de puestos de trabajo de las mujeres que se perdieron en el peor momento de la crisis el segundo trimestre de 2020, a fines de 2021 aún quedaban por recuperarse unos 4,2 millones. Esto contrasta con el caso de los trabajadores hombres, quienes ya habían recuperado entonces “prácticamente por completo los 26 millones de puestos perdidos en ese momento”.

Solamente para tomar una referencia de lo que ocurre en Uruguay, de acuerdo a los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística, a partir de la Encuesta Continua de Hogares, la tasa de actividad para los hombres era de 69,1%, y 55,5 la de las mujeres a fines del año pasado. La tasa de empleo masculina era de 65,1% y la femenina del 50,8%, mientras que para ellos la tasa de desempleo medía 5,8%, era de 8,5 para las trabajadoras.

El director regional de OIT, Vinícius Pinheiro, comentó que al inicio de la pandemia “las mujeres fueron afectadas por una catastrófica pérdida de puestos de trabajo y de ingresos. La desocupación femenina aumentó, pero lo más impactante fue la salida masiva de la fuerza de trabajo que llevó las tasas de participación laboral (tasa de actividad) a niveles de no se veían hace dos décadas”.

La tasa de actividad (porcentaje de las personas que trabaja o busca trabajo) regional de las mujeres creció constantemente desde la década del ‘90, desde el entorno del 41% hasta 52,3% en 2019. Desde entonces, con el advenimiento de la pandemia, este dato llegó a caer al 43%. Si bien ha habido una recuperación, a fines de 2021 se alcanzó al 49,7%, todavía 2 puntos y medio por detrás del registro previo a la crisis sanitaria global.

Pero uno de los datos más preocupante que refleja esta nota, es que durante el año pasado se mantuvo el promedio de la tasa de desocupación entre las mujeres trabajadoras, en 12,4%, lo que indica que no ha habido una mejoría de 2020 a 2021. El desempleo regional entre los hombre es de 8,3%. El origen de esta situación se identificó en medidas como el cierre de los centros educativos y la necesidad de destinar más tiempo a los cuidados hogareños en forma generalizada. Sumado a ello el parate generalizado afectó algunos de los sectores de actividad más demandantes de mano de obra femenina, como el comercio, restaurantes y hoteles, y actividades de esparcimiento. Del mismo modo impactó sobre el empleo informal y las micro, pequeñas y medianas empresas, donde también predomina el empleo femenino, y en especial en el trabajo doméstico, donde el 91% del empleo es femenino y el 72 por ciento es empleo informal, donde se perdieron muchísimos puestos de trabajo.

Debido a ello la organización está analizando políticas laborales que han contribuido a la mitigación de los efectos de la pandemia, con un enfoque específico de perspectiva de género, y en especial la organización pidió que no se retiren las medidas de estímulo sectorial que los países hayan aplicado para consolidar la recuperación laboral, en especial de las mujeres trabajadoras. Tampoco recomienda retirar “las medidas de transferencias de ingresos o ayudas en especie para garantizar las condiciones mínimas que permitan sostener el crecimiento del empleo”, al igual que la inversión en cuidados, “fundamental tanto para la generación de empleo de calidad como para la inserción plena de las mujeres en el mercado laboral”. Claro que para ello también hay que considerar qué espalda tienen hoy los diferentes países, que en muchos casos venían ya castigados previo a la crisis sanitaria.

A la seriedad del panorama debe agregarse que en el transcurso de este año no se espera que las cosas cambien significativamente, y al menos así lo plantea el último informe de perspectivas, este con mirada global, que la misma organización emitió en los últimos días, en el que rebaja sus propias expectativas de recuperación laboral. La OIT estima que “el desempleo mundial se mantendrá por encima de los niveles anteriores al coronavirus hasta 2023 como mínimo”. Para esta afirmación considera “el efecto que las variantes recientes del virus de la COVID-19, como Delta y Ómicron, está teniendo en el mundo del trabajo, así como la significativa incertidumbre respecto del curso futuro de la pandemia”. Nada dice, en cambio, del conflicto armado entre Rusia y Ucrania, que si algún efecto tiene no será de buenas a primeras favorable para la recuperación, al menos en el corto plazo.

