Nacionales

Ministra Moreira dió explicaciones en Torre Ejecutiva tras polémica por vivienda adjudicada a cabildante

(MONTEVIDEO PORTAL)
La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, se reunió este miércoles en Torre Ejecutiva con el presidente, Luis Lacalle Pou, y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, ante la polémica generada luego de conocerse que la cartera otorgó una vivienda a una militante de su partido, Cabildo Abierto.

En una rueda de prensa que brindó después de la reunión, Moreira dijo que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) siguió un “procedimiento establecido” para la adjudicación. Además sostuvo que fue respaldada por Lacalle Pou, y que le mostró la totalidad del expediente de “80 fojas” al mandatario.

“Yo inicio el trámite y después no tengo nada que ver. Son los técnicos los que van a evaluar si corresponde o no, si cumple con todos los requisitos que solicita el Ministerio”, afirmó al señalar que quienes le dan seguimiento son un conjunto de técnicos.

“Una vez que recibo esa documentación, nosotros mandamos a nuestros técnicos. Hay un procedimiento, yo entrego esa documentación, pasan por todos los técnicos y son los técnicos que dicen si se le otorga o no”, dijo también la ministra. Según informó Radio Universal, la cartera había abierto un llamado para adjudicar 40 viviendas, entre ellas unas 12 bajo la modalidad de alquiler con opción a compra. En esta esta opción, se presentaron 285 aspirantes sobre 12 cupos a sortear. La secretaria de la ministra, Roel Bottari, envió un correo electrónico al director nacional de Vivienda, Jorge Ceretta, en el que manifestó que era de interés de Moreira que uno de esos apartamentos de dos dormitorios fuera directamente adjudicado a una militante de Cabildo Abierto.

Luego de realizarse esa gestión, en setiembre de 2022 la encargada de elaborar los informes sociales informó que Mónica Mabel Píriz Ciria cumplía con los requisitos para que se le asigne una de esas viviendas, como era la voluntad de la ministra. En la documentación a la que accedió Montevideo Portal, se establece que “un cupo de dos dormitorios se reservó a solicitud de secretaria de la ministra”.

LA CONVOCARÁN A LA COMISIÓN

(SUBRAYADO)
En tanto, senadores del Frente Amplio resolvieron este miércoles convocar a la ministra Irene Moreira a la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial, para que brinde explicaciones sobre este tema. “En función de versiones de prensa surgidas en el día de la fecha referidas a la entrega de una vivienda en forma directa de un edificio ubicado en la calle Nueva York y Yí, solicitamos se convoque a esta comisión a la señora ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, a fin de que brinde explicaciones sobre el tema”, reclaman desde la oposición. La solicitud está firmada por los senadores Sebastián Sabini, Charles Carrera, Liliam Kechichian, Daniel Caggiani, Sandra Lazo y José Nunes.

RENUNCIÓ DIRECTOR DE VIVIENDA

(SUBRAYADO)
El director general del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Gabriel Albornoz, renunció a su cargo por motivos personales, según consta en la carta entregada el martes a la ministra Irene Moreira, informaron fuentes políticas a Subrayado.

Dirigente de Cabildo Abierto, al igual que Moreira, Albornoz se aleja de la cartera por una situación de desgaste en su trabajo, agregaron las fuentes. Se espera que el partido que lidera el senador Guido Manini Ríos designe en las próximas horas al sucesor.
Albornoz es coronel retirado y asumió como director general de secretaría del entonces Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) el 2 de marzo de 2020. Se diplomó de Estado Mayor en 1998 en el Instituto Militar de Estudios Superiores y desempeñó varios cargos en el Ejército: fue segundo comandante logístico y de la reserva, jefe del Estado mayor personal del comandante, jefe del cuerpo de auditores, y jefe de inteligencia.

ENCUESTA

(TELEMUNDO)
Si las elecciones fueran hoy, el 41% votaría al Frente Amplio, el 30% al Partido Nacional, el 4% a Cabildo Abierto, el 3% al Partido Colorado y 1% al Partido Independiente, según reveló la última encuesta realizada por la consultora Cifra. Otro 2% dice que votaría a la coalición, sin especificar partido. El 19% restante votaría en blanco, anularía su voto, o no sabe o no dice qué votaría.

Además, de la encuesta se desprende que entre octubre del año pasado y febrero de este año la intención de voto se mantuvo muy estable: el Frente se mantenía en el 43% y la coalición disminuía un punto de 39 a 38%. Por tanto, había una diferencia de 4 puntos a favor del Frente en octubre y de 5 puntos en febrero.

Hoy disminuye dos puntos la intención de voto hacia el Frente (de 43 a 41%), se mantiene idéntico el apoyo al Partido Nacional y lo que aumenta es la intención de voto hacia los otros socios de la coalición. Por tanto, en este momento el clima electoral es de virtual empate entre oficialismo y oposición, con una diferencia de apenas un punto. Todas las variaciones observadas están dentro del margen de error de las encuestas. Lo que se puede afirmar es que el clima político es muy estable y el país sigue dividido entre la coalición y el Frente Amplio a nivel del país conjunto y también siguen estando las divisiones entre la capital y el Interior, igual que en la elección de 2019: en la capital hoy el Frente tiene una cómoda mayoría, con el apoyo del 49% de los montevideanos, mientras que apenas un tercio apoya a la coalición, una diferencia de 16 puntos a favor del Frente. En el Interior el 45% apoya al oficialismo y el 36% al Frente Amplio, una diferencia de 9 puntos a favor de la coalición.

TENENCIA COMPARTIDA APROBADA EN EL SENADO

(TELENOCHE)
La Cámara de Senadores votó afirmativamente este miércoles el proyecto de ley de corresponsabilidad de la crianza, más conocido como tenencia compartida, por lo que lo sancionó en forma definitiva debido a que ya había sido aprobado en Diputados que la había aprobado el 20 de abril con modificaciones al proyecto de ley; ahora, tras ser votado en el Senado será enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación.

El artículo 4 es el que ha generado mayor polémica porque habilita a un juez a conceder visitas a uno de los progenitores mientras esté bajo medidas cautelares por una denuncia presentada por el otro progenitor.

El senador del Frente Amplio, Charles Carrera, dijo que “¡no hay un solo estudio en el Uruguay que hable de denuncias falsas! Se llegó a esta norma sin evidencias, sin estudios y se basa lamentablemente en premisas falsas”.

El 10 de abril hubo una movilización en el Centro de Montevideo en contra de la tenencia compartida realizada por organizaciones sociales que trabajan con menores de edad que viven situaciones de violencia en sus hogares. → Leer más

Nacionales

Astesiano participó del armado de Vertical Skies para ganar licitaciones estatales, reveló el exgerente Marcelo Acuña

(M24)
Marcelo Acuña, exgerente de Vertical Skies, quien realizó el pedido de “fichas” de los senadores frenteamplistas Mario Bergara y Charles Carrera para que retiraran la denuncia contra Katoen Natie, reveló que el exjefe de seguridad del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, participó de la confirmación de su empresa, con la que ganaron varias licitaciones públicas.

En diciembre, Acuña admitió ante la Justicia que utilizaban a Astesiano para llegar al presidente Luis Lacalle Pou y que el excustodio participó de la confirmación de la firma “para el negocio de las licitaciones” públicas.

En su declaración ante la fiscal Gabriela Fossati, dijo que a través de un escribano aportado por Astesiano, en 2020 un hombre llamado Nelson invirtió en Lunacar para pujar y ganar licitaciones públicas, en las que el excustodio tenía un rol importante y por las que “seguramente” cobró alguna comisión.

“Con Astesiano hacíamos todas las coordinaciones logísticas de los actos conjuntos. Una vez que el doctor Lacalle llega al gobierno, me vuelvo a contactar con Astesiano para presentarle a la empresa. Queríamos ver la posibilidad de tener una reunión con el presidente, para ver en qué podíamos aportar”, explicó.

El militar retirado, indagado por espionaje, aseguró que tenía el 33% de las acciones de Lunacar SA, y los otros dos socios eran Mario Panizza y Claudio Domínguez.
Si bien el indagado dijo que “no fueron muchas las ventas; recién estábamos conociendo el sistema de las licitaciones”, la firma logró venderle al Ejército Nacional botas militares, a la Armada Nacional máscaras de buceo y un intercomunicador subacuático y a UTE un dron y un software por un millón de dólares.

Acuña también declaró que Mario Fraud, gerente del Grupo Sur Seguridad, fue quien le solicitó el armado de fichas contra los legisladores frenteamplistas: “Fraud me dijo que querían las fichas de Bergara y Carrera porque al parecer estaban siendo sobornados por Montecon”.

Indicó que Fraud le pidió información al menos cuatro veces, en reuniones presenciales (una de ellas en el supermercado Disco) y por mensajes de texto y llamadas telefónicas, ya que no usaba WhatsApp.

Fraud negó la versión de Acuña e indicó que el exmilitar llegó a su casa en diciembre para pedirle ayuda por la situación en la que se encontraba: “Me dijo que estaba enganchado con el tema de Astesiano y lo de los senadores, y me preguntó si podía darle una mano con algo. La explicación que me dio es un poco insólita, me dijo: ‘Mirá, vos sos un perejil, no estás metido en nada, a vos no te va a pasar nada’. Le dije que se fuera de inmediato de mi casa, porque no quería tener problemas”.

ENCUENTRAN MUJER CON SEÑALES DE TORTURA

(SAUBRAYADO)
Una mujer fue encontrada desnuda, esposada y con lesiones en la cabeza y el pecho en su vivienda de la zona de Cordón en Montevideo. Pasadas las 19.30 de este sábado, la Policía recibió un llamado al Servicio de Emergencias 911 que alertaba sobre la supuesta presencia de una mujer esposada y desnuda en las calles Chaná y Acevedo Díaz.
Al llegar al lugar, los efectivos ingresaron a la vivienda y encontraron a una mujer en esas condiciones y con lesiones en su cabeza y en el pecho. De inmediato fue solicitada la presencia de una emergencia médica móvil. Fuentes del caso dijeron que la mujer de 22 años estaba tirada con agujas varias en los pezones. En la vivienda no se encontraba nadie más.

La Fiscalía de Delitos Sexuales investiga de oficio el caso, que coincide con prácticas sexuales sadomasoquistas. Si bien no hubo denuncia de abuso, la Fiscalía decidió iniciar de oficio una investigación de lo sucedido en la vivienda donde fue hallada la mujer. El caso fue asumido por Federico Pion, el fiscal adscripto de la Fiscalía de Delitos Sexuales de 6° turno cuya titular es Alicia Ghione.

