Resultados de la búsqueda de frente amplio

América Latina es la región más desigual del mundo. No la más pobre, pero sí la más desigual. Esta frase que reiteran los estudios académicos y los informes oficiales de gobiernos y de organismos multilaterales, no es una novedad, sino todo lo contrario.
Latinoamérica plantea esta situación desde la época de las colonias, pero se profundiza a comienzos de la década de 1970 y, a pesar de la instalación de sucesivos regímenes y gobiernos progresistas con ansias de distribución equitativa, la problemática persiste.
En este continente, el 20% de la población más rica tiene un ingreso per cápita casi 20 veces superior al ingreso del 20% más pobre. La brecha aumenta y se profundiza en las ciudades, donde reside el 80% de su población y una cuarta parte de ese total, lo hace en asentamientos. Los últimos datos presentados el viernes por el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, señalan que nuevos retos como las migraciones –como resultado de la crisis en Venezuela y Nicaragua– y el cambio climático conspiran contra la posibilidad de cerrar esas diferencias sociales.
Un tercio de la población latinoamericana reside en la pobreza y aún existen regiones con escasa llegada de los servicios públicos. La educación es, a todas luces, la posibilidad de salir de esa problemática. Sin embargo, permanece como “el cuello de botella” y su calidad regular no permite avanzar en algunos países. No es tan alejado de la realidad, poner a Uruguay como uno de los ejemplos.
Moreno lleva 14 años al frente del BID y en el marco de los 60 años de fundación del organismo, presentó algunos guarismos preocupantes. Este año, América Latina cerrará por debajo del 1% del crecimiento anual y algunas economías, como la argentina, estarán particularmente afectadas y en contracción. Sin dejar de mencionar la desestabilización venezolana, que habrá expulsado a unos 5 millones de personas, una cifra muy similar a los sirios que fueron a Europa.
Si bien los desafíos no son solo económicos sino también políticos, hay situaciones que deben sostenerse en la inyección de recursos. Es el caso de Argentina, donde el BID aportará unos 10.000 millones en créditos, de los cuales resta el desembolso de unos 6.000 que se entregarán a Macri, o a quien gane las próximas elecciones. Y la ecuación está bastante clara. Peronistas o macristas deberán acceder a créditos internacionales para salir de la crisis social que vapulea a una clase media desgastada y suma nuevos pobres que terminan en los cinturones de las ciudades, donde pululan los merenderos.
El contexto sudamericano no pudo solucionar el déficit de empleo y la informalidad laboral que permanece en los sectores más jóvenes y en las mujeres. En los últimos 50 años, aumentó seis veces la cantidad de ciudades, donde viven más de 124 millones de personas en la pobreza. Al igual que en Uruguay, en líneas generales se registra una desaceleración demográfica, pero se expanden las ciudades. Por lo tanto, no es sostenible el acceso a los territorios ni la forma de desarrollo de sus comunidades.
Las condiciones del hábitat se generan en zonas alejadas, con la creación de programas habitacionales hacia donde se dificulta –y encarece– la llegada de los servicios. Las áreas urbanas quedan con menos población y reducen su densidad, cuando debería ocurrir lo contrario y el acceso a la tierra se presenta como un problema, cuando no es así.
Es decir que, al menos por América del Sur, han pasado gobiernos democráticos de variadas ideologías así como dictaduras y en ningún caso pudieron con las brechas que generan desigualdades. De hecho, 60 años después, el BID es aún el principal organismo de desarrollo regional y solo el año pasado prestó 14.000 millones de dólares. Incluso el índice de Gini ubica al continente en niveles de desigualdad similares a la década de 1980, cuando varios países no tenían democracia.
Por lo tanto, es estructural y persiste en un nivel superior al promedio internacional. Por eso la paradoja y la necesidad de ajustar argumentos que responsabilizan al mercado de “casi” todo en materia de desigualdad, cuando la base de la inequidad está asentada en los defectos y falta de previsión de las decisiones políticas.