Claro, también hay que entender que el mercado laboral acompaña los vaivenes de la economía global, pero las economías domésticas de cada país están influenciadas por el comportamiento de los sectores de mayor incidencia. Como sabemos en nuestro país la economía depende mayormente del comportamiento de las materias primas y en este sentido los datos son alentadores, en especial en nuestro principal producto de exportación, la carne. Aunque todavía seguimos penando en otros importantes, como el turismo, en el que dependemos de factores adicionales, no solamente del sanitario –que ya no es poco–, sino también del desempeño de los países de donde proceden los visitantes, que tampoco es un asunto menor. → Leer más

La invasión de Rusia a Ucrania se ha transformado en uno de los hechos políticos y militares más importantes del siglo XXI y amenaza con extender sus consecuencias más allá del territorio hoy atacado por los ejércitos de Vladimir Putin, un exagente del servicio secreto soviético (KGB) que ha marcado a sangre y fuego la impronta de su estilo autoritario y altanero tanto en la política interna como fuera de fronteras. Ciertamente Putin no fue el inventor de las ansias rusas de controlar Ucrania a cualquier precio, sin importar las vidas humanas que se pierdan. Hace 90 años el régimen comunista llevó adelante una política de privación de alimentos contra la población ucraniana en una de las páginas más oscuras del denominado “socialismo real”. En efecto, de acuerdo con el servicio de noticias británico BBC, “en la Gran Hambruna de la década de 1930, hasta cuatro millones de ucranianos murieron de hambre durante la colectivización forzosa de las granjas por parte del dictador soviético Joseph Stalin. (…) Bajo las órdenes de Stalin, los funcionarios comunistas incautaron alimentos e impidieron que los campesinos salieran de sus aldeas para buscar suministros. Estaban siendo castigados por resistirse a la colectivización forzosa de las fincas. Ucrania lo llama ‘Holodomor’ (muerte por inanición), la muerte de aproximadamente cuatro millones de personas en la hambruna de 1932-33”.

Lo que resulta llamativo en esta ocasión es que Rusia (cuyos sueños de expansión territorial y grandeza nacionalista cuentan con raíces muy profundas en muchos sectores de la población de ese país) realice una invasión ante la mirada atónita del resto de los países europeos. ¿El “pecado” cometido por Ucrania para “merecer” la invasión de su territorio? Solicitar su ingreso a la Unión Europea y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), un gesto que Putin considera tanto un atrevimiento como una amenaza, pero sin lugar a dudas y por sobre todas las cosas, algo inaceptable para el concepto expansionista de la “Gran Madre Rusia”. Si bien es verdad que Rusia y la OTAN constituyen sistemas defensivos claramente enfrentados y que nadie quiere una base militar a kilómetros de sus fronteras, lo cierto es que la mayor de las crisis de este tipo (la crisis de los misiles soviéticos instalados en Cuba durante la presidencia de John F. Kennedy) pudo solucionarse a través del diálogo, algo en lo cual Putin no tiene el más mínimo interés.

Como lo ha señalado el historiador argentino Alejandro Gómez, “La idea de Putin de recrear la gran nación rusa, tomando como referencia la URSS y más atrás en el tiempo, el imperio de los zares. Eso es lo que motiva a Putin a lanzarse a la conquista y/o recuperación de los territorios ‘perdidos’ desde la debacle a la URSS a comienzos de la década de 1990. Para ello utiliza como excusa la autodeterminación de los pueblos rusos que quedaron habitando los límites de la actual Ucrania. Y muy probablemente lo seguirá haciendo en otros países de la región si esta aventura le sale bien. (…) Creo que Putin venía dando señales claras de que algo así sucedería. El antecedente más directo lo vimos cuando Rusia invadió Crimea en 2014. El tema central aquí es que, lógicamente, las repúblicas democráticas de Occidente siempre rehúyen de la guerra, mientras que los gobiernos autocráticos no tienen problema con sacrificar parte de su población con tal de conseguir sus objetivos expansionistas, tanto territoriales como de poder personal”.

