Resultados de la búsqueda de derechos humanos

La participación de los ciudadanos en el ámbito digital plantea una serie de desafíos y responsabilidades. Aunque nuestro país ha tenido una posición activa y atenta en estos temas y se cuenta con legislación al respecto, la protección de los datos personales requiere de necesarias dosis de conocimiento e información por parte de quienes tenemos identidades, prácticas y transacciones digitales.En el marco de la celebración del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, el pasado lunes el Área de Sociedad de la Información de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento presentó las conclusiones de la 5ª Encuesta de Conocimientos, Actitudes y Prácticas de Ciudadanía Digital, un estudio nacional sobre el comportamiento de los ciudadanos uruguayos en el ámbito digital.Al igual que otros estudios relacionados con las prácticas de los uruguayos en Internet, se concluye que el 92% de los encuestados tiene acceso a Internet, mientras que el 86% utiliza la red a diario, registrándose algunos incrementos importantes en lo que refiere a transacciones económicas y trámites en línea.En este sentido, el estudio revela un incremento importante del 10% en 2014 al 52% en 2018 en lo que refiere a pagos y transacciones digitales, mientras que el 47% de las personas busca información sobre trámites en Internet (en 2014 era el 21%) y un 34% ha realizado un trámite en línea de inicio a fin en los últimos 12 meses. Esto se relaciona con el descenso, de 49% al 26%, de aquellas que prefieren informarse de los trámites concurriendo directamente a una oficina pública.Respecto al conocimiento de los encuestados sobre el Derecho a la Protección de Datos Personales, el 53% de los encuestados dijo estar en conocimiento del mismo (frente a un 36% en 2014 y 42% en 2016).En Uruguay, la Ley de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data Nº 18.331 reconoce el derecho que todos tenemos a controlar el uso que los demás hacen de nuestros datos personales y habilita a preguntar quién tiene nuestros datos, dónde los tiene, qué datos posee y para qué los utiliza. También tenemos derecho a no figurar en las guías telefónicas sin nuestro consentimiento y a no recibir publicidad no deseada.En este sentido, la legislación ampara a todos los ciudadanos a presentarnos ante el responsable de una base de datos pública o privada para conocer la finalidad y el uso que se da a datos como el nombre, el apellido, el correo electrónico, el celular, una fotografía, la huella dactilar, el modelo retinal, la voz, la imagen de una persona, el RUT y el ADN, entre otros. Si no nos responden en el plazo de cinco días, tenemos derecho a recurrir ante la Justicia o ante la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP). A su vez, quienes trabajan con nuestros datos personales tienen el deber de mantener el secreto profesional y la confidencialidad. También tienen que adoptar las medidas de seguridad adecuadas para que los datos estén seguros y no sean perdidos, robados o utilizados sin autorización. Los datos sensibles (que revelan nuestro origen racial o étnico, preferencias políticas, convicciones religiosas o morales, afiliación sindical y toda información referente a nuestra salud o vida sexual) requieren un manejo más estricto aún.Atendiendo a la amplia participación de las personas en ámbitos digitales de información y comunicación, el aumento de las transacciones electrónicas y la evidente recopilación de datos por parte de empresas e instituciones, otros aspectos antes señalados, resulta evidente que la protección de datos personales se torna un tema crucial en la actualidad en la medida que cada individuo genera una cantidad masiva de datos y que nuestros celulares y tarjetas de crédito dejan rastros de cada palabra y cada movimiento durante el día. La existencia de este tipo de datos también posibilita el cruce de información y la mejora de los servicios sociales y otros procesos gubernamentales relacionados con los ciudadanos pero no es menos cierto que en otros aspectos, contar con una gran cantidad de datos permite predecir comportamientos futuros con mayor precisión y mejorar la toma de decisiones por lo que nuestros datos se tornan insumos codiciados para saber qué nos gusta, con quiénes nos vinculamos y relacionamos, qué consumimos, en qué y dónde gastamos y, por ejemplo, luego ofrecernos publicidad y productos a medida.Una reciente publicación del BID titulada “La gestión ética de tus datos” advierte sobre la necesidad de la protección de la seguridad y