La violencia doméstica y de género es un flagelo persistente que sigue azotando nuestras sociedades y constituye una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo. Cada día, se registran miles de casos en todos los rincones del planeta, con graves consecuencias físicas, económicas y psicológicas para las mujeres y las niñas, tanto a corto como a largo plazo. Esta violencia les impide participar plenamente y en igualdad de condiciones en la sociedad.
“La magnitud de este impacto, tanto en la vida de las personas y las familias como en la sociedad en su conjunto, es inmensa”, sostiene ONU Mujeres, el organismo especializado de las Naciones Unidas.
En Uruguay, en los últimos años, este tema ha ganado visibilidad, impulsado por una creciente presión social que exige atención, con especial énfasis en la necesidad de frenar los femicidios.
Durante los primeros 10 meses de este año, se registraron 35.293 denuncias por violencia doméstica y delitos asociados. En el 70% de estos casos, las víctimas fueron mujeres. Además, se reportaron 19 homicidios de mujeres relacionados con la violencia de género en el mismo período.
Aunque en Uruguay se han logrado avances significativos en la implementación de políticas públicas para prevenir la violencia de género y atender sus consecuencias, aún queda mucho por hacer. Por ejemplo, a pesar de la creación de centros para la atención de víctimas, estos no son suficientes y no están distribuidos equitativamente por todo el país.
Uno de los avances más destacados en los últimos años ha sido la ampliación de la línea telefónica 0800 4141, que ahora está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, e incluye atención especializada para mujeres sordas. Este servicio ha atendido más de 53.000 llamadas telefónicas vinculadas a la violencia de género en el último quinquenio.
Asimismo, se han creado nuevos servicios de apoyo, como refugios para mujeres y centros especializados para varones que ejercen violencia, lo que ha fortalecido la red de protección.
Un hito importante fue la creación en 2020 de la Dirección Nacional de Políticas de Género, que ha permitido la formación de personal especializado y la instalación de comisarías especializadas en todo el país, actualmente 58. Estas comisarías han mejorado la capacidad de respuesta y proporcionan espacios seguros para que las víctimas denuncien los abusos.
Uruguay también cuenta desde 2022 con un plan nacional para una vida libre de violencia de género hacia las mujeres, creado de manera interinstitucional durante la pandemia. Este plan pone un fuerte énfasis en la prevención y sostiene que la respuesta a la violencia de género debe estar vinculada a la eliminación de todas las desigualdades en la familia, el trabajo, la educación, la salud y el territorio. Si hay violencia basada en género, no puede haber igualdad. Por ello, prevenir las desigualdades es prevenir la violencia.
En cuanto a avances legislativos, la Ley No. 19.580 de Violencia hacia las Mujeres basada en Género, sancionada en 2017, marcó un cambio significativo en la conceptualización y respuesta a la violencia de género hacia las mujeres, ampliando los derechos de las víctimas y estableciendo nuevas obligaciones para las instituciones del Estado. Esta ley garantiza el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, abarcando a mujeres de todas las edades, orientaciones sexuales, condiciones socioeconómicas, pertenencia territorial, creencias, orígenes culturales y étnico-raciales, o situaciones de discapacidad, sin distinción ni discriminación alguna.
El uso de tobilleras electrónicas para monitorear medidas cautelares también ha sido un avance relevante. En 2024, su uso aumentó considerablemente, proporcionando una herramienta eficaz para proteger a las víctimas y prevenir nuevos episodios de violencia. Entre enero y octubre de 2024, se conectaron y reconectaron 3.344 dispositivos, y en el 95% de los casos, las víctimas fueron mujeres.
Durante la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, el ministro del Interior, Pablo Abdala, destacó el aumento en el uso de tobilleras y anunció que este año se habrán invertido 240.000.000 de pesos en este equipamiento. Además, mencionó los delitos sexuales relacionados con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, informando que, entre enero y octubre de 2024, se registraron 88 denuncias por contacto informático dirigido a niños y adolescentes con el fin de cometer delitos contra su integridad sexual. Para abordar este problema, se ha creado un departamento especializado en la Unidad de Cibercrimen.
A pesar de los avances mencionados, persisten numerosos desafíos. La dependencia económica de muchas mujeres respecto a sus parejas, la desconfianza en las instituciones y el temor a represalias dificultan la denuncia y el acceso a apoyo. Además, muchas víctimas de violencia de género quedan atrapadas en un ciclo de abuso (emocional, psicológico y físico) del que resulta difícil escapar sin una red de apoyo adecuada.
La violencia de género contra las mujeres en Uruguay es un problema complejo que requiere un enfoque integral y su inclusión sustantiva en las políticas públicas. No obstante, también es esencial que, desde los distintos roles que desempeñamos en nuestra vida cotidiana, podamos contribuir a los cambios culturales necesarios para superar las actitudes machistas y que perpetúan la desigualdad de género y la violencia. Una sociedad libre de violencia de género hacia las mujeres no puede ser solo un eslogan.
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