De esta forma, el ataque de Rusia a Ucrania recuerda la desigual batalla entre David y Goliat, ya que de ninguna forma puede compararse los poderíos militares y económicos de ambos países. A modo de ejemplo, y tal como lo consignó recientemente el diario español El Mundo, “en 1993, Ucrania era la tercera mayor potencia nuclear del mundo, después de EE. UU. y Rusia. Un año después, Kiev dio sus bombas atómicas a Moscú. Hoy, el presupuesto de Defensa ruso es 13 veces mayor que el ucraniano”. La política de Rusia en este punto ha sido clara: primero desarmó a Ucrania y ahora la invade, consciente de que casi nada y casi nadie se interpondrán en su camino, sin perjuicio de los actos heroicos del pueblo ucraniano que los medios de comunicación difunden a diario. A nivel global, Putin se aprovecha asimismo del creciente enfrentamiento entre Estados Unidos y China (una relación siempre tensa pero especialmente delicada por la histórica negativa de China a reconocer a la República de Taiwán y las continuas amenazas de usar la fuerza militar para hacerlo) pero también de una Unión Europea que no termina de encontrar “su lugar en el mundo” y da muestras claras de falta de liderazgo frente a los múltiples problemas que la aquejan y entre los cuales se puede mencionar la salida del Reino Unido de dicha espacio (el famoso “Brexit”), los dificultades presupuestales por el colapso de los sistemas de seguridad social, y la creciente inmigración extranjera, todos hechos que transforman a Europa en “un lindo lugar para visitar museos y monumentos” pero cuya pérdida de peso en el contexto internacional se acrecienta día a día.

Por otra parte, en una democracia verdadera es muy difícil convencer a la ciudadanía que vive en el confort de la Europa moderna de entrar en una guerra que nadie quiere pero puede ser inevitable para mantener las libertades y derechos de los que gozan, mientras que a Putin, al frente de una pseudo democracia donde los derechos civiles, las vidas humanas y la opinión pública le interesa menos que nada.
Por otra parte, la temeraria jugada militar de Putin tiene un coprotagonista oculto, pero no por ello menos resuelto y poderoso: China. Dispuesta a consolidarse definitivamente como una potencia mundial ante la lenta pero inexorable pérdida de protagonismo global de Europa y de Estados Unidos, China aparece como la gran ganadora en este juego de ajedrez. Sin gastar una gota de combustible para movilizar sus tropas y sin disparar una sola bala, Pekín ha matado dos pájaros de un tiro: debilita el sistema de defensa europeo (la OTAN) y la propia Unión Europea y al mismo tiempo coloca a Estados Unidos (presidido por un debilitado y vacilante Joe Biden) en una posición incómoda porque tira abajo su política de varios años de tratar de sumar a la OTAN a exrrepúblicas soviéticas integrantes de la URSS al tiempo que disminuye su papel frente al poderío y la diplomacia china.

Mientras los ciudadanos ucranianos se enfrentan a la tragedia de la guerra y los tiempos duros que seguramente deberán enfrentar, los gobiernos democráticos del mundo deben pensar, resolver y ejecutar sobre qué papel deben asumir ante este conflicto que por ahora se limita a Ucrania, pero que podría extenderse o profundizarse. Cuando Hitler anexó Austria en 1938 a través del denominado “Anschluss” no solamente estaba enterrando el Tratado de Versalles firmado en 1918 (el cual prohibía dicha unión) sino que también estaba precipitando el mapa geopolítico que llevaría a la Segunda Guerra Mundial. Pocos meses después, los países europeos volvían a permitir que Hitler continuara expandiéndose al anexar la región de los Sudetes, desmembrando la entonces Checoslovaquia gracias a un pacto firmado con Francia y el Reino Unido, países claves en una Europa débil y dividida. Han transcurrido más de 80 años desde esos actos que permitieron al líder nazi avanzar con sus nefastos planes, pero Putin parece haber aprendido muy bien la lección del líder nazi y busca repetir el expansionismo bélico a ultranza, pese a quien le pese y caiga quien caiga. → Leer más