privacidad de los datos personales y el establecimiento de normas que aseguren su procesamiento ético, así como la importancia de conocer los riesgos. Uno de ellos refiere a la opacidad de ciertas bases de datos (es decir cuando los datos no son comprensibles y transparentes respecto a qué información se recolecta, como se gestiona, analiza y comparte). Otro es la discriminación algorítmica, que puede darse cuando la discriminación o los sesgos inconscientes que existen en las mentes de los humanos se instalan y proliferan en los sistemas informáticos, en el uso del aprendizaje automatizado y de la inteligencia artificial, por ejemplo cuando los sistemas de reconocimiento facial producen más errores al procesar rostros no caucásicos o cuando la automatización en la contratación de trabajadores presenta sesgos de género. Atendiendo a estas cuestiones, en enero pasado Uruguay amplió los alcances de la ley de Protección de Datos Personales, extendiéndose –entre otros aspectos– el ámbito de aplicación de la misma, que ahora tiene jurisdicción fuera del territorio nacional en caso de que se traten datos de habitantes de Uruguay para la oferta de bienes o servicios o para el análisis de su comportamiento, si lo disponen los contratos o normas internacionales o si se utilizan medios situados en el país.Contar con legislación es importante pero el conocimiento de estos riesgos así como los derechos que tenemos como ciudadanos se vuelve un asunto relevante en un contexto mundial en el que los sistemas de vigilancia digital y de adquisición masiva de datos personales son cuestiones cotidianas y prácticas que de no ser reguladas pueden lesionar nuestros derechos y libertades fundamentales. → Leer más

Más allá de la problemática inherente a los altos costos de insumos, relación de precios, mercados, rentabilidad, entre otras variables que aquejan indudablemente a la industria uruguaya, los ejecutivos del sector consideran que existe una marcada incidencia de falencias en recursos humanos que les ocasiona un adicional de problemas, más allá de la coyuntura económica.Es así que en el marco de la conferencia “La industria responde”, organizada por la Asociación Rural del Uruguay, diario El País y Radio Carve, los industriales Alberto González, director del Frigorífico Las Piedras, Daniel de Mattos, director de Breeders & Packers Uruguay, y Marcelo Secco, CEO para el Cono Sur del grupo Marfrig, subrayaron que el ausentismo laboral es hoy la segunda preocupación de la industria frigorífica, luego del precio del ganado en pie que faenan y sumado a los costos internos que tiene Uruguay.En esta problemática Daniel de Mattos sostuvo que “el ausentismo laboral tiene que ver con la eficiencia, con la baja rentabilidad que nos genera, no con el aumento de costo real de la faena, que pasó de 2.000 pesos hace cinco años a más de 4.000 por animal”.Dijo que tiene que ver con la eficiencia, “no porque los que van a trabajar sean menos eficientes, sino por los que no van a trabajar, en un sistema de cobertura social que hoy se está abusando y usando mal”.Consideró que naturalmente “los que laburan y van a trabajar son la mayoría, pero el tema es que cuando se saca una de cada cinco personas en una línea de trabajo, la eficiencia cae”, y eso “hace que los costos aumenten más de lo que han aumentado”, en tanto puntualizó que lo importante es poder controlar lo abusivo que está siendo el tema del ausentismo en el Uruguay de hoy”.En la misma línea, para Marcelo Secco “en un país donde en la agenda política se maneja un capítulo de paz laboral, es preocupante para un inversor extranjero. Es tema de todos los días el manejo de los recursos humanos, pero independientemente de eso, hay que cuidar el país”, dijo, en tanto Alberto González evaluó que el ausentismo laboral “es un tema recurrente, se está viviendo y lamentablemente en un año en que políticamente será activo, puede llegar a tener mayor gravitación”.Este escenario no se da solo en la industria frigorífica, por supuesto, sino que salvo alguna excepción es una constante en empresas de todos los rubros, y por supuesto se potencia en las empresas y dependencias del Estado, donde a las exigencias y condiciones benignas –por decir lo menos– para cumplir con tareas y horarios de trabajo, se agrega el hecho de que los controles brillan por su ausencia y como bien decían los mencionados ejecutivos, se hace un abuso de las normas que se han dispuesto para atender una problemática laboral con el objetivo de una cobertura que permita que los trastornos de salud no perjudiquen los ingresos