Es así que las desigualdades permanecen a pesar de la prosperidad económica y Uruguay tiene algo para decir en torno a este particular, porque desde 2003 retomó 12 años de crecimiento ininterrumpido con un crecimiento anual del 5%. Era un panorama inigualable que no se sostuvo. Sin embargo, para quitarse cualquier camiseta o fanatismo hace falta un análisis empírico que en tiempos electorales no resultaría efectivo para todas las partes.
No es posible avanzar en un abordaje amplio de la desigualdad si quedara a un lado la violencia y la inseguridad. En este aspecto, la tasa de homicidios en América es la más alta del mundo y alcanza 21,5% por cada 100.000 habitantes, como resultado del crimen organizado. O la violencia basada en género que se ha llevado la vida de miles de mujeres y niños menores de 15 años.
Por eso queda claro que, más allá del signo político de los gobiernos, el desarrollo sostenible y sustentable se sostiene en la voluntad política para evitar privilegios y distribuir los recursos. Incluso la desigualdad no puede verse específicamente desde los ingresos económicos, sino de forma integral con el ejercicio de los derechos y las autonomías para comprobar su repercusión a lo largo del ciclo de la vida de los ciudadanos.
En cualquier caso, para acceder a la igualdad, los gobiernos redistribuyen en base a subsidios y no a progresos en sus sistemas tributarios. Lo que no tiene un sustento sólido, sino que actuará como una barrera para el desarrollo integral que impedirá el aprovechamiento de las potencialidades de cada uno. → Leer más

Las lesiones y muertes por siniestralidad vial están entre los 15 problemas críticos en materia de salud en el país, constituyendo una triste realidad que es necesario priorizar para el logro de las transformaciones necesarias. En este marco, se desarrollan cada año intensas actividades de concientización, la más destacada de las cuales –por su alcance en todo el territorio del país y la presencia mediática– es el denominado “Mayo Amarillo”, que durante un mes pone en la agenda pública el tema de la seguridad en el tránsito y la necesidad de disminuir la siniestralidad vial.
No obstante, el logro efectivo de esa meta requiere también de instrumentos legales que impacten para la disminución de la siniestralidad. Para ello se han incorporado cambios en la normativa, tendientes a contar con vehículos más seguros y obligar a los conductores y pasajeros a adoptar mayores medidas de seguridad en el tránsito.
Los aspectos de control también son importantes y, en este sentido, la legislación vigente requería de una adecuación y puesta al día, ya que las medidas implementadas hasta el momento no han sido todo lo efectivas que se esperaba y tampoco se había obtenido hasta el presente un consenso y unificación de criterios a nivel de las diferentes intendencias del país.
El uso del casco, por ejemplo, es muy dispar en diferentes departamentos existiendo algunos –como Soriano, Rivera o Paysandú– donde lo usa aproximadamente el 90% de los motociclistas y otros –como Cerro Largo– donde ese porcentaje escasamente llega a un 20%, constituyendo un claro indicador de la existencia de muy dispares niveles de conciencia del riesgo por la población y distintas visiones de las autoridades locales en cuanto a hacer respetar o no las leyes nacionales vigentes.
Este tipo de situaciones debería comenzar a cambiar tras la reciente aprobación en el Parlamento de una ley que incorpora innovaciones y profundiza el desarrollo de normativa en materia de seguridad vial, en un intento del Estado por iniciar el desarrollo de políticas públicas que deberán ser instrumentadas de igual forma en todo el territorio nacional.
Esta tercera Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial –aprobada por unanimidad tras un arduo trabajo de negociaciones en comisiones de ambas cámaras parlamentarias– complementa las normas existentes en la materia y unifica el marco normativo en seguridad vial, iniciándose ahora un proceso de reglamentación, incluyendo a todos los responsables institucionales, colectivos y asociaciones, entre otros.
El articulado consta de seis capítulos que abarcan la seguridad en la circulación de los usuarios vulnerables, elementos de seguridad pasiva y activa para los vehículos automotores, infracciones, sanciones y aspectos administrativos, entre otras medidas.