Árboles caídos sobre el tendido del alumbrado eléctrico, voladuras de techos, derrumbes de algunas paredes en diferentes tipo de construcciones, inundaciones por pluviales en las ciudades o desbordes de los cursos de agua en su periferia son noticias que, lamentablemente, se repiten en distintos lugares del país.
Hace poco más de un mes autos flotando sin control, casas y garages inundados conformaron un escenario pocas veces visto en Montevideo luego que las intensas lluvias hicieran colapsar el sistema de pluviales capitalinos. El pasado fin de semana las ráfagas de vientos provocaron importantes destrozos en nuestra zona y otras del litoral. Hasta hace no mucho las olas de calor y la sequía golpeaban fuertemente al sector productivo mientras los incendios forestales amenazaban poblaciones cercanas.
Este breve y seguramente incompleto repaso sirve, no obstante, para visualizar que los eventos severos que está provocando el cambio climático azotan cada dos por tres en diversos lugares del territorio nacional con disímiles consecuencias, tanto materiales como humanas.
Por su parte, la ciudadanía parece tener un mayor interés en estos temas, lo cual es algo positivo si consideramos que en tiempos no muy lejanos el cambio climático era puesto en cuestión hasta por algunos líderes políticos internacionales. No obstante, hoy es una realidad que se expresa con fuerza a nivel global.
La afectación es real y en Uruguay tiene múltiples manifestaciones. Estas amenazas de origen natural, en interacción con la exposición y vulnerabilidad social, han ocasionado múltiples impactos sobre las poblaciones, las infraestructuras, los ecosistemas, la biodiversidad y el sector agropecuario.
El año pasado el Ministerio de Ambiente publicó en su página web los resultados de una encuesta que evaluó cómo los uruguayos entendemos el cambio climático, qué impactos se perciben tanto en la cotidianeidad como en la economía del país.
Esta investigación se realizó en el marco de la iniciativa Promesa Climática (Climate Promise), encargada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) junto a la Dirección Nacional de Cambio Climático de la cartera a Opción Consultores. Entre sus resultados más significativos se supo que un 88% de las personas encuestadas evalúan el cambio climático como “un problema muy o bastante importante para Uruguay” y que “la ciudadanía y el gobierno” se identifican como los principales actores responsables de mejorar la situación ambiental y enfrentar el cambio climático en el país.
Si bien un 76% declaró tener “mucho o bastante interés en la temática” solo un 42% dijo estar “muy o bastante informado”. En este sentido, el estudio concluye la existencia de un conocimiento moderado que se acompaña por una percepción generalizada de “bajo o muy bajo volumen informativo sobre la temática en medios de prensa”.
Asimismo, el 74% de los encuestados uruguayos percibe que la actividad humana es la principal causa del cambio climático, atribuyendo responsabilidades tanto a la actividad de las empresas como del comportamiento individual de los ciudadanos.
¿Qué podemos hacer? Si pensamos que el 94% de la población del país vive en ciudades, las cuales enfrentan múltiples amenazas climáticas por el aumento en la frecuencia e intensidad de eventos climáticos severos y además tenemos en cuenta que las actividades y las infraestructuras se concentran predominantemente en áreas expuestas a riesgos climáticos, es claro que necesitamos un plan para ser más resilientes, resultar menos dañados por la exposición y salvaguardar infraestructuras y vidas.
Fruto del esfuerzo de muchos años de trabajo, actualmente podemos decir con satisfacción que Uruguay cuenta con una política sobre cambio climático y planes para enfrentarlo y trabajar la adaptación y resiliencia.
Paysandú es uno de los departamentos incluidos en el proyecto binacional “Adaptación al cambio climático en ciudades y ecosistemas costeros vulnerables en el río Uruguay”, que busca aumentar la resiliencia en ciudades y ecosistemas del río Uruguay mediante el desarrollo de instrumentos, herramientas y experiencias que promuevan la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo climático.
Se prevé la adopción de medidas específicas de ordenamiento territorial y gestión de riesgos, resiliencia en zonas inundables, adaptación en viviendas de riesgo medio, reconversión de fuerza laboral y reducción de vulnerabilidad social.
El proyecto, desarrollado por la actual administración departamental conjuntamente con el Ministerio de Ambiente y el PNUD, con financiamiento del Fondo de Adaptación a cargo de CAF-Banco Latinoamericano de Desarrollo, comenzó a gestarse en el gobierno departamental anterior -que también trabajó fuertemente en la reubicación de familias afectadas por las inundaciones- y podría llegar a ser un buen ejemplo de una política pública departamental que acompaña las políticas nacionales en la materia.
En lo que concierne a Paysandú, el proyecto se propone la recuperación y resignificación de tierras vacantes en Unión Portuaria, Ledesma y otras áreas periurbanas, el desarrollo de un parque lineal para promover la recuperación de espacios degradados en la ciudad en áreas donde las familias que vivían en zonas inundables fueron reubicadas. Se incluye la implementación de un fondo rotatorio para la adaptación de viviendas, facilitando préstamos sin intereses y subsidios, además de asesoramiento técnico para la adaptación y resiliencia. Asimismo, se ha puesto en marcha una estrategia de capacitación para la reconversión laboral, que incluye asistencia técnica y seguimiento de emprendimientos asociados a la producción de ladrillos, así como de oficios tradicionales y becas para estudios de testeo de software.
Otros departamentos uruguayos litoraleños y la provincia argentina de Entre Ríos también tienen acciones a desarrollar en el marco de este proyecto y sería bueno que en las etapas que se transitan actualmente se atendiera la perspectiva de sus habitantes, facilitándoles de todas las formas posibles la necesaria información para que puedan tomar decisiones acertadas.
Vivir en una zona cada vez más afectada por las consecuencias del cambio climático demanda estrategias y acciones de diferente nivel de complejidad e inversión, que van desde la adaptación de viviendas ya existentes a la construcción de infraestructura ciudadana y residencial que –desde el momento de su planeamiento– contemplen la variabilidad climática, así como los fenómenos adversos cada vez más frecuentes. Demanda también conocer más del tema y adecuar recursos y posibilidades a la adaptación y resiliencia. Hablar un mismo lenguaje y tener la información a mano puede marcar una gran diferencia a la hora de la búsqueda de soluciones desde una mirada más abarcativa, integral y sistémica. → Leer más