del trabajador.El punto es que estos abusos, exacerbados en el ámbito estatal, también perjudican al sector privado y en el caso de la industria afectan las cadenas de incorporación de valor y distorsionando la producción, sin que a la vez se cuente con mecanismos de control eficaces y la asunción de responsabilidades para que haya equilibrio en la ecuación y al final no terminen pagando justos por pecadores.Porque cada vez que por “viveza criolla” e indolencia se abusa del ausentismo, a menudo con justificativos médicos truchos o en extremo tolerantes, se está afectando a los demás trabajadores con tareas recargadas por ausencias pero a la vez condicionando a que se mire de reojo al siguiente empleado que apela a este derecho justificadamente, y se meta en una misma bolsa a quienes hacen un uso legítimo de esta cobertura y a quienes buscan la “ventajita” del momento.Lamentablemente, esta distorsión por incumplimiento de obligaciones inherentes a todo contrato laboral, se enmarca en un decaecimiento de valores en prácticamente todas las áreas, porque se ha potenciado la agenda de derechos pero no de la contraparte de cumplir con las obligaciones, por cada uno de nosotros y por los demás, y este escenario es por ejemplo flagrante en el ámbito de la educación, sobre todo a partir de la rama Secundaria, donde hay marcado ausentismo y deserción, así como desmotivación.En el sector laboral, además, existe una gran movilidad en la plantilla de personal, consecuencia entre otros aspectos de tendencia a la frustración y escasa disposición para contraer obligaciones, y en muchos casos de no asumir que hay contrapartida de responsabilidades a cumplir, en el contexto de ganarse la vida por el esfuerzo de cada uno.Estamos ante una problemática prioritaria y de interés general, desde que refiere nada menos que al trabajo, la cultura y la educación y su indisoluble interrelación en aras del progreso del país, su crecimiento con desarrollo y la sustentabilidad de las políticas que se lleven a cabo.Pero además este déficit manifiesto de responsabilidad en el mundo del trabajo y el de la educación, viene precedido de las falencias de la formación que se da en cada hogar, en la escala de valores. Paralelamente, no se trata solo de capacitar e incrementar capacidades, además de ampliar oportunidades de ingresar al mundo del trabajo, sino que es preciso además orientar a que se asuman mayores responsabilidades. Se trata en realidad de generar un compromiso con el trabajo, con el desarrollo, la capacitación, la formación de capacidades, vinculando el trabajo con la educación.Es en esencia librar la batalla por potenciar la cultura del trabajo y en contra de la cultura de la indolencia y de que todo da lo mismo, inculcando la importancia del esfuerzo y la capacitación, de la inteligencia y la constancia aplicada al trabajo, de la asociación entre el capital y trabajo.Es que si bien la cultura del trabajo es en buena parte ínsita a la persona, también en gran medida se inculca desde el hogar, desde el círculo social, desde los ámbitos de la educación y también desde las propias empresas, incorporando elementos de estímulo y motivando al crecimiento del funcionario dentro del propio ámbito en que se desempeña.Pero sobre todo a través de políticas desde el Estado que estimulen el trabajo y no la indolencia, el cumplimiento de la jornada laboral y hacer respetar las normas por todas las partes de la relación laboral, en el entendido de que la cobertura social debe ser un derecho y una protección, en un sensato equilibrio, pero no un vale todo para cobijo de abusadores. → Leer más

Los reiterados hechos de violencia ocurridos en las aulas de los centros educativos movilizan hoy a un grupo de docentes de la Escuela Técnica en Paysandú. Por la misma causa, anteriormente también hubo movilizaciones en San José, en Montevideo y en otros centros educativos dependientes de los distintos consejos.En cada entrevista con maestros, técnicos, educadores y profesores, se insiste sobre las mismas consignas, según las cuales éstos cuentan con escasas herramientas para enfrentar un fenómeno que no es nuevo en la sociedad, pero que ha traspasado los límites y los supera.En algún sentido, ya han advertido que es dentro de los centros educativos donde se pueden generar los insumos para empezar a erradicar las situaciones de violencia en la sociedad, pero sin el compromiso de la totalidad de los actores sería imposible lograrlo.Como sociedad, es claro que hay fallas en la base misma, desde los referentes familiares de los jóvenes, el entorno