La joven se encuentra hospitalizada y recibe asistencia de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía. La investigación recién comienza y por el momento no hay personas detenidas.

NEGOCIACIONES DE EMPRESAS DE SUPERGÁS CON MTSS

(TELEMUNDO)
Dos empresas del rubro supergás anunciaron el despido de 53 trabajadores. La distribuidora Riogas despidió a 26 operadores de la planta de envasado y Acodike tomó la misma medida con 27 trabajadores.

Riogas argumentó en un comunicado interno que los despidos se deben a que desde el 1º de marzo cambiaron las condiciones contractuales y comerciales que rigieron durante 15 años en el envasado de supergás. Según indicaron, eso implica que la empresa esté haciendo frente a “nuevos y significativos” costos por arrendamiento e inversiones.

Hasta el 28 de febrero las plantas estaban arrendadas por Gasur (40% propiedad de Ancap, 30% de Acodike y 30% de Riogas). El año pasado Ancap anunció que esos contratos no se renovarían con las mismas condiciones y por eso realizó un llamado a licitación para los próximos contratos de alquiler. Una de las plantas fue arrendada por Acodike y la otra por Riogas.

Desde Ancap enviaron un comunicado en el que señalan que la regulación relacionada con el cálculo de los márgenes de envasado y distribución está fuera de la órbita de Ancap y no se han producido cambios respecto de lo que sobre ellos se establecía en los contratos.

Este sábado se realizó una extensa tripartita entre los integrantes del gremio de Trabajadores de Supergás, las empresas y el Ministerio de Trabajo para buscar una salida al conflicto. De no llegar a una solución que revierta los despidos, el gremio prevé la afectación de las tareas de envasado. → Leer más

Nacionales

Enfermeros asisten a bandas delictivas de forma clandestina por dinero o el temor a represalias contra ellos y sus familias

(El País)
Después de detectar que varias de las personas que llegan a las policlínicas o son detenidas y tienen heridas de bala o de arma blanca que luego se infectan pero fueron curadas en un principio, la Policía realizó investigaciones.
“Tenemos información de que hay ciertas personas que, utilizando su acceso a la medicina, hacen curaciones de forma ilegal”, dijo a El País una fuente de investigación policial. Se trata de enfermeros o auxiliares que son vecinos de los integrantes de las bancas delictivas y, a raíz de ese contacto estrecho, los delincuentes los fuerzan a curarles las heridas que son más leves.
También se trata de enfermeros que son familiares de los integrantes de las bandas o conocidos de ellos y aceptan curar estas heridas porque es “plata fácil”, aunque en su mayoría lo hacen por miedo a que les puedan hacer algo a ellos o a su familia si se niegan a asistirlos.

La intención de esas bandas es evitar los centros de salud porque, por reglamento, cuando ingresa un herido o accidentado por heridas de arma de fuego, arma blanca o siniestro, deben dar aviso a la Policía. Y las autoridades en primer lugar buscan en su base de datos si la persona está requerida.
“Hemos parado gente que, al revisarlos, vemos que tienen heridas de arma de fuego de dos, tres semanas, que fueron atendidas aunque sin un tratamiento formal en hospitales y por eso las tienen supurando. Eso quiere decir que alguien le prestó un auxilio médico, pero al verificar el sistema constatamos que ese herido no está registrado en el sistema de salud. Eso se da muchísimo y justamente a través de los testimonios de los vecinos estamos intentando llegar a quiénes son esos funcionarios de salud y por qué ayudan a los delincuentes”, detalló la Policía.
Entre enero de 2019 y julio de 2022, a los centros de salud de Piedras Blancas, Hipódromo, Cerro y el Hospital Maciel ingresaron en total 4.661 personas por heridas con armas, lo cual representa un promedio de 110 ingresos por mes, según la respuesta a un pedido de acceso a la información pública hecho por la diputada cabildante Elsa Capillera al Ministerio de Salud Pública (MSP).

En el detalle por año, se indicó que en 2019 ingresaron 1.198 baleados a esos centros de ASSE. En 2020 el número aumentó a 1.367 y en 2021 siguió la tendencia de incremento con 1.410 heridos.
Según los investigadores de la Policía, las bandas a gran escala, como lo fue la de Los Suárez, tienen un “enfermero propio” a quien le pagan regularmente por curaciones clandestinas. “Abogados, enfermeros, conexión con otras instituciones, todo eso tienen estas personas de gran nivel delictivo”, relató la misma fuente.
Cuando la banda de Los Chingas dominaban el barrio Borro tenían sus propios enfermeros y, al hacer allanamientos, la Policía encontró personas heridas que estaban siendo atendidas por expertos en enfermería. De todas formas aclaró que Uruguay está lejos de parecerse a Colombia o México, donde existen grandes hospitales clandestinos para atender a los miembros de clanes de narcotraficantes.

INTERIOR PRESENTÓ DENUNCIA PENAL POR CASO CARRERA

(LA DIARIA)
El Ministerio del Interior (MI) presentó una denuncia penal por presuntas irregularidades en la atención de la expareja del senador frenteamplista Charles Carrera en el Hospital Policial, entre 2010 y 2012, mientras Carrera se desempeñaba como director general de Secretaría en esa cartera. La Fiscalía será la que determine quiénes serían los implicados.
Esta nueva acción se enmarca en la investigación administrativa que inició la secretaría de Estado de Luis Alberto Heber en agosto del año pasado, luego de que se conoció que Carrera le brindó apoyo a un vecino que recibió un disparo que lo dejó parapléjico mientras transcurría una fiesta en la casa de quien entonces era subcomisario de La Paloma. El MI denunció a Carrera por abuso de funciones y anunció que iría contra el patrimonio del legislador por los gastos de atención de la víctima, que estimó en 260.000 dólares.

La investigación administrativa culminó y al entender de la cartera se constataron hechos “de apariencia delictiva” en el uso de los servicios del Hospital Policial por parte de la expareja de Carrera, que habría hecho uso de ellos en 42 oportunidades, pese a ser civil. El MI interpreta que al servicio Sanidad Policial le compete la atención exclusiva de funcionarios policiales en actividad y en retiro y familiares de estos, acorde a lo que establece el artículo 140 del Decreto Ley 14.416, de 1974. Por el contrario, la Ley 13.640, de 1967, propone un alcance más amplio, en tanto establece que “atenderá al personal dependiente del Ministerio del Interior y familiares a cargo del funcionario, así como también a los jubilados y pensionistas policiales y familiares a su cargo”.

RECIENTES HOMICIDIOS RELACIONADOS CON NARCOTRÁFICO

(LA RED 21)
Los últimos homicidios ocurridos en distintos puntos del país han generado gran preocupación en la sociedad. El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, sostuvo que muchos de estos casos están relacionados con el narcotráfico y el consumo de drogas.
El aumento de la violencia en el país ha llevado a las autoridades a tomar medidas más drásticas para enfrentar el problema. Sin embargo, según González, es necesario abordar la raíz del problema: el narcotráfico.
De acuerdo al jerarca, la mayoría de los últimos homicidios están relacionados con el tráfico de drogas. Sostiene que el narcotráfico ha generado un mercado negro en el país, que a su vez ha generado violencia y delitos relacionados con las drogas.

González señaló que los homicidios que tienen lugar en los barrios más pobres de Uruguay están relacionados con el narcotráfico. La solución al problema de la violencia en Uruguay pasa por abordar el problema estableciendo políticas que permitan la regulación del mercado de drogas, de manera que se reduzca la violencia y se controlen las actividades de las bandas criminales. → Leer más

Nacionales

Lacalle Pou tras condena a Astesiano: “la Justicia habló”; imputaron a un policía que ayudó a hijo de excustodio

(el país-el observador)
El presidente de la República, Luis Lacalel Pou, consideró que ya no le corresponde opinar sobre el caso de su excustodio Alejandro Astesiano, luego que este llegara a un acuerdo abreviado con la fiscal Gabriela Fossati y recibiera una condena de cuatro años y seis meses de prisión, además de una multa de 100 UR.

“Quiero simplemente referir a lo que dije siempre cuando me entrevistaron por este tema. Decía: ‘está en la Justicia’. Hoy la Justicia habló”, señaló el mandatario luego de participar en la inauguración de las nuevas obras en el centro Tiburcio Cachón. Consultado si el tema estaba cerrado con la condena a Astesiano volvió a responder: “la Justicia habló”. En una rueda agregó que ya no le correspondía opinar sobre el tema y que quienes hicieron un “uso político” del caso deberán ser quienes respondan. El juez Alejandro Asteggiante accedió al acuerdo alcanzado por la defensa del exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, y la fiscal Gabriela Fossati. En el acuerdo de juicio abreviado, la fiscal imputó los delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias, violación de secreto y conjunción de interés público, y pide una condena de cuatro años y seis meses de prisión y una multa de 100 UR. Al iniciar la audiencia, la fiscal Fossati señaló que solicitó esta instancia por “múltiples objetivos”, y que el acuerdo con la defensa de Astesiano va a tener como alcance “todas las causas”.

El acuerdo, señaló Fossati, alcanza a todos los delitos. Existen casos en los que no se comprobó la existencia de ningún delito, como el pedido de permiso que realizó un exjugador de Peñarol para abrir un boliche en Canelones, o el contacto con Henry de León por una multa a su empresa de seguridad. Fossati especificó que Astesiano ha sufrido una “investigación paralela” por parte de los medios de comunicación con hechos que no configuran delitos, dijo. El abogado de Astesiano pidió también que finalicen las medidas de seguridad que pesan sobre su defendido en la cárcel, que “restringen su movilidad”. “Astesiano quiere ser un recluso más”, dijo Marcos Prieto. El condenado será trasladado a la Unidad 6 de Punta de Rieles.

Por otro lado, luego de lograr la condena de Astesiano, la fiscal Fossati cerró ayer otro acuerdo abreviado vinculado al caso que involucra al excustodio presidencial. Un policía aceptó una condena a seis meses prisión, que cumplirá en régimen de libertad a prueba, por “revelación de secretos” y “conjunción de interés personal y público”. Se trata del funcionario de la Zona 4 de Montevideo que le había recomendado a Astesiano cómo tenía que declarar su hijo en el caso de la receptación de una moto robada en el que aparecía involucrado. Una serie de chats entre Astesiano y este policía en poder de la investigación revelaron que le avisó que, ante la orden de la fiscal, debería citar al hijo a declarar. Le pide que también consiga “a quién le compró la moto” y advirtiéndole por adelantado sobre las preguntas que se le harían. Se le recomienda incluso qué tiene que declarar y que sea “corto y conciso”.