La ley establece normas de circulación básicas y unificadas a nivel nacional para ciclistas y motociclistas, sustentando en el marco existente actualmente, exigencias de elementos de seguridad al momento del ingreso de vehículos en nuestro país; aspectos administrativos de notificación, aplicación de multas a través de medios electrónicos, clasificación de las sanciones, posibilidad de poseer el marco punitivo único, tiempos de prescripción de multas únicos a regir en el país, entre otros aspectos.
También incluye la toma de exámenes a aspirantes de conductores o renovaciones en rutas de jurisdicción nacional, permiso por puntos y registro que permite el seguimiento vehicular por los gobiernos departamentales.
Uno de los cambios importantes a la normativa vigente es el sistema de puntajes para el permiso de conducir, que se verá afectado frente a sucesivas infracciones, como ocurre en otros países. No obstante, los conductores infractores podrán iniciar un proceso de “reinserción” en el tránsito, reeducándose vialmente, lo cual les permitirá recuperar los puntos perdidos al haber cometido infracciones.
Técnicos del gobierno, importadores y comerciantes trabajaron en temas de seguridad técnica introducidos en la ley, como la incorporación de exigencias para la importación de vehículos, disponiéndose que deberán contar con control electrónico de estabilidad, dispositivo de alerta acústica y visual de colocación de cinturón de seguridad, encendido automático de luces cortas o diurnas, entre otros aspectos.
Las motocicletas, que han aumentado en cantidad en los últimos años y tienen una importante participación en la siniestralidad vial, convirtiéndose en en un riesgo para sus usuarios y un grave problema de salud pública que afecta fundamentalmente a la población más joven, también son consideradas y deberán disponer de frenos ABC, antibloqueo, y SBS, inteligentes.
La ley incluye nuevas obligaciones para ciclistas y peatones. En relación a los primeros, incluye medidas de protección obligatorias como el uso de bandas, chaleco, campera u otra vestimenta de alta visibilidad que cumplan con las exigencias técnicas de retrorreflexión, de acuerdo con lo que fije la reglamentación respectiva. También prevé su salvagurada su circulación por bicisendas o ciclovías si las hubiera.
Para los peatones establece medidas autopreventivas a la hora de circular, tomando las debidas precauciones frente al abuso que existe en cuanto a utilizar medios electrónicos como transeúntes, en particular los teléfonos celulares cuyo uso se prohíbe para cruzar la vía pública.
El total de fallecidos a causa de siniestros de tránsito en 2018 fue de 528, en tanto que 26.123 personas resultaron lesionadas en un total de 20.654 siniestros. Esto implica un promedio de 72 personas lesionadas por día, incluyendo heridos de cualquier entidad y fallecidos. El 41% de los lesionados tenían entre 15 y 29 años, lo que significa que la población joven sigue siendo la principal afectada.
Modificar esta realidad exige mayor conciencia y compromiso individual de cada uno de los que hacemos el tránsito pero también la asunción de responsabilidades específicas de organismos e instituciones competentes, la asignación de presupuestos y mayores herramientas de fiscalización, lo cual es un desafío importante.
Una estrategia efectiva para alcanzar la meta de la reducción sustancial de la siniestralidad requiere necesariamente de acciones coordinadas y uniformes. Ese gran paraguas lo proporciona ahora la nueva Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, un instrumento que por una parte introduce grandes cambios y por otra nace con un amplio acuerdo parlamentario, de la industria y el Congreso de Intendentes. No es poca cosa pero su incidencia para cambiar la angustiosa realidad de los siniestros de tránsito se verá en la calle día a día, en el control institucional y el compromiso individual. Es allí donde se juega ni más ni menos que la salvaguarda de la vida de la cada uno de nosotros.
