Resultados de la búsqueda de democracia

Las democracias en América Latina son jóvenes. En 2023 se celebrarán 40 años de la caída de la dictadura argentina y durante la década de 1980 se dio el mismo retorno en otros países del continente.
El proceso había comenzado una década antes en algunas naciones europeas y el autoritarismo –al menos en el mundo occidental– dio paso a otros movimientos civiles.
La pandemia y las medidas adoptadas por varios gobiernos también permitieron la clasificación de los países. El año pasado, la Unidad de Inteligencia de The Economist dio a conocer el peor puntaje global del Índice de Democracia que elabora anualmente. Sus expertos analizaron un “enorme retroceso” en las libertades individuales como nunca antes visto en tiempos de paz. Sin embargo, únicamente tres países salvaron con creces ese examen y clasifican como democracias plenas.
A nivel mundial encabeza Noruega, pero en América Latina lo hace Costa Rica –ocupa el 18º lugar–, seguido por Chile –en el 17º– y Uruguay en el 15º. Al extremo se encuentran Nicaragua, Cuba y Venezuela.

Una contingencia sanitaria de características globales demostró las vulnerabilidades del régimen en cualquier parte del mundo. Y lo hizo tanto en los países avanzados de Europa o América del Norte, así como en esta región que registra democracias menos desarrolladas.
No obstante, a lo largo de las últimas décadas llegaron otros cambios a la vida de las personas que transformaron su forma de relacionarse y su opinión bajo este sistema de gobierno. El desarrollo masivo de las nuevas tecnologías, la accesibilidad de la telefonía celular y el alcance de Internet marcaron otro rumbo en buena parte del planeta. Y claramente en América Latina, donde se imponen las nuevas maneras de informarse e incidir sobre la opinión pública.

Pero el continente no alcanza un grado de desarrollo similar entre países, sino todo lo contrario. Lo muestra como el más desigual del planeta, ante la variedad de intereses políticos, injerencia extranjera o la propia decisión de sus habitantes. En las últimas cuatro décadas, varios mandatarios elegidos en las urnas fueron apartados de sus cargos, los países han atravesado por numerosas crisis económico-financieras y hasta golpes de estado simulados en figuras constitucionales.
Los cambios generacionales delinearon el rumbo de las protestas sociales y las formas de llevar adelante las políticas públicas. Incluso se vio el acceso al poder de dirigentes provenientes de sectores populares, se concentraron las demandas en la denominada “nueva agenda de derechos” y hasta modificaron el lenguaje utilizado en las arengas.
La forma tradicional de dirigir dio paso a otros estilos de participación y en vez de apoyar la mirada en una figura única, la espalda política se amplió a las organizaciones en general. Las representaciones múltiples ganaron la calle y enfocaron la discusión desde el punto de vista de los derechos. En base a esos reclamos, se ha legislado en varios países latinoamericanos, como en Uruguay.

Sin embargo, hay poblaciones que no logran avanzar en el trato equitativo, como las minorías afrodescendientes o los denominados “pueblos originarios”, quienes son incluidos en el lenguaje políticamente correcto que declama obviedades pero al momento de ponerlo en práctica quedan por el camino.
En medio de todo esto, se observa una notoria crisis de liderazgos políticos. Estos fueron sustituidos, paulatinamente, por campañas de alto contenido de desinformación que apelan al miedo como una estrategia para imponerse sobre los rivales. Y esto también ha ocurrido en Uruguay recientemente. wLas acciones de cercanía entre los estados y las poblaciones son ejercidas por organizaciones no gubernamentales que han ocupado lugares estratégicos que fueron abandonando las instituciones. Así también se desdibujó la presencia oficial y dio paso a los medios de comunicación, que brindan un espacio para la opinión, protesta o reclamo.
Y no todo está dicho. Por eso, las decisiones de los parlamentos pueden revocarse a partir de las consultas ciudadanas y “marcarle la cancha” a un gobierno, aunque haya sido elegido democráticamente.

En Uruguay, la confianza en la democracia bajaba desde hacía una década hasta llegar al 69% en 2019. Según la última encuesta del Barómetro de las Américas de Lapop, repuntó al 81% y es posible que las decisiones en torno a la pandemia sean protagonistas de este resultado.
De lo contrario, no es posible explicarse ese puntaje al compararlo con otros países de la región. Así como tampoco el comportamiento general cuando el informe analiza que “curiosamente” tiene a la población “menos tolerante con los golpes militares”, pero “se encuentra en la mitad de la distribución cuando se trata de preferir un líder fuerte, aunque incumpla las reglas para obtener resultados”.

De acuerdo a este documento, el 20% aceptaría un golpe militar cuando hay mucha corrupción. El 12% lo haría ante una emergencia de salud pública y el 11% aceptaría un presidente sin el Poder Legislativo. Pero el 32% opina que es bueno o muy bueno la existencia de un liderazgo fuerte aunque haya incumplimientos. En líneas generales, las naciones latinoamericanas han reportado un empeoramiento en su situación económica y la decadencia regional se compara con el año anterior a la pandemia. Por lo tanto, a pesar del desempeño de los gobiernos y a la solidez o no de sus regímenes, hay una mayoría que lo explica sobre la base de la COVID-19. Pero es importante observar lo que ocurrirá en adelante. Sustancialmente en los próximos dos años, cuando nuevamente se convoque a elecciones bajo un clima que ya huele a campaña en algunos países como Uruguay o Brasil. Allí se potenciarán viejos líderes o se buscarán otros nuevos, mientras la pandemia comienza a salir de la escena política. → Leer más

En varias ocasiones hemos resaltado, desde estas páginas editoriales de EL TELEGRAFO, la importancia del Poder Judicial como pilar fundamental de la convivencia humana y del sistema democrático que ha distinguido y distingue a nuestro país a nivel internacional. Como lo establece en su página web el Poder Judicial de nuestro país, su misión es “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, para garantizar el ejercicio y la tutela de los derechos de los individuos conforme al ordenamiento jurídico, y la preservación de la convivencia pacífica en el marco del Estado de Derecho”.

En efecto, tal como lo ha señalado el académico Eduardo J. Couture, “el juez es el centinela de nuestra libertad. Cuando todo se ha perdido, cuando todos los derechos han caído, cuando todas las libertades han sido holladas, cuando todos los derechos han sido conculcados, siempre queda la libertad mantenida por el juez. Pero el día en que el juez tenga miedo, sea pusilánime, dependa de los gobiernos, de las influencias o de sus pasiones, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo, porque ya no queda más derecho en esa pobre patria así perdida (…) “El juez servil al Poder Ejecutivo no es el que quiere la Constitución; el juez demagogo no es el juez idóneo que aquella promete; el juez cuyos fallos son desobedecidos por los órganos encargados de cumplirlos es todo lo contrario de un juez…”.