La moto de referencia fue recuperada luego de un hecho que fue denunciado como “rapiña” en que las dos personas habrían amenazado al hijo de Astesiano y se la llevaron. En paralelo, el policía ahora condenado le pedía al excustodio si podía interceder ante el Ministerio del Interior para lograr su traslado a Rivera, que había pedido previamente sin resultados. Este policía deberá cumplir servicios comunitarios de dos horas semanales durante dos meses, además de recibir una inhabilitación especial de dos años y tener que pagar una multa de 20 UR.

CARRERA SE DESMARCÓ

(EL OBSERVADOR)
El senador del Frente Amplio (FA), Charles Carrera, se desmarcó de Gustavo Leal y aseguró que la visita que realizó el exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana a los padres de Alejandro Astesiano en Barra del Chuy “no tiene ninguna relación” con el partido.

“No fue en nombre del FA, eso debe quedar claro”, señaló el dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP). Leal deberá declarar este jueves ante la fiscal Gabriela Fossati, luego que Astesiano presentara una denuncia a las autoridades carcelarias de Punta de Rieles cuando se enteró que el referente de seguridad del FA visitó a sus padres. Tras esa denuncia, la fiscal Fossati Citó a Leal a declarar como testigo. Hasta el momento Leal ha mantenido silencio sobre las razones por las que se reunió con los padres de Astesiano y pidió esperar hasta hoy, luego de la declaración, para dar su versión de los hechos y lo mismo pidió a sus correligionarios del Frente Amplio. Consultado sobre el tema, Carrera sostuvo que suele asistir en representación del MPP a los ámbitos internos de discusión del FA y que la visita de Leal a los padres de Astesiano “nunca se discutió”.

IMAGENOLOGÍA MOLECULAR AL INTERIOR

(PRESIDENCIA)
El Centro de Imagenología Molecular (Cudim) en la ciudad de Melo será el primero de su tipo ubicado fuera de Montevideo, demandará una inversión de 2.500.000 dólares y está previsto que comience a funcionar entre fines de 2023 y el principio del año próximo.

La futura sede del centro, primero en el interior de Uruguay, comenzará a funcionar tras un acuerdo entre ASSE y Cudim, con un resonador de última generación y una cámara de medicina nuclear.

El presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, dijo que la instalación del Cudim en el hospital de Melo es una buena noticia, no solo para el departamento de Cerro Largo, sino para toda la Región Este, que comprende los departamentos de Cerro Largo, Lavalleja, Maldonado, Rocha y Treinta y Tres. Además, consideró que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los usuarios.

TORMENTAS “PUNTUALMENTE FUERTES”

(inumet)
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial por tormentas “puntualmente fuertes” desde hoy jueves.

Según informó el organismo, desde la mañana de hoy “se espera una desmejora que afectará principalmente el litoral oeste y norte del país con tormentas puntualmente fuertes”.

Meteorología adelantó que las condiciones comenzarán a mejorar mañana viernes “con un marcado descenso de las temperaturas e incremento del viento en zonas costeras del sector sur y Este”.

Sin embargo, no se esperan precipitaciones generalizadas en todo el territorio. → Leer más

Nacionales

Cipriani defendió compra de traslados a empresa marítima porque “evitó muchas muertes”; FA reclama documentación

(EL OBSERVADOR)
El presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, defendió la contratación de la empresa marítima ITHG Proveedores Marítimos S.A.S, por $534.779.424, para que realizara traslados de emergencia móvil del SAME 105 durante la emergencia sanitaria. “El ahorro que esto ha generado es millonario y se descongestionaban los hospitales para que no se generaran las colas de espera. Esta modalidad de trabajo es un cambio de paradigma”, dijo en rueda de prensa a la salida del Parlamento.

El semanario Búsqueda informó que el SAME 105 contrató a la empresa mencionada por $534.779.424 por 39.246 traslados médicos entre junio de 2021 y octubre de 2022. En conferencia de prensa realizada ese día, señaló que, durante la pandemia, la demanda de ambulancias en los prestadores privados de salud estaba “saturada” por lo que se decidió realizar un “breve llamado a precios” para conseguir ambulancias para que fueran operadas por el SAME. “Fue un llamado a precios muy breve presentado para conseguir los insumos para operar nosotros. Se presentaron cuatro empresas, de las cuales una se consideró más oportuna por el precio y el servicio”, afirmó.

Consultado sobre si no debía investigar los antecedentes de la empresa, el director del SAME, José Antonio Rodríguez, respondió negativamente. “A qué se dedica el que me alquila ambulancia, qué razón social tiene, o cómo está estructurada no es metier de la unidad ejecutora. Si la empresa me ofrece condiciones que yo necesito y el precio es razonable no hay ningún problema. Yo puedo alquilar una ambulancia a cualquier empresa si es que tiene y no necesitamos la autorización del Ministerio de Salud Pública”, aseguró.

Cipriani explicó que el procedimiento de contratación, “permitió que SAME 105 pudiera cumplir con el momento de la emergencia sanitaria. Cuando llegamos a ASSE, el servicio de SAME contaba con solamente 19 ambulancias y trabajan 7 o 8 de esas ambulancias. Y contratabas al resto de prestadores y al resto de ambulancias para que cubran el servicio”, relató.

“Lo que ocurrió a nivel de la pandemia fue incorporar móviles nuestros y pasar de 19 a 36 ambulancias y contratamos ambulancias a la orden. Ambulancias que estén a disposición y que sean gestionadas por SAME. Para eso se hizo un procedimiento de llamado a precios. Dos instituciones se presentaron, y después respondían que no podían cubrir los servicios. Así que esta empresa ITHG empieza a arrendar insumos, no a brindar los servicios. De ambulancias y de personal y todas a disposición de SAME”, aseveró. “Eso permitió que SAME pudiera crecer de 5 a 6 veces más. Hizo un servicio eficiente y evitó muchas muertes. Es un buen modelo para que continúe”, señaló.

“Acá se contratan insumos, no servicios. Hay un punto que consideramos importante aclarar, se habla de $530 millones pero los valores en salud esos son normales, de hecho en 2015 se gastaron $514 millones en modalidad de compra directa también en SAME y no había pandemia. Esta empresa realizó 47.000 procedimientos en ASSE entre traslados e internaciones a domicilio, y también ahí ahorramos días de internación porque permitió que hubiera más traslados”, aseguró.

La diputada del Frente Amplio, Lucía Etcheverry, señaló que durante la comparecencia de Cipriani no se mostró documentación que permita saber que no estaba alejado de “toda norma”. “Innovar no aplica ignorar las leyes. Estamos hablando de un organismo público. Si se quiere innovar hay que modificar. La verdad que tenemos más dudas. Sobre todo porque cuando preguntamos cómo se llegó a esa empresa, te dicen que no saben. Hay que dedicarle muchísima seriedad porque es el dinero de todos los uruguayos y la salud de todos los uruguayos”, afirmó. “¿Se puede innovar? Por supuesto, pero no es a mi antojo. Nos preocupa que ese volumen de dinero haya ido a una sola empresa que no es una empresa vinculada a la salud”, agregó el diputado Luis Gallo.

NEGOCIAN DESIGNACIÓN

(EL PAIS)
En un mes comenzarán a negociar en el Parlamento el nombre de la persona que sustituirá al fiscal de Corte, Juan Gómez, y la integración de la Corte Electoral.

En 2011 y 2012, los entonces senadores Gustavo Penadés del Partido Nacional, y Lucía Topolansky del Frente Amplio, tuvieron un mayor protagonismo en las negociaciones para la designación del abogado y exjuez, Jorge Díaz, como fiscal de Corte. El 5 de octubre de 2021, Díaz renunció a su cargo y dejó al frente de la Fiscalía al fiscal adjunto, Juan Gómez. Durante esta administración, las negociaciones para nombrar a un nuevo fiscal de Corte fueron tirantes entre la coalición de gobierno y el Frente Amplio. Al punto tal que hasta este momento no se alcanzaron las mayorías especiales que son necesarias para su designación en el Parlamento.

Días atrás, de manera informal, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, transmitió a algunos coordinadores de los partidos de la coalición de gobierno que los invitará, después del 1° de marzo cuando termine el receso legislativo, a una reunión para analizar las prioridades parlamentarias de este año. Según supo El País, en el encuentro el senador blanco Gustavo Penadés planteará la necesidad de buscar acuerdos dentro de la coalición sobre un posible nombre para ocupar la titularidad de la Fiscalía de Corte para luego negociar con los representantes del Frente Amplio, Liliam Kechichian y Charles Carrera. Penadés dijo que, en este período de gobierno, no habrá renovación de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia ni del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) porque no hubo acuerdos entre la coalición y el Frente Amplio. Las vacantes de ambos organismos se ocuparon por antigüedad. Tampoco habrá cambios en la integración del Tribunal de Cuentas de la República (TCR). En junio del año pasado, en la Rendición de Cuentas se estableció que, en caso de que Gómez solicitara licencia, su cargo será ocupado por los fiscales Mónica Ferrero y Enrique Rodríguez, con mayor antigüedad en sus cargos. Por el momento, Gómez no salió de licencia.

Según Penadés, si no hay acuerdo entre la coalición de gobierno y el Frente Amplio, Ferrero y Rodríguez quedarán al frente de la Fiscalía. Una fuente del Partido Nacional dijo a El País que el nombramiento de nuevas autoridades en la Fiscalía se transformó en un tema que ganó importancia en los últimos meses porque ello estabiliza al organismo. Además, sostuvo que Gómez generó mucha expectativa cuando quedó al frente de la Fiscalía de Corte luego de su destacada trayectoria como fiscal de Homicidios donde debió investigar casos que sacudieron a la opinión pública. “Pero después su figura cayó en la consideración pública. Cabildo Abierto lo cuestiona”, dijo la fuente nacionalista.