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Con una campaña electoral que va tomando temperatura rápidamente y en la cual los políticos de todos los partidos dan a conocer sus propuestas, resultaría de vital importancia para el país sustanciar la posibilidad de lograr acuerdos programáticos que permitan la construcción de políticas de Estado que perduren más allá de los períodos de gobierno. Se trata de un deseo que comparten muchos de los electores que concurrirán a votar en las próximas elecciones y que deriva del uso del sentido común y de preguntas absolutamente lógicas: ¿Por qué cada gobernante que llega al poder debe intentar refundar todo a su alrededor? ¿De dónde proviene esa actitud mesiánica de volver a inventar la rueda y dejar de tratar su propia marca a toda costa y en todas las cosas? ¿Por qué no se aprovechan las cosas buenas que pudieran haberse realizado en el anterior período de gobierno (seguramente algo rescatable se llevó a cabo), en lugar de tratar de borrar las huellas de todo lo anterior como si el país o un departamento en particular hubiesen sido creados el día en el cual asumió responsabilidades un nuevo gobierno?
Esta actitud que concibe, maneja y se apropia de los bienes públicos y de sus recursos como si fueran de propiedad del gobernante de turno, o de un partido político determinado, no es nueva en Uruguay y tampoco entre nuestros vecinos. En efecto, tal como lo ha destacado la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, al referirse a esa región geográfica, “La región necesita una visión de largo plazo para lograr crecimiento con igualdad, necesita políticas de Estado que no miren a la próxima elección, sino que apunten a la siguiente generación”.
En su trabajo “Las políticas de Estado: entre lo sustantivo y lo instrumental. Tensiones en torno a la amplitud de los márgenes de discrepancias”, los investigadores Nicolás Portela Montoli y Carlos Pareja afirman que, con el concepto de las mismas “se alude, grosso modo, a la necesidad de que los actores políticos superen sus diferencias y generen consensos que ambienten políticas estables, no sujetas a los cambios en el color político del gobierno. Es decir, que a pesar de sus discrepancias logren consensos perdurables”.
Resulta claro que la existencia de discrepancias y su manifestación pública forman parte del juego legítimo de un régimen democrático, y por ello no debe asustarnos que quienes busquen acuerdos en temas específicos para la ciudadanía, tengan también y tal vez simultáneamente, posiciones enfrentadas en otros ámbitos de la agenda política nacional o departamental. Como ha señalado el investigador Oscar Botinelli, “el disenso no es una patología de un sistema ni de una sociedad abiertos, sino la norma” y, por ello, “la capacidad de cualquier comunidad ciudadana para enfrentarse a dilemas genuinos y de disponer de opciones relevantes y bien perfiladas no es una dotación gratuita. Por el contrario, es el premio que viene a compensar a aquellas comunidades que han cultivado sistemáticamente sus músculos cívicos específicos, que han asumido sus responsabilidades, no se han resignado a ser arrastradas por las lógicas de los hechos y los encadenamientos de los acontecimientos y que, por el contrario, han estado dispuestas a trazar su destino como un itinerario de exploraciones abiertas a un futuro no previsible de antemano, no caracterizable en términos más o menos de lo mismo”.
Como lo reconoce el propio Bottinelli, “construir políticas de Estado no es por tanto tan fácil. […] Pero muchas veces son tan difíciles como necesarias. La necesidad aparece normalmente en materia de política internacional, de comercio exterior, de captación de recursos en el exterior, y esa exigencia es mayor cuando se trata de países pequeños y lejanos; porque las políticas de Estado ponen a los países a resguardo de oscilaciones fuertes con cada cambio de gobierno y emiten hacia fuera señales de predictibilidad y seriedad. Hacia adentro la necesidad de las políticas de Estado surge cuando se requieren amplios niveles de apoyo para la adopción de las decisiones, o exigen instrumentación a largo plazo y por tanto a través de varios gobiernos, o cuando las fuerzas de un gobierno no son suficientes por la capacidad de bloqueo de la oposición”.
