Tras aprobarse en el Senado, ha pasado a la consideración de la Cámara de Diputados la iniciativa sancionada por la Cámara de Senadores, con los votos de la coalición –18 en 30– el proyecto de ley por el que se contempla una reparación económica, social y moral “a las víctimas de ilícitos cometidos por organizaciones políticas armadas” entre 1962 y 1976.
Un tema controvertido si los hay, porque refiere a un pasado cercano también muy controvertido, debido fundamentalmente a que se ha tratado de imponer el relato de una de la partes –la guerrilla tupamara y sectores políticos afines– con lo que ocurrió en realidad en aquel período aciago de nuestra historia, y este relato se ha visto reflejado en las normas aprobadas con referencia al tema, sobre todo durante los 15 años de gobiernos del Frente Amplio.
Ya con la media sanción de la Cámara Alta, la iniciativa volverá a ser tratada, esta vez por los diputados en el próximo año, con el intento de los diputados de Cabildo Abierto de que la iniciativa fuera ingresada con carácter de “grave y urgente” esta semana, lo que finalmente no ocurrió.
Por supuesto, en un tema tan espinoso y que ha estado sobre el tapete por espacio de casi 50 años, era de esperar que nuevamente salieran a relucir las pasiones y las descalificaciones ideológicas en la discusión en el Senado, pero el desarrollo de la sesión en la Cámara Alta se dio sin mayores sobresaltos y sin agravios, actitud que fue valorada por los legisladores de todos los partidos.
Más allá del fondo de la normativa aprobada, desde el Frente Amplio se indica que la sanción del proyecto en el Senado fue urgida y que responde a una negociación política entre el Partido Nacional y Cabildo Abierto para que dejaran de lado –al menos en el Senado– sus planteos sobre modificaciones a la reforma jubilatoria.
Consultado por esta resolución, el senador frenteamplista Charles Carrera dijo que en el Frente Amplio tienen dudas acerca de la constitucionalidad de este proyecto y enfatizó que “en Uruguay no todas las víctimas del terrorismo de Estado fueron reparadas”.
Por su parte, el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech negó que la celeridad con la que se dio trámite al proyecto responda a algún tipo de presión que supuestamente ejerció el partido que integra, y enfatizó que “esto no es moneda de cambio por ningún voto, es simplemente el reconocimiento demasiado tardío a un número importante de personas a las que en Uruguay se violaron sus derechos humanos y hoy son recordadas”.
Consideró que “hubo víctimas icónicas de ese período, la más conocida es Pascasio Báez, casos de violación a los Derechos Humanos cometidos por grupos armados y nos parece injusto que no hayan sido reparados. Han sido ignorados por la historia”.
Incluso trajo a colación el relato de uno de los familiares que reclaman esta reparación: “Uno me decía: ‘el asesino de mi padre tiene un memorial. A mi padre no hay nada que lo recuerde. Solo su familia’”. Para Domenech “existen entre 80 y 100 personas” que deberían recibir una reparación.
De acuerdo a integrantes de la coalición de gobierno la idea es “aprobar el proyecto de Ley promovido por el Poder Ejecutivo para reparar a las víctimas de grupos armados por motivos políticos en el período comprendido entre 1962 y 1976”.
El texto remitido al Parlamento con fecha 20 de diciembre propone una “indemnización moral, social y económica” a víctimas civiles, policiales, militares y sus familias que “hayan sufrido daños en su persona y bienes como consecuencia de los hechos ilícitos ocurridos entre el 1° de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976, por integrantes de grupos armados por motivos políticos”.
“El Estado promoverá acciones materiales o simbólicas de reparación moral con el fin de restablecer la dignidad de las víctimas del uso ilegítimo del poder ejercido por integrantes de grupos armados, así como honrar su memoria”, señala el articulado en su cuarto artículo.
La exposición de motivos del proyecto de Ley afirma que “las referidas víctimas y sus familias han sufrido daños en su persona y bienes y se ha vulnerado su derecho a la indemnización pecuniaria”. “Es de justicia para estos compatriotas y sus familias, que han sido objeto de actos ilícitos y que como consecuencia de los mismos han sufrido la violación de sus derechos”, agrega esa parte del texto.
El proyecto de Ley crea una Comisión Especial que atenderá “la instrucción, sustanciación y resolución definitiva sobre las solicitudes de amparo” así como “el otorgamiento de los beneficios dispuestos”.
Las personas comprendidas serán todas aquellas que “hayan sufrido violación a su derecho a la vida, a su integridad psicofísica o a su libertad por motivos políticos o ideológicos, y que puedan acreditar fehacientemente el daño y su nexo causal, respecto de los hechos ocurridos en el período señalado”.
El punto es que el tratamiento de esta problemática de la “reparación” hasta ahora había sido tratada solo desde una visión, es decir la de los guerrilleros, lo que se tradujo en la amnistía con la que se los benefició, así como el derecho a recibir pasividades reparatorias aún sin contar con causales jubilatorias completas, como debe hacer todo ciudadano, e incluso el beneficio se extendió hasta sus descendientes, lo que fue aprobado durante el gobierno de Tabaré Vázquez.
Sin embargo, debido a esta visión hemipléjica e interesada de la historia reciente, no se hizo lo mismo con las víctimas del terrorismo tupamaro, que se instaló en el país a partir de 1962, cuando había en el país un régimen democrático, y ya prácticamente había desaparecido cuando se instauró la dictadura.
Peor aún, no solo la guerrilla y los actos terroristas se iniciaron en democracia, sino que el caos que generaron contribuyó a crear el caldo de cultivo para que los militares se alzaran con el poder, considerados por una gran parte de la ciudadanía como “salvadores” frente a los grupos violentos de izquierda cuya meta era instalar en Uruguay por la vía de las armas un gobierno dictatorial marxista como el que había instalado Fidel Castro en Cuba poco años antes, en 1959.
Por supuesto, nada de lo que se haga ahora podrá siquiera mitigar las consecuencias y el dolor, la tragedia inconmensurable provocada por los enfrentamientos generados a partir de la ideología y la intolerancia, pero sí es imprescindible por lo menos tender a equilibrar la forma en que se trata a las víctimas de uno y otro lado, sin la visión unidireccional que se había dado hasta ahora a partir de las presiones, corporativismos e intolerancia de los grupos radicales de izquierda. Aunque en este caso, el Estado paga dos veces: a las víctimas del terrorismo de Estado, y a las víctimas de los terroristas, que siguen sin hacerse cargo de nada.
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En los últimos dos años se presentaron tres proyectos en la Cámara de Senadores para abordar una solución a los deudores del Banco Hipotecario (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) que, según datos estimativos, involucra a unas 24.000 personas.
Ante el proyecto de ley que modifica la ley 16.060 referida a las sociedades comerciales, autoridades del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (Cceau) se reunieron con los senadores Carlos Camy, Mario Bergara, Raúl Batlle, Graciela Bianchi y Guillermo Domenech, con el objetivo de proponer alternativas y correctivos en la redacción de la norma.