El senador de Cabildo Abierto, Raúl Lozano, afirmó a El País que Gómez cometió errores por decir que no hubo un allanamiento a la Radio Azul FM y luego un jerarca de la Policía lo desmintió. → Leer más

General

Trasiego de mercadería según nivel de ingresos

Utilizar la información sobre los habitantes que tiene el gobierno nacional, para establecer franjas de residentes en el litoral oeste de escasos y muy escasos recursos, a quienes proporcionar una tarjeta especial que les permita compras por una mayor cantidad de kilos en Argentina, fue una de las ideas que el expresidente José Mujica planteó a los representantes del grupo Vecinos Por la Frontera, que lo visitó en la chacra donde reside. Asimismo, también se puede establecer las personas en las franjas superiores de ingresos, que no necesitan comprar comestibles ni combustible en el vecino país.
Sergio Rodríguez Heredia, referente del grupo dijo que fue “fructífero” el viaje a Montevideo que permitió que se entrevistaran con Mujica, la intendenta de Montevideo Carolina Cosse y el senador Charles Carrera. “Inicialmente habían coordinado una reunión con Argimón, pero la misma luego de ser concedida, fue suspendida”, recordó.

Rodríguez Heredia explicó que “Mujica nos hizo ver que la informatización que tiene el Estado, el nivel de información de las personas, es suficiente como para poder tomar algunas medidas que ayuden a resolver la diferencia cambiaria, en parte. Y va por el lado de establecer aquellos que tienen más derecho de comprar en Colón, porque viven una situación más complicada. Quienes no tienen empleo, hacen changas, integran un grupo. En la otra punta, los pudientes en realidad no necesitan, para asegurar su subsistencia, comprar un surtido en Colón. Si alguien gana 10.000 pesos por mes, aun si lo gasta todo en Colón, no impacta en la crisis del comercio. Pero si alguien que gana 100.000 pesos –por ejemplo– compra todo lo que necesita y usa todos los servicios que precisa en Colón, sí es un problema grave”. → Leer más

Nacionales

Cipriani aseguró que inversión en medicamentos aumentó 50%

(TELENOCHE)
Al salir de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados, el presidente del directorio de ASSE, Leonardo Cipriani, aseguró que el faltante de medicamentos pasó de tres a cuatro, pero de estos cuatro fármacos hay cinco variantes que tienen el mismo principio activo.
Por lo tanto en plaza estaría faltando un medicamento que, según los argumentos de ASSE, tiene que ver con un tema de mercado y no con un problema del prestador estatal. En tal sentido, Cipriani trató de juego político y de relato la postura del Frente Amplio, teniendo en cuenta que ASSE aumentó el presupuesto para todas las áreas.
Desde ASSE aseguran que no faltan medicamentos ni se ha comprado menos, como sostuvo un reciente documento elaborado por el senador Charles Carrera y el médico Federico Preve.
Cipriani señaló que el informe de Carrera parte de un “gran desconocimiento sobre la gestión del medicamento, técnicamente mal planteado y genera alarma pública en los sectores más vulnerables”.
ASSE tiene un vademécum con 974 medicamentos y en el pedido de informes se solicita por 32 medicamentos, un 3,3% del total, según informó el director de Medicamentos, Jorge Moreale. Los directores de los hospitales departamentales de Cerro Largo, San José, Paysandú y Artigas brindaron informes coincidentes sobre la mayor compra de medicamentos y existencia de stock. → Leer más

Nacionales

Abogado de Astesiano: “hay falta de pruebas, hacía su trabajo” y sufre un juicio “más mediático que jurídico”

(La diaria-Radio Sarandí-M24)
Marcos Prieto, abogado del exjefe de seguridad de presidencia, Alejandro Astesiano, brindó declaraciones a la prensa este lunes en las que confirmó que el caso sigue en el mismo estado que la última vez que su cliente declaró. Apuntó a que hay una diferencia entre el juicio “jurídico”, en el que asegura que “no hay pruebas” contra Astesiano, y el juicio “mediático” que se disputa a través de los chats divulgados por la prensa.
Según comentó Prieto, hay algunos hechos en los que reconoce que la “actitud” de Astesiano se puede haber “apartado de lo esperado” y en esos casos su cliente “pagará lo que tenga que pagar”. Por ejemplo, se mencionó el hecho de que pidiera favores personales, que involucran a su hijo y a su hija, a las jerarquías policiales: “Es una conducta de un ciudadano que se pudo haber apartado o no, o pudo haber pensando como padre. Tendrá que pagar sobre ese hecho puntual, pero es diferente al escándalo público”, opinó.
También fue cuestionado por el hecho de que pidió información, a nombre del presidente, sobre la investigación de denuncia de violación hecha por una adolescente en una fiesta del Partido Nacional. Al respecto, Prieto aseguró que lo hizo a título personal, aunque en el chat mencionaba al mandatario, y afirmó que “la pidió por sí, con el afán de informar”.
En el resto de los casos, la línea que sostiene Prieto es que Astesiano cumplía con su trabajo. “Tenemos que hablar de la custodia de cualquier mandatario en cualquier parte del mundo, siempre va a estar relacionado con los sistemas de Inteligencia, no debe haber un sistema de Inteligencia del mundo que no esté relacionado con quien esté a cargo de la seguridad del primer mandatario”, argumentó.
Asimismo, apuntó sobre la “falta de reglamentación” de las funciones de los cargos relacionados a la seguridad presidencial: “acá lo que nos está faltando es reglamentar o llevar a papel lo que los funcionarios policiales deberían hacer con un cargo como la custodia del presidente, y si Astesiano se apartó de la conducta que se espera de él va a pagar lo que tenga que pagar; pero el tema acá es un problema grande que hay entre esa función y la relación de trabajo con los policías”.
Prieto aseguró que “es más un juicio mediático que un juicio jurídico” y que “lo jurídico sigue exactamente igual. A nadie se le ha imputado un nuevo delito”. Por ejemplo, continúa sosteniendo que en relación a la red que falsificaba documentos para obtener pasaportes rusos no hay pruebas contra su cliente: “En ningún lugar de la carpeta investigativa dice que Astesiano haya entregado un pasaporte, lo haya dado o pedido. No hizo nada, más que decirle al otro imputado sí lo vamos a hacer, nos hacemos millonarios”.
Sobre el pedido de espionaje a los senadores del Frente Amplio, Mario Bergara y Charles Carrera, dijo que “ni fue idea de Astesiano, simplemente se lo piden a él; no facilita nada”. “No hizo nada, no levantó el teléfono, no pidió fichas”, e insistió que el dinero que recibió por parte de quien pidió el espionaje fue una devolución de un dinero que había prestado.

DETECTARON 5.649 CASOS DE COVID-19; 12 FALLECIDOS

(MSP)
En la semana que va del 1º al 7 de enero se realizaron 21.389 tests de COVID-19 y 5.649 dieron positivo. La cifra representa una baja respecto a la semana anterior, cuando se detectaron 8.957 casos nuevos.
Hay 5.165 casos activos, mientras que en el reporte anterior se identificaron 8.285.
No obstante, se registró un aumento en la cantidad de personas fallecidas por la enfermedad. Mientras que entre el 25 de diciembre y el 1º de enero hubo 10, esta semana hubo 12.
Respecto a la disponibilidad de la camas de CTI, el MSP informó que 53,8% están ocupadas, pero sólo 6,4% son por casos de COVID-19.

ASSE CESÓ A MÉDICO EN SALTO POR TRABAJAR ALCOHOLIZADO

(TELEMUNDO)
La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) dispuso el cese inmediato de un médico de Villa Constitución (Salto) luego de comprobarse que asistió a trabajar alcoholizado. El profesional se encontraba de guardia cuando debió atender a un paciente luego de una fiesta multitudinaria a cargo de la Intendencia de Salto y la alcaldía de Villa Constitución, detalló ASSE en un comunicado. Si bien el hombre no era usuario de ASSE, fue trasladado y atendido en policlínica por personal médico del prestador público de salud.
Sin embargo, el médico estaba alcoholizado. La familia del paciente denunció la situación ante la Policía y se le realizó la espirometría al médico, que constató un resultado positivo de 1,26 gramos de alcohol por litro de sangre. ASSE inició entonces una investigación administrativa que culminó con el cese del trabajador por mala conducta.

HUELGA DE HAMBRE DE JORNALES SOLIDARIOS

(MONTEVIDEO pORTAL)
A partir de las 19 horas, cuatro personas que accedieron a los Jornales Solidarios comenzarán una huelga de hambre por tiempo indeterminado frente a la Torre Ejecutiva.
El expresidente de la Federación Ancap, Gerardo Rodríguez, está brindando su apoyo y asistencia a la iniciativa. En octubre, a pedido del Congreso de Intendentes, el gobierno resolvió extender por dos meses el programa que brindó en principio oportunidades laborales para 15.000 personas, que trabajaron alternadas por un pago de $ 12.500. En un breve comunicado divulgado este martes, las cuatros personas que en principio comenzarán con la huelga de hambre expresaron: “Queremos comunicar que en el día de mañana, martes 10 de enero, a las 19 horas, comenzaremos una huelga de hambre frente a Torre Ejecutiva en protesta por la no respuesta a nuestra situación laboral. El 31 de diciembre de 2022, 10.000 uruguayos pertenecientes al plan denominado Jornales Solidarios, implementado por el gobierno nacional quedamos sin trabajo. Por tal motivo hemos tomado la decisión de iniciar dicha huelga, buscando y esperando una justa y pronta solución a nuestra grave problemática, que se acrecentó con la decepción del gobierno nacional de soltarnos la mano”. → Leer más

Nacionales

Deudores, crianza y juego online, prioridades de la coalición para 2023; desde la oposición proponen una “agenda intensa”

(El País-La Diaria)
Para el año que recién comienza, el Partido Nacional insistirá con la aprobación de las apuestas online de los casinos radicados en Uruguay, que ya se aprobó en el Senado y se discute en Diputados. Pero también está entre las principales preocupaciones blancas que sea ley la iniciativa del Poder Ejecutivo que pretende que todos los sindicatos tengan personería jurídica, cuya aprobación quedó en pausa porque Cabildo Abierto quiere que también estén obligados los gremios a tener voto secreto.

También está en carpeta de los nacionalistas –y de los cabildantes– que los diputados lleven a buen término el proyecto que tiene como objetivo dejar a texto expreso el principio de la corresponsabilidad en la crianza de los hijos de padres separados, incluso en caso en que uno de los progenitores haya sido denunciado por presunta violencia.

Los colorados tienen intereses diversos: por un lado –aunque se trata de un tema de afinidades o antipatías filosóficas antes que políticas–, Ciudadanos tiene entre manos el proyecto del diputado Ope Pasquet de legalizar la eutanasia para los enfermos terminales.