Como consecuencia de esa importancia, el Poder Judicial debe tener un rol más protagónico en todos aquellos aspectos relacionados con la convivencia ciudadana, la cual se fortalece (o se destruye) a través de hechos cotidianos, puntuales, que muchas veces no son recogidos por los medios de comunicación pero que poseen un lugar central para la vida o economía de una persona o de una pequeña empresa. Un ejemplo de ello son las pintadas realizadas sobre bienes públicos o particulares y que constituyen un verdadero atentado contra la prolijidad de los mismos. Hace algunos años, Nelson Gagliardi, comerciante y presidente del Grupo Centro e integrante del Grupo 18, una entidad público-privada que se ocupa de trabajar sobre la principal avenida de Montevideo, formulaba las siguientes declaraciones al diario “El País”, las cuales –lamentablemente- siguen vigentes hasta el día de hoy: “A mí me preocupa la degradación de la ciudad, admito el arte callejero pero estamos en un Estado de derecho; el vandalismo es insostenible”, dijo.

El comerciante admitió que sus colegas no acostumbran denunciar las pintadas. “No lo hacemos como institución, pero es un tema de orden público, del Poder Judicial y el Ministerio del Interior. No veo una coordinación entre ellos, tal vez los ciudadanos estemos en falta por no denunciar”, aseveró. Gagliardi agregó que un comerciante sí está dispuesto a denunciar a quienes pegan afiches sobre el muro de su negocio. En este caso, se trata de “pegatinas” que incluyen hasta el pie de imprenta y se identifica claramente al responsable de la publicidad”. De acuerdo con el numeral 1 del artículo 367 del Código Penal será castigado con pena de 7 a 30 días de prestación de trabajo comunitario el que realizare actos de deterioro o destrozos en espacios públicos o sus instalaciones tales como bienes muebles o inmuebles, monumentos, señalizaciones de tránsito, semáforos y demás elementos del ornato público.

Nuestro Código Penal incluye normas que regulan no sólo la situación de los grafitis y las pegatinas, sino otras conductas que día tras días vulneran los espacios públicos y privados. A modo de ejemplo, podemos mencionar que también se encuentra sancionado con la pena antes mencionada el que defecare u orinare en espacios públicos urbanos o suburbanos fuera de las instalaciones destinadas especialmente para tal fin (artículo 367, numeral 2). El caso de las ocupaciones indebidas de espacios públicos también está sancionado para quienes acampen o pernocten en ellos, según el artículo 368 del Código Penal. En esos casos la persona será intimada por la autoridad departamental, municipal o policial correspondiente a retirarse en forma inmediata y a que desista de su actitud. De permanecer o persistir, será castigado con una pena de siete a treinta días de prestación de trabajo comunitario. La norma mencionada prevé, asimismo, que siempre que se constaten las conductas referidas, la persona será trasladada a una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social a los efectos de que se recabe su identidad, se le ofrezca una alternativa adecuada a su situación y se dé cuenta al Juez competente.

Queda claro que las normas que castigan dichas conductas están plenamente vigentes, lo que nos lleva a preguntarnos con sorpresa, pero con convicción: ¿por qué el Poder Judicial no aplica las mismas para solucionar estos problemas diarios de convivencia? ¿Cuáles son los impedimentos reales para lograr ese objetivo? No podemos olvidar que el Poder Judicial implica que un tercero (el juez) tomará una decisión respecto de que derecho posee cada una de las partes que forma parte de un proceso judicial, con lo cual se supera la política de la “justicia por mano propia” que representa la antítesis de un Estado de Derecho. Si cada persona recurriera a la violencia para hacer vales sus derechos sobre la propiedad de una moto, la existencia de una humedad en una casa habitación o el régimen de visitas de los hijos menores, la sociedad se transformaría en un caos absoluto que haría imposible cualquier tipo de convivencia.

Precisamente en este punto radica la gravedad de que los jueces no comprendan los efectos devastadores que las inconductas tipificadas en los artículos 367 y 368 del Código Penal tienen para la vida diaria de miles de personas en todos los rincones del país y por supuesto también en Paysandú. Todos los días muchos vecinos de nuestros departamentos se despiertan con la triste e indignante sorpresa que el jardín del frente de su vivienda o la vereda ha sido ocupada por una o varias personas, sus paredes han sido objeto de pintadas o pegatinas, o han sido utilizadas como un verdadero “baño público” y están cubiertas de heces y orín. ¿Qué defensa real tiene ese vecino ante ese ataque? ¿A qué vías legales o administrativas realmente efectivas puede recurrir si en diversos ámbitos públicos le dicen que poco o nada se puede hacer?

Tales preguntas deben ser respondidas con hechos (y no con floridas declaraciones que no tienen aplicación práctica) por el Poder Judicial y por los jueces competentes en particular. Hay algo mejor que solucionar conflictos y es prevenirlos, evitando eventuales situaciones de “justicia por mano propia” que suponen un atentado no sólo contra la persona o personas contra las cuales se ejerce esa mal llamada “justicia” (ya que de justa no tiene nada) sino contra el régimen democrático del cual el Poder Judicial es y debe ser un comprometido protagonista. Los jueces tienen la palabra en este tema y es a través del ejercicio efectivo, comprometido y orientado hacia los problemas diarios del ciudadano común que su función se verá plen y exitosamente lograda. → Leer más

Las últimas décadas –y en especial los últimos años– han estado marcados por un vertiginoso aumento de la presencia de la tecnología en nuestra vida, principalmente a través de los teléfonos inteligentes (smartphones) y la posibilidad de acceder en forma inmediata y permanente a las redes sociales, interactuando en cualquier momento y desde cualquier lugar. Uno de los aspectos más delicados en relación con las redes sociales es cómo pueden influenciar el comportamiento democrático no sólo de los dirigentes sino también de los votantes en general.
En efecto, de acuerdo con la especialista Laura Alonso Muñoz, “Comunicación y democracia están estrechamente relacionadas y no podemos concebir la una sin la otra. Las redes sociales han irrumpido con fuerza en el ámbito de la comunicación, especialmente en el de la comunicación política, que se ha visto reflejado en las prácticas democráticas. Las potencialidades inherentes de las tecnologías digitales han transformado el ejercicio del activismo político, propiciando una clara redefinición de las relaciones de poder y generando una especie de contrapoder ciudadano. Sin embargo, pese a las múltiples oportunidades que presentan, las redes sociales también suscitan dudas”. Esta autora señala, asimismo, que otra de las potencialidades que ofrecen las tecnologías digitales es la monitorización cívica para la fiscalización del poder.

