El mes de julio quedará en nuestras memorias como un mes trágico en lo que se refiere a las personas institucionalizadas en establecimientos de larga estadía en nuestro país.
El domingo 7, alrededor de las seis de la mañana, un incendio en un residencial de la ciudad de Treinta y Tres se cobraba la vida de diez personas mayores (ocho mujeres y dos hombres) a causa de la exposición a una gran cantidad de humo. Si bien los bomberos que acudieron al lugar lograron sacar a todas las personas y retirarlas hasta la calle, el personal de la salud constató inmediatamente la muerte de siete de ellas, mientras otras tres fueron llevadas en estado grave a un hospital local, donde finalmente murieron.
De las personas que se encontraban en el lugar en el momento del incendio, solo sobrevivió la joven funcionaria encargada del turno de la noche que logró escapar sin lesiones por un garaje lateral.
Estas diez muertes, significaron el mayor accidente ocurrido en un residencial en nuestro país, y en razón de esto, la intendencia resolvió declarar tres días de duelo departamental.
Esta tragedia hace recordar lo ocurrido hace ocho años en un residencial de Montevideo, hecho en el que siete personas mayores murieron por quemaduras directas y en las vías respiratorias a raíz de un incendio.
A menos de una semana de este hecho, y nuevamente en la ciudad de Treinta y Tres, la Policía del departamento era advertida sobre el fallecimiento de una mujer en un establecimiento tras no recibir la atención médica necesaria. Los agentes que llegaron al lugar constataron condiciones precarias, de falta de higiene y poco abrigo para el resto de los moradores. Tanto el Ministerio de Desarrollo Social como el Ministerio de Salud Pública desconocían la existencia de este residencial, por lo cual se entiende que era un sitio que operaba en la clandestinidad.
“Vinimos corriendo. Estábamos en un bar acá en la esquina, sentimos la explosión y salimos corriendo todos los que estábamos, más los vecinos de enfrente, a socorrer y sacar a la gente de adentro y apagar el incendio”, declaraba un vecino de Salinas, Canelones. Nuevamente un incendio en un establecimiento de larga estadía, y a solo once días del sucedido en Treinta y Tres se cobraba la vida de un anciano de 94 años. Una mujer de 80 y dos mujeres de 82 años, sufrieron lesiones graves, presentando quemaduras en sus vías respiratorias, por lo que fueron trasladadas al Centro Nacional de Quemados.
A estos hechos podemos sumar lo que a finales de junio sucediera en el departamento de Melo, en el que tras un incendio en residencial psiquiátrico, fallecieran un hombre 77 años y una mujer de 72 años por la inhalación de monóxido de carbono. Este lugar no contaba con habilitación del Ministerio de Salud Pública, y al ser calificado como centro psiquiátrico y no como “residencial de personas mayores”, quedó por fuera de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.
Toda esta situación ha generado alarmada y llamado la atención sobre las condiciones en la que se encuentran este tipo de establecimientos.
En Uruguay, la gran mayoría de los Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores no fueron diseñados ni construidos originalmente para ese propósito. En el mejor de los casos, se trata de viviendas que han sido modificadas para cumplir con los requisitos necesarios para su habilitación (o en otros casos ni eso, solo se han realizado adaptaciones estructurales, como la división de dormitorios, para poder albergar a más personas).
Debemos también tener en cuenta que no existe un protocolo unificado para actuar en casos de incendio en establecimientos en los que se trabaja con personas mayores y la habilitación de Bomberos es un debe en muchos de estos (muchas veces a causa de los elevados costos de la equipación necesaria para contar con la habilitación).
Pero el problema no tiene como únicos responsables a los establecimientos o a sus dueños. De esto se da cuenta en un comunicado conjunto del Centro interdisciplinario de Envejecimiento de la Universidad de la República y del Movimiento de Familiares y Residentes de Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores referente a estos lamentables hechos.
En el mismo puede leerse que “el cuidado en establecimientos de larga estadía es responsabilidad de una ecología de instituciones y personas que incluye a entidades estatales y privadas, organizaciones de la sociedad civil, así como a profesionales de diversas áreas. Para evitar incidentes que pongan en riesgo la vida de los residentes, el sistema de cuidados debe ser concebido de forma integral, superando una lógica de custodia que en la actualidad no ofrece garantías”.
Otras organizaciones como Aderama (Asociación de Residenciales de Adulto Mayor) que engloba a un 20% de los establecimientos del país) salieron tras estos sucesos a reclamar la renuncia de distintos jerarcas del Mides y del MSP, aludiendo, en palabras de su vocero Juan Sparkov que “si seguimos con los mismos funcionarios de siempre haciendo lo mismo, difícilmente obtendremos resultados diferentes”.
Más allá de buscar las causas de estos tristes hechos acontecidos (algo que por supuesto las autoridades deben llevar a cabo) nos compete a todos y todas repensar sobre el concepto del cuidado a nuestros mayores desde una mirada más integral, en la que el Estado, la familia, las instituciones públicas y privadas así como la comunidad seamos parte de nuevas propuestas que aseguren el derecho a la vida.
Terminemos este mes cerrando este capítulo nefasto y con al esperanza de que estas situaciones –muchas de ellas evitables– queden en el pasado.