Y, por otro, está también la búsqueda de una solución a problemas como el alto desempleo y la diferencia cambiaria con Argentina que impacta en el litoral y que inquieta especialmente desde hace meses al senador batllista Germán Coutinho. En Cabildo Abierto, el socio más “demandante” del oficialismo, al decir de la vicepresidenta Beatriz Argimón, está claro que encontrar una solución para cerca de un millón de uruguayos endeudados es una de las máximas prioridades: había un acuerdo de hecho en el oficialismo, y este casi se aprueba en el Senado en noviembre, pero por reparos de los nacionalistas que surgieron en último momento quedaron por el camino.

“Nos gustaría que salga con los votos de todos los partidos”, afirmó el senador Guillermo Domenech, que por estos días estudia una propuesta del frenteamplista Charles Carrera. Precisamente desde filas del Frente Amplio, el senador e integrante de la comisión permanente Sebastián Sabini dijo que el viernes 13 realizarán una reunión de bancada y el martes 17 convocarán a una sesión de la Comisión Permanente y presentarán las mociones para convocar a los ministros del gobierno.

La intención es impulsar una agenda de trabajo “bastante intensa”, sobre todo después de la segunda quincena de enero y en febrero.

La semana pasada la oposición anunció que era muy probable que llamara a sala a los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior, Educación y Cultura junto a la Administración Nacional de Educación Pública, Industria, Energía y Minería y Economía y Finanzas.

En esa línea, Sabini sostuvo que se abordarán los temas que “preocupan a la gente”, como los vinculados al “aumento de las tarifas y combustibles”; a la “corrupción”, donde es muy probable que el FA haga “foco con el caso Marset”; a la seguridad y a la educación, con énfasis en la transformación educativa y comienzo de cursos. La oposición se propuso “mantener una agenda intensa”, porque si bien hay receso parlamentario, “no estamos de vacaciones”, apuntó Sabini. “Tenemos una comisión que tiene un rol de contralor y desde allí nos paramos. La comisión permanente no legisla, pero evidentemente el que pone el ritmo –de su actuación– es la oposición. En ese sentido, no se trata de inventar temas, son temas que tienen que ver con las vidas de las personas”, expresó.

LACALLE POU CONDENA VIOLENCIA EN BRASIL

(EFE)
Uruguay condenó este domingo los actos de violencia de Brasil en los que miles de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro irrumpieron en las sedes de la Presidencia, Parlamento y Corte Suprema, al tiempo que hizo un llamado a respetar el Estado de derecho.

“Lamentamos y condenamos las acciones llevadas a cabo en Brasil que atentan contra la democracia y las instituciones”, expresó el presidente Luis Lacalle Pou, en un mensaje a través de la red social Twitter.

De igual manera, la Cancillería manifestó a través de la misma red social su rechazo a los hechos en el vecino país. “Uruguay condena los episodios de violencia contra las instituciones en Brasil y hace un llamado a respetar el Estado de derecho, la democracia y a su gobierno”, señaló la cartera de asuntos exteriores.
Miles de partidarios radicales de Bolsonaro provocaron el caos este domingo en Brasilia al invadir y destrozar las sedes del Parlamento, la Presidencia y la Corte Suprema.

ENFRENTAMIENTO ENTRE VECINOS Y BOMBEROS EN SALINAS

(EL PAÍS)
Este domingo se generó un enfrentamiento de gritos e insultos entre vecinos de la ciudad de Salinas y Bomberos, debido a la demora de éstos en llegar al lugar donde se generó un incendio.

Los nervios de los vecinos se debieron a que las llamas estaban acercándose a sus hogares y la ayuda de Bomberos tardó en llegar, debido a que estaban atendiendo otra emergencia en ruta 87.

Esto generó tensiones, aunque no pasó a mayores y los vecinos se sumaron en la lucha contra las llamas. El fuego fue controlado y se logró que no pasara a la zona de la avenida Colón.

Según informó la Policía Caminera, la Ruta 87 se encuentra cortada. Los cortes son en calle Achiras, que desvía hacia Avenida Colón para retomar ruta Interbalnearia, y en la intersección de Ruta 87 con Ruta 34.

“El viento está muy fuerte y estamos faltos de personal, no está alcanzando”, dijeron fuentes de Bomberos a El País. Además, por la falta de personal, Bomberos no llegó a tiempo a un incendio en Atlántida, donde hay lesionados, pero fuera de peligro.

Bomberos ha reportado incendios forestales, además de en Salinas y Atlántida, en Ruta 102 Km 26, en Barros Blancos y en Los fresnos y Don Pedro de Mendoza, Montevideo. → Leer más

Nacionales

Una reparación tardía, tras décadas del relato sobre víctimas de un solo lado

Tras aprobarse en el Senado, ha pasado a la consideración de la Cámara de Diputados la iniciativa sancionada por la Cámara de Senadores, con los votos de la coalición –18 en 30– el proyecto de ley por el que se contempla una reparación económica, social y moral “a las víctimas de ilícitos cometidos por organizaciones políticas armadas” entre 1962 y 1976.

Un tema controvertido si los hay, porque refiere a un pasado cercano también muy controvertido, debido fundamentalmente a que se ha tratado de imponer el relato de una de la partes –la guerrilla tupamara y sectores políticos afines– con lo que ocurrió en realidad en aquel período aciago de nuestra historia, y este relato se ha visto reflejado en las normas aprobadas con referencia al tema, sobre todo durante los 15 años de gobiernos del Frente Amplio.

Ya con la media sanción de la Cámara Alta, la iniciativa volverá a ser tratada, esta vez por los diputados en el próximo año, con el intento de los diputados de Cabildo Abierto de que la iniciativa fuera ingresada con carácter de “grave y urgente” esta semana, lo que finalmente no ocurrió.

Por supuesto, en un tema tan espinoso y que ha estado sobre el tapete por espacio de casi 50 años, era de esperar que nuevamente salieran a relucir las pasiones y las descalificaciones ideológicas en la discusión en el Senado, pero el desarrollo de la sesión en la Cámara Alta se dio sin mayores sobresaltos y sin agravios, actitud que fue valorada por los legisladores de todos los partidos.

Más allá del fondo de la normativa aprobada, desde el Frente Amplio se indica que la sanción del proyecto en el Senado fue urgida y que responde a una negociación política entre el Partido Nacional y Cabildo Abierto para que dejaran de lado –al menos en el Senado– sus planteos sobre modificaciones a la reforma jubilatoria.

Consultado por esta resolución, el senador frenteamplista Charles Carrera dijo que en el Frente Amplio tienen dudas acerca de la constitucionalidad de este proyecto y enfatizó que “en Uruguay no todas las víctimas del terrorismo de Estado fueron reparadas”.

Por su parte, el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech negó que la celeridad con la que se dio trámite al proyecto responda a algún tipo de presión que supuestamente ejerció el partido que integra, y enfatizó que “esto no es moneda de cambio por ningún voto, es simplemente el reconocimiento demasiado tardío a un número importante de personas a las que en Uruguay se violaron sus derechos humanos y hoy son recordadas”.

Consideró que “hubo víctimas icónicas de ese período, la más conocida es Pascasio Báez, casos de violación a los Derechos Humanos cometidos por grupos armados y nos parece injusto que no hayan sido reparados. Han sido ignorados por la historia”.

Incluso trajo a colación el relato de uno de los familiares que reclaman esta reparación: “Uno me decía: ‘el asesino de mi padre tiene un memorial. A mi padre no hay nada que lo recuerde. Solo su familia’”. Para Domenech “existen entre 80 y 100 personas” que deberían recibir una reparación.

De acuerdo a integrantes de la coalición de gobierno la idea es “aprobar el proyecto de Ley promovido por el Poder Ejecutivo para reparar a las víctimas de grupos armados por motivos políticos en el período comprendido entre 1962 y 1976”.

El texto remitido al Parlamento con fecha 20 de diciembre propone una “indemnización moral, social y económica” a víctimas civiles, policiales, militares y sus familias que “hayan sufrido daños en su persona y bienes como consecuencia de los hechos ilícitos ocurridos entre el 1° de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976, por integrantes de grupos armados por motivos políticos”.

“El Estado promoverá acciones materiales o simbólicas de reparación moral con el fin de restablecer la dignidad de las víctimas del uso ilegítimo del poder ejercido por integrantes de grupos armados, así como honrar su memoria”, señala el articulado en su cuarto artículo.

La exposición de motivos del proyecto de Ley afirma que “las referidas víctimas y sus familias han sufrido daños en su persona y bienes y se ha vulnerado su derecho a la indemnización pecuniaria”. “Es de justicia para estos compatriotas y sus familias, que han sido objeto de actos ilícitos y que como consecuencia de los mismos han sufrido la violación de sus derechos”, agrega esa parte del texto.

El proyecto de Ley crea una Comisión Especial que atenderá “la instrucción, sustanciación y resolución definitiva sobre las solicitudes de amparo” así como “el otorgamiento de los beneficios dispuestos”.

Las personas comprendidas serán todas aquellas que “hayan sufrido violación a su derecho a la vida, a su integridad psicofísica o a su libertad por motivos políticos o ideológicos, y que puedan acreditar fehacientemente el daño y su nexo causal, respecto de los hechos ocurridos en el período señalado”.

El punto es que el tratamiento de esta problemática de la “reparación” hasta ahora había sido tratada solo desde una visión, es decir la de los guerrilleros, lo que se tradujo en la amnistía con la que se los benefició, así como el derecho a recibir pasividades reparatorias aún sin contar con causales jubilatorias completas, como debe hacer todo ciudadano, e incluso el beneficio se extendió hasta sus descendientes, lo que fue aprobado durante el gobierno de Tabaré Vázquez.

Sin embargo, debido a esta visión hemipléjica e interesada de la historia reciente, no se hizo lo mismo con las víctimas del terrorismo tupamaro, que se instaló en el país a partir de 1962, cuando había en el país un régimen democrático, y ya prácticamente había desaparecido cuando se instauró la dictadura.

Peor aún, no solo la guerrilla y los actos terroristas se iniciaron en democracia, sino que el caos que generaron contribuyó a crear el caldo de cultivo para que los militares se alzaran con el poder, considerados por una gran parte de la ciudadanía como “salvadores” frente a los grupos violentos de izquierda cuya meta era instalar en Uruguay por la vía de las armas un gobierno dictatorial marxista como el que había instalado Fidel Castro en Cuba poco años antes, en 1959.

