Opinión

Hace algunos días el país entero fue testigo de la muerte de una bebé de un mes y 23 días que arribó sin vida a la emergencia del Hospital Escuela del Litoral (HEL), luego de que –como informara oportunamente EL TELEGRAFO–, “sobre las 15.21 hs su madre solicitara al 911 el traslado al centro asistencial más cercano a Pueblo Zeballos –a 93 kilómetros de Paysandú–, al constatar que presentaba dificultades para respirar. Ante la urgencia de la situación, le consultaron si había una enfermera o médico en la zona que pudiera ayudarla y la mujer aseguró que no. Ante la distancia del lugar, la Policía confirmó que la ambulancia tendría una demora de unos 20 minutos, mientras se gestionaba el traslado desde Quebracho. Sin embargo, la unidad de aquella ciudad se encontraba cumpliendo un traslado hacia Paysandú.
La Policía gestionó entonces el traslado a través del Hospital Escuela del Litoral, desde donde la operadora indicó el celular del doctor que coordina las ambulancias para los pueblos; sin embargo, llamaron más diez veces a ese número sin obtener resultados, por lo que volvieron a comunicarse con el HEL. En esta oportunidad la operadora brindó el celular de la directora de la Red de Atención Primaria, Paola Sención. Finalmente, ésta coordinó en forma urgente la ambulancia; pero sólo contaba con un chofer, por lo cual fue sin médico ni enfermero para auxiliar a la niña, que se hallaba en estado crítico.
A las 16.12 hs, una ambulancia de ASSE llegó al kilómetro 86 de ruta 26, donde se encontró con el móvil policial que llevaba a la niña y a su madre, y allí fueron trasbordadas al vehículo de Salud Pública. Los efectivos que actuaron en tal circunstancia confirmaron que para ese momento la niña seguía con vida pero con muy bajas palpitaciones.
Ya sobre el ingreso a la ciudad se realizaron cortes de tránsito para facilitar el traslado y a las 16.58 arribó a la emergencia del Hospital Escuela del Litoral. El personal de emergencia realizó maniobras de reanimación que resultaron infructuosas, porque la pequeña habría fallecido unos minutos antes de su arribo a Paysandú. Desde el llamado hasta el arribo a la Emergencia habían transcurrido 1 hora y 37 minutos”.
Más allá de los esfuerzos puntuales que hayan realizado los servidores públicos o privados en este trágico episodio y de la falta de recursos humanos y materiales, falta una coordinación eficaz y de protocolos actualizados que reflejen las necesidades y la problemática de un sistema que obviamente no está dando resultado. Las recientes declaraciones del presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, en el sentido que “son realidades que ocurren en el Interior del país y desgraciadamente pueden seguir ocurriendo debido a las distancias”, no puede ni debe ser aceptada por la ciudadanía en general, ni por los usuarios de los servicios públicos y privados de salud y tampoco por el sistema político en general.
La salud de los uruguayos no merece ese tono de resignación y aceptación de las peores prácticas y falencias en materia de servicios de salud, mucho menos cuando proviene de la máxima autoridad del más importante prestador público del país. Lo único que le faltó decir a Cipriani para culminar su triste intervención hubiese sido de decir que “las cosas siempre se hicieron así”, la frase con la cual en diversos ámbitos se justifica la falta de compromiso, de ideas y de voluntad de cambio.
La respuesta a esas declaraciones dada por el diputado colorado Juan Carlos Moreno en la red social X (antes Twitter) reflejan el estado de ánimo de muchos uruguayos: “Tristes declaraciones. No compartimos para nada la respuesta expresada en los medios por el director. Creo está un poco cansado y sobrepasado con la realidad del país y que lleva años de decadencia. Hay mucho por hacer, sin dudas con cabezas centralistas no lo es”. Por su parte, la diputada del Frente Amplio Cecilia Bottino coincidió: “Sos demasiado generoso. Desconoce totalmente nuestra realidad y sin buscar soluciones, se limita a decir que habrá más situaciones así. Cuántas muertes más tendremos que soportar para que se haga cargo de la gestión y tome decisiones”.
Ante esta situación, el diputado Moreno solicitó la comparecencia de Cipriani a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, ocasión en la cual será interrogado sobre el episodio que le costó la vida a la beba de Pueblo Zeballos, así como sobre el siniestro de tránsito ocurrido hace un par de semanas en camino a Casa Blanca, donde una mujer resultara embestida por un conductor que no le dio asistencia, sino que fue atendida por personas que pasaron por el lugar y trasladada por un patrullero con múltiples lesiones de gravedad e internada posteriormente en el CTI.
Esta comparecencia debe servir para ir “hasta el hueso” y tratar de lograr cambios rápidos, eficientes, eficaces y aplicables a una realidad que los jerarcas capitalinos parecen desconocer mientras toman medidas en sus cómodos despachos, lejos de las penurias que sufren aquellos que les pagan el sueldo con sus impuestos.
Es importante tener en cuenta que, de acuerdo con lo informado por EL TELEGRAFO recientemente, “las instituciones de asistencia médica se rigen por el catálogo de prestaciones del Plan Integral de Atención a la Salud (PIAS) establecido en el Sistema Nacional Integrado de Salud por los decretos 465/008 y 289/009. En el capítulo 7, bajo el título ‘Transporte Sanitario’, resume escuetamente en tres renglones que: ‘Las Instituciones Prestadoras Integrales del Sistema Nacional Integrado de Salud, deben cubrir a sus asociados, afiliados o beneficiarios, los traslados en ambulancia común o especializada de acuerdo a indicación de médicos tratantes, con la anuencia de la Dirección Técnica Institucional”. Los prestadores –públicos y privados– entienden que, amparados en dicho decreto, “no están obligados” a asistir a los siniestros de tránsito o descompensados en la vía pública. Ante esta realidad, los llamados se realizan al 911 y la Policía asiste a la solicitud de “unidad para servicio de ambulancia”.
En este contexto nuestro diario informaba hace unos días sobre una reunión en el Casino de Oficiales de la Jefatura de Policía de Paysandú “entre los prestadores públicos y privados, emergencias móviles, los tres legisladores del departamento, la cúpula policial y representantes de los sindicatos de la salud pública y privada, convocados para analizar el protocolo de respuesta ante siniestros de tránsito o casos de descompensación y muerte, como la lactante de un mes y 23 días que falleciera el martes, en un traslado desde Pueblo Zeballos hasta Paysandú. Los asistentes manifestaron su compromiso para coordinar los tiempos de respuesta y aunar criterios en la atención fuera de los límites de la ciudad”. Esperemos que ese compromiso se traduzca en acciones concretas para el bien de todos los habitantes de nuestro país, y especialmente para aquellos que viven lejos de los más importantes centros poblados, porque no pueden existir ciudadanos de primera y de segunda cuando se trata nada más y nada menos que de la vida humana.