ciudadano, el destino de los recursos humanos y económicos de la educación y la necesidad de transformar el actual sistema en un contexto asequible.Por lo tanto son imprescindibles cambios que van desde mejorar las infraestructuras de los centros educativos, partiendo del reacondicionamiento de los edificios, hasta la imprescindible conformación de equipos multidisciplinarios que permitan un abordaje integral a un problema que es estructural.Por ejemplo, en el caso de la Escuela Técnica de Paysandú, las clases se imparten en un edificio de comienzos de la década de 1940, que nos remonta a la más rica historia de un Paysandú industrial que capacitaba a los futuros obreros. Pero los tiempos han cambiado así como las necesidades de capacitación de la juventud, que no encuentran en el sistema las respuestas que buscan para su futuro.Porque aquel Paysandú ya no existe, ni aquellos jóvenes que llegaban a capacitarse en oficios tienen los mismos intereses que éstos.Cuando se miden los resultados académicos y se establecen comparaciones críticas con la región, en ocasiones no se toman en cuenta algunos aspectos que influyen de manera directa en las conductas, trayectorias educativas y en las valoraciones de los rendimientos. La inseguridad en la convivencia, los hechos de violencia intrafamiliar, el incremento en el consumo problemático de sustancias –no solo drogas duras, sino alcohol y psicofármacos– generan un caldo de cultivo que probablemente finalice su cocción de la peor manera en un aula.Si un docente nos mira a los ojos y nos dice: “no estamos capacitados para afrontar estas problemáticas y ya no sabemos qué hacer”, claramente nos está indicando que del discurso moralizante de las autoridades están fuera de la realidad. Y esos conceptos se reiteran en todos los niveles.Y ya no es solo el desconocimiento de la autoridad, sino que la estructura social se deteriora así como los vínculos. Porque sería muy fácil reclamar límites en individuos que probablemente no los reciban en su entorno familiar, donde los lazos cada vez son más débiles y a veces es difícil encontrar a un adulto responsable, o al menos alguien con alguna responsabilidad. La educación ha recibido un refuerzo presupuestal en la última Rendición de Cuentas, pero se debe analizar si se orientan en el sentido acertado porque un escenario, como el uruguayo, con bajos rendimientos académicos y altos índices de abandono, significan una alerta a tener en cuenta. Ciertamente, las nuevas generaciones están más al tanto de sus derechos y en este aspecto mucho tienen que ver las políticas de la educación, que han puesto especial énfasis empoderar a los jóvenes. Estas políticas han sido acompañadas de normativas, leyes, tratados, con la participación de referentes nacionales en convenciones internacionales pero que de poco han servido para solucionar los problemas reales de los estudiantes.Si antes era natural el maltrato a los estudiantes, la humillación física tan bien descripta en los cuentos de los abuelos o la violencia institucional, hoy –por suerte– es todo lo contrario. Pero eso no basta para mejorar la educación, ni para lograr una razonable convivencia en paz en los centros educativos.Hoy todos tenemos claro que la educación media es un pasaje obligado a un empleo que en muchos casos ni siquiera se conoce cuál será.Pero las pantallas de los smartphones y las tablets compiten distrayendo la atención de los jóvenes, que se aíslan de la realidad mientras que el diálogo y las relaciones interpersonales van perdiendo pie frente a las nuevas formas de socialización. Y cuando el niño o el joven llega al centro educativo, ya es difícil –si no imposible– captar su interés y cambiar algunas conductas que ha absorbido a través de los nuevos medios. Porque si en su realidad virtual consume escenas violentas, entonces para él será natural reaccionar con violencia ante sus pares.Está claro que cuando un docente debe interponer su cuerpo para detener un hecho violento, es que anteriormente alguien no asumió su responsabilidad. Porque el desconocimiento de la autoridad no empieza con los adolescentes y porque el vacío de poder es apenas la consecuencia más visible del problema. → Leer más

Rosana Batista no denunció una sino dos veces a su agresor. A pesar de las medidas cautelares impuestas por la justicia, su expareja continuó amenazándola de muerte y ella presentaba otra denuncia. Sin embargo, la jueza encargada de la causa resolvió reiterarle por teléfono al acusado que de continuar con esa actitud, incurriría en el delito de desacato. Sirvió de poco.