Por supuesto, nada de lo que se haga ahora podrá siquiera mitigar las consecuencias y el dolor, la tragedia inconmensurable provocada por los enfrentamientos generados a partir de la ideología y la intolerancia, pero sí es imprescindible por lo menos tender a equilibrar la forma en que se trata a las víctimas de uno y otro lado, sin la visión unidireccional que se había dado hasta ahora a partir de las presiones, corporativismos e intolerancia de los grupos radicales de izquierda. Aunque en este caso, el Estado paga dos veces: a las víctimas del terrorismo de Estado, y a las víctimas de los terroristas, que siguen sin hacerse cargo de nada.

→ Leer más

Opinión

De filtraciones y otras goteras

El presidente del Frente Amplio reclama la renuncia de los ministros del Interior, Luis Alberto Heber, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, por las derivaciones de los casos del excustodio presidencial, Alejandro Astesiano y el narcotraficante Sebastián Marset. Argumenta que “la salud democrática se irá empeorando” y reclama acciones más directas del presidente Luis Lacalle Pou.

Mientras los legisladores de la oposición mayoritaria aseguran riesgos en la institucionalidad, continuamente se presentan “filtraciones” de las investigaciones de ambos casos, con divulgaciones constantes de chats y declaraciones contenidas en los expedientes que impiden ver un panorama claro.
En varios sentidos, la opinión pública recibe en forma permanente un bombardeo de avances que crea una justicia paralela, con la nominación de “culpables” o “inocentes”, bastante antes de lo que resuelva la Fiscalía en su investigación. Y ni que decir, antes de que llegue a manos de un juez.

La información segmentada y dosificada en cuentagotas, asombra incluso a los legisladores. Es el espectro político el que se muestra sorprendido y reconoce que se entera de los hechos a medida que lee los titulares en la prensa.
Así conoce los chats divulgados entre el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel y la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, sobre la “peligrosidad” de Marset y la inconveniencia que resulte liberado en Emiratos Árabes a través de la entrega de un pasaporte. Y es en base a la divulgación de esos diálogos personales que el sector político de Ache le pide explicaciones y resuelve.

Las fichas personales de los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara por parte de la empresa Vertical Skies, las explicaciones del CEO de dicha empresa, o las renuncias de jerarcas policiales involucrados en pedidos de traslado o acceso a determinada información, han alertado sobre la vulnerabilidad de la publicación de un documento y su necesaria confidencialidad. En principio, para evitar entorpecer cualquier tipo de investigación, algo que –de plano– ya ocurrió en estos casos.

Es, también en medio de este incómodo ida y vuelta, que el presidente Lacalle Pou aclara que no quiere la cabeza de nadie y niega –una vez más– que algún integrante de su gobierno haya mentido en el Parlamento. Porque mientras el oficialismo y la oposición reclaman una mayor claridad, lo hacen presa de la ansiedad y los reclamos de la opinión pública, que está fogoneada por estrategas políticos que utilizan el tema en cuestión para provocar una mayor alarma pública a la ya existente.

Es que, en definitiva, cuesta percibir que funcionan tanto la institucionalidad, así como el Estado de Derecho. Lo que ocurre, una vez más, es la diferencia entre los tiempos políticos, los jurídicos y los electorales. Mientras cada uno cumple un rol diferente, existe una impresión errada sobre la inmediatez de aclarar y salir del paso.
Este arduo y pesado manejo de la información no entra en la discusión de la libertad de prensa ni de expresión en ningún sentido, sino en la estricta garantía de la confidencialidad que merecen las partes afectadas ante cualquier circunstancia. Porque –una vez más– está en curso una investigación.

Hoy en día, la opinión pública discute y toma partido en base a las divulgaciones de partes aisladas de contenidos. Porque se titula con lo más jugoso y sustancioso del tema. La fiscal encargada del caso Astesiano, Gabriela Fossati, pide “repensar” la legislación basada en el Código de Proceso Penal; de lo contrario no es difícil que sigan las filtraciones.
Es que en plena investigación acceden los fiscales, imputados, las víctimas y defensores. Entonces, vale la pregunta que cuestiona: quién se salva de esta debilidad y quién permite que el sistema brinde la transparencia necesaria para que no impacte en la efectividad de las líneas de investigación.

Ese punto en cuestión lo plantean desde la Asociación de Fiscales, pero no es visible en el espectro político que no aprendió a esperar, ni tampoco en quienes ganan el titular, a sabiendas de las variadas afectaciones en los involucrados.
En este sentido, la pesunción de inocencia en el Derecho Penal se extiende hasta que una sentencia firme considere lo contrario y los políticos sorprendidos lo saben, porque en su mayoría son abogados.
En cuanto a la opinión pública, esta se ha acostumbrado a las condenas sociales que empiezan en las redes y terminan en reacciones poco felices, sin entender que forman parte de una suerte de juicio paralelo.

¿Estos hechos denunciados son graves? Sí. ¿Más graves que otras circunstancias políticas por las que atravesó el país en tiempos democráticos? No.
Cuando renunció el ex vicepresidente Raúl Sendic por “motivos personales” nadie hizo uso de la palabra en el recinto parlamentario, a pesar del desasosiego que tenían algunos por usar el micrófono, porque era un acuerdo político que respetaron todos los partidos. Hoy habla todo el mundo y en esa maraña de declaraciones, la única rehén es la verdad.
Mientras el espectro político sigue preso de sus propias ansias, desde afuera ven a Uruguay con otros ojos. El Instituto Mesías-Inteligencia de Marca España, ubica a Uruguay entre los 20 mejores gobiernos del mundo. Describe que el país tuvo “una escalada progresiva y sostenible en buen gobierno a lo largo de los últimos veinte años”. Es, además, el mejor gobierno de América Latina, con “el sistema democrático más avanzado de la región” y detrás de Uruguay están Chile y Costa Rica.

Nada de esto se logra de la noche a la mañana, sino que todo forma parte de un proceso que comenzó cuando la región atravesaba por una imponente crisis institucional y económica en el año 2000. Y aún allí, hubo seguridad y solidez democrática.
No hay lugar para especulaciones ni dobles lecturas. Es comprensible el apuro ante la pronta llegada de 2023, que será un año preelectoral. No obstante, los protagonistas de los tiempos que vienen deben necesariamente estar a la altura de las circunstancias. Con algo de paciencia se darán cuenta que son ellos mismos la base de esa institucionalidad que temen perder. → Leer más

Opinión

El presidente Lacalle Pou se equivoca

El pasado 3 de octubre nuestro diario titulaba su editorial con la siguiente frase: “Caso Astesiano: una vergüenza para Uruguay”. Luego de más de dos meses del destape de las actividades delictivas del excustodia presidencial, el panorama de esta crisis política empeora a cada paso y amenaza con dañar no sólo la imagen presidencial y del gobierno todo (en todo caso meros ocupantes precarios de cargos asignados por la ciudadanía en ejercicio de su derecho de votar) sino al país todo, que se vio envuelto en un escándalo que deteriora su bien ganado prestigio a través de gobiernos de distintos partidos que, con aciertos y errores, han consolidado la seriedad de políticas institucionales de largo plazo y el respeto que las mismas generan en ámbitos internacionales.

De la misma forma, Lacalle Pou debe entender que la ciudadanía le ha confiado uno de los honores más importantes a los cuales puede acceder alguien en una democracia: ser presidente de la República y por ende representar no sólo a quienes lo votaron, sino a todos los uruguayos lo hayan votado o no. Los actos y actitudes de un presidente van más allá de su esfera personal y trascienden a la importantísima función que está desempeñando. De eso se trata la investidura presidencial y por ello el presidente necesita actuar con más aplomo cuando se refiere a hechos tan graves como los relacionados con Astesiano. Sin dudas es importante que un presidente se haga cargo de sus actos y “se la banque” como se dice coloquialmente, pero no se trata de cuanto puede “bancar” el ciudadano Luis Lacalle Pou sino de cuanto puede o debe permitirse “bancar” el presidente de la República ya que en este último carácter nos representa a todos.
Lo cierto es que el caso Astesiano ha dejado al descubierto una red de corrupción y de tráfico de influencias verdaderamente preocupante. En el caso de la empresa norteamericana Vertical Skies LLC, por ejemplo, a las operaciones de equipamiento militar y drones, se suman cursos operativos para el cuerpo de custodia presidencial y un software de 275.000 dólares para la UTE. De acuerdo con los chats que han surgido del celular del propio Astesiano, un gerente de esa expresa extranjera, que actúa en el rubro de la seguridad le solicitó al excustodia presidencial “en marzo de este año las fichas de los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara”, ya que los querían “atar para que retiren la denuncia” del puerto por el contrato hasta 2081 con la empresa belga Katoen Natie que opera en el puerto de Montevideo. Las tareas de espionaje que tenían como objeto a los legisladores Carrera y Bergara constituyen un hecho gravísimo para la vida democrática e institucional nuestro país y en este tema, como en todos los relacionados con las actividades de Astesiano, las investigaciones que se lleven a cabo deben “ir hasta el hueso”, le duela a quien le duela y caiga quien caiga. Estamos en horas de que los culpables asuman sus responsabilidades y que se tomen medidas ejemplarizantes que desalienten nuevas “cuevas de corrupción” en todos ámbitos del ámbito público, pero también privado.

En este complicado y peligroso “collar de perlas” que se viene enhebrando alrededor de Astesiano, existe otro episodio de especial gravedad: el acceso a los chats entre el presidente Lacalle Pou y su excustodia. El propio Fiscal de Corte Juan Gómez dijo que Lacalle Pou le manifestó “alguna preocupación” porque se recuperen sus chats con Astesiano. A posteriori, la prensa montevideana informó que la Fiscal Fossati cambió su versión y aseguró que no se usaron chats entre Astesiano y Lacalle por “una mala comunicación de los intermediarios”. Lo cierto es que el presidente Lacalle Pou no puede (y seguramente no pretende) estar por encima de la ley, y por eso mismo (tal como lo hizo Richard Nixon durante el caso Watergate), sus chats con Astesiano debieron ser entregados en forma inmediata y sin tantos malentendidos que despiertan sospechas seguramente infundadas. Lo cierto es que en temas tan delicados (incluyendo el episodio de los 450 kilos de pescado obsequiados por el emir de Emiratos Árabes) la respuesta del presidente debe ser clara, rápida, contundente, transparente y ejemplarizante. No puede ni debe haber una sombra de duda sobre el proceder de Lacalle Pou y su entorno. Hasta ahora el presidente y su entorno más cercano se han equivocado sobre cómo tratar estos temas, y las respuestas que ha dado no han sido felices.

