Sandra, vecina sanducera y una de las 41 beneficiarias del convenio firmado entre la Intendencia de Paysandú y el Plan Juntos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, volvió a poner sobre la mesa una problemática que arrastra desde hace años: la falta de soluciones habitacionales para familias vulnerables que integran los programas Leandro Gómez y Agraciada.
A casi un año de la rúbrica, asegura que todo quedó en el olvido. Con tono firme, expresó a EL TELEGRAFO que las autoridades “se pasan la pelota” y que “todo quedó en la nada”. Molesta por el incumplimiento, agregó: “Se llenaron la boca publicando fotos en noviembre cuando se hizo la firma pero estamos a agosto del año siguiente a eso y nadie nos da bolilla”.
La mujer relató que, como otras jefas de hogar, ha luchado durante años por un techo digno para ella y sus hijos. “Empezamos hace unos cinco años con reuniones para solucionar la vivienda a madres solteras, hacíamos de todo. En noviembre hicieron una firma con el Plan Juntos que ya iban a empezar a trabajar. El terreno iba a ser por calle Montevideo, al lado de donde realojaron a la gente de El Espinillo. Compraron ese terreno, que iba a ser para nosotras, dijeron que ya enseguida iban a empezar. Vinieron del Plan Juntos, hicieron un censo, vieron como estoy yo que no tengo baño, que hago mis necesidades en un water, me lavo en un bol y un balde. Hicieron toda la firma en la Intendencia, fotos, abrazos, llantos, todo divino y que en febrero iban a empezar, pero hasta ahora nada. Después que ahora en agosto empiezan, se termina el mes y nada”, detalló.
Para sostener sus dichos, mostró un mensaje que asegura corresponde a una respuesta del intendente Nicolás Olivera. En el texto se lee: “El ministerio de vivienda tiene a consideración avanzar en el programa o no. Hay un convenio firmado. Se debería respetar”.
La realidad golpea fuerte a Sandra. Su vivienda, en condiciones precarias, se vuelve aún más insostenible con la llegada de un recién nacido. “Yo lo que le pido a la directora de Vivienda es que por lo menos me saquen al una pieza porque yo estoy por realojo y no puedo más. El agua me ha llegado a la cintura y ahora estoy con un bebé de 13 días que es imposible tenerlo en estas condiciones”, remarcó.
En su testimonio, la mujer deja en claro que lo que considera un derecho adquirido se transformó en un desencanto. “Según ese mensaje de Olivera es como que si el ministerio dice que no, chau, todo queda en la nada. Hay un convenio firmado, pero qué pasa… el convenio lo hizo la Intendencia, no se pueden lavar las manos todos. Salimos en el diario, salimos en la tele y hasta en las redes sociales de las autoridades festejando la noticia y estamos así. Es lamentable”, sostuvo. Aseguró que no solo su caso permanece sin resolver, sino que la incertidumbre también afecta a otras mujeres que esperaban una vivienda propia.
“Estoy en realojo, no me consiguen aunque sea una pieza para mi bebé, yo hablo por mí pero también le pasa a otras mujeres que están en otra solución y algunas están alquilando. Pero lo que más me indigna es que llamo, hablo, le mando mensaje a Vanesa Rey y no me da corte. Hasta hablé con la asistente social del Hospital y le escribió pero tampoco le contesta”, manifestó con indignación.
En ese contexto, relató que recién cuando advirtió que haría pública su situación, obtuvo una reacción. “Cuando comenté que haría público esto a la escribana, Vanesa a ella sí le contestó. Le dijo que mandáramos una carta de cómo vivíamos. Ella hace cinco años sabe bien cómo nosotros estamos, ella sabe bien que yo no tengo nada, ni piso”, señaló con impotencia.
Con un tono que mezcla frustración y resignación, Sandra confiesa que cada lluvia es motivo de temor. “Rezo porque la lluvia de estos días no nos obligue una vez más a salir de casa”, dijo. Su historia refleja no solo una promesa incumplida, sino también la vulnerabilidad en la que continúan decenas de familias sanduceras que esperan, todavía, una solución que parece diluirse entre papeles, convenios y discursos oficiales.
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