Keane, uno de los primeros autores en acuñar este término, definió el concepto de democracia monitorizada como la fiscalización de los centros de poder político y económico por la sociedad civil. Este escrutinio es posible debido al uso de herramientas tecnológicas y al gran torrente informativo derivado del entorno digital.

En otras palabras, la monitorización “es una forma de contrapoder que desafía a los centros de poder político y económico y en la actualidad también mediáticos. (…) En este sentido, lo que se pretende con esta forma de escrutinio es dar respuesta a los abusos de poder cometidos por los sectores más poderosos de la sociedad, de forma que se pueden convertir en una forma de contrapoder y llegar incluso a alterar las relaciones de poder establecidas, generar cambios en las decisiones políticas, provocar dimisiones o incorporar nuevos temas a la agenda pública”.

Las redes también producen una suerte de descentralización de los liderazgos políticos y sociales, ya que muchos de ellos pueden forjarse y crecer a través de posiciones asumidas por simples ciudadanos cuyo mensaje puede ser difundido y amplificado a través de dichos canales. De la misma forma que músicos de diversos países pueden dar a conocer sus creaciones a través de páginas web como “YouTube”, aquellos que impulsan una nueva versión del mundo y de las fuerzas que operan en el mismo cuentan ahora con una gigantesca tribuna que funciona las 24 horas del día y que está disponible para la audiencia global. Este fenómeno pudo ser apreciado en las protestas que hace algunos años protagonizaron diversos jóvenes en países tales como Túnez, Egipto o Yemen o incluso Argelia, Marruecos y Jordania.

En ese mundo virtual creado por las redes sociales y manejado a través de algoritmos que determinan quiénes nos podrían interesar como amigos o contacto, o qué tipo de noticia queremos ver con más frecuencia, no resulta extraño que los usuarios terminen relacionándose únicamente con personas que tienen una forma de pensamiento similar, lo que hace imposible tanto el debate como un simple intercambio de ideas y, al hacerlo, empobrece la visión de todos. Es más: cada día es más frecuente que las críticas o diferencias de opinión sean interpretadas como una ofensa personal en lugar de un intercambio lógico y previsible entre dos formas de ver la realidad. Así es como la famosa “grieta” avanza entre los ciudadanos de un país y vuelve imposible cualquier tipo de diálogo y entendimiento.

Estas características de los efectos de la tecnología fueron anunciadas muchos años antes de que las personas escucharan por primera vez la palabra “celular”, utilizada para identificar a un teléfono inalámbrico. En efecto, en palabras del español Jesús María Salcedo, “incluso muchos años antes de la gran explosión de la red y las telecomunicaciones, el escritor norteamericano Gilbert Seldes aportó un esquema útil acerca de las características de la era tecnológica y sus deducibles consecuencias. Algunas de ellas fueron: a) requiere un mínimo de educación, b) las experiencias son individualistas, c) muchas veces se experimenta en compañía, d) se consume en dosis abundantes, e) se difunde rapidísimo, f) es muy difícil un análisis, una observación ulterior, g) su producción puede ser muy cara, pero para el consumidor es muy asequible, y h) se crea para la mayoría.

A pesar de los cuarenta años que no separan de las opiniones de Seldes resulta evidente que muchas de sus afirmaciones poseen total vigencia y encierran asimismo muchos de los desafíos que plantean para la democracia los efectos del uso masivo de la tecnología.

Ante un flujo de información de tales características en el cual se combinan una cantidad abrumadora de la misma y una creciente dificultad para chequear su origen o al menos su confiabilidad, las redes se transforman en terreno fértil para la posverdad y las noticias falsas (fake news). De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, la posverdad es “la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales”.

En un reportaje publicado por la BBC a inicios del año 2017 el filósofo, humanista y pensador británico A.C. Grayling expresó que “todo el fenómeno de la posverdad es sobre: ‘Mi opinión vale más que los hechos’. Es sobre cómo me siento respecto de algo. Es terriblemente narcisista. Y ha sido empoderado por el hecho de que todos pueden publicar su opinión. (…) Todo lo que necesitas ahora es un iPhone, “y si no estás de acuerdo conmigo, me atacas a mí, no a mis ideas. Lograr articular una forma de ponerte en primera fila y lograr ser visto te convierte en una especie de celebridad”. Grayling advierte que el problema es una cultura online incapaz de distinguir entre realidad y ficción (…) Este proceso es “corrosivo para nuestra conversación pública y para nuestra democracia” y advierte de “una cultura donde unos pocos reclamos en Twitter tienen el mismo peso que una biblioteca llena de investigaciones”.
El uso de las tecnologías en general y de las redes sociales no puede ni debe afectar la capacidad de análisis y el pensamiento crítico de los ciudadanos porque de ellos depende en gran parte la salud del régimen democrático. Aunque puede resultar más fácil reemplazar el intercambio de opiniones con un simple “Me gusta”, a la larga siempre será mejor escuchar y dar razones sobre los temas políticos, sociales y económicos que nos afectan y sobre los cuales debemos informarnos y opinar. Recuperar la capacidad de respetar al que piensa diferente y hacer un uso adecuado de las redes sociales constituyen premisas básicas no sólo para que la tecnología no termine tomando el lugar de la razón sino también para fortalecer la vida en democracia. → Leer más