En el medio de este panorama, algunos actores frenteamplistas han tratado de obtener alguna ventaja de la situación –como es de estilo en esa fuerza política– ya han pedido la renuncia del presidente Lacalle, lo que constituye una grave e irresponsable forma de hacer política (muy menor y de bajísima calidad, claro está) pero que siempre es saludada por la “tribuna” que siempre está lista para aplaudir cualquier cosa que se oponga al accionar del gobierno sin siquiera ponerse a pensar en los motivos para ello o en sus consecuencias. En el caso concreto del intendente de Canelones Yamandú Orsi y ante las acusaciones del propio presidente Lacalle Pou de dar “manija”, el jerarca del Frente Amplio respondió que no cree que sea correcto que el mandatario deje su puesto. “A tanto no llego. No tengo elementos para plantear una cosa así”, agregó. Tal como lo expresó el secretario de Presidencia, Alvaro Delgado, el pedido de renuncia a Lacalle es “desproporcionado, irresponsable, desestabilizador y peligroso. Hay límites que no se pasan. Hay actores del Frente Amplio, de la oposición, y sobre todo, algunos particularmente, que no se han dado cuenta del daño institucional que pueden hacer y lo que pueden perjudicar”. Y todo esto cuando la Justicia recién está en pañales en lo que es la investigación del caso.

Lo cierto es que la conducta que asumieron los frenteamplistas que piden la renuncia del presidente no es nueva: en el año 2002, en plena crisis, Tabaré Vázquez pidió que Uruguay dejara de pagar sus obligaciones internacionales y entrara en cesión de pago o “default”, una conducta irresponsable que sí asumió argentina y por la cual, habiendo transcurrido más de veinte años, sigue pagando sus terribles consecuencias. En el 2001 o en el 2022, cuando el Frente Amplio está en la oposición su práctica política se resume en una terrible frase: “cuanto peor, mejor”. Algo parecido a lo que Dady Brieva, integrante del grupo argentino Midachi, expresó para sus propios compatriotas: “Quiero que la pasemos mal para que la gente no vuelva a votarlos”. Una postura “más vieja que el agujero del mate”: primero el partido y luego, allá lejos, el país, su gente y sus problemas.

En cierta ocasión, el entonces líder del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate (un hombre que conoció tanto el destierro como la prisión y cuya vida estuvo en serio peligro y que podría haber tenido el mismo destino que los infortunados legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez) expresó que antes que cualquier otra cosa Uruguay era una comunidad espiritual y que como tal debía reconocerse en tanto nación y por ende comunidad de personas que comparten, entre otras cosas, determinados valores y tradiciones. Una parte central de la experiencia de sentirnos partes de esa comunidad espiritual es sentirnos, expresarnos y reconocernos como un país serio, que más allá de su tamaño, su peso económico, su dimensión militar o su población, ha sido valorado como tal. El caso Astesiano, con sus innumerables ramificaciones y la forma en que el presidente Luis Lacalle Pou ha manejado este tema han vulnerado precisamente eso: la comunidad espiritual que sustenta nuestra identidad nacional, dañando la imagen que teníamos de nosotros mismos
→ Leer más

Nacionales

Lacalle Pou se prepara para una cumbre del Mercosur “entretenida”, con molestias por el tratado Transpacífico

(EFE)
Una cumbre del Mercosur “entretenida”; al menos ese será el tono en el que nuestro país, como anfitrión y presidente pro tempore, espera del próximo encuentro regional que se celebrará en Montevideo hoy y mañana martes y en el que se esperan posturas firmes de los países miembros.

A la LXI Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común está confirmada la asistencia del presidente argentino, Alberto Fernández, junto a su par paraguayo, Mario Abdo Benítez, por supuesto el anfitrión Luis Lacalle Pou, y por Brasil asistirá su vicepresidente, Hamilton Mourao, quien representará al mandatario Jair Bolsonaro. Sin duda, la cumbre girará en torno a la reciente advertencia que Argentina, Brasil y Paraguay hicieron a Uruguay tras conocerse que nuestro país solicitó formalmente su adhesión al Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico (Cptpp). En ese sentido, Lacalle Pou afirmó esta semana que dicha advertencia no frenará las intenciones de Uruguay de conseguir acuerdos externos al bloque. “La vamos a hacer, nos sentimos en todo nuestro derecho de hacerla, así como entendemos aunque no compartamos el reclamo de los tres países. (La cumbre) va a estar entretenida y vamos a hablar de estos temas porque nos asiste el derecho internacional”, indicó el mandatario el pasado miércoles. Los tres países advirtieron que “se reservan el derecho de adoptar las eventuales medidas que juzguen necesarias para la defensa de sus intereses en los ámbitos jurídico y comercial” en caso de que Uruguay prosiga con las negociaciones individuales.

Los socios de Uruguay expusieron su posición ante “las medidas del gobierno uruguayo destinadas a la negociación individual de acuerdos comerciales con dimensiones arancelarias” y ante la intención del socio de presentar una petición de adhesión a Cptpp.

En ese contexto, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, dijo que la intención de Uruguay de negociar un acuerdo de libre comercio fuera del Mercado Común del Sur (Mercosur), “desnaturaliza” la “esencia” del bloque sudamericano. “Obviamente desnaturaliza la esencia de Mercosur, que es el mercado común”, declaró el mandatario paraguayo. El área de libre comercio a la que Uruguay pidió integrarse en las últimas horas tiene como socios a Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

Hoy se prevé el inicio de la cumbre con un desayuno de trabajo de ministros y ministras de Economía de los Estados parte y Bolivia.

Posteriormente, los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados parte y asociados sostendrán el encuentro previo al encuentro de presidentes el martes.

PRESIDENCIA PUSO A DISPOSICIÓN CHATS ENTRE LACALLE Y ASTESIANO

(EL pAÍS)
La fiscal a cargo del llamado “caso Astesiano”, Gabriela Fossati, se expresó este domingo respecto a la polémica por la no inclusión en la causa de los chats entre el presidente Luis Lacalle Pou y su exjefe de custodia, Alejandro Astesiano.
En un mensaje enviado mediante el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech, la magistrada señaló que esto ocurrió por “una mala comunicación de parte de los intermediarios, particularmente personal de Inteligencia, que estuvo en la detención”, pero acotó que eso “está resuelto por ofrecimiento de la propia Presidencia”. En ese sentido, indicó que se intentará recuperar lo que se pueda de esas comunicaciones.

La exclusión de los chats en el mandatario y Alejandro Astesiano se conoció esta semana por los dichos de Fossati a El Observador. El hecho fue comentado luego por el presidente, quien indicó que él expresó al fiscal de Corte, Juan Gómez, su preocupación por las conversaciones que involucran a su familia y que el ministro del Interior transmitió la preocupación por la reserva. Minutos antes de enviar su mensaje mediante Fiscalía, este domingo Fossati se había expresado en Twitter sobre la denuncia realizada por el Frente Amplio acerca del presunto espionaje encomendado a Astesiano con relación a los senadores Charles Carrera y Mario Bergara. “Hablar de ‘espionaje’ con la información recabada al momento carece de fundamentos”, sostuvo.

ACUERDO EN FA SOBRE CONGRESO DE INTENDENTES

(SUBRAYADO)
El intendente de Salto, Andrés Lima, dijo que en el Frente Amplio (FA) hubo acuerdo sobre quién presidirá el Congreso de Intendentes, y que el anuncio lo hará el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira.

Lima destacó la importancia del entendimiento en un año clave como lo consideró a 2023, con varios temas en la agenda del conglomerado de jefes comunales. “Tenemos para resolver, que quedó pendiente, un régimen único para la expedición de la libreta de conducir con el sistema de puntos”, dijo Lima en referencia a uno de los temas de la agenda. También está la instrumentación de un fideicomiso para la distribución, tal como está acordada, de los mil millones de pesos del Fondo de Asimetrías. Los intendentes buscan que los fondos lleguen de una sola vez y no en cuotas, como se votó en el Parlamento, sostuvo. Por último, en la agenda está la creación del Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos (Runaev), que es un sistema único de bromatología para todo el país, con normas claras para comerciantes y empresas para facilitar el intercambio interno entre departamentos, según Lima. → Leer más

Nacionales

A través de Bustillo, Uruguay solicitó ingreso al Acuerdo de Asociación Transpacífico; Paraguay descarta quiebre del Mercosur

(Presidencia-EFE)
El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, se reunió ayer jueves con el titular de Comercio y Crecimiento de las Exportaciones y responsable de Industrias Primarias de Nueva Zelanda, Damien O’Connor. En este marco, el canciller hizo entrega formal de la solicitud uruguaya de ingreso al Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico. Luego del encuentro, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, afirmó en su cuenta oficial de Twitter que esta acción otorgará más oportunidades para el país y su gente. “Un Uruguay abierto al mundo. Confiamos en los uruguayos y todo su potencial”, valoró.

En Nueva Zelanda, los secretarios de Estado remarcaron los intereses compartidos por ambos países, en particular en el área agrícola-ganadera, y resaltaron las posiciones conjuntas en los ámbitos multilaterales. En ese sentido, coincidieron en la importancia de reimpulsar el vínculo bilateral.

Luego de la entrega de la mencionada nota, se intercambió sobre el procedimiento que se deberá seguir, a los efectos de la consideración de la solicitud de adhesión al acuerdo.

Por su parte, el canciller paraguayo Julio César Arriola, descartó un quiebre del Mercosur y ratificó que su país respalda que las decisiones de ese mecanismo de integración se adopten en conjunto y por consenso.

“El bloque de Mercosur no se va a quebrar”, dijo Arriola a la Radio 780 AM, un día después de que Argentina, Brasil y Paraguay, los socios de Uruguay en el Mercosur, amenazaran a Montevideo con adoptar medidas de represalia en caso de que insista en negociar un acuerdo de libre comercio fuera del bloque.

En otras declaraciones a periodistas, Arriola aseguró que su país se mantiene “respetuoso” del Tratado de Asunción, por medio del cual se instituyó el Mercosur, y el protocolo complementario de Ouro Preto. Ambos documentos, “se refieren específicamente a que los Estados miembros del Mercosur deben negociar siempre en bloque y por consenso”, dijo el diplomático.
Arriola anticipó que este será uno de los temas de la cumbre de los próximos 5 y 6 de diciembre, cuando Uruguay entregue la presidencia pro tempore de Mercosur a Argentina. Los socios del Mercosur se pronunciaron ante “las medidas del Gobierno uruguayo destinadas a la negociación individual de acuerdos comerciales con dimensiones arancelarias” y ante la intención del socio de presentar una petición de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.