Queda claro, pues que las políticas de Estado de largo plazo le permitirían a Uruguay escapar de un mal que aqueja a los países latinoamericanos en esta materia: la maldición de Sísifo. Según la mitología griega, Sísifo fue el fundador y primer rey de la ciudad de Corinto, fundada con el nombre de Éfira y ubicada en la península del Peloponeso. Tal como lo reseña el periodista español Jesús Villar, “Sísifo vio el rapto de la ninfa Egina y le contó al padre de la joven que el raptor era Zeus. El señor del Olimpo, irritado por la delación, llamo a Tánatos y le ordenó arrojar a los infiernos al rey de Corinto. Cuando Tánatos (una criatura mitológica que personificaba la muerte no violenta) fue a buscarle, Sísifo le puso grilletes, provocando que durante mucho tiempo nadie muriera hasta que Ares, el dios olímpico de la guerra (Marte, en la mitología romana), liberó a Tánatos y puso a Sísifo bajo su custodia. Aunque pudo fugarse con astucia, Sísifo regresó a las sombras infernales, donde Tánatos le impuso una tarea que no le permitiese descansar ni evadirse: empujar montaña arriba una enorme piedra que siempre se le escapa de las manos al llegar cerca de la cima. Y así, perpetuamente, desciende por la ladera para retomar la piedra y recomienza su tarea sin fin y sin objetivo”.
En la misma forma, nuestro país realiza un esfuerzo cuesta arriba guiado por el gobierno nacional o departamental de turno, sin que exista un hilo conductor que le permita trascender su período de gobierno, cuyo final puede asemejarse con la llegada a la cumbre de Sísifo. Es precisamente en ese momento que los esfuerzos realizados pierden consistencia y continuidad más allá de que sea el mismo partido que se mantenga en el poder, tal con el Programa de Salud Bucal que llevaba adelante la recientemente fallecida esposa del Presidente Tabaré Vázquez, María Auxiliadora Delgado, el cual fue virtualmente desmantelado por José Mujica al asumir el poder, tal como surge de las declaraciones formuladas en ese entonces por Ana Nappa, presidenta de la Asociación de Odontólogos e Higienistas de Salud Pública (ASOHSP).
Mientras tanto los Sísifos de carne y hueso, mujeres y hombres uruguayos que se levantan todos los días para trabajar y salir adelante, siguen empujando una enorme piedra por una ladera cada vez más empinada. En el interior de esa piedra residen los cuatro grandes problemas que preocupan a los ciudadanos más allá de sus pertenencias políticas, como lo son salud, seguridad, trabajo y educación; temas sobre los cuales los partidos políticos de nuestro país han sido incapaces de ponerse de acuerdo y ejecutar acciones concretas y efectivas que beneficien a toda la población. Lejos de los lujosos salarios que cobran los parlamentarios, los ministros y quienes están al frente de las empresas públicas, esos uruguayos realizan su mejor esfuerzo sabiendo que al final de la jornada la piedra rodará cuesta abajo y que al día siguiente volverán a tener que empujarla hacia la cima, en un ciclo que se repetirá invariablemente por la falta de visión de los políticos uruguayos, de todos los partidos, para trabajar juntos en la confección de políticas de Estado de largo plazo. → Leer más

El pasado 31 de julio se cumplieron 60 años de la fundación de ETA, la organización terrorista nacionalista vasca que se proclamaba independentista, socialista y revolucionaria. Para la construcción de un estado socialista vasco, la ETA recurrió al asesinato, el secuestro y la extorsión a través de acciones violentas que aterrorizaron a la población española durante décadas y cobraron la vida de cientos de personas inocentes. Fundada por jóvenes pertenecientes a los círculos juveniles del nacionalismo vasco tradicional representado por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), su convicción de usar la violencia como forma de lograr cambios sociales estuvo imbuida por el mismo mesianismo que otros movimientos terroristas de la época. Durante su existencia, ETA asesinó a más de 800 personas e hirió a más de 3.000, muchas de ellas con terribles secuelas físicas y psicológicas.