Un día, esta mujer de 29 años y madre de dos hijas de 8 y 10 años apareció muerta de un balazo y a pocos metros, también su victimario.
A pesar de los avances en la legislación y el incremento de las denuncias en un 500 por ciento, con la notoria visibilidad del problema social que involucra, aparecen las fallas en el protocolo de respuesta y ahora los cruces de opinión conforman los titulares de las noticias. En este caso particular ya no sirve discutir si la Policía debe comunicarse directamente con la Fiscalía, o lo deben hacer los jueces o se debe disponer la inmediata colocación de la tobillera electrónica. Pero ante el incremento de las denuncias y también la transgresión a las medidas cautelares, debería protocolizarse en forma clara.
Este grave mensaje negativo para quienes dudan en denunciar, pone sobre el debate –otro más– al nuevo Código de Proceso Penal. La Suprema Corte de Justicia resolvió abrir un sumario a la jueza titular y a la de feria por considerar de gravedad los hechos ocurridos que finalizaron con un homicidio y posterior suicidio. El máximo organismo investigará si se cumplieron las instrucciones directas impuestas a los Juzgados de Familia sobre la actuación en casos de violencia basada en género.
La magistrada no avisó a la Fiscalía sobre el desacato del denunciado que, en todo caso, podría haber adoptado otras medidas de protección, por lo tanto, el sistema no funcionó para Rosana.
O tal como lo repiten los técnicos: los únicos casos sobre los cuales es imposible actuar y prever, son aquellos que no se denuncian, e incluso desde todos los niveles institucionales se insta a hacerlo. Pero en el caso ocurrido en Artigas, ella pidió ayuda y eso no ocurrió.
Hoy quedan los “efectos residuales” de la crónica policial que se limita a describir la escena del crimen y son dos niñas huérfanas. Los cruces de culpas ya no sirven porque, en definitiva, todo el sistema debe estar avisado de lo que ocurre. Y más aún cuando son hechos que ocurren en localidades del interior.
No ha sido otra cosa que los avances institucionales que alentaron a las víctimas a denunciar a sus agresores porque desde el gobierno se emitió un mensaje de confianza, al mostrar los resultados efectivos de los dispositivos electrónicos, con intervenciones públicas y un fuerte respaldo político. No obstante claramente no previenen la violencia doméstica y aunque por sí mismas no alcanzan, es al menos una de las formas más efectivas de responder ante un pedido de auxilio reiterado. Como el de Rosana.
A pesar de las movilizaciones de diversos colectivos que han desvirtuado el problema hasta llevarlo al punto de la exageración, con una fuerte impronta ideológica que nada tiene que ver con el problema de fondo, la problemática adquirió visibilidad. Pero este ha sido un paso atrás.
El sistema en sí mismo atraviesa por críticas de las comunidades y los vaivenes son propios de los seres humanos que aplican justicia, pero existe una sensación de colapso que, tanto en este como en cualquier otro caso que se judicialice, sostienen la pesada carga burocrática y de espera que desespera. Y en ocasiones, se va la vida. Porque no siempre las respuestas rápidas son efectivas y ocurre como el caso del femicidio de Artigas, que las situaciones a resolver se suman día a día.
Con el nuevo código en la mano surge el cuestionamiento sobre la continua especialización y formación de los jueces en estos temas específicos, a pesar las excepciones que confirman la regla. Si bien es controvertida la aprobación de una ley exclusiva para el género, mientras las estadísticas muestran un aumento sostenido de homicidios a varones, hay situaciones que involucran otros aspectos sensibles.