A lo largo de la historia de la humanidad, las epidemias y pandemias han sido también crisis históricas y sociales que han generado cambios demográficos, de organización social y comportamientos, así como en los valores morales y la identidad cultural.
La actual pandemia de COVID-19 está afectando negativamente la democracia a nivel mundial y en América Latina las restricciones a las libertades civiles impuestas por los gobiernos como respuesta al COVID-19 han agravado una problemática estructural ya existente y que se manifiesta en un descenso por quinto año consecutivo en el Índice de Democracia (Democracy Index), un “termómetro” desarrollado por la Unidad de Inteligencia de The Economist que se usa para evaluar la calidad de los procesos democráticos y de las instituciones gubernamentales en 167 países.
En 2020 esta herramienta, que anualmente mide la temperatura de la democracia en los niveles nacional, regional y global, registró su peor medición desde 2006: un total de 116 países registraron una caída en su índice de democracia, 38 países mejoraron y 13 permanecieron sin cambios.
Evidentemente, la pandemia por COVID-19 enfrentó a los países al enorme dilema planteado entre proteger la vida y la salud o perder libertades y, según el reporte, en todos los países analizados se optó por las restricciones a las libertades civiles.
Como es sabido, los ciudadanos de los diferentes países han accedido en mayor o menor medida a aceptar y cumplir las restricciones, dado que incluso los más acérrimos críticos coincidieron en que es necesaria alguna forma de distanciamiento social y uso de elementos de seguridad personal, por ejemplo.
“A pesar del acuerdo generalizado en la sociedad de que era necesario establecer medidas preventivas de aislamiento para contener la transmisión del virus, la cuestión de la libertad siempre fue un cuestionamiento central que fue creciendo con el paso de los meses. Estos cuestionamientos no solo fueron en dirección de las medidas más o menos coercitivas de restricción de la movilidad: también se refirieron a la libertad de expresión” plantea el reporte, divulgado en español en un extenso artículo publicado por InnContext, de Fundación Avina.
El estudio indica que en muchas democracias, y más aún en regímenes autoritarios, se observó una tendencia a limitar el debate y a acallar las voces disidentes, especialmente de las personas que se expresaban en contra del aislamiento. “Esto no solamente atenta contra uno de los principios más elementales de la democracia, sino que, además, mostró ser contraproducente: el silenciamiento de los discursos antagónicos al oficial impactó negativamente en la confianza de la sociedad en los gobiernos y en su capacidad para manejar la pandemia. Esto, a su vez, se tradujo en más críticas y en el surgimiento de muchas y muy diversas teorías conspirativas”, agrega.
Solo uno de los cinco indicadores del Índice mostró signos de mejora: el indicador de participación política, cuyo valor global pasó de 5,28 en 2019 a 5,42 en 2020, lo que indica que la suspensión de las actividades políticas y ciudadanas no fue un impedimento para la participación y el involucramiento social en los asuntos públicos. En este sentido, cabe señalar que a pesar de la situación de pandemia el año pasado hubo jornadas electorales –como el referéndum constitucional en Chile y las elecciones presidenciales en Bolivia y Estados Unidos– así como movilizaciones y protestas en relación al manejo de la crisis como a favor de cambios en políticas públicas que afectan a poblaciones específicas.
Según el estudio, América Latina “permanece como la región emergente más democrática del mundo”, detrás de Europa Occidental y América del Norte (conformada por Estados Unidos y Canadá). Por debajo se encuentran Europa del Este, Asia y Australasia, Oriente Medio y el Norte de África y África Subsahariana (estas dos últimas regiones concentran 40 de los 57 “regímenes autoritarios” del mundo).
A pesar de lo anteriormente expresado, también en Latinoamérica, donde según el Índice hay solo 3 “democracias plenas” (Costa Rica, Chile y Uruguay), 13 “democracias defectuosas”, 5 “regímenes híbridos” y 3 “regímenes autoritarios”, la pandemia también ha tenido el efecto de agravar viejos problemas como violencia, corrupción y debilidad institucional que atentan contra el pleno ejercicio de la democracia.
Una de las conclusiones señaladas por Inncontext a partir de los datos del estudio es que la pandemia reveló que buena parte de los gobiernos actúan como élites acostumbradas a no rendir cuentas y a excluir a la ciudadanía de las discusiones sobre los asuntos públicos, tendencia la verticalidad que se exacerbó en el contexto pandémico y, por otra parte, expuso las grandes falencias de los regímenes democráticos del mundo. Por otra parte, el multilateralismo y cooperación no han sido estrategias para enfrentar la crisis global, demostrando la fragilidad del sistema internacional.
En nuestro país, a pesar de su posición ventajosa como democracia plena reconocida en el Democracy Index, es innegable que el ejercicio de persuasión hacia ciertos modelos de comportamiento con distanciamiento físico implican una regulación de la vida social y, eventualmente una limitación de las libertades individuales en un contexto en el que el ciudadano parece quedar en una posición de mayor vulnerabilidad. No sólo por el posible contagio del virus sino por las consecuencias de las nuevas relaciones de poder y control social. Agreguemos a esto la propia irresponsabilidad de otros ciudadanos que poco esfuerzo realizan para colaborar en poner un freno a la pandemia.
Se trata de una situación que trae al primer plano el tema de las relaciones de poder y el rol del gobierno, los científicos y los medios de comunicación. Es un tema complejo y delicado que genera grandes debates y ha comenzado a manifestarse en polémicas recientes referidas al manejo de la pandemia por el gobierno, el rol del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) y las medidas recomendadas En definitiva, se registra en varios países un recrudecimiento de las medidas represivas, que en muchos casos fueron implementadas bajo la narrativa de la pandemia. Y esto en medio de una crisis para la cual aún no se avizora una salida sino que, por el contrario, presenta aspectos muy graves y el primero de ellos es la cantidad de muertes sin precedentes para las generaciones actuales en numerosos países. Una crisis que refuerza las vulnerabilidades y, evidentemente está teniendo y tendrá impactos económicos, políticos y sociales muy profundos y de cuyas secuelas nos llevará años recuperarnos.