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La Unesco, Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación, presentó un plan de acción para regular las redes sociales a efectos de combatir el fenómeno conocido como desinformación en línea. En el contexto de la presentación del documento que contiene el plan, la directora general del organismo internacional alertó sobre la intensificación de la desinformación y el discurso de odio en línea, fenómenos que constituyen “amenazas importantes para la vida en sociedad y la estabilidad”.
El documento, de unas 70 páginas, presenta una estructura de las Directrices propuestas para la regulación y una serie de principios que pautan el accionar que se ha planteado. Ellos son: “El impacto sobre los derechos humanos es la brújula para la toma de decisiones en cada etapa por todas las partes interesadas”; “En todas partes del mundo se establecerán reguladores independientes y públicos, con un papel claramente definido y recursos suficientes para llevar a cabo su misión”; “Estos reguladores independientes trabajan en red y en estrecha coordinación, para evitar que las empresas digitales se aprovechen de las disparidades regulatorias entre los países”; “La moderación de contenidos debe ser posible y eficaz a la escala adecuada, en todas las regiones y en todas las lenguas”; “Que se establezcan la responsabilidad y la transparencia en los algoritmos, cuya mecánica se basa con demasiada frecuencia en provocar exageraciones en detrimento de la fiabilidad”; “Las plataformas tomarán más iniciativas para educar y formar a los usuarios en el pensamiento crítico”; “Los reguladores y las plataformas tomarán medidas más contundentes en las situaciones más delicadas, especialmente durante las elecciones y las crisis”.
Entre las conclusiones del documento se poner de manifiesto que las plataformas digitales (aludiendo a las redes sociales) han empoderado a las personas y a las sociedades, otorgando enormes oportunidades para que comuniquen, participen y aprendan” y reconoce que ofrecen “un gran potencial para los grupos en situación de vulnerabilidad y marginación, democratizando espacios de comunicación y oportunidades para que diversas voces se relacionen entre sí, sean escuchadas y vistas”. Aunque expresamente señala que “en los últimos años el potencial de estas plataformas se ha ido deteriorando gradualmente por la falta de previsión a la hora de hacer frente a los principales riesgos”. Y aquí, ante tal afirmación, se abre una discusión sumamente pertinente, y es la de a quién correspondía prever este deterioro, si a las empresas que están detrás de estos desarrollos tecnológicos, a los estados o a algún ente externo, una especie de ombudsman o defensor de audiencias, como en el mundo tienen algunos medios de comunicación.
En todo caso es una discusión a la que llegamos tarde, porque la previsión en su momento no se tomó. Se puede argumentar el desconocimiento que existía sobre el potencial transformador (¿destructor?) que esta herramienta ha mostrado cuando ha caído en malas manos. Y esto no es una especulación, ha ocurrido. Las redes sociales ya han sido empleadas para manipular a sus usuarios e influir en decisiones masivas y el riesgo de que vuelva a ocurrir es real. De hecho ocurre constantemente.
Volviendo al documento, expresa la Unesco que el objetivo de las Directrices “es salvaguardar el derecho a la libertad de expresión en la gobernanza de las plataformas digitales, incluidos el acceso a la información y otros derechos humanos, al tiempo que se tratan aquellos contenidos que pueden restringirse lícitamente en virtud de la normativa internacional en materia de derechos humanos”. Agrega que, “por extensión, una gobernanza de las plataformas digitales basada en los derechos humanos promovería aún más la diversidad cultural, la expresión cultural y los contenidos culturales diversos”. El sistema de gobernanza propuesto “respeta los derechos humanos y promueve procesos de mitigación de riesgos basados en sistemas para la moderación y la curación de contenidos”, asegura.
Las Directrices se elaboraron a partir de un proceso de consulta en el que intervinieron “múltiples partes interesadas” y que comenzó en setiembre de 2022. Durante ese proceso, Unesco recibió “más de 1.540 propuestas, con más de 10.000 comentarios”, de grupos de 134 países. Y la intención es proseguir con el que consideran “uno de los ejercicios de consulta más amplios y abiertos jamás realizados” por la organización.
Una de las premisas fundamentales de todo este proceso, destacó la funcionaria, es la de preservar especialmente la libertad de expresión. “Hay un requisito cardinal que ha guiado nuestro trabajo: el de preservar siempre la libertad de expresión y todos los demás derechos humanos. Coartar o restringir la libertad de expresión sería una solución terrible”, afirmó, y agregó que “los medios de comunicación y las herramientas de información libres, de calidad e independientes son la mejor respuesta a largo plazo a la desinformación”.
En el escenario ideal que plantea Unesco, las plataformas deberán contar “con equipos de moderadores cualificados, en número suficiente y que hablen todas las lenguas principales de sus redes sociales, para que puedan llevar a cabo un control fiable y eficaz de los contenidos publicados en línea”, que además garanticen la transparencia del proceso de moderación, “incluso cuando esté automatizado mediante algoritmos”.
Pero como vivimos en tiempos sumamente acelerados, es posible que este documento y estas preocupaciones deban afrontar en el muy breve lapso una nueva preocupación a partir del firme crecimiento que viene experimentando la inteligencia artificial, que como principal característica tiene la posibilidad de procesar enorme volúmenes de información. Y como hoy todo es información, las máquinas son capaces de imitar con muchísima fidelidad la voz humana, la imagen humana estática y, cada vez mejor, la imagen humana en movimiento. Ya hay plataformas con capacidad de replicar una persona dando un discurso sin que podamos identificar si se trata de un video real o una construcción digital. Con todo lo que ello implica. → Leer más

La Asociación Uruguaya de Energías Renovables (Auder) planteó oficialmente que a través de una ley, un decreto o un acuerdo multipartidario, nuestro país se encamine decididamente y sin obstáculos, en base a una política de Estado, a impulsar el desarrollo del denominado hidrógeno verde, para lo que existen ventajas comparativas muy significativas.
El presidente del grupo, Marcelo Mula, consideró que ya sea a través de una ley, de un decreto o de un acuerdo multipartidario, debería quedar establecido que el impulso a la economía del hidrógeno verde sea una política de continuidad del Estado y no solo una decisión de un partido o en un período de gobierno.
La Auder nuclea a las empresas privadas de energías renovables en el Uruguay y destacó su presidente que el acuerdo le permitiría al sector privado acceder a mejores condiciones de financiamiento de proyectos de grandes escalas y a largo plazo, así como también diferenciarse del resto de los países de la región con los que Uruguay compite en la economía del hidrógeno.
Este planteo de Auder ya ha sido transmitido al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) desde que esta secretaría de Estado presentara la denominada Hoja de Ruta de Hidrógeno Verde en Uruguay, con metas para el año 2050. En declaraciones a El País, el presidente de Auder precisó que “por lo que tenenos entendido, esa hoja de ruta se presentó ante las bancadas de todos los partidos políticos, recibió algunos matices en algún caso, pero todos están de acuerdo” en avanzar. Pero igualmente, desde la asociación se considera que conspira contra este planteo, en cuanto a su posibilidad de dilucidación en el corto plazo, el hecho de que se está actualmente en un período preelectoral, y ello puede implicar dificultades para avanzar en un acuerdo multipartidario.
Sin embargo, sería posible por lo menos tener un compromiso público de todos los actores del sistema político “y que se firme algún documento previo a la asunción de las nuevas autoridades”. Mula aclaró que una situación similar se vivió en 2010, cuando hubo un acuerdo multipartidario de cara a la primera transición energética, instancia en la que “el documento se terminó de ajustar después de las elecciones y antes de la asunción de José Mujica”.
Debe tenerse presente que, con matices, representantes de todos los partidos han manifestado estar de acuerdo respecto a impulsar la economía del hidrógeno verde e incluso el Frente Amplio lo ha planteado como un tema estratégico a nivel país. En la misma línea se encuentra la recientemente creada Asociación Uruguaya de Hidrógeno (AUH), que fue lanzada a principios de este mes de noviembre, y se indicó que la gremial apoyará el planteo de Auder en esta misma dirección, sobre todo teniendo en cuenta que un acuerdo multipartidario resultará clave para que las empresas que se dedican a negocios vinculados con la economía del hidrógeno puedan recibir fondos y subsidios internacionales. Marcelo Mula evaluó que “es fundamental y tenemos la esperanza de que antes de la asunción del próximo gobierno, haya algún documento elucubrado por todos los los partidos políticos que le den a estos negocios un sustento más formal”.
Igualmente, si bien no se trata de acciones inmediatas, aclaró que es importante tener ya estos instrumentos prontos por cuanto “ya hay fondos internacionales que están ayudando, con subsidios, al empuje de los primeros proyectos”. Por lo tanto, sería un elemento muy a nuestro favor que Uruguay sea uno de los primeros en llegar a efectos de estar a la expectativa de captar estos fondos, habida cuenta de que en esta línea también están trabajando en la región países como Chile.
Son de recibo los planteos de las gremiales vinculadas a las energías renovables y específicamente la del hidrógeno verde, sobre todo porque nuestro país tiene camino adelantado, más allá de los anuncios de impulsar el desarrollo del hidrógeno verde en el país.
En el marco de la promoción del hidrógeno en el país, precisamente se están analizando y desarrollando nuevos instrumentos, y en este sentido con el apoyo del MIEM, ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación) y LATU (Laboratorio Tecnológico del Uruguay), se lanzó el Fondo Sectorial de Hidrógeno con el objetivo de financiar proyectos de investigación, innovación y formación. En este marco, el gobierno uruguayo a través de ANII realizó un llamado abierto para desarrollar los primeros proyectos piloto de hidrógeno verde y derivados. La empresa o grupo de empresas que se presente al proceso competitivo deberá realizar el diseño, construcción, financiamiento, poseer la propiedad, operación y mantenimiento para la producción, uso y comercialización del hidrógeno verde o derivados. Este proceso incluye un apoyo monetario de 10 millones de dólares no reembolsables de parte del gobierno, que serán adjudicados y distribuidos en un plazo no superior a 10 años desde el inicio de las operaciones.
Por otro lado, la Ley de Promoción y Protección de Inversiones Nº 16.906 brinda un marco de incentivo a las inversiones en el país, y en este marco los proyectos de inversión deben ser presentados ante la Comisión de Aplicación del Ministerio de Economía y Finanzas. Este régimen promovido por el Poder Ejecutivo se aplica con iguales garantías tanto a inversores extranjeros como nacionales. Asimismo, a partir de febrero del año pasado el hidrógeno verde pasó a integrar la matriz de indicadores para proyectos en el sectorial MIEM “Nivel Tecnológico del Producto elaborado”.
Desde el sector de la academia se ha creado una red llamada RedH2Uy, que vincula investigadoras e investigadores de tres instituciones enfocados en diferentes temas relacionados con la producción y uso de hidrógeno. Las instituciones vinculadas son la Universidad de la República (UdelaR), la Universidad Tecnológica (UTEC) y el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE).
Además, desde el Estado está en proceso el proyecto de incorporar la producción de hidrógeno verde desde la planta de Alur de Nuevo Paysandú, en el marco de una importante inversión, por lo que bien puede decirse que la apuesta al hidrógeno verde es uno de los ejes de la segunda transición energética que comienza a transitar nuestro país.
Por definición, el hidrógeno verde es aquel que se produce sin la participación de combustibles fósiles. La producción se realiza únicamente a partir de energías renovables.
Actualmente, el método que se vislumbra con mayor potencial para la producción de hidrógeno verde es la electrólisis del agua (H₂O), de forma tal que a partir de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables y agua (H₂O) se obtienen por separado hidrógeno y oxígeno. Por tanto, la producción del hidrógeno verde es un proceso con cero emisiones de gases de efecto invernadero.
Uruguay está muy bien posicionado para tener una participación activa en esta producción, y realmente un apoyo explícito de todos los partidos políticos plasmado en un acuerdo sería un espaldarazo adicional para avanzar en este camino, sobre todo para alentar la participación privada, que conlleva recibir inversiones de riesgo que mucho necesita el país.