Por eso el tema no pasa por denunciar al capitalismo, porque hay dieciséis países capitalistas dirigidos por mujeres y ninguno es socialista. Son veinte países capitalistas que se encuentran en la lista de los primeros veinte que reconocen los derechos de las mujeres y ninguno es socialista. Tampoco pasa por tirar bombas de pintura contra un edificio perteneciente a un credo religioso en particular, porque viola el principio de laicidad y libertad de pensamiento que se reclama en las marchas. Y no, eso no es ni evolución, ni revolución; tal como se repetían en las consignas de las movilizaciones.
El machsimo no se deconstruye con gritos histéricos, ni con poses desnudas para mostrar la libertad de los cuerpos (o “cuerpas”), sino por crear y creer en los valores sociales. Porque si las generaciones anteriores debían responder a sus parejas, hoy parece que es de orden que deben hacer y pensar lo que exigen los colectivos feministas en las calles. En cualquier caso, no bajan los índices de muertes porque el 80 por ciento de las situaciones que terminaron en muertes no se denunciaron. Por lo tanto, tampoco su gritería llegó como un mensaje claro.
Pero si existe un sistema fuerte que responde acorde al pedido de ayuda de uno de los más débiles, entonces hablaríamos de otras cosas. Y lo hablaríamos con menos hipocresía, en tanto, la violencia no genera otra cosa que más de lo mismo. En las sociedades modernas la credibilidad y la coherencia no se adquieren como un bien de consumo, sino que se consiguen con mucho esfuerzo.
Pero hay que insistir con el mensaje para que otras Rosana sigan creyendo en el sistema y a ellas sí, se les responda como merecen. → Leer más

Las fiestas tradicionales se prestan para cambiarnos el carácter y nos vuelven algo más humanos, simpáticos y hasta tolerantes. Eso mientras dure esta semana, después volveremos a la normalidad, con el clásico apego a nuestro individualismo, a los juicios simplones y con la eterna mirada puesta en lo que hace el vecino con más ansias de críticas sin contenido que con miras a transformar una sociedad, donde solo el fútbol supera a la hipocresía como deporte nacional.
Mientras el mundo se blinda contra atentados radicales o desastres naturales, por estos lares nuestras luchas son bastante menos fratricidas pero muy temperamentales desde otros sentidos y, al tiempo que nos esforzamos por hacer prevalecer nuestros derechos individuales, dejamos por el camino algunos valores que también están ligados intrínsecamente con la convivencia o la frase tan repetida de “construir ciudadanía”.
En tanto en otros sitios refuerzan especialmente la seguridad para festejar la salida del año viejo, en Uruguay nos apegamos a la idiosincrasia del exceso, con mucho alcohol y ruido que nos saque de nuestros silencios porque hace rato que dejamos de escucharnos.
A pesar de la mirada refundacional de las últimas administraciones, algún día entenderemos que lo que somos y hacemos cada día es el resultado de más de 200 años de historia que, claramente y aunque nos y les pese, será difícil de quitar por decreto, por modismos o transformaciones de palabras. Por eso mismo que explicitan con tanto tecnicismo y que se denomina la “naturalización” de las conductas. Y porque lo que hoy critican como si fueran los atalayas de las conductas humanas, en otros tiempos practicaban por costumbre. Es probable que los mismos que antes insultaban y escupían al presidente Jorge Batlle en plena crisis cuando caminaba por la rambla o le gritaban traidor a Hugo Batalla por irse del Frente Amplio –quien además debió mudarse de barrio ante tantas pedreas–, hoy se escandalizan e histeriquean porque al ministro Danilo Astori lo agraviaron y ofendieron a la salida de un supermercado junto a su esposa.
¿Que estuvieron mal en el pasado pero también está mal retribuirlo de la misma manera es verdad. Esa intolerancia debe ser condenada venga de donde venga, con la mayor severidad. Pero lo que se ve en los últimos años es que la corrección política está enfocada solo hacia un lado, porque siempre estuvo mal insultar a un presidente o a un ministro. Incluso hasta alegrarse de alguna muerte por las redes sociales. Sin embargo “esos” agravios muestra de intolerancia, falta de respeto y humanidad de sectores patoteriles son bien aceptados por una parte de la ciudadanía, que después se horroriza cuando le tocan uno de su palo.