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Cada vez que sucede algo como lo de Perú, en que se destituye un presidente, viene a la mente –y la comparación– lo que ocurre en Uruguay. Y sin ánimos de vanagloria, se valora la fortaleza de las instituciones en nuestro país. Una estabilidad que nos mantiene en pie, más allá de los problemas y diferencias. Porque para Perú la solución es la misma: la democracia. Y que a esta crisis la siga unas elecciones que no deberán demorarse.
La interpretación de la destitución del presidente peruano, Martín Vizcarra, a manos del Congreso es un tema polémico que solo el tiempo, y unas elecciones libres y justas en abril de 2021, podrán demostrar.
El Congreso –unicameral– votó abrumadoramente por declarar la “incapacidad moral permanente” del ya exmandatario, y las dudas y riesgos que esta decisión supone para la democracia, la vida política, la economía y la salud de Perú se vuelven cada vez más claros. Además, este país ha sido de los de peor gestión en la región de la pandemia del coronavirus.
En lugar de Vizcarra quedó Manuel Merino, quien ocupaba el cargo de presidente del Congreso; él mismo promocionó la moción de censura del mandatario de la República. Si bien está previsto el procedimiento al cual se ajustó Merino, su gobierno arranca con una severa crisis de legitimidad. Por lo pronto, no fue elegido directamente por los ciudadanos.
Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), indicó que la vacancia no solo es fruto de la aplicación de “un nefasto artículo de la Constitución”, sino que “técnicamente” incumple con ésta. “La vacancia se da solo porque existe la aritmética. Solo había que sumar votos, que llegan por las acusaciones de supuestos actos de corrupción. Pero en la Constitución, solo se puede sacar por causales determinadas y objetivas. La incapacidad moral es imposible de probar objetivamente. En el debate se lo acusó de cualquier cosa, de cualquier tema, con un juicio ético, pero no objetivo”, explicó con dureza.
Las denuncias de golpe de Estado no se hicieron esperar, tanto de los políticos opositores como de la sociedad civil, que se ha manifestado con protestas. Los que apoyan este giro en la vida política peruana son los que votaron por la vacancia, argumentan hasta el cansancio que el procedimiento se ajustó plenamente a la Constitución.
Cierto es que se cumplieron a la letra los plazos, formas y, sobre todo, el requerimiento de la mayoría cualificada para proceder de 87 votos sobre 130. La moción obtuvo de hecho 105. Pero dejan de lado que el Tribunal Constitucional está revisando precisamente el alcance de la “incapacidad moral”, un concepto vago, diseñado en el siglo XIX para referirse a problemas mentales y no éticos.
La pregunta ahora es qué irán a hacer los legisladores, y el actual presidente, con el poder. Porque en esta situación, Merino sigue siendo presidente del Congreso además de jefe de Estado. Esto no anuló lo otro y, claro está, es un problema añadido. Este gobierno tiene necesariamente que ser un gobierno de transición, actuar como tal. Como prioridad deberá responder a la grave crisis en la que estamos, sanitaria, económica y política. Pero lo fundamental es garantizar las elecciones limpias y transparentes en abril de 2021”, aseveró la politóloga Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Transparencia.
Sucede que –algo muy típico en América Latina– hay grupos que apoyan la vacancia que desean suspender las elecciones y alargar el mandato de Merino, aunque el nuevo presidente ha dicho que descarta esta posibilidad.
En su discurso inaugural como mandatario, Merino insistió en que su primer compromiso es “garantizar” y “respetar” el “inamovible proceso electoral en marcha”, lo que significa que en abril de 2021 habrá elecciones y un cambio de poder el 28 de julio de ese año. Se verá, claro está. Por ahora, son palabras.
En definitiva, en Perú muchos criticaron la actuación de los legisladores que destituyeron a Vizcarra pues piensan que ahora el país debe centrarse en solucionar la grave crisis económica y sanitaria que enfrenta. En un contexto de alarma por el avance del coronavirus, y el golpe que ha supuesto a los ciudadanos y a las finanzas de la nación incaica, esta situación no pudo caer en peor momento.
En los últimos cuatro años Perú ha tenido tres presidentes y los últimos seis mandatarios se han visto envueltos en escándalos de corrupción. En esto vinculan a Vizcarra y también al propio Merino. Nadie parece salvarse. La actual crisis en Perú no hace más que desnudar las fragilidades de su sistema y de la calidad de sus políticos. En la que no se escucha al ciudadano. Una reciente encuesta sobre si Vizcarra debía mantenerse en el poder o, por el contrario, ser vacado, un 78% apoyó su continuidad, y solo un 20% opinó que este debía dejar el cargo y ser reemplazado por el presidente del Congreso. Es difícil pensar en que se pueda encarrilar rápidamente el problema. Por lo pronto, que las elecciones se celebren dentro de lo estipulado. Que dejen hablar a la democracia.
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Como consecuencia de un control de rutina llevado a cabo por funcionarios policiales en la vía pública de la ciudad de Montevideo el pasado 5 de marzo, una persona llamada Diego Piñeyro (funcionario de la Intendencia Municipal de Montevideo) denunció que había sido golpeado e incluso baleado por funcionarios policiales. En el marco de un procedimiento en el cual se le solicitaron sus documentos personales, los de la moto que conducía y se procedió a revisar el bolso que llevaba, el funcionario municipal trató de huir y fue apresado por los agentes. Como consecuencia de estas actuaciones, Piñeyro presentó una denuncia ante la fiscalía competente sosteniendo que los policías lo habían golpeado “hasta que se cansaron” y que uno de los policías le disparó en cuatro ocasiones sin dar en el blanco. Asimismo el supuesto agredido sostuvo que los agentes del Ministerio del Interior lo “agarraron del pescuezo”, le “pegaron”, y le “hicieron de todo” y que fue “molido a palos” por los mismos.
Los delitos denunciados fueron dos: lesiones personales y abuso de funciones contra los detenidos. El delito de lesiones personales (cualquier trastorno fisiológico del cual se derive una enfermedad del cuerpo o de la mente) será castigado con pena de prisión de tres a doce meses. El otro delito (abuso de funciones contra los detenidos) está previsto en el artículo 286 del Código antes mencionado y tiene lugar cuando el funcionario público encargado, por ejemplo, de la custodia o del traslado de una persona arrestada cometiere con ella actos arbitrarios o la sometiere a rigores no permitidos por los reglamentos, y se castiga con pena de seis meses de prisión a dos años de penitenciaría. Afortunadamente, gran parte de la actuación policial quedó registrada en las cámaras de Divaru (Dirección de Videovigilancia, Analítica y Relevamiento Urbano), lo que permitió determinar qué sucedió en realidad esa anoche.
En efecto, contrariamente a lo señalado por Piñeyro en sus declaraciones, el dictamen fiscal llegó a la conclusión (luego de las investigaciones pertinentes) que los funcionarios policiales actuantes no incurrieron en la conducta tipificada como abuso de funciones contra los detenidos ya que “durante la privación momentánea de la libertad que lleva ínsita un procedimiento de identificación de personas, no cometieron actos arbitrarios ni sometieron a persona arrestada o detenida a ningún rigor más allá del necesario para la detención de un individuo en fuga, lo que dio mérito a su inmovilización”. Desmintiendo las afirmaciones del funcionario municipal, el fiscal actuante expresó que, en este caso, “las lesiones provocadas al denunciante, no superaron los límites de las propias derivadas de una detención y reducción forzosa en ocasión de fuga”, no habiéndose probado que los cuatro disparos y lo más importante: no se constataron daños ni lesiones concretas, por lo que no existió una conducta delictiva por parte de los policías.
El episodio protagonizado por Piñeyro fue cubierto ampliamente por los medios de prensa de todo el país y colocó a los policías involucrados en una delicada situación. Tal fue la magnitud que adquirió esta situación que el presidente del Pit Cnt, Fernando Pereira, y la secretaria general de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Adeom), Valeria Ripoll se reunieron con el Ministro del Interior Jorge Larrañaga para tratar esta denuncia de supuesta inconducta policial.
La reunión fue solicitada por el Pit Cnt y como lo reconoció el propio Fernando Pereira, el Ministro Larrañaga tuvo una “reacción rápida” y lo recibió en forma inmediata. Durante la reunión Larrañaga le exhibió los videos de las actuaciones policiales antes mencionadas y esa grabación, así como la respuesta de los dirigentes sindicales dejó en claro la falsedad de la denuncia de Piñeyro.
Tanto Pereira como Ripoll dijeron que en las filmaciones no vieron agresión alguna por parte de los policías y que en el video “no se ve todo lo que el compañero ha manifestado”, ya que “se plantean disparos y golpes que no se ven”. En pocas palabras, la mentira del funcionario municipal tuvo patas cortas ya que quedó demostrado que no existieron lesiones ni abuso de funciones en su contra. Tan grande fue la fantasía inventada por Diego Piñeyro que ni siquiera sus compañeros sindicales apoyaron su denuncia, más allá del la inmediata reacción de respaldo inicial, ante una denuncia por supuesto abuso policial que ya descontaban como cierto.
Sin perjuicio de que la Fiscalía liberó a los funcionarios policiales de toda sospecha, hay algo que su dictamen omitió resolver y es la responsabilidad Piñeyro por haber presentado una denuncia penal que claramente carecía de fundamento. En efecto, el Código Penal de nuestro país prevé específicamente en su artículo 179 el delito de simulación de delito, el cual será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión. Se trata ni más de menos de una omisión que abre una verdadera Caja de Pandora para cualquier persona y pone en claro peligro su seguridad jurídica y su libertad personal. Si se pueden presentar denuncias penales falsas a sabiendas sin que ello tenga ninguna consecuencia para quienes la formulan, estamos dando una carta blanca para abusar de un sistema penal que debería proteger a los ciudadanos honestos en lugar de perseguirlos sin motivo alguno. Y al fin y al cabo, ¿quién se hará responsable por las angustias y sufrimientos de los policías acusados y de sus familias, especialmente en tiempos en los las redes sociales y muchos medios condenan a los presuntos inocentes antes que los jueces o aún cuando estos no lo hagan?
El tema no puede resultar más importante para el Estado de Derecho ya que se encuentra estrechamente relacionado con el principio de inocencia (toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario) que durante siglos ha sido recogido por diversos textos constitucionales en todo el mundo y es uno de los pilares de cualquier régimen democrático.
En ese mismo sentido la Declaración Universal de las Naciones Unidas establece que “toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.
En efecto, como lo ha señalado el académico mexicano Miguel Ángel Aguilar López “el respeto y tutela de la presunción de inocencia, en consecuencia, es un elemento esencial para una debida defensa, inherente a toda persona sujeta a proceso, desde su tramitación hasta el momento en que una sentencia condenatoria establezca su culpabilidad o una absolutoria decrete su libertad”.
Así las cosas, la denuncia falsa de Diego Piñeyro afecta no solamente a los agentes policiales destinatarios de la misma sino también al sistema democrático en general porque violenta de manera intencional el referido principio de inocencia. Lamentablemente, a la mala fe del funcionario municipal denunciante se suma la omisión del fiscal que perdió una oportunidad de dar una señal clara que no existe impunidad para las denuncias falsas en nuestro país. → Leer más