El pasado lunes, como ocurre cada último día del mes de febrero, fue el Día Mundial de las Enfermedades Raras, y lo de la fecha viene a cuento porque justamente por lo raro se eligió que los años bisiestos el día caiga el 29 y los demás años el 28.

El sentido de este día es promover que se tome conciencia sobre las enfermedades raras y su impacto en la vida de las personas afectadas. Y el hecho de que se las agrupe bajo un solo nombre tiene que ver con que son muchas, muchísimas enfermedades, que afectan a pocas (relativamente pocas) personas en todo el mundo. Esto supone una dificultad, porque a menos cantidad de afectados el costo para el desarrollo de tratamientos de más elevado individualmente, al igual que por una lógica de prioridades, lo es el interés por desarrollarlo. Esto dicho en el sentido que ha expuesto la pandemia: si un mal afecta a muchas personas a la vez se movilizará cielo y tierra para encontrar un remedio. Si está bien o está mal es una valoración que depende de qué lado uno se encuentre, porque para un paciente que padece una de estas enfermedades raras no habrá nada más prioritario en el mundo.
Si bien hay diferentes criterios para incluir a las enfermedades en el grupo de las “raras”, se estima que en todo el mundo hay unos 300 millones de personas que viven con uno de estos males. De hecho, hay más de 6.000 enfermedades raras, el 80% de ellas son de origen genético y alrededor del 70% empiezan a manifestarse durante la infancia.

