En Uruguay, la mayoría de los eventos adversos tienen origen hidrometeorológico, y el año pasado no fue la excepción. En 2024, se registraron un total de 95 eventos de este tipo, de los cuales 40 fueron inundaciones. Desde hace tiempo, las inundaciones constituyen uno de los fenómenos que más afectan a las personas, y el año pasado fueron las que causaron el mayor impacto en términos de viviendas, afectando a 5.090 hogares.
En este sentido, de las 40 inundaciones registradas en 2024, dos se destacaron por su magnitud: una ocurrida entre marzo y abril y la otra en mayo.
Paysandú es el tercer departamento con mayor cantidad de personas afectadas por inundaciones (2.171), después de Durazno (2.925) y San José (2.727). En cuanto al número de viviendas afectadas en nuestro departamento, fueron 783 durante 2024, ocupando también el tercer lugar en este ranking a nivel nacional.
Las dificultades que plantea la crecida de las aguas son múltiples, no solo para las personas en diferentes lugares del territorio nacional, sino también en términos de las afectaciones económicas a nivel país. En este sentido, desde fines de 2023, la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) del Ministerio de Ambiente ha registrado el impacto relacionado con las pérdidas y daños ocasionados en las viviendas por las inundaciones, que hasta la fecha se estiman en aproximadamente 35 millones de dólares. En términos de gravedad, en cuanto a la cantidad de personas afectadas, le siguen fenómenos como los vientos fuertes (300), las tormentas (155), los eventos de lluvia (143) y las granizadas (58).
En total, según datos del Sistema Nacional de Emergencias (SINAE), estos fenómenos afectaron a 13.682 personas, de las cuales 8.267 son mujeres y 7.269 son hombres, 10.201 son mayores de edad y 5.335 son menores.
Lamentablemente, muchos de estos eventos podrían repetirse a corto o mediano plazo debido, principalmente, a los efectos del cambio climático. Ahora bien, en cualquier parte del mundo, los llamados desastres naturales tienen un componente evidentemente natural, pero son principalmente las manifestaciones más catastróficas del rezago económico y social de la región. Por contrapartida, en la gran mayoría de los casos en los que no afectan a las poblaciones, las crecientes son un fenómeno que no provoca crisis importantes. Incluso, históricamente han sido beneficiosas, como ocurría en la época faraónica egipcia, cuando se esperaba la fertilidad ocasionada por el descenso de las crecientes del Nilo.
Hoy en día, cuando nos sorprendemos por las imágenes televisivas o de redes sociales que muestran aguas arrastrando autos, personas y todo lo que encuentran a su paso, es necesario comprender también que estos eventos son una manifestación del riesgo y la vulnerabilidad, convirtiéndose así en un fenómeno principalmente social.
Según las previsiones de organismos internacionales, el aumento de la población en la región latinoamericana es un factor crítico que explica el mayor potencial de daños por desastres en el mediano y largo plazo. “Aunado a ello, un número considerable de asentamientos urbanos, así como activos e infraestructuras críticas, se concentran en áreas de elevada vulnerabilidad, como las costas, zonas sísmicas o con problemas fluviales y de deslizamiento de laderas. Además, la combinación de zonificación inadecuada, el incremento en el número de viviendas de mala calidad y otras deficiencias en los marcos normativos de gobernabilidad y gestión del riesgo exacerban el riesgo de desastres”, ha señalado el BID.
Lo anteriormente expresado también se aplica a nuestro país, donde el cambio climático está jugando un papel clave en la mayor recurrencia de eventos desastrosos. Cabe señalar que Uruguay ha avanzado en los últimos 15 años en materia de gobernanza climática, y en diciembre del año pasado el gobierno presentó ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) su Tercera Contribución Determinada a Nivel Nacional (CDN3) bajo el Acuerdo de París.
Contar con una herramienta de este tipo es importante para la implementación de una estrategia nacional coherente e integral, que enfrente y plantee respuestas y medidas de resiliencia ante la situación climática, enfocándose en instrumentos de adaptación y mitigación a desarrollarse en distintos sectores de la actividad nacional. Además, contamos desde 2009 con un Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático (SNRCC) como ámbito de coordinación de las políticas y acciones de cambio climático en el país.
El tema ha recibido prioridad en diferentes gobiernos nacionales, pero es hora de aumentar las capacidades para la adaptación y la resiliencia, con el fin de reducir los riesgos y los impactos derivados y potenciados por el cambio climático. Así lo entiende la Tercera Contribución Determinada Nacional, que señala, además, que se está trabajando para relevar más información, con un mayor nivel de completitud, enfocada en el registro de impactos y su respectiva evaluación en las pérdidas y daños causados; la evaluación de acciones para la reducción de la vulnerabilidad, y la evaluación económica de la implementación de medidas de adaptación al cambio climático.
Es importante señalar que plantea 25 grandes objetivos que incluyen los sectores agropecuario, turístico, energético, de recursos hídricos, las costas, la movilidad humana, las infraestructuras y las ciudades, la reducción del riesgo y la información y servicios climáticos, entre otros. Uno de ellos apunta al fortalecimiento de las políticas sociales vinculadas a la relocalización planificada de poblaciones vulnerables a los riesgos climáticos, garantizando el acceso a condiciones seguras, mejorando su calidad de vida y fortaleciendo la planificación territorial adaptativa. También se expresa la necesidad de fomentar la generación de instrumentos de financiamiento para la implementación de acciones de adaptación que mejoren la resiliencia de las ciudades ante el cambio climático y sus efectos.
Un aspecto importante que se ha incluido es la incorporación de la adaptación al cambio y variabilidad climática en los instrumentos de ordenamiento territorial, la planificación y gestión urbana, el paisaje urbano y las normativas para edificaciones, bajo un marco de riesgo climático e incorporando el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza.
Como es evidente a partir de la experiencia de las poblaciones afectadas, las estadísticas e información disponible, así como las perspectivas futuras en la materia, se trata de un tema clave para las políticas públicas y ambientales a corto, mediano y largo plazo, sin olvidar que se requieren concreciones a nivel local, es decir, allí donde ocurren los problemas en toda la preocupante plenitud de su origen natural e impacto social.
