(Subrayado)
El diputado del Frente Amplio y presidente de la comisión especial que analiza el proyecto de reforma de la Caja de Profesionales, Joaquín Garlo, indicó que la bancada oficialista recogerá ocho de los once puntos propuestos por la oposición, con cambios a la iniciativa original presentada por el Poder Ejecutivo, pero con variables en algunos de ellos.
Garlo expresó diferencias en relación a las fuentes de financiamiento. “Entendemos que no es de justicia que la carga de la financiación de la solución de la Caja de Profesionales recaiga sobre la ciudadanía”, afirmó Garlo y manifestó matices en relación al ajuste de los timbres profesionales.
Además, sostuvo que todos los actores que forman parte del sistema deben estar involucrados en el financiamiento. “Es importante mantener el aporte de los activos, de los pasivos, del Estado y también el financiamiento a través de los timbres”, sostuvo.
Garlo planteó una reducción de unos 4 millones de dólares anuales en la contribución de los pasivos, con lo que elevaría la contribución del Estado a unos 36 millones de dólares anuales.
Por su parte, el diputado del Partido Nacional, Pedro Jisdonian, defendió las modificaciones propuestas por la oposición al proyecto de ley de Poder Ejecutivo.
Los cambios propuestos buscan “no cargar a los trabajadores y a los jubilados”, afirmó el legislador y cuestionó la respuesta del Frente Amplio, de bajarle un punto porcentual a la carga prevista para las franjas de jubilados de mayores ingresos.
Consultado sobre si el Partido Nacional apoyaría el proyecto del gobierno, Jisdonian sostuvo que “el corazón de este proyecto sigue siendo cargar a los trabajadores y a los jubilados”, y expresó su postura contraria. Expresó su desilusión por la respuesta de la bancada oficialista. “Siguen empecinados en cobrarle a los trabajadores y a los jubilados”, subrayó.
Respecto a los cambios, la oposición propuso que los pasivos, tanto para jubilados y pensionistas, no tengan un incremento contributivo.
A los activos, mantener el aporte en 18,5% y que, a partir de enero de 2026, volvería al 16,5%. Los legisladores entienden que subir la contribución en este momento implicaría la fuga de profesionales al no ejercicio o que se bajen de categoría, y por lo tanto, una menor recaudación.
En cuanto al artículo 71, referente a los timbres y tasas, proponen su actualización por el Índice Medio de Salarios (IMS) desde la aprobación de la nueva ley, y la actualización de los mismos más diez puntos porcentuales desde julio de 2025, durante cinco semestres hasta finales de 2027.
ESTACIONEROS ADVIERTEN SOBRE DESREGULACIÓN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
(Radio carve)
La Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu) advirtió sobre el impacto de la posible desregulación del sistema de distribución de combustibles, luego del decreto firmado por el gobierno para impulsar un grupo de trabajo que discuta el esquema actual durante los próximos seis meses.
El presidente de Unvenu, Daniel Sanguinetti, señaló que espera reunirse la semana próxima con la ministra de Industria, Energía y Minería (MIEM), Fernanda Cardona, para dialogar sobre la situación del sector, que afronta “cierta inseguridad cada cinco años”, según planteó en alusión a las diferentes administraciones.
“Todavía no hemos tenido una comunicación oficial con el gobierno, pero tenemos una reunión fijada la próxima semana para escuchar las propuestas”, contó Sanguinetti, quien agregó: “No sabemos cuáles son los cambios que van a plantear empresas y colaboradores”.
El referente de los estacioneros indicó que “a veces por perseguir un objetivo se ponen en riesgo bondades que tiene el sistema uruguayo y no somos conscientes porque siempre las tuvimos”, poniendo alusión a que existen “combustibles de calidad en todo el país las 24 horas los 365 días del año al mismo precio”.
“Eso permite cierta competencia, porque si se empiezan a desregular diferentes aspectos del sistema podría haber diferencias entre Montevideo, Bella Unión y Tacuarembó, por ejemplo”, señaló.
Sobre el decreto del gobierno de Yamandú Orsi, que crea una comisión especial para discutir el tema y exhorta a Ursea a no autorizar nuevas estaciones de servicio, tal como permiten dos resoluciones firmadas por Luis Lacalle Pou en 2022, expresó: “Se presentaron más de 70 recursos para nuevas aperturas o traslados de estaciones, algunos de los cuales fueron observados y recurridos por parte nuestra porque no cumplían los lineamientos vigentes”.
En ese sentido, alertó por el posible impacto de nuevas estaciones: “Lo vemos con preocupación ya que el consumo se mantiene bastante estable. Entonces, nuevas bocas de venta implican que nos baje a todos la venta promedio”.
GOBIERNO INVERTIRÁ 130 MILLONES DE DÓLARES EN CASUPÁ
(ÁMBITO)
El gobierno tiene previsto invertir 130 millones de dólares para la construcción de la presa de Casupá en Florida como una solución para el problema del agua potable para el área metropolitana, cuyo financiamiento quedaría a cargo de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.
Así lo indicó el ministro de Ambiente (MA), Edgardo Ortuño, quien aseguró que “su realización está resuelta”, mientras continúan las negociaciones por el proyecto Arazatí, firmado por la administración de Luis Lacalle Pou y resistido por la de Yamandú Orsi. El MA avanza con el estudio ambiental de la iniciativa, en conjunto con la Dirección Nacional de Evaluación y Calidad Ambiental (Dinacea), la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) y la gerencia general de OSE que preside Pablo Ferreri. → Leer más
