Mediante moción presentada en la Junta Departamental de Paysandú, el edil nacionalista Francis Soca formuló un planteo sobre la situación de los hogares de ancianos, a efectos de que sea analizado por la Comisión de Promoción Social del cuerpo.
Sostiene que la problemática de los hogares de ancianos no es nueva “y ha sido nuestra preocupación desde hace largo tiempo. Su control en cuanto a número de ancianos alojados y personal que se ocupan de su cuidado. Residenciales que operan por encima de su capacidad, con ancianos amontonados y un personal insuficiente son algunos de los puntos más sensibles que ponen en peligro la vida de los residentes. Habilitación de bomberos. Alimentación y estado en que se encuentran los alojados en esos hogares”.
Destaca que “hoy, pero no es el único caso que se ha dado en diferentes residenciales, vemos con dolor lo ocurrido en Treinta y Tres y las 10 vidas que se cobró el incendio producido. ¿Cuándo se pondrá el eje en controlar por parte de los diferentes organismos estas situaciones? Me estoy refiriendo a Ministerio de Salud Pública, Mides, BPS, Bomberos”.
Considera al respecto que “administración tras administración vemos como se mira para otro lado en el tema ancianidad, sin dar prioridad a los mismos como a otros colectivos, en un país en que cada vez son más las personas que llegan a una edad avanzada. Lo último que se ha informado a través de los medios ha sido una mujer de 86 años que fue hallada muerta en una casa de la ciudad de Treinta y Tres. Cuando llegó la Policía al lugar encontraron además a otras 10 personas, todos adultos mayores, en mal estado general, según lo informado por un medio gráfico. Las personas estaban en malas condiciones de higiene general y sin calefacción. Ahora las autoridades locales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y de Fiscalía investigan si se trata de un residencial clandestino de adultos mayores”.
“Desde el Mides dijeron que se desconocía la existencia de este residencial y que tampoco existe en los registros del Ministerio de Salud Pública (MSP), por lo que se considera que operaba en la clandestinidad”, acota el representante oficialista, al recordar que “lo hemos planteado en otras oportunidades sin respuestas favorables, no hacia nosotros, sino una respuesta que solucione esta problemática a ese universo de nuestra sociedad. Los residenciales no pueden ser depósitos de ancianos. Personas que le brindaron todo a nuestro país y terminan siendo olvidados y descartados son una muestra de cómo la tercera edad es frecuentemente desprotegida y olvidada, un problema que se agrava en instituciones mal gestionadas”.
Para Soca, el Estado a través de sus respectivos organismos debe estar presente “garantizando las condiciones mínimas e imprescindibles para que dicho colectivo, que no son pocos, viva en condiciones dignas. La desidia y la falta de responsabilidad de quienes tienen el deber de proteger a los más vulnerables no pueden seguir siendo la norma. Es hora de que las autoridades actúen con la seriedad y el compromiso que esta situación demanda”.
Sostiene al respecto que “se trata lógicamente de un tema de recursos, y debemos destacar los residenciales que hacen la tarea con responsabilidad y brindan una buena atención, pero hay que poner el foco en los que no lo hacen y algunos, lo que es más grave, ni siquiera están habilitados para tal fin. Lo ocurrido como ya dijimos no es una señal de alerta, ni tampoco es nuevo y requiere urgentemente, pues se trata de vidas, una revisión profunda de cómo se gestionan y supervisan los residenciales de ancianos en todo el país”.
Reflexiona que “como en casos anteriores estará en los medios por un par de días; todos comentaremos con sorpresa e indignados y luego olvidaremos el tema, hasta que nuevamente se produzca otro hecho similar. Es una situación que como sociedad miramos para otro lado, como si los ancianos fueran los responsables por llegar a edad avanzada”.