En Uruguay, según datos de 2018, había entre 60.000 y 256.000 personas con enfermedades raras.
Los desafíos que todos ellos enfrentan son comunes, más allá de la afectación particular que cada uno padece aisladamente.
La campaña que se lleva adelante en el marco de este día busca crear conciencia, además de en la opinión pública, en la dirigencia política, las autoridades, los investigadores y profesionales de la salud.
Para la mayoría de las personas que padecen enfermedades raras no hay hoy una cura y muchas de ellas no alcanzan a tener siquiera un diagnóstico del mal que las aqueja. En las últimas dos décadas se han conformado en el mundo numerosas organizaciones civiles para trabajar sobre esta problemática con gobiernos y poblaciones; en Uruguay, existe la Asociación Todos Unidos Enfermedades Raras, Atueru, dirigida a informar y a promover la búsqueda de soluciones.
Quienes padecen enfermedades raras deben enfrentarse a la falta de conocimientos médicos especializados y necesarios para diagnosticarlas en forma precoz, pero también al poco interés por parte de la industria farmacéutica en desarrollar medicamentos eficaces. Estos fármacos también reciben la denominación de “huérfanos”, por su elevado costo y por ser difíciles de conseguir.

De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, OMS, “las enfermedades raras van de la fibrosis quística y la hemofilia al síndrome de Angelman, con una incidencia de aproximadamente 1 caso por 15.000 habitantes, y al síndrome de trigonocefalia de Opitz, que es extremadamente raro, con un caso por millón de habitantes”.
En Uruguay el Ministerio de Salud Pública, (MSP), alberga los programas de Discapacidad y Rehabilitación y el de Niñez, que tienen como objetivo la elaboración en años venideros de un Protocolo de pesquisa neonatal y del lactante, con alcance nacional, como vía para llegar a un diagnóstico oportuno y eficaz de enfermedades raras.

En general estas enfermedades se tratan en el Centro de Referencia Nacional en Defectos Congénitos y Enfermedades Raras, Crenadecer, dependiente del BPS, un espacio que está integrado por las unidades de Medicina Embrio Fetal y Perinatal, Umefepe; la de Laboratorio de Pesquisa Neonatal y la de Diagnóstico y Tratamiento. En algunos casos se trata de enfermedades que tienen una única persona diagnosticada en el país. A partir de la Ley de Centros de Referencia (Nº 19.666), todas las personas con patologías encuadradas como enfermedades raras pueden atenderse allí independientemente de su prestador de salud. El centro es también una referencia para el Servicio Iberoamericano de Información y Orientación sobre Enfermedades Raras, una iniciativa promovida por Atueru.

Disponer en Uruguay de un servicio de estas características, que concentra infraestructura y recursos, es muy importante para los pacientes, ya que algunas de estas enfermedades requieren, además de tratamientos con medicamentos de altos costos, apoyo permanente para una mejor calidad de vida, tanto en asistentes como en sillas de ruedas especiales.
La temática se incorporó en 2019 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de las Naciones Unidas bajo la consigna de “No dejar detrás a ninguna persona que viva con una enfermedad rara”. A partir del advenimiento de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia de COVID-19, supuso un desafío adicional evitar que se relegaran demasiado los diagnósticos y tratamientos, al igual que ocurrió con pacientes de muchos otros males. → Leer más

El Día Internacional de la Mujer no es un logro del feminismo, sino de la historia. Cada jornada recuerda y conmemora la larga batalla de las mujeres por la igualdad social y laboral que aún no se ha logrado plenamente.

Mientras en Uruguay se discute por la pertinencia de concurrir o no a una marcha que estará teñida de política y de la apropiación realizada por una parte de la sociedad, en otros lugares del planeta ni siquiera será posible marchar. Las duras represiones o las difíciles condiciones de vida demarcarán el terreno tan distante entre una realidad y otra.

Porque mientras crecen los conflictos armados, habrá una gran cantidad de mujeres jóvenes, adultas mayores e incluso menores de edad que tratarán de huir de la crisis y la guerra en cualquier parte del planeta. De acuerdo a la última estadística global de 2020, las mujeres son más de la mitad de la población total de migrantes internacionales que llegan a Europa y América del Norte. Los regímenes totalitarios de cualquier tinte, empujan a ellas a salir con sus hijos y enfrentar realidades culturales que siguen invisiblilizadas. Incluso por otras mujeres.

En Uruguay, la desigualdad entre hombres y mujeres puede costar un 13 por ciento del Producto Bruto Interno per cápita. Así lo señala el Banco Mundial en un informe presentado el año pasado, donde estima que podría producir hasta 2.100 dólares más por persona, si las mujeres accedieran al mercado laboral en forma igualitaria a los hombres.