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En nuestro país realizar un trámite ante el Estado tiene un costo promedio de unos 750 pesos uruguayos para los ciudadanos, comprendiendo un rango que va desde trámites de poco más de 250 pesos a los 2.500 pesos, considerando los más caros como por ejemplo la obtención de la libreta de conducir.

Cabe señalar que si bien hay varios trámites que son gratuitos, el mayor costo para el ciudadano no es el precio del trámite en sí sino otros gastos asociados como el transporte y el tiempo que es necesario disponer. Aún así y a pesar que hay más de 1.700 trámites que pueden hacerse o iniciarse en línea, parece ser que los uruguayos seguimos prefiriendo realizar los trámites en forma presencial.

Para explicarlo, necesitamos atender a un aspecto que no es menor: las políticas de Estado existentes para la transformación digital. Se trata de una línea en la que se viene trabajando en forma sostenida desde hace varios años, que ha sido incorporada a nuestra Agenda Digital 2025 y que cuenta con normativa que la sustenta e, incluso, financiamientos externos para permitir su desarrollo.

En este sentido las políticas y acciones que han posicionado a Uruguay a la cabeza de las naciones latinoamericanas más innovadoras y con mayor penetración de Internet son también las que permiten el desarrollo del gobierno electrónico y la ciudadanía digital como metas muy claras en las que se ha venido trabajando fuertemente en acciones que, felizmente, se han mantenido con independencia de los cambios de color político de las administraciones de gobierno.

Como es sabido, las últimas mediciones sobre incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la vida cotidiana de la población de Uruguay muestra un crecimiento sostenido de la incorporación de herramientas digitales en las actividades laborales, de información, comunicación y entretenimiento.

Esto ha sido posible por una serie de factores que tienen que ver principalmente con el desarrollo de políticas de Estado que apuntan a la digitalización y la incorporación de la infraestructura que lo permita, tales como Internet con muy buena conectividad inalámbrica y con suficiente velocidad para la transferencia multimedia cubriendo prácticamente todo el país, algo a lo que los uruguayos nos hemos acostumbrado pero no es tan común en otros países latinoamericanos.
Dicho esto es necesario considerar que una de las formas más comunes en que se da la interacción entre los ciudadanos y el Estado es a través de la realización de distintos trámites que necesitamos para nuestra vida cotidiana, tales como renovar la licencia de conducir, tramitar un certificado de buena conducta, el carné de salud, abrir una empresa o acceder a la partida de nacimiento para renovar la cédula de identidad.

El sitio web Trámites en Línea da cuenta de la existencia de 2.534 trámites, de los cuales 1.709 es posible iniciarlos o realizarlos a través de Internet. De ellos, algunos están dirigidos exclusivamente a los ciudadanos, otros están destinados a organizaciones (principalmente las empresas) y también hay otros que son tanto para personas como organizaciones.

En sintonía con el objetivo de continuar avanzando en la digitalización e interoperabilidad en la Administración Pública promovida desde Agesic, en coordinación con todos los organismos del Estado, un reciente decreto (N° 353/023 del 9 de noviembre de 2023) establece obligaciones para las entidades públicas asociadas al intercambio de información, actualización y revisión periódica de la información vinculada a los trámites y servicios que ofrecen. Uno de sus aspectos más destacados es que las entidades públicas no deberán solicitar certificados, constancias, testimonios u otra documentación de similar naturaleza cuando la información pueda obtenerse a través del acceso a sistemas informáticos de otras entidades, o a servicios provistos por estas a través de la plataforma de interoperabilidad.

Esto significa que no será solicitado a los ciudadanos información que el Estado ya tiene en la repartición donde se está haciendo el trámite o en otras reparticiones estatales. Es un avance importante que hará, por ejemplo que no sea necesario ir a una oficina del Estado a solicitar un documento o información que nos exige presentar otra oficina del Estado en una gran cantidad de trámites.
El decreto establece un plazo de 120 días corridos para que las entidades públicas obtengan la información disponible actualmente en la plataforma de interoperabilidad, sin tener que solicitarla a las personas. El decreto prevé también otras alternativas, como el acceso autorizado al sistema de la institución proveedora de la información o la expedición de versiones digitales de constancias o documentos suscritas con firma digital, asegurando en este último caso su remisión por medios digitales seguros.

Ahora bien, sería deseable que estos esfuerzos administrativos vayan acompañados también por una mayor preferencia de los ciudadanos en utilizar las herramientas digitales disponibles para realizar trámites.

En este sentido, un estudio realizado por el BID en 2022 en Uruguay sobre la base de 9 trámites de gran frecuencia, encontró que solo el 19% fue realizado digitalmente. Si bien el 30% de las personas declara que prefiere el canal digital, únicamente el 19% lo usó.

El estudio, denominado Simplificando Vidas ha venido siendo realizado por el BID en distintos países en los últimos años en procura contribuir a la mejora de la prestación de servicios públicos por medio de un análisis de la experiencia de los usuarios cuando realizan trámites y de las prácticas de gestión aplicadas por los organismos prestadores. La información recogida permite identificar qué áreas del Estado presentan las mayores oportunidades de mejora, cuáles son los aspectos de cada servicio más valorados por los usuarios y, en consecuencia, qué tipo de proyectos serían los más indicados para incrementar el nivel de satisfacción ciudadana.

Teniendo en cuenta el importante avance en cuanto a cantidad de trámites en línea que es posible hacer que de acuerdo a este estudio casi seis de cada diez usuarios preferirían el canal presencial –proporción independiente del género y de la edad– cabe preguntarse qué es lo que está fallando… si es que falta información respecto a la utilización del canal digital, si los ciudadanos no tienen las habilidades necesarias para realizar trámites en línea o si es algo cultural. Tampoco tiene demasiada lógica que subsista la atención presencial en casos en que hay una alternativa 100% digital.

Simplificar es necesario. Por eso, habría que analizar más a fondo si existen aspectos culturales generales que estarían marcando la alta preferencia por presencialidad, de forma de tener claro por qué el ciudadano común utiliza tan poco los trámites en línea en los que se ha invertido mucho esfuerzo y dinero para que hoy existan. → Leer más