Para algunos, solo nos espera el caos, para otros, la salvación del país. Y en la etapa final rumbo al próximo domingo los partidos hacen lo posible y lo imposible por machacar esas ideas. Como si la falta de tiempo para convencer impusiera la polarización de ideas. Es algo muy natural, por otra parte. No debe ser nada sencillo razonar fríamente cuando del lado del oficialismo se siente que, por errores propios y aciertos ajenos se puede llegar a estar fuera del gobierno y, del lado de la oposición, hay una posibilidad muy firme de, después de bastante tiempo, llegar al poder.
Y como el ser humano es imperfecto, la campaña, inevitablemente, se ensucia. No como en otros países, es cierto. Mil y una vez tenemos que agradecer el ser como somos en momentos de tanta tensión. El fallecimiento del militante nacionalista debido a un choque eléctrico cuando intentaba colocar una bandera fue una tragedia lamentada por propios y ajenos, como corresponde. Rayando en el chauvinismo, no es descabellado pensar que eso es algo que no pasa en todas partes.
El actual clima de violencia extrema en Bolivia y Chile, o las declaraciones de políticos brasileños o argentinos sobre sus adversarios nos hacen ver, y lo dicen los mismos vecinos del otro lado del río, como “ejemplos de democracia”. ¿Es eso una exageración? Tal vez sí, tal vez no.
Y, como casi nunca antes en la historia nacional, hemos llegado a un momento en que se pondrá a prueba nuestra fama de republicanos tolerantes. Porque, gane quien gane el domingo, lo hará por un porcentaje bastante acotado. Algo que, para el sistema democrático mundial puede ser hasta una costumbre, pero que no lo es para el Uruguay.
Salvo excepciones, cuando un partido aquí ganaba una elección, lo hacía con bastante diferencia del que perdía. Como ahora no será así, la sensación de perder por poco no será la misma para el partido que no alcance el gobierno que si perdiera por bastante margen. Ahí estará la prueba de fuego. ¿Cómo se reaccionará ante el hecho de “casi” haber podido ganar? ¿Se aplicará la idea expresada por un político alguna vez de “el que gana, gana”?¿O el sentimiento de frustración será tan fuerte que nuestra famosa paciencia no será una barrera tan eficaz ante el resentimiento de haber perdido?
En este momento crucial, es una duda que se reparte en cantidades casi iguales para un sector político y para el otro. Si la oposición no llega a ganar, el panorama será muy desolador. Con tantas condiciones dadas para que así sea, el no ganar ni siquiera así puede hacer sentir –no pensar–, que tal vez nunca, o por lo menos por muchísimo tiempo, accederán al gobierno.
Y las reacciones pueden ser, por lo menos, equívocas. Obviamente no habrá aquí alzamientos populares pero, de parte de los propios políticos, el ceder ante la desazón y defenderse a partir de ahí es siempre un grave error.
Por la otra parte, si es el actual partido de gobierno el que pierde, muchos de los convencidos de que ellos y solo ellos son la salvaguarda del país, también pueden llegar a creer que, los cinco años que se vienen serán los más desgraciados y nefastos que pueda imaginarse. Y ya sabemos como reacciona un creyente convencido cuando aquello en lo que ha confiado ciegamente, de la noche a la mañana, ya no existe: no precisamente bien.
Es el gran dilema de la democracia, o más bien, del sistema democrático como lo conocemos por aquí. Cuando se llega al gobierno, se sabe que no será para siempre, que esos cinco años que separan una elección de otra deben tomarse como un voto de confianza que la gente ha dado pero que, de no conformar con los hechos, puede en la siguiente vuelta, preferir a alguien totalmente diferente.
Eso, a los convencidos de uno y otro lado, puede parecerles algo hasta falto de inteligencia. Pero es el germen de la democracia. Que no está ni en los partidarios del gobierno ni en los partidarios de la oposición. Si fuese por ellos, que su partido se perpetuara en el poder sería lo mejor para el país. Eso no es democracia.
Por eso el verdadero significado de esa palabrita tan traída y llevada por unos y otros, anida en aquellos no del todo convencidos que, viendo la simple realidad cotidiana, una vez han votado a un partido y otras, a otro. En esos que no tienen una ideología que sirva para regir cada paso de sus vidas, que no desprecian a otro que no piense igual que ellos, que no sienten que un señor X, por el simple hecho de haber sido capaz de ascender en la política les pueda solucionar la vida a ellos y a la nación entera.
Un grupo bastante grande de gente que, efectivamente, son los que definen cualquier elección. Los políticos, siempre tan listos y agudos en estas épocas, lo saben y han salido a por ellos.
Ahora ese electorado anónimo y poco convencido existe. Y existe más que nunca. Como una tabla que flota luego de un naufragio, es disputada por el gobierno y la oposición como si les fuera la vida en ello. Y es cierto, ahí está después de todo, la salvación para llegar al poder.
A estas alturas seguir convenciendo a los convencidos tiene una importancia prácticamente nula. Pero convencer a los posibles votantes, es fundamental. Claro, dirá algún rezongón, ahora se acuerdan, ahora vienen a golpear la puerta del uruguayo de a pie. ¿Se acordarán de él cuando finalmente ganen? Esa sigue siendo la siempre presente pregunta de este sistema en el que vivimos.
Ahora más que nunca, los partidos tienen que ser más conscientes de que la campaña no se termina cuando la banda presidencial pasa del presidente saliente al entrante. Ese es el momento en el que comienza.
Equilibrar el gobernar con la atención a los que asegurarán que el próximo gobierno, tan lejano y cercano a la vez, siga siendo del partido que ganará el próximo domingo, es algo así como un acto de malabarismo realizado en una cuerda floja sobre una piscina llena de tiburones. Un acto que, por más difícil que sea, los políticos del presente y del futuro tendrán que aprender a hacer. El uruguayo anónimo los estará observando de cerca, como corresponde. → Leer más