Nacida con la excusa de combatir la dictadura de Francisco Franco, lo cierto es que la ETA continuó su quehacer terrorista luego de que España recuperó su democracia. Como suele suceder en muchos países con las organizaciones que recurren a la violencia, la ETA utilizó a diversos partidos políticos independentistas vascos tales como Herri Batasuna, Acción Nacionalista Vasca y Partido Comunista de las Tierras Vascas para que sirvieran de pantalla y difundieran posiciones afines a sus acciones terroristas, como forma de lograr apoyo en la actividad parlamentaria española.
La actividad de ETA la llevó a ser considerada una organización terrorista no sólo por las autoridades españolas y europeas, sino también por las Naciones Unidas. Asimismo, la ETA fue objeto de críticas incluso por parte de la organización humanitaria Amnistía Internacional, la cual condenó “sin reservas los abusos cometidos por el grupo armado (…) tales como homicidios, secuestros y toma de rehenes”, pidiéndole “que respete los derechos humanos”. En el año 2006 la ETA llevó a cabo un atentado en la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suarez de la ciudad de Madrid, España, dejando como saldo dos ciudadanos ecuatorianos fallecidos y varios heridos. La locura asesina de esta organización vasca no distinguió edades y muchas veces sus acciones terminaron con la vida de jóvenes o niños como sucedió en el año 1987 en Zaragoza, donde fallecieron Esther y Miriam Barrera (dos gemelas de tres años de edad), Silvia Pino y Silvia Ballarín (de siete y seis años respectivamente), Rocío Capilla (14 años) y Pedro Angel Alcaraz (17 años).
En octubre de 2011, ETA anunció en un comunicado el “cese total y definitivo de su actividad armada” y en el año 2018 dio por terminado “su ciclo histórico y su función, dando fin a su recorrido. Por tanto, ETA ha disuelto completamente todas sus estructuras y ha dado por terminada su iniciativa política”, según se expresa en el documento utilizado para el anuncio. En su cuenta de Twitter el líder de Podemos, Pablo Iglesias, expresó: “La disolución de ETA nos alegra. Llega tarde y siguen faltando autocrítica y disculpas a todas las víctimas, pero que la política y la normalidad sustituyan a la violencia y a la excepcionalidad es la mejor noticia. Que callen para siempre las pistolas; que hable la política”. Por su parte el entonces presidente del Gobierno Español, Mariano Rajoy sostuvo que “Hoy no es un día para pasar página ni para bajar los brazos. Seguimos comprometidos en la lucha contra ETA. Velaremos porque nada de eso vuelva a suceder y porque nadie intente reescribir este pasaje de nuestra historia. Hoy es un día para mirarnos con satisfacción como país y como sociedad, para reconocernos como una gran nación que fue capaz de superar momentos de extraordinaria dificultad. Los protagonistas hoy no pueden ser los asesinos sino las víctimas”. Sobre la disolución de ETA, Amnistía Internacional sostuvo que “La desaparición de ETA es un hito que cierra una etapa negra, pero no reduce ni un ápice la responsabilidad de sus miembros de colaborar en la investigación y el esclarecimiento de los asesinatos cometidos, así como de las extorsiones, amenazas o coacciones a amplios sectores de la población. Que ETA se disuelva no anula el derecho de sus víctimas a reclamar verdad, justicia y reparación”. Si bien la ETA pidió perdón a sus víctimas y a sus familiares, aclaró en forma expresa que ese pedido no alcanzaba a los políticos y policías asesinados, dejando en claro que para esa organización existen muertos de primera y de segunda.