Las ventas de automóviles y otros vehículos eléctricos no dejan de crecer en nuestro país y, aunque todavía sigue siendo raro verlos en el tránsito diario, dado que en el total del parque automotor siguen siendo relativamente pocos los vehículos de este tipo, el país ha dado señales claras de que el objetivo es electrificar la movilidad. En este sentido se han conocido anuncios oficiales como el de UTE, que para fin de este año espera tener 300 puntos de carga para vehículos eléctricos y se ha planteado como meta disponer un cargador cada 50 kilómetros. Según los números presentados por la consultora Autodata, en el año 2020 se vendieron 200 unidades, pasaron a comercializarse 697 en 2021 y el número creció a 1.225 el año pasado. Los datos a setiembre de este año mostraban que ya se habían vendido más y que 2023 batirá otro récord. En un país que no para de celebrar logros en materia de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, que sigue viendo crecer proyectos como el que publicáramos pocos días atrás, y con el gobierno comprometido, promoviendo acciones que favorecen la electrificación –como el programa Subite– y que se ha planteado el objetivo de alcanzar la neutralidad de emisiones para 2050, parece una tendencia consolidada.
Pero –mal que nos pese– estamos insertos en un contexto mundial, en el que si bien en los últimos años hubo un fuerte crecimiento de la fabricación de vehículos eléctricos, las ventas han estado por debajo de las previsiones y empiezan a aparecer señales que podrían desalentar al mercado.
Una de estas señales es un pormenorizado informe que días atrás dio a conocer el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), en el que advierte que, lejos de ralentizarse, la producción se combustibles fósiles va a seguir creciendo hacia 2030. “Los gobiernos planifican producir un 110% más de combustibles fósiles por encima del nivel de producción requerido para limitar el calentamiento global a 1,5 °C; cifra que representa un 69% más de la producción máxima permitida para cumplir con el objetivo de 2 °C”, señaló. Lógicamente que la noticia más preocupante de ese enunciado es que los estados van a incumplir sus compromisos ambientales, lo cual es una señal en sí misma. Una pésima señal. Pero también es un indicador de que no se espera, al menos en lo que queda de la década, que decaiga el ritmo de producción petrolífera –ni el consumo, ni se diga–.
Pero las predicciones en este sentido se estiran hasta la mitad del siglo, cuando se suponía que el mundo debería estar en los umbrales de la neutralidad. “Las estimaciones científicas más recientes sugieren que la demanda mundial de carbón, petróleo y gas alcanzará su punto máximo en esta década (2020-2029), incluso sin tener en cuenta nuevas políticas a favor de la extracción de combustibles fósiles que puedan surgir en el resto de década. Debido a ambos factores, los planes actuales de los gobiernos conducirían a un aumento de la producción mundial de carbón hasta 2030, y de la producción mundial de petróleo y gas al menos hasta 2050, lo que crearía una brecha cada vez mayor en la producción de combustibles fósiles a lo largo del tiempo”, sostiene. Si, como argumentan los científicos, el mundo depende de que se cumplan estos compromisos, estamos “en el horno”, como dicen los muchachos.
Pero como si esta señal por sí sola no alcanzare, el mismo mercado automotriz empieza a dar muestras de que hubo una sobreestimación del impacto del eléctrico y hay ánimos de corregir el rumbo.
Lo primero que hay que decir es que la fiebre del auto eléctrico se inició con un conocido caso de éxito, que fue el de la empresa Tesla; sí, la de Elon Musk, que tuvo un fuerte crecimiento bursátil y el mercado lo percibió como una tendencia a futuro. Hoy el panorama para muchas de las empresas que quisieron hacia la movilidad eléctrica es poco menos que desolador, o mismamente desolador. “Ante los signos de aumento de los inventarios y ralentización de las ventas, los ejecutivos de la industria automovilística han admitido esta semana que sus ambiciosos planes sobre coches eléctricos están en peligro, al menos a corto plazo”, dice un artículo de la versión en español de la revista especializada en negocios Bussines insider (businessinsider.es).
General Motors anunció que abandonó sus objetivos de fabricar 100.000 vehículos eléctricos en la segunda mitad de este año y otros 400.000 en los seis primeros meses de 2024. El mismo Musk advirtió recientemente en la presentación de resultados de Tesla que “las preocupaciones económicas llevarán a una disminución de la demanda de vehículos”. Mercedes-Benz confirmó que ha rebajado el precio de sus autos eléctricos para seducir clientes y considera que “estamos en un escenario bastante brutal”, según reconoció el director financiero Harald Wilhelm. Hay marcas que están vendiendo por debajo del costo de producción. Los concesionarios indicaron que los compradores en el mundo están preocupados “por el coste, los problemas de infraestructura y las barreras del estilo de vida para adoptarlos”.
Habrá que seguir de cerca la evolución de estas señales que llegan desde afuera, que se suman a otras, como el creciente discurso de negacionistas del cambio climático y que reniegan de la temática ambiental, discursos que han encontrado eco en proyectos políticos que han sido exitosos en el mundo y en la región.
Uruguay ha sido pionero y líder en materia ambiental, la preocupación por lo natural forma parte de la marca país desde hace ya un buen tiempo, y por más que se han cuestionado apartamientos de ese discurso del “Uruguay natural”, sigue siendo un marco de referencia para todos. Seguir transitando este camino de la electrificación y convertirse en el ejemplo de éxito que tal vez el mundo esté necesitando para que vuelva a tomar impulso la transformación, va a depender de que se atiendan esas preocupaciones que marcaron los concesionarios. Sin embargo estaremos expuestos a que el mercado mundial nos deje a la intemperie, y esto puede ocurrir en la medida que las grandes marcas abandonen la investigación y el desarrollo para hacer mejores, más baratos y más eficientes vehículos eléctricos. Hay una oportunidad, una gran oportunidad para el país en la medida que pueda ser socio de este desarrollo. También hay un buen riesgo de que las inversiones que se realicen en el proceso pierdan sentido, si el auto eléctrico no se consolida como alternativa. → Leer más

Los resultados del balotaje del domingo reafirman que Argentina tiene bien ganado el calificativo de tierra de sorpresas, y en este caso, en el plano electoral, ambos presidenciables han sido en sí la encarnación de la sorpresa, aunque por motivos distintos. Quien ganó, Javier Milei, lo hizo por más de once puntos porcentuales, cuando hace menos de dos años el presidente electo no existía desde el punto de vista electoral ni de estructura partidaria –tampoco la tiene ahora– y vociferaba contra la casta política; en tanto si se hubiera impuesto Sergio Massa, se habría otorgado respaldo popular al ministro de Economía de un gobierno que ha sumido en una gravísima crisis económica y social al país, en otro resultado poco menos que incomprensible.
Pero ante los resultados electorales del domingo, cabe el razonamiento de que la ciudadanía dijo NO a más de lo mismo, y prefirió el riesgo de lo desconocido antes que lo muy malo conocido. El miedo a lo que pudiera hacer Milei fue menos traumático que el espanto de seguir con un gobierno del mismo signo que el actual. Evidentemente el gran perdedor ha sido el kirchnerismo, entronizado en el poder desde hace unos veinte años, y al que la ciudadanía le ha dado la espalda por el desastre que es actualmente la Argentina, y le pasó factura –con razón– por los serios problemas cotidiano. Pero también por una economía que no tiene rumbo o mejor dicho, que el rumbo que tiene en piloto automático es hacia el precipicio, por lo que claramente la esperanza de la ciudadanía está en que el nuevo gobierno encuentre el modo de evitar el cataclismo.
La fiesta preelectoral del candidato kirchnerista Sergio Massa, en que se gastó lo que se estima en menos de dos puntos del PBI en dinero dirigido a cambiar el humor social de los argentinos, sumando a la impresión de billetes al por mayor, se pareció más a una caricatura de Halloween, en realidad, porque las consecuencias sobre el margen de maniobra del responsable de asumir la conducción del país desde el 10 de diciembre, es verdaderamente terrorífico, cuando ya era muy alto antes de las maniobras del “plan platita” y otras maniobras de neto cuño electoralista populista.
Pero entre el miedo y el espanto, la mayoría de los argentinos optó por el miedo “condicionado”, confiando tal vez en la incidencia de acuerdos previos con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, teniendo en cuenta la débil estructura parlamentaria del presidente electo, quien tiene una representación parlamentaria muy menor. Por lo tanto el aporte del PRO de Macri sería fundamental para neutralizar más de una “propuesta” delirante y dar lugar a programas más rezonables para el cambio que necesita la Argentina, de ser posible.
Es decir, que si bien tanto Macri como Bullrich interpretaron cabalmente el humor de sus votantes ante la disyuntiva de votar por un cambio o respaldar el kirchnerismo, y evidentemente acertaron en el hecho de que los argentinos están cansados del drama económico pero también de la corrupción, del populismo de un candidato que se presentó como alternativa a un gobierno del que fue figura fundamental y del que es nada menos que el ministro de Economía.
Es que el balotaje es una elección de segunda instancia que sabiamente da una nueva oportunidad al electorado cuando ninguno de los candidatos obtiene el 50 por ciento más uno de los votos, aunque en el caso de Argentina es del 40 por ciento y más de diez puntos por encima del candidato más cercano en cantidad de votos.
Ergo, con el 36,5 por ciento de votos alcanzados por Massa en la primera vuelta, y los que obtuvieron los competidores, surge que el ministro de Economía estuvo solo a 3,5 puntos de ser electo presidente en la primera vuelta, lo que a la vista está no reflejaba la voluntad del electorado argentino, que le dio un rotundo rechazo en la segunda vuelta.
El humor social negativo hacia el oficialismo pudo más que las contorsiones de político profesional de Massa, con grandes habilidades para la puesta en escena, que en los debates con su adversario puso de manifiesto sus dotes en la parte oratoria, manejo habilidoso de las audiencias, de las pausas y los tonos, la retorsión y esquive de los temas para poner las cosas a su favor. Hasta llegó un momento en que parecía podía engañar a la mayoría de los votantes al tratar de desligarse de su responsabilidad en el desastre de este y los otros gobiernos kirchneristas.
En gran medida, el electorado le pasó factura al candidato oficialista, porque al sopesar los pro y los contra, primó la concepción, absolutamente acertada, de que Massa es representante del kirchnerismo puro, puesto ahí por Cristina Fernández de Kirchner como un títere para mantener el poder –y de paso tratar de evitar enfrentarse a la Justicia por sonados casos de corrupción–, aunque la situación se le fue de las manos.
Desde esta página editorial decíamos tras las elecciones generales en el vecino país que “lo que se plantea para el balotaje no es menos intrigante, porque estamos ante un abanico de solo dos opciones que se asemeja a poco menos que un salto al vacío en el que hay que elegir entre lo desconocido o lo malo conocido, entre la bronca generalizada contra los políticos y el miedo a que un eventual gobierno de Milei sea peor que lo que se tiene ahora”.
Seguramente el respaldo explícito y en la práctica del expresidente Mauricio Macri y la excandidata Patricia Bullrich fue factor desnivelante para los votantes no mileinistas y antikirchneristas, sobre todo para aventar los últimos resquemores para inclinarse por el cambio, habida cuenta de que en política nadie da nada ni es porque sí, sino que habría apoyo parlamentario y seguramente técnico y político desde el macrismo hacia el nuevo gobierno, el que también integrará en algunas de sus áreas clave.
Por supuesto, con los antecedentes del gobierno de Macri, esto tampoco da ninguna certeza ni nada que se le parezca, aunque es un indicativo de que cabe la firme posibilidad de que muchas de las “propuestas” del ahora presidente electo, tendrán un freno o un aterrizaje a la realidad, a lo posible, en una economía desquiciada que hace agua por todos lados, donde no hay reservas de dólares y una enorme deuda externa, así como un déficit fiscal descontrolado.
Una tarea nada fácil para el nuevo gobierno, que deberá atender las expectativas que se generan, la presión social, la “resistencia” civil de la organizaciones peronistas y que tiene una “luna de miel” muy corta en el electorado para adoptar decisiones drásticas, que también tiene un período de 17 días para la transición con el gobierno actual, donde podría darse que se descubran nuevas bombas de tiempo escondidas en la economía argentina, entre otras muchas posibilidades poco amigables en el marco del desquicio y la tarea de titanes que llevaría, en primer lugar, el tratar de poner las cuentas en orden. El tiempo dirá si Milei da la talla, y hasta qué punto el personaje es capaz de llevar adelante políticas razonables dejando de lado el show que tan buen resultado le dio durante la campaña, pero que en el mundo real no son más que delirios. → Leer más