El jueves por la noche sucedió algo que no pasaba desde hacía 25 años: volvió a haber un debate televisivo entre dos precandidatos –aunque en 1994 el debate fue entre candidatos–, con la puja entre el colorado Ernesto Talvi y el frenteamplista Oscar Andrade en el programa “Todas las voces” de Canal 4, moderado por el periodista Daniel Castro. Fue un gran hecho para el país y para nuestra democracia, además de haber sido lo más visto de la televisión nacional durante esa noche.
La decisión de estos políticos, que se animaron a debatir ideas y propuestas, sin vueltas, resultó ser un alivio para los ciudadanos que finalmente volvieron a presenciar uno de estos eventos que tanto bien hace al sistema democrático de la nación. Los debates muestran mucho más de un candidato que los spots televisivos y la invasiva propaganda en las calles.
Si bien Talvi y Andrade no son del mismo partido y nos encontramos en instancias de las elecciones internas –durante el debate hablaron más para sus votantes dentro de su fuerza política–, igual significó un gran ejemplo de lo que debieran hacer el resto de los precandidatos o candidatos a la Presidencia una vez que pase esta instancia electoral.
Sería bueno sacarse de la cabeza que debatir ante el rival frente a las cámaras, podría resultar contraproducente para los políticos, cuando es una instancia en la que puede presentar con argumentos sus ideas y planteamientos, delante de un público mayor y de gran alcance. Ojalá que a partir de ahora, y más cuando estén definidos los candidatos por cada partido político, se den los debates televisivos de forma seguida y que surjan de manera natural.
Hace unos meses, el diputado colorado Fernando Amado presentó un proyecto de ley en el Parlamento para que se establezcan como obligatorios los debates entre los candidatos a la presidencia antes de las elecciones nacionales de octubre y del balotaje de noviembre. Montevideo Portal consultó al respecto al diputado Amado, quien dijo que deben celebrarse este tipo de eventos y que si no se vota la ley de debates obligatorios no habrá la misma voluntad ni en octubre ni en noviembre.
Es loable la intención del legislador, pero la obligatoriedad en este aspecto hace ruido. Plantearse debatir debería ser inherente al político, al que pretende dirigir un país. La fortaleza de la democracia también está dada desde ese punto de vista, cuando hay intercambio de posturas, cuando se las confronta, y cuando la ciudadanía, que vota, los ve y puede tomar una mejor decisión según su conciencia.
En una encuesta divulgada por Opción Consultores en noviembre del año pasado, seis de cada diez uruguayos manifestó interés en que los políticos debatan en un mano a mano durante la campaña electoral los temas relevantes para el país. Una práctica que en el resto del mundo es habitual de ver pero en Uruguay, como decimos, aún es poco frecuente y se llevaba cinco lustros sin que eso sucediera.
La pregunta concreta que hicieron los encuestadores fue si les gustaría mirar un debate político por televisión y el 59% respondió que sí, mientras un 27% dijo que le daba lo mismo y solo un 12% argumentó que no le interesaría. En todos los partidos políticos, la mayoría de sus votantes coincide en que prefiere ver discutir a los líderes.
En aquel sondeo, el 68% de los votantes del Partido Nacional, por ejemplo, señaló que es favorable a que se realicen estos intercambios electorales, mientras que en el Partido Colorado ese número se ubica en el 62%. En el Frente Amplio, el 56% de los votantes desea ver un debate electoral en tele. Y en el resto de los partidos el porcentaje se ubica, también, en un 62% de inclinación positiva.
Mientras en el mundo se planifican debates electorales entre candidatos con total frecuencia y naturalidad, en Uruguay el último que se emitió fue en 1994 entre el colorado Julio María Sanguinetti y el frenteamplista Tabaré Vázquez, moderado por el recientemente fallecido Jorge Brovetto. La victoria de las elecciones la tuvo el Partido Colorado.
En Uruguay, se ha plasmado la idea de que solo quieren debatir los que vienen atrás en las encuestas de opinión. En 1999, Vázquez no aceptó debatir con Luis Alberto Lacalle, que iba por debajo en las encuestas, pero sí quiso hacerlo con Jorge Batlle, que era el favorito en un eventual balotaje (esa segunda vuelta se dio) y que se negó a esa posibilidad.
Para 2004, Jorge Larrañaga retó a Vázquez, pero el actual presidente, que iba con ventaja, no quiso hacerlo. En 2009, resultó ser José Mujica el que indicó que no debatiría a no ser que le conviniera. Y eso nunca pasó. En 2014, otra vez Vázquez se negó por considerar que podía armarse un “circo mediático” e incluso recordó que el único que quiere debatir con todos es el que va último en las encuestas.
Ahora, tras el debate Talvi-Andrade se ha abierto una puerta para que otros sigan el mismo camino de intercambiar opiniones al aire, que se dejen convencer que es una opción que siempre conviene. Que entiendan que este instrumento está al servicio de la democracia. Nada más y nada menos.
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En los últimos días el país se ha visto conmovido por la confesión del exmilitar José Gavazzo, sobre su participación en la detención, tortura y asesinato del militante tupamaro Roberto Gomensoro, la cual fue formulada tiempo atrás ante el Tribunal de Honor Militar. Esta noticia fue dada a conocer por el diario “El Observador” y estuvo basada en una investigación del periodista Leonardo Haberkorn. Sin perjuicio de la crueldad de los hechos confesados y de la tormenta de responsabilidades políticas por acción u omisión que se ha desatado en el sistema institucional uruguayo, existe un hecho que creemos oportuno destacar: el papel del periodismo en la investigación y difusión de un tema de tanta importancia para el sistema democrático de nuestro país.Como ha señalado el periodista español Antonio Caño, “el periodismo es imprescindible para la convivencia en una sociedad libre, para el equilibrio de poder necesario en una democracia. Sin el periodismo desaparecería la crítica ordenada, y sin la crítica caeríamos en el imperio de la arbitrariedad y el miedo. Los abusos de poder no son monopolio de los