La reacción ante el anuncio de la disolución de ETA no se hizo esperar y fue particularmente dura entre las principales organizaciones sindicales de España. La Unión General de Trabajadores (UGT) por ejemplo, sostuvo que “La disolución de ETA, noticia esperada en su carácter definitivo y total, pone fin a la trayectoria terrorista de una organización que deja un triste y terrible balance de décadas de acoso, extorsión y asesinatos al conjunto de la sociedad vasca, navarra y española. La ilegitimidad e inutilidad del terrorismo, amparado en la usurpación de la pluralidad social y política vasca, ha sido derrotada por esta misma sociedad en cuyo nombre pretendían hablar, a la vez que la sometían a un tiempo de silencio. Como otros muchos casos, el trabajo en pro de la democracia, la paz y la libertad de UGT-Euskadi, UGT-Navarra, y de las compañeras y compañeros ugetistas del resto de España, tuvo en pago el asesinato de sus militantes, el ataque a las casas del Pueblo y un acoso en los centros de trabajo y en las calles que no permitió ejercer la libertad sindical como expresión de la democracia. También fue éste un terror que todos los trabajadores y trabajadoras de España sufrieron en carne propia”. Según esta organización sindical, “es un triunfo de la sociedad española en su conjunto”, al tiempo que reconoció “el trabajo desarrollado en todos estos años por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para propiciar este anuncio”. Por su parte, para la organización sindical Comisiones Obreras (CCOO) el anuncio de la disolución de ETA fue “excelente noticia” que coloca a la sociedad “ante la posibilidad cierta de una convivencia en paz de toda la ciudadanía vasca y española, y una constatación inapelable: el triunfo de la democracia sobre el terrorismo”.
Es importante que este nefasto aniversario nos brinde la oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la democracia y las libertades individuales, especialmente frente a la amenaza de quienes se autoproclaman salvadores de los pueblos y reivindican un papel protagónico que nadie les dio. A lo largo de la Historia, e independientemente de los países en los cuales actúan, las razones que invocan y las siglas utilizadas por las organizaciones terroristas para identificarse, el único factor que los une es el desprecio por los derechos humanos.
Es por eso mismo que los ciudadanos, al igual que lo hicieron los españoles con la ETA, no pueden dejarse vencer por quienes creen que el cambio social, religioso, económico o político se logra a través de medios violentos. Como ha señalado el académico mexicano Francisco Guerrero Aguirre, “La violencia y el terror simplemente no tienen cabida en la sociedad, mucho menos en una sociedad democrática. La única vía legítima para la consecución de fines políticos es la participación ciudadana a través de los mecanismos constitucionales previstos para alcanzar el poder y en elecciones sujetas a los más altos estándares internacionales, con plena sujeción a los principios, valores y prácticas democráticas. El terror no es opción. La violencia, tampoco”. → Leer más

La participación de los ciudadanos en el ámbito digital plantea una serie de desafíos y responsabilidades. Aunque nuestro país ha tenido una posición activa y atenta en estos temas y se cuenta con legislación al respecto, la protección de los datos personales requiere de necesarias dosis de conocimiento e información por parte de quienes tenemos identidades, prácticas y transacciones digitales.En el marco de la celebración del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, el pasado lunes el Área de Sociedad de la Información de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento presentó las conclusiones de la 5ª Encuesta de Conocimientos, Actitudes y Prácticas de Ciudadanía Digital, un estudio nacional sobre el comportamiento de los ciudadanos uruguayos en el ámbito digital.Al igual que otros estudios relacionados con las prácticas de los uruguayos en Internet, se concluye que el 92% de los encuestados tiene acceso a Internet, mientras que el 86% utiliza la red a diario, registrándose algunos incrementos importantes en lo que refiere a transacciones económicas y trámites en línea.En este sentido, el estudio revela un incremento importante del 10% en 2014 al 52% en 2018 en lo que refiere a pagos y transacciones digitales, mientras que el 47% de las personas busca información sobre trámites en Internet (en 2014 era el 21%) y un 34% ha realizado un trámite en línea de inicio a fin en los últimos 12 meses. Esto se relaciona con el descenso, de 49% al 26%, de aquellas que prefieren informarse de los trámites concurriendo directamente