Miles de hombres y mujeres han pasado a lo largo de la historia de este país y dejaron su impronta que, equivocada o no, corresponde a una época y a un análisis que deberá hacerse considerando la realidad de aquél momento. De lo contrario, seguiremos hablando con la misma falta de rigor con la que hablamos de algunos hechos, solo para que una tribuna ideológica nos aplauda a rabiar cuando sabemos –¡vaya si lo sabemos!– que la Historia con mayúsculas debe estudiarse con rigor para que las nuevas generaciones entiendan por qué estamos donde estamos y hacemos lo que hacemos.
Sin el reconocimiento de esa realidad que nos circunda, pecaremos siempre del mismo infantilismo agudo de mirar de forma sesgada nuestra condición. Y esa condición no se cambia con las transformaciones de un léxico que pretende, a fórcep, creer que la inclusión atraviesa por el lenguaje o imponiendo a la sociedad una forma de actuar, por falsa que ésta sea.
No hace falta una política social de determinado sesgo para ser mejores personas, por eso siempre está allí la pregunta: ¿cuánto hicieron en otros tiempos por sus semejantes y desde su lugar humano los actuales paladines de las buenas prácticas inclusivas o solidarias? Porque para ser solidarios, humanistas y buena gente no hace falta que lo establezca un programa de gobierno ni se impregne de academicismo o lo atraviese una bandera. Hay que serlo siempre o no serlo.
Y el año que comienza es probable que nos encuentre ante el desafío de cambiar el criterio y entender que pensar distinto es el privilegio de sociedades que crecen con fundamentos propios y sin definiciones ofensivas, atadas –siempre atadas– a dialécticas que no conducen a nada, salvo a dividir a las sociedades aún más de lo que se encuentran. Porque, para eso, algunos ya se preparan tanto desde las redes como en los atriles.
Hoy esas ventajas saltan a la vista y se observan tanto por cadena nacional como por publicidad oficial y no hay opciones para su incumplimiento.
Por eso se sancionan leyes “positivas” que sólo servirán para demostrar que la verdadera discriminación no finaliza por decreto sino al contrario, éstos profundizan las brechas ya existentes. Y más allá de lo que griten algunos –muchos o pocos, no importa– en Facebook o Twitter, detrás de estas iniciativas se esconde el verdadero interés, que es arrimar votos.
Porque la igualdad es multidireccional y porque, ya lo sabemos, tampoco somos todos iguales ni merecedores.
Existen diferencias caprichosas que un programa de gobierno no podrá cambiar jamás y, cuando esto se pretende demostrar, surgen los previstos improperios que atentan contra una de las libertades más caras y a la que le tienen el miedo mayor, como la libertad de expresión o, mejor dicho, la libertad de pensamiento.
Claro, para todo lo demás existen las redes sociales, esas cloacas del ciberespacio por donde fluye lo peor de cada uno de nosotros, y que poco y nada aportan a los debates de ideas y la reflexión.
Pero los excrementos expresivos que circulan en la cibercloaca no distinguen partidos, razas, líneas políticas ni economías, y tarde o temprano terminan ensuciado a todos.
Porque nadie tiene el real control del caño maestro, ni siquiera aquellos que tienen contratados especialistas en trabajos sucios que con múltiples identidades falsas se encargan de hacer lo que el político o su partido no puede directamente, porque sería mal visto por la sociedad que le paga el sueldo. Por eso el mal humor de algunos y la sensación de desgaste sale hacia afuera.
En algún momento entenderán –aunque difícilmente los reconozcan—que esos mismos, han hecho mucho para crear este ambiente cargado de violencia que ahora critican y condenan, y lo han hecho a lo largo de décadas, incluso mucho antes de que las redes sociales existieran, por aquella máxima de “cuanto peor, mejor”. Y desgraciadamente hoy estamos pagando las consecuencias, que al paso que vamos, con el tiempo se irán agravando. → Leer más