regímenes autoritarios; se dan también en las democracias, y aunque el periodismo independiente no los puede evitar, la denuncia de esos abusos cumple en sí misma una función extraordinariamente valiosa. (…) La amenaza a la libertad de expresión y al periodismo de calidad no se produce en sí mismo por las nuevas tecnologías. El periodismo de calidad y la libertad de expresión están amenazados porque algunos políticos han descubierto que quizá la nueva política se puede hacer mejor y con mucho más éxito sin periodismo exigente. Y porque algunos políticos prefieren periódicos que les den razón y no los sometan a la investigación y la crítica”.A nivel internacional existen múltiples ejemplos en los cuales el periodismo no sólo jugó un papel fundamental en la divulgación de acciones gubernamentales que fueron fuertemente censuradas por la opinión pública (como las ejecutadas por el ejército estadounidense durante la Guerra de Vietnam) sino también en el curso de la política no sólo de ese país sino también internacional, tal como sucedió con el caso Watergate (denunciado por los periodistas Carl Bernstein y Bob Woodward del diario “The Washington Post”). A nivel latinoamericano las denuncias por corrupción en el caso “Lava Jato” o las relacionadas con las figuras de los gobiernos kirchneristas son otros ejemplos de cómo el periodismo puede desempeñar su tarea en beneficio de los intereses ciudadanos. Afortunadamente, Leonardo Haberkorn no está solo, y varios de sus colegas uruguayos han honrado su profesión y el vínculo indisoluble y necesario con la misma y con la libertad de expresión, habiéndose mantenido apegados a la ética profesional, a pesar de las múltiples denuncias judiciales que finalmente han sido retiradas o archivadas por causa de mérito. La lista 711 que encabeza el exvicepresidente Raúl Sendic, por ejemplo, cuestionó el accionar de “una parte de la prensa” que, según una declaración, es “funcional” a “la derecha”, formó parte de un “ataque sistemático y mezquino” contra el entonces vicepresidente. Varios jerarcas frenteamplistas han utilizado, en los últimos años, las denuncias judiciales como forma de tratar de intimidar a los periodistas que “se atreven” a cuestionar cualquier acto de gobierno. Lamentablemente los ejemplos sobran y varios de ellos están detallados en el Periodismo y libertad de expresión en Uruguay Cuarto Informe de Monitoreo de Amenazas” difundido en mayo del año pasado. El propio Sendic amenazó en declaraciones públicas con enjuiciar a las periodistas Patricia Madrid y Viviana Ruggiero, por el libro que escribieron ambas, titulado “Sendic, la carrera del hijo pródigo”. La expresidenta de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Susana Muñiz, por su parte, presentó en su momento una denuncia (que luego retiró) contra el periodista Gabriel Pereyra por una columna de opinión que escribió en el diario “El Observador” sobre el funcionamiento de ese organismo. Finalmente quedó demostrado que, en ambos casos, la actividad de los periodistas se había apegado a los hechos y como resultado de ello Muñiz fue removida de su cargo por el Presidente Tabaré Vázquez y Sendic (finalmente procesado sin prisión) se vio obligado a renunciar tras fuertes cuestionamientos éticos que incluyeron un duro dictamen del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, según el cual su uso de las tarjetas corporativas de Ancap “no deja dudas de un modo de proceder inaceptable en la utilización de los dineros públicos”. La Ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, el exsenador del MPP Eduardo Agazzi y el exministro de Relaciones Exteriores Reynaldo Gargano son otras de las figuras gubernamentales de las últimas décadas que han tomado como blanco de sus críticas a los periodistas y a su labor profesional. El mensaje de todos ellos (y de muchos más integrantes del Frente Amplio) es claro: se deben acallar a cualquier costo las críticas que cuestionen el relato color de rosa del paraíso progresista. Toda esta concepción de atacar a los medios de comunicación “no alineados con el discurso oficial” se refleja claramente en la Declaración Final del XXIII Foro de Sao Paulo (del cual forma parte el Frente Amplio) en el cual se sostiene la importancia de “procurar la penetración también en los medios de comunicación convencionales y comerciales, para incluir las voces progresistas”. En pocas palabras, para este Foro y sus integrantes el periodismo debe estar al servicio de un partido único.En la misma línea, resulta imposible desconocer el factor decisivo que la investigación periodística tuvo en el caso de Pluna y el impactante valor de la foto tomada por el fotógrafo del diario “El Observador” durante el almuerzo del cual participaron el entonces Ministro de Economía y Finanzas Alvaro Lorenzo, el empresario Juan Carlos López Mena y su hijo Juan Patricio, el representante de Cosmo Antonio Sánchez (más conocido como “el hombre de la derecha”) y el asesor Gabriel Papa. Una vez más, esta vez sin palabras y a través de una significativa nota gráfica, el periodismo volvía a demostrar su importancia en la construcción de la vida democrática. Culpar a los que dan las malas noticias (en este caso los periodistas) no es una invención del actual gobierno, a pesar de lo mucho que gusta utilizar este nefasto recurso. Como ha señalado la periodista española Pilar Rahola “fue Plutarco quien, en una de sus Vidas paralelas, hablando del militar romano Lúculo y de sus guerras en Asia Menor contra Mitrídates del Ponto, narró lo que, con el tiempo, sería una expresión común. Según parece, el rey armenio Tigranes el Grande, aliado y yerno de Mitrídates, se enfadó tanto por las nuevas de un mensajero que le avisaba de la llegada de Lúculo, que le cortó la cabeza para no oír las malas noticias. Por supuesto no le fue nada bien, tanto como a la mayoría de los que, a lo largo de la historia, han decidido matar al mensajero para no oír el mensaje. Esa táctica de avestruz es tan usada como inútil, porque las nuevas llegan sí o sí, tanto si se oyen como si se cortan cabezas. Sin embargo, y a pesar de la inutilidad, es una tentación común en la política, quizás por aquello de no ganar la razón pero ganar tiempo”. → Leer más