A mediados de diciembre de 2021, el Fondo Nacional de Recursos incorporó la técnica de la trombectomía mecánica en el tratamiento de los accidentes cerebrovasculares (ACV) que alcanzaría a 200 pacientes en una primera etapa, con una inversión de unos dos millones de dólares.
Ese mismo mes, las primeras dos intervenciones fueron exitosas, con la posibilidad de extender la intervención a cinco centros de salud en Montevideo, uno en Tacuarembó y uno en Salto, donde hay equipamiento y recursos humanos capacitados.
Iniciaba el año 2022 cuando se aplicó la primera trombectomía financiada por el nuevo programa de ACV, bajo una coordinación especializada entre los equipos médicos. En agosto del año pasado, el Poder Ejecutivo con la firma del entonces ministro de Salud, Daniel Salinas, decretaba la atención universal y gratuita para el tratamiento hiperagudo de ACV a cualquier usuario del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), sin importar su prestador.
Salinas consideraba que esta patología es “tiempo-dependiente” desde el comienzo de los síntomas en el paciente hasta la inyección del trombolítico. Por lo tanto, el mecanismo aceitado evitaba las consultas burocráticas y los “directores técnicos que hablan con directores técnicos”, hasta llegar a “gerentes que autorizan o no”.
Porque en Uruguay, durante el año pasado, ocurrieron más de cinco mil egresos por esta enfermedad. De ese total, un tercio revierte la mortalidad inmediata, un tercio recupera sus habilidades y un tercio queda con discapacidades permanentes.

También el año pasado cerró con una estadística que se reitera anualmente. Cada día en Uruguay, 14 personas sufren un ACV y si bien la mayoría de los casos se registran en personas mayores de 65 años, en la actualidad se nota que acecha a menor edad, porque cada vez aparecen más temprano los factores de riesgo, como la obesidad, hipertensión o diabetes.

El año pasado murieron 2.211 personas por enfermedades cerebrovasculares. O para tener una mejor idea del número, son unos siete fallecimientos cada día. Las razones por las cuales fallecen es porque no llegan a tiempo para evitar la muerte de los tejidos. Además, no hay unidades de ACV en forma generalizada en el país.
La semana pasada, la ministra Karina Rando anunció que el plan ACV tendrá otra estructura y en un mes definirá el funcionamiento y la cantidad de centros que realizarán las trombectomías mecánicas que hoy realizan ocho médicos a nivel nacional.
Anunció una reestructura y que en cada centro de referencia “por lo menos haya 15 pacientes por año”, en tanto no se llegaba a esa cifra en todos los casos, con la posibilidad de abrir centros en el oeste y este del país.

El programa, que abarca el ACV isquémico, en los próximos meses incluirá el hemorrágico, además de la presentación de guías de tratamiento y rehabilitación de pacientes.
Hoy existe una controversia entre el ministerio y los especialistas sobre la cantidad de centros necesarios para atender a la población. De aquellos siete centros iniciados por Salinas, Rando propuso el cierre de algunos. No obstante, la medida aún no se llevó a la práctica.
A pesar de la especificidad de la técnica y el escaso número de profesionales que la practican, hay cruces de acusaciones por conflictos de intereses y baja productividad entre agunos centros públicos y privados. Las últimas reuniones con los referentes de centros de salud de Montevideo que aplican la especialidad y la ministra Rando, han sido tensos por las diferencias en los casos mortales entre uno y otro.

Una de las variables a considerar es el tiempo que pasó entre el ataque cerebrovascular y la trombectomía. Porque nuevamente es relevante el tiempo que se invierte y transcurre entre los síntomas y la aplicación del tratamiento. Cada minuto cuenta. Pero, estamos en el Interior del país y existen protocolos con pocas posibilidades de ejecutarse tal cual está escrito.
Pongamos por caso la situación de un usuario que sufre un ACV en su domicilio en Paysandú. ¿Cuánto tiempo transcurre entre la llamada a un centro asistencial y la llegada a la emergencia para hacer las coordinaciones necesarias? ¿Y en qué vehículo se trasladará para su atención?
Las estadísticas son claras y no admiten interpretaciones. Junto a las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, encabezan las estadísticas de mortalidad a nivel nacional.

El Fondo Nacional de Recursos sumará el año que viene la técnica endovascular para el ACV hemorrágico, que es menos frecuente que los isquémicos. Rando anunció que hasta marzo se organizarán los programas, llamados y aspectos logísticos con el objetivo de incluir la prestación a mediados de 2024.
También el año que viene se hará una campaña para que los usuarios conozcan los síntomas más característicos de accidentes cerebrovasculares.
La difusión de estos aspectos ha sido tardía. Porque tampoco en administraciones anteriores se instrumentó un plan de este tipo con mensajes dirigidos a una población que está entrenada para prevenirse de los virus.
Sin embargo, la primera causa de muerte son las enfermedades no transmisibles (ENT) ya detalladas. Por eso, los cambios culturales no empezaron desde arriba hacia abajo porque hablamos de tratamientos costosos.

La ministra dijo que ante la pérdida de fuerza en el cuerpo derecho o izquierdo, pérdida brusca de visión y discapacidad para hablar o comprender, “hay que llamar inmediatamente a una ambulancia”.
¿Asistirá la ambulancia? ¿O habrá que cambiar antes algunos aspectos que contiene el Catálogo de prestaciones del Sistema Nacional Integrado de Salud y que no establece obligación alguna de asistir a los domicilios? → Leer más

Puede decirse sin temor a equívocos que históricamente Paysandú ha existido a partir del río Uruguay y que la historia de este solar ha sido una interrelación permanente con el Paterno –de ahí el apodo–, primero como asentamiento de caseríos, y luego creciendo a partir de la actividad portuaria como enlace casi exclusivo con la región. Sin embrago, con el paso del tiempo, la mejor conectividad carretera, el decaimiento del transporte fluvial de pasajeros y mercaderías, ante los nuevos tiempos, en alguna medida se perdió esta interdependencia extrema con el río, por lo menos desde el punto de vista de la conexión física.

Pero la ciudad ha seguido asomada al río, y numerosas familias y establecimientos han nacido y crecido como tales a la vera del río Uruguay, aún cuando en ocasiones el paterno se salía de su cauce e inundaba extensas zonas habitadas.

Pero sin dudas, la gran crecida del año 1959, la mayor que se haya registrado en el bajo río Uruguay, con una altura que sobrepasó los once metros sobre el cero frente al puerto de Paysandú, ha marcado a fuego el escenario costero de nuestra ciudad, por las implicancias socioeconómicas que ha tenido, y porque incluso en aquella oportunidad, se trató además de una crecida de sorprendente rapidez de desplazamiento, que además encontró crecidos todos los ríos y arroyos de una vasta región ante aquellas intensas precipitaciones de marzo-abril de ese año, dejó sin energía eléctrica a casi todo el país y sin agua potable a Paysandú, que a su vez quedó aislada por carretera con el resto del país.

La magnitud y la velocidad del desborde fue tal, que incluso anegó los depósitos portuarios de trigo y se sufrió transitoriamente desabastecimiento de pan blanco, por lo que debió apelarse a la mezcla con harina de sorgo para la molienda y posterior elaboración.

Decíamos un antes y un después, porque ante la magnitud de la catástrofe, gran parte de los sanduceros que habían crecido junto al río, optaron por no volver a sus lugares de origen –los que podían, naturalmente– y se construyeron barrios para desalojados por las crecidas, como los Purificación 3 (P3), el Purificación 1 (P1), entre otros, aunque igualmente, ante una dura problemática social, miles de familias permanecieron en zonas inundables, a menudo en viviendas precarias, y que debían desocupar en cada creciente, aún en las moderadas.