Al respecto, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, señaló que la intención de Uruguay “desnaturaliza la esencia de Mercosur”, aunque admitió que es algo que “desde hace rato” se viene hablando en Uruguay.

EXPORTACIONES CAYERON 11%

(URUGUAY XXI)
Las exportaciones de bienes uruguayos, incluidas las zonas francas, alcanzaron los 889 millones de dólares en noviembre de 2022, registrando una caída de 11% interanual, según los datos divulgados por el Instituto Uruguay XXI. La reducción de noviembre, comparada con el mismo mes del año pasado, se explica principalmente por menores exportaciones de carne bovina. En cambio, crecieron las ventas al exterior de vehículos, arroz y lácteos. La carne bovina cayó por quinto mes consecutivo y en noviembre sus exportaciones totalizaron 193 millones de dólares, lo que representa una caída de 26%.

En el acumulado de enero-noviembre de 2022, las exportaciones de bienes, incluyendo zonas francas, crecieron 23% en comparación con igual período de 2021, totalizando 12.140 millones de dólares. En cuanto a los destinos, China volvió al primer lugar del ranking y Brasil al segundo. La Unión Europea fue el tercer destino, Estados Unidos ocupó el cuarto puesto y Argentina se posicionó como quinto.

INSTALARON COMISIÓN INVESTIGADORA

(TELENOCHE)
Se instaló en el Parlamento la comisión investigadora sobre la gestión del exdirector de Secretaría del Ministerio del Interior, el senador Charles Carrera. Jorge Gandini, denunciante y senador del Partido Nacional, pidió la comparecencia de la persona lesionada por una bala perdida, de su hermano, y al comisario titular de la vivienda de donde salió el proyectil.

Gandini indicó que “la causa original prescribió, es decir que no sabremos nunca y si algún día lo sabremos no podrá ser castigado quien disparó aquella bala hace diez años”.

“Es muy importante saber quién estaba en esa casa y por qué se tomaron las medidas que luego se tomaron. Otras causas están en curso, hay algunas denuncias que refieren a la internación sin marco legal, no ajustada a derecho, del señor Víctor Hernández y su hermano en el Hospital Policial durante más de tres años y el pago de un salario encubierto en tickets de alimentación, desviando fondos durante cuatro años”, denunció. Además, señaló que “hay otras denuncias que aportaremos a la comisión, que no están ni siquiera en conocimiento de las autoridades y que estimo que deberán investigarse”.

MILLONARIO FRAUDE

(SUBRAYADO)
La Justicia imputó a 21 personas en Melo tras detectar una maniobra de fraude por 14 millones de pesos en perjuicio de la Intendencia de Cerro Largo. La comuna detectó que 598 vehículos, entre autos, camionetas y camiones, habían sido empadronados con matrículas de motos, para beneficiarse con la exoneración del pago de la patente de rodados.

El decreto municipal 15/10 exoneró en 2010 del costo anual de la patente a las motocicletas y similares que no presentaran en el año previo multas por exceso de velocidad, maniobras peligrosas, ruidos molestos o emanaciones contaminantes por encima de los niveles aceptados, y que contaran con la totalidad de los elementos y sistemas de seguridad en buenas condiciones. La intendencia detectó la maniobra en marzo de 2022 tras la investigación administrativa que realizó luego de que se identificaran autos brasileños robados que habían sido empadronados en Cerro Largo, y presentó la denuncia. El director de Hacienda de la Intendencia de Cerro Largo, Rafael Rodríguez, afirmó que, de acuerdo a los resultados primarios de la investigación, la maniobra se concretó aprovechando una falla del sistema informático que no diferenciaba la identificación de una matrícula de moto de la de un automotor. El funcionario municipal que realizó la maniobra fue identificado y condenado, y se investiga a la persona que hizo el trámite. Los imputados fueron por la coautoría de un delito de fraude a penas de 12 a 14 meses de libertad a prueba con la obligación de realizar tareas comunitarias. → Leer más

Nacionales

Presidente comunicó a todos los partidos que el gobierno presentará la carta de adhesión al Acuerdo Transpacífico

(La diaria)
El gobierno presentará el 1° de diciembre la carta de adhesión al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Así se lo comunicó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a los distintos líderes con representación parlamentaria. En la reunión, que fue valorada por todos los partidos políticos, participaron Pablo Iturralde (Partido Nacional), Pablo Mieres (Partido Independiente), Guillermo Domenech (Cabildo Abierto), Ope Pasquet (Partido Colorado), Daniel Peña (Partido de la Gente) y Fernando Pereira (Frente Amplio) y, a su vez, quien llevó buena parte de la voz cantante fue el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo. En rueda de prensa, Iturralde indicó que estas políticas son “nacionales, públicas y de largo plazo”, por consiguiente es “muy importante” tener el “más amplio consenso político”. De la reunión, dijo, hubo distintos matices pero que todos lo valoraron como “positivo”.

“A veces hay que aclarar de qué hablamos cuando hablamos de integrarnos a acuerdos comerciales. Es generar más fuentes de trabajo para los uruguayos, exportar más bienes de servicios, tratar de habilitar inversiones que vengan aquí; en principio, son cosas que debemos acompañar todos en conjunto”, expuso, y agregó que lo “más importante” es que Uruguay “sigue marcando una agenda de apertura” ante el Mercosur, que venía “paralizada por muchos años”. En ese marco, recordó que el país intenta avanzar en otro tipo de Tratados de Libre Comercio, como por ejemplo, con China y Turquía. “Este planteo significa mucho para Uruguay, en la cantidad de bienes y servicios”, añadió.
Según Iturralde, desde el gobierno, entienden, “de acuerdo a la legalidad” del Mercosur, que Uruguay “está habilitado” para caminar en el sentido que lo está haciendo. Por eso, dijo que hablarán sobre el tema con los países vecinos, “como lo hemos hecho con todos estos temas”.

En tanto, Pasquet, que fue vicecanciller en el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, indicó que “hay dos cuestiones de fondo”. Por un lado, si le conviene a Uruguay incorporarse a este acuerdo, del cual son partidarios de ingresar, y por otro es la oportunidad, que “no es una cuestión menor”.
En ese sentido, dijo que en Brasil está por asumir un nuevo gobierno, que será conducido por el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, más proteccionista del Mercosur. “Nos parece que este aspecto debe ser evaluado; si este es el momento para la solicitud de integrar el acuerdo o si convendría esperar a que se instale el nuevo gobierno, conversar primero con él y después hacer lo que haya que hacer”, planteó. Indicó que, en el marco de las relaciones diplomáticas entre los gobiernos, quizá es “más conveniente” hablar de esto con las nuevas autoridades y “no dejar que ellas se enteren informalmente de este paso que Uruguay va a dar, que es importante”.

Para Pasquet, “nada de esto es secreto”, por lo que no van a “sorprender al mundo” con este paso que el gobierno busca dar y que se concretará el 1° de diciembre.
“Hace tiempo decimos que lo estamos considerando, pero una cosa es lo que trasciende informalmente y otra es la comunicación formal entre el canciller uruguayo y el nuevo canciller de Brasil. No decimos que esté mal, sólo decimos que es una cuestión delicada, porque Uruguay tiene acuerdos con Brasil que se están desarrollando. Todo esto hay que conversarlo y tenerlo en cuenta”, expresó.

Por su parte, Pereira valoró el “buen gesto” de haber comunicado la decisión a la oposición. Ahora, dijo, la fuerza política que preside lo va a analizar a la interna en su mesa política, pero no necesariamente será el próximo lunes. En la rueda de prensa tras la reunión, afirmó que seguramente llevará “mucho menos” de lo que lleve establecer el tratado, que implicará un proceso largo, y puso como ejemplo el posible acuerdo con China, que aún no se concretó pese que fue anunciado hace dos años.

CIFRA DEL EMBARAZO ADOLESCENTE SE REDUJO

(asse)
En el marco del Día Mundial de los Derechos del Niño, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) realizó el Primer Encuentro Nacional de Equipos de Salud. En la oportunidad, se indicó que Uruguay reduce año a año el número de embarazos en adolescentes. En 2015 el prestador público atendió 137 y en 2022 se registraron 62. El 85% del total corresponde a usuarias de ASSE y, en su mayoría, del interior del país. Durante el encuentro, se destacó que el embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años se vincula con situaciones de alta vulneración de derechos, incluidas la violencia y el abuso sexual, que conllevan graves consecuencias en el desarrollo integral de las afectadas, a corto, mediano y largo plazo, como en la continuidad educativa, la inserción laboral y dificultades para alcanzar la autonomía económica.
Además, los recién nacidos hijos de estas niñas-madres enfrentan riesgos vitales: un 50% más de probabilidad de muerte durante el embarazo y en las primeras semanas de vida.

Entre mayo de 2021 y octubre de 2022, hubo 81 usuarias de ASSE menores de 15 años embarazadas. El 80% mantuvo consultas previas para controlar su salud, el 24% presentaba antecedentes patológicos de salud mental y el 5%, de consumos problemáticos.

SENADOR CARRERA PRESENTÓ RECURSO CONTRA INVESTIGACIÓN

(sUBRAYADO)
El senador Charles Carrera presentó un recurso para revocar la comisión investigadora en su contra.
La presidencia del Senado tiene 150 días para responder el recurso. “Estamos ante una persecución política encabezada por el Ministro del Interior Luis Alberto Heber y secundada por quienes promovieron la conformación de esta Comisión Investigadora”, denuncia el senador frenteamplista en el documento presentado este miércoles, al que accedió Subrayado.

Carrera asegura que los hechos por los que se lo acusa eran de público conocimiento y que el Ministerio del Interior estaba al tanto “desde el momento mismo que ocurrieron, porque nunca se ocultó” y que la situación ya había sido judicializada antes. Además, sostiene que la resolución del Senado es “ilegítima”.
La comisión investigadora se da tras la denuncia presentada por el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, y abarca hechos que ocurrieron entre 2010 y 2017.
“Incluye los episodios y las consecuencias del hecho central, penal, del 11 de noviembre de 2012, con esa bala que salió de la casa del comisario e impactó sobre el señor Víctor Hernández, dejándolo paralítico, y las consecuencias de todo ese período, que incluye que se internó en el Hospital de Clínicas el 11 de noviembre, y ya en enero empezó a recibir un salario equivalente a un salario de un agente policial, de 20.000 pesos por mes en su momento, desviando fondos presupuestales”, explicó la semana pasada el senador Gandini. → Leer más