a una oficina pública.Respecto al conocimiento de los encuestados sobre el Derecho a la Protección de Datos Personales, el 53% de los encuestados dijo estar en conocimiento del mismo (frente a un 36% en 2014 y 42% en 2016).En Uruguay, la Ley de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data Nº 18.331 reconoce el derecho que todos tenemos a controlar el uso que los demás hacen de nuestros datos personales y habilita a preguntar quién tiene nuestros datos, dónde los tiene, qué datos posee y para qué los utiliza. También tenemos derecho a no figurar en las guías telefónicas sin nuestro consentimiento y a no recibir publicidad no deseada.En este sentido, la legislación ampara a todos los ciudadanos a presentarnos ante el responsable de una base de datos pública o privada para conocer la finalidad y el uso que se da a datos como el nombre, el apellido, el correo electrónico, el celular, una fotografía, la huella dactilar, el modelo retinal, la voz, la imagen de una persona, el RUT y el ADN, entre otros. Si no nos responden en el plazo de cinco días, tenemos derecho a recurrir ante la Justicia o ante la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP). A su vez, quienes trabajan con nuestros datos personales tienen el deber de mantener el secreto profesional y la confidencialidad. También tienen que adoptar las medidas de seguridad adecuadas para que los datos estén seguros y no sean perdidos, robados o utilizados sin autorización. Los datos sensibles (que revelan nuestro origen racial o étnico, preferencias políticas, convicciones religiosas o morales, afiliación sindical y toda información referente a nuestra salud o vida sexual) requieren un manejo más estricto aún.Atendiendo a la amplia participación de las personas en ámbitos digitales de información y comunicación, el aumento de las transacciones electrónicas y la evidente recopilación de datos por parte de empresas e instituciones, otros aspectos antes señalados, resulta evidente que la protección de datos personales se torna un tema crucial en la actualidad en la medida que cada individuo genera una cantidad masiva de datos y que nuestros celulares y tarjetas de crédito dejan rastros de cada palabra y cada movimiento durante el día. La existencia de este tipo de datos también posibilita el cruce de información y la mejora de los servicios sociales y otros procesos gubernamentales relacionados con los ciudadanos pero no es menos cierto que en otros aspectos, contar con una gran cantidad de datos permite predecir comportamientos futuros con mayor precisión y mejorar la toma de decisiones por lo que nuestros datos se tornan insumos codiciados para saber qué nos gusta, con quiénes nos vinculamos y relacionamos, qué consumimos, en qué y dónde gastamos y, por ejemplo, luego ofrecernos publicidad y productos a medida.Una reciente publicación del BID titulada “La gestión ética de tus datos” advierte sobre la necesidad de la protección de la seguridad y privacidad de los datos personales y el establecimiento de normas que aseguren su procesamiento ético, así como la importancia de conocer los riesgos. Uno de ellos refiere a la opacidad de ciertas bases de datos (es decir cuando los datos no son comprensibles y transparentes respecto a qué información se recolecta, como se gestiona, analiza y comparte). Otro es la discriminación algorítmica, que puede darse cuando la discriminación o los sesgos inconscientes que existen en las mentes de los humanos se instalan y proliferan en los sistemas informáticos, en el uso del aprendizaje automatizado y de la inteligencia artificial, por ejemplo cuando los sistemas de reconocimiento facial producen más errores al procesar rostros no caucásicos o cuando la automatización en la contratación de trabajadores presenta sesgos de género. Atendiendo a estas cuestiones, en enero pasado Uruguay amplió los alcances de la ley de Protección de Datos Personales, extendiéndose –entre otros aspectos– el ámbito de aplicación de la misma, que ahora tiene jurisdicción fuera del territorio nacional en caso de que se traten datos de habitantes de Uruguay para la oferta de bienes o servicios o para el análisis de su comportamiento, si lo disponen los contratos o normas internacionales o si se utilizan medios situados en el país.Contar con legislación es importante pero el conocimiento de estos riesgos así como los derechos que tenemos como ciudadanos se vuelve un asunto relevante en un contexto mundial en el que los sistemas de vigilancia digital y de adquisición masiva de datos personales son cuestiones cotidianas y prácticas que de no ser reguladas pueden lesionar nuestros derechos y libertades fundamentales. → Leer más