Felizmente, primero tímidamente, pero luego con convencimiento, y lo que es mucho mejor, con una continuidad que se ha dado en prácticamente todas las administraciones departamentales de gobierno, de todos los partidos, se ha consensuado la necesidad de que los dramas no se reeditaran en cada salida de madre del río Uruguay, y es así que además de los realojos de cientos de familias de zonas inundables hacia otras áreas de la ciudad, se han establecido normas, con fijación de cotas mínimas para construcción, de forma de minimizar las consecuencias de cada crecida en el tejido social ciudadano, además de demandarse recursos importantes para la atención de los damnificados en cada oportunidad en que las aguas anegaban zonas habitadas.

Señalábamos la importancia que tiene el dar continuidad a estas políticas, lo que ha hecho cada administración municipal con mayor o menor énfasis, pero a la vez en forma paralela, resistir la presión que significa el hecho de que por cada familia que es realojada, hay dos o tres que aspiran a asentarse en el mismo sitio inundable de la anterior, esperando naturalmente que desde el Estado, es decir con el dinero de todos los contribuyentes, se les provea una solución, reeditando una y otra vez el problema.

Ergo, la decisión de crear una especie de policía de la costa para detectar y evitar la instalación de nuevas viviendas precarias en la margen inundable, ha sido una decisión plausible, de forma de que los avances del río fueron generando menos desalojos en cada creciente.

En pocas décadas, pero no sin sensible inversión, se han incorporado barrios de realojados prácticamente en cada administración, porque a los barrios “P” siguieron entre otros el barrio Río Uruguay, la regularización del Curupí, más recientemente otros como La Chapita, y ahora en proceso los de la zona del Antena 35. Pero cuando no se hizo lo que se debía hacer, se permitió que se crearan nuevos asentamientos en zonas prohibidas, como el barrio Bajo Curupí, demandando a la vez fuertes inversiones en nuevas urbanización y servicios, que han quedado a la vez en zonas sensibles a las salidas de cauce del río.

Es decir que con errores y aciertos, con mayor o menor énfasis en alguna administración que en otra, gradualmente se ha podido ir quitando entidad a las consecuencias de las recurrentes inundaciones del río Uruguay, con el agregado de que tras la construcción de la represa de Salto Grande, con el manejo de los caudales desde el complejo hidroeléctrico se ha podido recortar los picos máximos de las crecidas, aunque no se puede hacer magia ni hacer desaparecer las aguas. El recorte de los picos es posible siempre y cuando las ondas de crecida se produzcan cada cierto tiempo entre una y otra, durante el cual los caudales se mantengan en niveles manejables y que dé tiempo a la represa para bajar lo suficiente el nivel de lago.

Una prueba de los avances en la problemática en cuanto a su repercusión, surge del hecho de que por ejemplo con el río a solo 20 centímetros de alcanzar los ocho metros, y con unos dos mil desplazados, se requiere mucho menos aportes en alimentos y otros apoyos para los damnificados que en épocas incluso cercanas, cuando se debía hacer mucho mayor despliegue en materia de brindar refugio y ayuda canalizada hacia las familias desalojadas. Actualmente son sólo 31 los evacuados que se encuentran en refugios –Liceo 1 y Santa Elena–, y poco más de 190 quienes reciben almuerzos y meriendas.

Lo que deja como reflexión de que se está por el buen camino en esta materia, de que las acciones deben tener continuidad para resultar realmente efectivas, y que es necesario un control y una fiscalización permanente en la franja costera, cuando se instrumentan los planes de realojos, para evitar nuevos asentamientos que harían perder gran parte de los esfuerzos que se han desarrollado hasta ahora en pos de respuestas valederas ante el problema. → Leer más

Después de un año casi sin ningún avance en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y China, finalmente tuvo lugar una nueva reunión del más alto nivel, entre Joe Biden y Xi Jinping, en una suerte de encuentro ad hoc a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que tuvo lugar en California.
La expresión de interés de parte de China fue clara e inequívoca y así lo expresó Xi Jinping: China está “lista para ser un socio y amigo de Estados Unidos”. Y en estas declaraciones realizadas unas horas antes de la anunciada reunión presidencial y que reiteró luego de la misma, fue un poco más allá aún, más a lo conceptual de la posición en lo estratégico que en más de una ocasión el presidente Biden. Sin evadir referirse a este aspecto, aunque tratando de elegir las mejores palabras, Xi lo expresaba así: “Si un país ve al otro como un competidor principal y un desafío geopolítico, ‘esto sólo conducirá a medidas equivocadas, acciones desacertadas y resultados no deseados’”.

El mundo en guerra

Las reuniones “del más alto nivel” como ésta, aún siendo conscientes de la alta complejidad en la que se desarrollan, por todo lo que implican, generan una suerte de adrenalina y expectativas, que tienen lo suyo. Frecuentemente, los acuerdos más importantes no son los que se difunden con anuncios rimbombantes, sino más bien con mucho recato.
Y en este sentido, la cumbre Biden-Jinping se ajusta a esta regla general. Uno de los acuerdos más significativos, y que da la pauta del tono del diálogo, refiere al marco general de las relaciones. Más precisamente, acordaron reducir las tensiones. Trabajar en esa línea puede abrir el camino hacia un mayor grado de distensión.
En efecto, Estados Unidos y China anunciaron algunos acuerdos. El más importante, es la reactivación de una línea directa militar de alto nivel, con sus correspondientes protocolos. Es especialmente importante, toda vez que se recuerda la realidad de Ucrania-Rusia y Hamás-Israel.
Frente a unos 400 directores de empresas y líderes de organizaciones empresariales, Jinping reiteró la resolución de China a recorrer un camino de entendimiento y buena predisposición: “Deberíamos construir más puentes y pavimentar más caminos para las interacciones entre personas” (…) “no debemos crear obstáculos ni crear un efecto paralizador”.

Tensiones y decepciones

Las acciones de reposicionamiento de los Estados Unidos han sido amplias, y no responden en sentido estricto a una administración, sino que reflejan el debate de la comunidad de inteligencia y los intereses económicos y estratégicos de los sectores claves del desarrollo tecnológico.
En el último año, en el que no se logró ningún encuentro de alto nivel, uno y otro país fue ajustando unilateralmente los términos de sus restricciones y exigencias, dilatándose la instalación de espacios de diálogo, y por ello mismo, provocándose un deterioro por omisión.
Como se informó oportunamente, la confianza de las empresas extranjeras con intereses en China tuvo en el pasado mes de setiembre su nivel más bajo en años. Ello coincide con la preocupación expresada por grupos de intereses empresariales estadounidenses y europeos. En el caso de los estadounidenses, admitiendo que es cada vez más frecuente la revisión de ventajas comparativas, analizando la localización de los nuevos proyectos e incluso revisando los planes de ampliación de los ya existentes. Obviamente, del hecho de dar lugar al ejercicio de revisión a adoptar decisión, hay un trecho amplio. Pero si es posible el desvío de inversiones de bajo volumen, a modo de prueba.
Al final del día, en el ambiente quedó claro un mensaje: el hombre fuerte de China, Xi Jinping marcó y remarcó, que era una decisión firme, que más allá de las tensiones geopolíticas, o sea encapsuladas, pero también, y fundamentalmente centradas en las industrias de alta tecnología, “China sigue abierta a los negocios”.
Las tensiones políticas internas de los Estados Unidos marcaron varios pasajes del Foro organizado por el Consejo Empresarial Estados Unidos-China y el Comité Nacional de Relaciones Estados Unidos-China. Entre otros, quizás el más agresivo, haya sido Mike Gallagher. Este republicano preside un comité de la Cámara de Representantes sobre la Competencia Estratégica entre Estados Unidos y China. Desde esa posición, cuestionó a los presentes, al señalar como un despropósito que empresas estadounidenses hayan pagado un tique de alto valor por una cena de bienvenida ofrecida por el Partido Comunista. Y no ocultó su malestar porque esta comunidad de inversores desatienda las acusaciones contra China de haber cometido un “genocidio” en la región de Xinjiang.
Pero en el estado de ánimo de los presentes, no se entiende qué se busca al confundir unos asuntos con los otros. Por ello cobra una más importante significación la síntesis de propósitos que Xi insistió frente a Biden: “el mundo es lo bastante grande como para dar cabida a ambos países, y el éxito de uno es una oportunidad para el otro”. Los medios estatales chinos le dieron destaque hasta que la afirmación alcanzó a trending topics en Weibo.

Una buena señal

Uno de los puntos significativos dentro del primer paquete de acuerdos al que llegaron Biden y Xi tiene que ver con el combate el tráfico de fentanilo. Se trata de un potente opioide agonista sintético utilizado como analgésico, con una potencia superior a la morfina. El fentanilo se utiliza para adulterar la heroína. Según la DEA un kilo de fentanilo equivale a 50 kilos de heroína: un kilo de polvo se puede transformar en un millón de pastillas de un miligramo.
“Positivas, exhaustivas y constructivas”. Así se refirieron los medios de comunicación chinos respecto a las conversaciones. Las respectivas situaciones políticas internas condicionaron mucho el diálogo. Cuestiones de base, como la performance de las economías, un cierto descontento entre los núcleos de entre 16 y 30 años, y aunque con algunas diferencias, liderazgos envejecidos.

¿Cooperarán desde la divergencia?

