En los últimos días se ha conocido la noticia de que el exintendente departamental de Soriano y actual candidato a la reelección, Guillermo Besozzi, fue imputado por reiterados delitos de peculado (es decir, apropiación de dinero u objetos de los que están en posesión por su cargo de funcionario público), de tráfico de influencias, de concusión (funcionario público que abusa de su cargo para obtener un beneficio propio o de un tercero), de omisión de denunciar delitos, de abuso de funciones, y de cohecho calificado (aquel que, por retardar u omitir un acto relativo a su cargo o por ejecutar un acto contrario a los deberes del mismo, recibe un beneficio). Hay, además, una treintena de personas también imputadas por esa trama de corrupción. Si bien todo indica que los hechos de apariencia ilícita están documentados, la investigación surge de hace varios años, aunque recién ahora surge la imputación al exintendente, a menos de un mes y medio de las elecciones municipales, para las cuales se postula.
Por otra parte, el desempeño de la fiscal actuante, Stella Alciaturi, fue puesta en duda por quienes afirmaron que la misma había realizado en el pasado posteos en las redes sociales que mostraban sus simpatías por el Frente Amplio. La fiscal de Corte Mónica Ferrero inició una investigación por estos posteos, según informó el periodista Eduardo Preve y confirmó Montevideo Portal con fuentes de Fiscalía. Como si eso fuera poco, Nelson Rosa, integrante de la defensa del exintendente Besozzi, fue destituido de su cargo de juez en febrero de 2024 tras apropiarse de 20.000 dólares de una cuenta del Poder Judicial, informó el semanario Búsqueda. Según el portal de noticias M24 Rosa afirmó que “fue “humanamente imposible” responder a los tiempos que se propusieron para trabajar y preparar la defensa. Además de asegurar que la detención no correspondía, el exjuez apuntó en conversación con Subrayado a la falta de “igualdad de armas” que hubo al tener “sólo nueve horas para estudiar una carpeta de investigación hecha en cuatro años”.
El tema no es nuevo. En uno de nuestros editoriales del año 2024 hacíamos referencia a diversos episodios de corrupción política y reflexionábamos en el sentido que, “frente a esta situación, vienen a la cabeza de los ciudadanos dos instituciones que podrían dar una solución a la corrupción que practican muchos políticos uruguayos: el Poder Judicial por un lado (uno de los poderes del Estado) y la Fiscalía General de la Nación (FGN, responsable de la investigación y persecución penal de crímenes, delitos, faltas y atención de víctimas y testigos) por el otro. Lamentablemente tanto uno como el otro han faltado y faltan no solo a sus cometidos institucionales sino también al más mínimo decoro en el ejercicio de sus funciones, desamparando también a los ciudadanos “de a pie” a quienes se supone deberían servir. Con inocencia uno podría decir que falta sentido común en ambos ámbitos, pero cuando uno “afina el lápiz” en el análisis descubre que se trata de un plan muy claro y ajustado: proteger a toda costa a los políticos corruptos contando para ello con varios recursos, desde la prolongación innecesaria e injustificada de procesos hasta la imposición de penas que, en caso de no ser trágico, llamarían a la risa. Pensemos simplemente en los recientes casos del departamento Artigas que involucran a la familia Caram y a la exdiputada Valentina dos Santos.
En el caso concreto de Fiscalía, en octubre de 2023 esta misma página editorial se titulaba “La Fiscalía es un colador” y en ella se criticaba que la prensa accedía a información confidencial que en todos los casos perjudicaba a los dirigentes de la colación gobernante y no de la posición. En esa ocasión escribimos que La FGN tiene la palabra y no puede seguir jugando con los derechos y garantías de quienes viven en nuestro país. Por acción o por omisión, su desempeño ha sido, por lo menos, un motivo de vergüenza para el prestigio institucional de Uruguay. Es hora de que aparezcan los responsables y se tomen las medidas necesarias de una vez por todas”. La imparcialidad y la objetividad tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial son tan sólo recuerdos lejanos de un país que no existe más.
Es oportuno recodar que hace algunos años la magistrada Mariana Mota fue señalada porque habría participado en la Marcha del Silencio que cada 20 de mayo por la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y otras organizaciones sociales y políticas. El hecho fue revelado por el semanario “Búsqueda”. Según el semanario, “la jueza Mota estuvo conversando en la oportunidad con el doctor Óscar López Goldaracena (senador suplente de la lista 1001, padre intelectual de la anulación de la Ley de Caducidad y abogado de varias causas penales contra militares por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura)”. Si bien finalmente la Suprema Corte de Justicia archivó el caso de Mota y no la sancionó, fue clara al expresar que había incurrido en una inobservancia del artículo 12 del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial según el cual “El juez debe procurar evitar las situaciones que directa o indirectamente justifiquen apartarse de la causa”. Y tal deber ético no resultó observado por la Dra. Mota en la emergencia, en la obvia medida que su conducta puso en tela de juicio su imparcialidad provocando se solicitara su apartamiento de la causa”. La diferencia de la situación de la jueza Mota con los actuales casos de politización de jueces y fiscales es que ahora nadie, en el Poder Judicial o en la Fiscalía, tiene el coraje de tomar medidas. Por acción o por omisión estamos en la época del “vale todo” y los políticos lo saben y aprovechan.
Tampoco escapa a la moda de los “fiscales militantes” la exfiscal Gabriela Fosatti, quien investigó la causa Astesiano otorgando determinadas prerrogativas al expresidente Luis Alberto Lacalle en relación con las conversaciones que contenía su celular y que tampoco hacen a la calidad democrática del país. Al poco tiempo Fosatti abandonó la fiscalía para sumarse a militar en el Partido Nacional y posteriormente con el precandidato colorado Andrés Ojeda. Es verdad que en este caso Fosatti no estuvo sola y contó con la ayuda del exministro del Interior Luis Alberto Heber formulando declaraciones y asumiendo conductas que presionaban tanto a la Justicia como a la Fiscalía, lo que también sucedió en el caso del exsenador Gustavo Penadés, en el cual también se vio involucrado el expresidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde. En este último caso la organización Amnistía Internacional destacó que existen “diversas señales que muestran un debilitamiento que impacta de manera integral en el ejercicio de derechos civiles y políticos, así como también de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población del país, afectando el Estado de Derecho y sus instituciones”.
Si bien desde el Renacimiento, la Justicia se representa habitualmente como una mujer con los ojos vendados, con la espada en una mano, y la balanza, como imagen de equilibrio y equidad, en la otra, lo cierto es que el Poder Judicial en nuestro país y la Fiscalía dejan mucho que desear en ese sentido. Más que órganos imparciales que confluyen en instancias judiciales para correcta la aplicación de la justicia como valor y la ejecución de las decisiones adoptadas por los mismos, se trata de verdaderos clubes partidarios donde las cosas se deciden para beneficiar o perjudicar al adversario de turno.
Una mujer de 45 años falleció próximo al mediodía de la víspera producto de las lesiones sufridas al quedar atrapada en el incendio de su casa, en la noche del pasado martes. Su pareja, en tanto, continúa internado en CTI de Comepa.
El Congreso de Intendentes, en su 51.ª Sesión Plenaria, consideró con el ministro del Interior Carlos Negro la necesidad de controlar el tránsito de motos sin documentación, porque muchas veces son utilizadas para delitos; con el director de la OPP Rodrigo Arim la reanudación del programa de Jornadas Solidarios; y habilitó a la Mesa a avanzar en un nuevo plan de regularización de patente de rodados.