En líneas generales, ganan 31 por ciento menos por la misma tarea y la pandemia sanitaria solo agudizó un problema preexistente que reproduce la desigualdad. Por lo tanto, hay un grupo de mujeres que padecerá consecuencias económicas más extensas que el resto.
Las mujeres con baja escolarización y afrodescendientes sufren mayor vulnerabilidad y, con pandemia o sin ella, permanecen dentro de los sectores excluidos. Aún se encuentran dentro de la población que padece altas tasas de desempleo, realizan tareas de menor calidad y reciben bajas remuneraciones. Son quienes, además, dedican mayor cantidad de tiempo a las tareas de cuidado o domésticas no remuneradas.

Más allá de la politización de los derechos basados en la igualdad de los géneros, existe una realidad que es transversal en nuestra sociedad. Existe un techo de cristal que marca el límite en la cantidad de mujeres emprendedoras y empleadoras. Además, tienen menos posibilidades de continuar carreras de ciencia y tecnología y, en un mundo globalizado y tecnificado, limita sensiblemente sus posibilidades de desarrollo.
La recesión económica que tuvo un impacto global, empobreció mayormente a quienes realizaban trabajos que se suplantaron con la robótica. Sin embargo, han estado en la primera línea de defensa contra la pandemia. Ya sea porque en su mayoría cumplen tareas como personal de la salud o roles de cuidadoras en sus propios hogares o empleos. Sin embargo, su liderazgo se vio relegado y si es verdad que toda las crisis generan una oportunidad, en Uruguay nos estamos perdiendo de algo.

El sacudón de la pandemia y ahora la guerra en Europa del Este no alcanzó para aprender de las circunstancias más difíciles. Tampoco alcanzó para comprender que la igualdad es la piedra angular para el desarrollo de un país y su democracia.

En Uruguay, un pequeño grupo resolvió apoderarse del Día Internacional de la Mujer, desnaturalizarlo y utilizarlo para reivindicar su posición a favor de la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). En este caso, estará absolutamente fuera de lugar el argumento que invite a las mujeres con otras ideologías, a organizar su propia marcha a otra hora y en un lugar distinto.
Es muy factible que sus organizadores no entendieron que las mujeres deben marchar juntas por los mismos objetivos, a pesar de sus diferencias de credos religiosos o políticos u orientaciones sexuales.

En otras ocasiones ocurrió que las mismas mujeres que reclamaban igualdad, también gritaban consignas violentas a aquellas que identificaban bajo otra ideología política. Por eso, falta mucho para lograr la igualdad y equidad que exponen en sus plataformas. Porque las peores discriminaciones provienen del mismo género, antes que del “machismo” y el “patriarcado” que denuncian en sus marchas.
Este 8 de marzo será una jornada de paro y movilización resuelta por el Pit Cnt, que pudo elegir cualquier otro día y circunstancia para llevar adelante la promoción del voto rosado.

Y porque la crítica provino en primer lugar de los denominados “colectivos feministas”, otros sindicatos y la Comisión por el Sí, que solicitaron la necesidad de rever la medida. El plenario intersindical, lejos de considerar el pedido, confirmó la medida anunciada en un primer momento. Es que le resulta inaceptable demostrar debilidad ante los reclamos del “fuego amigo”.

La coalición de gobierno, obviamente, ha manifestado su rechazo a la iniciativa y algunas referentes del gobierno –como la vicepresidenta Beatriz Argimón– ven con preocupación la “politización” de la jornada y anunciaron que no participaran de las tradicionales actividades.

Estas reivindicaciones que resultan tan caras a varias generaciones de mujeres se han partidizado y teñido de un solo color, con la única mirada hacia el referéndum. Al igual que otras movilizaciones sindicales, donde se desluce el reclamo laboral porque la instancia es aprovechada bajo un único pretexto.
Mientras se reclama por la inclusión y los derechos consagrados de las mujeres, por la fuerza de los hechos dejan fuera a otras y la incoherencia pasa a formar parte de los titulares.

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