China insistió con su mensaje. Biden también, aunque al final del día queda claro que las condiciones internas de Estados Unidos, las jurídicas de Trump y el partido Republicano, las batallas internas hacia la elección de la fórmula presidencial suponen un conjunto de restricciones que, de manera creciente, pueden paralizar, aunque más no sea temporalmente, este camino.
La síntesis de los mensajes es que China y Estados Unidos son potencias en pie de igualdad, que no es la mejor opción la competencia como objetivo político y que intentar transformar la naturaleza de esas relaciones en una pulseada de ganadores y perdedores sería el peor camino para ambos.
En estas circunstancias, China facilitó la obtención de logros concretos, algo que era necesario para Biden. China también ha contribuido con una dosis de paciencia y parsimonia. Para pelear se necesitan dos, dice un viejo dicho popular. Pero para una relación del tipo win-win, ganar-ganar, también. → Leer más

Mañana es el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros de Tránsito. En principio podría caerse en el facilismo de pensar que se trata apenas de una fecha más para tratar de sensibilizar acerca de un problema sobre el que se insiste permanentemente. Y, aún si así fuese, y el cometido fuera apenas el de tratar de reducir los siniestros viales, no sería un motivo a desatender, porque vivimos una verdadera epidemia. Pero esta fecha excede ese propósito, porque busca proponer otro enfoque, busca no solo dimensionar un problema sino plantear una reflexión desde el recuerdo a quienes ya no están entre nosotros físicamente a causa de un siniestro de tránsito.

Lo primero que hay que decir es que esta fecha se celebra cada tercer domingo de noviembre desde el año 2005 y es una recomendación de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a sus Estados Miembros, ésta efeméride. El numeral 10º de la resolución 60/5 convoca a “homenajear a las víctimas de accidentes de tránsito y sus familias” y desde entonces no ha dejado de crecer la cantidad de países en los que se realiza esta recordación, con diferentes actividades. Uruguay adhirió formalmente por medio de la Ley 18.904, del 4 de mayo de 2012 y por ello, también en nuestro país se conmemora el Día Nacional del recuerdo a las víctimas de siniestros de tránsito en el día recomendado.

Por supuesto que, como es habitual en circunstancias de este tipo, se realiza una actualización estadística, y podemos mencionar que, de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, (2018) “los siniestros de tránsito provocan más de 130.000 fallecidos y 6.000.0000 de heridos en los países de Iberoamérica, sin que las personas afectadas reciban la atención y el apoyo que necesitan”.

En nuestro país, de acuerdo a los datos presentados por Unasev en vísperas de esta conmemoración, “en lo que va del 2023 (*), en Uruguay fallecieron 358 personas (más de una en promedio cada día); y 3.006 personas resultaron con lesiones de alta entidad, en un global de 21.921 lesionados”. Son unas 70 personas en promedio “que se lesionan por día –incluyendo heridos de cualquier entidad y fallecidos– como consecuencia de siniestros de tránsito; lo que supone un promedio mensual de 2.128 personas”. Agrega la unidad especializada que el total de fallecidos en siniestros de tránsito “muestra una tendencia decreciente en el período 2011 a 2023. No obstante ello, el año pasado, fallecieron un promedio mensual de 36 personas como consecuencia de un siniestro de tránsito” y no aparece distinción entre géneros, dado que “tanto el sexo masculino como el femenino, presentan dentro de los grupos etarios comprendidos entre 15 y 29 años el mayor porcentaje de lesionados, siendo el grupo de 20 a 24 el que concentra mayor cantidad en ambos sexos con un 14,8% y 20,7% respectivamente”.

En Uruguay existe una organización, la Red Nacional de Víctimas y Familiares de Siniestros de Tránsito Uruguay (Renavic), que nuclea a la mayoría de los siniestrados viales del país y sus familias, que lleva adelante una acción de sensibilización acerca de este problema, aportando vivencias de sobrevivientes de un siniestro o de familias que han sufrido la pérdida de alguno de sus integrantes. Además de esta red nacional, en algunos lugares hay redes departamentales e incluso locales. En 2016, con la colaboración de diferentes organizaciones, se publicó una Guía de orientación y recursos para ciudadanos afectados por siniestros de tránsito, que está disponible en la página de la Unidad Nacional se Seguridad Vial (Unasev), y que está en proceso de actualización, mediante la que se pone a disposición un resumen de los recursos básicos y necesarios que se brindan como respuesta “a las necesidades que surgen en los ciudadanos y familias que atraviesan por la difícil y compleja situación de un siniestro de tránsito”.

Existe también una Asociación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial (Ficvi), con representación en 10 países de la región, que constantemente se ha hecho eco de la convocatoria a conmemorar este Día Mundial, y que ha sostenido que “pocos han sido los avances que se demuestran por parte de los gobiernos de la región” en hacer frente a la dolorosa situación. Fue esta organización, justamente, la que propuso en esta conmemoración de 2023, a lo largo de este mes, poner el énfasis “en el valor superior de preservar la vida, exhortando a todos quienes deseen contribuir a las acciones que cada país promueve, a realizarlo utilizando las redes sociales, utilizando el hashtag: #NoSonNumerosSonPersonas”, que resulta sumamente adecuado a este propósito, en tiempos en los que todo se “numeriza”, para no perder de vista que estas estadísticas, apenas números que suben o bajan cada año y se acompañan de rostros de preocupación o esbozo de sonrisa de algún jerarca, a la postre son personas que sufrieron las consecuencias de una realidad a la que todos nos exponemos a diario apenas salimos a la calle para desplazarnos de un lugar a otro y empleando el medio que sea, porque hoy nadie está libre, sea peatón, ciclista, motociclista, automovilista o usuario del transporte público, porque simplemente sufrir un accidente no solamente depende de tomar las previsiones necesarias, alcanza con una pequeña imprudencia o una distracción ajena para sufrir las consecuencias. → Leer más

Al celebrar el pasado martes 14 en nuestro país el Día de la Industria, el entusiasmo no fue precisamente el tenor de lo expuesto en su discurso por el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Fernando Pache, durante el acto que tuvo lugar en la sede de la gremial.
Es que precisamente la actividad industrial en un país subdesarrollado como el nuestro, sobre todo en coyunturas como las que hemos vivido en los últimos años, con elevados costos internos, elevados salarios medidos en dólares con una baja productividad, un volumen de producción muy acotado si lo referimos al mercado interno, y tecnología que está en evolución constante y competidores en el mercado internacional que compiten a otras escalas y costos, no da para entusiasmarse.

El dirigente gremial se enfocó en sus apreciaciones sobre la situación del sector en aspectos como el atraso cambiario como un factor clave, pero a la vez señalaba la necesidad de que se cumpla con la regla fiscal en el año electoral, entre otros desafíos.
En el acto en que se contó con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou, acompañado de ministros y otras jerarquías de gobierno, incluyendo los intendentes de Montevideo y Canelones, Pache trajo a colación que el Producto Bruto Interno Industrial representa unos 7.400 millones de dólares y 103.000 puestos de trabajo, y subrayó que aún siendo un sector pujante, enfrenta problemas como la reciente sequía y la caída del consumo interno, que alcanzó entre el 30 y el 40 por ciento este año y todavía está en niveles deprimidos. A juicio del industrial, sin dejar de valorar acciones como el de la visita de una delegación gubernamental a China, “no hay acuerdo (comercial) más importante que ser competitivos”, a la vez de destacar la importancia de abrir nuevos mercados, así como mantener los que Uruguay ya tiene y consideró que “hay que ser cuidadosos de Argentina y Brasil”, dado que están entre los destinos principales de la región a la que pertenecemos. Precisamente Brasil ocupa el segundo lugar, luego de China, como destino de las exportaciones uruguayas, con 1.800 millones de dólares, y Argentina, con todos sus problemas, el quinto, con unos 600 millones de dólares. Un aspecto que abordó dentro de la problemática coyuntural del sector refiere a que la caída de compras de productos nacionales en el mercado interno se debe al “cruce indiscriminado de productos” desde la Argentina, sobre lo que subrayó que “no podemos dejar que esto siga ocurriendo”, a la vez de mencionar que se han tomado algunas medidas desde el gobierno, pero que han resultado insuficientes.

En el acto asimismo estuvo presente la nueva ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio, sucesora de Omar Paganini al frente de esta cartera, quien en su exposición hizo referencia a la importancia del sector, a las nuevas tecnologías, al mercado verde de la alimentación y al hecho de que hay más conciencia en el mercado respecto a la importancia de adquirir vehículos eléctricos, en un marco de instrumentos que facilitan la transición energética. Sus conceptos incluyeron asimismo la búsqueda de nuevos mercados, el pedido de Uruguay al Mercosur para que sea más flexible y permita acuerdos comerciales a sus socios sin necesidad de depender del bloque.
En fin, una “celebración” que está lejos de echar las campanas a vuelo, porque la situación del sector se inscribe en una problemática socioeconómica interna compleja, de la que es solo una parte, y en lo que tiene que ver con la inserción internacional, los serios problemas de competitividad del país, por mencionar algunos factores, se mantienen sin soluciones desde hace varios años, y lejos de mejorar, se han agravado. En el tema específico de la problemática del litoral, la enorme brecha de precios con la Argentina ha dado lugar a un “colador” por el que no solo se van hacia la otra orilla decenas de millones de dólares al año por compra de todo tipo de productos, sino que al no reciclarse en nuestro medio estos recursos, se contribuye a debilitar el consumo interno, a las empresas que lo abastecen y como tiro por elevación y de gran repercusión social negativa, se comprometen y pierden puestos de trabajo tanto en el comercio como en la industria que los abastece.
Lamentablemente, la economía del vecino país, en su desquicio y por su tamaño, resulta un factor distorsionante al que resulta harto difícil, sino imposible, de combatir desde este lado en sus efectos sobre nuestro mercado, porque un intento de hacerlo a través de la quita de impuestos en los productos y servicios locales para competir con los que se ofrecen del otro lado, es insuficiente incluso con una tributación cero, lo que habla al mismo tiempo de las dificultades y la magnitud del desfasaje. Es que en esta relación se han juntado el hambre y las ganas de comer: por un lado un país caro en dólares, como el nuestro, y por otro una Argentina en la que décadas de gobiernos populistas han deprimido artificialmente los precios mediante subsidios y proteccionismo al barrer, con casi veinte tipos de cambio, además, a un dólar muy caro para su depreciada moneda, y ello hace que los países vecinos como Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil encuentren en sus productos, bienes y servicios una accesibilidad tal como si se estuviera ante el cuerno de la abundancia.

Una distorsión que resulta harto difícil de superar en los papeles pero mucho menos en la práctica, porque llevar impuestos a cero, crear zonas de libre circulación, microimportaciones y otros intentos que podrían dar algún resultado, son muy difíciles de aterrizar en la realidad y de un impacto relativo.
Resulta a la vez una ilusión creer o por lo menos pretender que el próximo gobierno en la otra orilla realmente se anime a encarar las transformaciones de raíz que se necesitan en su economía, porque el ajuste no va a ser simpático ni nada que se le parezca. Habría que encarar un sinceramiento de la economía que tendría enormes costos políticos que nadie ha querido pagar hasta ahora, y Argentina seguirá por lo tanto encerrada en sus enredos históricos, y con un escenario más que incómodo para sus vecinos que traten de hacer las cosas de forma razonable, con sentido común. Ante esta catastrófica situación, todos conocen la única solución posible, que no es nueva y ya dio excelentes resultados durante el gobierno frenteamplista de José Mujica.

Sí, nos referimos a implementar el “cero kilo” en los puentes, pero se trata de una medida tan antipática e impopular que ningún político se va a animar a volver a implementar y ni siquiera sería respaldada por los centros comerciales, más preocupados por la imagen que pudiesen proyectar que por defender al trabajo local y la industria nacional. Aunque también es lógico, porque en buena medida los mismos empresarios que reclaman apoyos son los primeros en la cola para cruzar el puente, salvo honrosas excepciones.

Pero involucrándonos en la problemática de la industria nacional, es impensable que se pueda encontrar paliativos a través de un cambio en el escenario en la vecina orilla que llegará más tarde que temprano. Por lo tanto podemos estar seguros que la sangría continuará por mucho tiempo, mientras las ciudades fronterizas –en especial Paysandú– continúan a paso firme en su derrotero hacia el abismo, disfrutando el privilegio de estar a escasos kilómetros de un país fundido que se vende a un ruinoso precio hasta que el equilibrio se logre por el lado de terminar igual que ellos.
En lo que respecta a nuestro país, por ahora, y mucho más en período preelectoral, son de esperar “retoques” que solo serán maquillaje de los problemas de fondo. → Leer más

Los casos de maltrato animal denunciados en Paysandú, así como en Cerro Largo ocurridos durante la semana pasada ponen de relevancia la estrecha relación con la violencia intrafamiliar que sí, es delito en Uruguay. No lo es aún la tenencia irresponsable de animales, que suma casos con los animales sueltos en la vía pública –tanto equinos como canes–.
Los decretos son muy claros. El 233/022 define el procedimiento que debe llevarse a cabo para la denuncia y retiro de animales sueltos en la vía pública. En la exposición de motivos, el decreto expone la problemática con la propagación de enfermedades a otros animales y personas por alimentarse de residuos orgánicos en los basurales. O la ocurrencia de siniestros de tránsito cuando circulan por calles, rutas y caminos. En Paysandú hay varias zonas complicadas por los equinos sueltos y por el momento, sin una solución por la falta de un predio para alojarlos y cumplir con las 72 horas que establece la ley para su destino sea remate, donación o frigorífico.

En este caso en particular, las denuncias deben realizarse en las jefaturas de policía, que intervienen como apoyo en la logística. Las Intendencias –pueden ser también las oenegés– aportan vehículos y recursos humanos, así como al Dirección de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganaderos, resuelve en consecuencia con las potestades indicadas en el decreto presidencial.

En lo que respecta a mascotas, este año el Decreto presidencial 57/023 reglamentó los artículos de la LUC vinculados al Programa Nacional de Control Reproductivo de la población canina y felina, con las esterilizaciones y chipeo con el fin de asociar el animal con un tenedor responsable. También, la redacción clara y concisa no admite distintas interpretaciones. La castración y el chipeado son obligatorios, pero en el territorio tanto las oenegés como otros profesionales del medio se encuentran con personas que se niegan a castrar sus mascotas y en muchos casos son propietarios de varios canes que tienen en condiciones paupérrimas.

El problema –el gran problema– es que no hay inspecciones en las ciudades porque, si bien el instituto está dotado de presupuesto, no hay recursos humanos para verificar que la ley se cumpla. Por otro lado, la campaña de información sobre la obligatoriedad de cumplir con la ley, es tibia y discurre en ambages que no llegan a la población objetivo. Que es, precisamente, la que no castra porque los tenedores responsables ya fueron a esterilizar por sus propios medios.
Y los resultados son muy parciales. En las jornadas de catración efectuadas en la ciudad, no se llega al cupo de 40 castraciones, aún cuando la difusión es amplia, tanto en las redes como en los medios de comunicación.

Desde el año 2021, el INBA destina fondos para las esterilizaciones con las proyecciones de efectuar unas 10.000 anuales. Desde entonces y hasta esta fecha de 2023, se han alcanzado algo más de 7.000. Es decir, en un plazo de dos años se hicieron un 70% de las que se pretendían hacer en uno.
Las autoridades consideran fundamental este decreto para avanzar en otros aspectos del bienestar animal, como por ejemplo la instalación de un Sistema Nacional de Albergues y coordinar el trabajo con instituciones públicas y privadas.
Pero en lo referido a los albergues, solo se ha inaugurado uno en Florida a finales de setiembre pasado y la Fundación Cero Callejero, que brinda apoyo a la iniciativa, establece contactos en todo el país con resultados muy dispares.

Es decir, son tres decretos que a pesar de la claridad de su redacción, no logran cumplirse a cabalidad. Primeramente porque la sociedad no ha tomado conciencia del real problema y de la responsabilidad que le cabe a cada uno para darle una solución. Pero tampoco las autoridades asumen su responsabilidad primera, que es cuidar a la población, y se excusan en distintas interpretaciones de los tres documentos que llevan la firma del presidente Luis Lacalle Pou.
Entonces, estamos ante un problema que lamentablemente no se solucionará. En primer lugar, porque no hay controles que verifiquen que una persona no puede volver a tener animales a su cargo ante la constatación de maltrato, ni sanciones económicas que por cierto igual no pagarían, dado que no hay una ley que los obligue.

Los graves siniestros de tránsito ocurridos en la ciudad y zonas periféricas provocados por animales sueltos en la vía pública no han servido de escarmiento. Para peor nunca hay responsables a la vista, nadie se hace cargo, no hay forma de identificar a los dueños –o son “insolventes”, que en este país es sinónimo de “inimputables”– y por eso, no pasa nada. Los damnificados que sufrieron lesiones –y pérdidas económicas– han tenido largos y costosos meses de recuperación, y ni que hablar de otros casos de siniestros fatales o de discapacidades permanentes que vieron trastocada para siempre su calidad de vida.
En medio de esto, no solo tenemos claro que los animales no son responsables, sino que resulta –a estas alturas– imposible modificar el comportamiento humano debido a la impunidad conque actúan algunos propietarios.

Hace tiempo que varios países comenzaron a vincular y aplicar legislación sobre el maltrato animal como un indicador de violencia doméstica.
La tenencia irresponsable crea problemas de convivencia en los que a menudo debe intervenir la Policía. O implica otros delitos que algunos abogados definen como “violencia vicaria” y es la que una persona ejerce contra animales de compañía de su expareja o, incluso sus hijos. Tal como ocurrió en Cerro Largo, con una historia de violencia privada que derivó en una condena de tres meses de libertad a prueba.
Pero en este caso, el agresor resultó condenado por violencia basada en género. Para todo lo demás, aún falta la aplicación de la normativa vigente y dejar de interpretar cada uno por su lado quién tiene responsabilidades en este tema. En definitiva, responsables somos todos como sociedad. Sin importar el lugar que ocupe cada uno. → Leer más